La prioridad de corto plazo es la salud pública

5 04 2020

El mundo está girando alrededor de la interrupción de la actividad económica por el distanciamiento social ordenado por las autoridades gubernamentales de países de economía avanzada y en desarrollo, que ya se ha transmitido a países en vías de crecimiento económico. Fitch Ratings estimó que la economía mundial se contraerá 1.9% en 2020.

Las medidas de contención del COVID-19 han obligado a establecer cuarentenas, restricciones en los desplazamientos de la población y el cierre de lugares públicos. Estas medidas han impactado la oferta por las rupturas en la cadena de suministros y el cierre de empresas, y han generado un impacto en la demanda al contraerse los viajes de negocios y turismo, la fractura de los servicios de educación  y entretenimiento. Todo esto desemboca en el sistema financiero con el cese del crédito, que afecta a las empresas y a las familias.

Al 3 de abril de este año, las noticias sobre la severa recesión económica que ya está cruzando Estados Unidos en el segundo trimestre del año en curso son alarmantes. No olvidemos que el país norteamericano es la primera economía mundial y el principal socio comercial de México, Centroamérica y algunas islas del Mar Caribe. A continuación, les ofrecemos algunas estadísticas disponibles al 4 de abril que revelan la crítica situación socioeconómica estadounidense.

300,617 personas han dado positivo por el virus y al menos 8,164 pacientes con el virus han muerto; 9.92 millones de personas se unieron a las listas de desempleo en las últimas dos semanas de marzo; 701,000 puestos de trabajo fueron destruidos en marzo; la tasa de desempleo saltó del 3.5 % en febrero al 4.4 % en marzo; la Fed dejó las tasas de interés entre el 0% y el 0.25%; el Congreso aprobó un paquete de estímulo de US$2.2 billones el 30 de marzo, y representa el 10% del PIB de Estados Unidos; Standard & Poor’s cree que el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense caerá 2.1% en el primer trimestre del año y 12.7% en el segundo; JPMorgan Chase estima que la economía estadounidense caerá 2.6% en 2020; Fitch Ratings indica el PIB de Estados Unidos se contraerá 3.3% en 2020; el jefe de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, afirmó que  la economía ya está en una “severa contracción” y pronosticó que el desempleo podría aumentar a entre un 10% y un 15%; y el presidente Donald Trump dijo que la economía es su “segunda prioridad”, anteponiendo ahora “salvar vidas”.

Como lo señalé en artículos económicos pasados, existen cuatro vías de transmisión del acontecer económico de Estados Unidos sobre la economía de Nicaragua y, por supuesto, de México, el resto de los países centroamericanos y alguna islas del Mar Caribe.

Esas vías de impacto de la recesión económica estadounidense provocada por una recesión atípica -no se puede comparar con la crisis financiera de 2008, porque la ha provocado un virus que ha puesto en grave riesgo la salud pública mundial- son las siguientes:

  • un menor volumen de exportación de materias primas, con menores menores precios y, por lo tanto, un menor valor de las exportaciones nicaragüenses al mercado estadounidense, dada la caída del gasto de consumo de los hogares en Estados Unidos;
  • un menor flujo bruto de inversión extranjera directa de Estados Unidos, ya deteriorado por la crisis política interna imperante desde abril de 2018, dado el creciente riesgo-país ya espoleado por el riesgo político en el mercado nicaragüense y al cual se adicionan los nuevos riesgos económicos y financieros generados por la pandemia en la economía mundial;
  • un menor flujo de remesas que recibirán las familias nicaragüenses, resultante de la destrucción de puestos de trabajo y de la subida abrupta de la tasa de desempleo en el mercado laboral estadounidense; y
  • un menor ingreso de dólares en concepto de turismo, dado el distanciamiento social requerido para frenar la propagación del COVID-19.

De acuerdo con información oficial, el coronavirus se presentó en Nicaragua el miércoles 18 de marzo de 2020, en un momento económico que se caracterizaba por una continua recesión económica observada en el tercer trimestre de 2018, una balanza de pagos favorable debido al desplome de las importaciones, condiciones financieras muy restrictivas a la par de una política monetaria muy contractiva, un presupuesto gubernamental casi equilibrado al mostrar un déficit muy cercano al 0% del PIB, y una estabilidad del tipo de cambio acompañada de expectativas inflacionarias declinantes y “congeladas” por el desplome del precio internacional del petróleo y de los precios de los “commodities” o materias primas.

