Séptima carta pública al Ing. René Núñez Téllez y a la Lic. Alba Palacios Benavides

29 01 2013

Managua, Nicaragua,

30 de enero de 2013

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

Licenciada

Alba Azucena Palacios Benavides,

Primera Secretaria

Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Honorables Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, y Señora Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavides:

El 12 de diciembre de 2012, antes que concluyera el trabajo legislativo anual, les escribí y entregué en sus despachos respectivos una carta en que les solicitaba la inclusión de dos solicitudes judiciales para la desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas, que están actualmente en la Agenda de la Asamblea Nacional según me expresara en enero de 2012 la Primera Secretaria de la Junta Directiva de este Poder del Estado, Lic. Alba Azucena Palacios Benavides.

Debido a que ha concluido el primer mes de sus funciones de este año y aún no he recibido respuesta a mi solicitud, les reitero en esta séptima carta pública mi solicitud para que la Honorable Asamblea Nacional pueda facilitarme el acceso a la justicia que se me ha negado desde el 6 de octubre de 2008, lo cual puede ser verificado por ustedes en el despacho de la Primera Secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Considero que la evasión de la justicia que hace gala el diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, al abusar de la inmunidad que le confiere su cargo público, demerita el honor de la Asamblea Nacional de Nicaragua y estimo conveniente, en mi carácter de ciudadano nicaragüense, que ustedes actúen acorde con nuestras leyes para que dicho diputado no continúe desprestigiando al Poder del Estado que usted dirige, estimado Ing. René Núnez Téllez.

Agradeciendo su atención a esta carta, les reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

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En el rescate del INSS

26 01 2013

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Salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no es nada menos que salvar a la economía de Nicaragua. La famosa “reingeniería financiera” para llevar a cabo el salvataje de una institución no funciona en el caso de la seguridad social de Nicaragua, porque en nuestro país lo que impera es la inseguridad social. Esto puede demostrarse con datos oficiales a noviembre de 2012, con el número de trabajadores activos asegurados promedio anual de 621 mil 632 personas, quienes representaron aproximadamente el 19% de la población económicamente activa (PEA) y el 22% de los ocupados y subempleados en nuestro mercado laboral.

El INSS no podrá levantarse, como argumentan algunos políticos de la así llamada oposición, con el hecho que el gobierno le pague la deuda equivalente a 569 millones de dólares registrados al 30 de junio de 2012, o como dijera otro político en el poder,  que discutamos este asunto hasta en 2020 porque el escenario de quiebra del INSS se dará en 2021. También es muy criticable la afirmación de oponerse a la propuesta de la reforma de pensiones de seguridad social sin presentar alternativas, es decir, oponerse por oponerse porque la reforma va contra la clase trabajadora, como ha sido manifestado por una organización partidaria en los medios de comunicación del país.

La obligación de conceder una pensión mínima de las personas que hoy la demandan, por no haber cumplido los requisitos para tener opción a una pensión del INSS, es del Estado, más específicamente del Presupuesto General de la República y, en términos institucionales, es una obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y no del INSS. Le aconsejo a los adultos mayores que enrumben su demanda desde las aceras del INSS a la aceras del MHCP, que elabora el presupuesto nacional, y de la Asamblea Nacional, que aprueba dicho presupuesto.

Volcar hacia el INSSS la demanda de la pensión mínima reclamada justamente por los adultos mayores significaría acelerar la quiebra financiera del INSS. La pensión mínima se basa en el salario mínimo legal y éste se ha multiplicado por 2.5 veces entre 2006 y 2012, pero lo reprochable es la afirmación del mismo político en el poder de “que puede haber acuerdos entre los adultos mayores y el Gobierno, pero si no existen fondos, no habrá resultados”, porque una obligación estatal no se evade.

Todos podemos expresarnos, pero en una forma responsable. Ahora agrego la afirmación de un especialista en seguridad social, quien dijo que “las deudas que tienen las instituciones del Estado con el INSS” suman “más de 100 mil millones de córdobas, que podrían equivaler a 5 mil millones de dólares”. Tremendo saldo de deuda, ya que es equivalente al 52% del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua en 2012 y, por lo tanto, mayor que nuestra deuda pública con el resto del mundo.  Otro colega economista, que a inicios de la década de los noventa del siglo pasado se presentó en el Banco Central de Nicaragua (BCN) como representante de la Contraloría General de la República (CGR) para investigar el uso discrecional de 500 millones de dólares en concepto de Errores y Omisiones de la Balanza de Pagos de nuestro país, hoy sugiere revisar exhaustivamente el pago anual de 100 millones de dólares del INSS a las empresas médicas previsionales y propone crear la defensoría de los asegurados y designar un ombudsman (defensor del pueblo) nombrado por la Asamblea Nacional.

