Entrevista de Trinchera de la Noticia a Néstor Avendaño sobre su Carta Abierta al Sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

El economista Néstor Avendaño, presidente de la consultora COPADES, aseguró que la entrega de una Carta Abierta a la delegación de la OEA que organiza las «conversaciones» con el gobierno sandinista ha sido «su primer paso de una serie de denuncias internacionales que hará sobre la impunidad y la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre Rivas».

Avendaño espera que su caso sea asumido por la OEA

P. ¿Cuál es su objetivo al entregar una Carta Abierta al Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro, el pasado lunes 28 de noviembre?

R. Con la Carta Abierta al Sr. Luis Almagro trato de comunicarle que mis acusaciones en contra de Eduardo Montealegre Rivas por sus graves injurias y calumnias que él escribió en medios públicos han sido afectadas, primero, por la obstrucción política al acceso a la justicia y, segundo, por el deterioro del Estado de Derecho debido a la tremenda retardación de justicia. También espero que esos dos factores políticos-jurídicos que violentan mi acceso a la justicia desde hace 8 años y 3 meses sean incluidos por el Sr. Luis Almagro en su diálogo con el presidente Daniel Ortega el próximo 1 de diciembre del año en curso.

P. Pero varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dicho que en el Poder Judicial no hay retardación de justicia…

R. Puedo demostrar a las autoridades nacionales que desde el 2 de septiembre del año en curso el Poder Judicial protege a Eduardo Montealegre, quien no teniendo inmunidad después de haber sido destituido de su cargo de diputado el 29 de julio de este año aún se mantiene como un impune ante nuestra Nación. También puedo demostrar a las autoridades nacionales que el Poder Legislativo lo protegió durante ocho años.

P. ¿Cuáles son sus pruebas?

R. Los procesos vinculados a mis dos acusaciones contra Eduardo Montealegre Rivas han sido públicos y transparentes, totalmente contrarios a la actuación opaca y secreta del acusado.

El primero que politizó mi acusación fue el acusado Eduardo Montealegre Rivas, al afirmar públicamente en septiembre de 2008 que el  presidente de la República, Daniel Ortega, y su esposa, Sra. Rosario Murillo, me estaban manipulando políticamente. En mayo de 2009, el diputado Wilfredo Navarro, cuando fungía como primer secretario de la Asamblea Nacional, me dijo que tenía orden de los liberales de no desaforar por ningún motivo a Eduardo Montealegre. En enero de 2012, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, diputada Alba Luz Palacios, cerró mi acceso ciudadano a dicho Poder del Estado y trató de politizar mi demanda personal contra Montealegre al sugerirme que consultara al respecto con el diputado Edwin Castro. Desde mayo de 2012, el presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez (q.e.p.d.) no respondió ninguna de las 46 cartas, todas públicas, que le remití para pedirle que los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional cumplieran con las dos solicitudes judiciales relacionadas con el proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas.

Cabe recordar que el 1 de septiembre de este año ambos jueces habían programado dicha audiencia inicial para el 5 de septiembre recién pasado, pero el 2 de septiembre, un día después,  las suspendieron repentinamente por ajustes relacionados con el sistema automatizado de control y asignación de salas del Complejo Judicial Central de Managua y por saturación de agenda del despacho judicial. Entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre de 2016, presenté a los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, de los Juzgados Sexto y Séptimo Local Penal de Managua respectivamente, seis peticiones para que reprogramaran la audiencia inicial con fines de preliminar, pero no respondieron a ninguna de las peticiones. La Ley de Carrera Judicial exige a los jueces dictar autos de mera sustanciación a más tardar dentro de la segunda audiencia hábil después de la presentación del escrito petitorio en que se funda, es decir, a más tardar 48 horas después de ser presentada la petición.

El 19 de octubre de 2016, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua en su calidad de Inspector Delegado, magistrado Gerardo Rodríguez, archivó mis quejas por la falta de respuestas de los dos judiciales antes mencionados y él, como superior jerárquico, perpetuó la denegación de justicia en mi contra al no tomar en cuenta que el Arto. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) le faculta que puede girar instrucciones generales de carácter procedimental para asegurar una Administración de Justicia pronta y cumplida. Antes de archivar las quejas, el magistrado Rodríguez, siempre basado en el Arto. 8 de la LOPJ, me presentó el argumento que los jueces son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución Política y la Ley, por lo cual no podía dictar instrucciones o formular recomendaciones a sus inferiores acerca de la aplicación o interpretación del orden jurídico en asuntos sometidos a su conocimiento. Eso es cierto, pero ¿quién impone la disciplina en el Complejo Judicial Central de Managua?  ¿Acaso no es el superior jerárquico, en este caso el magistrado Gerardo Rodríguez?

