Nicaragua no puede construir “colchones” financieros

29 04 2012

Desde hace varios años, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha condicionado al Gobierno de Nicaragua que si la recaudación de impuestos es mayor que el monto anual proyectado (por ambos) que es aprobado por la Asamblea Nacional en la Ley del Presupuesto General de la República, la sobre recaudación es asignada, en parte, para pagar la deuda gubernamental interna –lo cual implica que se reduzca la emisión de Bonos de la República de Nicaragua por US$120 millones anuales destinados al pago de amortizaciones de la deuda pública interna- y, en otra parte, asignada para el aumento de los depósitos (en córdobas) del Gobierno Central en el Banco Central de Nicaragua (BCN) con el objetivo de proteger la posición de las reservas internacionales (en dólares) al evitarse un mayor gasto público que eleve la demanda de importaciones –lo que implica el llamado “esfuerzo” fiscal para proteger las reservas internacionales-.

La sobre recaudación de impuestos es tradicional desde inicios de los noventa del siglo pasado, porque la proyección anual de impuestos siempre ha mostrado el sesgo de la subestimación para reducir el gasto público en concepto de transferencias a las universidades, el Poder Judicial y las alcaldías.

El reciente Informe Perspectivas para América Latina y el Caribe, elaborado por el FMI en su reunión de primavera con el Banco Mundial (BM), reconoce que la región seguirá favoreciéndose por los altos precios de los bienes exportables, pero también reconoce el riesgo de una mayor desaceleración de la economía mundial provocada con la consecuente disminución de  la demanda de nuestros productos de exportables y la reversión de la buena tendencia económica actual de la región –aunque desde ahora estimo que el índice precios de las exportaciones de Nicaragua disminuirá 7% este año, debido principalmente a las caídas de los precios internacionales del café y del azúcar-.

El director para América Latina del FMI, Nicolás Eyzaguirre, dijo que los países tienen que empezar a ahorrar porque los aumentos de los precios de los bienes de consumo (que exportan) no durarán por siempre. “Nuestro consejo es que se reconstruyan esos ‘colchones’ (financieros) antes que los riesgos se materialicen y que las condiciones de apoyo externo desaparezcan”, y en el caso particular de Nicaragua identificó un problema adicional como es el nivel de endeudamiento público que equivale a US$5,293 millones y al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2011, por lo cual, aunque es difícil, tendrá que buscar cómo recaudar más recursos presupuestarios para “reconstruir” esos colchones (de reservas). En ese contexto, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Miguel Savastano, también consideró imprescindible una reforma fiscal, que el gobierno comenzará a negociar en mayo con el sector empresarial, dirigida a incrementar las recaudaciones de impuestos para mejorar la posición presupuestaria nacional.

Creo que es necesario aclarar a nuestra nación que el tema de la deuda pública no es el principal argumento para justificar una reforma tributaria, porque el pago del servicio de la deuda pública ha sido el gasto priorizado en el presupuesto nacional de acuerdo con la lógica económica del Estado que ha permanecido invariable desde 1990, al participar con el 19% en el gasto total presupuestario de 2012.

También es necesario aclarar que Nicaragua honra sólo el 60% de la deuda pública externa, porque el 40% restante se encuentra pendiente de restructuración con 8 países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), entre los cuales se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. En otras palabras, al 31 de diciembre de 2011 Nicaragua adeudaba al Resto del Mundo US$4,073 millones, lo que llamo el saldo “contable” de la deuda externa al incluir aproximadamente US$1,600 millones pendientes de restructuración con los Términos de Colonia de la Iniciativa HIPC. Por esto sugiero al FMI, al haber fungido por mandato del G-7 como coordinador de dicha Iniciativa vinculada con el cumplimiento del Programa “ESAF” y de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (PRS por sus siglas en inglés), que apoye a Nicaragua a gestionar la restructuración de esa deuda pendiente con el fin de sanear el saldo de la balanza de pagos del país. Si se lograra la condonación de al menos el 90% de la deuda pendiente de restructuración, tal como lo estipula los Términos de Colonia, el saldo de la deuda pública externa disminuiría hasta US$2,632 millones.

Si adicionamos el monto anterior al saldo de la deuda pública interna de US$1,170 millones registrada a finales de 2011 -espoleada por las confiscaciones de la propiedad en la década de los ochenta del siglo pasado, las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, y las operaciones de mercado abierto del BCN- arrojaría un saldo total de la deuda pública de US$3,803 millones, que equivaldrían al 52% del PIB de 2011 –menor que el 75% del PIB identificado por Nicolás Eyzaguirre-, por lo cual el nivel de la deuda pública de Nicaragua no sería el argumento básico para buscar una mayor recaudación de impuestos.

Por otro lado, Nicaragua nunca ha podido construir, mucho menos reconstruir, “colchones” financieros con sus propios recursos para enfrentar las crisis económicas y financieras internacionales, al ser un país que no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional. No hay que olvidar que el FMI prohíbe a Nicaragua a endeudarse en términos comerciales y obliga a obtener un elemento de concesionalidad mínimo de 35% en la contratación de la deuda externa.

