La economía de Nicaragua creció a un ritmo promedio anual de 2.1% en mayo

25 07 2021

Tomando en cuenta los datos preliminares del producto interno bruto (PIB) real de Nicaragua estimados por el Banco Central de Nicaragua (BCN), durante el trienio 2018-2020, tras tres años continuos de recesión económica la producción de bienes y servicios del país se redujo 8.75% hasta el nivel registrado en 2015. A manera de ejemplo, si se deseara que en este año se alcanzara de nuevo el máximo histórico de la producción del país que se observó en 2017, el PIB Real tendría que crecer 9.6% en 2021. Imposible de lograrlo.

En 2020 el PIB nominal por persona promedio anual valorado en dólares estadounidenses, también estimado y publicado por el BCN, fue igual a US$1,914, muy cercano a su valor de US$1,917 registrado en 2014. El nivel de este indicador macroeconómico ayuda a concluir de que la economía de Nicaragua ha retrocedido 6 años a finales de 2020.

La economía nicaragüense, como la de los otros países, continúa distorsionada por la pandemia del COVID-19. No obstante la baja cobertura de la vacunación contra el COVID-19 en la población del país y el sesgo contractivo de la política monetaria y la política fiscal, la economía de Nicaragua está funcionando en una mejor forma que la observada el año pasado, debido a:

  • la inversión pública financiada principalmente con préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), debido a las sanciones de la NICA Act en vigor desde el 20 de diciembre de 2018, que impiden nuevas contrataciones de deuda pública externa con el Banco Mundial (BM/IDA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI);  
  • el aumento del consumo de los hogares por el mayor flujo de remesas, también inesperado en un momento en que la economía estadounidenses caía en picada por el COVID-19 en 2020; y
  • la asistencia humanitaria proveniente de los tres organismos multilaterales tradicionales arriba mencionados, a través de préstamos muy concesionales que superaron los US$400 millones en diciembre de 2020 y que tienden a aumentar el gasto público.

No impulsan el crecimiento económico del país en este año la inversión privada, tanto doméstica como extranjera, que se estanca y disminuye por el alto riesgo político y la incertidumbre empresarial, ni las exportaciones domésticas de bienes a pesar de su mayor valor por los altos precios internacionales de materias primas.

No olvidemos que la economía del país está saliendo de un hoyo, el tercero más profundo desde el gran desplome de 32.2% del PIB real registrado en el bienio 1978-1979 con la caída del régimen de Anastasio Somoza Debayle, y de la gran reducción de 12.8% del PIB real observada entre 1980 y 1990 debido a la política macroeconómica ineficiente y demasiado expansiva y a la guerra de agresión. El riesgo más grande para salir del hoyo actual es otra severa ola de contagio de las variantes Delta y Delta Plus del coronavirus.

La lucha contra el coronavirus es un riesgo mayor y está lejos de terminar, porque las dos terceras partes de la población mundial que no vive en países de economía avanzada o en China se encuentran en una situación muy complicada por la escasez de vacunas. Los virólogos y médicos expertos en esta materia han afirmado que la variante Delta tiene una carga viral más alta que la de COVID-19, contagia a más personas en 2.3 días mientras que la primera variante de Wuhan contagiaba entre 5.5 y 7.5 días, se reproduce en nuestro interior mucho más rápido y tarda menos en mostrar síntomas.

El BCN publicó el comportamiento del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) correspondiente a mayo de este año en la semana pasada. La serie procesada de este indicador mensual de la producción del país que nos interesa conocer es la del IMAE promedio anual (de la serie original), cuya variación relativa interanual en diciembre de cada año es idénticamente igual a la tasa de variación relativa del PIB Real anual de ese mismo año.

Según el BCN, el índice de la serie original del IMAE de mayo de 2021 (Base: 2006 = 100), es decir, el índice de producción de mayo de 2021, reflejó el nivel de 154.5%, muy aproximado al 153.8 registrado en marzo de 2017, último mes normal de la historia económica contemporánea del país. Son dos fotografías, las más parecidas, de la producción en el mismo mes de dos años distintos, con una diferencia de cuatro años.

Por su parte, en mayo de este año el IMAE promedio anual de 147.45% aceleró su tasa de crecimiento interanual de 0.40% en abril a 2.11% en mayo, pero el IMAE promedio anual a mayo de 2020 de 144.39% fue 304.85 puntos básicos menor que el IMAE promedio anual de mayo de 2021, y ya acusaba el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la economía nicaragüense.

Por esa razón, reitero que debemos tener cuidado con las cifras “engañosas” o “ruidosas” o “increíbles” de las tasas de crecimiento económico y de inflación de una economía que todavía está distorsionada por la pandemia. No hay que olvidar que los índices mensuales de la producción de bienes y servicios observados desde abril de 2020 en el país ya estaban afectados por el COVID-19, y ya se encontraban en una fase de caída prolongada desde septiembre de 2018 por problemas políticos.

Por esas razones antes mencionadas, con la lectura de la serie original del IMAE utilizada por el BCN en su informe, es decir, con la lectura de las fotografías de los volúmenes de la producción de cada mayo de 2020 y 2021, fueron estimados los siguientes aumentos de la producción por actividad económica:

Explotación de Minas y Cantera, 118.0%; Hoteles y Restaurantes, 64.2%; Pesca y Acuicultura, 34.9%; Industria Manufacturera, 34.6%; Comercio, 27.6%; Construcción, 14.6%; Energía y Agua, 14.3%; Transporte y Comunicaciones, 12.6%; Pecuario, 5.6%; Administración Pública y Defensa, 1.6%; Enseñanza, 1.6%; Salud, 0.9%; Silvicultura y Extracción de Madera, 0.9%; y Propiedad de Vivienda, 0.6%.

Por otro lado, sólo tres actividades disminuyeron la producción: Intermediación Financiera, 5.9%; Otros Servicios, 3.2%; y Agricultura, 0.9%.

El BCN debió haber enfatizado en su informe que la tasa de crecimiento de la serie del IMAE original fue 15.4% interanual en mayo de este año, porque utilizó las series originales de cada actividad económica para afirmar sus notables crecimientos. Pero no lo hizo y sólo agregó, en una forma relevante, las variaciones interanuales positivas de las series desestacionalizadas, 14.6%, y tendencia-ciclo del IMAE, 2.3%.

En conclusión, la tasa de crecimiento interanual de la serie del IMAE promedio anual de Nicaragua fue del orden de 2.1% en mayo de 2021, y cuya variación interanual en cada diciembre es idénticamente igual a la tasa de crecimiento anual del PIB Real. Creo que el BCN debería analizar los problemas económicos con el mayor rigor científico posible.





La política fiscal, base del crecimiento económico de Nicaragua

19 07 2021

La economía de Nicaragua comenzará a crecer dinámicamente cuando aumente la demanda de bienes y servicios finales, es decir, cuando se incrementen los gastos reales (sin inflación) de consumo e inversión, tanto del sector privado (hogares y empresas) como del sector público (gobierno central y alcaldías municipales), y el volumen de las exportaciones.

La crisis económica del país, provocada por causas ajenas a la economía -los problemas políticos internos, la pandemia del COVID-19 y los cambios climáticos- se resolverá con el avance en la solución de esos tres problemas extraeconómicos -convivencia y diálogo, cobertura de la vacunación contra el coronavirus de al menos 70% de la población, y financiamiento concesional para préstamos verdes y relacionados con la sostenibilidad-, sin olvidar que las limitaciones de la oferta están provocando alzas de precios de algunos bienes. Sin embargo, esto no producirá un gran impulso al producto interno bruto (PIB) real.

Acelerar la tasa de crecimiento del PIB Real sería posible con una política fiscal expansiva. En otras palabras, la factibilidad de un mayor crecimiento económico se basaría en una política fiscal que apunte, primero, a disminuir altas tasas tributarias principalmente en las actividades productivas, que han reducido la liquidez y han elevado los costos de producción en las empresas, lo cual implicaría una evaluación de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria aprobada el 28 de febrero de 2019, que también impulse el gasto de capital empresarial real (construcción y maquinaria y equipo) y, segundo, con un mayor gasto de inversión pública que genera empleos e ingresos, que genere crecimiento económico, impulse la demanda de bienes y servicios finales, y elimine la crisis económica.