El 11 de noviembre de 2016 presenté al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia mis quejas por retardación de justicia y negligencia en el cumplimiento de sus funciones en contra de los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, y del presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Dr. Gerardo Rodríguez. A esta fecha, continúo esperando la respuesta del máximo tribunal de justicia de Nicaragua, y espero que los miembros de dicho Consejo Nacional impongan disciplina entre sus subordinados.

P. ¿Cree usted que el Poder Ejecutivo está defendiendo a Eduardo Montealegre?

R. No tengo pruebas para demostrar esa posibilidad, pero por deducción lógica es bastante probable que existe esa protección ejecutiva, porque en nuestro país no se observa la independencia entre los Poderes del Estado.

P. ¿Por qué sigue insistiendo en sus demandas contra Eduardo Montealegre si él goza de protección estatal, como usted lo ha afirmado en ocasiones anteriores?

R. La dignidad familiar y personal es más valiosa que cualquier capital. Esa es la principal razón por la que insisto en reclamar mi derecho a tener acceso a la justicia para defenderme y demostrar la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre Rivas, quien por su soberbia, su reprochable conducta y su escasa educación política siempre trata de estar sobre las leyes y menospreciar a las personas, sin importarle la degradación de su imagen aparentemente demócrata

Carta Abierta al Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Managua, Nicaragua

28 de noviembre de 2016

Excelentísimo Señor

Luis Almagro

Secretario General

Organización de Estados Americanos (OEA)

Sus Manos

Señor Secretario General,

Soy Néstor Manuel Avendaño Castellón, nicaragüense, economista, con cédula de identificación No. 001-330453-0001W y con domicilio en la Ciudad de Managua, Nicaragua.

En agosto de 2008 querellé al entonces diputado Eduardo Montealegre Rivas por haber escrito injurias y calumnias graves contra mi persona, al señalarme irresponsablemente como un defraudador del Estado de Nicaragua y al dañar mi reputación profesional, las cuales fueron publicadas en la edición del diario La Prensa del 31 de julio de 2008, pero evadió el llamado de la Justicia porque se escudó en la inmunidad que le confería su cargo público. En abril de 2011 lo querellé de nuevo, porque volvió a escribir sus injurias y calumnias en una supuesta carta de disculpas que hizo circular desde la dirección electrónica de su movimiento político Vamos con Eduardo.

Dos jueces solicitaron a la Asamblea Nacional la desaforación de Eduardo Montealegre Rivas, pero éste fue protegido por el Poder Legislativo durante ocho años y ahora, que no tiene inmunidad porque no es diputado en la Asamblea Nacional, está siendo protegido por el Poder Judicial desde el 2 de septiembre del año en curso.

Para su conocimiento, todo esto es un claro ejemplo de la obstrucción política a la justicia y del deterioro del Estado de Derecho por la retardación de justicia.

Además, Eduardo Montealegre Rivas fue acusado por la Fiscalía General de la República en julio de 2008 por ser coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de Fraude y delito de Tráfico de influencias cometidos en el año de 2003, cuando él fungía como ministro de Hacienda y Crédito Público. Tampoco se presentó al tribunal de justicia, porque se escudó con la inmunidad.

Agradezco su atención a mi Carta Abierta y hago propicia esta ocasión para externarle las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Atentamente,

Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

El billete de C$1,000 no es inflacionario

El Banco Central de Nicaragua (BCN) no puede devaluar el córdoba en términos nominales, mucho menos en términos reales, porque existe la cláusula de mantenimiento de valor y prolifera una serie de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial.

Si el BCN deseara activar el mecanismo de la devaluación, tendría que “desdolarizar”, prefiero decir “recordobizar”, la economía nicaragüense. Pero antes de iniciar ese proceso, estaría obligado a recordobizar la legislación financiera, comenzando por su Ley Orgánica que dice en su Artículo 38 “En todo contrato podrá establecerse una cláusula por la cual las obligaciones expresadas en córdobas mantendrán su valor con relación a una moneda extranjera. En este caso, si se produce una modificación en el tipo oficial de cambio del córdoba con relación a dicha moneda, el monto de la obligación expresada en córdobas deberá ajustarse en la misma proporción a la modificación operada”. Con este artículo, el BCN se convirtió en un rehén de su política cambiaria.

El tema económico que llamó la atención de la población en la semana pasada fue una hipotética inflación alta y una supuesta devaluación relacionadas con la emisión del nuevo billete de un mil córdobas anunciada por el BCN.