Históricamente, el PIB Real (o en precios constantes) de Nicaragua siempre ha mostrado una elasticidad casi unitaria con respecto al PIB Real de Estados Unidos. Si el volumen de producción de bienes y servicios estadounidense cae (o sube) un 1%, el volumen de producción de bienes y servicios nicaragüense cae (o sube) 0.97%. Adicionalmente, se tendría que tomar en cuenta la intensidad de la recesión económica que arrastramos desde 2018 y cuya previsión es que se mantenga en 2020. En esta forma, la caída del PIB de Nicaragua se aproximaría a 5% en este año, siempre que el PIB de Estados Unidos experimente una caída anual de entre 3% y 4% en 2020. 

Lo prioritario, reitero, es frenar la propagación del virus, lo cual está en manos de los virólogos, y luego restablecer la producción de las actividades económicas, que equivale a restaurar la confianza entre los empresarios y los trabajadores, o sea, con los consumidores, de que es seguro volver a las empresas.

Ojalá que la actividad económica del país se reanude en el segundo semestre del año en curso, pero se requiere de una excelente disciplina de la población, especialmente en el acatamiento de las disposiciones de los expertos en pandemias, con el respaldo gubernamental, para frenar el avance del virus.

Las economías no son aparatos que se apagan (presionando “off”) y se encienden (presionando “on”). Hemos visto que las empresas se han paralizado en los países de economía avanzada, pero también se comienza a observar en nuestra economía con el cierre de empresas de minería metálica, régimen de zona franca, hoteles, restaurantes, transporte internacional de pasajeros y servicios personales. Volver a prender la economía será muy difícil.

Saldremos pronto de esta crisis de salud pública con más unidad, no solos, pero con la condicionalidad de obedecer la prescripción de nuestro comportamiento dictada por los expertos en pandemia. En estos momentos, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica queda a un lado y, sin duda alguna, la política fiscal debería concentrarse en proteger la vida y el bienestar de los nicaragüenses.





La tarea es la contención del COVID-19

29 03 2020

Aún no hemos escuchado de las fuentes gubernamentales de Nicaragua alguna variación de la política macroeconómica para enfrentar la pandemia del COVID-19, que, sin lugar a duda, ya provocó una recesión económica mundial.

Por supuesto que el primer paso de las políticas públicas sería determinar cómo se frenará y se controlará al virus (el shock de oferta), y el segundo paso cómo se reanudará el desempeño de las actividades económicas (el shock de demanda).

Contener al COVID-19 requerirá del uso de recursos del presupuesto gubernamental que, desafortunadamente, no se disponen por las caídas anuales de la producción de bienes y servicios registradas en 2018 y 2019.

Por consiguiente, las autoridades gubernamentales enfrentan una crisis de salud pública, el COVID-19, que afectará a los trabajadores y a las empresas financieras y no financieras, entre esta últimas, principalmente las microempresas y pequeñas empresas.

Esta crisis sanitaria no puede ser resuelta con la política monetaria, porque los instrumentos monetarios estarían enfrentando un problema financiero proveniente del shock primario de la corona crisis sobre el sector real de la economía, es decir, sobre la oferta y la demanda global de bienes y servicios.

Los que resuelven esta crisis son los virólogos y los bacteriólogos, no los economistas. La política macroeconómica se ha caracterizado por ser muy dependiente del manejo de los instrumentos monetarios, y si  interviniese el banco central en estos momentos propondría políticas necesarias pero insuficientes para resolver  la crisis.

La política fiscal es la que debería entrar en acción en estos momentos para contener al COVID-19, que es la fuente de la crisis. Por ejemplo, un objetivo primario es concentrarse en la infraestructura de salud pública requerida para atender a las personas contagiadas con el virus, y en la ciencia para contener al virus, pero se percibe que no existe una unidad nacional para enfrentar este problema global. Talvez existen esfuerzos dispersos en el país para enfrentar esta pandemia, pero que serían más potentes si hubiese un esfuerzo nacional para aplanar la curva de infección con COVID-19, lo cual es necesario para encender de nuevo la maquinaria de producción de bienes y servicios

Ese shock de oferta provocado por el coronavirus provino de la interrupción de las cadenas de valor mundiales, lo cual ya está obligando una evaluación de la globalización que se presentó como una panacea para todo el mundo, para países ricos y países pobres. Después de esa interrupción, se dio el llamado de la Organización Mundial de la Salud para el distanciamiento social, lo que ha cerrado restaurantes, centros de diversión y establecimientos de servicios personales. Además, se ha observado en otros países de la prohibición de los viajes internacionales, la autorización del cierre de fronteras y la cancelación de todo evento público para impedir el contagio de las personas. Todo esto ha generado pérdidas de puestos de trabajo que se restablecerán hasta que la pandemia haya desaparecido.

