Regular no es controlar ni fijar

Creí que el diputado Eduardo Montealegre era sólo un aprendiz de política, pero con sus recientes declaraciones sobre el problema de las alzas de los precios de las gasolinas en el mercado local también creo que es un aprendiz de economía.

Este diputado aún no sabe discernir entre regular y controlar en materia económica, aunque presumo que debió haber aprendido algo sobre el fortalecimiento de la capacidad estatal para regular al mercado, cuando fungió como ministro del Tesoro de nuestro país en el gobierno del Ing. Enrique Bolaños. Parece que también ignora que la quiebra de la banca de inversión de Wall Street en septiembre de 2008 ocurrió por los abusos cometidos por los banqueros ante la falta de regulación estatal facilitada por el Consenso de Washington, lo que llevó al mundo a una recesión económica y que en 2013 no hemos salido de ella.

El diputado repite el estribillo de los Principios de Economía que los precios bajan por oferta y demanda, pero ha callado, calla y callará siempre cuando las tasas de interés suben a pesar que el sistema financiero nacional está inundado de liquidez, es decir, que existe una excesiva oferta de recursos financieros en la banca comercial que provocaría una baja en el costo del dinero. Y él, como banquero, sabe muy bien que la tasa de interés pagada por los prestatarios no la fija el mercado sino un pequeño número de empresarios. Sólo en teoría existe la competencia perfecta, pero el diputado parece ignorar que el mercado de combustibles, como el mercado financiero, es oligopólico.

El aprendiz de economía propone que la única manera de bajar los precios de los combustibles es “subsidiando” – que lástima que olvidara pronto las clases de economía que le diera el Fondo Monetario Internacional cuando guardaba el Tesoro de la Nación-. Ojalá que el diputado y banquero comience a investigar en qué consiste el Sistema Precios Paridad Importación (PPI), aplicado en economías de libre mercado para determinar equitativamente los precios de bienes importado estratégicos, en el que cualquier fórmula estimada por el sector privado y el gobierno deberá respetar las variables fundamento del mercado internacional y del mercado nacional, tal como se aplican actualmente dos fórmulas para regular y no fijar, mucho menos congelar, los precios de la energía eléctrica y del gas propano en nuestro país.

La sugerencia de este aprendiz de política y de economía a los ministros de Estado de “meter la plata (de Venezuela) al Presupuesto de la República como manda la ley” sería válida si él metiese al presupuesto nacional toda la plata que nos sacó inapropiadamente de los bolsillos en 2003 con su “reingeniería financiera” para reestructurar la deuda pública interna por las liquidaciones de cuatro bancos comerciales –en su carácter de ministro del Tesoro de la Nación- y por las subastas de los activos de esos bancos liquidados que se realizaron en el Banco Central de Nicaragua –en su carácter de miembro del Consejo Directivo de la autoridad monetaria del país-, por lo cual fue acusado por la Fiscalía General de la República y que ha evadido con el mal uso de la inmunidad de su cargo de diputado.

Sólo me resta decir que si un alumno de mis cursos de macroeconomía, finanzas públicas y finanzas internacionales en los programas de maestría que imparto en distintas universidades del país me presentara la solución sugerida por el diputado Eduardo Montealegre sobre el problema nacional de los precios de los combustibles, no aprobaría el curso.

Las alzas de los precios de los combustibles

Si sube el precio de un barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Latinoamérica y al cual compramos el crudo venezolano con un préstamo muy concesional, crece la presión sobre los consumidores nicaragüenses –empresas, familias y gobierno-. Con esa mayor presión y frente a un escenario económico internacional que muestra el riesgo de, en el mejor de los casos, una pronunciada desaceleración del crecimiento económico, o en el peor de lo casos, una recaída del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial tal como la observamos en 2009 en nuestro país, la demanda de combustibles por parte de los consumidores disminuiría, por lo cual el precio WTI descendería y aquellos agentes que operan con el crudo y sus derivados perderían dinero.

La historia de los precios del petróleo refleja que su oferta y demanda están influenciadas por factores políticos, sociales, ambientales, macroeconómicos y especulativos, además del lento progreso tecnológico del uso de energía alternativa generada con recursos naturales renovables. En la revisión de mi pronóstico económicos de Nicaragua para 2013, he supuesto una desaceleración del crecimiento económico que pasa de 4.7% en 2012 a 4.2% en 2013, con el riesgo adicional de ser menor por una mayor pérdida del café afectado por la roya. En ese escenario, los precios internacionales de los bienes primarios o commodities, incluyendo el petróleo, tenderían a la baja, por lo que la tasa de inflación oscilaría en el rango de 5.5%-6.0%, un poco menor a la de 6.6% registrada en 2012. El precio WTI promedio anual disminuiría de US$94.2 en 2012 a US$90 en 2013.

¿Por qué suben los precios de los combustibles, en momentos de caídas del precio del barril WTI, que ayer lunes era de US$93.36? Las causas del comportamiento de los precios internacionales de los combustibles (gasolinas, diésel y gas) son distintas a las del petróleo, porque está en juego, para nuestro caso particular, la oferta y la demanda del mercado estadounidense donde se fijan los precios WTI, es decir, los precios de la costa estadounidense del Golfo de México. Los factores estacionales de la demanda de combustibles en dicho mercado son marcados por el intenso frío (en invierno) y por el intenso calor y período vacacional de los estadounidenses durante el verano (en junio).