La emisión del nuevo billete no afecta la tasa anual de 5% de devaluación del córdoba mantenida desde 2004 (es de vieja data), por lo cual no tiene relación con la estabilidad macroeconómica. El objetivo del nuevo billete es facilitar las transacciones económicas, comerciales y financieras de los agentes económicos, especialmente entre las grandes y medianas empresas, así como en la comercialización mayorista de los bienes agropecuarios.

El billete actual de quinientos córdobas apareció en el mercado monetario local en mayo de 2003. En el período 2003- 2016, el volumen de producción de bienes y servicios del país se ha multiplicado por 1.72, según COPADES. Pero desde mayo de 2003 hasta octubre de 2016, el índice de precios al consumidor (IPC) nacional se multiplicó por 2.72 veces, es decir, la tasa de inflación acumulada en ese período fue 172%, lo cual ha provocado una mayor emisión de billetes de quinientos córdobas con la  pretensión de agilizar un mayor volumen de transacciones de bienes y servicios en el mercado real.

En otras palabras, la primera emisión del nuevo billete de un mil córdobas se realizó tardíamente, porque entre mayo de 2003 y febrero de 2011 el nivel general de precios al consumidor se multiplicó por 2, o sea, reflejó una tasa de inflación acumulada de 100%. Hasta el 22 de noviembre de 2016 se anunció que el billete de quinientos córdobas se estaba multiplicando por 2, y hasta el 2 de enero de 2017, seis años después de haber sido requerido, saldrá a circulación.

Para contrarrestar cualquier presión inflacionaria adicional a la de 3.9% anual que COPADES ha pronosticado para 2016, el BCN, además de mantener una correcta disciplina monetaria, tendrá que sacar de circulación billetes de quinientos córdobas en un monto idéntico al de la expansión de la emisión en billetes de un mil córdobas. Así, la autoridad monetaria garantizará que el saldo de las reservas internacionales brutas en las arcas del BCN sea al menos igual a 2.5 veces el sado de la emisión de dinero y a 4 meses de importaciones de bienes CIF.

La economía de Nicaragua está muy dolarizada extraoficialmente, pero el córdoba es la moneda que se utiliza más en las transacciones de bienes y servicios en el mercado real. Así lo demostró una encuesta reciente del BCN, al concluir que el 95.0% de las personas naturales y el 94.2% de los establecimientos con actividad económica utilizan el córdoba. Este resultado se corrobora con la velocidad de nuestra moneda oficial, que es igual a la proporción del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal con respecto al saldo de dinero o medio circulante (M1): en el período 2000-2016, la  tendencia de largo plazo de la velocidad del córdoba es decreciente, lo cual reconfirma el hecho de que el público utiliza más dinero local en relación con el valor total de las transacciones.

COPADES pronosticó que la velocidad de circulación de un billete de córdoba en 2016 es igual a 10, es decir, que cualquier billete de córdoba cambia de manos 10 veces durante el año. Tener dinero tiene un costo que se llama inflación, y cuando ésta es baja, como la que se ha observado en los años de 2015 y 2016, la demanda de dinero aumenta con respecto al valor nominal de las transacciones en el mercado real.

Cualquier aceleración de la tasa de inflación que se observe en el mercado local en 2017 no puede explicarse con la presencia del nuevo billete de un mil córdobas, sino con la inflación externa que tiende a elevarse en el muy corto plazo. No hay que olvidar que la economía de Nicaragua es extremadamente abierta: los flujos reales de exportaciones e importaciones de bienes y servicios no factoriales equivalen a 107% del PIB Real en 2016.

Los expertos del mercado internacional del petróleo pronostican que el precio promedio anual del barril de crudo WTI, marcador de referencia para Latinoamérica, pasará de US$41.92 en 2016 a US$50.58 en 2017, con un aumento de 20.7% que repercutirá en las tarifas de energía eléctrica y los precios de los combustibles debido a que la OPEP limitará la producción en un rango de 32.5 y 33.0 millones de barriles diarios, 1 millón menos que el nivel actual, el 30 de noviembre de este año. Cualquier alza del precio internacional del petróleo arrastrará a los precios internacionales de los bienes primarios, lo cual provocará una inflación vía costos de producción.

La política económica del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es inflacionaria, porque las restricciones al comercio y a la inmigración provocarán un efecto contractivo sobre la oferta, mientras que el estímulo fiscal producirá una expansión de la demanda, lo cual  elevará los precios y las tasas de interés y, por consiguiente, se fortalecerá el dólar estadounidense frente a otras  monedas duras. Al apreciarse el dólar, tendrían que depreciarse las otras monedas.