Además, no debemos obviar los hechos que el 65% del gasto de inversión pública de 2012 es financiado con recursos externos, donaciones y préstamos muy concesionales –cuyos términos financieros ponderados desde 1990 son 31 años plazo, 10 años de gracia y 2% de interés-, la tasa de desocupación global (abierto y equivalente asociado con el subempleo) fue igual a 24% de la población económicamente activa en 2011 y el índice de pobreza fue de 42.5% de la población total del país en 2009.

Aumentar la recaudación de impuestos es necesario para responder a las necesidades sociales de la población, pero no al pago de los acreedores del Estado de Nicaragua quienes siempre han recibido puntualmente el servicio de la deuda pública; también hay que buscar una mayor equidad en la distribución de la carga tributaria y una mayor progresividad del sistema tributario; por supuesto, la reforma también tendría que buscar el mejoramiento de la eficiencia del gasto público y de la administración tributaria, así como reducir la evasión y la elusión fiscal, disminuir los costos de la obediencia fiscal y limitar la discrecionalidad de los administradores de impuestos.

La reforma tributaria no debería limitarse a fines recaudatorios sino constituir un instrumento para apoyar el aumento del crecimiento económico y la reducción de desempleo global y la pobreza, por lo cual invito a nuestros servidores públicos a que tengan cuidado con el principio de “neutralidad pura” frente a los incentivos tributarios enarbolado por el FMI. No se puede dejar exclusivamente en manos del Mercado la estrategia de desarrollo económico nacional ni la estrategia de reducción de la pobreza, porque ya observamos el cuestionamiento del Consenso de Washington con la quiebra de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008.





No cometamos los mismos errores

27 04 2012

En el último año del siglo pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionó la reforma estructural de establecer la Administración del Fondo de Pensiones (AFP) de la seguridad social, que serían entidades privadas, mejor dicho entidades dependientes de bancos comerciales del país, para administrar esas pensiones. Para ello, el 14 de junio de 2000 el Gobierno de Nicaragua recibió un préstamo de 7.7 millones de dólares del Banco Mundial (BM/IDA), con un plazo de 39 años, 10.5 años de gracia y 0% de interés.

La implementación de esta reforma fue bastante decepcionante y tuvo que ser suspendida, porque la asesoría técnica que se recibió de consultores externos fue una copia de la administración del fondo de pensiones de seguridad social de Chile, cuyo sistema de pensiones tiene un componente contributivo organizado en forma de capitalización individual en un mercado laboral con una formalidad del 65% del total de ocupados en 2000, pero el de Nicaragua mostraba una informalidad cercana al 55% del total de ocupados en ese mismo año.

Esa acción provocó pérdidas en aquellos bancos que trataron infructuosamente de incursionar en la administración financiera privada del fondo de pensiones de seguridad social. Sin embargo, gracias a la Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (MDRI por sus siglas en inglés) impulsada por el entonces Secretario del Tesoro de Gran Bretaña, Gordon Brown, en la Cumbre de Gleneagles, Escocia, el 8 de julio de 2005, Nicaragua recibió la condonación de US$1,613 millones de su deuda externa con el FMI, el BM/IDA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en que se incluía la deuda contratada para ejecutar esa reforma estructural fallida desde sus inicios.

He traído ese pasaje de nuestra historia económica-financiera del pasado reciente al presente porque ahora vuelve a ponerse en la picota la discusión de la reforma del fondo de pensiones de seguridad social, que se caracteriza, según datos públicos aún sin discusión alguna, por ampliar gradualmente la edad de jubilación de 60 a 65 años; duplicar el número de semanas de cotización de 750 a 1,500, o sea de 15 a 30 años de cotización, para asegurar la pensión completa; elevar la tasa de cotización del empleado de 6.25% a 12% del salario manteniéndose constante la tasa de cotización del patrón en 16%; la pensión a ser recibida será igual al promedio de todos los salarios con los que ha cotizado el trabajador, en vez del promedio salarial de los últimos 5 años, como es en la actualidad.

Esta propuesta del FMI para Nicaragua, que aparece en la página web del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es similar a la que está impulsando el policía financiero internacional en Europa, dada la crisis del déficit fiscal y la deuda pública que está acompañada de un elevado desempleo en los países de la Eurozona. Nunca será apropiado estandarizar o fotocopiar reformas estructurales de países con economías avanzadas o en vías de desarrollo en países calificados como pobres y muy endeudados en términos de producción, y parece que el FMI no aprende de sus errores como ya los tuvo en este campo en nuestro país a finales del siglo pasado.

Las autoridades nacionales deberían considerar que no se podría aprobar esta reforma basada exclusivamente en un estudio actuarial, que no se relaciona con ningún entorno económico en el mediano y largo plazo y que no toma en cuenta los severos problemas estructurales de la gran informalidad de nuestro mercado laboral –que en la actualidad abarca al 77% del mercado-, el elevado subempleo que cubre casi al 50% de los ocupados en 2011, la falta de educación técnica de los trabajadores –en 2009, el nivel promedio de escolaridad de la población urbana y rural es 6 años y 4.5 años de estudio respectivamente-, y la escasa transferencia de tecnología del Estado al 80% de las empresas del país, que son micros y pequeñas empresas – con puestos de trabajo muy precarios y muy expuestas a sufrir los efectos de los choques externos-.

