Sugerencia de un programa de emergencia económica nacional

31 03 2019

La economía continúa en picada, por la permanente y creciente desconfianza de los agentes económicos, el sobrepeso de las tasas tributarias y de las tasas de interés y la ausencia de un diálogo económico entre gremios de productores e instituciones públicas correspondientes, es decir, entre agricultores y ganaderos con el Ministerio de Agricultura, entre industriales y comerciantes con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, entre banqueros y el Banco Central de Nicaragua, complementados con el diálogo entre los representantes de las grandes, medianas, pequeñas y micros empresas con la entidades públicas globalistas, tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para abordar problemas como los creados con la reciente reforma tributaria, o el Banco Central de Nicaragua para normalizar la política financiera y considerar el problema monetario provocado por la incertidumbre política y la excesiva dolarización extraoficial de la economía que se tradujo en una fuga masiva de los depósitos en moneda extranjera.

Por el lado de la negociación política en la mesa del Diálogo Nacional, que desde el inicio se caracterizó por su lentitud sofocante en la aprobación de la agenda de trabajo y por la falta de sagacidad política de varios de sus miembros, inesperadamente, sorpresivamente, apresuró sus pasos y el viernes 29 de marzo sus participantes aprobaron en forma “masiva” los acuerdos sobre los derechos y garantías ciudadanas, los derechos de concentración, manifestación y movilización pública, el cese de las detenciones ilegales de los ciudadanos que se manifiestan en contra del gobierno, la garantía del derecho de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, el desarme de paramilitares, las garantías procesales de exhibición personal y amparo, la garantía de los trabajadores para participar en las gestiones empresariales por medio de sus organizaciones de conformidad con la ley y el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad. Pero el sábado 30 de marzo se dio de nuevo un choque entre miembros de la Policía Nacional y la población.

Los participantes de la mesa del Diálogo Nacional aún no se han pronunciado en sus acuerdos sobre la justicia y las elecciones presidenciales anticipadas y es muy probable que lo hagan entre el lunes y miércoles de esta semana, tomando en cuenta que la fecha perentoria del funcionamiento de dicha mesa se amplió del 28 de marzo al 3 de abril del año en curso, lo que busca evitar las sanciones financieras internacionales ya conocidas en la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018” aprobada por el Congreso de Estados Unidos a finales del año pasado.

Pero volvamos a la economía. Con nuestros datos de COPADES, ya que el BCN cesó la publicación de sus datos de producción en septiembre del año pasado, y tomando en cuenta los impactos de la incertidumbre política y de la reforma tributaria en vigor desde el 1 de marzo recién pasado, se corre el riesgo de la paralización del ciclo agrícola 2019-2020, aunada con la caída de la producción de agroexportación del ciclo agrícola 2018-2019, mientras que la actividad de la construcción se desploma y la actividad comercial continúa deprimiéndose, agravada por el creciente desempleo y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En este escenario probable de 2019, la producción de bienes y servicios tiende a caer 10.6%, la tasa de desempleo abierto más la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo se aproxima al 36% de la población económicamente activa, o sea, el ejército de desempleados o de personas que no generan ingresos aumenta hasta 1 millón 380 mil personas, y la tasa de inflación anual alcanza la barrera del 8%.

Debido al deterioro progresivo de la economía observado a lo largo de un año, sugerimos a las autoridades nacionales la formulación y ejecución de un plan de emergencia económica. Su objetivo central sería proteger el nuevo año económico de Nicaragua, es decir, el ciclo agrícola 2019-2020, y mejorar el clima empresarial con el restablecimiento del diálogo económico y de la confianza inversionista. Las tareas inmediatas serían (i) la reducción del alza arbitraria de los costos de producción y, por ende, de los precios al consumidor, causadas por las tasas tributarias, las tasas de interés y las tasas de contribución de la seguridad social; y (ii)  la normalización de los flujos crediticios con el apoyo extraordinario de líneas de crédito de emergencia productiva facilitada por la banca central, incluso considerando el restablecimiento de una política de crédito dirigida para apoyar las actividades agropecuarias y los procesos productivos agroindustriales. Estos lineamientos de política de emergencia económica facilitarían contrarrestar la depresión económica, estimular la inversión y crear empleos. En estos momentos, aún estamos a tiempo de hacerlo, pero también se podría agregar que la crisis monetaria nos ha empujado a que analicemos y respondamos la pregunta ¿Dolarización Oficial o Desdolarización, mejor dicho, Recordobización?

