Los mismos problemas económicos de un antaño lejano

24 07 2016

Tras leer la edición XLIX del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública (SISMO) correspondiente al segundo trimestre de este año, resultante de la encuesta realizada por M&R Consultores entre el 6 de junio y el 22 de julio, concluyo que su resultados en el ámbito económico están ajustados a la realidad y se vuelve a reconfirmar que el principal problema de los nicaragüenses es el económico, quedando totalmente rezagados los problemas sociales y políticos.

Desde el punto de vista de los hogares, principalmente de los ciudadanos de a pie, se reconfirmó que el problema es microeconómico, porque:

  • El 33.6% de los entrevistados se quejó por estar desempleado, entre quienes podría incluir a las personas que trabajan menos de 8 horas diarias o que devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal.
  • El 16.2% de los entrevistados protestó por la carestía de la vida, un problema muy vinculado con el desempleo y el subempleo, porque los ingresos de las familias son insuficientes y la inflación actual no es problema. La alza de los precios al consumidor en el período enero-junio del año en curso fue apenas de 2.1% y la alza del costo de la canasta de 53 productos de consumo básico fue del orden de 3.3% en enero-mayo de este año -el Banco Central de Nicaragua (BCN) aún no publica el costo promedio de dicha canasta correspondiente a junio recién pasado, no obstante ese costo se estima con los precios al consumidor que el BCN recopila para estimar el índice de precios al consumidor y la tasa de inflación mensuales-.
  • El 17.9% de los entrevistados se lamentó de la pobreza, un problema nacional crónico mal ponderado con los datos oficiales obtenidos por la vía del gasto de consumo, un gasto que puede ser financiado con donaciones y remesas familiares.
  • El 2.9% de los entrevistados señaló la falta de inversiones como su principal problema económico.

En suma, el 70.6% de los entrevistados padece actualmente por su situación económica, un porcentaje que es muy cercano al de 62% de los nicaragüenses que en el período 17 de septiembre – 4 de diciembre de 2014 manifestó que con todos sus ingresos, los cuales incluyen salario, remesas, producción de autoconsumo, premios de la lotería, alquileres, intereses, dividendos, donaciones y transferencias, no podía comprar todos los 53 productos de la canasta de consumo básico, de acuerdo con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014.

Con ese panorama real del problema económico de la mayoría de las personas o de las familias, el 35.9% de los entrevistados estaba dispuesto a emigrar, porque deseaba mejorar su situación económica o tener un empleo.

Los políticos con ambiciones nacionales se concentran en cómo ayudar a los pobres, cuestión que ha cumplido el presidente Daniel Ortega con varios proyectos emblemáticos financiados con la cooperación venezolana y el presupuesto nacional, pero la información de la reducción de la pobreza por la vía del consumo de la VI EMNV 2014, que indica un riesgo de pobreza de 30% en el país, es bastante contradictoria con los resultados de la encuesta de M&R y con la desigualdad de la distribución del ingreso que se desprende de la misma VI EMNV 2014, que ayuda a explicar la expansión de casi 20 puntos porcentuales del mercado informal hasta 80% en los últimos nueve años. Para disminuir la pobreza es condición necesaria que la economía cree empleo decente.

El segundo problema más importante que afectó al 19.9% de los entrevistados fue de índole social, caracterizado por la corrupción (8.6%), la delincuencia (7.7%), la infraestructura (2.3%) y la crisis de valores (1.3%). El tercer problema más importante que afligió al 7.3% de los entrevistados fue el de carácter político.

Sólo el 2.3% de los entrevistados respondió que no tiene problemas. A manera de ejemplo, según la VI EMNV 2014, el 2% de la población total del país, una pequeña élite, se apoderó del 18% del ingreso total del país -en ese año el ingreso total era equivalente a US$9,403 millones de dólares-. Con la misma EMNV, para tener una idea de la brecha entre los pobres y los ricos en Nicaragua, partiendo desde los estratos de la población de más bajos ingresos el 18% del ingreso total del país era captado por el 48.5% de la población total del país.

Por otro lado, el 28.5% de los entrevistados afirmó que la actual situación económica el país era muy buena o es buena, debido a que un miembro de la familia ha conseguido un empleo; el 46.3% la calificó de regular; y el 24.5% puntualizó que era mala o pésima, debido al insuficiente monto de los salarios de la familia que no ajustó para los gastos del hogar o debido al número de desempleados en la familia.

Desde la acera de la macroeconomía, el país continúa muy bien, excelente. A finales de junio recién pasado el saldo de las reservas internacionales brutas, con una caída semestral de 33 millones de dólares, totalizaba 2.5 millardos de dólares y equivalía a 2.7 veces la base monetaria y a 5 de importaciones de bienes CIF, es decir, la estabilidad del tipo de cambio y de los precios al consumidor está sólida; el déficit del presupuesto del Gobierno Central a finales de abril acumulaba un déficit equivalente 25 millones de dólares; el saldo de dinero o medio circulante reflejaba una contracción de 8.2% acumulada en el primer semestre, gracias a las colocaciones de títulos valores del BCN; como se mencionó antes, la presión inflacionaria acumulada en el primer semestre era 2.1%; y el desempeño del volumen de producción de bienes y servicios se manifestaba en una tasa de crecimiento interanual del índice Mensual de Actividad Económica de 5.4%.