Por su parte, la política monetaria se encuentra inhabilitada para aumentar la producción de bienes y servicios. Los objetivos del Banco Central de Nicaragua (BCN) se limitan a la estabilidad del córdoba -una condición necesaria pero insuficiente para acelerar el ritmo de crecimiento económico- y al normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos -principalmente los relacionados con los bancos e instituciones financieras-. Dicho sea de paso, el córdoba, la moneda de curso legal, tiene una presencia marginal en el mercado debido a la excesiva dolarización extraoficial de la economía equivalente a 62% del total de la liquidez, a pesar de que el problema político de abril de 2018 redujo la dolarización en 6 puntos porcentuales.

No obstante la muy limitada capacidad de la política monetaria para generar el crecimiento económico, el BCN la ha dirigido apropiadamente para mantener la estabilidad del córdoba. En el primer semestre de este año, el saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) administradas por el BCN se incrementó en US$399.9 millones hasta US$3,611.8 millones -el esfuerzo gubernamental para aumentar las RIB fue del orden de US$167.5 millones-, mientras que la base monetaria (M0), o la suma de los saldos de emisión de dinero y de encaje en moneda nacional, se contrajo C$6,534.7 millones. Así, el parámetro de la estabilidad macroeconómica indicó que al 30 de junio de 2021 el saldo de las RIB es igual a 3.42 veces el saldo de la base monetaria, por arriba del mínimo establecido en 2.5 y, por lo tanto, se puede aseverar que en Nicaragua no hay riesgos cambiarios al mantenerse la estabilidad del índice de precios al consumidor y del tipo de cambio del córdoba con el dólar.

Facilitaron el aumento semestral del saldo de las RIB, el flujo de préstamos y donaciones al sector público de US$261.9 millones, la compra del BCN de US$171.7 millones al sistema financiero y al gobierno central, los depósitos monetarios de US$109.0 millones de las entidades bancarias en el BCN, y la colocación neta de Letras pagaderas en dólares de US$194.8 millones, pero esos aumentos fueron neutralizados parcialmente por el pago de US$182.1 millones de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa, la disminución de US$107.6 millones de las cuentas corrientes del sector público no financiero y la reducción de US$52.9 millones del saldo de encaje en moneda extranjera.

En cambio, la contracción semestral del saldo de la base monetaria se explica principalmente con la colocación neta de Letras a 1 día plazo pagaderas en córdobas por C$1,999.8 millones, los depósitos del sector público no financiero en el BCN de C$9,986.2 millones y los depósitos a plazo del gobierno de C$859.3 millones, pero fue contrarrestada parcialmente por la cordobización de divisas de C$3,072.3 millones, la compra de divisas al sector privado de C$2,930.8 millones y las pérdidas del BCN de C$482.8 millones.

Finalmente, entre el 31 de diciembre de 2020 y el 30 de junio 2021 se puede observar que las preferencias del público no bancario en la tenencia de activos monetarios presentan el siguiente orden (con saldos valorados en dólares): (i) depósitos en moneda extranjera (aumento de US$180.3 millones, hasta US$3,244.4 millones), pero todavía alejado de su máximo histórico de US$4,115.0 millones registrado el 13 de abril de 2018; en córdobas con mantenimiento de valor, (ii) depósitos de ahorro (US$477.8 millones) y (iii) depósitos a plazos (US$84.6 millones) ; y en córdobas (iv) depósitos a la vista (US$697.5 millones) y (v) numerario, o sea, billetes y monedas que circulan fuera del sistema financiero, (US$1,055.9 millones).

Persiste el “efecto base” en las variaciones relativas interanuales del medio circulante (numerario más depósitos a la vista) o dinero y del numerario. Al 30 de junio 2021, el saldo del medio circulante de C$49,151.0 millones reflejó un aumento interanual de 26.6%, y el saldo del numerario de C$24,621.3 millones mostró un incremento interanual de 31.0%, pero ambas variables oscilaban alrededor del 10% en la mayoría de los meses de 2017. Los valores de ambas variables aún no se han normalizado, porque continúan comparándose con niveles muy bajos del año pasado, impactados por las causas extraeconómicas antes mencionadas. 

El control de las reservas internacionales y de la base monetaria y el comportamiento de los principales agregados monetarios ayudan a demostrar que el BCN puede garantizar la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el BCN disminuyó su tasa de interés monetaria o interbancaria en córdobas sin mantenimiento de valor desde 4.5% en julio de 2020 hasta 3.5% en marzo de 2021 y no ha podido estimular el crecimiento económico, dada la escasa correlación existente entre dicha tasa y la tasa de interés del mercado. Por esto, la política fiscal debe ser la promotora del crecimiento del PIB Real.

Recientemente, la Unidad de Inteligencia de The Economist destacó que en 2021 la economía de Nicaragua crecerá 4.8% y volverá a los niveles anteriores a la pandemia, gracias al consumo, al gasto público, a la inversión fija y a la recuperación del dinamismo de la exportación de bienes.

En otras palabras, la Unidad de Inteligencia de The Economist está fundamentando su pronóstico del crecimiento económico de Nicaragua en 2021 en la demanda global, cuestión que a mi parecer sería bastante difícil de lograrse, pero ojalá así sea. Y si así fuese, con base en los datos oficiales del BCN, el nivel del PIB Real de Nicaragua en 2021 estaría muy cercano a su nivel registrado en 2016 y, además, se ubicaría 4.4% por debajo de su nivel observado en 2017, año en que alcanzó su máximo histórico, y 1.0% por debajo de su nivel alcanzado en 2018.





La tasa de inflación de Nicaragua a junio de 2021

11 07 2021

La pandemia del Covid-19 trastornó la economía mundial. Al iniciarse la recuperación económica en 2021, anunciada por el Fondo Monetario Mundial (FMI) al menos en los países de economía avanzada y en algunos países de economía emergente, los datos económicos pueden conducirnos a resultados “engañosos” y “ruidosos”.

Estamos comparando datos económicos de 2021 con datos económicos distorsionados por el coronavirus. Si a los datos económicos le aplicáramos ajustes estándares que se aprenden en un curso de estadísticas, por ejemplo, la variación estacional que trata de suavizar el comportamiento mensual o trimestral de las principales variables macroeconómicas, estamos obteniendo resultados increíbles, engañosos, y ruidosos, que no funcionan bien en una economía que todavía está distorsionada por el COVID-19.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Información (INIDE), correspondiente a junio de este año, fue publicado en la semana pasada.

¿Cómo le gustaría leer la variación relativa o porcentual del IPC, es decir, la tasa de inflación?

Comencemos la lectura del IPC con las respuestas a las preguntas más frecuentes que hacen los  consumidores y los productores sobre el comportamiento de los precios al consumidor, como son su nivel, sus causas y la expectativa inflacionaria de corto plazo.

La tasa de inflación mensual en junio fue igual a 0.72%, porque se aceleró el alza de los precios de los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La tasa de inflación acumulada entre diciembre de 2020 y junio 2021 se ubicó en el nivel de 2.24%, igual a la de los alimentos y bebidas no alcohólicas, pero influenciada principalmente por los precios de las bebidas alcohólicas y tabaco, y del transporte.

La tasa de inflación interanual en junio, es decir la inflación anualizada a junio del año en curso, de particular interés para los empresarios en su toma de decisiones, fue del orden de 3.94%, explicada principalmente por los precios de bebidas alcohólicas y tabaco, transporte, comunicaciones, y alimentos y bebidas no alcohólicas.

Concluimos con la lectura de la variación relativa del Índice de Precios al Consumidor Subyacente (IPCS), en otras palabras, la tasa de inflación subyacente, que no toma en cuenta los precios muy volátiles de los alimentos y de los combustibles, la cual también podemos considerar como la expectativa de la tasa de inflación de corto plazo.

