Saber sumar y restar

En medio de la creciente incertidumbre del escenario económico de Nicaragua en los últimos 68 días, espoleada por la crisis política imperante desde el 18 de abril de este año, la política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) entró al terreno de proveer más liquidez en córdobas y en dólares a las instituciones financieras, provocada por el creciente retiro de los depósitos del público no bancario, pero guardando con bastante celo la condicionalidad de que el saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) sea igual, al menos, a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, o sea, 2.5 veces la suma del saldo de dinero (córdobas) emitido por el BCN y del saldo de encaje sobre los depósitos en córdobas que los grupos financieros llevan al BCN.

Lo único que le interesa al BCN es la administración “adecuada” de las RIB para garantizar la estabilidad tanto del córdoba -nuestra moneda oficial apenas domina el 23% del mercado-, como de la tasa de inflación, que hoy se concentra en los gastos para la adquisición de alimentos, medicamentos, combustibles y servicio de telefonía celular.  Reitero la administración “adecuada”, porque al BCN, cuya ley no le mandata asegurar el pleno empleo, no le preocupa el costo de mantener la estabilidad macroeconómica, o sea, la desaceleración del crecimiento económico, incluso la recesión económica que se visualiza si persiste la inestabilidad política en el segundo semestre de este año, el desplome de la inversión real fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) y la destrucción de puestos de trabajo formal.

En un artículo económico que escribí anteriormente, había indicado que el máximo del saldo de los depósitos en dólares en las instituciones financieras se registró el 12 de abril del año en curso, con un total de US$4,115 millones. Con base en datos oficiales, entre esa fecha y el 20 de junio recién pasado se observó una caída de US$591 millones, igual a 14.4% del máximo antes mencionado y equivalente a 14 días de producción de bienes y servicios esperada antes de la crisis política en este año.

Para facilitar una mayor liquidez en dólares a las instituciones financieras, el BCN bajó la tasa de encaje legal diaria de 12% a 10% el 18 de este junio, lo cual significó en ese momento un monto de US$77 millones. Con esa reforma de la política de encaje legal, el BCN estaba enviando el mensaje a los depositantes que fortalecía la disponibilidad de dólares en las cajas de las empresas financieras. Ese mensaje hubiera sido más vigoroso si el BCN hubiese informado que los grupos financieros mantenían, en las arcas del BCN, un importante excedente de encaje sobre el monto requerido legalmente.

Al 20 de junio, ese excedente era de US$357 millones, que sumado al encaje requerido de US$360 millones arrojó un encaje observado de US$717 millones con una tasa de encaje efectiva de 19.9%, casi 10 puntos porcentuales por arriba de la tasa de encaje legal. Cabe aclarar que a medida que los depositantes retiran sus depósitos en dólares, el saldo de encaje en dólares observado también tendría que disminuir.

Sin embargo, el BCN persiste en continuar vendiendo dólares a los grupos financieros, con lo cual disminuye el saldo de las RIB. ¿Por qué?

Con la venta de dólares al sector privado en la mesa de cambios, el BCN recibe córdobas, es decir, al sacar córdobas del mercado disminuye la demanda de divisas de parte de los agentes económicos. En otras palabras, con su política monetaria contractiva, descalibrada en ciertos momentos, el BCN, disminuye el saldo de emisión de dinero y, por ende, el saldo de la base monetaria. Así, el BCN se siente aliviado al mantener a toda costa la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, pero a costa de una mayor desaceleración del crecimiento de la producción.

Al 21 de junio, las RIB habían caído US$99 millones en este año y su saldo de US$2,659 millones equivalía a 2.79 veces la base monetaria (M0), y ésta ha disminuido C$3,084 millones a la misma fecha antes mencionada. Por consiguiente, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, RIB/M0, es igual a 2.79, que está por arriba del nivel mínimo de 2.5, con lo cual se puede demostrar que el BCN tiene un buen control contable sobre las reservas internacionales y la base monetaria.