Como siempre hemos afirmado públicamente, en Nicaragua la macroeconomía está muy bien, excelente, pero la microeconomía está muy mal. La solución está en manos de los políticos pero, como dice el economista francés Thomas Piketty, “la desigualdad no es algo para dejar en manos de un pequeño grupo de economistas”.





Los pobres no son culpables de ser una mayoría

17 07 2016

El recién pasado 12 de julio me entrevistó el periodista Luis Galeano en su programa matutino tanto televisivo como radial sobre lo que él llamó “La economía de bolsillo”, un tema muy bien nombrado con lo que él diferenciaba a la microeconomía, que está bastante mal, de la macroeconomía, que está bastante bien en el país.

Complementaré algunas ideas que, por razones de tiempo, no pude exponer en la entrevista y sólo repetiré tres números de las estadísticas sobre pobreza que procesé sobre la base la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014, que está disponible en la página web del  Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE): con los ingresos totales de 1,432,459 familias nicaragüenses, el 41% no podía comprar todos los 23 alimentos de la canasta de consumo básico, el 62% no podía adquirir todos los 53 productos de dicha canasta de consumo y el 85% no podía endeudarse para tener una vivienda de interés social, aún con el subsidio estatal de la tasa de interés.

Con esos tres desafíos que están divorciados de la metodología de las líneas de pobreza por el lado del consumo del Banco Mundial, podríamos concluir que el actual modelo económico ha sido insuficiente para reducir la pobreza. Si no incluyéramos la incapacidad de comprar una vivienda de interés social, 5,275,016 nicaragüenses desfavorecidos, concentrados en 1,215,207 familias, no podían comprar con todos sus ingresos todos los 53 productos de la canasta de consumo básico. Este dato debería ser muy preocupante para los políticos, especialmente para quien ocupa el poder, porque refleja el mantenimiento de las estructuras económicas que están detrás de la pobreza y la falta de una mejor comprensión de que sin economía no se puede reducir la pobreza.

Es obvio que las políticas sociales emprendidas por la administración del Comandante Daniel Ortega desde el año de 2007 pretenden ayudar a los pobres, especialmente a los pobres extremos que no pueden adquirir los alimentos básicos, pero continúan siendo mayoritariamente el último eslabón de la sociedad. Dicho de otra forma, el tamaño natural del mercado dinámico de Nicaragua se reduce al 15% de la población total del país, un espacio muy reducido donde el crecimiento económico se puede explicar con la dinámica de la demanda interna, o sea, con los gastos de consumo e inversión.

Nadie es pobre porque no sepa lo que es mejor y los pobres no son culpables de que sean una mayoría en el país. Los pobres son los que siempre toman sus decisiones en un entorno con muchas dificultades y si las políticas públicas no reducen la desigualdad o la inequidad de la distribución del ingreso empeorará la situación de los pobres y habrá un mayor costo en el crecimiento económico del país.

En los últimos diez años, la administración pública logró reducir el índice de pobreza extrema desde 17.2% hasta 8.3% con una política social no asistencialista, sino productiva. Hoy, la economía de Nicaragua acelera su crecimiento sobre el 5% anual desde 2015 mediante la inversión extranjera directa, acompañada de una disminución del riesgo-país que ha pasado de alto a moderado y de una mejor seguridad que es reconocida en América Latina, pero en la actualidad no se observa una igualdad de oportunidades sino una alta desigualdad al ser medida con el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso igual a 0.48, que es apenas 3 centésimas menor que el registrado en 2005.

Los pobres no pueden financiar sus ideas porque la desigualdad de la distribución del ingreso les impide concretar sus proyectos de producción y salir de la pobreza, una situación que se empeora porque no existe una efectiva banca estatal de desarrollo que entregue simultáneamente crédito y tecnología a las personas que non sujetas de crédito en el sistema financiero convencional.

La voluntad política se ha manifestado a través de las políticas públicas implementadas para reducir la pobreza extrema, pero no han llegado a los pobres en general. Por esto sugiero al presidente Daniel Ortega que las políticas públicas para reducir la pobreza, tanto sociales como económicas, sean universales y no sigan concentrándose casi exclusivamente entre los pobres extremos, no obstante las cifras oficiales indican que el índice de pobreza no extrema, con la metodología lineal del Banco Mundial, se redujo de 31.1% en 2005 a 21.3% en 2014, pero no hay que olvidar que el 62% de las familias con todos sus ingresos no pueden comprar todos los 53 productos de la canasta de consumo básico.

Además, se puede inferir de la VI EMNV de 2014 que el 41% de los hogares nicaragüenses era pobre porque no satisfacía los cinco indicadores de las necesidades básicas insatisfechas, siendo la más grave la dependencia económica al detectarse que el 26.3% de la población total del país se concentraba en hogares en los cuales habían dos o más personas por cada ocupado en el hogar y el jefe de ese hogar tenía una escolaridad máxima de primaria incompleta.

