Desde 1990 se inició la modernización del sistema financiero nicaragüense mediante la reestructuración de tres bancos estatales (hoy existe sólo la sombra de uno de ellos), el funcionamiento de la banca privada (de 12 se ha reducido a 6), el restablecimiento de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), la aplicación de normas prudenciales para garantizar la calidad de la cartera de los bancos, la liberalización de las tasas de interés para facilitar la inversión y el flujo de capitales con la esperada reducción de las tasas de interés activas, y la definición del nuevo rol del Banco Central de Nicaragua (BCN) como garante de la estabilidad del córdoba a través de la eliminación del crédito interno al Gobierno Central y la aplicación de una política de crédito neto negativo al sistema financiero nacional, o sea, con montos de entregas de crédito del BCN al sistema financiero nacional menores que las recuperaciones de dicho crédito.
Aunque se unificaron las tasas de encaje legal para los depósitos en moneda local y en moneda extranjera y se disminuyó el ritmo de las operaciones de mercado abierto y se optó por el mecanismo de subasta, no se eliminaron las pérdidas del BCN, no se desarrolló un sistema financiero competitivo, no se ordenaron y fortalecieron los mercados financieros rurales y no se promovió la creación de bancos rurales.
El BCN de inicios de la década de los noventa, la autoridad monetaria de un país pobre muy endeudado en términos de producción, fue presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dejar en manos del Mercado la responsabilidad de fijar la tasa de interés. Con el Consenso de Washington, ya enterrado por el Grupo de los 7 (G7) en noviembre de 2010, se echó a un lado al Estado de Nicaragua y desde entonces no es visible alguna política financiera que sea coordinada por el rector de la política monetaria de nuestro país. Por supuesto que, exceptuando los créditos asociados con programas específicos de recursos externos, se eliminó la política de crédito dirigido, que demostró ser exitosa para el sector agropecuario nicaragüense en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo pasado.
En la práctica, al BCN le asignaron dos tareas. Una tarea fue garantizar la estabilidad macroeconómica con el manejo de saldos monetarios, primero con el saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (del encaje sobre los depósitos en moneda extranjera) y después con los saldos de las reservas internacionales brutas y de la base monetaria. La otra tarea fue “mantener una política cambiaria consistente con los objetivos macroeconómicos” y “mantener una estricta supervisión de la política cambiaria para garantizar el cumplimiento de la balanza de pagos”, algo bastante impreciso debido a que el déficit comercial externo de Nicaragua, con raras excepciones por choques externos como la recesión económica mundial de 2008-2009 y el desplome de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles observado desde julio de 2014, siempre ha sido cercano al 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 25 años. En síntesis, se limitó al BCN a mantener una tasa de inflación baja y estable.
Contrariamente a lo que se alega, que el Mercado debe determinar la tasa de interés, la mejor estrategia sería que el BCN incida en la fijación de la tasa de interés en un nivel que sea consistente con los objetivos del crecimiento económico sostenible y el sano funcionamiento de la economía en el mediano plazo; en otras palabras, que la tasa de interés del Mercado sea consistente con la tasa de interés de equilibrio. Si el BCN lograra avanzar en este sentido, su política monetaria sería eficiente porque no se manejaría con saldos monetarios en dólares y córdobas como lo hace hoy, sino con la tasa de interés que no se determina exclusivamente en el mercado de dinero, porque el mercado de bienes –el nivel del PIB Real o del ingreso real, en el cual juega su papel la política fiscal- también afecta al mercado de dinero, así como la tasa de interés también afecta el nivel del gasto de inversión planeada en el mercado de bienes. Por lo tanto, como señala la teoría macroeconómica, con una oferta de dinero dada por el BCN, las alzas y las caídas del PIB o del ingreso real afectarán a la demanda de dinero e influirán en el nivel de la tasa de interés de equilibrio.
Las tasas de interés del sistema financiero nacional no estimulan el aumento del ahorro financiero ni la demanda de préstamos para financiar el capital del trabajo de la mayoría de las actividades productivas del país. Por ejemplo, en los últimos cuatro años, los tenedores de cuentas de ahorro tienen rendimientos negativos en sus depósitos, mientras que los prestatarios ven el encarecimiento de su crédito de corto plazo, pero el sistema goza de una excelente liquidez y solidez. El córdoba también goza de una gran estabilidad, pero la dolarización financiera continúa avanzando, de tal forma que en diciembre de 2014 el 76% del total de los depósitos y el 91% del total de los préstamos en el sistema financiero corresponde a la moneda extranjera, al billete verde como dice la gente. Nuestra moneda legal, el córdoba (sin mantenimiento de valor) sólo domina el 21% del mercado monetario, pero, irónicamente, la inflación, que es baja y estable, se mide en córdobas.
La ley orgánica del BCN indica que la tasa de interés de las operaciones activas y pasivas de las entidades financieras será determinada libremente por las partes; que el BCN determinará y ejecutará la política monetaria y cambiaria en coordinación con la política económica del Gobierno; que al Consejo Directivo le corresponde aprobar la política monetaria y cambiaria del Estado; y que las resoluciones del Consejo Directivo en materia de política monetaria, financiera y cambiaría tendrán carácter de normas de orden público. Por fin aparece el concepto de política financiera en la ley orgánica del BCN, que se menciona por segunda y última vez al describir las obligaciones del Presidente del Banco, mientras que los conceptos de política monetaria y cambiaria se mencionan ocho veces a lo largo de la ley.
Me atrevería a decir que la política financiera no es relevante en la ley orgánica del BCN y que la coordinación estatal de una política financiera no existe en nuestro país. Es evidente la falta de reglas del juego y de las fuentes de recursos para el financiamiento de la inversión real (construcción y adquisición de maquinaria y equipo), especialmente para las micro, pequeña y mediana empresas (MIPYMEs); es notorio el poco respaldo estatal para restablecer una efectiva banca estatal de fomento a la producción, un instrumento formidable para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH); y está claro que no existe una estrategia nacional, mucho menos una cartera de proyectos, que facilite simultáneamente el crédito y la tecnología a esa gran cantidad de productores, dueños de las MIPYMEs, que no son sujetos de crédito en el sistema financiero convencional. Estas cosas explican, en parte, la informalidad del mercado laboral de nuestro país, que se deja ver a finales de 2014 con el 80% de las empresas que no cuenta con un sistema contable sencillo y con el 22% de las personas económicamente activas que cotizaban la seguridad social.