Una mayor demanda de combustibles o un mayor aumento de las reservas de petróleo y combustibles en el mercado estadounidense marcan el ritmo de los precios de las gasolinas, del diésel y del gas propano en nuestro país, aunque aquí nunca nieva ni se goza de vacaciones masivas en junio.

Tomando en cuenta esos factores estacionales de la demanda estadounidense de los derivados del petróleo, en Nicaragua, como en el mundo, el precio internacional del petróleo es el factor principal de los precios de los combustibles, que contribuye, a lo sumo, en un 70%; los impuestos de US$0.1837 por litro de gasolina regular, de US$0.1845 por litro de gasolina súper y de US$0.1430 por litro de diésel, es otro factor que contribuye con un 13% en la formación de los precios de esos combustibles; el restante 17% puede ser atribuido a la intermediación de ALBANISA, los costos de mercadeo y distribución y la ganancia del dueño de las gasolineras. Por supuesto, la distancia entre la refinería y las gasolineras también influyen en esos precios.

Otros elementos que deberían tomarse en cuenta para poder explicar el comportamiento de la oferta y la demanda de hidrocarburos en nuestro país son los siguientes: en los últimos años, el volumen importado anual de petróleo y combustibles se ha elevado de 10 millones a casi 12 millones de barriles; la participación del volumen de combustibles en el total de barriles importados se ha incrementado de un 40% a un 50%, mientras que el volumen del “oro negro” ha disminuido en ese  total de 60% a 50%; la intensidad petrolera del país continúa siendo alta, porque para producir 1 millón de dólares de PIB se consumen 1 millón 204 mil barriles de petróleo y combustibles; y en términos preliminares CIF, la factura petrolera de US$1,290 millones de 2012 equivale a 13% del PIB, 22% del valor total de las importaciones de bienes CIF y 80% del total de impuestos recaudado por el Gobierno Central.

Como ya es conocido, en Nicaragua los precios de las gasolinas y del diésel no están regulados por el Estado sino por el mercado, es decir, por la oferta y la demanda de dichos combustibles y no hay autoridad que los obligue a bajarlos y, como también se sabe, el que controla el mercado controla los precios. Ayer lunes, el precio del galón de gasolina regular pasó de US$4.86  a US$5.10, el de gasolina súper se elevó de US$5.22 a US$5.49, y el de diésel se mantuvo estable en US$4.69. El efecto inflacionario de esas alzas, que cruza toda la economía como la devaluación del córdoba, tendrá una mayor repercusión en la producción de energía eléctrica, el transporte de pasajeros en taxis y buses interurbanos, el transporte de carga, la actividad de la pesca (captura de camarones de cultivo y marinos, langosta y pescados), el arroz de riego, el café oro, la caña de azúcar, la actividad silvícola (extracción de madera) y el comercio al por menor (las pulperías).

Aconsejo al presidente de la República, Daniel Ortega, que sin perderse el mercado libre y competitivo en toda la cadena del suministro de combustibles se establezca una apropiada regulación estatal con la debida cooperación entre el sector público y la empresa privada oligopólica, tal como se hace sólo con el gas propano; se incentive la preferencia hacia la adquisición de vehículos de alta eficiencia y de menor de cilindraje, mucho más de lo que lo hace la Ley de Concertación Tributaria; se optimicen los flujos de transporte de pasajeros y de mercadería, especialmente en los centros urbanos; y se promueva el adecuado mantenimiento de la red vial, especialmente la urbana, y el parque automotor.

El Sistema de Precio Paridad Importación (PPI) es un método de cálculo de precios que simula la operación eficiente y equilibradamente rentable de importación de un bien. En Centroamérica, sólo se aplica en Guatemala, Honduras y Costa Rica en el caso de los combustibles. Con dicho sistema, se regula partiendo desde el precio FOB, el flete, el seguro, las pérdidas en tránsito, los gastos bancarios (en cartas de crédito y comisiones), los gastos de internación, las pérdidas en la terminal, los márgenes de comercialización y detallista, los impuestos y el precio del bien final.

Las ventajas de este sistema son la regulación efectiva de los precios finales de las gasolinas y el diésel, el control de utilidades excesivas, la focalización de los subsidios, la mayor fortaleza para enfrentar los shocks externos y el fortalecimiento del papel regulador del Estado. ¿Quién decide la implementación del Sistema PPI? El Gobierno. ¿Existe la voluntad política? Parece que no, porque no es la primera que esto se sugiere públicamente.

Ranking de los Bancos Privados de Nicaragua a Diciembre de 2012 y Prueba de Estrés Financiero del Sistema Bancario Comercial Privado para 2013

El economista Néstor Avendaño presentará el jueves 28 de febrero de 2013 a las 8:30 a.m., en el Salón “Regency” del Hotel Crowne Plaza, el Ranking de la Banca Comercial Privada de Nicaragua al 31 de diciembre de 2012 y los resultados de la Prueba de Estrés Financiero del Sistema Bancario Comercial Privado de Nicaragua para 2013, con un valor de admisión de US$50 y con precios preferenciales para empresas que envíen tres y más ejecutivos y para estudiantes. El cupo es limitado y a los interesados favor llamar al 2270-0385 o escribir a la dirección electrónica corozco@copades-nic.com.