En conclusión, hay que hacer más efectivas las políticas públicas a la hora de llegar a los pobres. Existe, por supuesto, la voluntad política; entonces, la duda está en la capacidad administrativa. La mayoría de los políticos desconoce cómo se vive en la pobreza y la mayoría de los economistas expertos en reducir la pobreza con sus pilares de crecimiento y temas transversales, no son entendidos por los pobres y deberían hablar en términos menos abstractos.

Es necesario invertir más en educación primaria, secundaria y técnica; en transferencia de tecnología para quienes no pueden comprarla; en infraestructura económica, especialmente la introducción de agua potable y disposición de excretas en las áreas rurales y alcantarillado en las áreas urbanas; en la construcción de viviendas de interés social para reducir el notable déficit habitacional del país y hacinamiento; en erradicar el uso de la leña para cocinar y en facilitar el servicios de recolección de basura.

Sin embargo, no hay que olvidar que el desafío está en la desigualdad, un término que continúa  dando miedo, mientras que el eco de la palabra pobreza se escucha en todo el país. Con más educación y salud, la desigualdad podrá ser vista sin temor alguno, y también hay que evitar la trampa de la pobreza, que es montada con el cobro de los impuestos a los que están escapando de la pobreza. Las políticas públicas deben construir los incentivos para los más pobres que quieren dejar de serlo por sus propios medios.





Las empresas no funcionan como los partidos políticos

10 07 2016

Los economistas somos expertos en hacer supuestos para determinar las repercusiones de las políticas económicas o de los pronósticos económicos. Como ocurre en el país, en un año de elecciones presidenciales la abundancia de supuestos y especulaciones también abundan en el ámbito partidario, especialmente cuando los candidatos a ocupar la primera magistratura presentan sus promesas sin demostrar cómo lograrán concretarlas.

En Nicaragua se ha observado el fenómeno que los partidos políticos responden a un líder, como si fueran una empresa. Una empresa sobrevive en el mercado si su producto, al ser comprado, maximiza los ingresos, con más razón si esa empresa es de competencia imperfecta, o sea, un monopolio o un oligopolio que , maximiza sus utilidades al fijar el precio de su producto fuera del libre juego de la oferta y la demanda. Un partido político, si logra capturar la mayor cantidad de votos con una estrategia y un plan atractivo para los ciudadanos, maximiza su estancia en el poder y, consecuentemente, maximiza su rédito político.

Si estableciéramos el supuesto que el funcionamiento y la evaluación de un partido político fuera similar al de una empresa, gran parte de los líderes políticos ya hubiesen sido cambiados desde hace bastante tiempo por las bases partidarias. Pero esto no ocurre, porque los partidos políticos no pertenecen a las bases, sino a una persona o a una familia o, en el mejor de los casos, a un reducido número de políticos, los mismos políticos de antaño.

Tras el fracaso de la unidad opositora, varios de esos líderes hubiesen sido relevados hace tiempo sin ninguna gratificación, con más razón si se desempeñaran en cargos de los poderes del Estado al recibir jugosas remuneraciones. En cambio, un gerente de una empresa que ha fracasado, recibe atractivas compensaciones por los años de servicio al desempeñarse en un cargo de confianza.

El gerente fija en su contrato la millonaria cifra para sus beneficiarios en caso de que sea despedido o relevado del control de la empresa. Un ejemplo reciente es el de la quiebra de la banca de inversión de Wall Street y sólo 12 altos ejecutivos que dirigían esos bancos fueron expulsados en septiembre de 2008, pero se fueron con indemnizaciones de más de 500 millones de dólares y los contribuyentes estadounidenses tuvieron que rescatar a los inversionistas financieros de esos bancos.

El ex presidente de la Fed, Ben Bernanke, a quien le tocó lidiar con esa crisis financiera, la peor desde la Gran Depresión, en su libro The Courage to Act dejó claro que esperaba que se hubieran exigido responsabilidades a los autores de los abusos y que algún ejecutivo de Wall Street debería haber acabado en la cárcel. Las grandes firmas del sector financiero fueron sancionadas tras la crisis con decenas de miles de millones de dólares por la manera en la que estructuraron y ofrecieron a los inversionistas los activos de deuda hipotecaria que tenían en balance, que resultaron ser insolventes. “Mi preferencia es que se hubiera investigado más las acciones de los individuos porque es obvio que todo lo que se hizo ilegalmente no fue por una entidad abstracta”, opinó Bernanke. Esta práctica no existe en el mundo de los políticos.

Los políticos fracasados no han contribuido a maximizar la tasa interna de retorno del bienestar social. En el país, son portadores de anuncios de debacles, apuestan a que la economía se desploma con el retiro de la cooperación oficial al sector público a sabiendas que esos recursos ya no juegan un papel muy relevante desde 2009 y que la condición macroeconómica del país se ha fortalecido, azuzan la tranquilidad de la población e imaginan que su agrupación partidaria subirá al poder como la espuma si se deteriora el nivel de vida de la población. Si el barco se hundiese, nos hundimos todos, pero esos políticos tienen la capacidad de saltar del barco a tiempo para ponerse a salvo.