Y no debemos obviar la atención de la política social a los más necesitados. Sugerimos que es necesario meditar en el ajuste del salario mínimo legal, porque los que tienen menos son los más castigados por el descalabro económico nacional. Por supuesto que esa tasa de ajuste sería de un dígito y comparto la opinión reciente de Roberto González, Secretario General del la Central Sandinista de Trabajadores (CST), de que dicho salario, en las circunstancias actuales, podría ajustarse con la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial que es igual a 5%. Pero esta crisis económica también obliga a revisar el actual mecanismo de ajuste de este precio de la fuerza de trabajo, por otro que tome en cuenta a la tasa de inflación y el nivel de la productividad de la economía, es decir, el PIB Real por persona ocupada plena o sólo por persona ocupada, esta última incluye a los subempleados, mas no la tasa de crecimiento del PIB Real como la aplica la Comisión Nacional del Salario Mínimo.

Dos acciones de emergencia adicionales para contrarrestar el deterioro de las condiciones del nivel de vida de la población pobre del país serían el aumento y la mejor calidad del gasto del gasto en educación y salud, pero estas acciones de política social requerirían de una reestructuración del gasto público, que pase, incluso, por el tamaño de los poderes del Estado, así como por la evaluación de la productividad de los servidores públicos.

Finalmente, el programa de emergencia económico propuesto, como cualquier otro programa económico que consideren las autoridades gubernamentales, debe basarse en los criterios de la libre convertibilidad del córdoba y de la estabilidad macroeconómica, pero esta garantía puede cumplirse si la negociación política entre los miembros de la mesa del Diálogo Nacional concilien sus puntos de vista sobre la agenda de trabajo y que ambas partes cumplan efectivamente los acuerdos que se adopten, con lo cual nos libraríamos de la amenaza de que se suspenda la cooperación oficial, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada al sector público. Cabe recordar que el 80% del gasto de inversión pública depende de los flujos de la cooperación externa principalmente la proveniente de las instituciones financieras multilaterales.





Un caso de anarquía judicial

30 03 2019

10.67 años = 128 meses = 3,895 días

Ese es el tiempo en que el presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas ha estado protegido por dos ex primeros secretarios del Poder Legislativo, Wilfredo Navarro y Alba Palacios, y por siete servidores públicos del Poder Judicial, entre los que se destacan Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial-Inspectoría Judicial, y Gerardo Rodríguez, Magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, en su calidad de Inspector Delegado.

Acusé al ciudadano Eduardo Montealegre Rivas en los juzgados Sexto y Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, el 27 de agosto de 2008 y el 11 de febrero de 2011 en el mismo orden, por los delitos de injuria, al lesionar mi imagen y reputación profesional al criticar mi estudio que sirvió de base a la Contraloría General de la República para pronunciarse sobre las liquidaciones bancarias de los años 2000 y 2001, y de calumnia, al tildarme de defraudador del Estado de Nicaragua, propagada con publicidad y ánimo ofensivo sin haber probado nada en los tribunales de justicia.

Desde el momento en que el acusado no ostentó su calidad de diputado de la Asamblea Nacional en agosto de 2016, con lo cual perdió la inmunidad en que se escudó a lo largo de ocho años, los jueces no tuvieron la mínima intención de cumplir con su obligación constitucional, legal y laboral de tramitar las causas de los dos expedientes, y la Inspectoría Judicial del Complejo Judicial Central de Managua ordenó “archivar las diligencias de mis quejas”. El 13 de marzo de 2017 desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial, pero nunca he dejado de reclamarla. Los magistrados y los jueces permanecen en silencio. Se han quedado en el silencio.

Con mi acusación personal a Eduardo Montealegre Rivas es fácil demostrar que existe la perpetuación de la retardación de justicia desde la Corte Suprema de Justicia hasta los juzgados. Aunque la Ley de Carrera Judicial mandata a los magistrados y jueces a evitar la retardación injustificada de los procesos, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial-Inspectoría Judicial no respondió a mi petición de que ordenara el procedimiento judicial a mi queja y mandara a los funcionarios quejados a rendir el informe que establece el procedimiento legal; el magistrado Gerardo Rodríguez, al dejarme sin ninguna oportunidad de justicia cuando le pedí únicamente la celeridad procesal, perpetuó la denegación de justicia en mi contra; y los dos jueces, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, cometieron una evidente retardación de justicia y negligencias en el cumplimiento de sus funciones.

En conclusión, los dos servidores del Poder Legislativo y los siete servidores del Poder Judicial violaron mis derechos de acceso a la justicia y al debido proceso.

Denuncié a Eduardo Montealegre Rivas como un violador de los derechos humanos en la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Unión Interparlamentaria y la Internacional Liberal.