Aunque seguiremos escuchando más sugerencias novedosas y alarmantes sobre la reforma de la seguridad social, un tema que es mucho más importante que el de la política de estabilización macroeconómica o de una reforma tributaria, es conveniente abordar este tema con una visión de largo plazo que debió haber comenzado muchos años atrás.

Decía que salvar al INSS es salvar a la economía nacional, porque dentro de 30 años nuestra población entrará a un proceso de envejecimiento y con una bajísima productividad si nuestro país continúa funcionando como lo hace hoy. El PIB Real de Nicaragua crece en estos momentos porque anualmente más gente entra al mercado laboral, pero este bono demográfico desaparecerá porque es menor el número de niños y adolescentes en cada año que pasa. Esta transición demográfica generará presiones sobre el desarrollo futuro de nuestro país.

Los problemas fundamentales para rescatar a la economía nacional y al INSS son cómo formalizar nuestro mercado laboral y como elevar la competitividad empresarial. Ésos dos problemas se resuelven sólo en el largo plazo, pero es necesario comenzar a resolverlos. Formalizar la economía significa ampliar la cobertura de la seguridad social y aumentar la base de contribuyentes al presupuesto nacional; elevar la competitividad empresarial significa incrementar los salarios con base en la productividad, para aumentar las contribuciones a la seguridad social e incrementar el pago de impuestos al Tesoro nacional.

¿Cómo formalizar el mercado laboral? Un importante papel jugaría el sector privado formal, mediante sus gremios y organizaciones productivas para transferir conocimientos contables mínimos a las micro, pequeña y medianas empresas, a la inclusión de estas empresas en las organizaciones correspondientes y en el Registro de la Propiedad. Por supuesto, el Estado, como el gran coordinador nacional, tendría la tarea de aplicar la ley con el propósito de atraer y no de castigar a los agentes económicos.

¿Cómo elevar la competitividad empresarial? Con el fomento de la educación técnica media y superior, realizar más transferencia de tecnología a las empresas que no pueden comprarla, atraer empresas extranjeras y vincularlas a cadenas de producción locales, crear las posibilidades de financiamiento de largo plazo o para las inversiones, mejorar y ampliar la infraestructura económica del país (red vial, energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, comunicaciones, servicios portuarios), mejorar la administración de la justicia, crear incentivos para que los productores mejoren su productividad, mejorar la calidad de los empresarios que arriesguen capital y reinviertan utilidades, mejorar la equidad tributaria, mejorar la calidad medioambiental del crecimiento económico, entre otras preocupaciones. Hay muchas tareas que realizar y urge especificar las medidas concretas para cambiar el actual modelo económico que no genera pobreza sino que funciona sobre la pobreza.

Por supuesto que será necesario modificar algunos parámetros de la seguridad social, pero no en la forma draconiana que se presenta en la propuesta que está en la página web del INSS, la cual refleja una simple proyección actuarial sin tomar en cuenta la presencia de dos grandes problemas arriba mencionados que aquejan a nuestra nación y nuestra economía. También será necesario formular un mecanismo para establecer la seguridad social para los trabajadores del campo, así como analizar el costo/beneficio del INSS y determinar si requiere alguna reforma institucional.

Por todo eso, rescatar al INSS significa rescatar a la economía nacional; es decir, urge cambiar el modelo económico actual.





Economía y política de Nicaragua en 2013

20 01 2013

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En octubre del año pasado, el independiente Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma que este servidor dirige, había revisado su pronóstico de 2012 y elaborado el pronóstico 2013 para la economía de Nicaragua. En ese entonces, había analizado que, en esos años y en el mismo orden, la producción crecería 4.4% y 3.4%, la inflación alcanzaría los niveles de 5.4% y 5.9% y la tasa de desempleo global oscilaría alrededor del 24.2% de la población económicamente activa.

Tras haber actualizado la información de la producción física de los principales rubros producidos por cada una de las actividades económicas del país, con datos oficiales a noviembre de 2012, se ha observado un declive de la producción pecuaria, agrícola, pesquera y minera  para 2012, lo cual ha conducido a señalar que el Producto Interno Bruto de Nicaragua creció 4.0% el año pasado –que es coincidente con la versión gubernamental-, pero también incidió en que el PIB para 2013 tienda a aumentar hasta 3.7%, por efectos de la desaceleración de la economía mundial, la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, entre ellos el petróleo, y por la afectación de la roya que ya está provocando daños en la cosecha del ciclo agrícola actual.

En cuanto a la tasa de inflación, ya es oficial el 6.6% en que aumentaron los precios al consumidor nacional de diciembre de 2011 a diciembre de 2012. Tomando en cuenta las tasas de crecimiento del PIB Real y de la inflación, de acuerdo con la Ley de Salario Mínimo, el ajuste de este salario para 2013 sería del orden de 10.6% mas no de 18% como propone el secretario de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), Luis Barboza, porque “infla” el ajuste del salario mínimo con la tasa de devaluación de 5%, cuyos efectos ya están recogidos en la tasa de inflación de 6.6% del año pasado. Le sugiero al secretario de la CST-JBE que trate de asesorarse con otros economistas de la sociedad civil y de los que prestan sus servicios a dicho sindicato, incluso con los altos cargos técnicos del Banco Central de Nicaragua (BCN) en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, con el sano propósito de evitar la doble contabilización de la tasa de devaluación en su propuesta de ajuste del salario mínimo correspondiente a este año.