La devaluación del bolívar no afecta a las exportaciones de Nicaragua a Venezuela

Entre el llamado “viernes negro” del 18 de febrero de 1983, con Luis Herrera Campins de presidente de Venezuela, y el viernes 8 de febrero de 2013, con Hugo Chávez Frías de presidente, el bolívar se ha devaluado 1 mil 365 por ciento. Herrera Campins devaluó para frenar una fuga de capitales y Chávez Frías devaluó, según mi opinión, para corregir el desequilibrio fiscal actual que oscila entre 10% y 12% del Producto Interno Bruto (PIB).

La devaluación del bolívar de casi 32% anunciada el 8 de febrero de este año y publicada en La Gaceta Oficial el miércoles 13 de febrero, elevó su tipo de cambio oficial con respecto al dólar estadounidense de 4.30 a 6.30, un movimiento cambiario correcto pero insuficiente debido a la gran sobrevaluación de la moneda venezolana provocada por tasas de inflación anuales que han fluctuado entre 31% (2008) y 22% (2012) en los últimos seis años. Esta corrección cambiaria del bolívar fue aplaudida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar que el nuevo tipo de cambio oficial es un tercio del precio que se paga por un dólar en el mercado negro. El control de cambios se estableció en Venezuela en 2003 y al menos el 20%, a lo sumo el 40%, de la demanda anual de divisas se efectúa en el mercado paralelo.

La devaluación nominal sólo sirve para registrar la deuda externa de un país, que se contabiliza con una moneda fuerte, por ejemplo el dólar estadounidense en el hemisferio occidental. La devaluación real, es decir el movimiento del tipo de cambio real en precios constantes (o en precios de un año base) por un dólar estadounidense al precio del mismo año base, sirve para reducir el déficit comercial de la balanza de pagos de un país, y trata de mejorar la competitividad de las empresas venezolanas en el mercado internacional, es decir, abaratar sus productos valorados en dólares estadounidenses para que sean más demandados en el exterior, excepto el petróleo que tiene tres precios internacionales de referencia, el West Texas Intermediate (WTI), el Brent y el  Dubai Fateh.

En otras palabras, al reducirse la sobrevaluación del bolívar también se reduce el déficit comercial como un porcentaje del PIB, siempre y cuando no se aumente el gasto público en precios corrientes, especialmente el de consumo, y por ende, se logre evitar el aumento del déficit fiscal después del movimiento cambiario de la moneda venezolana de  febrero de este año. Es necesario, pues, mantener una sólida disciplina fiscal para lograr el objetivo de la devaluación real que desestimulará la importación de bienes y servicios y promoverá el aumento de las exportaciones en Venezuela.

En la década de los ochenta del siglo pasado, Nicaragua experimentó un modelo macroeconómico que se cerraba con la emisión de dinero, lo cual provocó la cuarta hiperinflación del mundo en el Siglo XX. Con bastante frecuencia, las devaluaciones nominales del córdoba no se traducían en una devaluación real efectiva, es decir, las tasas de devaluación nominales eran inferiores a las alzas resultantes de los precios al consumidor. Cabe recordar que entre 1979 y abril de 1991 la devaluación nominal acumulada fue de 250 millones por ciento y en 1987 el margen de sobrevaluación del córdoba era casi igual a 70%, exacerbado en gran parte por un gasto público en precios corrientes que no se congelaba en sus niveles anteriores a la devaluación, lo cual condujo a un déficit fiscal del orden de 26% del PIB en 1988. Hoy, el modelo macroeconómico nicaragüense se cierra con el aumento de las reservas internacionales y, gracias a la asistencia financiera de Venezuela registrada, con el aval del FMI, como deuda privada externa en el movimiento de capital privado neto de la cuenta de capital de la balanza de pagos, el presupuesto nacional está equilibrado. Si no fuese así, o sea, si la asistencia financiera venezolana se registrara en el presupuesto nacional, el déficit fiscal se elevaría hasta un 7% del PIB y dejaría a Nicaragua fuera del programa económico con el FMI. Tendríamos un programa “sombra”, es decir, un programa de ajuste macroeconómico sin ayuda externa.

¿Se afectarán, entonces, las exportaciones de Nicaragua hacia Venezuela con la reciente devaluación? La respuesta es no, porque nuestro país exporta al país sudamericano productos alimenticios, que son rubros de primera necesidad por la insuficiente oferta interna en dicho país –el 40% proviene del exterior-, tales como carne de ganado vacuno, carne de pollo, leche en polvo, quesos, frijoles negros y café y, además, ganado vacuno en pie, los cuales siempre serán adquiridos por la población venezolana aunque suban sus precios en bolívares por efectos de la devaluación, pero el ministro de Planificación de Venezuela, Jorge Giordani, aseguró que se mantendrá (no se sabe hasta cuándo) el tipo de cambio actual  de 4.30 a los sectores de alimentos, comercio, comunicaciones, prensa, electrodomésticos, electrónico, informático, prensa, telecomunicaciones y salud. En la década de los ochenta del siglo pasado ya conocimos el efecto perverso de un sistema de tipo de cambio múltiple.