Por esa razón, en un primer momento las políticas públicas no se podrían reorientar a la creación de puestos de trabajo, sino al alivio del desastre sanitario, destinando recursos a los hospitales, centros de salud y clínicas, aunque el desempleo continuará aumentando por la reducción del gasto de consumo de las familias ya desempleadas y de las empresas cuyos productos no sean demandados.

¿Podría el Estado ayudar a la población a continuar gastando? Reitero que no, porque no tiene recursos, pero sí podría garantizar un nivel mínimo de seguridad alimentaria aceptable con la asistencia humanitaria de organismos internacionales.

Pero la confianza de los consumidores nicaragüenses se está agriando de nuevo, porque estamos inmersos en un escenario nacional flanqueado por dos crisis, una de orden político interno y otra de orden de contagio mundial. El desempleo ha comenzado en las empresas del régimen de zona franca, las microempresas y las pequeñas empresas, y el pesimismo es más marcado en las empresas del sector servicios.

Debido al esperado creciente desempleo, el flujo de dinero de las familias va a disminuir y se restringirá más por la caída esperada del flujo de remesas familiares, los cual contraerá el consumo. Por otro lado, el menor flujo de dinero en las empresas impactará en una caída de la inversión.

Ese problema de iliquidez se reflejará posteriormente en una reducción del crédito del sistema financiero nacional al sector privado. Consecuentemente, la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) se acelerará en el primer momento de las políticas públicas que buscan la contención del COVID-19.

Las grandes y medianas empresas poseen una mayor capacidad de resistencia que la de las microempresas y pequeñas empresas. Al no existir una efectiva banca estatal de fomento de la producción, un instrumento estatal muy importante, no existe un financiamiento con términos adecuados que asistan a esas empresas vulnerables, tales como restaurantes, cafeterías y gimnasios, que en términos generales no son sujetas de crédito en el banca comercial convencional.

¿Cómo podrían tener liquidez las microempresas y las pequeñas empresas para sobrevivir durante el shock de oferta? Muy difícil que la obtengan en estos momentos. Pero este mensaje debería ser tomado en cuenta por los servidores públicos, porque esas empresas son importantes en las comunidades y en la economía, y necesitan cierto alivio en esta crisis.

Primero habría que contener al COVID-19; después vendría la política macroeconómica para reactivar la producción de bienes y servicios.





¿Podemos evitar un mayor impacto del COVID-19?

22 03 2020

Ningún economista nicaragüense ha experimentado la presencia simultánea de dos crisis muy particulares: una interna, de origen político, desde el 19 de abril de 2018; otra externa, de origen viral, desde el 31 de diciembre de 2019.

Los nicaragüenses nos encaminamos a una profundización de la recesión económica que arrastramos desde el tercer trimestre de 2018, ahora potenciada por la pandemia del COVID-19.

Es prematuro prever el fondo hasta donde caerá la economía y en cuánto tiempo volverá a subir. En el largo plazo, el daño económico del COVID-19 estará determinado por lo que ocurre en el frente médico y por el deterioro de la confianza del consumidor.

Los datos económicos mundiales tenderán a ser malos e irreconocibles en los próximos dos trimestres de este año. La recesión económica mundial ya está a la vista, y será la primera recesión del mundo que comienza en la Actividad de Servicios.

En ese escenario económico internacional, la disputa entre Arabia Saudí y Rusia ha inundado de petróleo crudo al mercado mundial y ha deprimido el precio del barril de crudo, pero ha beneficiado a los países que no producen petróleo como Nicaragua. Los países productores de crudo son los que se han perjudicado con esa guerra de precios.

Las microempresas y las pequeñas empresas, que integran el 80% del cuerpo empresarial del país, estarán más afectadas que las medianas y grandes empresas, porque no tienen acceso al crédito, pero hay una razón más poderosa que la falta de crédito, que ya es caro y escaso.