Eso es lo único que puede hacer el BCN en este escenario económico crítico: manteniendo la libre convertibilidad, la autoridad monetaria debe saber sumar reservas y saber restar base monetaria, con las restricciones de un menor flujo de exportaciones de bienes y servicios, una fuerte reducción de la inversión extranjera directa y un creciente, pero aún controlable, déficit fiscal. Cabe agregar que la disminución prevista de los valores de las exportaciones y de la inversión extranjera directa en este año se neutralizará parcialmente por el flujo de la cooperación oficial multilateral destinado principalmente a la ejecución de proyectos de inversión pública.

Ese juego de suma y resta tiene su límite. Ese límite está dado por el monto US$1,661 millones en concepto de reservas internacionales ajustadas (RINA), que corresponden al resultado del esfuerzo fiscal para aumentar las reservas internacionales administradas por el BCN.

Las RINA, que representan el 62% de las RIB, mostraron una caída de US$141 millones en el transcurso del año hasta el 21 de junio, mientras que las ventas netas de dólares del BCN al sector privado en la mesa de cambios, o sea, ventas menos compras, fue del orden de US$172 millones. Se puede concluir que la caída de las reservas internacionales se explica principalmente con las ventas de dólares del BCN a las instituciones financieras en la mesa de cambios.

No hay que esperar que la economía de Nicaragua se desplome. Entonces, la pregunta clave es: ¿En cuánto tiempo podría agotarse el saldo de la RINA de US$1,661 millones? Depende del tiempo en que se resuelva la crisis política en la mesa del Diálogo Nacional. Siempre confío en que el diálogo, honesto y constructivo, es la única vía para que los nicaragüenses podamos resolver el conflicto nacional. Mientras más pronto, mejor.

La avidez por la liquidez

Desde hace varios años, las reiteradas comunicaciones oficiales sobre los aumentos de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y sobre la fortaleza de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país me ayudaron a acuñar la frase que “la macroeconomía estaba muy bien, pero es frágil”, pero la palabra “frágil” la cambié por “muy frágil” después del desplome del crédito petrolero de Venezuela a partir de mayo de 2016.

La salida de Venezuela del mapa de la cooperación oficial de Nicaragua eliminó el escudo protector de las reservas internacionales del país y puso en riesgo la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Desde ese momento, los anuncios del presidente del BCN, Ovidio Reyes, no mencionaban los factores que mantenían la estabilidad macroeconómica sin los recursos venezolanos, entre los que se destacaban la severa contracción de los córdobas que circulaban en el mercado y el flujo neto de la inversión extranjera directa, pero también se observaban los depósitos muy temporales, con plazos menores de una semana, de importantes montos excedentarios de encaje sobre los depósitos en dólares puestos en las arcas del BCN y, más recientemente, las también importantes compras de dólares del BCN al sistema financiero en la mesa de cambios. Cabe agregar que la ley faculta al BCN a comprar y vender moneda extranjera en la mesa de cambios.

El 15 de junio recién pasado, el BCN anunció dos cambios en la política de encaje legal que estarán en vigor a partir del 18 de junio, con los fines de “promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero” y “facilitar la administración de la liquidez diaria de las instituciones financieras”, pero el presidente del BCN no explicó las causas de la disminución de la tasa de encaje legal diaria de 12% a 10% ni de la reducción del plazo catorcenal a semanal para el cumplimiento de la tasa de encaje legal de 15%.

La disminución de la tasa de encaje legal diaria de 12% a 10% provee mas liquidez, tanto en dólares como en córdobas, a las instituciones financieras, porque en vez de que se cumpla el mandato de mantener en el BCN, al menos, el 12% del total de los depósitos en ambas monedas, ahora estarán obligadas a mantener, al menos, el 10%. Sin embargo, la tasa de encaje efectiva diaria de los depósitos en dólares era 19.3% al 13 de junio de este año, o sea, las instituciones financieras mantenían un excedente de US$279 millones en el saldo de encaje registrado en el BCN, monto que subiría en US$77 millones hasta US$356 millones con la nueva disposición monetaria.