Sin embargo, la devaluación del bolívar ha significado para las empresas extrajeras residentes en Venezuela menos dólares que antes, porque no pueden continuar elevando los precios al consumidor de sus productos, como medicamentos, cosméticos y productos de higiene personal y del hogar, al ritmo actual de la inflación interanual de 25%. Este no es el caso de las empresas nicaragüenses que exportan bienes a Venezuela, que seguirían recibiendo los mismos dólares, si no adoptan al SUCRE como moneda digital en sus transacciones comerciales.

La protección de una presunta delincuencia

Managua, Nicaragua,

16 de febrero de 2013

 

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Licenciada

Alba Azucena Palacios Benavides,

Primera Secretaria

Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Su Despacho

 

Honorables Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, y Señora Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavides:

El 30 de enero de 2013 les escribí y entregué en sus despachos respectivos una carta en la que les reiteré el cumplimiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en cuanto al procedimiento para analizar dos mandatos judiciales que piden la desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas, ya puestas en la Agenda del Poder Legislativo pero pendiente de que se incluyan en el Orden del Día. Hoy hago lo mismo.

Siempre me he esforzado públicamente para que nadie politice mi querella imputada al diputado Eduardo Montealegre por haber escrito en el diario La Prensa injurias y calumnias muy graves contra mi persona –al tildarme como defraudador del Estado de Nicaragua- y publicadas el 31 de julio de 2008, a las cuales agregó otras más escritas en una carta que hizo circular desde la casa de su movimiento político el 2 de febrero de 2011.

La reacción del diputado Eduardo Montealegre para esclarecer su presunto delito se reduce a cobijarse con la inmunidad que le confiere su cargo de servidor público para evadir la Justicia de nuestro país, envalentonado junto con los representantes de las corrientes liberales y sus aliados que integraron la bancada de mayoría en la penúltima legislatura con la politización de mi querella en forma pública y desvergonzada desde el 6 de octubre de 2008.

Hoy tengo la confianza que la nueva bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional no vuelva a repetir la reprochable politización de mi querella y haga respetar mi derecho humano de tener acceso a la justicia ante el abuso de la inmunidad que hace gala el diputado querellado. Sin embargo, las ocho cartas que les he escrito incluyendo ésta, sin tener aún una respuesta positiva o negativa de su parte, me conducen a preguntarme por qué los diputados y las diputadas se empecinan en proteger a una persona que prefirió cargar con su presunta delincuencia y desprestigiar al Poder Legislativo, en vez de reparar su error y revertir el deterioro de su imagen ante nuestra nación.

Me siento obligado a informarles que continúo y continuaré persistiendo en mi solicitud que incorporen en el Orden de Día de la Asamblea Nacional las dos solicitudes judiciales para que se inicie el proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre. No me cansaré de hacerlo, con más razón por los invaluables daños morales y los continuos perjuicios económicos que el diputado querellado ha cometido no sólo a mi persona sino también a los miembros de mi familia.

Agradeciendo su atención a esta carta, siempre les reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Atentamente,

Néstor Avendaño Castellón

Economista

 cc:  Archivo.

Datos ocultos en el Banco Central de Nicaragua

Al abrir la página web del Banco Central de Nicaragua (BCN) para buscar, en las Estadísticas Mensuales el Cuadro  IV-19 del Sector Monetario, la serie de la tasa de rendimiento de las Letras Estandarizadas que subasta la autoridad monetaria, es curioso el “ocultamiento” de este dato desde 1995 hasta 2002, es decir, desde que se iniciaron las operaciones de mercado abierto con las subastas de Certificados Negociables de Inversión (CENIs) en el último año de gobierno de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro hasta el primer año del gobierno del Ing. Enrique Bolaños, y que a partir de 2003 se denominaron Letras Estandarizadas.

Aprovecho esta ocasión para solicitar a las autoridades del BCN que ponga esos datos a disposición del público en su página http://www.bcn.gob.ni, porque ese “ocultamiento” refleja una falta de seriedad institucional y de respeto para los nicaragüenses. Veremos si Alberto Guevara, presidente del BCN, gira sus instrucciones para que se publique esa información. Excluyendo la información sensible para resguardar la seguridad del país, principalmente la política y la militar, ningún(a) servidor(a) público(a) en el área de la economía nacional debe considerarse dueño(a) exclusivo(a) de la información económica que pertenece a los nicaragüenses, cuya recopilación y procesamiento la pagamos con nuestros impuestos.

La pregunta ahora es ¿por qué el BCN oculta las tasas de rendimiento de los CENIs subastados, especialmente cuando fungió como su presidente el abogado Noel Ramírez, a quien no le interesó las matemáticas sino la política monetaria sin números, cuando, en esos tiempos, un mejor alumno de educación secundaria de Nicaragua le pidió una beca para estudiar la ciencia exacta que le fue negada públicamente?