La confianza, clave en el funcionamiento de la sociedad y de la economía

24 03 2019

Preocupados los empresarios y los consumidores por la indisponibilidad de información económica y social, que les provoca desconfianza institucional y el riesgo de incurrir en errores en la toma de sus decisiones económicas. Sabemos que la economía no es una ciencia exacta, como la química o la física que tratan con la materia o la naturaleza, porque trata con seres humanos que ante situaciones iguales respondemos de distintas maneras y ante situaciones de incertidumbre mostramos una racionalidad limitada.

Desconocemos los datos de la producción de bienes desde noviembre de 2018; los datos trimestrales de empleo están disponibles al cuarto trimestre de 2017, pero las entidades públicas, la encuestadora y la recopiladora, no muestran la información primaria, como la población económicamente activa y los ocupados por actividad económica -un dato que no se conoce desde el año de 2012-, que demuestre la veracidad de las tasas del mercado laboral, principalmente de empleo, desempleo y subempleo. Los cálculos del producto interno bruto (PIB) trimestral, por los lados de la oferta y la demanda, se han paralizado en el segundo trimestre de 2018.

La evolución de la balanza de pagos está disponible hasta el tercer trimestre de 2018, pero, en forma dispersa, se conocen algunos de sus indicadores más o menos actualizados. Por ejemplo, los montos de cooperación oficial externa al sector público y al sector privado han sido publicados hasta el primer semestre; los datos de comercio exterior, hasta noviembre; las remesas familiares, hasta diciembre; y el saldo de la deuda pública externa y el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público, hasta enero de 2019.

Sin lugar a dudas, se ocultan los indicadores del mercado monetario al haberse detenido su publicación hasta el 31 de diciembre del año pasado, lo cual hace suponer que se mantiene la fuga de los depósitos en moneda extranjera en varias decenas mensuales, que impactan hacia la baja a las reservas internacionales administradas por el banco central. Además, el banco también publica los indicadores financieros mensuales hasta diciembre del año pasado, aunque la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) da a conocer los observados en febrero recién pasado.

Está concluyendo el primer trimestre del año en curso y la información del presupuesto gubernamental está disponible al 30 de noviembre del año pasado, y si lo estuviera al 31 de diciembre podría ayudar a validar la tasa de caída de 4.0% del PIB Real que aún mantiene el banco central desde el tercer trimestre del año pasado.

Tampoco se conoce la versión oficial del comportamiento de la estabilidad macroeconómica en los tres primeros meses de este año, es decir, no se sabe cuántas veces la base monetaria equivale al saldo de las reservas internacionales brutas en poder del banco central, aunque conocemos, por investigaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), que la brecha diaria entre el tipo de cambio de venta del dólar en las ventanillas del mercado financiero y el tipo de cambio en el mercado oficial ha oscilado y permanece estable en el rango de [2.58%,  3.02%] desde el 2 de enero del año en curso.

La otra variable de la estabilidad macroeconómica, la tasa de inflación de los precios al consumidor, ha sido divulgada hasta enero de este año y, con bastante seguridad, conoceremos tardíamente el dato oficial del impacto de la reforma tributaria sobre el poder adquisitivo de los asalariados que se registre en este mes de marzo. Algunos precios líderes de la economía muestran retrasos importantes en su publicación en 2018: por ejemplo, hasta septiembre están disponibles los precios de los combustibles, de la energía eléctrica y del agua potable, y hasta octubre se conoce el salario promedio nacional del sector formal de la economía.

El desconocimiento de la información económica oficial nacional genera más desconfianza a los consumidores y productores, y una mayor desconfianza de los agentes económicos podría conducir a la aceleración del deterioro económico y social. La confianza es clave para el funcionamiento de la economía, pero no podemos obviar que la desconfianza surgió por problemas políticos en abril del año pasado. Hoy se ha perdido hasta la confianza en las instituciones políticas, sociales y económicas, lo cual se está manifestando en una incapacidad del Estado para generar iniciativas, inversiones y empresas. En realidad, ya hemos observado la implementación de políticas económicas que no contrarrestan la recesión económica, el cierre de empresas y la desaparición de los flujos de inversión doméstica y extranjera.

En el medio ambiente político, económico y social actual, las decisiones están dependiendo más de creencias, impulsos y emociones espontáneas que crean estados de pesimismo y de optimismo, en vez de expectativas o de probabilidades estadísticas. La crisis política ha creado un multiplicador de desconfianza que produce caídas sucesivas en el consumo y la inversión. Por ejemplo, el aumento de la desconfianza en la economía en 2018 redujo y encareció el crédito y aceleró la recesión, de la cual aún no hemos salido, y la actual desconfianza de los productores y los consumidores es una variable muy volátil que ayuda a pronosticar que la economía del país continuará cayendo.