La cobertura de la seguridad social ha disminuido en nuestro país recientemente. En 2011, nuestro mercado laboral con 2 millones 997 mil personas económicamente activas y un número promedio de trabajadores activos asegurados de 578,340 personas, señalan que la seguridad social cubrió sólo el 19.3% de la población económicamente activa del país (PEA)  e indica una caída de 2 puntos porcentuales de la PEA con respecto a su nivel observado en 2008, un año antes de la caída de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país por los efectos de la recesión económica mundial.

Miguel Savastano, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, aseguró que la reforma a la Ley de Seguridad Social de Nicaragua es un tema prioritario, particularmente lo referido a la edad de la jubilación; sin embargo, lo invito a reflexionar en el contenido de los siguientes tres párrafos y sobre los grandes retos de cómo diseñar y aplicar políticas públicas que reduzcan la informalidad del mercado laboral, y cómo podrían apoyar el 11% de las empresas del país, que corresponde a la gran empresa, para avanzar en la formalización del mercado laboral, comenzando con la fácil cooperación de que se establezcan métodos sencillos de contabilidad en la porción del 77% de las empresas del país que se encuentran sumergidas en la informalidad, para encaminarlas al pago de los tributos y de las contribuciones de la seguridad social.

El Estado de la Región, un organismo no gubernamental con sede en San José, Costa Rica, del cual soy miembro de su Consejo Consultivo, en su Cuarto Informe en Desarrollo Humano Sostenible señala que en los países centroamericanos tenemos proporcionalmente muchos menos niños y adolescentes que hace 10 años. En las últimas décadas la población en edad productiva creció rápidamente y una buena parte del crecimiento económico que experimentó la región en las últimas décadas no se debió a mejoras en la productividad sino a que agregamos cada vez a más personas al mercado de trabajo. Esa ventaja la perderemos en los próximos veinte años.

La primera implicación de esa transición de demográfica es que si queremos crecer económicamente en el futuro vamos a tener que hacerlo mediante mejoras importantes en la productividad; ya no tendremos el lujo de crecer sobre la base de agregar gente a la actividad económica. La segunda implicación es el envejecimiento, ya que todas las sociedades de Centroamérica, con mayor o menor intensidad, están envejeciendo y, a una generación plazo, tendremos una estructura demográfica muy similar a las envejecidas sociedades europeas y de Japón, que están experimentando serios problemas para lograr mantener su estado de bienestar. En otras palabras, dentro de 20 años en nuestros países centroamericanos entre un 20% y un 25% de la población tendrá 60 años o más. Imaginemos lo que será llegar a la siguiente situación demográfica: sociedades envejecidas como las europeas con niveles de productividad como las del tercer mundo. Una ecuación imposible. ¿Cuál sería la opinión que tendría el FMI sobre la falta de aprovechamiento del bono demográfico y su propuesta del rescate financiero del INSS? ¿Elevar la edad de jubilación sería la solución de esa ecuación?

Adicionalmente, si tomamos en cuenta que en las zonas rurales y urbanas de Nicaragua el 48% y el 39% del total de jóvenes nicaragüenses con edades de 12 a 24 años en ese mismo orden, con un alto sesgo femenino, son llamados “ni-nis”, es decir, que no estudian ni trabajan y cuyo futuro será no sólo la pobreza y la doble exclusión por el Estado y el Mercado, sino también una bajísima productividad, ¿persistiría el FMI con su propuesto rescate financiero del INSS, a sabiendas que la economía nacional habrá perdido una importante parte del capital humano que a una generación plazo requerirá para enfrentar el desafío demográfico arriba planteado? Creo que los altos cargos técnicos del FMI deberían meditar un poco más al respecto, porque toda la economía, en esas condiciones, iría a la quiebra.





No hay problemas con la Consulta del Artículo IV

22 04 2012

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará a Nicaragua en la primera semana de mayo para evaluar el comportamiento de la economía nicaragüense en 2011 e iniciar conversaciones sobre las reformas estructurales pendientes con la recaudación de impuestos, el fondo de pensiones de seguridad social, el empleo en el gobierno central y la tarifa de energía eléctrica. Talvez en julio o agosto comiencen las negociaciones del quinto programa económico trienal de Nicaragua, cuya suscripción en este año aseguraría los desembolsos de US$45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyo presupuestario y, a lo sumo, otros US$20 millones del FMI para apoyo a las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN).

 

Nicaragua siempre aprobó excelentemente los exámenes de metas y reformas económicas del FMI en los cuatro años pasados, excepto durante unos meses en que se congeló el diálogo macroeconómico cuando el gobierno introdujo, al margen del presupuesto nacional, un bono salarial para los empleados públicos financiados con recursos del ALBA. Ahora Nicaragua volverá a aprobar la revisión económica en la conclusión de la Consulta del Artículo IV. ¿Por qué? Veamos.