Esa razón es que las microempresas, que tienen 10 o menos trabajadores, son las que están más expuestas al riesgo de la recesión económica fortalecida, incluso se enfrentarán al riesgo de cerrar, porque el Banco Central de Nicaragua (BCN) no tiene el mandato de asegurar el pleno empleo y su tarea siempre se ha limitado a mantener una política monetaria muy contractiva, o sea, contraer la liquidez para asegurar la estabilidad del tipo de cambio, que se devalúa 3% anual, y de la tasa de inflación, que ya es muy baja y tenderá a bajar más, incluso podría ser una deflación, o caída de precios, por la recesión económica mundial.

El desempleo y el subempleo caerá más que el producto interno bruto (PIB), porque la recesión económica mundial debida al COVID-19 está surgiendo de la Actividad de Servicios, no de la de producción de bienes. Entre las actividades menos afectadas en este ambiente recesivo, se podrán observar las de alimentos, productos farmacéuticos, los productos químicos, las telecomunicaciones, la minería y la informática.

La economía nicaragüense está dominada por la Actividad de Servicios, que genera el 57% del PIB; entre los servicios se destacan el comercio, los hoteles y los restaurantes, que producen el 25% del total de los servicios y contribuyen con el 15% en la formación del PIB del país, pero serán los más afectados por el shock de oferta provocado por el problema sanitario mundial.

Aproximadamente, el 80% de la actividad económica de Nicaragua se deriva del gasto de los consumidores y, al menos, el 60% de ese gasto está en alto riesgo, que es igual al porcentaje de las familias que con todos sus ingresos no puede adquirir los 53 productos de la canasta de consumo básico. ¿Qué hará el Estado para atender a estos nicaragüenses?

Una vez que se contenga la pandemia y comience a mostrar su declive hasta “aplanarse”, aparecerá el shock de demanda resultante de la insuficiencia de ingresos de los agentes económicos, debido al cierre de microempresas y pequeñas empresas y a la reducción de los planes de producción de la medianas y grandes empresas.  

El presupuesto gubernamental no cuenta con los recursos para atender a las familias de los desempleados. Como es de esperarse, las autoridades gubernamentales presentarán solicitudes de ayuda humanitaria a la comunidad internacional, principalmente a los organismos multilaterales que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como a los organismos multilaterales financieros, tales como el Banco Mundial (BM/IDA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Recientemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la donación de 1 millón de dólares a cada país miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) por la emergencia sanitaria en la región.

El impacto macroeconómico del COVID-2019 en Nicaragua dependerá del tamaño de su diseminación y del número de sus víctimas mortales; en otras palabras, dependerá de la duración y la gravedad de la pandemia, pero surgen más incertidumbres al respecto: ¿Será el virus recurrente en el futuro? ¿Se modificará la conducta de los consumidores? ¿Cambiará la sicología? ¿Resurgirá la confianza de la población rápidamente?

Refiriéndose a la crisis económica mundial derivada del coronavirus, el profesor Joseph E. Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel 2001, dijo que “En muchos sentidos, es mucho peor que 2008”, “Hubo la sensación de que 2008 fue un espectáculo que habíamos visto antes: el pánico de 1907, la Gran Depresión. Sabemos de crisis financieras. Sabíamos que era solo dinero, y que de una forma u otra el gobierno intervendría y salvaría a los banqueros de su locura ”.

Esta vez, agregó Stiglitz, “la causa de la emergencia no son los banqueros y sus creaciones exóticas y peligrosas, sino la esfera natural, un reino menos predecible. La amenaza fundamental para la economía global es la propagación del coronavirus”. Pero la contención de la propagación del virus está empeorando el dolor económico al mantener a los trabajadores en casa, limitar los viajes, interrumpir el comercio, cerrar los restaurantes.

Finalmente, reitero que los economistas no podemos eliminar la amenaza básica para la economía mundial o, en nuestro caso, para la economía nacional. Primero se debe eliminar el shock de oferta, que sólo los virólogos están en capacidad de hacerlo, es decir, contener la pandemia, pero esto implica empeorar el estrecho económico en el corto plazo. En estos momentos, un crédito más barato no devuelve a los trabajadores a las fábricas ni a los compradores a los centros comerciales, ni a los inversionistas a expandir su empresa, siempre y cuando el virus sea una amenaza.