Y en el mercado interno, el potente gasto inversionista privado y público que se visualiza en el corto plazo también tendrá otro efecto inflacionario, que será muy difícil de neutralizar a través de las subastas de Letras Estandarizadas del BCN o con los depósitos del sector público en el BCN, antes denominados Títulos Especiales de Inversión. También incidirá en la inflación local de 2017 el coeficiente de la inflación inercial que COPADES ha estimado en 0.5, todavía bastante alejado de cero, por lo cual los agentes económicos aún tienen una corta memoria inflacionaria.

El BCN no previó este escenario inflacionario, ni lo contempló en los supuestos del Proyecto del Presupuesto General de la República de 2017 aún con el aumento de 36.8% en su proyección de US$57.3 del precio internacional promedio anual del barril de petróleo. Su proyección inflacionaria para 2017 es apenas de 6.0%. Pero no hay que preocuparse, porque el Presidente Daniel Ortega sabe que el modelo económico de la década de los ochenta del siglo pasado se cerraba con una mayor emisión de dinero, mientras que el modelo económico actual se cierra con el aumento de las reservas internacionales en las arcas del BCN.

La política económica de Donald Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, intenta restablecer las políticas económicas del “derrame” de los beneficios del crecimiento sobre la sociedad con la articulación de políticas sociales focalizadas y eficaces, tal como quisieron hacerlo Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Lo que ha quedado demostrado de esa teoría en el mundo es que el derrame no se da de “arriba hacia abajo” sino al contrario, de “abajo hacia arriba”, y que no existe un vínculo automático entre crecimiento económico y reducción de la pobreza..

La política comercial. Con Donald Trump resurge el proteccionismo y se hunde el libre comercio. Desde el primer día de su presidencia, Donald Trump dará la orden de iniciar la negociación del NAFTA; en el día 100 cancelará el Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) para eliminar las prácticas comerciales injustas y negociará nuevos acuerdos bilaterales para sustituir los principios establecidos por el NAFTA; en el día 200, Trump considerará si Estados Unidos se retira del NAFTA y procederá a la negociación de acuerdos bilaterales. La intención de abandonar el NAFTA será notificada con seis meses de anticipación. También ha prometido que aplicará aranceles elevados a las importaciones procedentes de China.

La política fiscal. Prometió simplificar de siete a tres tramos el impuesto de la renta del trabajo y establecer tasas de 12%, 25% y 33%, siendo hoy la más alta igual a 39.6%, reducirá el impuesto sobre la renta de las sociedades a 15% y eliminará el impuesto a las herencias. Para compensar la reducción de impuestos, establecerá límites a las deducciones fiscales injustas, reducirá hasta 10% la tasa tributaria sobre la repatriación de las utilidades de las multinacionales y se apoyará un repunte esperado de 4% del producto interno bruto estadounidense, pero también prometió destinar más de medio billón de dólares (500 mil millones de dólares) en 5 años para modernizar las redes de transporte, telecomunicaciones y energía, y aumentar el gasto militar. En este escenario, es fácil concluir que el déficit fiscal se incrementará y, para financiarlo, la deuda pública se disparará.

La política monetaria. Trump dejó clara su idea de una política monetaria basada en el dólar débil y en tasas de interés bajas. El equipo del presidente electo señaló que la Fed agotó todos los recursos que tienen para apoyar la economía y, por eso, es necesario apoyar la política monetaria con estímulos fiscales, es decir, con reducción de tasas tributarias y expansión del gasto público. Además, es bastante probable que tratará de ejercer control sobre la gestión dela Fed, lo cual es también muy difícil, y pretenderá derogar gran parte de las de las reformas financieras introducidas por la Ley Dad-Frank de 2010.

Políticas de producción. Entre las actividades económicas perdedoras, se destacan principalmente las de generación de energía con recursos renovables, la automovilística y la de telecomunicaciones. Donald Trump prometió dejar sin efecto el Plan de Energía Limpia, un componente importante de la estrategia de Barack Obama para enfrentar el cambio climático y, por lo tanto, se autorizará sin trabas la producción de petróleo, carbón limpio, gas natural y otras fuentes para obtener la independencia energética; las empresas de automotores que radican en otros países resentirán la penalización tributaria; y la afectación del proceso de consolidación en curso del sector de telecomunicaciones podría ser afectado.