La vía exclusiva para revertir este comportamiento es apoyar el funcionamiento de la Mesa del Diálogo Nacional y el alcance de los objetivos de su agenda. La solución de los problemas políticos es la llave para abrir las puertas de las políticas económicas necesarias para restablecer la confianza entre los consumidores, los productores y el Estado, e impulsar el crecimiento económico, atraer la inversión y reducir el desempleo, una tarea que es de mediano y largo plazo.

En otras palabras, es necesario reconstruir el multiplicador de confianza y crear el efecto demostración para reducir el pesimismo y evitar el miedo a la población, para que se tomen iniciativas personales o colectivas que generen efectos multiplicadores en el consumo y la inversión.

El banco central debería reconocer la creciente importancia de la confianza en la economía, especialmente en su fase recesiva como la que tenemos hoy, pero ocultar la información, principalmente aquélla que es de su incumbencia, empeora la desconfianza.

En cierta ocasión, Ovidio Reyes, presidente de la autoridad monetaria, dijo que “si no tenemos los datos (de los sectores), ¿qué hacemos? Pues los estimamos”. Pues lo invito a que medite sobre la publicación de los datos que no son de la incumbencia del banco central, y si no los tiene que sean estimados por los técnicos del banco central. Si los resultados obtenidos tuviesen un escaso intervalo de confianza, sería razonable que no sean publicados.





La recesión y la política de la tasa de interés del Banco Central de Nicaragua

17 03 2019

La recesión en que se encuentra la economía de Nicaragua desde el segundo trimestre de 2018 se está profundizando y corre el riesgo de transformarse en depresión en el corto plazo, y parece que no se están tomando medidas para evitar un colapso económico nacional. La desconfianza de los agentes económicos se robustece, la solución de los problemas en la Mesa del Diálogo Nacional se enlentece y los desequilibrios macroeconómicos podrían deteriorarse si se aplicasen las sanciones financieras internacionales ya preanunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

En tiempos de recesión económica es una imprudencia elevar la carga tributaria, o sea, subir las tasas tributarias, y la carga financiera, es decir, elevar las tasas de interés, en un país en que el número de microempresas y pequeñas empresas -muchas de ellas han sucumbido desde abril del año pasado- participaba con el 80% en el total de empresas y contribuía con el 40% en la formación del producto interno bruto. No se escapan las medianas y grandes empresas, porque se encuentran impactadas por la recortada liquidez, el menor capital de trabajo, el reducido acceso al financiamiento de corto plazo, la progresiva disminución de sus tasas de ganancia y la amenaza de cierre.

La política del banco central de subir las tasas de interés anuales de sus aparentemente atractivos Títulos de Inversión (TIN) tanto en moneda local con mantenimiento de valor hasta 8.0%, como en moneda extranjera hasta 6.5%, fue un fiasco, porque a finales de diciembre del año pasado sólo lograba colocar títulos por 200 mil dólares y, muy probablemente, no ha podido colocar más de esos papeles porque el presidente del banco, Ovidio Reyes, ha ordenado no publicar más datos monetarios y cambiarios generando más incertidumbre entre los inversionistas financieros. Con el alza de la tasa de rendimiento de esos papeles, el banco central estaba invitando a que las entidades financieras subieran sus tasas de interés para evitar, supuestamente, la caída de los depósitos, un craso error de la autoridad monetaria porque entre abril y diciembre del año pasado salieron US$1,080.3 millones y C$10,851.6 millones.

Antes de abril del año pasado, la tasa de interés anual que pagaba el banco central a los inversionistas financieros que participaban en las subastas de Letras era 5.2%. Para enfrentar la crisis del desplome de la producción, el banco central tenía la opción, como es usual en tales situaciones, de reducir las tasas de interés en al menos tres puntos porcentuales, pero actuó en dirección contraria a sabiendas que no tiene capacidad para incidir en la formación de las tasas de interés del sistema financiero nacional. Entonces, ¿por qué hizo esas locuras el banco central?

Ahora, el riesgo no es la aceleración de la inflación porque existe una descalibrada política monetaria que contrae la oferta de dinero para defender la debilitada posición de las reservas internacionales brutas administradas por el banco central, que se redujeron US$709.1 millones debido a la venta de US$838.1 que hizo a los bancos comerciales para que pudieran enfrentar la fuga de los depósitos en moneda extranjera entre mayo y diciembre del año pasado.