Los políticos fracasados adoptan posiciones mesiánicas, que hacen recordar la frase del Rey Sol de Francia, Luis XIV, “L’État, c’est moi”, “El Estado soy yo”, dando a entender que tienen todo el poder público en su persona, que es el poder en persona, una idea medieval que no tiene cabida en la democracia. O hacen recordar la de su sucesor, Luis XV, quien displicentemente dijo “Aprés moi, le déluge”, “Después de mí, el diluvio”, cuando anticipan violentos acontecimientos sin importar lo que ocurriera porque ya estarían fuera del barco.

En conclusión, un gerente de una empresa no es igual a un presidente de un partido político. La impunidad de los banqueros parece ser que es más sólida que la impunidad de los políticos. En Nicaragua existe el caso del rescate de los depositantes de cuatro bancos comerciales que fueron quebrados en el bienio 2000-2001, que no ha caducado porque la Fiscalía General de la República acusó a 39 funcionarios públicos, la mitad de ellos ocupaban cargos en el Banco Central de Nicaragua (BCN). Sin embargo, uno de 39 acusados, que en ese entonces era ministro de Hacienda y Crédito Público y ahora es un diputado que no ejerce su cargo, recurrió inapropiadamente a su inmunidad que le confiere el cargo, no se presentó al llamado del juez y paralizó el juicio.

Y con ese antecedente, es insólito que ese político que no se desempeña en su cargo público, que cometió un presunto delito en el pasado y que es más banquero que político, aspiró a ser candidato a presidente de la República. Mientras tanto, los contribuyentes continuamos pagando los US$500 millones que costaron las liquidaciones bancarias y los abusos de los servidores públicos cuando rescataron a los depositantes de los cuatro bancos liquidados, reestructuraron el pago de esa deuda y subastaron los activos de esos cuatro bancos.

Definitivamente, creo que un banquero no puede ser presidente de un país donde el 41% de la población no puede satisfacer sus necesidades básicas. Y en el hipotético caso que llegara a serlo, tendríamos un caso clínico colectivo.

 





Los mismos éxitos y los mismos problemas

3 07 2016

Datos oficiales sobre el comportamiento de la economía del país, que están disponibles al 30 de junio de este año, reconfirman el pronóstico de COPADES sobre el crecimiento económico de 5.3% para 2016. Nicaragua, reiteramos, ya entró a un estadio de crecimiento económico anual de entre 5% y 6% a partir de 2015.

Al mes de abril recién pasado, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) indica una tasa de crecimiento interanual (entre abril de 2015 y abril de 2016) de 5.7% y una tasa de crecimiento promedio anual de 4.8%.

El crecimiento interanual del volumen de producción de bienes y servicios antes mencionado, en nuestro entender, se sostiene principalmente en los aumentos de los volúmenes consumidos de energía eléctrica y cemento, y de la recaudación real (eliminando la inflación) de los impuestos indirectos del Gobierno Central, todos observados entre los períodos de mayo 2014-abril 2015 y de mayo 2015-abril 2016, con tasas de 9.3%,  9.6% y 13.1% en el mismo orden.

En relación con el empleo, al mes de abril sólo se dispone del número promedio de trabajadores afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que en los primeros cuatro meses del año aumentó 12.5% con respecto al mismo período del año pasado al registrarse un nivel de ocupación de 839,801 trabajadores activos asegurados. El poder adquisitivo del salario promedio de los trabajadores asegurados se elevó 5.0% entre abril de 2015 y abril de 2016, y en abril de 2016 el salario nominal promedio mensual de estos trabajadores es C$9,501, equivalentes a US$335.40 con una cobertura de 75% sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico.

No obstante la drástica disminución del crédito petrolero venezolano impulsada por la caída del precio internacional del petróleo, el menor porcentaje de la factura sujeto al crédito y la menor extracción petrolera de Venezuela, la estabilidad macroeconómica del país se mantiene porque el saldo de las reservas internacionales brutas en las arcas del BCN de US$2,459 millones, -dicho sea de paso, en junio dichas reservas cayeron US$63 millones por el pago de la deuda externa y la reducción del exceso de encaje en moneda extranjera de los grupos financieros-, es equivalente a 2.68 veces el saldo de la base monetaria, mayor que las 2.5 veces establecida por el BCN, y a 5 meses de importaciones de bienes CIF, mayor que los 4 meses sugeridos por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con el mantenimiento de la tasa de devaluación oficial invariable de 0.4% mensual desde enero de 2004, la tasa de devaluación de 2.5% durante el primer semestre de este año estuvo acompañada de una tasa de inflación acumulada en el primer semestre (estimada por COPADES) de 2.5% y en términos interanuales (de junio 2015 a junio de 2016) de 4.0%. A mayo de este año, la versión oficial de la inflación acumulada es 2.17% y la inflación interanual es 3.65%.

La presión inflacionaria ha estado influenciada por la disminución interanual de 18.6% del precio promedio mensual del barril de petróleo WTI, al pasar de US$59.82 en junio de 2015 a US$48.70 en junio de 2016 y, por otro lado, por el bajo aumento interanual de 9.0% del medio circulante (en córdobas), al compararse con el rango de aumento de [16%, 23%] que se observó entre enero de 2015 y enero de 2016. La restricción monetaria es un resultado de mayores colocaciones netas de Títulos Especiales de Inversión que de Letras Estandarizadas del BCN en el transcurso de este año.