Entre las actividades económicas ganadoras, se destacan el reequilibrio en las carteras de inversión a favor de valores industriales; el sector de la salud, al prometer un cambio profundo del régimen de seguro médico asequible; las empresas biotecnológicas, porque se esfuma el riesgo de que sean sometidas a un mayor control de precios; las firmas del negocio de defensa, por el mayor gasto militar; y los valores financieros también se benefician, porque el presidente electo modificará la Ley Dad-Frank, la legislación sobre la que se apoyó la reforma tras el derrumbe de Lehman Brothers, no obstante Donald Tump fue un candidato fue muy duro con la conducta de Wall Street, a la que acusó de haberse embolsado el patrimonio que perdieron los trabajadores por la crisis.

Conclusiones

No hay que obviar que en el ámbito internacional el riego político se elevará con el surgimiento de opciones populistas y anti globalización en los países de economías avanzadas.

Si el presidente electo Donald Trump lograra reducir las tasas tributarias, realizar un mayor gasto en infraestructura económica y efectuar las reformas regulatorias, el efecto sobre el crecimiento económico de Estados Unidos será positivo, pero sus restricciones migratorias, al comercio y a la inversión estadounidense en el resto del mundo afectaría negativamente el crecimiento económico mundial en el mediano plazo.

Las restricciones al comercio y a la inmigración provocarán un efecto contractivo sobre la oferta, mientras que el estímulo fiscal producirá una expansión de la demanda, lo cual  generará más inflación y, por lo tanto, se elevarán las tasas de interés y se fortalecerá el dólar estadounidense frente a otras  monedas duras. Estos efectos se contradicen con los proclamados por el presidente electo, que son los de mantener tasas de interés bajas y un dólar débil para promover el crecimiento económico, aumentar las  exportaciones de bienes y servicios y reducir el déficit comercial externo de Estados Unidos. Creo que en este asunto está el Talón de Aquiles de la Trumpeconomía.

Los impactos probables sobre la economía centroamericana, y por ende sobre la economía de Nicaragua, serían un menor crecimiento económico por las restricciones comerciales y los términos financieros más duros de los préstamos externos; y la disminución de los ingresos de las familias por las restricciones de los flujos migratorios, que provocaría una reducción de la demanda interna y desaceleraría el crecimiento del producto interno bruto.

Ambos efectos obligarían a un mayor ajuste económico de los países centroamericanos. Entre esos ajustes, se observarían rápidamente tasas de interés más elevadas y una mayor depreciación del tipo de cambio en el mediano plazo en los países que tienen moneda propia. Sin embargo, el ajuste del tipo de cambio no se podría realizar en Nicaragua si se mantienen las reglas del juego cambiario, que están restringidas grandemente por la excesiva dolarización extraoficial de la economía y la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio del dólar. El Banco Central de Nicaragua ha sido un rehén de su propia política cambiaria desde el 10 enero de 1993. Y lo sigue siendo.

Avendaño insiste en pedir justicia a CSJ. Recurrió ante el máximo tribunal del país.

Entrevista de Trinchera de la Noticia realizada el 12 de noviembre de 2016

Desde agosto de 2008 y abril de 2011 están radicadas en los juzgados sexto y séptimo locales penales de Managua las dos causas judiciales de Néstor Avendaño en contra de Eduardo Montealegre. Según el economista, Montealegre tuvo la protección del Poder Legislativo durante 8 años y ahora, que ya no es inmune continúa siendo impune porque lo protege el Poder Judicial.

P: ¿Qué lo motivó para quejarse en la Corte Suprema de Justicia?

R: Hay varias causas que me condujeron a quejarme ante el Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que las puedo resumir así: denegación de justicia sistemática, perpetuación de la retardación de justicia, displicencia de los jueces a cargo de los Juzgados Sexto y Séptimo Locales Penales de Managua por sus incumplimientos injustificados de los plazos legales para proveer escritos, negligencia en el cumplimiento de las funciones del magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua en su calidad de Inspector Delegado, aparente anarquía judicial y el archivo de las diligencias de mis quejas en el Complejo Judicial Central de Managua. Resumiendo: tres funcionarios judiciales del Complejo Judicial Central de Managua han violado mis derechos al debido proceso y han violado mi derecho humano de tener acceso a la Justicia.

P: ¿Puede explicar específicamente por qué en sus dos acusaciones contra Eduardo Montealegre existe retardación de justicia en el Poder Judicial?

R. Los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez, del Juzgado Sexto Local Penal de Managua, y el Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, desde hace 100 días recibieron notificación de la primera secretaria de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavidez, que Eduardo Montealegre Rivas ya no era diputado ni tenía inmunidad. Así, solicité a los dos jueces que convocaran a la realización de las audiencias iniciales con fines de preliminar que en derecho corresponde.