El saldo de las reservas internacionales brutas del BCN de 1 mil 892 millones de dólares al 31 de diciembre del año pasado era igual a 2.38 veces el saldo de la base monetaria, es decir de los saldos de la emisión de dinero y del encaje sobre los depósitos en córdobas, superando el límite inferior de 2.2 veces y asegurando la condicionalidad de estabilización macroeconómica, la cual se manifestó con una brecha de apenas 0.24% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero, aunque debe mencionarse que la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas era de 28.7%, muy alta sobre la legal de 12% diaria, que obedecía a la estrategia bancaria de mantener una excesiva liquidez y sacrificar su tasa de ganancia después de dos años de la última recesión económica.

La economía creció 4.7% sin el apoyo bancario, gracias al empuje de la inversión en construcción y maquinaria  equipo –la inversión extranjera directa pasó de 508 millones de dólares en 2010 a 968 millones en 2011-; la tasa de inflación anual fue de un dígito e igual a 8%, lo cual provocó un deterioro de 3.2% del salario promedio mensual nacional, y el 92% de dicho salario fue absorbido por la compra de 23 productos alimenticios de la canasta de 53 productos de consumo básico; y el 49.1% de la población económicamente activa (PEA) estaba subempleada y el 6.3% de la PEA estaba desempleada, es decir, el número de subempleados y desempleados ascendió a  2 millones 216 mil personas, mientras que el 77.2% de los ocupados laboraban en el mercado informal; en otras palabras, 2 millones 344 mil personas tenían dificultad para encontrar un puesto de trabajo decente.

En 2011 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 1 mil 302 millones de dólares –el talón de Aquiles de nuestra economía porque el régimen cambiario imperante desde el 10 de enero de 1993 castiga al exportador-, es equivalente al 18% del Producto Interno Bruto (PIB) y ya está disminuido en 912 millones de dólares por las remesas familiares, fue financiado con la ayuda oficial de 503 millones de dólares, la asistencia financiera de Venezuela de 609 millones de dólares y el flujo de inversión extranjera directa ya mencionado de 968 millones de dólares.  El déficit comercial externo subió de 25% del PIB en 2010 a 28% del PIB en 2011, no obstante el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB y el valor neto de la maquila sumaron 2 mil 755 millones de dólares al observarse un aumento de 18% en los precios internacionales de nuestros productos.

A finales del año, el saldo “contable” de la deuda pública externa era igual a 4 mil 84 millones de dólares y a 56% del PIB, y aún encierra alrededor de 1 mil 600 millones de dólares pendientes de reestructuración  en el marco de la Iniciativa HIPC con 8 países que no son miembros del Club de París, entre los que se destacan Costa Rica, Libia, Honduras e Irán. Mientras cada nicaragüense tiene un ingreso promedio anual de 1 mil 297 dólares, también tiene una deuda “contable” con sus acreedores externos de 694 dólares y otra deuda “efectiva” de 199 dólares con sus acreedores internos.

Sin incorporar la cooperación internacional destinada al presupuesto nacional, lo más importante en el ámbito de las finanzas públicas es la reducción del déficit del presupuesto nacional hasta 1.3% del PIB y, tomando en cuenta sólo las donaciones externas para los programas y proyectos gubernamentales, dicho déficit se transformó en un superávit igual a 0.6% del PIB. Este resultado, sin duda alguna está asociado con el manejo extrapresupuestario de la deuda privada contraída por ALBANISA con Venezuela, aunque también debe reconocerse que la presión tributaria, o sea la porción de la producción que el gobierno central se apodera en concepto de impuestos, subió 6 décimas porcentuales del PIB hasta 19.4% del PIB debido a la continua ampliación de la base tributaria y la reforma tributaria vigente desde el 1 de enero de 2010, que gravó por primera vez a las rentas del capital.

Sin embargo, desde Washington Nicolás Eyzaguirre, director del FMI para Nicaragua, aconseja “reconstruir sus colchones financieros” para evitar la falta de liquidez mediante el aumento de la recaudación de impuestos, y Miguel Sabastano, subdirector del FMI para Latinoamérica, insistió en reformar el sistema de pensiones, incluyendo el aumento de la edad de jubilación, una carga fiscal que en un momento hay que pagar.

Aconsejo al gobierno de Nicaragua que continúe consolidando nuestra soberanía fiscal, una tarea que se inició en 2007, y proponga al FMI variantes para enfrentar el problema financiero que visualizan desde Washington si desacelera más la economía estadounidense por la crisis de la eurozona, lo cual podría provocar la disminución de los recursos fiscales, incluyendo el financiamiento del pago de pensiones. Entre esas variantes propongo a nuestros servidores públicos buscar cómo reducir la informalidad de nuestro mercado laboral -con la mutua cooperación del sector formal de la economía-, buscar una mayor equidad en el cobro de impuestos –el que tiene más paga más impuestos, el que tiene menos paga menos impuestos y los que tienen lo mismo pagan los mismos impuestos-, y garantizar los estímulos tributarios, definiendo su temporalidad, a las actividades económicas que reduzcan el subempleo y el desempleo y propicien un acelerado crecimiento económico –sin aceptar dócilmente el pensamiento fiscal de la neutralidad tributaria del FMI-.