Una vez contenida la pandemia, los economistas podrán entrar a resolver el shock de demanda, es decir, cómo elevar el gasto de consumo, el gasto de inversión y las exportaciones, tanto del sector privado como del sector público. ¿Cuándo?

Si en la década de los ochenta del siglo pasado el presupuesto gubernamental de Nicaragua estuvo al servicio de la defensa militar de la nación, ¿será posible que en esta década de los veinte del siglo actual esté al servicio de la defensa de la salud de los nicaragüenses?





Los impactos del coronavirus en Nicaragua

15 03 2020

Es alarmante la velocidad de propagación del COVID-19 en todo el mundo, de tal manera que la primera prioridad es resolver las necesidades de salud pública, pero el impacto ha trascendido a la economía global, primero con un shock de oferta al interrumpirse las cadenas de suministro mundial (una caída de la oferta), que nos llevaría a un shock de demanda (una caída de la demanda) por el desempleo debido al cierre de empresas que ya se comienza a observar con el primer shock. La recesión económica mundial está a la vista, y la única señal actual para combatir esta pandemia ha sido el bloqueo o cierre de fronteras.

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recesión global se da con un crecimiento económico que caiga por debajo de 2.5%, pero no todos creen en esta definición precisa porque las condiciones para una recesión global ya están dadas. El FMI ha dicho que el impacto del virus será “significativo” y que el crecimiento en 2020 será menor que en 2019, que fue del 2,9%.

El primer shock, el de oferta, podría paralizar a la microempresa y a la pequeña empresa, y provocar el cierre de fábricas, las cuarentenas de los trabajadores, las restricciones de viajes y de los servicios de hoteles, restaurantes, recreación, transporte y energía, el colapso de la confianza de los consumidores por la reducción del gasto de consumo, la disminución del nivel de endeudamiento de las empresas, el deterioro del balance de los bancos, el desplome de la incipiente bolsa de valores y la caída del precio del petróleo y de otras materias primas. Contrarrestar este shock de oferta es enfrentar y resolver el problema sanitario, tarea que no está en manos de los economistas sino de los virólogos, que tienen una experiencia científica eficiente, pero insuficiente por la novedad del COVID-19.

El temor al contagio del coronavirus nos lleva al shock de demanda. Para enfrentar este shock, las entidades financieras podrían conceder préstamos con una menor tasa de interés, porque en Nicaragua están muy elevadas, y también podrían tolerar la mora en el pago de la deuda debido a los riesgos de que las empresas no financieras adquieran tardíamente los insumos de sus procesos productivos o logren captar pocos clientes en el corto plazo. Para contrarrestar ese shock de demanda, el gobierno podría disminuir la tasa tributaria a las personas de bajos ingresos, especialmente trabajadores, y a las empresas que fueran muy afectadas por el coronavirus. En otras palabras, los estímulos fiscales en estos tiempos de crisis deben ser dirigidos a las personas naturales y jurídicas que más lo necesiten.

No cabe duda de que el impacto económico del coronavirus en Nicaragua sería la profundización de la recesión económica que arrastramos desde el tercer trimestre de 2018. Por esta razón, el gobierno de Nicaragua debería prepararse para destinar recursos presupuestarios que protejan la salud y la economía de las familias en el corto plazo y, además, apoyar el funcionamiento de las empresas cuando se observen los efectos del shock de demanda, pero las consecuencias de largo plazo del COVID-19 aún están por verse.

En esta situación, sería un perjuicio nacional continuar manteniendo un presupuesto gubernamental casi equilibrado desde el año pasado, de acuerdo con datos oficiales recientes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que muestran un déficit fiscal muy cercano al 0% del producto interno bruto (PIB), a pesar de que la política fiscal se debilitó por el shock también de oferta provocado por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria del 28 de febrero de 2019. Por otro lado, el Banco Central de Nicaragua (BCN), con la limitación de su invariable política monetaria muy restrictiva, no puede intervenir para evitar que el país caiga en una mayor recesión. A manera de ejemplo, si el BCN decidiera disminuir la tasa de interés interbancaria, no incidiría en un mayor crecimiento económico ni en una menor tasa de interés de la banca comercial, porque la correlación entre ambas tasas es igual a casi cero, peor aún en nuestro escenario nacional que ha mostrado un creciente riesgo político desde abril de 2018.

En síntesis, la política monetaria y la política fiscal no pueden enfrentar el shock de oferta. Los economistas hemos sido educados para enfrentar los shocks de demanda.