El jueves 1 de septiembre de este año, los jueces me notificaron que el lunes 5 de septiembre se realizarían las dos audiencias iniciales, pero el viernes 2 de septiembre ambos jueces, en forma casi sincronizada, me notificaron que suspendían las audiencias hasta nuevo aviso por reestructuración de agendas. En los 71 días que han transcurrido desde el 2 de septiembre hasta hoy sábado 12 de noviembre, he presentado a cada uno de los dos jueces 6 peticiones para que reprogramen las audiencias iniciales, pero ellos no han contestado ninguna de mis peticiones. La Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los jueces a responder los autos de mera sustanciación a más tardar dentro de la segunda audiencia hábil, es decir, en 48 horas, y les previene que el retardo injustificado para resolver produce responsabilidad. Con estos datos demuestro la evidente retardación de justicia.

P: ¿Y por qué se quejó del magistrado Gerardo Rodríguez?

R: El 6 y el 19 de octubre recién pasados presenté y reiteré al magistrado Rodríguez mis quejas por la displicencia de los dos jueces en el manejo de mis dos causas contra Eduardo Montealegre, y le pedí que ordenara a los dos jueces la tramitación inmediata del proceso, o sea, que los jueces cumplieran con sus plazos legales. Recibí las respuestas del magistrado Rodríguez el 19 y el 25 de octubre, en las que expresó, según el artículo 8 de la Ley 260 Ley Orgánica del Poder Judicial, que “los jueces son independientes en todas sus actuaciones y sólo deben obediencia a la Constitución Política y la Ley”, por lo cual él, como magistrado, “no puede dictar instrucciones o formular recomendaciones dirigidas a sus inferiores”, que los jueces atenderán mis peticiones “de acuerdo con el tiempo disponible en la agenda del despacho en razón de la carga laboral, la cual es bastante alta” y mandó a archivar mis quejas.

El magistrado Rodríguez no tomó en cuenta que el mismo artículo 8 de la Ley 260 dice que “Para los efectos de asegurar una Administración de Justicia pronta y cumplida, el Superior Jerárquico podrá girar instrucciones generales de carácter procedimental”. Él es el Superior Jerárquico, pero no giró instrucciones para garantizar los procedimientos y, al no cumplir con sus funciones, provocó más retardación de justicia.

P: ¿Qué espera de su queja presentada a la Corte Suprema de Justicia?

R: Sólo espero una respuesta apropiada para que se realicen de inmediato las dos audiencias iniciales que he pedido a los dos jueces en mis dos causas contra la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre. Sólo espero una respuesta recta del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ, muy distinta a la que me expresara el magistrado Gerardo Rodríguez. Desde las alturas no se pueden observar los detalles de la llanura, por lo cual pido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que comprueben que existe retardación de justicia, negligencia de los jueces en el cumplimiento de sus funciones, violaciones de los derechos al debido proceso y otras anomalías en la administración de la justicia en el Complejo Judicial Central de Managua. Para ello les he adjuntado a mi escrito suficientes pruebas documentales, y les he pedido que las admitan. Sólo basta agregar que Justicia Tardía no es Justicia.

 

Más riesgos económicos en 2017

Con su discurso electoral, el próximo presidente de Estados Unidos, Sr. Donald Trump, dio a conocer las primeras pistas de Trumpconomics, el modelo económico sobre el que se asentará la era Trump. Esas pistas han provocado en el mundo muchas dudas sobre el comercio, la globalización, los inmigrantes y la seguridad internacional, porque, según el presidente electo Donald Trump, son el origen de los males que agobian a los estadounidenses. Frente a esas dudas, también hay preocupación en Centroamérica y, por consiguiente, en Nicaragua.

Generalmente, las promesas de un candidato presidencial no se cumplen tal como fueron prometidas cuando el candidato se sienta en la silla presidencial. El Sr. Trump tendrá la ventaja de contar con el respaldo republicano mayoritario en el Congreso a partir del 20 de enero próximo cuando releve al presidente Barack Obama, pero los legisladores de su partido político ya han comenzado a manifestar su voluntad de moderar los planteamientos del presidente electo.

La amenaza al libre comercio con la nueva visión proteccionista del Sr. Trump se puede ejemplificar con la denuncia del tratado comercial NAFTA formado por Estados Unidos, México y Canadá; además, Centroamérica y, por ende, Nicaragua, estaría expuesta, en el mejor de los casos, a la revisión del DR-CAFTA. La guerra comercial está a la vista.