La tasa de inflación subyacente registrada en junio mostró el siguiente comportamiento: mensual, 0.64%; acumulada anual, 3.14%; e interanual, 4.70%, que es muy cercana a la registrada en marzo de 2020, el mismo mes en que se anunció oficialmente la presencia de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua.

La inflación en Nicaragua no es preocupante, porque continúa oscilando alrededor del 4% interanual y aún no ha llegado a la barrera del 5%. Esta afirmación anterior la fundamenté en un artículo económico escrito hace tres semanas sobre los “efectos base” y las interpretaciones económicas engañosas de las variaciones de las principales variables macroeconómicas en tiempos de severas crisis extraeconómicas, en el cual afirmé que la inflación subyacente interanual había descendido desde el rango de [5.25%, 6.56%] alcanzado con la reforma tributaria de febrero 2019, hasta el rango de [2.56%, 4.13%] entre abril de 2020 y mayo de 2021, y que en este año había vuelto a oscilar alrededor del nivel tradicional de 4%. Reitero que, en estos momentos de crisis, la tasa de inflación más realista es la subyacente, y que si en términos interanuales arribara al 5% y luego comenzara a buscar el nivel de 6% habría fuertes presiones inflacionarias y la política monetaria, que se ha mantenido contractiva, tendría que endurecerse.

Por otro lado, según los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el gasto real de consumo individual de los hogares (o en precios constantes de 2006) en el primer trimestre de 2021 reflejó un levísimo aumento (en volumen) de apenas 0.04% con respecto a su nivel observado en el trimestre anterior, o sea, el cuarto trimestre de 2020, pero en términos interanuales, el mismo gasto de los hogares del primer trimestre de 2021 en relación con el registrado en el primer trimestre de 2020 registró un incremento de 2.31%, una cifra que es “engañosa” por el “efecto base”, y que al ser comparado con el gasto observado en el primer trimestre de 2019, un trimestre que ya estaba afectado por la crisis política surgida en abril de 2018, mostró un aumento de 5.19%, otra cifra “engañosa” y, además, “ruidosa”, porque al ser comparado con el mismo gasto de consumo del primer trimestre de 2018, que puede ser considerado como el último trimestre “normal” de la economía de Nicaragua, indica un desplome de 3.64%.

Por consiguiente, no se podría afirmar que el consumo de las familias se ha reactivado. La demanda alicaída del gasto de consumo de las familias aún no contribuye a la reactivación de la producción de bienes y servicios finales, ni a la reducción del desempleo y subempleo.

Además, tampoco se podría afirmar que el gasto real (o sin inflación) de consumo de los hogares se ha reducido porque se aceleró la tasa de inflación de los precios al consumidor. Si tomamos en cuenta la tasa de inflación subyacente, podemos decir que la presión inflacionaria en el mercado local se ha normalizado en este año debido a la demanda alicaída de productos de consumo final y a la persistente contracción de la base monetaria o liquidez en córdobas que ha garantizado tanto el fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales administradas por el BCN, como el cumplimiento apropiado de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país, o sea, el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor.





El salario medio del sector formal de la economía de Nicaragua

4 07 2021

Aunque la tasa de inflación interanual casi se duplicó con la reforma tributaria de febrero de 2019, al pasar de 3.4% en febrero de 2019 a 6.4% en febrero de 2020, y volvió al rango observado en 2017 de [3.2%, 4.4%] en el primer trimestre de 2021, el mercado laboral formal, tras haber alcanzado un promedio mensual de 914,196 puestos de trabajo en 2017, registró una pérdida de 199,731 puestos de trabajo durante el trienio 2018-2020 hasta 714,645, con base en datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)

En el período enero-abril de 2021, el promedio mensual de dichos puestos de trabajo que cotizan la seguridad social es 747,382. Se han restablecido apenas 32,917 puestos de trabajo formales y no se han restaurado 166,814 puestos sin tomar en cuenta el aumento de la población económicamente activa (PEA), cuya cifra oficial desconocemos . La recuperación del empleo está lejos de alcanzar, y sin saber la situación del mercado laboral informal debido a la insuficiencia de datos de desempleo equivalente y de pleno empleo. Además, sin aumento de las vacunas contra el COVID, que tiene una muy baja cobertura de los dos pinchazos en la población del país, las personas siempre se sentirán incómodas o inseguras al regresar al trabajo.

Los shocks de oferta y demanda por causas extraeconómicas han estado a la orden del día en el país desde 2018. La crisis política interna, que se mantiene desde abril de 2018, y la pandemia mundial del COVID-19, que se presentó en el país en marzo de 2020, cerraron empresas y aumentaron el desempleo, o sea, destruyeron puestos de trabajo y se produjo el shock de oferta. ¿Cuál es la institución pública que se ha preocupado por lograr que el mercado laboral vuelva a la normalidad?

Por esos dos problemas extraeconómicos arriba mencionados, los trabajadores desempleados perdieron sus ingresos y, adicionalmente, la reforma tributaria de febrero de 2019, en un momento de recesión económica interna, elevó los costos de producción y aceleró la tasa de inflación, por lo que se produjo el shock de demanda. En otras palabras, se redujo la demanda interna, es decir, el consumo de las familias y la inversión privada en construcción y adquisición de maquinaria y equipo.

Sin embargo, existe otra variable que contribuye a explicar la caída de la demanda de bienes y servicios de consumo final de los hogares. Esa variable es el salario nominal promedio del sector formal que comprende, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo (MITRAB), a las empresas de más de 20 trabajadores y afiliadas a la seguridad social.

En córdobas corrientes de cada mes y año, o sea, el salario nominal o monto en córdobas que el trabajador recibe por su servicio laboral, apenas mostró un incremento de 3% acumulado entre enero de 2018 y marzo de 2021, al pasar de C$10,685 en diciembre de 2017 a C$11,006 en marzo de 2021. En ese mismo lapso se registró una tasa de inflación nacional acumulada de 15.1%., Por consiguiente, el salario real (que elimina la inflación), o poder adquisitivo del salario, se redujo 10.4% en ese mismo período.   

Las crisis usualmente están acompañadas de caída de la producción, baja inflación y alto desempleo, pero las reaperturas o la reactivación de las economías avanzadas dado el control del contagio de COVID ahora se enfrentan a la obstrucción de las cadenas de suministros (los semiconductores), alzas en los precios de los insumos (una gran volatilidad de los precios de los combustibles, los alimentos, la madera) y aumentos “irregulares” de precios al consumidor (automóviles, viviendas), por lo cual las empresas están aumentando los precios y los salarios. Las economías avanzadas y las economías petroleras están exportando inflación.

En estos momentos no se observa evidencia de que las expectativas de inflación en Nicaragua se están saliendo de control.

La política monetaria continúa siendo contractiva con la colocación de Letras del Banco Central de Nicaragua (BCN) con el plazo de 1 día y con una tasa de rendimiento de 4.75% en córdobas sin mantenimiento de valor, no obstante la tasa de interés monetaria o interbancaria del BCN, o tasa de referencia de reportos monetarios, es 3.5% en córdobas sin mantenimiento de valor. Por su parte, la política fiscal también continúa siendo contractiva, con los efectos de una reforma tributaria que se está agotando en mantener su objetivo recaudatorio desde octubre de 2020, mientras que el gasto gubernamental se mantiene prácticamente congelado y el déficit fiscal está cercano al 0% del producto interno bruto (PIB).

El profesor John Maynard Keynes hablaba de estímulo fiscal para la reactivación de la economía y la generación de empleo, y era un escéptico de los estímulos monetarios, ahora llamados como “flexibilización cuantitativa” (QE, quantitative easing), que tratan de lograr la recuperación de los precios con la emisión de dinero. Keynes fue mordaz al argumentar que el aumento de los precios es un efecto de recuperación, no una causa de ello, y agregó que tratar de aumentar la producción aumentando la cantidad de dinero era como “tratar de engordar comprando un cinturón más grande”.