Desde mayo y hasta antes del anuncio de la reforma de la política de encaje legal, el BCN sólo vendía y no compraba dólares a las instituciones financieras para garantizar el retiro de los depósitos en dólares del público no bancario. El 12 de abril de este año se registró el máximo de US$4115 millones del saldo de los depósitos en dólares en las instituciones financieras del país, y desde esa fecha hasta el 13 de junio ese saldo ha disminuido en US$534 millones hasta US$3581 millones; en otras palabras, la salida de depósitos en dólares en las entidades financieras ha sido igual al 13% del saldo máximo registrado en este año.

Por otro lado, antes de la crisis política del 18 de abril, el BCN había comprado US$94 millones a las entidades financieras en la mesa de cambios para “fortalecer” la posición de las reservas internacionales, pero desde mayo hasta el 14 de junio de este año el BCN sólo ha vendido US$232 millones a las instituciones financieras para facilitar el retiro de los depósitos en dólares del público no bancario. La venta neta de dólares del BCN causó una disminución del saldo de reservas internacionales brutas del orden de US$139 millones.

Al 14 de junio recién pasado, el saldo de las reservas internacionales brutas de US$2708 millones era equivalente a 2.73 veces el saldo de la base monetaria. La condicionalidad de la estabilidad macroeconómica exige, al menos, una equivalencia de 2.5 veces el saldo de la base monetaria, y no se visualiza un deterioro de dicha condicionalidad al saltar la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas de 21.1% el 12 de junio a 26.1% el 13 de junio, lo cual restringe la compra de divisas, la realización de importaciones, el gasto de consumo y el crecimiento económico ya golpeado por la crisis política.

La venta neta de US$139 millones del BCN a las entidades financieras también ha logrado contener una brecha promedio entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero para la venta de divisas en 0.92% en mayo y en 1.26% en los primeros doce días de junio, aunque su promedio en los primeros cuatro meses del año fue igual a 0.37%. Sin embargo, aún podemos afirmar que en Nicaragua no se practica una política de tipos de cambio múltiples.

Finalmente, la reducción del plazo de 14 a 7 días de la tasa de encaje legal de 15% nos da a entender que la autoridad monetaria y la supervisora del sistema financiero nacional mantendrán una vigilancia más cercana sobre la disponibilidad de divisas en las entidades financieras, con el propósito de anticipar y evitar posibles problemas de iliquidez de divisas. No olvidemos que la economía de Nicaragua está muy dolarizada extraoficialmente, al dominar el dólar el 67% de la liquidez global del mercado local, el 75% del total de los depósitos del público no bancario y el  88% de la cartera de préstamos en las entidades financieras.

En conclusión, la reforma de la política del encaje legal está en la vía correcta, porque el BCN está facilitando una mayor liquidez en dólares a las instituciones financieras para responder adecuadamente a la mayor presión de los retiros de los depósitos en dólares provocada por la crisis política imperante en el país.

Cabe también recordar que Nicaragua tiene disponible un préstamo de US$200 millones en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para resolver problemas de iliquidez en el sistema financiero nacional, pero la solución efectiva de estos problemas pasa por la buena voluntad de los participantes en la mesa del Diálogo Nacional.

Las calificaciones del riesgo de Nicaragua

El 8 de junio del año en curso,  Standard & Poor´s (S&P) confirmó la calificación soberana de largo plazo B+ y la calificación soberana de corto plazo B de Nicaragua, pero redujo su perspectiva de estable a negativa.

En otras palabras, S&P mantuvo la calidad dudosa y baja de la deuda soberana de Nicaragua, o sea, que la compra de un bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se considera una inversión sino una especulación de riesgo, mientras que la degradación de estable a negativa por los efectos de la crisis política sobre la economía y las finanzas ha dejado a la deuda soberana del país de cara a la calificación C, es decir, de cara al riesgo de que existe la posibilidad de no honrarla o pagarla.

Sin conocer los supuestos económicos y financieros de S&P, compartimos la opinión de que se ha desacelerado el crecimiento económico del país, pero discrepamos en la magnitud de esa desaceleración. En nuestra opinión, el desempeño productivo de bienes y servicios en el mercado local ya entró al plano negativo en este año, -0.8%, mientras que la agencia de calificación aún mantiene una tasa de crecimiento positiva de 1.5% para 2018.