En cuanto a los déficit gemelos, al mes de abril recién pasado el presupuesto gubernamental reflejó un déficit (antes del registro de las donaciones externas) de C$713 millones equivalentes a 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) pronosticado por COPADES para 2016, mientras que el déficit comercial externo fue igual US$1,012 millones y a 7.7% del PIB pronosticado para este  año, resultante de exportaciones domésticas de bienes FOB de US$780 millones y de importaciones de bienes FOB de US$1,792 millones.

A simple vista, se puede notar que la macroeconomía está muy bien, porque sólo está afectada por el alto déficit comercial externo crónico, aunque también es necesario que la población conozca el costo del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, es decir, los gastos financieros del BCN relacionados con sus emisiones de títulos valores y los bonos por las liquidaciones bancarias del bienio 2000-2001, que ascendieron a C$449 millones (casi US$16 millones, nueva deuda pública interna) en el primer semestre del año en curso. Cabe recordar que los contribuyentes estamos obligados, por la ley, a recapitalizar al BCN, o sea, a pagarle sus pérdidas acumuladas, que han sumado US$887 millones en el período 1994-2015.

Sin embargo, la microeconomía continúa bastante mal. En el ámbito de las empresas se observa una gran informalidad, poca competitividad y una baja productividad, debido a que entre 70% y 80% del total de ocupados labora en empresas que no tienen registros contables, los altos costos unitarios de producción, la poca educación técnica, la escasa transferencia de tecnología a las microempresas y pequeñas empresas, y los altos costos financieros del capital de trabajo en el mercado local, aunque también se observa el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura económica del país.

En el entorno del gasto de consumo de las familias, con base en los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014, con todos sus ingresos –salario, remesas, producción de autoconsumo, premios de la lotería, alquileres, intereses, dividendos, donaciones y transferencias- el 41% de la población de 6.2 millones de habitantes no pudo adquirir todos los 23 alimentos que forman parte de la canasta de consumo básico, y el 62% de la población del país no tuvo acceso a todos los 53 productos de dicha canasta. En el entorno inversionista de las familias, el 85% de 1,432,459 familias nicaragüenses no puede comprar una vivienda de interés social nueva.

Siempre sobre la base de datos de la VI EMNV 2016, la tasa de analfabetismo de la población de 5 años y más de edad es 16.4% y el 6.5% de la población total del país no tiene acceso a servicios de salud. Como porcentajes del total de hogares del país, el 11.3% está hacinado, el 33.9% no tiene acceso a una fuente de agua potable, el 63.0% no tiene acceso al servicio de alcantarillado urbano, el 13.2% no tiene acceso al servicio de energía eléctrica, el 51% usa leña para cocinar y el 51.6% no tiene acceso al servicio de recolección de basura.

Pero entre las necesidades básicas insatisfechas de la población, la más relevante es la dependencia económica, al señalar el 26.3% de la población total del país que hay dos o más personas por cada ocupado y el jefe del hogar tiene una escolaridad máxima de primaria incompleta.

En conclusión, la macro está muy bien y la micro está bastante mal, los éxitos y los problemas son los mismos, lo cual puede explicarse en gran parte con la desigualdad en la distribución del ingreso.

El coeficiente de Gini de la distribución del ingreso fue igual a 0.48 en 2014, 2 centésimas mayor que el de 2009 y, a manera de ejemplo, en 2014 dicho coeficiente fue igual a 0.19 para el 70% de la población total del país, es decir, entre pobres hay modestas desigualdades.

Se requiere, por consiguiente, de una fuerte voluntad política para regular la potencia del mercado, que no se autorregula para el servicio supremo del interés general.





El riesgo-país de Nicaragua se elevó en junio de 2016

26 06 2016

Con tres recientes conflictos políticos observados en este mes, más políticos opositores que académicos han argumentado que habrán consecuencias económicas para el país.

Debido a la expulsión de dos funcionarios estadounidenses que llegaron al país a facilitar los procesos de certificación de las empresas que exportan a Estados Unidos, incluyendo a las del régimen de zona franca, ya se afectó la competitividad de las empresas radicadas en el país que exportan bienes hacia Estados Unidos, principal socio comercial que en 2015 adquirió el 37% del valor total de las exportaciones domésticas de bienes FOB de Nicaragua. Se requiere que las autoridades gubernamentales correspondientes resuelvan rápidamente este conflicto con sus homólogos estadounidenses para agilizar los trámites de exportación de las empresas.

Los otros dos conflictos no muestran afectaciones a la economía nacional, es decir, no trascienden de la esfera política, pero sí han elevado el riesgo-país de Nicaragua en 2016.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió el litigio judicial de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) afectó a Eduardo Montealegre Rivas y no al PLI. Si las cuatro facciones de este partido político se hubieran unificado con la conducción de su representante legal, Dr. Pedro Eulogio Reyes Vallejos, es bastante seguro que la Coalición Nacional por la Democracia dirigida por Eduardo Montealegre hubiese tenido una gran influencia en el perfil del PLI. Sin embargo, no sólo el dirigente sino también los integrantes de dicha Coalición y también sus diputados en la Asamblea Nacional no mostraron interés para reunirse con las nuevas autoridades legales del PLI.