COPADES volvió a actualizar el pronóstico de la tasa de inflación acumulada anual para 2013 y la situó en el nivel de 5.5% sobre los supuestos que el precio promedio anual de un barril de crudo WTI disminuya de US$94.2 en 2012 a US$90 en 2013, el monto de dinero aumente 10.5% y el del numerario –o dinero que circula fuera del sistema financiero nacional- se expanda 10.1% asociado con un saldo de reservas internacionales brutas del BCN disminuya US$23 millones –a menos que los grupos financieros locales “contribuyan” con el  aumento de sus depósitos de encaje en el BCN, y con el mantenimiento de las expectativas inflacionarias de corto plazo observadas en 2012. Esa presión inflacionaria ya incorpora el efecto de la reforma tributaria en su primer año de los ocho en que deberá ser evaluada, al elevar la carga tributaria en 2013 apenas en una décima porcentual del PIB hasta 16.3%.

Como siempre ha reiterado COPADES, el principal problema político en la economía nicaragüense es el subempleo. Si entendemos como el principal resultado de nuestro actual modelo económico la reducción del subempleo y del desempleo, urge el cambio del modelo económico. Cabe recordar los datos oficiales de 2011, que señalan una tasa de subempleo del 50% y una tasa de informalidad laboral de 77.2%. La economía subterránea tiene un gran peso en nuestro país. Reorientar el modelo económico equivaldría a la estrategia de salvataje del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), principal reforma estructural de este año suscrita con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual estimo que ese cambio, administrado por el gobierno, deberá contar con más compromisos de las organizaciones empresariales que fomenten la creación de puestos de trabajo decente e incidan con sus acciones para formalizar al informal.

No veo problemas políticos en nuestro país en 2013. El partido político en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) está muy sólido, Con 62 diputados en la Asamblea Nacional podría cambiar la Constitución de la República si lo quisiera, prorrogó el nombramiento de los funcionarios públicos, ganó 134 de 153 alcaldías en la elecciones municipales de noviembre de 2012 y aumentó la cantidad de concejales en los gobiernos municipales.

La oposición política, si se le pudiese llamar así, no tiene un plan estratégico alternativo o, lo más probable, parcialmente coincidente con el del FSLN, que lo utilice como un instrumento político para hacer una seria, efectiva y constructiva oposición al partido político en el poder.  Si este grupo de partidos políticos, cuando fueron una mayoría en la legislatura anterior, no pudieron nombrar a los funcionarios con plazos vencidos, mucho menos ahora que es representado con 26 diputados que no pueden hacer nada para cambiar algo.

Es muy probable que en este año, a finales del primer trimestre o inicios del segundo trimestre, el FSLN conceda cuotas políticas a todos los partidos opositores, porque es lógico afirmar que no habrá negociación, para el nombramiento de los funcionarios con plazos vencidos. Un poco más improbable sería una reforma constitucional que le asegure la institucionalidad pública a los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), algo que deseó el presidente de la República, Daniel Ortega, en su mandato anterior inmediato pero que se lo negó la Corte Suprema de Justicia, con lo cual tendría más fuerza la voluntad popular sobre la norma constitucional, es decir, el principio del ALBA de transferir la soberanía de la Constitución al Pueblo.

Lo formidable en 2013 sería ver a todos los políticos criollos, en el poder y en la así llamada oposición, sentados alrededor de una mesa tratando de avanzar más rápido en la solución de los problemas económicos y sociales de los nicaragüenses, proponiendo políticas públicas que garanticen duplicar al actual tasa de crecimiento económico del país, que como escribiera en párrafos anteriores también implica analizar y proponer un nuevo modelo económico. Como economista, estoy seguro que el actual modelo económico, construido desde la década de los noventa hasta ahora, no genera pobreza sino que funciona sobre la pobreza, un mal que debe reducirse al máximo con la creación de puestos de trabajo decentes, con un crecimiento económico que se concentre entre la población de escuálidos ingresos –es decir, el 75% de las familias nicaragüenses-, con una estrategia económica pro pobre que aún no ha sido discutida en nuestro país.





Ojalá no se desgaste la Comisión Nacional de Salario Mínimo

13 01 2013

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Pronto comenzarán las negociaciones del gobierno, sindicatos y empresarios sobre la tasa de ajuste del salario mínimo legal, mal ajustado dos veces al año en vez de una sola vez, que sría de mayor provecho para los trabajadores y la administración de la economía empresarial y nacional.