En estos momentos, ¿se podría aumentar el salario en Nicaragua con el propósito de aumentar la producción? Mi respuesta es no, porque podría dar origen a una espiral salario-precio, que se vuelven endémicas, y frenar esa espiral con los aumentos de las tasas de interés, de por sí ya elevadas en un momento de recesión económica, implicaría continuar con la destrucción de los puestos de trabajo. Incluso, habría que tener cuidado con los aumentos del salario mínimo, porque podría presionar la tasa de inflación hacia arriba si existiera una creciente demanda de trabajo en el mercado laboral. A la fecha, en  estos tiempos de crisis, los ajustes del salario mínimo de Nicaragua han sido mínimos: 0.52% en 2019; y 3.0% en 2020.

La preocupación económica es que el aumento de los salarios con una demanda decaída de trabajo obligará a las empresas a subir los precios, y esto conduciría a los trabajadores a pedir más ajustes salariales y crearía presiones inflacionarias que tendrán que ser aplacadas por el BCN. Hay que evitar el surgimiento de la espiral salario-precio.





El Salvador tendrá dos monedas de curso legal, y ninguna es propia

27 06 2021

Con la colaboración de COPADES-El Salvador

El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en que una moneda virtual, el bitcoin, tiene curso legal junto al dólar estadounidense, que es la moneda de curso legal en El Salvador desde 2001 y es la única moneda utilizada en las transacciones nacionales.

El bitcoin no es emitido por el Estado sino por un mercado privado descentralizado. Esta moneda digital fue lanzada el 3 de enero de 2009 por un programador informático anónimo (o un grupo de programadores) bajo el seudónimo de “Satoshi Nakamoto”. También llamada moneda de Internet, el bitcoin presenta un valor muy volátil que lo transforma en un activo de inversión y en una reserva de valor extremadamente arriesgada, y no está regulada por ninguna institución gubernamental.

El bitcoin es mucho más volátil que el dólar. En septiembre de 2011 el bitcoin costaba US$6 y el 14 de abril de 2021 llegó a valer más de US$64,000, con un aumento de ocho veces en 12 meses, pero luego cayó a la mitad de ese valor en solo unas pocas semanas, y entre el 15 de mayo y el 15 de junio de este año su valor osciló entre US$34,259 y US$49,304. Todos estos valores son impulsados por el mercado y sin margen de cambio para los responsables de las políticas económicas, por lo que el bitcoin no es un instrumento adecuado para la estabilización macroeconómica.

El 8 de junio de 2021, la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó la Ley Bitcoin, sin discusión, sin un análisis de riesgos y beneficios, y sin un marco regulatorio que le facilite usarla en cualquier parte del mundo. Esta Ley entrará en vigor en septiembre de este año.

De acuerdo con la Ley, el bitcoin puede ser utilizado en cualquier transacción entre personas naturales y jurídicas, todos los precios serán expresados en bitcoin, los agentes económicos deben aceptarlo como un medio de pago con la excepción de la falta de acceso a la tecnología requerida para realizar las transacciones, y todas las obligaciones monetarias en dólares estadounidenses existentes antes de la aprobación de la ley se podrán pagar en bitcoin.

El bitcoin consiste en una secuencia alfanumérica legible para las personas, las cuales se asocian con un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. Para poder hacer un intercambio a través de bitcoin se utiliza un sistema en el que cada usuario tiene una clave criptográfica, y este sistema que se conoce en inglés como “peer to peer” (P2P, “de igual a igual”) permite descontar la cantidad de bitcoin a quien compra, y aumentar la cantidad de bitcoin de la cuenta de quien vende, por lo que es una transferencia como tal.

Sin embargo, para los fines contables y tributarios, el dólar continuará siendo la moneda de referencia, pero el bitcoin podrá ser usado para pagar las contribuciones tributarias, y los intercambios en bitcoin no serán gravados con el impuesto sobre ganancias de capital.

En cuanto a la convertibilidad de la moneda digital, se utilizará el tipo de cambio del bitcoin con el dólar estadounidense determinado libremente por el mercado. Los agentes económicos, con el fin de evitar el riesgo cambiario, podrán optar por la conversión de bitcoins en dólares mediante un fondo de fideicomiso, sujeto a limitaciones y reglas de funcionamiento aún no reglamentadas y, según autoridades gubernamentales de El Salvador, se formará con US$150 millones.

La opción de la convertibilidad  para una transacción pagada en bitcoins se ejemplifica de la siguiente forma: (i) el agente pagador entrega bitcoins para realizar el pago; (ii) el agente receptor o cobrador decide si realiza la conversión en dólares o mantiene el valor en bitcoins; y (iii) si el receptor desea dólares, el fideicomiso le entrega dólares a cambio de bitcoins.

Implicaciones tributarias, cambiarias y monetarias

Como el dólar continuará siendo la moneda de referencia, la base tributaria se determinaría en relación con el valor en dólares. Tanto el cobro del impuesto de valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (IR) para un pago en bitcoins tendría que basarse en el tipo de cambio de bitcoins por dólar en el momento de que se  realice la transacción, pero el cobro del impuesto de ganancia de capital, según la Ley Bitcoin, no se aplica a los intercambios en bitcoins, pero no se aclara si los intereses generados en bitcoins en los depósitos de ahorro y a plazos estarían sujetos al impuesto sobre ganancias de capital, como sucede con el dólar.

Habría que esperar la reglamentación de la Ley Bitcoin para determinar si el funcionamiento del fondo de fideicomiso tendrá una exposición cambiaria, pero existen dos canales potenciales de riesgo cambiario: la velocidad de conversión entre el bitcoin y el dólar, y la evolución del tipo de cambio, en el caso de que el fondo de fideicomiso mantenga reservas en bitcoins. Además, la ley no establece cuál es el agente económico en que recaerían los costos de transacción entre el bitcoin y el dólar.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador tendrá que determinar la posibilidad de pagar impuestos en bitcoins y, consecuentemente, evitar la evasión tributaria, lo cual requeriría la regulación de los medios de utilización del bitcoin que sean permitidos (por ejemplo, la autorización de aplicaciones digitales o los monederos virtuales específicos), mediante la implementación de políticas de KYC (know your customer) autorizados. Por el lado del gasto público, los contratos gubernamentales en bitcoin, que ya están establecidos por la Ley, generarán una gran volatilidad en los egresos presupuestarios valorados en dólares, mientras que la emisión de deuda soberana en bitcoins generará riesgos fiscales debido a la volatilidad del tipo de cambio del bitcoin por dólar.

El gobierno de El Salvador no ha anunciado si mantendrá reservas internacionales en bitcoins como resultado del funcionamiento del fondo de convertibilidad o como una decisión de política monetaria, pero necesitará desarrollar instrumentos contra el riesgo de lavado de dinero en las transacciones con bitcoins, para lo cual es necesario restringir el tipo de aplicaciones y monederos virtuales específicos que pueden utilizarse para realizar los pagos, tal como se mencionó ante el riesgo de la evasión tributaria.

En conclusión, las criptomonedas sacan al Estado de la ecuación: sustituyen a los bancos con redes de computadoras poderosas que compiten para verificar transacciones, que generan más unidades de moneda o “moneda” y cada transacción se registra con una tecnología criptográfica llamada “blockchain”(“cadena articulada”), un clase de libro mayor público imposible de modificar.

En mi opinión, las criptomonedas no constituyen dinero, sino un activo especulativo como el oro y las obras de arte. Su nivel de anonimato las hace muy riesgosas por la concurrencia de actividades delictivas, incluso para la privacidad de los datos; y sus transacciones requieren un gran poder de cómputo que genera grandes costos climáticos. Ahora, el bitcoin es más atractivo en El Salvador, un país que recibió remesas de casi US$5,000 millones en 2020, pero es mejor dejar el riesgo en manos de los que entienden bien el juego.