Permanece descuidado el ciclo agrícola 2018/2019 y se desploma el turismo, el comercio y el transporte; se caen el gasto de consumo de las familias y el gasto de inversión privada por la desconfianza de los consumidores y los inversionistas; y también caen los volúmenes de bienes y servicios exportados e importados por la menor producción, la imposibilidad del libre tránsito de las mercancías en el territorio nacional y la contracción monetaria persistente desde mayo de 2016 para defender la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), al perderse su escudo con el desplome del crédito petrolero de Venezuela.

Una sorpresa del análisis reciente del S&P es que mantiene constante la tasa de desempleo de 2017 en 2018, es decir, en el nivel de 3.7% de la población económicamente activa (PEA), lo cual da a entender que la economía de Nicaragua está en pleno empleo no obstante la grave crisis política que impera en el país desde hace 54 días. Se prevé que, acorde con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) Real en este año, se destruirán al menos 98,700 puestos de trabajo formal, lo cual implica una tasa de desempleo abierto y equivalente asociado con el subempleo del orden de 26.1% de la PEA.

Otra sorpresa del mismo análisis es que S&P mantiene casi constante la tasa de inflación promedio anual de 3.9% de 2017 en 2018, al elevarla al nivel de 4.0%. Con la crítica crisis política, la contracción monetaria no podrá mantener una baja presión inflacionaria, porque los precios al consumidor se elevarán con la escasez de bienes de consumo y la especulación en el mercado local. Sin considerar una presión de la demanda de dólares en el mercado negro, es bastante probable que la tasa de inflación promedio anual tenderá a acercarse a la barrera del 10.0% anual en 2018.

Por otro lado, coincidimos con S&P en el comportamiento esperado de los déficit gemelos de la economía nicaragüense en este año.

Con respecto a 2017, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos sube casi en 3 puntos porcentuales del PIB hasta 7.6%, según S&P, y hasta 8.0% del PIB, según COPADES (Consultores Para el Desarrollo Empresarial, firma que dirige el suscrito). Este déficit se podrá financiar exclusivamente con la cooperación oficial destinada al sector público no financiero, proveniente principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE) y Banco Mundial (BM/IDA), dado el desplome de la inversión extranjera directa.

El déficit fiscal es visto por S&P en 2.2% del PIB para el Gobierno General y es visto por COPADES en 2.7% del PIB para el Gobierno Central, este último provocado por un menor crecimiento de los ingresos tributarios y el mantenimiento del gasto gubernamental aprobado para este año. El financiamiento del déficit fiscal tendría que provenir de la emisión de una nueva deuda pública interna -ya fue aprobada una emisión equivalente a US$100 millones en el presupuesto gubernamental de este año-, con el fin de evitar riesgos en el mercado cambiario y mayores presiones inflacionarias si se financiara con emisión de dinero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a finales de 2017 el saldo de la deuda pública externa e interna de Nicaragua fue igual a 45.7% del PIB, un nivel que ya se acerca al de un país severamente endeudado en términos de producción.

La macroeconomía, que ya no está bien, se encuentra en una encrucijada. En el ámbito monetario, la clave para mantener la estabilidad macroeconómica en el cortísimo plazo es impedir la emisión de córdobas y reducir la base monetaria, con los costos de una mayor desaceleración de la tasa de crecimiento económico y de un aumento de la tasa de desempleo. Por otro lado, en el ámbito fiscal el saldo total de la deuda pública se está convirtiendo en un severo problema, que podría minimizarse con la reestructuración, sinónimo de reducción, del gasto de consumo del sector público.