Según la Ley No. 625 “Ley de Salario Mínimo” aprobada el 21 de mayo de 2007, el salario mínimo se fija cada seis meses teniendo como referencia el costo de la canasta básica de 53 productos y se reajustará de forma automática sobre la base de la pérdida del poder adquisitivo indicado por la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la tasa de inflación semestral anunciada oficialmente por el Banco Central de Nicaragua, más el crecimiento real de cada sector de la economía según las Cuentas Nacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN).

La cuenta trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua siempre ha observado severos atrasos en su publicación por parte del BCN y a duras penas se conoce la actualización del dato preliminar del PIB anual.  Por ejemplo, a esta fecha sólo se conocen las tasas de crecimiento de dicho PIB, con año base de 2006, hasta el tercer trimestre de 2012, pero se desconocen sus valores tanto en precios corrientes como en precios constantes, y el último dato del PIB anual de 2012 es el que se presentó en la propuesta de ley del presupuesto nacional 2013 en octubre pasado.

Este atraso del BCN ha forzado a la Comisión Nacional de Salario Mínimo a tomar en cuenta la tasa de crecimiento anual del PIB y la tasa de inflación acumulada anual (de diciembre a diciembre) del año anterior para fijar la tasa de ajuste del salario mínimo legal del año siguiente y dividirla entre dos porque el ajuste se fija cada seis meses.

De acuerdo con datos oficiales disponibles a esta fecha, en 2012 la tasa de crecimiento anual del PIB Real fue de 4.0%,  la tasa de inflación acumulada anual fue 6.6% y el costo total de la canasta de 53 productos de consumo básico a noviembre de este año fue igual a C$10,570.59.

La razón salario mínimo con respecto al costo de la canasta de consumo en noviembre era de 35.9%, mientras que en abril de este año era de 34.7%. Por consiguiente, no se observa un deterioro importante en la cobertura del salario mínimo legal sobre el costo de la canasta de consumo básico.

Por otro lado, el poder de compra del salario mínimo legal promedio simple a noviembre de 2012 había aumentado 5.6% desde diciembre de 2011, porque la tasa de ajuste anual de este salario en 2012 fue de 12.6% (12.5% para todos los sectores, excepto el agropecuario con 13%; las MIPYMEs con 10%, y las zonas francas con 9%) y la tasa de inflación, antes mencionada, fue de 6.6%.

Con base en la ley y teniendo en cuenta que en 2012 se ha mantenido la cobertura del salario mínimo sobre el costo de la canasta de consumo y se mejoró el poder adquisitivo de este salario, en 2013 la tasa de ajuste anual del salario mínimo legar sería de 10.6%, que es igual a la suma de las tasas de crecimiento de la producción y de la tasa de inflación publicadas por el BCN a esta fecha. Como ese ajuste se entrega en dos partes, es fácil concluir que la tasa de ajuste parcial semestral sería del orden de 5.3% y ojalá sea entregado a principios de cada trimestre del año en curso. Mejor sería entregar ese ajuste salarial de una vez, para evitar la generación de expectativas inflacionarias en el futuro mediato.

Ojalá que los sindicatos presenten una propuesta de ajuste del salario mínimo acorde con la ley, con el fin de evitar el desgaste permanente de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. También espero que a algún representante de los sindicatos no se le ocurra sumar al ajuste propuesto de 10.6% la tasa de devaluación anual de 5%, porque los efectos del movimiento del tipo de cambio ya están incorporados en la tasa de inflación acumulada anual.

Por consiguiente, es deseable una pronta aprobación de la tasa de ajuste de salario mínimo, porque la inflación ya dejó de ser un problema macroeconómico. Además, los miembros de la Comisión Nacional de Salario Mínimo podrán considerar que la economía nicaragüense continuará creciendo en 2013 a una menor tasa que la de los años recientemente pasado –COPADES estima que la tasa de crecimiento económica rondará el 3.5% en este año- debido a la desaceleración del crecimiento económico de los países desarrollados y emergentes, a lo cual se agrega el problema nacional de la afectación de la roya en la producción de café, rubro que aporta el 27% del valor agregado de la agricultura del país.

Los miembros de la Comisión Nacional del Salario Mínimo también podrán considerar que la menor demanda de materias primas en los mercados internacionales, incluyendo el petróleo, provocará una menor presión inflacionaria en 2013, que COPADES estima en el orden de 6%, y por lo tanto, con una expectativa de menor crecimiento no sería razonable echar más leña al fuego inflacionario con un ajuste salarial desproporcionado frente a las condiciones económicas actuales.

No hay que obviar que la pobreza se reduce con más empleo decente, es decir, con más inversión, y que las actuales tasas de crecimiento económico del país son insuficientes para reducir la pobreza de los nicaragüenses.