El riesgo es a la inversa, porque, si no se logra alcanzar oportunamente la solución a los problemas políticos en la Mesa del Diálogo Nacional, el gobierno no podría impulsar un estímulo fiscal agresivo para enfrentar una posible depresión económica, debido a que las sanciones financieras internacionales eliminarían gran parte de la cartera de inversiones públicas, que en un 80% depende de la cooperación internacional, y el banco central prácticamente estaría sin posibilidad para afrontar o detener o estabilizar una caída dramática de la producción.

Creo que en esa situación la autoridad monetaria sería capaz de aseverar que el tema del pleno empleo no es su asunto, sino sólo la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria, así como el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos.

El banco central no puede elevar más la tasa de interés, porque la economía nicaragüense continúa cayendo, aunque la baja tasa de inflación, casi ignorada en la Comisión Nacional del Salario Mínimo, comenzará a acelerarse en este mes de marzo por el impacto de mayores tasas tributarias sobre el consumo de bienes y servicios. Por consiguiente, el banco central continuará intensificando la reducción de la oferta de dinero para aplacar la presión inflacionaria, pero con el grave costo de desacelerar más el crecimiento económico, mejor dicho, con el gravísimo costo de acelerar la tasa de recesión económica.

El banco central debería comenzar a restablecer el dialogo con los representantes de las entidades financieras radicadas en el país, con los propósitos de fortalecer la confianza de los productores e inversionistas y flexibilizar la política de las tasas de interés en pro de los deseados crecimientos de la producción de bienes y servicios y de la demanda agregada, o sea, el consumo, la inversión y las exportaciones.

Si se profundizara más la recesión o si caemos en una depresión económica en el corto plazo, no veo posibilidades de que el banco central relaje su política, que ha consistido en “más de lo mismo” desde hace muchos años -no puede hacer otra cosa, porque es un rehén de su política cambiaria y de los mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial, comenzando con la cláusula de mantenimiento de valor incorporada en su ley orgánica- y actualmente no se observa ninguna medida para enfrentar ese riesgo, por lo cual esto también es otra imprudencia.

No hay que olvidar que si la gente se asustó grandemente, surgió una recesión, y si se asusta más de lo que está asustada, acelerará la recesión y podríamos desembocar en una depresión económica. El Diálogo Nacional se realiza con bastante lentitud y la economía se está encogiendo. Hace pocos días se agregó la resolución de la Unión Europea, en la cual pide la suspensión de la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, lo que afectaría el intercambio comercial entre el país y la Unión Europea.

Nicaragua continúa tambaleante.





La banca comercial ha resistido el vaivén de la crisis política

10 03 2019

En la semana pasada presenté la clasificación de los bancos comerciales del sector privado al 31 de diciembre de 2018 a un grupo de empresarios y profesionales que asistieron a un seminario de actualización empresarial realizado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES). Surgieron preguntas puntuales, tal como el riesgo de una devaluación en este año, la cual la descarté siempre que el banco central no relaje la emisión de dinero y cuando la compra de divisas por parte del público no bancario no se concentre en el mercado negro; además, surgieron preguntas generales tales como las perspectivas y los riesgos principales de la industria bancaria nacional en este año, un año más que se perfila con otra caída del producto interno bruto, más desempleo y subempleo y más pobreza, pero con baja inflación aún siendo acelerada por la reforma tributaria.

Con base en las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y del Banco Central de Nicaragua (BCN), he de confirmar a los usuarios de los servicios financieros, es decir, a depositantes y prestatarios, que todos los bancos están sólidos. Los siete bancos privados reflejan una norma de adecuación de capital, o sea, la relación entre el capital y los activos en riesgo o préstamos, en el rango de [14.4%, 18.9%], mayor que el rango de [11.4%, 17.7%] registrado el 31 de diciembre de 2017, mientras que la norma legal es de 10%. Los bancos AVANZ, BANPRO y BAC ocupan los tres primeros lugares en el escalafón del índice de solidez.

También he de confirmar a los socios de los bancos comerciales privados que ningún banco muestra síntomas de iliquidez, porque la liquidez en córdobas del sistema bancario como proporción de sus depósitos en córdobas se elevó de 38.3% el 31 de diciembre de 2017 a 39.5% en diciembre de 2018, gracias al apoyo de los reportos monetarios del banco central, consistentes en líneas de crédito de muy corto plazo (7 días), debido a la fuga de C$12,217 milones de los depósitos en moneda nacional entre el 12 de abril y el 31 de diciembre del año pasado.