El informe de S&P no caracterizó el riesgo político, pero se limitó a mencionar las protestas públicas, los desacuerdos políticos y el posible empeoramiento de su evaluación de efectividad de la gobernabilidad de Nicaragua. Sin embargo, reconoció que “Las tensiones políticas son altas tras siete semanas de protestas contra el gobierno” y señaló que “una potencial resolución política rápida del estancamiento político dentro de los próximos meses podría contener el impacto negativo sobre la economía y las finanzas públicas de Nicaragua”, junto con otras medidas para “reducir las divisiones entre el gobierno y el sector privado” y “recuperar la confianza de los inversionistas sobre las políticas económicas”. Pero ¿dónde está la población de Nicaragua?

El riesgo político es más importante que el riesgo económico y que el riesgo financiero en la construcción de un índice de riesgo-país, y debería explicitarse para calificar la deuda soberana.

Actualmente, la mayoría de la población nicaragüense cuestiona y reprueba la capacidad y la habilidad del gobierno para permanecer en la oficina, los conflictos de autoridad sobre la Policía Nacional, la violencia arbitraria contra la población, la mayor delincuencia común, y el deterioro de las condiciones socioeconómicas ejemplificadas con el desempleo y la desconfianza de los consumidores.

Desde antes de la crisis política actual ya se observaban la parcialidad del sistema judicial, el debilitamiento del imperio de la ley, la falta de independencia de los Poderes del Estado, la falta de transparencia electoral, la corrupción, la inestabilidad de las reglas regulatorias, las presiones diplomáticas con sus sanciones, y la poca fluidez de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica.

COPADES estima que, entre finales del año pasado y el momento actual del año en curso, el riesgo político ha pasado de un nivel moderado a un nivel alto. Además, en un escenario económico probable -aún no prevemos llegar al escenario pesimista, pero dependerá del tiempo en que se resuelva la crisis política-, el riesgo económico y el riesgo financiero pasan de un riesgo muy bajo a un riesgo bajo. Por consiguiente, el riesgo-país de Nicaragua se mantiene en un riesgo alto en 2018 y ojalá no transitemos hacia un riesgo muy alto en el corto plazo.

A pesar de todo lo anterior, sigo pensando que el diálogo es la mejor opción para resolver el conflicto nacional.

Persiste el obstruccionismo del Poder Judicial

Desde hace 21 meses, continúo denunciando el obstruccionismo del Poder Judicial a mi acceso a la justicia por la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre, quien violó mis derechos humanos al injuriarme y calumniarme públicamente en una forma irresponsable en medios de comunicación pública al tildarme como un defraudador del Estado de Nicaragua desde el 31 de julio de 2008. Dicho sea de paso, la Asamblea Nacional lo mantuvo protegido de mi acusación personal durante 8 años.

Los jueces locales de lo Penal de la Circunscripción Managua María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su carácter de Inspector Delegado, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, y los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, magistrados Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Marvin Aguilar y Virgilio Gurdián, también violan mis derechos humanos con su obstrucción a mi acceso a la justicia, así como también los obstruyeron los miembros de dos juntas directivas de la Asamblea Nacional, principalmente los ex primeros secretarios Wilfredo Navarro y Alba Palacios.

Como es de conocimiento público, documenté apropiadamente la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre, el inmune más privilegiado, el impune más famoso y el violador de derechos humanos más connotado de Nicaragua, para denunciarlo en las instancias de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria.

Aunque desistí de mi acusación porque los servidores públicos del Poder Judicial arriba mencionados nunca contestaron mis solicitudes de reanudación de los dos juicios ni mis reiteradas quejas de retardación de justicia, no renuncié a mi acusación porque siempre he tenido la confianza  en que se me hará justicia por todos los daños morales y económicos que ha provocado Eduardo Montealegre, no sólo a mí sino también a los miembros de mi familia, lo cual demostraré también en una forma apropiada.

La Ley debe estar al servicio de la Justicia y nadie en nuestro país puede estar por encima de la Ley.

La amenaza de la crisis política

A 58 días después del 18 de abril de este año, se escucha por doquier que la economía está en crisis. Son numerosos los ejemplos de graves retrocesos en la producción de bienes y servicios en las microempresas y pequeñas empresas, en las actividades de comercio, hoteles, restaurantes, servicios comunales y personales y, además, en el descuido del inicio del año económico de Nicaragua como lo es el ciclo agrícola 2018/2019, entre otros ejemplos.