Un banquero que gusta del usufructo del presupuesto nacional

12 01 2013

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Al desempolvar mis archivos sobre la economía de Nicaragua que he acumulado desde mediados de la década de los setenta hasta la fecha, me encontré con la historia de la nacionalización del sistema financiero privado de Nicaragua en 1979, que realizó la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional mediante el Decreto No. 25 publicado en La Gaceta No. 3 del 24 de agosto de 1979.

Con ese decreto, el Estado adquirió la totalidad de las acciones de los bancos al precio de su valor en libros resultante de una auditoría, con el corte de los estados financieros al 25 de julio de 1979, que tomara en cuenta las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), lo cual fue pagado con bonos del Estado con plazo de 5 años y 6½% anual, que también podían ser usados por sus tenedores para la cancelación de obligaciones con el Estado y podían ser cancelados con su pago en efectivo en cualquier momento antes de su vencimiento.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) y la SIBOIF procedieron a contratar reconocidas firmas de auditores externos para determinar el valor en libros de las acciones de las instituciones financieras privatizadas, tales como Mancera Hnos. y Cía. S.C. representada por Pasquier Salas y Cía.; Alexander Grant representada por Donkin y Argüello; Arthur Young & Company; Coopers and Lybrand; Pannel, Kerr, Foster & Company; Deloitte, Hasking & Sells; y Gardner, Wolf & Company.

El informe de la SIBOIF intitulado “Información Trimestral Sistema Financiero Nacional y De Otras Instituciones de Crédito 3er. Trimestre 1980” indicó que sólo tres instituciones financieras tenían patrimonio positivo en el momento de su nacionalización: Banco Calley Dagnall, con C$1.5 millones; Banco Exterior, con C$0.3 millones; y Financiera del Norte, S.A., (FINSA) con C$12.0 millones.

Los dos bancos de los dos grupos financieros más importantes del país –ejes de la formación del sistema bancario en la década de los ochenta-, el Banco Nicaragüense (BANIC) y el Banco de América, eran los más descapitalizados en el momento de su nacionalización, al reflejar patrimonios negativos de C$496.8 millones y C$381.1 millones respectivamente. La situación financiera de ambas instituciones se puede explicar con (i) el deterioro de su cartera de crédito, (ii) la fuga de capitales de ambos bancos, (iii) su alto endeudamiento externo, (iv) su alto endeudamiento con el BCN para poder soportar el deterioro de su cartera y la fuga de sus capitales, y (v) los efectos de la devaluación de C$7 a C$10 por US$1 en abril de 1979 sobre sus altos niveles de endeudamiento externo.

En resumen, el 25 de julio de 1979 el Estado de Nicaragua, con la nacionalización del sistema financiero nacional, asumió un patrimonio negativo de C$1,182.3 millones, un total de depósitos del público de C$3,174 millones, un saldo de deuda externa de C$1,233.8 millones y un saldo de deuda interna con el BCN de C$914.9 millones.

El 17 de septiembre de 1980, con el Decreto No. 527 se promulgó la Ley de Absorción de Instituciones Financieras por el BANIC de Corporación Francoamericana de Finanzas (FRANCOFIN),  Compañía Interfinanciera Nicaragüense (INTERFINANCIERA), Inversiones Nicaragüenses de Desarrollo (INDESA), Corporación Nicaragüense de Inversiones (CNI) y Banco de Centroamérica; y con el Decreto No. 528 el Banco de América absorbió Financiera del Norte (FINSA), Financiera de Occidente (FIDOSA), Financiera Industrial Agropecuaria (FIA) y Banco Exterior.

Después, con el Acuerdo No. 46 del 17 de octubre de 1985, el gobierno fusionó el Banco Nicaragüense y el Banco de América en un Banco de Industria y Comercio –el segundo fue absorbido por el primero-, que por coincidencia sus siglas fueron BANIC.

Así, en Nicaragua quedaron funcionando cuatro bancos especializados: Banco Nacional de Desarrollo (BANIC), integrado por el Banco Nacional de Nicaragua (BNN), el Instituto de Fomento Nacional (INFONAC), y el Banco Calley Dagnall, que atendía al sector agropecuario; el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), que atendía los sectores industrial y comercio; el Banco Popular, que atendía la micro y la pequeña empresa; y el Banco Inmobiliario, formado con la fusión de Financiera de la Vivienda, Inmobiliaria de Ahorro y Préstamo, Centroamericana de Ahorro y Préstamo (CAPSA) y Nicaragüense de Ahorro y Préstamo (NIAPSA).

Dieciséis años después surgió un acto reñido con la ley. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) reconoció una indemnización de US$450 por acción a los socios del Banco Nicaragüense (BANIC), que al momento de su nacionalización sumaban 35 mil acciones comunes pagadas y en circulación. Dicho sea de paso, el MHCP también reconoció en concepto de indemnización a los socios del Banco de América US$23.54 por acción a 424 mil 875 acciones.