Las políticas nacionales que aún no conocemos y que sean adoptadas por el gobierno de Nicaragua podrían ser insuficientes para prevenir una mayor afectación a la población. Esta crisis es única, no tiene comparación alguna porque se ha propagado por todo el mundo en comparación con la crisis del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS por sus siglas en inglés) identificado en 2003 o con la crisis del Ébola (2014-2016), y tampoco debemos olvidar que el 60% de la población del país, con todos sus ingresos, no puede adquirir los 53 productos de consumo básico, de acuerdo con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014.

En la crisis del COVID-19, el gobierno debe construir un liderazgo tanto a nivel internacional, con la búsqueda de cooperación y asistencia técnica, como nacional, para evitar un gran número de muertes. La respuesta efectiva a este problema sería posible con la participación coordinada por el gobierno, de las empresas, los organismos no gubernamentales y la población. ¿Sería posible esto en este momento? Ojalá lo fuese. El presidente establece el tono durante las emergencias, para la organización de recursos y el pensamiento creativo, y dirige la solución no sólo de la crisis de salud pública, sino también de la implosión económica, que está devastando la producción mundial, los mercados financieros y pronto devastará a las fuerzas laborales.

A pesar de que el virus ya llegó a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, y aún no se ha presentado en Belice, El Salvador y Nicaragua, en estos momentos es muy difícil cuantificar su impacto económico en los países del istmo centroamericano. Observaremos los efectos en las enfermedades y la mortalidad, la prohibición de concentraciones, el aislamiento del país y el distanciamiento social. Para amortiguar estos efectos será necesaria la confianza en la transparencia del gobierno y la generosidad pública, que son factores importantes pero desconocidos.





El impacto de la sanción a la Policía Nacional

8 03 2020

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó de nuevo la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky para sancionar, por primera vez, a una institución pública de Nicaragua por violación a los derechos humanos, la Policía Nacional, que, entre otras obligaciones, debe proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes; el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar el orden público, la persecución del delito, el terrorismo, el crimen organizado, actividades del narcotráfico y delitos conexos.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. también sancionó a tres altos comisionados del cuerpo policial. 

Esta sanción estadounidense a una institución pública nicaragüense ha generado confusión, y probablemente ansiedad, ya que el  país se encuentra en una situación sin precedentes, debido a que la administración estadounidense sólo había sancionado a personas naturales y empresas del país.

Como ya es conocido, todas las transacciones y las cuentas que involucran a la Policía Nacional en el sistema financiero nacional serán liquidadas, lo cual entorpecerá los trámites administrativos de la entidad policíaca. Por un lado, por ejemplo, los ingresos en concepto de inscripción y registro de vehículos automotor, emisión de licencias de conducir, multas por infracciones de tránsito, portación de armas de fuego; y, por otro lado, los egresos por la adquisición de bienes y servicios de consumo -por ejemplo, papelería, útiles de oficina, combustibles, internet, parque vehicular- para el funcionamiento institucional.

Indirectamente, también han sido afectadas las empresas que venden bienes y servicios a la policía, así como los bancos que agilizan los pagos a la Policía Nacional, entre ellos el Banco de la Producción (BANPRO).

En el ámbito internacional, los nuevos préstamos destinados a la ejecución de proyectos de construcción y adquisición de maquinaria y equipo de la Policía Nacional, principalmente proveídos por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se suspenderían, porque el BCIE obtiene financiamiento de la banca internacional. Cabe agregar que, en la práctica, la contratación de nuevos préstamos de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial ya han sido afectados por la aprobación de la NICA Act.

En los círculos financieros, al hecho de que aparezca un evento repentino y raro, podría decirse “siniestro”, se le denomina un “cisne negro”. La sanción a la Policía Nacional es el primer “cisne negro” de 2020, porque no era un tipo de riesgo esperado en el sector público. La tarea inmediata de la Policía Nacional es determinar cómo seguirá operando, incluyendo el pago de sus empleados, sin que se interrumpan los mandatos de su ley.

Aunque la sanción estadounidense establece el plazo de liquidación de las transacciones financieras con la Policía Nacional hasta las 12:01 a.m., hora del este, del 6 de mayo de 2020, aún no hay una respuesta gubernamental. Los shocks externos siembran incertidumbres, incluso miedo, y este tipo de riesgo es difícil de digerir para las personas.