Los consumidores concentran sus gastos en la adquisición de alimentos, medicamentos y combustibles; los inversionistas en el sector real han hecho un detente y sólo están concluyendo los proyectos con una avanzada ejecución en la construcción, mientras que en el sector financiero mantienen una gran desconfianza en la adquisición de los títulos valores subastados por el Banco Central de Nicaragua (BCN) al concentrarse el 85% de las subastas en papeles con plazos de 7 días, 14 días y 1 mes en este año; y los exportadores aún observan un aumento de su producción como resultado del cierre del ciclo agrícola 2017/2018.

Sin embargo, es la crisis en la política la que debería preocuparnos. La amenaza es la indiferencia hacia el futuro de la mayoría de la población, los derechos humanos, la verdad, el estado de derecho, la certidumbre inversionista, el imperio de la ley, la corrupción, la transparencia gubernamental y el mantenimiento de la renta como una forma de vida económica, es decir, la persistencia de una importante inequidad en la distribución del ingreso.

Hoy no se visualiza una salida fácil de la crisis política. En esta situación, en que el diálogo comienza a mostrar señales de un debilitamiento progresivo, se puede dar por un hecho, aún con un menor número de datos económicos oficiales disponibles, que la economía nicaragüense pronto entrará en recesión, o sea, cuando se observa que la producción de bienes y servicios cae durante dos trimestres consecutivos.

El ejemplo más reciente de una recesión económica en Nicaragua fue la provocada por la recesión económica mundial que surgió en 2008 con la caída de la banca de inversión en Wall Street. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), después del colapso de Lehman Brothers 91 países entraron en recesión y en 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) Mundial se contrajo 0.13% y el PIB de Estados Unidos cayó 2.78%. El PIB de Nicaragua, un país exportador de materias primas principalmente hacia Estados Unidos, y sin ser sujeto de crédito en el mercado financiero internacional, también cayó 3.29% en 2009. Con la crisis política actual y sin llegar a un paro empresarial nacional, la lógica macroeconómica indica que en el corto plazo el PIB del país podría registrar una caída  interanual mayor que la registrada en 2009.

Otro ejemplo de vieja data son las caídas del PIB de Nicaragua de 7.8% en 1978 y de 26.5% en 1979, con el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Pero ese escenario es distinto al de hoy, porque en aquel entonces había una guerra de liberación y un paro nacional empresarial, mientras hoy hay una represión desmedida contra la población, principalmente contra los estudiantes universitarios, que mantiene una protesta pacífica desde el 18 de abril de este año.

Como economista, no soy un optimista en el horizonte de corto y mediano plazo. Los valores de las variables económicas no permanecerán cerca de la normalidad que existía antes del 18 de abril recién pasado. El problema que ya enfrenta el pronóstico económico del país no se limita a los modelos económicos y sus supuestos, sino también con los datos económicos que en Nicaragua son preliminares en el trienio 2015-2017 y sujetos a revisiones significativas -un gran atraso que acusa las Cuentas Nacionales del país-.

En conclusión, las tendencias generales de la economía son decepcionantes, no importa el número específico sino la dirección de cada indicador macroeconómico por sobre o por debajo de la tendencia. El BCN, con sus proyecciones por rangos, está creando una ilusión de precisión, tales como crecimiento económico de [3.0% , 3.5%] (??), tasa de desempleo de [3.7% , 4.2% ] (??), y tasa de inflación de [7.0% , 8.0% ], está última aproximada a la realidad.

La confianza de los consumidores, inversionistas y empresarios se está deteriorando. Sin equidad no hay eficiencia económica. Sin estadísticas no hay un buen Gobierno. Además, a sabiendas que la economía no es una ciencia exacta, un enfoque de sentido común basado en la experiencia individual, que no es el más «científico», no debe descartarse.

Hablando se entiende la gente, dice el refrán popular. Hablar y debatir es la esencia de la convivencia pacífica. Por esto, continúo creyendo que el Diálogo Nacional debe continuar.