Los “efectos base” y las interpretaciones económicas engañosas

19 06 2021

Hace pocos días supimos que el producto interno bruto (PIB) real del país había crecido 3.4% en el primer trimestre de 2021 con respecto al primer trimestre de 2020 (este trimestre no fue normal), lo que ha provocado euforia en las proyecciones oficiales del crecimiento económico esperado en 2021, que se sitúan en un rango mínimo de [2.5%, 3.5%], un nivel medio de 4% y un nivel óptimo de 6%.

Las previsiones de las cifras macroeconómicas de este año que han comenzado a circular son resultados de comparaciones con los desplomes provocados por la pandemia mundial del COVID-19 a partir de marzo de 2020. Según los datos oficiales, en el segundo trimestre de 2020, el PIB real había caído 6.4% y continuó cayendo 0.9% y 1.9% en el tercer y cuarto trimestres de ese mismo año, después de haberse desplomado 9.0% en el primer trimestre de 2019 por los efectos de la crisis política de abril 2018 y la reforma tributaria de febrero de 2019 sobre la producción de bienes y servicios.

Tal como lo he señalado en varias de mis opiniones económicas, estamos realizando comparaciones con la hondura de una recesión económica que surgió en el segundo trimestre de 2018 y continuó progresivamente hasta llegar a un mínimo de producción, lo cual hace que algunas variables económicas aparezcan tremendamente altas por los “efectos de base” y no facilitan información hacia donde nos dirigimos en 2022. Cifras económicas anormalmente altas están apareciendo en el escenario macroeconómico, no sólo de Nicaragua, sino de todos los países.  

Tenemos que interpretar mejor los resultados ilusorios o artificiosos de este año con respecto a los del año pasado, cuando algo extraeconómico inesperado, el COVID-19, se presentó en Nicaragua el 18 de marzo de 2020. Este tipo de problema, que provocó un shock de oferta con el cierre de empresas y después un shock de demanda con la reducción de los ingresos al aumentar el número de desempleados y subempleados, causaron distorsiones en los datos económicos y una mayor dificultad en el análisis de la economía.

Para tener una mejor idea de la tendencia del crecimiento económico, el PIB real del primer trimestre de 2021 muestra una disminución de 4.8% en relación con el primer trimestre de 2018, que en mi opinión ha sido el último trimestre en que se reflejó una normalidad económica en el país.

El mismo problema de interpretación ocurre con la tasa de inflación. Con la recuperación económica del primer trimestre de 2021, la cual es cierta, también se observan dinámicas inflacionarias distintas en diferentes grupos de bienes y servicios.

Por ejemplo, en términos interanuales, en mayo de este año se han acelerado la tasa de inflación de las bebidas alcohólicas y el tabaco hasta 18.8%, influenciada por la reforma tributaria de febrero de 2019, y la tasa de inflación del servicio de transporte hasta 15.0%, impactada por el aumento interanual de 126.5% del precio internacional promedio mensual del barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate), que es de referencia para América Latina, al saltar de US$28.68 en mayo de 2020  hasta US$64.98 en mayo de 2021. Sin embargo, muy probablemente debido a una menor demanda de los consumidores, los precios de prendas de vestir y calzado apenas aumentaron 1.9% y los precios de los servicios de hoteles y restaurantes subieron 2.2%, mientras que los precios al consumidor de alimentos y bebidas no alcohólicas se aceleraron hasta 4.3%.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de mayo de 2021 tuvo un aumento interanual (o en relación con el IPC de mayo de 2020) de 3.97% (en abril de este año fue igual a 4.40%, una tasa de inflación que puede considerarse alta), pero para tener una mejor idea de la tendencia inflacionaria se puede poner la atención en la tasa de inflación del IPC Subyacente (IPCS), que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles, porque esos precios son muy volátiles.

En el bienio 2017-2018, la tasa mensual de inflación subyacente en términos interanuales osciló muy cercanamente alrededor de 4%, al ubicarse en el rango de [3.87%, 4.25%], pero con la reforma tributaria, desde febrero de 2019 hasta marzo de 2020, subió a al rango de [5.25%, 6.56%]. Desde abril de 2020 hasta mayo de 2021 ha descendido y se ha reubicado en el rango de [2.56%, 4.13%], y ha vuelto a oscilar bastante cerca al 4% en este año.

Siempre tomando en cuenta los “efectos base”, la tasa de inflación interanual del IPC podrá elevarse en forma sostenida en el corto plazo, pero temporalmente porque la demanda de bienes y servicios estaría aumentando debido el crecimiento económico que hemos comenzado a observar en el primer trimestre de este año, y también por el crecimiento de los precios internacionales de los commodities o materias primas y los cuellos de botella de las cadenas de suministro de bienes intermedios o insumos.

Por esos motivos, es mejor monitorear la tasa mensual de inflación en términos interanuales del IPCS, que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles. Creo que sería un indicador más realista. Si esa tasa de inflación sube de 4%, que es casi la moda del alza del IPCS, a 5%, y después a 6%, se puede afirmar que se estarían observando fuertes presiones inflacionarias, por lo cual la política monetaria contractiva tendría que endurecerse, principalmente mediante una mayor colocación de Letras del BCN con plazo de 1 día, que es el único instrumento que goza de confianza entre los inversionistas financieros.

Lo que sí es muy preocupante es lograr la normalidad del mercado laboral. La recuperación del empleo se ve muy lejana, porque después de que las crisis destruyeran 199 mil 731 puestos de trabajo en el sector formal de la economía durante el trienio 2018-2020, sólo se han creado 32 mil 917 puestos en el primer cuatrimestre del año en curso. Además, se desconoce la destrucción de puestos de trabajo del sector informal y, por lo tanto, la recuperación del empleo está muy lejos de completarse, además porque la población económicamente activa aumenta en cada año.

Según mis cálculos, de 4 millones 100 mil personas económicamente activas (PEA) en 2021, 1 millón 324 mil estarán subutilizadas (o desempleadas en forma abierta y desempleadas equivalentes), y esta cifra arroja una tasa de subutilización global de 32.3% de la PEA. En otras palabras, 564 mil empleos se han perdido desde 2018, incluyendo al sector informal, y aún no se han restablecido y muchos de ellos probablemente no podrán ser restaurados.

Por otro lado, el poder adquisitivo de los salarios de los empleados en el sector formal de la economía, de acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo (MITRAB), en términos acumulado anual, o sea, de diciembre a diciembre, se ha deteriorado 1.9% en 2018, 5.2% en 2019, 2.6% en 2020 y 1.2% a marzo de 2021. La reducción acumulada de la capacidad de compra del salario del sector formal desde diciembre 2017 hasta marzo de 2021 es 9.4%.

En conclusión, el desempleo y el subempleo han aumentado, pero no se han dado aumentos salariales, excepto para el salario mínimo. Si los sindicatos comenzaran a presionar por aumentos salariales para los trabajadores con salarios bajos, se podría generar una tendencia inflacionaria, es decir una espiral salario-precio, en el caso de que hubiese un exceso de demanda de trabajo en el mercado laboral, el cual no se percibe en este momento. Sin embargo, creo que esto no es posible en el corto plazo, porque la curva de contagio de COVID-19 aún no ha sido aplanada y la vacunación aún no tiene  una amplia cobertura sobre la población del país.





El aumento de la oferta de dinero no es motivo de preocupación

13 06 2021

En las últimas semanas ha circulado la opinión que hay una excesiva cantidad de dinero circulando en el mercado local y que por ese motivo la tasa de inflación mensual se aceleró de 0.26% en enero a 0.85% en febrero de este año, lo que implicó el aumento de la tasa de inflación interanual de 2.9% en diciembre de 2020 a 4.4% en abril de 2021.

De acuerdo con datos oficiales, el balance presupuestario de ingresos y gastos del Gobierno Central, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), mostró un superávit de 2 mil 867 millones de córdobas en el primer trimestre de 2021, por lo cual, aunque el Gobierno había recibido préstamos y donaciones del sector externo por 101 millones de dólares en ese trimestre, no requería del auxilio financiero internacional para ejecutar el gasto gubernamental, ni tampoco ha recurrido al endeudamiento interno mediante la colocación de Bonos del Tesoro en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Por su parte, el balance del BCN mostró al 31 de mayo de este año una contracción monetaria de 7 mil 247 millones de córdobas, que se explica principalmente por el aumento de los depósitos del sector público no financiero en el BCN y la colocación de Letras del BCN a 1 día plazo pagaderas en córdobas.