En otras palabras, el MHCP, con el conocimiento que el BANIC estaba descapitalizado en un monto de C$496.8 millones al ser nacionalizado, no debió haber indemnizado a los socios del BANIC porque no tenían ningún derecho. ¿Qué argumentó el MHCP para indemnizar al extinto banco privado BANIC (y también al Banco de América)? Que en su momento las firmas auditoras no aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados ni las normas de la SIBOIF vigentes y que a los bancos se les había quitado los bienes que tenían en garantía o que eran de su propiedad.

Esos argumentos se caen por sí solos. El decreto gubernamental No. 25 mencionado al inicio de este artículo, que fue publicado en La Gaceta No. 3 del 24 de agosto de 1979, decía en su Arto. 2 “que el valor de las acciones resultaría de aplicar las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones dictadas con anterioridad al decreto por la SIBOIF”; además, las firmas que auditaron al BANIC (y al Banco de América) son de gran tradición y seriedad en el país, como son Donkin y Arguello (y Pasquier, Salas y Cía.) que representaron a prestigiosas firmas internacionales de auditores externos como son Alexander Grant (y Mancera Hermanos y Cía, S.C.).

Es muy difícil acusar a las firmas auditoras internacionales y nacionales de desconocer las las normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones dictadas por la SIBOIF. Tampoco es aceptable ni razonable el argumento que el gobierno había quitado bienes en garantía y de propiedad de los bancos, porque la fecha de corte de la auditoría fue el 25 de julio de 1979, seis días después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Con ese pago indebido por una inexistente indemnización, mediante la Resolución Ministerial 52-2001 del MHCP del 22 de agosto de 2001, los contribuyentes fuimos obligados a pagar en forma injustificada US$15.75 millones a los socios del extinto banco privado Banco Nicaragüense (y US$10.0 millones a los socios del extinto banco privado Banco de América), porque el valor de cada acción del Banco Nicaragüense (y del Banco de América) era menor que cero por sus montos negativos de patrimonio.

Esto fue un hecho inaudito en la historia bancaria de nuestro país, que fue conocido como “La piñata de los banqueros del 79”. El gobierno de Nicaragua, a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada, decidió pagar a los accionistas del Banco Nicaragüense (y del Banco de América) un precio por acción equivalente a 4.5 veces su valor de emisión (y 2.4 veces su valor de emisión a los accionistas del Banco de América) con el mantenimiento de valor que existía a julio de 1979.

Cabe señalar que el acusado en 2008 por la Fiscalía General de la República debido a sus actos inapropiados en la reestructuración de la deuda por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 y las subastas de activos de los cuatro bancos liquidados, el banquero Eduardo Montealegre Rivas, fue uno de los beneficiados como socio del extinto Banco Nicaragüense con este otro golpe al presupuesto nacional que se concretó en 2001.

Entonces, ¿el aspirante a líder de la oposición política, Eduardo Montealegre Rivas, podrá gozar de confianza de parte de nuestra nación? Como ciudadano y como contribuyente, y también como economista, desconfío de esta persona, porque además, con el uso inapropiado que hace de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, es un evasor de la Justicia de nuestro país y también ha sido señalado públicamente como un evasor en el pago de sus impuestos por la Dirección General de Ingresos (DGI).





El impune Eduardo Montealegre Rivas

9 01 2013

Eduardo Montealegre Rivas es uno de los más recientes ejemplos nacionales de un violador de derechos humanos, que evade la justicia por el uso inapropiado que hace de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado, también nacional por los inventos de los políticos de  nuestro país.

La inapropiada conducta que se ha labrado este diputado nacional, que trató de erigirse vanamente como líder de la oposición al poder estatal, es un resultado de la carencia del imperio de la ley en Nicaragua, de la corrupción política y de la debilidad del Poder Judicial.

La impunidad fue definida por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 8 de febrero de 2005 como “[L]a inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.”

El diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas se negó a retractarse, tal como lo manda nuestro Código Penal, de su acusación que este servidor es un defraudador del Estado de Nicaragua al tildarme, sin prueba alguna y difundida en forma escrita en el diario La Prensa el 31 de julio de 2008, que yo fui uno de los responsables más conocidos de la quiebra del Banco del Café.

He solicitado a dos jueces, Lic. María Ivette Pineda Gómez y Lic. Henry Morales Olivares, que pidan a la Asamblea Nacional la desaforación del diputado impune, para que responda por sus injurias y calumnias y sea ordenado judicialmente a que publique su retractación, siempre que yo la acepte, en el mismo medio, es decir, La Prensa, en la misma forma, espacio, lugar y proporción en que se publicó sus injurias y calumnias contra mi persona. Todo esto lo ordena nuestro Código Penal, aprobado el 16 de noviembre de 2007 también por el diputado querellado cuando fungía como diputado en la legislatura anterior.