No hay que olvidar en estas próximas negociaciones del gobierno, que el FMI impulsó e impuso el Consenso de Washington con instrucciones del Grupo de los 7 (G-7), pero ese Consenso fue enterrado en los países de economías avanzadas a raíz de la caída de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008 y, además, se observó su fracaso en Latinoamérica. Por algo el G-7 tuvo que  implementar la Iniciativa HIPC que se concedió a los 53 países pobres y más endeudados del mundo, debido a la cuantiosa deuda externa contratada por esos 53 países con instituciones financieras multilaterales para financiar las reformas estructurales que emanaron desde el Consenso de Washington.





La ignorancia es atrevida, más si es supina

19 04 2012

Sorprendente y supina la declaración de Eduardo Montealegre de que Bayardo Arce, asesor del presidente de la Republica, por ser un asesor económico, no pueda opinar ni asesorar políticamente, a sabiendas que el asesor presidencial también es un experto político del FSLN, con mucha más experiencia que la que tiene el líder del movimiento político personal. Cualquier nicaragüense puede emitir su opinión y ser respetado, aunque esté equivocado, eso es democracia, pero la soberbia siempre se burla de la razón.

Sin embargo, sorprende mucho más el argumento estólido de Eduardo Montealegre que en el caso que el PLC sea convocado al diálogo nacional, tal como lo dio a entender el asesor presidencial, “no se van a elegir a hombres y mujeres honestos, respetuosos de la Leyes en las diferentes instituciones del Estado”, porque él es deshonesto, irrespetuoso de las leyes, evasor de la justicia, violador de los derechos humanos y abusador de la inmunidad que goza por su cargo de diputado, todo lo cual es de fácil demostración con la aritmética financiera.

El problema de los nicaragüenses no se reduce al plano político, sino también que es económico y social, que cruzan, entre otros, la gobernabilidad, la institucionalidad, el subempleo, el desempleo, la pobreza, la educación, la salud y la inseguridad, pero la miopía política del autonombrado líder de la oposición sólo persigue su objetivo de no comparecer el juzgado, acusado por la Fiscalía General de la República, para aclarar a la Nación y al Juez sus acciones inapropiadas en la reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones de 4 bancos y las subastas de los activos de esos bancos que se realizaron en el Banco Central de Nicaragua, las cuales golpearon económicamente al Presupuesto Nacional y a los nicaragüenses.

 





Concertación nacional, sí; diálogo personal, no

17 04 2012

Ayer al mediodía compartí con distinguidos empresarios nicaragüenses mis consideraciones sobre el gigantesco y notable trabajo del Cuarto Informe del Estado de la Región publicado en octubre de 2011, un organismo no gubernamental que dirige el apreciado colega Sr. Miguel Gutiérrez Saxe, un informe desde Centroamérica y para Centroamérica que fue presentado por mi amigo y colega costarricense Alberto Mora, coordinador de esta investigación, en el cual se da conocer la realidad política, económica y social de los países centroamericanos en el trienio 2008-2010 y que fue comentada por el Dr. Mauricio Herdocia, rector de American College, y este servidor que es miembro del Consejo Consultivo de dicho organismo no gubernamental cuya sede se encuentra en San José, Costa Rica.

Compartiré con ustedes, estimados lectores, los motivos que me han impulsado a proponerles, inspirado en la radiografía del ambiente centroamericano y de nuestra realidad nacional, que en Nicaragua es necesaria y urgente una concertación nacional, fundamentada en un diálogo gubernamental con todos los partidos políticos y las organizaciones de la Sociedad Civil, para la búsqueda de soluciones compartidas sobre problemas que nos afectan a todos.

No debemos perder el tiempo, en el mejor de los casos, en un diálogo entre dos bancadas legislativas, que en las elecciones nacionales representaron sólo al 62% de la población apta para votar el 6 de noviembre de 2011 y al 40% de la población total del país en 2011 y, en el peor de los casos, un diálogo entre dos –uno de ellos un líder de un movimiento político personal que no tiene partido político, que es un evasor de la justicia y que con su notable soberbia pretende arrogarse la representatividad de la oposición política- que se limitaría a la repartición de cargos y prebendas, con más razón si se hace en forma secreta y opaca tal como lo sugieren ciertos políticos y empresarios nicaragüenses.

La tarea de los políticos nicaragüenses realmente comprometidos con el pueblo no es grata, sino preocupante y llena de múltiples retos. En esa concertación nacional, los grandes principales problemas que se pondrían sobre la mesa de solución, no sobre una mesa de negociación como lo visualizan los miembros de la bancada minoritaria de la Asamblea Nacional, serían los siguientes:

¿Existe un concepto compartido de la crisis entre los agentes políticos económicos y sociales de nuestro país los países? ¿Se oculta la gravedad de la crisis para no provocar pánico o se tiene la voluntad política de imprimir una mayor transparencia al mensaje para la población?