El comercio entre Nicaragua y Estados Unidos en el año de 2015, según datos oficiales, fue de 1 mil 923 millones de dólares, o sea, el 23% del comercio global del país, de los cuales 925 millones correspondieron a las exportaciones de bienes domésticos de Nicaragua. Una revisión del CAFTA podría elevar los aranceles estadounidenses a las importaciones de productos nicaragüenses, entre los cuales se destacan café, azúcar, carne, frijol, banano y productos marinos (pescados, camarón y langosta). El efecto, entonces, sería que los productos nicaragüenses perderían competitividad al hacerse más caros al consumidor estadounidense, incluso al ser comparados con los precios de los mismos bienes que exportan otros países centroamericanos, debido a los altos costos unitarios de producción existentes en el país, que están influenciados por las tarifas de energía eléctrica, los precios de los combustibles y las tasas de interés activas de corto plazo.

El segundo problema más importante sería el de la expulsión de los inmigrantes centroamericanos indocumentados y de personas condenadas por crímenes graves en Estados Unidos. De acuerdo con datos del Pew Hispanic Center, entre los casi 57 millones latinoamericanos que viven en Estados Unidos, un poco más de 2 millones son salvadoreños, 1 millón 200 mil son guatemaltecos, 702 mil son hondureños y casi 400 mil son nicaragüenses, por lo que la deportación de inmigrantes indocumentados afectaría más a los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

Las consecuencias serían una creciente, más de lo que está, inseguridad ciudadana en los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, al renovarse las filas de la delincuencia organizada, lo cual afectaría indirectamente a Nicaragua que tiene fronteras con Honduras y El Salvador. No hay que olvidar que la inseguridad ciudadana obstaculiza la atracción de la inversión extranjera directa. También se afectarían las remesas familiares, con sus impactos en la disminución del gasto de consumo y en el entorpecimiento de la recuperación del crédito personal y para las tarjetas de consumo, pero en el caso de Nicaragua sería menos grave porque se supone que existe poca inmigración indocumentada y, además, del flujo total anual de remesas, pronosticada por COPADES en 1 mil 346 millones de dólares para 2017, el 53% proviene de Estados Unidos.

El tercer problema es el de la reforma fiscal planteada con pocas especificaciones por el presidente electo Donald Trump, que persigue los objetivos de elevar el crecimiento económico y el empleo en Estados Unidos, pero implicaría un grave problema económico a países con economías avanzadas y emergentes, y otro menos grave a países de ingreso medio como son los del istmo centroamericano.

Para estimular el retorno de empresas estadounidenses que han emigrado a otros países, el Sr. Trump ha prometido disminuir el impuesto de sociedades del 35% actual al 15% y, además, prometió bajar incluso al 10% para las empresas que decidan repatriar los beneficios que acumulan en el exterior. A los estadounidenses les prometió que rebajará los siete niveles tributarios actuales, que tienen un máximo de 39.6%, a tres niveles con una tasa máxima de 33% y, además, que eliminará el impuesto sobre la herencia.

Es potente el atractivo fiscal para que los inversionistas estadounidenses en otros países retornen a Estados Unidos, porque aumenta tanto las utilidades netas empresariales como el ingreso disponible de los trabajadores y, por consiguiente, subirá el gasto de consumo privado en el mercado estadounidense.

De acuerdo con datos de COPADES procesados con información oficial, Estados Unidos es el principal inversionista extranjero directo en Nicaragua, al acumular 2 mil 101 millones de dólares en la inversión extranjera durante el período 1991-2015, y al participar casi con el 20% en el flujo bruto total de dicha inversión. El riesgo que se presentaría con una emigración de empresas estadounidenses a su país por ese atractivo tributario, sería más desempleo, menos exportaciones de bienes y servicios y un  crecimiento económico más bajo en el resto del mundo.

Dos de los temas arriba mencionados han sido considerados prioritarios por el presidente electo de Estados Unidos, Sr. Donald Trump, como son los de inmigración y de creación de empleo. Hay que estar atentos a todas las políticas que el presidente Donald Trump apruebe en los primeros cien días de su gobierno.

Los asuntos económicos pendientes

El presidente de Nicaragua que sea elegido por los nicaragüenses este 6 de noviembre de 2016 tendrá que enfrentar varios problemas económicos, unos inmediatos y otros que requieren un mayor análisis por su complejidad.

En la agenda de problemas económicos que demandan una atención inmediata gubernamental, se puede distinguir los cuatro siguientes:

1. Reducir la desigualdad de la distribución del ingreso nacional. De acuerdo con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, el 62% de 1,432,459 familias nicaragüenses, con todos sus ingresos, no podían adquirir los 53 productos de la canasta de consumo básico.

2. Disminuir la informalidad de la economía: El último dato oficial disponible correspondiente al año de 2012 indicaba que del total de personas ocupadas el 80% laboraba en empresas que no contaban con registros contables y el 50% estaba en el subempleo.