Es también obvio que el diputado impune Eduardo Montealegre Rivas tendrá que responder por todos los daños morales y económicos que provocó y continúa provocando no sólo contra mi persona sino contra los miembros de mi familia.

Si en la legislatura anterior fue franca la posición del entonces Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Dr. Wilfredo Navarro, que los liberales no procederían a desaforar al diputado querellado por ninguna causa –la otra causa es la acusación de la Fiscalía General de la República que este diputado enfrenta por el caso de la reestructuración de la deuda pública interna en concepto de los CENIs Bancarios y de la subasta de activos de los cuatro bancos liquidados en 2000 y 2001-, ahora con la actual legislatura, he escrito seis cartas al Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, solicitándole que introduzca en el Orden del Día las dos solicitudes judiciales de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas, pero aún no he tenido respuesta no obstante el Presidente de la Asamblea Nacional en junio de 2009 recomendó públicamente al Sr. Eduardo Montealegre a que renunciara a su fuero porque “… en ese tipo de casos, acogerse a la inmunidad no es un comportamiento adecuado de personas responsables y de personas que están dispuestas a responder por sus actos”.

El diputado querellado dos veces, Eduardo Montealegre Rivas, sabe muy bien que nunca desistiré de la defensa de mi honra y dignidad personal y profesional. Siempre estaré denunciando su violación de mis derechos humanos y siempre estaré presentándome en la Asamblea Nacional para solicitar lo que hasta hoy se me ha negado, mi acceso a la justicia. Nunca me cansaré en mi reclamo, que es conocido por los nicaragüenses, porque he de demostrarles que ningún potentado económico o ningún político no tienen ningún derecho para humillar y pisotear la dignidad de las personas.

Séneca decía que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, por lo que espero que se enfrente efectivamente la impunidad que constituye una infracción de las obligaciones del Estado de Nicaragua de investigar las violaciones de los derechos humanos, adoptar las medidas apropiadas con respecto a sus autores, en esta caso Eduardo Montealegre Rivas, especialmente en la esfera de la justicia, para que esta persona sospechosa de responsabilidad penal sea procesada, juzgada y condenada a sanciones señaladas por nuestro Código Penal, y de garantizar a las víctimas, en este caso este servidor y su familia, recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar las medidas para evitar la repetición de dichas violaciones.

El vicio de la impunidad no debe ser visto ni entendido como la antesala de la frustración y la desesperanza. Nunca me he sentido ni me sentiré amilanado en mi reclamo al impune Eduardo Montealegre Rivas, porque nunca cerraré las posibilidades de resolver el problema causado por dicho diputado de una manera adecuada, como lo es en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho.

Eduardo Montealegre Rivas, con su impunidad desnaturalizó las relaciones humanas, abonó el individualismo –ya acentuado con su arrogancia, prepotencia y soberbia- y trató de generar un terror de clase, “tengo que tener dinero para hacer lo que quiero”, al expresar públicamente que “ponía una lápida a mi reclamo”. Craso error, porque siempre le esperan en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua. Su problema es que no aprendió la lección de respetar la dignidad y la honra de las personas.





Invitación a un debate económico

5 01 2013

Presentación1

Cuando la misión técnica del Fondo Monetario Internacional o el representante residente del FMI en Nicaragua hablan en público sobre los resultados de la visita o sobre los problemas económicos de nuestro país, observo como mucha frecuencia que empresarios, politólogos, historiadores, economistas, representantes de la sociedad civil y de organismos no gubernamentales, así como ciertos legisladores, son cautivados por las palabras del policía financiero internacional.

Sin embargo, he de reconocer que los legisladores de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional son más cautos y los únicos que, a veces, se oponen ante algunas sugerencias de políticas económicas presentadas por los altos mandos técnicos del FMI. Pareciera, pues, que para muchos nicaragüenses no existe un margen de error, ni del 5% como indica la teoría econométrica, en las afirmaciones técnicas del FMI.

Pero sí existe ética profesional dentro del FMI. Olivier Blanchard, el economista jefe del FMI, reconoció recientemente el “error” cometido por los expertos del FMI, en un informe titulado de ‘Errores en el Pronóstico de Crecimiento y Multiplicadores Fiscales’ firmado por Blanchard, al recomendar recortes de gasto público a los gobiernos europeos, porque no entendieron que el compromiso de las autoridades con la austeridad acabaría con el crecimiento.