Mi base de datos de la economía de Nicaragua contiene esa información oculta. Lo interesante de este caso se encuentra en las subastas de CENIs de 1997 y de noviembre y diciembre de 2001, cuando Noel Ramírez entró, y también estaba por salir, en la presidencia del BCN. En 1997, con la autorización del Consejo Directivo de la autoridad monetaria, este presidente vendió CENIs subastados al Banco Lehman Brothers –quebrado en Wall Street en septiembre de 2008- por un monto de US$75 millones a plazo de 1 año y una tasa de interés “dolarizada” de 15%, una elevadísima tasa de interés en el mundo concedida por un país pobre y muy endeudado.

Por otro lado, la colocación de CENIs subastados en todo el año de 2001 totalizó 1 mil 920 millones de córdobas, equivalentes a US$143 millones, y el 67% de ese monto fue colocado en los dos últimos meses del gobierno del Dr. Arnoldo Alemán. El Consejo Directivo del BCN también le aprobó al flamante presidente de la autoridad monetaria a que realizara 7 subastas de CENIs entre el 8 y el 19 de noviembre, con las que se colocaron C$845.4 millones, equivalentes a US$62 millones, con tasas de rendimientos “dolarizadas” que fluctuaron entre 16.5% y 18.7%, mejor dicho con una tasa de interés ponderada de 17.5% “dolarizada”, gracias a la famosa cláusula de mantenimiento de valor establecida desde febrero de 1991 y que en la ley del BCN se ha oficializado en detrimento de la política cambiaria.

Adicionalmente, entre el 4 y el 20 de diciembre de 2001 los servidores públicos en el BCN ordenaron efectuar 6 subastas de CENIs –de las cuales una fue declarada desierta el 6 de diciembre de ese año-, y se colocaron 440 millones de córdobas, equivalentes a US$32 millones con tasas de rendimiento “dolarizadas” que fluctuaron entre 15.7% y 16.1%, en otras palabras, con una tasa de rendimiento ponderada de 15.8% “dolarizada”.

El pago de esos rendimientos se efectuó con la redención de esos títulos valores a partir de  2012, cuando el abogado Noel Ramírez se desempeñaba como un diputado en la Asamblea Nacional. La fabulosa ganancia de los inversionistas financieros –dudo que hayan sido muchos los que “arriesgan” su capital- provocó una pérdida en el BCN en 2012 del orden de 1 mil 115 millones de córdobas, equivalentes a 78 millones de dólares y al 2% del Producto Interno Bruto de ese año.

Excluyendo un saldo de 4 mil 807 millones de córdobas, o sea US$358 millones de dólares, por la emisión onerosa e ilícita de CENIs Bancarios, otro triste capítulo de la historia financiera de Nicaragua, al salir del BCN el 10 de enero de 2012 Noel Ramírez nos heredó una deuda pública interna de 3 mil 789 millones de córdobas, o sea US$282 millones, por emisiones de CENIs subastados, Títulos Especiales de Inversión (TEIs), Títulos Especiales de Liquidez (TELs) y Bonos en Moneda Extranjera (BOMEXs).

Todas esas emisiones se asemejan a un festival de bonos que salieron “resellados” del BCN por su política financiera de roll-over (emitir nuevos bonos para redimir los bonos viejos) acompañado de un severo desplome de las reservas internacionales ajustadas (RINAs) o reservas propias del BCN, que pasaron de US$187 millones en diciembre de 2010 a un escuálido nivel de US$16 millones en diciembre de 2011. Cabe mencionar que al tomar el cargo de presidente del BCN el 10 de enero de 1997, Noel Ramírez recibió como herencia una deuda pública interna de apenas 409 millones de córdobas, es decir, US$49 millones, en concepto de CENIs subastados.

Tal como lo prometió al entrar en el BCN, Ramírez no reselló ningún billete porque nunca habría –ni hubo- hiperinflación en su administración, pero “reselló” títulos valores del BCN que nos provocó un hiperendeudamiento público interno, no obstante el vice presidente de la República de ese entonces, el Ing. Enrique Bolaños, justificó el elevado salario de Ramírez con sus grandes conocimientos que ayudaban a resolver los graves problemas económicos del país, los que, en mi opinión, empeoraron en detrimento del bienestar de los nicaragüenses.

Creo que Alberto Guevara no debería permitir el ocultamiento de las estadísticas de las tasas de rendimientos de los CENIs Subastados y de los CENIs Bancarios que aprobó Noel Ramírez desde su flamante cargo de Presidente del Consejo Directivo del BCN. También creo que las estadísticas económicas no deben ocultarse si existe una clara voluntad política para enfrentar y castigar la corrupción. Y finalmente creo que no hay que ocultarle a nuestra nación esos actos reñidos con la ley y con la ética profesional y la probidad propias de un servidor público.

Los efectos de la Ley de Concertación Tributaria en 2013-2020

El arco de tiempo bajo el cual se encuentran los efectos de corto, mediano y largo plazo de la Ley de Concertación tributaria es de 8 años, correspondientes al período 2013-2020, por lo cual se espera que se dé una estabilización tributaria durante ese lapso, por supuesto acompañada de ligeras modificaciones impositivas para fortalecer dicha ley. Los inversionistas no esperan sólo la estabilización macroeconómica, sino también la estabilización tributaria y sería un craso error, tal como observamos principalmente en la gestión gubernamental del Ing. Enrique Bolaños, de que ocurran continuos cambios parciales e integrales en el campo tributario, por lo cual no se pueda atraer suficiente inversión, tanto doméstica como extranjera.