Los bancos comerciales también tienen una apropiada liquidez en moneda extranjera como porcentaje de los depósitos en dicha moneda (dólares y euros), al haberse incrementado de 28.8% a 34.5% en las fechas mencionadas, en el mismo orden, en el párrafo anterior, gracias al apoyo del banco central en venderles divisas en la mesa de cambios para afrontar la fuga de US$1,242 millones de los depósitos en esa moneda entre el 12 de abril y el 31 de diciembre del año pasado. Ese monto de reducción de los depósitos en moneda extranjera es equivalente a las pérdidas de producción provocadas por un paro nacional de 31 días. BANCORP, BAC y LAFISE BANCENTRO ocupan los tres primeros lugares en el escalafón del índice de liquidez.

Sin embargo, al final de 2018 el colchón para riesgos en la actividad bancaria se encogió: el total de las reservas de cartera y el patrimonio fue igual a 15.06 veces el monto de la cartera vencida, mientras que al final de 2017 era igual a 25.97 veces. La mora resultante de las carteras vencida, prorrogada, reestructurada y en cobro judicial más los bienes recibidos en recuperación de créditos de las entidades financieras se elevó hasta 9.22% del saldo de la cartera bruta de préstamos, 5.8 puntos porcentuales mayor que la mora registrada el 31 de diciembre de 2017.

Es obvio que el mayor porcentaje de la mora es un resultado de la caída de las actividades económicas y del mayor desempleo y subempleo -en 2018 se registró la destrucción de 157,923 puestos de trabajo formal, o sea, puestos de trabajo cuyos ocupantes pagaban impuestos y seguridad social-, lo cual también impidió a estas personas a cumplir con sus obligaciones en el sistema financiero nacional. Pero el incremento de la mora fue un efecto de la crisis política, un grave problema extraeconómico que perjudicó el bienestar de la población y alteró los parámetros de la rentabilidad de las entidades bancarias, al desplomarse en 2018 casi en 1/3 la tasa de utilidad neta, ya sea con respecto al activo o al capital, de la industria bancaria comercial.

Ante la crisis política y sus impactos sobre la economía y las finanzas, la reacción de los bancos fue disminuir la concesión de crédito, ya reducido por el cierre involuntario de empresas y el desempleo involuntario de las personas, y subir las tasas de interés implícitas para los préstamos y los depósitos en ambas monedas: en el transcurso del año, la tasa de interés activa subió hasta 13.00%, es decir, aumentó 1.93 puntos porcentuales, mientras que la tasa de interés pasiva subió hasta 3.65%, es decir, aumentó 0.91 puntos porcentuales,

Pero el alza del costo de dinero, mejor dicho, de la tasa de interés activa implícita para los préstamos en ambas monedas, también redujo la capacidad de pago de las empresas y de las personas naturales a la banca, en la misma forma que las alzas de las tasas tributarias recién aprobadas en la reforma de la Ley de Concertación Tributaria están provocando más disminución de la producción y del ingreso, más iliquidez, reducción del capital de trabajo, caída de las tasas de rentabilidad, cierre de empresas, más desempleo y más subempleo.

En momentos de una crisis excepcional como la que se observa en Nicaragua, los expertos financieros de la banca comercial radicada en el país han mostrado una excesiva dependencia de la ortodoxia de sus teorías aprendidas y autoimpuestas, por lo cual les sugiero reflexionar sobre el continuo aumento del costo del dinero, que tiende a provocar más perjuicios que beneficios a la economía, a la banca y al público no bancario.

La toma de las decisiones de los agentes económicos, incluida la banca comercial, se está complicando más. Con las alzas continuas del costo del dinero y con la imposibilidad permanente de que el banco central pueda influir sobre el comportamiento de las tasas de interés del sistema financiero nacional, hoy se agrega  una mayor incertidumbre y falta de transparencia del mercado monetario impulsadas por el presidente del banco central, Ovidio Reyes, quien ha ordenado no publicar la información relacionada con la identidad monetaria (variación de reservas internacionales netas ajustadas + variación de los activos internos netos del BCN ≡ variación del numerario o dinero que circula fuera del sistema financiero nacional), la colocación neta de títulos valores y el estado de resultados de la autoridad monetaria, los agregados monetarios (M0, M1, M2 y M3) o las preferencias del público en la tenencia de activos monetarios, las brechas entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio del sistema bancario comercial, y el encaje efectivo sobre los depósitos del público, o sea, la proporción de los depósitos, en córdobas y en dólares, que los bancos comerciales depositan en el banco central.