Entonces, ¿por qué la gente se queja de que existe un excesiva cantidad de dinero en el mercado,  y que por ese motivo se está acelerando la tasa de inflación? La gente comienza a preocuparse por una inflación galopante, que a simple vista no se percibe.

El dinero sirve como medio de intercambio o medio de pago, para la compra y la venta de productos; como depósito de valor estable, para trasladar poder de compra de un período a otro;  y como unidad de cuenta, para la cotización de los precios.

La cantidad de dinero a veces ayuda a pronosticar la tasa de inflación. Pero, ¿cómo se estima el saldo de dinero que circula en el mercado? En mi opinión, la oferta de dinero se puede estimar con el Medio Circulante, o sea, la cantidad de dinero para realizar transacciones, conocido en la literatura macroeconómica como M1 e incluye el efectivo fuera de los bancos y el valor de todos los depósitos a la vista o en cuenta corriente en las entidades bancarias; sin embargo, otros economistas lo relacionan con el agregado monetario M2, conocido como Dinero Amplio, que además del Medio Circulante incluye el saldo de los depósitos de ahorro y a plazos en moneda local, estos últimos llamados Cuasi Dinero.

Sin embargo, el BCN sólo controla la Base Monetaria, conocida como M0 o dinero de alta potencia, que consiste en el efectivo, o los billetes y las monedas en circulación, es decir, el saldo de la emisión de dinero, más los depósitos que los bancos tienen en el BCN. Por lo tanto, el BCN no controla directamente a M2.

En 2020, principalmente en el último bimestre de ese año, el BCN aumentó la Base Monetaria hasta 9 mil 190 millones de córdobas, pero en ese mismo año los bancos aumentaron sus depósitos en el BCN en 2 mil 360 millones de córdobas, a pesar de que el BCN contrajo la liquidez en 3 mil 28 millones de córdobas mediante el mecanismo de absorción de los reportos monetarios. Así, los depósitos de ahorro y a plazos del público no bancario no reflejaron un gran aumento.

Ahora, en el período enero-mayo de 2021, la Base Monetaria se ha reducido en 4 mil 608 millones de córdobas, pero la gente ha comenzado a expresar su temor a la aceleración de la tasa de inflación. Un rápido  crecimiento de la oferta de dinero o M1 no se traduce en una severa inflación sin que cause un sobrecalentamiento de la economía, o sea, una situación que se caracteriza por crecientes niveles de demanda interna y de demanda externa de bienes y servicios, cuando la capacidad del aparato productivo no satisface la demanda agregada, y cuando la economía se está acercando al pleno empleo. Pero esta no es la situación de la economía de Nicaragua.

Lo que ha ocurrido desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2020 ha sido una recesión continua, con una gran pérdida de puestos de trabajo del sector formal, y también del informal, con el aumento de la población económicamente activa (PEA) por el ingreso de jóvenes al mercado laboral por primera vez, y también con la reducción de la PEA porque los desempleados y subempleados la abandonan al cansarse en la búsqueda de trabajo. Todo esto condujo a la disminución de la tasa de inflación interanual desde julio 2018 hasta noviembre de 2020.

Por consiguiente, concluyo que los inflacionistas no han analizado esta historia económica reciente del país. Una economía casi en estado depresivo, con crecientes tasas de desempleo y subempleo, y con una elevada tasa de personas inactivas en edad de trabajar, nos ha llevado a un nivel inflacionario mínimo, donde la producción total es inferior a la producción potencial.

La tasa de inflación anual bajó de 5.87% en 2017, un año de máximos históricos de producción y de mínimos históricos de pobreza en el país, a 3.89% en 2018 por la crisis política de abril de 2018; luego, en 2019 la inflación anual se aceleró hasta 6.13% por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de ese año, que elevó los costos de producción de las actividades agropecuarias y los precios al consumidor de bebidas y cigarrillos,; después desaceleró hasta 2.93% en 2020, debido a los shocks de oferta y de demanda provocados por la pandemia mundial del COVID-19. En conclusión, se observó una reducción de la inflación, excepto en el año en que se implementó una reforma tributaria.

Con el último dato oficial disponible, cabe mencionar que la tasa de inflación interanual de mayo de 2021 es 3.97%, o sea, 43 centésimas porcentuales menor que la de abril recién pasado.

Por supuesto que hay muchas razones para preocuparnos de la economía nacional, pero mantengamos la calma por la presión inflacionaria. Preocupémonos, antes de todo, por restablecer el nivel de empleo observado antes de la crisis política y, después, busquemos el pleno empleo, alcancemos el producto interno bruto potencial.





No se visualiza un sobrecalentamiento de la economía de Nicaragua

6 06 2021

La presión inflacionaria en Nicaragua no ha “sobrecalentado” la economía nacional, porque el nivel de desempleo se elevó abruptamente en el trienio 2018-2020 por la crisis política de abril 2018, la reforma tributaria procíclica o contractiva de febrero de 2019, la pandemia mundial del COVID-19 en marzo de 2020 y los huracanes Eta e Iota que azotaron el norte de la Costa del Caribe en noviembre de 2020.

Ese esperado calor de la economía aún no se ha sentido, porque tras la destrucción de 199,731 puestos de trabajo del sector formal de la economía durante el trienio antes mencionado sólo se crearon 30,457 en la economía formal en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Si sintiéramos ese calor ya se hubieran elevado los salarios y se hubiese reducido la tasa de inactividad laboral, que, según el dato oficial, es igual a casi el 30% de la población en edad de trabajar.

Si hubiera una fuerte presión inflacionaria que preocupara a los consumidores y los productores, que también fuera sostenida, como la tasa de inflación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) de 4.4% registrada en abril recién pasado, los precios irían al alza y se acelerarían rápidamente, la observaríamos en los salarios y en los precios al consumidor y no debería ser temporal.

La tasa de inflación interanual del índice de precios al consumidor subyacente (IPCS), que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, tendría que pasar de 4%, como se observaba antes de la reforma tributaria de febrero de 2019, a 5%, después a 6% y así sucesivamente, pero eso no está ocurriendo en el país, porque también estaríamos viendo crecientes y acelerados niveles de empleo y de salarios.    

Según el dato oficial, la tasa de desempleo abierto de 2020 fue del orden de 5.0% de la población económicamente activa, pero apenas 0.5 puntos porcentuales mayor que la de 2016 y 1.3 puntos porcentuales superior a la de 2017, un año de variables con máximos y mínimos históricos que favorecen a la economía nicaragüense, por lo cual se generaría alguna polémica porque en el trienio 2018-2020 se acumuló, según el Banco Central de Nicaragua (BCN) una caída de 8.8% del producto interno bruto (PIB) real.

¿Una caída de 8.8% del PIB real aumentaría la tasa de desempleo abierto apenas en 1.3 puntos porcentuales? Volver a la normalidad económica significaría que la tasa de desempleo estaría por debajo del 3.7% (¿pleno empleo, cuando casi el 50% de los ocupados está subempleado?) que alcanzó la administración del presidente Daniel Ortega con una tasa de inflación de 5.7% en 2017.

Por otro lado, entre los niveles salariales del país, el salario mínimo, ha tenido ajustes anuales muy importantes en el período 2007-2017, al saltar su promedio simple de C$1,440 en 2006 a C$5,824 en 2017, lo que implicó una tasa de crecimiento promedio anual de 13.6% y su cobertura sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico saltó de 21.9% en 2007 a 45.3% en 2017. Cabe mencionar que a partir de septiembre de 2007, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) oficializó una nueva canasta de consumo básico, que pasó de tiempos de guerra a tiempos de paz, y que garantizó el consumo per cápita diario de 2,455.4 kilocalorías para una familia de 4.9 personas promedio nacional.