Los supuestos macroeconómicos 2013-2020. Teniendo en cuenta los cuatro graves problemas actuales de las economías avanzadas –anémico crecimiento económico, alta tasa de desempleo y, en porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB), elevados déficit fiscal y endeudamiento público-, cuyo epicentro es la Eurozona, que no se lograrán resolver en el corto y mediano plazo, suponemos para la economía de Nicaragua el siguiente comportamiento promedio anual de las siguientes variables para el período 2013-2020:

• Tasa de crecimiento de la población: 1.12%
• Tasa de crecimiento económico: 5.4%
• Tasa de crecimiento de los precios al productor: 6.0%
• Tasa de inflación de precios al consumidor: 6.3%
• Tasa de crecimiento del volumen de gasto de consumo privado: 5.3%
• Tasa de crecimiento del volumen del gasto de consumo público: 1.0%
• Tasa de crecimiento del volumen de importaciones de bienes y servicios: 6.3%

Los efectos de la Ley de Concertación Tributaria (LCT)

Sobre la producción. El Estado de Nicaragua tiene espacio fiscal para implementar la LCT, un espacio cuya magnitud es tres puntos porcentuales del PIB -un óptimo parcial acorde con las características económicas nacionales-, mucho mayor que el efecto de la nueva ley en el aumento de nuevos ingresos tributarios. Por consiguiente, la LCT no desacelerará el crecimiento económico del país.

Sin embargo, la aceleración de la tasa de crecimiento económico y, por ende, de la tasa de inversión, se postergó para el mediano y largo plazo, porque la actual tasa del impuesto sobre la renta de las actividades económicas de 30% comenzará a disminuir en 1 punto porcentual a partir de 2016 hasta alcanzar el nivel de 25% en 2020.

Cabe destacar que muy probablemente en la negociación política de la LCT esa postergación del mayor crecimiento del PIB Real se supeditó al mantenimiento de las exoneraciones y exenciones del pago del IVA en las importaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos a las productores agropecuarios, de la micro, pequeña y mediana empresa industrial y de las empresas pesqueras artesanales en el bienio 2013-2014.

Sobre el aumento de los impuestos. Independientemente de las tasas de crecimiento económico y de las tasas de inflación entre 2013 y 2020, en ese mismo período el efecto exclusivo de la LCT sobre la presión tributaria es de 0.97% del PIB, equivalente a 96 millones de dólares de 2013.

Tomando en cuenta los supuestos macroeconómicos, la presión tributaria, es decir el porcentaje del PIB del cual se apodera el Gobierno Central en concepto de impuestos, se elevaría de 15.28% en 2012 a 20.94% del PIB en 2020, sobre la base del actual sistema de cuentas nacionales del país.

Sobre el sistema tributario. El sistema tributario de Nicaragua aumentará muy levemente su regresividad, es decir, el incremento de la participación de los impuestos indirectos en el total de los ingresos tributarios, al observarse que el aumento de la recaudación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Específico de Consumo de Cigarrillos (IECC) tiende a participar con el 52% en el incremento total de los impuestos atribuible exclusivamente a la LCT, mientras que el aumento del Impuesto sobre la Renta (IR) tiende a participar con el 48%. Por consiguiente, la LCT no logró reducir significativamente la inequidad tributaria, en el sentido que los que tienen más paguen más impuestos, los que tienen menos paguen menos impuestos y los que tienen lo mismo paguen los mismos impuestos.

Sobre la tasa de inflación. Entre los supuestos macroeconómicos, se indicó que la tasa de inflación promedio anual de los precios al consumidor es de 6.3% en el período 2013-2020. La aplicación del IVA a las importaciones de bienes, que hoy gozan de exoneraciones en los sectores arriba mencionados hasta diciembre de 2014, comenzará a subir gradualmente de 0% en 2015, 5% en 2016, 10% en 2017 y 15% en 2018, incidirá en aumentos de los precios al productor que serán transmitidos a los precios al consumidor y, consecuentemente, se acelerará la tasa de inflación acumulada anual (de diciembre a diciembre) hasta niveles muy cercanos al 9%; en otras palabras, el impacto inflacionario de la LCT será de 3 puntos porcentuales anuales en el período 2016-2020. En el bienio 2014-2015, los precios al consumidor se elevarían en el rango de 7.5%-7.9%, y en 2013 COPADES estima una tasa de inflación de 5.6% debido a la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, entre ellos el petróleo.

Recomendaciones. La firma consultora que este servidor dirige, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pone sus servicios profesionales a disposición de las empresas para ayudar a prepararles toda la información empresarial relacionada con la supervisión de los precios de transferencia entre las casa matrices en el exterior y sus filiales radicadas en el país, así como entre personas radicadas en el país y la empresa de zonas francas establecidas en Nicaragua, y también para la elaboración de los proyectos que persigan cualesquiera de los objetivos de aumentar la competitividad empresarial, elevar el empleo, incrementar las exportaciones y mejorar el perfil tecnológico de la empresa, con el fin de justificar el mantenimiento de las exoneraciones del IVA en la importación de bienes para el sector agropecuario, las MIPYMEs manufactureras y la pesca artesanal.

