Entrevista de Trinchera de la Noticia a Néstor Avendaño sobre su Carta Abierta al Sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

30 11 2016

El economista Néstor Avendaño, presidente de la consultora COPADES, aseguró que la entrega de una Carta Abierta a la delegación de la OEA que organiza las “conversaciones” con el gobierno sandinista ha sido “su primer paso de una serie de denuncias internacionales que hará sobre la impunidad y la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre Rivas”.

Avendaño espera que su caso sea asumido por la OEA

P. ¿Cuál es su objetivo al entregar una Carta Abierta al Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro, el pasado lunes 28 de noviembre?

R. Con la Carta Abierta al Sr. Luis Almagro trato de comunicarle que mis acusaciones en contra de Eduardo Montealegre Rivas por sus graves injurias y calumnias que él escribió en medios públicos han sido afectadas, primero, por la obstrucción política al acceso a la justicia y, segundo, por el deterioro del Estado de Derecho debido a la tremenda retardación de justicia. También espero que esos dos factores políticos-jurídicos que violentan mi acceso a la justicia desde hace 8 años y 3 meses sean incluidos por el Sr. Luis Almagro en su diálogo con el presidente Daniel Ortega el próximo 1 de diciembre del año en curso.

P. Pero varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dicho que en el Poder Judicial no hay retardación de justicia…

R. Puedo demostrar a las autoridades nacionales que desde el 2 de septiembre del año en curso el Poder Judicial protege a Eduardo Montealegre, quien no teniendo inmunidad después de haber sido destituido de su cargo de diputado el 29 de julio de este año aún se mantiene como un impune ante nuestra Nación. También puedo demostrar a las autoridades nacionales que el Poder Legislativo lo protegió durante ocho años.

P. ¿Cuáles son sus pruebas?

R. Los procesos vinculados a mis dos acusaciones contra Eduardo Montealegre Rivas han sido públicos y transparentes, totalmente contrarios a la actuación opaca y secreta del acusado.

El primero que politizó mi acusación fue el acusado Eduardo Montealegre Rivas, al afirmar públicamente en septiembre de 2008 que el  presidente de la República, Daniel Ortega, y su esposa, Sra. Rosario Murillo, me estaban manipulando políticamente. En mayo de 2009, el diputado Wilfredo Navarro, cuando fungía como primer secretario de la Asamblea Nacional, me dijo que tenía orden de los liberales de no desaforar por ningún motivo a Eduardo Montealegre. En enero de 2012, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, diputada Alba Luz Palacios, cerró mi acceso ciudadano a dicho Poder del Estado y trató de politizar mi demanda personal contra Montealegre al sugerirme que consultara al respecto con el diputado Edwin Castro. Desde mayo de 2012, el presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez (q.e.p.d.) no respondió ninguna de las 46 cartas, todas públicas, que le remití para pedirle que los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional cumplieran con las dos solicitudes judiciales relacionadas con el proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas.

Cabe recordar que el 1 de septiembre de este año ambos jueces habían programado dicha audiencia inicial para el 5 de septiembre recién pasado, pero el 2 de septiembre, un día después,  las suspendieron repentinamente por ajustes relacionados con el sistema automatizado de control y asignación de salas del Complejo Judicial Central de Managua y por saturación de agenda del despacho judicial. Entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre de 2016, presenté a los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, de los Juzgados Sexto y Séptimo Local Penal de Managua respectivamente, seis peticiones para que reprogramaran la audiencia inicial con fines de preliminar, pero no respondieron a ninguna de las peticiones. La Ley de Carrera Judicial exige a los jueces dictar autos de mera sustanciación a más tardar dentro de la segunda audiencia hábil después de la presentación del escrito petitorio en que se funda, es decir, a más tardar 48 horas después de ser presentada la petición.

El 19 de octubre de 2016, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua en su calidad de Inspector Delegado, magistrado Gerardo Rodríguez, archivó mis quejas por la falta de respuestas de los dos judiciales antes mencionados y él, como superior jerárquico, perpetuó la denegación de justicia en mi contra al no tomar en cuenta que el Arto. 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) le faculta que puede girar instrucciones generales de carácter procedimental para asegurar una Administración de Justicia pronta y cumplida. Antes de archivar las quejas, el magistrado Rodríguez, siempre basado en el Arto. 8 de la LOPJ, me presentó el argumento que los jueces son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución Política y la Ley, por lo cual no podía dictar instrucciones o formular recomendaciones a sus inferiores acerca de la aplicación o interpretación del orden jurídico en asuntos sometidos a su conocimiento. Eso es cierto, pero ¿quién impone la disciplina en el Complejo Judicial Central de Managua?  ¿Acaso no es el superior jerárquico, en este caso el magistrado Gerardo Rodríguez?

El 11 de noviembre de 2016 presenté al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia mis quejas por retardación de justicia y negligencia en el cumplimiento de sus funciones en contra de los jueces Lic. María Ivette Pineda Gómez y Lic. Donaldo Ignacio Alfaro García, y del presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Dr. Gerardo Rodríguez. A esta fecha, continúo esperando la respuesta del máximo tribunal de justicia de Nicaragua, y espero que los miembros de dicho Consejo Nacional impongan disciplina entre sus subordinados.

P. ¿Cree usted que el Poder Ejecutivo está defendiendo a Eduardo Montealegre?

R. No tengo pruebas para demostrar esa posibilidad, pero por deducción lógica es bastante probable que existe esa protección ejecutiva, porque en nuestro país no se observa la independencia entre los Poderes del Estado.

P. ¿Por qué sigue insistiendo en sus demandas contra Eduardo Montealegre si él goza de protección estatal, como usted lo ha afirmado en ocasiones anteriores?

R. La dignidad familiar y personal es más valiosa que cualquier capital. Esa es la principal razón por la que insisto en reclamar mi derecho a tener acceso a la justicia para defenderme y demostrar la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre Rivas, quien por su soberbia, su reprochable conducta y su escasa educación política siempre trata de estar sobre las leyes y menospreciar a las personas, sin importarle la degradación de su imagen aparentemente demócrata


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