¿Cómo cesar la hostilidad democrática, fortalecer la gobernabilidad, garantizar la transparencia y consolidar la institucionalidad?

¿Cómo reducir la exclusión del Estado y del Mercado de 610 mil niños y adolescentes que no asisten a la educación preescolar, primaria y secundaria, 488 mil personas sin acceso a los servicios de salud, y 1 millón 600 mil personas ocupadas que no cuentan con seguridad social y que tienen problemas para encontrar un puesto de trabajo formal? ¿Cómo reducir el 77% de informalidad del mercado laboral?

¿Cómo reducir los problemas de la economía ilegal, el narcotráfico, la corrupción y la inseguridad en estos momentos que nos amenaza una crisis económica mundial una alta exclusión social nacional?

¿Cómo disminuir las inequidades en la distribución del ingreso, la distribución del consumo y la distribución de la carga tributaria y eliminar las barreras de exclusión política para los grupos de población vulnerable que se concentra en el 43% de la población total del país? ¿A cuáles grupos se les protegerá más, cómo y cuándo se hará y quién pagará los costos?

¿Cómo aprovechar el bono demográfico y elevar la productividad de la economía? ¿Cómo producir más alimentos y reducir la inseguridad alimentaria? ¿Cómo mitigar los efectos del cambio climático?

¿Cómo ampliar la base de contribuyentes y reducir la regresividad del sistema tributario? ¿Cómo garantizar la construcción de viviendas dignas de interés social?

¿Cómo elevar el nivel de escolaridad promedio nacional y continuar reduciendo la tasa de desnutrición infantil y la tasa de mortalidad materna e infantil?

¿Cómo apoyar con educación técnica y tecnología a la microempresa y a la pequeña empresa, incorporar a la mujer como gestora de los recursos familiares, y eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres que ocupan cargos de trabajo similares?

¿Cómo promover la competitividad empresarial y el comercio con nuestro mercado natural que es el centroamericano? ¿Cómo impulsar programas y proyectos regionales para avanzar en la integración centroamericana?

¿Son limitadas las maniobras fiscales de los gobiernos de los países del istmo? ¿Seguirán impulsándose políticas populistas que pagan al contado en el presente e hipotecan el futuro?

¿Se corregirá el mercado libertino y se fortalecerá el mercado libre? ¿Persiste aquel paradigma “dejad hacer, dejad pasar”? ¿Hay fallas de regulación estatal? ¿Continuaremos haciendo “más de lo mismo” para contrarrestar la crisis?

¿Vamos a tanto Mercado como resulte posible o vamos a tanto Estado como sea imprescindible, y quién pone la línea divisoria?

Comparto plenamente la necesidad de que se logre un acuerdo político duradero, que sea avalado por todas las organizaciones políticas y sociales del país, que sobreviva a los cambios de gobiernos. La lección de ayer es también la de hoy y las preguntas de ayer son válidas hoy, porque continuamos en crisis.

Habrán más interrogantes, pero estoy convencido que estos problemas nacionales no podrán ser abordados por dos bancadas legislativas que representan, por el número de sus votos en las elecciones nacionales, al 40% de la población total del país y al 62% de la población votante el año pasado, me refiero a los nicaragüenses con 16 años y más de edad.





La economía y la política van de la mano

14 04 2012

A finales de marzo de este año, el crecimiento económico promedio anual de Nicaragua de 5.6%, muestra una desaceleración de 2 puntos porcentuales en relación con el desempeño productivo del mismo período del año pasado, pero continúa siendo notable porque la dinámica inversionista nos ha alejado del estadio de crecimiento de entre 3% y 4% al que estábamos acostumbrados (y agotados) a permanecer a lo largo de casi 20 años.

En el primer trimestre también se desaceleró el ímpetu de un diálogo político personal entre el presidente de la República, Daniel Ortega, y el líder de un movimiento político personal, Eduardo Montealegre, no obstante la alianza electoral PLI, a través de Fabio Gadea, atrajo al 31% de los votantes, es decir, 778,789 personas, incluso de nicaragüenses que no militan en organizaciones partidarias, los llamados votantes independientes.

Por otro lado, se aceleró el crecimiento de los precios al consumidor, de tal forma que en términos interanuales la inflación en marzo fue de 8.6%, pero los precios de alimentos y bebidas se aceleraron más hasta 10.9%, lo cual deterioró el poder adquisitivo y el bienestar de gran parte de los trabajadores, ya que el bono salarial a los empleados públicos beneficia al 15% de las familias nicaragüenses.

El diálogo político que necesita nuestra Nación no debería ser personal sino nacional, y si se presentara la opción de que fuese entre dos personas, y además secreto como dicen ciertos políticos y empresarios, sería entre personajes casi pares pero no dispares tal como los observo en las aceras de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Bancada Democrática Nacional (BDN).