El factor tributario y la atracción inversionista

Con la recién aprobada Ley de Concertación Tributaria (LCT), durante el trienio 2014-2016 el factor tributario permanecerá estancado en un nivel muy cercano a 1.78, en el cual ha permanecido desde 2003, año en que se aprobó la Ley de Equidad Fiscal, con la alza de la tasa del Impuesto sobre la Renta (IR) de las actividades económicas de 25% a 30%.

Esa alza inesperada se dio en un abierto conflicto entre el Poder Ejecutivo, mejor dicho entre el entonces presidente de la República Ing. Enrique Bolaños, y la Asamblea Nacional, cuando el primero eliminó la tasa cero del Impuesto de Valor Agregado (IVA) sobre la producción de bienes y servicios de la canasta de consumo básico y dejó a esos productos exentos del IVA, tal como permanecen hoy. En este encontronazo político, la Asamblea Nacional ripostó con el aumento de 5 puntos porcentuales de la tasa del IR sobre las utilidades de las empresas, igualando así el nivel de la alícuota máxima del IR del trabajo, que se había elevado de 25% a 30% aproximadamente seis meses antes de ese encontronazo político, por lo cual el factor tributario pasó de 1.65 en 2002 a 1.8 en 2003.

El consenso político entre el gobierno y los empresarios postergó, por lo tanto, al aceleración del crecimiento económico en el corto y mediano plazo, porque, en un escenario económico mundial que refleja la desaceleración de la tasa de crecimiento económico con el riesgo que aparezca de nuevo la recesión económica en la Eurozona, no se podrá atraer con una mayor intensidad los capitales extranjeros, es decir, la inversión extranjera directa, porque el factor tributario tiene una importancia bastante especial en la toma de decisiones inversionistas.

Como en toda negociación, hay que dar para recibir. A cambio de que las exoneraciones a las importaciones y enajenaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital destinados al uso del sector agropecuario, pequeña industria artesanal y pesca artesanal, así como los repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos de estos sectores productivos, siguieran vigentes en 2013 y 2014, y alcanzar gradualmente la tasa de 15% del IVA en 2018 (0% en 2015, 5% en 2016, 10% en 2017 y 15% en 2018), la empresa privada aceptó que la reducción de 1 punto porcentual anual de la tasa del IR de las actividades económicas se iniciara a partir de 2016 hasta lograr en 2020 la tasa del 25%, que es la moda de esta tasa entre los países centroamericanos. Por consiguiente, el gasto tributario se impuso sobre una mayor atracción de la inversión privada, doméstica y extranjera.

El factor tributario, que podríamos representarlo con la letra griega τ, ayuda a determinar cuál país ofrece las mejores condiciones para que el inversionista coloque su capital, como también ayudan la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la calidad de la infraestructura económica, la fortaleza de las instituciones públicas, la ley de inversiones extranjeras, el tamaño del mercado, entre otros.

τ  =  (1 + tasa del IVA + tasa sobre bienes importados) / (1 – tasa del IR), donde las tasas están expresadas en términos decimales y no porcentuales. Una mayor tasa del IR provocará una mayor τ que estará acompañada de un menor gasto inversionista. Desde julio de 2012, todavía suena el eco de que “la reforma tributaria pretende estimular la capacidad productiva y generar empleos”, “se podría alcanzar una mayor recaudación tributaria producto del incremento en la actividad económica”, “se diferenciará la política impositiva para favorecer la producción y al inversión”, “se favorecerá la reinversión de utilidades en nuevas tecnologías y generación de empleo”. Todo esto se pospuso para el largo plazo, para finales de esta década, y algunos aspectos, como el relacionado con la reinversión de utilidades, no se lograron.

Estimo conveniente que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto convoque a economistas o a expertos especializados en las distintas áreas de las ciencias económicas cuando se aborden temas de gran relevancia para el destino de nuestra nación, como lo es una reforma tributaria o una reforma al fondo de pensiones de la seguridad social. Esta sana costumbre ya se ha dado en el poder Legislativo, cuando era su presidente el Dr. Luis Humberto Guzmán, quien convocó a un pequeño grupo de economistas escogidos unánimemente por los diputados para asesorar en forma ad honorem al hacedor de la leyes del país. Tengo entendido que en la actualidad, la Asamblea Nacional puede llamar a cualquier persona so pena de ser sancionada si no acata el llamado de este Poder del Estado.

Nicaragua necesita reducir el factor tributario con el objetivo de que se incremente la inversión, se generen empleo e ingresos y se reduzca la pobreza. Sin embargo, la actual política tributaria no garantiza este objetivo en el corto y mediano plazo.

La transparencia legislativa y la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre

Un número de personas que no suman más que los dedos de una mano han pregonado desde hace meses que Eduardo Montealegre es el líder de la oposición – ¿cuál oposición? – obviando el hecho que el ungido por dos o tres personas como principal político oponente al presidente de la República, Daniel Ortega, es un evasor de la justicia por su abuso a la inmunidad que le confiere su cargo público.