Sin embargo, la tasa de ajuste promedio anual del salario mínimo legal en el trienio 2017-2020 se desaceleró hasta 5.5%, al registrar en 2020 un promedio simple de C$6,849.26, pero elevó su cobertura sobre la canasta de consumo básico a 47.1% porque la inflación promedio anual del costo de dicha canasta fue igual a 4.1% en el mismo trienio (5.1% > 4.1%).

Como lo enseñan los textos introductorios a la Macroeconomía, la espiral precio-salario se inicia cuando la demanda de bienes y servicios finales aumenta más rápido que su oferta. Los salarios más altos forman precios más altos y éstos generan salarios más altos, y, así, el ciclo continúa.

¿Se ha dado ese ciclo en el trienio 2018-2020? Creo que no. El salario nominal o en precios corrientes promedio anual del sector formal de la economía se incrementó de C$4,823.58 en 2006 a C$10,239.17 en 2017 y mostró una subida promedio anual de 7.1%, pero en el trienio 2018-2020 el aumento promedio anual de dicho salario desaceleró hasta 2.3%, mientras que la tasa de inflación del IPC promedio anual era igual a 4.3%.

Por lo tanto, no debería preocuparnos que en el escenario macroeconómico actual se vaya a dar un aumento de los salarios que podría provocar que las empresas suban los precios, lo que haría que los trabajadores exijan salarios más altos y el BCN tendría que recurrir a una política monetaria más restrictiva para luchar contra la inflación. Por eso creo que no es el momento de la ocurrencia del ciclo precio-salario-precio, porque la política fiscal, excluyendo la cooperación internacional en concepto de asistencia humanitaria, también es contractiva.     

En conclusión, durante el período 2018-2020 y en términos promedio anual, los salarios nominales se han incrementado 2.4%; las tasas de inflación, tanto del IPC como del IPCS, no muestran síntomas de aceleración al permanecer en los niveles de 4.3% y 4.5% respectivamente; y el deterioro del poder adquisitivo del salario del empleo formal es 1.9%. Sin embargo, la proporción de la personas inactivas es 1/3 de la población en edad de trabajar, mientras que la tasa de desempleo abierto es 5.0% de la población económicamente activa.    

Nuestros señalamientos sobre los niveles del PIB real y de la tasa de desempleo abierto no son de este momento, sino de hace varios años. A corto plazo, el crecimiento de la producción de bienes y servicios y el desempleo están bastante relacionados. Esa relación empírica es conocida como la Ley de Okun y con ella llegamos a siguiente conclusión sobre la economía de Nicaragua: sobre una muestra de datos correspondientes al período 2006-2020, para reducir la tasa de desempleo abierto en 1 punto porcentual el PIB Real debería crecer 10.51%. ¿Es lógica esta información? Creo que no.

En el trienio 2018-2020 se acumuló una caída de 8.8% del PIB real, pero la tasa de desempleo de 5.0% de 2020 fue superior apenas en 1.3 puntos porcentuales que la tasa de desempleo abierto de 3.7% registrada en 2017, un año de máximos históricos de producción. ¿Es también lógica esta información? Creo que tampoco.





El mercado laboral de Nicaragua

30 05 2021

Con base en datos publicados por el INIDE

Al cierre del primer trimestre de 2021, la tasa de desempleo abierto, que es la proporción de la población económicamente activa (PEA) que no trabaja, bajó al nivel de 4.9%, una tasa que indica que la economía, si aún no lo está, ya se aproxima a una situación de pleno empleo, es decir, cuando las empresas ya no encuentran trabajadores en el mercado. Sin embargo, contradictoriamente de cada 100 ocupados (también debería expresarse como un porcentaje de la PEA), 44.6 personas están subempleadas, o sea, personas que trabajan menos de ocho horas diarias, tal como lo manda el Código Laboral, o devengan un salario menor que el salario mínimo legal, lo cual es prohibido por la ley.

Estamos refiriéndonos al mercado laboral de Nicaragua, pero se desconoce el dato oficial de cuántas personas económicamente activas hay en el país desde el año de 2015, cuando era estimado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). A pesar de esa limitante, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, a través de su División General de Estudios Económicos, publicó en su Anuario Estadístico de 2019 la proyección anual de la PEA de 3,509.2 miles de personas en 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.5% en el período 2014-2019. Se puede afirmar que en 2019 la PEA representó el 53.8% de la población total del país de 6,527.2 miles de habitantes, esta última publicada por el BCN.  

También se desconoce el dato oficial del número de ocupados del país, tanto total como por actividad económica, por lo cual no es posible analizar la productividad de la economía o del trabajo. De acuerdo con el INSS, las principales actividades económicas que concentraban a los empleados del sector formal de la economía en 2019, son, en orden de importancia, la administración pública y defensa, la industria manufacturera y el comercio, que absorben, en términos promedio anual, el 57% del total de asegurados activos del país.

Volviendo de nuevo al Anuario Estadístico del INSS de 2019, la población ocupada del país en 2019 fue igual a 3,193.4 miles de personas, por lo que se puede confirmar que la tasa de ocupación es del orden de 91.0% de la PEA en 2019, inferior a la de 95.6% publicada por el BCN para ese mismo año. Por consiguiente, sobre la base de la información del INSS, en 2019 la tasa de desempleo abierto sería del orden de 9.0%, que tiene un sesgo más realista que la publicada por el BCN de 5.6% para ese mismo año.   

Un dato muy confiable es el número de trabajadores activos que cotizan la seguridad social, que en 2020 había disminuido hasta 714,465 personas, después de que se destruyeran 199,731 puestos de trabajo durante tres años consecutivos de recesión económica. En el primer trimestre de 2021, se han creado 30,457 puestos de trabajo formal cotizantes de seguridad social, pero equivale apenas al 15.2% del empleo formal perdido en el trienio 2018-2020. Restablecer el número de cotizantes de seguridad social será una señal de la normalización económica pre pandémica, que es la base fundamental para acelerar el ansiado crecimiento económico, Mientras más pronto lo hagamos, mejor.

Un dato oficial de 2012 señalaba que el 76% del total de ocupados laboraba en establecimientos sin registros contables y, además, que el 51% del total de ocupados estaba subempleado. En el primer trimestre de 2021, el 44.6% del total de ocupados está subempleado, pero se desconoce la proporción de los ocupados que trabaja en establecimientos que no tienen un registro contable sencillo. La informalidad laboral debe continuar siendo gigantesca, dada la destrucción de puestos de empleo formal, y constituye el principal problema estructural del mercado laboral del país. Para reducir este problema, se requerirá de una sólida coordinación de las políticas de educación técnica media y superior financiera, de transferencia de tecnología y de financiamiento, principalmente a través de la intermediación de la banca estatal de fomento a la producción, es decir, el Banco Produzcamos.

Otro indicador laboral muy significativo que ayuda a confirmar que no estamos cerca del territorio de  la economía de pleno empleo, es la tasa de inactividad laboral: según el INIDE, en el primer trimestre de 2021 el 30.5% de la población en edad de trabajar (PET), o sea, de las personas de 14 años y más de edad, se encontraba inactiva.

También debemos tomar en cuenta que en cada año la reserva de desempleados aumenta con el ingreso de personas al mercado laboral que buscan trabajo por primera vez. A manera de ejemplo, en 2017 la PEA se incrementó en 119.4 miles de personas, pero en el bienio 2018-2019, en un escenario de recesión económica, aumentó en 81.2 miles de personas.

Sin embargo, la PEA también disminuye, en parte porque los despidos son elevados durante las recesiones. Al cerrar las empresas, como ocurrió con el impacto del COVID-19, muchas personas dejaron de buscar trabajo o se cansaron por no encontrar trabajo y, consecuentemente, salieron del mercado laboral. En Nicaragua, una persona de 14 años y más que estuvo desocupada en la semana de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INIDE y que en las cuatro semanas anteriores a la entrevista no buscó trabajo queda automáticamente fuera de la PEA. Indudablemente, la mayor parte de los desempleados son personas que han permanecido sin trabajo en mucho tiempo.