3. Promover la competitividad empresarial: Facilitar la educación técnica, promover la disminución de los costos de producción (tarifas), transferir tecnología, ampliar y mejorar la infraestructura y reducir las barreras de entrada a las nuevas empresas, con el propósito fundamental de elevar la productividad del trabajo o de la economía.

4. Reestructurar el gasto público: Alcanzar la meta de 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el presupuesto de educación preescolar, primaria y secundaria, y ampliar el espacio fiscal para la inversión pública, que representa el 24% del gasto gubernamental, con el fin de acelerar el crecimiento económico sostenible.

Entre los asuntos económicos de largo plazo pendientes de solución, cabe señalar los cinco siguientes:

1. Desarrollar el plan nacional de riego y la agroindustria.
2. Resolver el dilema de Recordobización vs Dolarización Oficial de la economía.
3. Rediseñar las políticas monetaria, cambiaria y financiera en el caso de una recordobización de la economía.
4. Reducir el grave déficit comercial de bienes con el exterior, que equivale al 22% del PIB.
5. Reestructurar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Sin embargo, también existen problemas políticos que demandan ser resueltos para mejorar el comportamiento económico. Entre las posibles acciones políticas, se puede sugerir las siguientes:

1. Buscar el consenso político sobre las reglas del juego electoral y el desarrollo de la democracia.
2. Fortalecer las instituciones públicas y la independencia de los poderes del Estado.
3. Mejorar la seguridad jurídica y los derechos humanos.
4. Sancionar y reducir la corrupción.

En el Poder Judicial hay Retardación de Justicia

Hace pocos días la Señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Magistrada Dra. Aba Luz Ramos Vanegas, declaró por los medios televisivos que mi caso contra Eduardo Montealegre Rivas era uno más de los 125 mil casos que se encuentran en el Complejo Judicial Central de Managua y que no existía Retardación de Justicia. Estimo que la afirmación de la Magistrada Dra. Ramos es contradictoria, porque las matemáticas no nos engañan y, además, no podemos dejarnos engañar por especulaciones políticas.

Mis dos acusaciones personales contra Eduardo Montealegre Rivas han sido plenamente públicas y transparentes. La primera acusación está radicada en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua desde agosto de 2008 y la segunda, en el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua desde abril de 2011. No se me ha facilitado el acceso a la Justicia desde hace 8 años y 5 años respectivamente, y estos dos números ayudan a demostrar la Retardación de Justicia provocada tanto por el acusado, que se escudó irresponsablemente con la inmunidad de su cargo de diputado, como por el Poder Legislativo, que no dio lugar a las solicitudes de dos jueces para que desaforaran al entonces diputado Montealegre.

Los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García programaron audiencias iniciales con fines de preliminar el 1 de septiembre de este año, las suspendieron abruptamente al día siguiente 2 de septiembre y desde hace 48 días, es decir, desde el 20 de septiembre recién pasado, he solicitado 6 veces a los dos señores jueces para que reprogramen las audiencias iniciales, pero no han respondido mis reiteradas peticiones y, por lo tanto, incumplen injustificadamente los plazos legales para proveer escritos. Esos otros dos números también ayudan demostrar la Retardación de Justicia provocada por el Poder Judicial.

El 19 de octubre de este año, el Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Magistrado Dr. Gerardo Rodríguez Olivas respondió mis quejas por Retardación de Justicia con el argumento legal de “la independencia de las actuaciones de los jueces, que sólo deben obediencia a la Constitución Política y la Ley”, por lo cual, agregó el Dr. Rodríguez, los jueces atenderán mis peticiones “de acuerdo con el tiempo disponible en la agenda del despacho” y las mandó a archivar. Sin embargo, el Dr. Rodríguez ignoró la Retardación de Justicia y obvió que él es el Superior Jerárquico y, como tal, pudo haber girado instrucciones generales de carácter procedimental a los dos jueces, según el mismo artículo la Ley del Poder Judicial, el No. 8, en que él fundamentó su respuesta a mis quejas.

Los presuntos delitos cometidos por Montealegre en contra de mi persona no son complejos de analizar y mucho menos de resolver, porque consisten en calumnias e injurias que él escribió contra mí.  Sólo se requiere que los señores jueces garanticen el imperio de la Ley.

Montealegre Rivas ya no es inmune pero sigue siendo impune, porque continúa haciendo gala de su presunta delincuencia y, como un ciudadano común está, de facto, sobre la Ley y las personas. ¿Se podría considerar a un violador de los derechos humanos, como Eduardo Montealegre Rivas, como un auténtico demócrata? Sin ningún margen de error, no; muy probablemente, nunca.