Entre las secuelas económicas de la sanción a la Policía Nacional se distingue la aversión que los inversionistas tienen a la incertidumbre. Con esta sanción, eso es lo que hay en este momento. Incertidumbre sobre la duración de esta gravedad nacional; incertidumbre sobre cómo le irá a la economía nicaragüense si se sancionaran a otras instituciones públicas, que podrían alterar la ejecución del presupuesto gubernamental y deteriorar la estabilidad macroeconómica; incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para detener las sanciones y asegurar gradualmente el buen desempeño político, económico y social del país; incertidumbre sobre la duración de toda esta incertidumbre.

También las empresas administradas y controladas por la Policía Nacional tendrían que ser separadas de la institución sancionada para evitar afectaciones que podrían desembocar hasta en un posible cierre de esas empresas. En otras palabras, hay que evitar más cierres de empresas  que, aunadas a sanciones de otras instituciones públicas del ámbito económico, podrían llevarnos a un tercer año de recesión económica y comencemos a experimentar la entrada abrupta a una depresión económica.

Otro impacto de la sanción sería la separación de la Policía Nacional de Nicaragua en los organismos regionales e internacionales en el ámbito de seguridad.

Siempre los mensajes de alerta están implícitos en los pronunciamientos de las sanciones, ya sean locales, ya sean internacionales, con más razón estos últimos. La sanción a la Policía Nacional podría ser tomada en cuenta por el Ejército Nacional, para evitar la maximización de una incertidumbre sin precedentes y de una volatilidad elevada durante bastante tiempo, aunque hay que reconocer que la institución castrense ha sido y es respetuosa de la Constitución de la República.

Hay que evitar que la incertidumbre genere miedo, y que el miedo genere el pánico. Los shocks exógenos siembran más miedo e incertidumbre. Siempre he manifestado que el Diálogo es necesario.





Nunca podrá negar que está acusado penalmente

3 03 2020

11.58 años = 139 meses = 4,228 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

Hoy 2 de marzo de 2020, Eduardo Montealegre tiene el estigma de estar siempre acusado en dos juzgados penales durante 4,228 días, por ser un violador de los derechos humanos a lo largo de 11.6 años, lo que nunca podrá negar porque no prescribe su presunto crimen de haberme injuriado y calumniado gravemente, al tildarme en medios escritos y televisivos como un defraudador del Estado de Nicaragua.

La historia siempre registrará a Eduardo Montealegre como el impune más famoso del país, al evadir la justicia con la protección de la Asamblea Nacional a lo largo de 8 años, cuando abusó de la inmunidad por ser un empleado público en un curul de ese Poder del Estado, y también protegido durante 1,225 días por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado a cargo del Tribunal de Apelaciones de Managua y los jueces de los Juzgados del Sexto y del Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua. También lo denuncié, en una forma debidamente documentada, en cinco instituciones internacionales, para que su estigma nacional trascienda y nunca cicatrice en el ámbito internacional.

El ex banquero y ex político Eduardo Montealegre también está acusado penalmente por la Fiscalía General de la República, junto con 38 personas, por ser “coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias”, cuando estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por su cuestionable conducta en la reestructuración de la deuda pública interna relacionada con las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, y en las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados, realizadas en 2003.





El público no bancario desea saber cómo están los bancos

1 03 2020

En febrero recién pasado, COPADES presentó el Seminario de Actualización Empresarial “Ranking de la Banca Comercial Privada de Nicaragua al 31 de diciembre de 2019” y, como suele ocurrir, el público no bancario, o los consumidores de servicios financieros, me han preguntado, por ejemplo, cuál es el banco donde pude realizar sus depósitos, cuál es el banco que paga la más alta tasa de interés a los depositantes, cuál es el banco que tiene más córdobas y dólares en caja, entre otras preguntas.

En esta ocasión, responderé más ampliamente al público lo que más le interesa saber sobre el desempeño de la banca comercial: la solidez y la accesibilidad de los seis bancos comerciales, excepto el Banco Atlántida, un banco de Honduras que se estableció en el país.

Todos los bancos están sólidos, porque tienen suficiente capital para afrontar cualquier riesgo de la cartera de préstamos.