Eduardo Montealegre, como sabe la mayoría del pueblo nicaragüense, enfrenta desde octubre de 2008 dos acusaciones por sus injurias y calumnias contra mi persona, que fueron escritas en el diario La Prensa y en una carta que hizo circular desde la casa de su movimiento político y, además, también ha sido acusado por la Fiscalía General de la República por sus acciones inapropiadas como ministro de Hacienda y Crédito Público en 2003 cuando reestructuró la deuda pública por las liquidaciones de cuatro bancos en 2000-2001 y cuando subastó, en su carácter de miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, los activos de esos cuatro bancos liquidados.

Si Eduardo Montealegre se hubiese defendido de mis dos acusaciones en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua, no hubiera ido a la cárcel porque el Código Penal sólo lo sancionaría con retractarse en forma escrita en el mismo diario en el cual él escribió sus injurias y calumnias y, posteriormente, enfrentaría mi demanda civil para que resarza todos los daños morales y económicos que él ha venido realizando continuamente desde agosto de 2008.

Y si no hubiese mal usado la inmunidad que goza como servidor público, correría el riesgo de ir a la cárcel por las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Por esto, Eduardo Montealegre es una persona que potencialmente perdería todos sus derechos ciudadanos y, aun así, menos de cinco personas lo presentan como el político opositor más idóneo de nuestro país.

Como nicaragüense, yo me sentiría avergonzado que un diputado querellado y acusado sea una persona que reúne los requisitos morales para aspirar a ser el político opositor más idóneo en Nicaragua. Eduardo Montealegre, una de las personas más soberbias y prepotentes que he conocido en mi país, es amoral y no tiene vergüenza, y lo considero un rehén político del Frente Sandinista de Liberación Nacional porque, aparentando un gran poder político y económico, si se comporta mal desde su bancada democrática la espada de Damocles que pende sobre su cabeza lo inhabilitaría como diputado, con el fin de que enfrente a la Justicia por los daños que cometió contra el presupuesto de los nicaragüenses en 2003, un crimen social que nunca caducará y tampoco será olvidado

Sus afirmaciones no del todo honorables no escasearon en sus difamaciones desde la casa de su movimiento político, ni en su estribillo que mis acusaciones “son una payasada”. Con esa clase de razonamiento, el diputado aparentemente ignora que con su imaginación enfebrecida está desacreditando a dos jueces del Poder Judicial que han solicitado su desaforación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Parece que no sabe que no es Néstor Avendaño que ha solicitado su desaforación, sino dos jueces de lo Penal de Managua, con lo cual confirmo la estolidez de su razonamiento.

El diputado querellado puede  continuar bravuconeando con su evasión de la justicia, pero él debe tener en cuenta que un día lo veré en los juzgados, porque estimo que el Estado de Nicaragua no puede politizar mi demanda que es civil, como la politizaron los liberales de todas las vertientes entre 2008 y 2011, y porque la inmunidad es un privilegio que no es eterno. Al final, todos aquellos que se consideran políticos intocables se percatan demasiado tarde que también son simples ciudadanos cuando son desalojados de los recintos políticos.

El Estado de Nicaragua no puede continuar complaciendo a Eduardo Montealegre manteniéndole su inmunidad mal usada y abusada. En las siete cartas que le he escrito al Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, y a la Primera Secretaria de la Juta Directiva de ese Poder del Estado, les he afirmado que no politicen mi demanda desde enero de 2011, cuando el partido en el poder tiene una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional – ¿porque el acusado es un político? ¿cuál corona tiene Eduardo Montealegre en un país democrático? -; que también espero que no continúen obstruyendo mi acceso a la Justicia, un derecho humano que deber ser respetado y fortalecido por la Asamblea Nacional, que elabora y aprueba las leyes de nuestro país; y que la irresponsabilidad y abuso del diputado querellado demerita el honor de la Asamblea Nacional.  Séneca decía que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía” y esto es lo que ocurre con el silencio que guarda la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con respecto a mis solicitudes.

La presunta delincuencia de Eduardo Montealegre no puede seguir opacando la transparencia de la Asamblea Nacional, porque la democracia debe responder al ciudadano corriente y no proteger a un evasor de la justicia. Con más razón ahora que la última encuesta de CID Gallup, efectuada entre el 8 y el 13 de enero de este año, señala que Eduardo Montealegre tiene más opiniones negativas, 41%, que positivas, 29%, para un 12% negativo; y que la oposición política está colapsada -el PLC obtuvo un 4% de simpatizantes a  nivel nacional y el PLI 3%, mientras que el MRS, el Partido Conservador y el APRE ya no marcan nada, ni siquiera llegan al 1% juntos-.

Entonces, Ing. René Núñez Téllez, ¿cuál es la importancia del diputado querellado, por qué se le encubre su presunta delincuencia, ya que no ha contestado ninguna de las siete cartas que le he escrito, en las que le solicito una entrevista personal y pedirle que se cumplan los dos mandatos judiciales para la desaforación del diputado evasor de la justicia?

Espero tener su respuesta a mi solicitud, estimado Ing. René Núñez Téllez. Recuerde, por favor, que Eduardo Montealegre se burla de la Justicia de Nicaragua desde el 6 de octubre de 2008.