“Los pronósticos subestimaron significativamente el aumento del desempleo y la caída de la demanda interior con la consolidación fiscal”, reconocen Blanchard, y el coautor del informe, Daniel Leigh. Blanchard y Leigh señalan que los pronósticos del FMI utilizaron multiplicadores fiscales de 0.5, cuando en realidad la cifra sería de 1.5, lo que significa que por un dólar que recorta el Ejecutivo de su presupuesto cuesta a la economía del país 1.5 dólares; es decir, reconocen que las recomendaciones del FMI al inicio de la crisis europea se basaron en cálculos que subestimaron el impacto depresivo de la austeridad –subestimaron “el incremento del desempleo y la caída en el consumo privado y la inversión asociados a la consolidación fiscal”, dice el informe-, aunque también indican que “los resultados no quieren decir que la consolidación fiscal sea indeseable”, ya que las economías avanzadas deben ajustar sus presupuestos ante el aumento de sus deudas

Cabe recordar que en el arranque de la crisis, en 2008 con la quiebra de la banca de inversión  de Wall Street, el FMI aconsejó al G-20 una decidida intervención pública para sacar a la economía mundial del marasmo en el que la había dejado el colapso financiero. Pero después, en 2010, cuando los mercados comenzaron a asediar a los países europeos en los que la deuda crecía con rapidez, el FMI reclamó intensos ajustes públicos, y el que más sufrió fue Grecia.

En 2010, el FMI utilizó como referencia como se comportaban los multiplicadores fiscales en fases de desaceleración económica, pero estudios más recientes han evidenciado que cuando se combinan recesión y mal funcionamiento del sector financiero, el efecto contractivo de esas medidas es hasta el triple de lo que contemplaron entonces los expertos técnicos del FMI.

Traigo este antecedente del FMI, que refleja asombrosamente ciertos rasgos de humildad técnica, ante un caso que no tiene ninguna apariencia de verdad en su manejo macroeconómico que hace en nuestro país.

En un informe intitulado “Selected Issues” preparado en septiembre de 2012 por Gabriel Di Bella, representante residente del FMI en Nicaragua, Marcello Stevão, director de la misión técnica del FMI para Nicaragua, Christian Johnson, Issouf Smake, Julia Bersch y Ricardo Fenochietto, se afirma que en Nicaragua no existen grandes discrepancias entre el tipo de cambio real observado y el tipo de cambio real de equilibrio. Veamos el porqué.

Con el enfoque del Balance Macroeconómico (MB) afirman que “Suponiendo que las variaciones del tipo de cambio pueden ofrecer sólo un sustancial ajuste de la cuenta corriente, una depreciación de alrededor del 3% sería necesaria para cerrar la brecha entre la cuenta corriente subyacente y la norma”.

Luego agregan, con el enfoque de Sostenibilidad Externa (SE), que “Para mantener la actual posición deudora internacional en el 144 por ciento del PIB, Nicaragua podría mantener un déficit por cuenta corriente del 8 por ciento del PIB, lo que sugiere una sobrevaluación pequeño de alrededor del 5 por ciento”.

Aunque el tipo de cambio real no es una simplicidad macroeconómica, los expertos del FMI afirman que “Un  simple modelo de tipo de cambio real de equilibrio sugiere que el tipo de cambio real de Nicaragua está alrededor de su equilibrio. Sin embargo, tomando en cuenta el hecho de que el tipo de cambio real tiende a apreciarse a medida que país se desarrolla y la productividad aumenta (efecto Ballassa-Samuelson), el tipo de cambio de Nicaragua parece estar relativamente subvaluado.

Concluyen los técnicos del FMI que los tres modelos antes mencionados sugieren que el córdoba está ampliamente alineado con los fundamentos. ¡Qué ironía macroeconómica, el córdoba está como el yuan, pero Nicaragua no se ve presionada por las economías avanzadas para que aprecien el córdoba!

Invito públicamente al economista Gabriel Di Bella, representante residente del FMI en nuestro país, a un debate sobre el tipo de cambio real de Nicaragua, él defendiendo su tesis que el tipo de cambio real de corto plazo está alineado con el tipo de cambio real de equilibrio (o de largo plazo) con los tres enfoque presentados en su informe, y yo demostrando que el córdoba acusó en 2011 una sobrevaluación de 15 por ciento, lo cual ayuda a explicar que el déficit comercial de Nicaragua con el resto del mundo fue igual a 22.2% en ese año, mediante la estimación de un Modelo de Ajuste Parcial (MAP) compuesto por una ecuación de corto plazo y una de largo plazo, en el cual se distinguen los movimientos de equilibrio causados por las variables fundamento –la presión monetaria, la presión del déficit fiscal, la brecha cambiaria y la devaluación nominal- de los ajustes del tipo de cambio real observado causados por presiones macroeconómicas –la relación de los términos de intercambio, los flujos de capital externo y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real como un variable proxi a la del progreso tecnológico-.

Sugiero al colega economista Di Bella, en caso acepte mi invitación, que el lugar para llevar a cabo este debate económico sea la academia, en el Alma Mater donde cursé mis estudios de economía en Nicaragua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-Managua y, de acuerdo con su agenda, que él fije la fecha y la hora con suficiente anticipación, para que procedamos a invitar a los economistas y formuladores de política económica de nuestro país para que observen y participen en el debate. Estaré atento a la respuesta de Gabriel Di Bella.