El banco más sólido del sistema es el BAC, porque su adecuación de capital, o sea, la razón financiera del capital con respecto a los activos en riesgo (préstamos principalmente) es 22.1%, mientras que la norma legal establecida por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) es 10%; tiene el mayor colchón para riesgos, porque sus reservas de cartera más su patrimonio es igual a 26.5 veces el monto de la cartera vencida; su cartera corriente es igual a 98.4% del total de su cartera de crédito; y posee una buena cobertura contra los riesgos cambiarios, porque su liquidez en córdobas, o sea, su disponibilidad de córdobas en caja, es menor que el total de sus depósitos en cuenta corriente en moneda local.

A manera de información, siempre relacionada con la solidez bancaria, se puede apreciar que:

  • BANPRO posee la mayor cartera de préstamos corrientes, mientras FICOHSA tiene la mayor cartera de crédito vencida, pero apenas igual a 2.9% del total de préstamos;
  • LAFISE BANCENTRO y AVANZ son, después del BAC, los que poseen una mayor adecuación de capital, y FICOHSA presenta la menor adecuación de capital de 16.7%, pero superior a la norma legal de 10%;
  • LAFISE BANCENTRO y BANPRO tienen, después del BAC, los colchones más grandes para afrontar riesgos de la cartera de préstamos, mientras que el BDF tiene el colchón más pequeño con un monto de reserva de cartera y patrimonio que igual 9.8 veces el total de créditos vencidos.
  • LAFISE BANCENTRO y BANPRO tienen la mayor cobertura contra riesgos cambiarios en sus diponibilidades de córdobas en caja con repecto a los depósitos en cuenta corriente en moneda local, pero el BDF tiene la menor cobertura.

No todos los bancos son accesibles a la población. No nos referimos al número de sucursales y ventanillas que los bancos tienen en el país -BANPRO es el que más tiene, con 153, que representan el 31% del total del sistema financiero nacional-, sino a la distinción entre bancos detallistas, como FICOHSA que atiende a los consumidores y AVANZ que atiende a los propietarios de microempresas, y bancos corporativos, como LAFISE BANCENTRO y BANPRO, que atienden a las corporaciones.

El banco más accesible en Nicaragua es el Banco FICOHSA porque, entre los bancos pequeños o con menor monto de activos, atiende a 170,875 prestatarios que representan el 15.5% del total de prestatarios atendido por el sistema bancario comercial; genera el mayor volumen de servicios al público, al registrar un monto de ingresos no financieros igual a 7.3% del monto de su cartera de préstamos; paga a sus depositantes la segunda tasa de interés implícita anual más alta de 4.47% sobre los depósitos de ahorro y a plazos en moneda local y moneda extranjera; y muestra la razón financiera préstamos/depósitos de 101.5%, la tercera más alta entre todos los bancos.

Siempre relacionada con el parámetro de accesibilidad, observamos que:

  • BAC y AVANZ son los que ofrecen más servicios al público después de FICOHSA, mientras que el menor oferente es el BDF;
  • Antes de FICOHSA, BAC y BANPRO tienen mas prestatarios con 422,169 y 325,102 clientes respectivamente, y el que menos clientes tiene es AVANZ con 8,430;
  • AVANZ, antes de FICOHSA, es el que paga la mayor tasa de interés pasiva implícita a sus depositantes, con 5.20%, mientras que BAC paga la menor tasa de 2.57%.  
  • FICOHSA cobra la mayor tasa de interés a sus prestatarios, con 18.52% sobre préstamos en córdobas con mantenimiento de valor y en dólares, seguido de AVANZ con 16.14%, mientras que BANPRO cobra la menor tasa activa de 12.78%.
  • LAFISE BANCENTRO registra el mayor número de cuentas de depósitos de ahorro y a plazos, con un total de 489,222, y AVANZ participa con el menor número de 31,510 cuentas.
  • BDF posee la mayor proporción de crédito financiado con los depósitos del público, 143.44%, y LAFISE BANCENTRO refleja la menor proporción de 84.79%

Los depositantes en cualquier banco comercial del país no tienen que preocuparse por la fortaleza bancaria, analizada exclusivamente en términos financieros sin la introducción de disturbios políticos, porque todos los bancos están sólidos. En cuanto a las personas que buscan crédito, los bancos detallistas tiene los mayores costos del dinero, o sea, las mayores tasas de interés activas, pero los bancos corporativos tienen las menores tasas activas, pero sus préstamos están dirigidos principalmente a grandes empresas, es decir, corporaciones.