Quienes se han opuesto a esta sentencia de la CSJ manifestaron que la economía nacional se vendría abajo por un recorte de la cooperación internacional, especialmente de origen multilateral. en un momento en que el crédito petrolero de Venezuela se ha reducido no sólo por el desplome de los precios del crudo y sus derivados sino también por las ingentes necesidades del pueblo venezolano.

La cooperación externa destinada al sector público de Nicaragua que podría estar sujeta a reducciones provocadas por conflictos políticos fue totalmente eliminada en 2009, debido a las denuncias de la oposición política de un fraude en las elecciones municipales de 2008.

Desapareció el apoyo presupuestario que osciló entre US$70 millones y US$80 millones en el bienio 2007-2008, en el que se distinguían donaciones de Finlandia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Comunidad Europea, y préstamos de Alemania, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Este apoyo presupuestario, que no estaba asignado a proyectos específicos, consistía en divisas líquidas de libre disponibilidad, muy flexibles en su uso, para apoyar la estrategia de reducción de la pobreza y la mejora de la economía. En mayo de 2009 se agregó la suspensión de una donación de US$64 millones proveniente de la Cuenta Reto del Milenio, paradigma de la cooperación de Estados Unidos.

Otro financiamiento externo que no existe desde diciembre de 2011 es el préstamo trienal de US$123 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaba relacionado con el Programa Servicio de Crédito Ampliado (SCA) 2007-2010, el cual fue extendido un año más. A partir de 2012, sin haberse suscrito un quinto programa de ajuste económico y de reformas estructurales, el FMI pasó a ser un consejero de confianza del Gobierno de Nicaragua. En marzo de este año, el FMI anunció el cierre de la oficina de su representante residente en el país el próximo 31 de julio, debido al éxito que ha tenido Nicaragua en la estabilidad de su macroeconomía y en su crecimiento económico.

El monto anual de la cooperación externa que recibe el sector público de Nicaragua ha oscilado entre US$505 millones y US$530 millones en el trienio 2013-2015, en su mayor parte, el 85%, en concepto de préstamos de divisas líquidas “atadas” a programas y proyectos del sector público. Los principales prestamistas son el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (AIF/BM), que han declarado que Nicaragua cumple todos los requisitos y usa eficientemente los recursos prestados. Cabe recordar que en marzo de 2012, la ex Secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sra. Hillary Clinton, ordenó la supervisión de los desembolsos de los préstamos del BID y del BM para Nicaragua, pero no pasó a más.

Lo cuestionable o discutible en cuanto a la sentencia de la CSJ es que fue emitida cinco meses antes de las elecciones presidenciales, un ejemplo más de retardación de la justicia en el país, lo cual ha provocado más ruido que exacerbación política a lo interno y, como ha sido una práctica usual de la oposición, denuncias en el exterior de un nuevo movimiento político “Ciudadanos por la libertad”, pero que no implican supuestos recortes de la cooperación internacional, mucho menos un embargo financiero multilateral, que conllevaría el error geopolítico de transformar el triángulo norte de Centroamérica en un rectángulo norte del istmo centroamericano.

El conflicto político de que no habrá observación internacional y, parece ser, ni nacional, sí podría tener consecuencias políticas desde el exterior, porque tomando en cuenta los resultados de la encuesta de M&R realizada entre el 25 de febrero y el 6 de marzo de este año el 83.2% de la población está de acuerdo con la observación nacional y el 77.5% de la población está de acuerdo con la observación internacional, para garantizar transparencia, credibilidad y confianza en el proceso electoral, legitimarlo y evitar el fraude. El riesgo extremo por el rechazo oficial de la observación electoral podría ser el desprestigio de las elecciones y la falta de legitimidad del candidato electo a Presidente de la República.

Otra encuesta de opinión, la de CID Gallup presentada el 25 de mayo recién pasado, resaltó que si en ese día fueran las elecciones, el Presidente Daniel Ortega ganaría a la oposición con un 57%, mientras que sus oponentes, Luis Callejas del PLI apenas obtendría 2% y Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 1%, y el 39% dejó la papeleta simulada en blanco, y aclaró que, dado que los candidatos de la oposición son nuevos, estos números pueden cambiar entre ese día y el 6 de noviembre. Además, el 45% de los entrevistados aprobó totalmente la gestión presidencial del líder sandinista (en septiembre de 2015 era 66%); el 38% algo la aprueba y el 17% no supo responder.

El candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Comandante Daniel Ortega, tiene bastante holgura para ser reelecto el próximo 6 de noviembre no sólo por el desempeño económico del país, que se ha basado tanto en la inversión extranjera directa como en la deuda privada externa del suministro petrolero de Venezuela, sino también por una oposición política incapaz de unirse y sin una estrategia alternativa a la que él dirige desde hace 10 años.