Los precios internacionales de los bienes primarios, entre ellos los alimentos y los combustibles, espoleados por la especulación financiera golpean los bolsillos de los asalariados en el mercado local, porque el 92% del salario promedio nacional se destina a la adquisición de los 23 productos alimenticios que integran la canasta de 53 productos de consumo básico, cuyo costo en marzo fue de 10 mil 94 córdobas y acusó una tasa de inflación interanual de 8.1%.

Y también se aceleró el apoyo de empresarios y de ciertos políticos para que el líder del movimiento político personal fuese el “representante” de la oposición política del FSLN para la búsqueda de consensos, ¿cuál oposición política y cuáles consensos?, en una jugada desesperada porque el presidente de la República no ha dado muestras, ni creo que las dará en el corto plazo, de establecer conversaciones con los que se le oponen ¿con quiénes?, si los políticos autodenominados demócratas, que están sentados en sus curules devengando 5 mil dólares mensuales y otras jugosas prestaciones, han dado muestras de no entenderse al tratar de evitar que el ungido líder de la oposición, con su diálogo personal y secreto, busque prebendas y posiciones públicas –ya comienzan a llamarlas migajas- para sus allegados.

La estabilización macroeconómica se mantuvo garantizada en el primer trimestre de este año, gracias a la colaboración de los banqueros con el gobierno para aumentar las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN). Al 31 de marzo de este año, dichas reservas sumaron 1 mil 932 millones de dólares y aumentaron 40 millones de dólares en el primer trimestre del año gracias a que los banqueros trasladaron 73 millones de dólares de sus cajas a las bóvedas del BCN, de tal forma que a finales de marzo representaron 2.6 veces el saldo de la base monetaria, que es 4 décimas mayor que la condicionalidad de 2.2 veces suscrita entre el gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No hay riesgos de especulaciones cambiarias en el corto plazo, porque observo un excelente espíritu de colaboración del gran capital financiero radicado en el país.

Y el ambiente político ha estado bastante estable como la macroeconomía, porque la BDN aprueba solícitamente las propuestas legislativas de la bancada del FSLN y, además, los partidos políticos que no están en el poder continúan desangrándose mientras el FSLN los observa complacido desde el palco, mientras que el líder del movimiento político personal ya no muestra públicamente sus inconformidades y espera pacientemente que lo llamen desde la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero estimo que lo llamarán desde la acera de la bancada mayoritaria o calificada de la Asamblea Nacional porque no tiene base partidaria ni partido político, para poder representar a la mayoría de los nicaragüenses. No hay riesgos de especulaciones políticas en el corto plazo, porque no se observa ni un ápice de colaboración entre los políticos de oposición, mucho menos la existencia de una oposición política organizada y sólida.

Lo que no perciben, mucho menos comentan, aquéllos que están ansiosos del diálogo personal secreto es que el principal problema político en el campo económico es el subempleo, el desempleo y la pobreza, aunque se han limitado a manifestar su “preocupación” de que miles de nicaragüenses duermen sin comer. En 2011, 1 millón 662 mil personas económicamente activas tenían dificultades para encontrar un puesto de trabajo formal y el 77% de los ocupados, un porcentaje creciente en los últimos 5 años, trabaja en el mercado informal.

Sorpresivamente, el BCN señaló recientemente que en 2011 el 6.3% de la población económicamente activa es desempleada abierta (es decir, no trabaja ni un segundo en el año), por lo cual teóricamente se podría deducir que en Nicaragua casi no hay desempleados abiertos (con una tasa de desempleo abierto de 4% existe pleno empleo). Considero que un acuerdo político resultante de un diálogo nacional, mas no personal, debería buscar soluciones a este grave problema de los nicaragüenses. Ese consenso nacional también debe fortalecer la gobernabilidad, es decir la capacidad del Estado para resolver los problemas políticos, económicos y sociales con la mayor transparencia posible y con la plena participación de la Sociedad Civil. No en secreto, como esgrimen ciertos políticos y empresarios.

Sin embargo, ¿aceptarían ese millón 662 mil de nicaragüenses, o sea el 28% de la población total del país, que el líder de un movimiento político personal los represente en un diálogo personal con el presidente de la República para resolver sus problemas? Estoy seguro que no por las credenciales de Eduardo Montealegre de ser un impune y un violador de los derechos humanos más de nuestro país, al mantenerse arropado en la inmunidad de su cargo público, evadir la Justicia y no aclarar a la Nación y al Juez sus acciones inapropiadas en la reestructuración de la deuda pública asociada con los CENIs Bancarios y en las subastas de activos de cuatro bancos liquidados, que son de fácil demostración con la aritmética financiera, y al no retractarse, tal como lo manda nuestra ley, por haberme injuriado y calumniado al tildarme como defraudador del Estado de Nicaragua, porque le agrada abusar de su inmunidad de diputado, antes constitucional y hoy electo.

Es muy difícil o imposible que gran parte de los nicaragüenses confíen en un presunto delincuente, como es Eduardo Montealegre, para que los represente en un diálogo nacional, mucho menos personal, con el presidente Daniel Ortega.