No hay que ignorar las fallas analíticas por falta de información, porque pueden provocar más perjuicios económicos y financieros. Ese es el gran reto para los expertos financieros de los bancos comerciales radicados en el país. Estamos observando un fenómeno económico y financiero que es el resultado de un problema político, y ese fenómeno podría empeorarse si se continúa aplicando la receta financiera ortodoxa que busca resolver problemas causados por turbulencias económicas o financieras, nacionales o internacionales. Por estas razones, también he planteado en otro de mis artículos económicos que debemos apoyar el objetivo de que la mesa del Diálogo Nacional tenga éxito, y si lo tuviera, preferiblemente en el corto plazo, sería muy sorprendente que los expertos financieros de la banca comercial bajasen aceleradamente las tasas de interés.

En tiempos de crisis política, en tiempos de caída de la producción y del ingreso por razones políticas, no hay que poner más carga tributaria ni más carga financiera a los agentes económicos del país, o sea, a los consumidores, productores e inversionistas.

Finalmente, los tres bancos que tienen los mayores índices de calidad al 31 de diciembre son BAC, FICOHSA y LAFISE BANCENTRO.





Eduardo Montealegre abusó de la inmunidad para alcanzar la impunidad

7 03 2019

El presunto violador de los derechos humanos Eduardo Montealegre continúa siendo protegido desde hace diez años y siete meses, primero por dos ex primeros secretarios de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro y Alba Palacios, y en la actualidad por cinco magistrados del Poder Judicial, Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Virgilio Gurdián y Gerardo Rodríguez, y dos jueces,  María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García.

Mi querella personal que presenté en dos juzgados penales de Managua en contra del ex banquero, ex político y ahora uno de los más famosos impunes en la historia judicial de Nicaragua, Eduardo Montealegre, se debió a sus graves injurias y calumnias contra mi persona porque fue señalado, con base en una investigación que me solicitó la Contraloría General de la República, que lo denunció, por la Fiscalía General de la República como coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias en la reestructuración de la deuda pública por las liquidaciones de cuatro bancos en el bienio 2000-2001 y las subastas de los activos de cuatro bancos comerciales que fueron realizadas en 2003.

El primero en politizar mi acusación a Eduardo Montealegre fue él, al declarase un perseguido político, un mecanismo de autodefensa frecuentemente usado por los políticos que cometen actos de corrupción. Continuaron en su defensa Wilfredo Navarro, quien dijo públicamente que tenía orden de los partidos liberales de impedir la pérdida de la inmunidad del acusado, que fungía como diputado en la Asamblea Nacional, y Alba Palacios, quien me impidió tener acceso a su despacho, que es la entrada formal de los ciudadanos a la Asamblea Nacional, para solicitarle el cumplimiento de la orden judicial de la desaforación del diputado Montealegre.

Después, cuando Montealegre dejó de ser diputado, los dos jueces Pineda Gómez y Alfaro García suspendieron sus convocatorias para la audiencia inicial por supuestas fallas técnicas del sistema computarizado para la asignación de salas y por la saturación de las agendas de sus despachos; alargó la fila de los defensores del acusado el magistrado Rodríguez Olivas, de la Corte de Apelaciones de Managua, quien, hasta la fecha, nunca ha girado sus instrucciones de carácter procedimental a los dos jueces antes mencionados porque ordenó archivar las diligencias de mi caso; y los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, quienes hasta esta fecha han guardado silencio ante mi reclamo público de retardación de justicia y violación de los derechos humanos.

Sin haber obtenido respuesta del más alto tribunal de justicia del país, es evidente la perpetuación de la retardación de justicia, la negligencia en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos arriba mencionados, la violación de mis derechos al debido proceso y la violación de mi derecho al acceso a la justicia pronto y efectiva. Todos sabemos que justicia tardía no es justicia. Eduardo Montealegre continúa manteniéndose al margen de la justicia.

 





Mucha carga para una economía débil y muy frágil

4 03 2019

Este mes de marzo será muy complicado para la economía nacional, porque desde el año pasado impera una política monetaria severamente contractiva para defender la débil posición de las reservas internacionales administradas por el banco central, y a partir del 1 de marzo se agregó una política fiscal que eleva la carga tributaria en un momento inapropiado debido al desplome de la producción, la inversión y el consumo desde abril del año pasado.

En resumen, la política macroeconómica gubernamental provocará en este año una aceleración de la tasa de inflación, una desaceleración del crecimiento económico, es decir, el fortalecimiento de la recesión económica, y un mayor desempleo y subempleo. Se observarán mayores costos de producción, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la iliquidez en las empresas que, aunada a un menor capital de trabajo, podría cerrar muchas de ellas, y la mayor informalidad del mercado.