Un enfoque de políticas públicas sobre la pobreza del país

19 06 2016

Presentación1

Siempre he tenido una opinión desfavorable sobre la medición de la pobreza en función del gasto de consumo por persona, sin importar cómo se financia ese gasto como lo establece la metodología del Banco Mundial, porque ese consumo, en unos casos sólo de alimentos para los pobres extremos o indigentes, y en otros casos de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, vestuario, transporte, educación y salud para los pobres, puede ser financiado con recursos que no son generados por las personas o las familias, sino a través de donaciones internacionales, transferencias estatales, remesas y premios de la lotería, entre otras fuentes de ingreso.

En octubre de 2015, especialistas del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y del Banco Mundial presentaron en el Banco Central de Nicaragua (BCN) un informe breve sobre la pobreza de Nicaragua en 2014, con base en los resultados de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV), concluyendo que el 29.6% de la población era pobre, es decir, la probabilidad de ser pobre en Nicaragua era igual a 30% en ese año.

En la presentación de los resultados de la EMNV sólo se mencionaron tres de las cinco Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población, otra metodología para la medición de la pobreza, que fueron el hacinamiento, los servicios insuficientes y la baja educación. Los funcionarios de ambas instituciones no se refirieron a la dependencia económica ni a la vivienda inadecuada, que son las necesidades más insatisfechas de la población en el mismo orden, de acuerdo con la base de datos de la EMNV disponible en la página web del INIDE, de la cual se desprenden todos los datos que se presentan a continuación.

Con base en la metodología de las NBI, en 2014 el 41% de 1,432,200 hogares nicaragüense es pobre y el tamaño promedio nacional de un hogar, según la EMNV, es igual a 4.34 personas; en otras palabras, 2,561,461 nicaragüenses no satisfacen sus necesidades básicas. Los pobres conocen bien su situación, pero la mayoría de los economistas tratamos de resolver la pobreza con una jerga que no es entendida por los pobres y la mayoría de los políticos, con sus ineludibles excepciones, no conocen la pobreza.

¿Cuáles son esas necesidades básicas insatisfechas y cómo impactan a la población del país? ¿Cuál sería el perfil de las políticas públicas para reducirlas?

El hacinamiento se manifiesta en el 11.5% de los hogares urbanos, con 4 o más personas por cuarto para dormir, y en el 9.3% de los hogares rurales, con 5 o más personas por cuarto para dormir. El índice de hacinamiento nacional es  10.6%, o sea, 152,438 hogares están hacinados. Por consiguiente, es necesario ampliar la oferta de viviendas de interés social y facilitarlas no sólo con financiamiento a tasas de interés bajas sino también con el trabajo de las familias necesitadas bajo la dirección de ingenieros de instituciones públicas. La principal restricción en la solución de este problema es que 1,100,065 familias u hogares no son sujetas de crédito en el sistema financiero nacional, porque tienen un ingreso promedio mensual equivalente a US$301, resultante de un rango de [US$48, US$612] correspondiente a los primeros 75 percentiles de la población del país.

Los servicios insuficientes afectan más a la población rural que a la población urbana. El 85.8% de 574,719 hogares rurales no tiene inodoro o letrina y obtiene el agua de un río o un ojo de agua, mientras que el 4.3% de 857,481 hogares urbanos no posee inodoro o letrina o agua conectada a la red pública dentro o fuera de la vivienda. Se requieren más proyectos de inversión pública para el suministro de agua potable en las áreas rurales, al menos en áreas que tengan el potencial o las condiciones geográficas adecuadas, lo cual también demanda proyectos de reforestación y, con el concurso de la población rural, impulsar la construcción masiva de letrinas y sumideros con el propósito de disminuir el índice nacional de servicios insuficientes de 8.3%.

Una vivienda se considera adecuada si tiene dos combinaciones de materiales aceptables para pared-techo-piso, y con la presencia de un material aceptable o ninguno se considera inadecuada. A manera de ejemplo, una vivienda inadecuada tendría el suelo como piso, las paredes de ripios o cartón, o el techo de plástico. Según la EMNV de 2014, son inadecuadas el 13.3% de las viviendas urbanas, o sea, 113,819 viviendas, y el 7.1% de las viviendas rurales, o sea, 40,646 viviendas, de tal forma que el 10.8% de viviendas del país son inadecuadas.

En los hogares urbanos y rurales hay 373,010 niños de 7 años a 14 años de edad que no asisten a la escuela, es decir, el 9.5% de 3,936,982 niños en el rango de las edades antes señaladas y ese valor porcentual es el índice de baja educación, el cual expresa que nuestra niñez no recibe enseñanza primaria o secundaria. Cabe agregar que los datos de la EMNV ayudan a estimar que la tasa de analfabetismo de la población de personas de 5 años y más de edad es igual a 16.4%, y el nivel de escolaridad promedio nacional es 6.2 años de estudio.  Siempre hemos propuesto que la política pública en educación estaría dirigida a la ampliación de la calidad y la cobertura de la educación primaria, secundaria y técnica, esta última necesaria para la formación de la fuerza laboral, con el fin de apoyar el incremento de la productividad y la creación de empleos de calidad.