Reservas igual a más deuda externa e interna

7 04 2012

Las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN) cerraron en marzo de este año con un total de 1 mil 932 millones de dólares, que fue superior al del mes precedente en un monto de 154 millones de dólares, un máximo histórico.

El aumento de esas reservas en marzo se debió a otro aumento de 160 millones de dólares en el mismo mes del saldo de encaje efectivo sobre los depósitos en dólares que los banqueros llevan al BCN, cuyas tasas de encajes efectivas diaria de 22% y catorcenal de 19.7% es producto de la hiperliquidez del sistema financiero, que está asociado con la deuda externa privada proveniente de Venezuela y no con los “ahorros del país” como dijera el ex presidente del BCN, Mario Arana.

¿Cómo un país pobre y aún muy endeudado en términos de producción podrá ahorrar divisas, si el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos ha oscilado entre el 13% y el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 11 años y la tasa de interés del sistema bancario local no fomenta la atracción del ahorro financiero?

Las reservas internacionales de Nicaragua se fundamentan sobre la deuda pública externa e interna, tanto pública como privada, registrándose en la pública interna la de corto plazo emitida por el BCN. Veamos por qué. Del total de reservas internacionales brutas arriba mencionado,

i)               179 millones de dólares se adeudan al FMI y son intocables para las autoridades del país al estar asignadas exclusivamente al “fortalecimiento” de la posición de las reservas internacionales del país.

ii)             173 millones de dólares que incluyen 164 millones de dólares correspondientes al préstamo contingente del FMI que fue entregado a Nicaragua en agosto de 2009 para enfrentar cualquier crisis de iliquidez de reservas debido a la recesión económica mundial, de acuerdo con instrucción del Grupo de los 20 (G-20) en su Cumbre de Londres en abril de 2009; el resto, 9 millones de dólares, es muy probable que son certificados de depósitos de sociedades extranjeras.

iii)           596 millones de dólares pertenecen a los depositantes de dólares del sistema financiero nacional, en concepto de encaje sobre esos depósitos, entre ellos los de ALBANISA que corresponden a la deuda privada externa con Venezuela.

iv)           102 millones de dólares pertenecen también a los depositantes de dólares del sistema financiero nacional, en concepto del Fondo de Garantía de los Depósitos.

Los montos indicados en los cuatro acápites anteriores totalizan 1 mil 50 millones, que pertenecen al FMI y a los depositantes de dólares en el sistema financiero nacional.

El remanente de 882 millones son reservas del sector público, principalmente del Gobierno Central por los préstamos atados que financian sus los proyectos y programas, así como por su esfuerzo fiscal de proteger la posición de dichas reservas con el aumento de sus depósitos en el BCN, un esfuerzo que no se debería perder en el corto y largo plazo.

Cabe agregar que el saldo de la deuda de corto plazo emitida por el BCN con las subastas de sus Letras Estandarizadas ascendía a 137 millones de dólares al 31 de marzo de este año, por lo cual el remanente antes mencionado que pertenece al sector público se reduce a 745 millones de dólares. Es obvio que cuando se rediman esas Letras, los inversionistas financieros convertirán los córdobas con mantenimiento de valor en dólares.

Si agregamos al remanente de 882 millones de dólares los 173 millones indicados en el acápite (ii), que como dijimos incluyen el préstamo contingente del FMI y los certificados de depósitos de sociedades extranjeras, obtenemos un dato aproximado (por efectos de redondeo) a 1 mil 56 millones de dólares, que corresponden a las Reservas Internacionales Netas Ajustadas (RINA), las cuales han caído 33 millones de dólares en el primer trimestre del año en curso.

Es por eso que los servidores públicos deben continuar cuidando las reservas internacionales del país, especialmente el presidente del BCN, lo cual también no se puede perder en el corto y largo plazo porque siguen representando el talón de Aquiles de nuestra economía, aún cuando hoy, en términos brutos, representan 2.6 veces el saldo de la base monetaria registrada el pasado 31 de marzo, un nivel que está 4 décimas por arriba de la condicionalidad establecida con el FMI que garantiza la estabilidad macroeconómica del país.

Debido a que el FMI realiza evaluaciones trimestrales de la economía nacional, no me es extraño que el saldo del encaje en dólares aumentó en la cuarta semana de marzo en la mitad de su aumento mensual, y tampoco me extrañaría que en los primeros días de abril se reduzca cuando los banqueros retiren parte del sobre encaje en dólares en poder del BCN.

No dudo que los banqueros continuarán colaborando con el gobierno para mantener una saldo de reservas internacionales brutas de al menos igual a 2.2 veces el saldo de la base monetaria, en un año que la ventanilla de préstamos concesionales de divisas líquidas de libre disponibilidad del FMI para “fortalecer” la posición de las reservas, y la del BID para apoyo presupuestario, permanecerán cerradas hasta que el Gobierno de Nicaragua suscriba el quinto programa económico trienal, el Programa “Servicio de Crédito Ampliado 2012-2015”, con el FMI.