También se agregó la reforma del reglamento de la seguridad social a partir del 1 de febrero de este año y se adicionará el ajuste del salario mínimo legal el próximo jueves 7 de marzo. Demasiada carga para una economía muy débil y frágil, sin contar con recursos de la cooperación internacional para apoyo a la balanza de pagos y al presupuesto nacional. Las reformas estructurales y los ajustes económicos se realizan con los recursos disponibles, no con los recursos esperados.

Dos riesgos adicionales importantes aparecen en el escenario económico arriba descrito. Uno de orden interno, que es el menor acceso de la población, o sea, los consumidores, productores e inversionistas, a la información económica oficial, que es una responsabilidad del Estado.

Por ejemplo, no se presentan datos de la producción física de cualquier actividad económica desde octubre de 2018; las estadísticas laborales son comentadas muy someramente por servidores públicos ajenos al Ministerio del Trabajo y no se dispone de datos del número de empleados por actividad económica desde el año de 2012, ni se conoce el número de personas de la población económicamente activa desde el año de 2015; el banco central (BCN), en enero y febrero del año en curso, no ha publicado los datos de la (i)liquidez de la economía, la emisión de dinero, las reservas internacionales -que en un 50% corresponden al público no bancario y a las instituciones financieras internacionales que han facilitado préstamos de apoyo a la balanza de pagos del país, o sea, lo que he llamado, las reservas internacionales intocables-, y las brechas entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio para la compra y la venta del dólar en el mercado financiero; las estadísticas del presupuesto nacional y del comercio exterior están disponibles hasta el mes de noviembre del año pasado. Sólo los indicadores del mercado financiero se encuentran a mano del público hasta diciembre de 2018.

La disposición del banco central de no publicar la información económica oficial, que dicho sea de paso pertenece a todos los nicaragüenses,  profundiza la desconfianza entre los agentes económicos y el sector público y podría generar un mayor desequilibrio macroeconómico. Un buen banquero central, como dije en momentos álgidos de la crisis política en 2018, está obligado a fortalecer al sistema financiero nacional, no a debilitarlo, y por ello sugiero al presidente Daniel Ortega que oriente al presidente del BCN, Ovidio Reyes, a que publique la información económica que hoy mantiene como un secreto estatal para los consumidores, productores e inversionistas.

El otro riesgo es de orden externo. La probable aplicación en este mes de marzo de la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018” aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre del año pasado, podría afectar las relaciones interempresariales en las actividades de energía eléctrica y del sistema financiero del país y, además, a los servidores públicos que serían señalados como violadores de los derechos humanos. El efecto de este riesgo es una mayor incertidumbre y desconfianza de los inversionistas extranjeros y crecientes obstáculos para las empresas nicaragüenses en la colocación de productos de exportación en el mercado de Estados Unidos, el principal socio comercial del país que participa con el 40% en las exportaciones de bienes FOB y el 24% en las importaciones de bienes CIF del país, con el 20% en la inversión extranjera directa acumulada en Nicaragua durante el período 1991-2017 y con el 60% en el total de remesas recibidas en el país.

El propósito nacional es evitar un mayor deterioro económico y social de la población y minimizar los riesgos, internos y externos, que acelerarían ese deterioro. Por esta razón fundamental, estimo que es necesario apoyar el funcionamiento de la mesa del Diálogo Nacional, independientemente de la metodología que se aplicó para escoger a los representantes de las dos partes de este encuentro, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Gobierno de Nicaragua. Recientemente, según la ACJD, ya se acreditó la presencia de los representantes del Movimiento Campesino de Nicaragua, que no habían sido tomados en cuenta para el inicio del Diálogo.

Esta oportunidad para discernir sobre los problemas políticos nacionales es muy valiosa para los nicaragüenses, porque contendría el actual desgaste económico e impediría una mayor caída de la producción y del empleo. Ojalá que los participantes en la mesa del Diálogo Nacional logren establecer los acuerdos nacionales en el menor plazo posible.

Faltan tres meses para iniciar el año económico del país, que es el ciclo agrícola 2019/2020, pero, aunque sea atendido en una forma adecuada por las instituciones públicas y privadas, no impedirá que la producción de bienes y servicios continúe cayendo en 2019.

Todos los pronósticos optimistas apuntan a una caída del producto interno bruto de entre 1.0% y 1.3% en este año, siempre y cuando el Diálogo Nacional sea constructivo,  busque la normalidad del quehacer nacional, evite las sanciones financieras de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, e inicie el restablecimiento de la confianza de los agentes económicos, principalmente la del público en las entidades financieras del país, o sea, propicie el retorno de los depósitos que se han fugado del sistema financiero.