La tasa de inactividad de 30.5% arriba mencionada podría aproximarse a la suma de la tasa de desempleo abierto y de la tasa equivalente relacionada con el subempleo, ambas tasas en porcentajes de la PEA, y la suma total podría considerarse como la tasa subutilización de la fuerza laboral. En otras palabras, se podría afirmar que casi 1/3 de la PEA no generó ingresos en el primer trimestre del año en curso.

Pero no todas las personas inactivas, directa o indirectamente, son dinámicas en la búsqueda de un puesto de trabajo, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. La tasa de presión general (TPGR) fue igual a 16.2% de la PEA en el primer trimestre de este año.

En conclusión, nuestro mercado laboral continúa en la precariedad desde hace muchas décadas, y constituirá un verdadero reto en la política económica que se adopte después de que alcancemos el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19. Será necesario formular apropiadas políticas de educación técnica, transferencias de tecnología y financiamiento.





¿Un nuevo Consenso de Washington en cierne?

23 05 2021

En la primera semana de abril recién pasado, a la edad de 83 años falleció el economista británico John Williamson, creador del decálogo conocido como Consenso de Washington, que fue presentado en 1989 por el Instituto de Economía Internacional y dio pase a los programas de ajuste económico y de reforma estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este Consenso fue impuesto a los países latinoamericanos para que las instituciones financieras internacionales les brindaran ayuda financiera frente a la crisis de la deuda pública de los años 80 del siglo pasado.

El economista Williamson, un crítico del neoliberalismo, particularmente en política tributaria y desregulación, redactó el documento del “Consenso de Washington” que enumeró 10 reformas de política económica. Casi todos en Washington, principalmente el FMI y el Banco Mundial (BM), lo adoptaron como la política económica de la región latinoamericana. En 2003, el economista reconoció que nunca imaginó que había acuñado una expresión que fue el grito de batalla en los debates ideológicos por más de una década.

Las diez reformas del Consenso de Washington fueron las siguientes: disciplina fiscal, racionalización y reorientación del gasto público, ampliación de la base tributaria, tipos de cambio unificados y competitivos, apertura al comercio internacional, promoción de la inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación amplia de los mercados, liberalización de las tasas de interés y garantías de los derechos de propiedad.

Desde el año de 2020, el COVID-19, ha hecho cambiar el discurso político del FMI. El nuevo mensaje se refiere, por ejemplo, a que “para hacer que las finanzas públicas sean sostenibles, los ricos y los que se han beneficiado de la pandemia deben contribuir más a la causa común”, “que los países ricos podrían considerar los impuestos sobre el patrimonio neto”, y entre el 5 y el 11 de abril de este año “las preocupaciones sobre la desigualdad” estuvieron por todas partes en las reuniones de primavera del FMI y del BM en Washington.

Tomando en cuenta que la Casa Blanca no recibe indicaciones de las instituciones multilaterales ubicadas en Washington, ahora la política económica bastante audaz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está desviada de la ortodoxia de la política económica que ha prevalecido en la primera economía mundial y en gran parte del hemisferio occidental, ha sido respaldada por los guardianes globales de la ortodoxia económica, mejor dicho por el fundamentalismo de mercado o neoliberalismo, el cual podría estar muerto o talvez continuar vivo, pero sin poder enfrentar los problemas del cambio climático, la inclusión social y las nuevas tecnologías disruptivas.

El presidente Biden ha solicitado al Congreso de Estados Unidos una gran expansión del gasto público para rescatar a la población y enfrentar los impactos del COVID-19, modernizar la infraestructura económica e iniciar la transición a una economía verde. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, está presionando por un aumento coordinado globalmente de los impuestos corporativos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, presta su apoyo a la política fiscal expansiva, en un momento en que dirige una política monetaria también muy expansiva y se esfuerza en neutralizar los temores inflacionarios. La política es el arte de hacer posible lo imposible, pero lo posible está determinado por lo concebible. El nuevo Consenso de Washington podría ser tan políticamente poderoso como el que creó el economista John Williamson.

En Nicaragua, el FMI aplicó y supervisó cuatro programas trienales de ajuste macroeconómico y de reforma estructural entre junio de 1991 y diciembre de 2011, pero esos programas no facilitaron, tras un “shock terapéutico”, una buena estrategia para el crecimiento económico. Tras seis encuestas de medición de nivel de vida avaladas por el BM, el índice de pobreza de Nicaragua se redujo de 50.3% en 1993 a 48.3% en 2005, apenas 2 puntos porcentuales, y el producto interno bruto (PIB ) real crecía a un ritmo promedio anual de 4.2%; posteriormente, entre 2005 y 2016, con dos encuestas avaladas en 2009 y 2014 y una encuesta no avalada por el BM en 2016, el índice de pobreza de Nicaragua disminuyó 20.5 puntos porcentuales hasta 27.8% de la población del país, y el PIB real aumentó 4.1% promedio anual.   

En el trienio 2018-2020, la política fiscal de la administración del presidente Daniel Ortega ha sido muy contractiva, pero también endurecida no sólo por el congelamiento del gasto público y el aumento de la recaudación de impuestos con la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de 2019, sino también por las sanciones financieras internacionales impuestas a Nicaragua por la ley estadounidense Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA Act), que impiden financiar el gasto de inversión pública y esto contribuye a desacelerar el crecimiento económico y a incrementar la subutilización de la fuerza laboral. Sin embargo, cabe destacar que, en concepto de asistencia humanitaria prevista en la NICA Act, en diciembre de 2020 el FMI, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedieron préstamos a Nicaragua por US$320 millones para enfrentar los impactos del COVID-19 y de los huracanes Eta e Iota que azotaron la región del Caribe Norte del país.

La política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) también ha sido bastante contractiva. En los últimos años, el único instrumento activo del BCN para regular la liquidez en moneda local ha sido la colocación de Letras a 1 día plazo pagaderas en córdobas, ya que el encaje efectivo sobre los depósitos en córdobas es 6.7 puntos porcentuales mayor que el encaje legal diario. Por otro lado, los bancos están depositando mayores montos que los de préstamos que reciben en el BCN. Además, durante el período diciembre 2017-abril 2021, el público no bancario ha incrementado sus ahorros en 3 mil 495 millones de córdobas, mientras que su saldo total de crédito, cabe aclarar en córdobas con mantenimiento de valor y dólares estadounidenses, se ha reducido en 4 mil 148 millones de córdobas. En ese mismo lapso, el Gobierno Central incrementó sus depósitos en moneda nacional en 6 mil 157 millones de córdobas.

En consecuencia, la base monetaria, o sea, el total del saldo de la emisión de dinero y del saldo de los depósitos de encaje en moneda local que la banca comercial mantiene en el BCN, se ha expandido en 6 mil 207 millones de córdobas en el mismo período indicado en el párrafo anterior, pero en los primeros cuatro meses de este año se ha reducido en 4 mil 347 millones de córdobas. Por consiguiente, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica indica que el saldo de las reservas internacionales brutas de US$3,474.3 millones equivale a 3.1 veces el saldo de la base monetaria al 30 de abril de este año.

El nivel mínimo de esa condicionalidad es 2.5 veces, por lo que se puede afirmar que las autoridades gubernamentales han mantenido la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, pero a costa de un creciente desempleo y subempleo. Sin embargo, los hogares y las empresas se han preocupado por la tasa de inflación interanual de 4.4% registrada en abril de 2021.

Hay que mantener la calma sobre la presión inflacionaria, porque el aumento del medio circulante no está a la vista hasta octubre de este año. Como señalé en el artículo económico del domingo pasado, el índice de precios al consumidor desaceleró en 2020 y se observó la deflación en cuatro meses del año pasado por los shocks de oferta y de demanda del COVID-19, pero ahora los precios internacionales de las materias primas están subiendo y el cuello de botella de la escasez de insumos o materias primas están incidiendo en la aceleración de los precios al consumidor, una señal de que las actividades productivas comienzan a normalizarse en la economía global.