Con un jefe de hogar que tiene una escolaridad máxima de primaria incompleta, el 30.4% de la población rural tiene tres personas por cada ocupado y el 23.4% de la población urbana tiene más de 2 personas por cada ocupado, de tal forma que el índice de dependencia económica del país es igual a 26.3% de la población total del país. Mejor educación y un mayor nivel de escolaridad promedio nacional es el objetivo de la política pública para reducir la dependencia económica. Para una mejor educación, se requiere, disminuir el empirismo y una mayor capacitación de los maestros no empíricos, que implícitamente conlleva a aumentar su nivel salarial, y por lo tanto, aumentar el presupuesto para educación.

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De acuerdo con la EMNV de 2014, el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso de Nicaragua se elevó de 0.46 en 2009 a 0.48 en 2014, pero no todos pueden ver el aumento de esta brecha porque la clase media disminuye y, simultáneamente, también se reduce la pobreza. En 2014, el 20% de la población de mayores ingresos del país capturó el 53.9% del ingreso total, mientras que el 20% de la población de menores ingresos sólo captó el 4.6% del ingreso total. Esto ayuda a ejemplificar que el índice de la desigualdad obstaculiza la reducción de la pobreza, no medida por los niveles de consumo como lo hace el Banco Mundial, sino por los niveles de ingreso de la población.

Nadie es pobre porque quiera serlo. La clave para reducir la desigualdad del ingreso, que puede provocar miedo a los que tienen más, es la educación y se necesita tener la voluntad política y la capacidad administrativa para establecer políticas sociales redistributivas que sean efectivas para toda la población. La actual administración pública ha logrado disminuir la pobreza extrema, pero hay que reconocer que la desigualdad y la falta de educación impiden a los pobres financiar sus proyectos productivos para convertirse en personas no pobres.

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Severa contracción en la circulación del córdoba

12 06 2016

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Aunque nuestra moneda oficial, el córdoba sin apellido por no decir córdoba sin mantenimiento de valor, apenas domina el 20% del mercado monetario del país, el dinero o medio circulante de la economía del país observa una severa contracción de C$3,930 millones en los primeros cinco meses del año con respecto a su saldo registrado el 31 de diciembre del año pasado.

En términos interanuales, es decir, entre mayo de 2015 y mayo de 2016, la tasa de crecimiento del dinero en circulación es apenas 2.8%, que usualmente se mantiene cada mes con aumentos que varían entre 16% y 23% interanual desde 2014, mientras que la tasa de inflación acumulada en ese mismo período es 3.7%. La pregunta obvia es, entonces, por qué se está dando esa “sequía” nominal y real en la liquidez primaria de la economía nicaragüense. Veamos primero las causas de esa reducción monetaria.

De acuerdo con datos oficiales hasta el 31 de mayo del año en curso publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN), éste ha comprado divisas a inversionistas extranjeros y al Sector Público No Financiero (SPNF) en un monto equivalente a C$2,035 millones, es decir, expandió la emisión de dinero en ese monto, pero también ha tenido que vender divisas al sector privado, representado por los grupos financieros radicados en el país, por un monto equivalente a C$4,134 millones, o sea, ha entregado parte de sus reservas internacionales y ha recibido córdobas para que los intermediarios financieros continúen atendiendo la demanda de divisas de los productores y los consumidores. En términos netos, por ambas operaciones de compra y venta de dólares, el BCN contrajo el saldo de emisión de dinero en C$2,098 millones.

Por otro lado, el BCN administra la liquidez en córdobas de la economía a través de dos instrumentos monetarios. Uno, las operaciones de mercado abierto con la subastas de Letras Estandarizadas semanales para los inversionistas financieros privados, entiéndase los banqueros, “esterilizando” dinero del mercado en un monto de C$2,184 millones, y con las colocaciones netas (de redenciones) de Títulos Especiales de Inversión, renombrados como depósitos a plazo del Gobierno Central en el BCN, dirigidas exclusivamente a instituciones públicas, sacando de circulación un monto de C$1,295 millones. Esos papeles o títulos del BCN son emitidos en córdobas con mantenimiento de valor, que al ser redimidos implica un pago de sus rendimientos que representaron el 51% de las pérdidas acumuladas del BCN de C$363 millones en los primeros cinco meses del año.

El otro instrumento de administración de la liquidez es la tasa de encaje legal de 12% diario y 15% catorcenal sobre los depósitos en córdobas, con la cual los grupos financieros mantienen un saldo de encaje en la bóveda del BCN de C$7,180 millones con una tasa de encaje efectiva diaria sobre sus depósitos en córdobas, con y sin mantenimiento de valor de 20.3%, indicando así un excedente de encaje de C$2,928 millones, que no generan gastos financieros a la autoridad monetaria porque no devengan intereses ni gozan de mantenimiento de valor. En el período enero-mayo, el encaje legal ha “esterilizado” C$3,705 millones del mercado monetario.

Finalmente, una última causa importante de la contracción monetaria que registra la economía del país en la actualidad es el aumento de C$684 millones en el saldo total de los depósitos del SPNF en el BCN.

El BCN, que por ley no tiene sigilo bancario, no publica las actas de su Consejo Directivo y, consecuentemente, la población, que con sus impuestos paga las pérdidas del Banco, desconoce la conducción de la política monetaria. Trataremos de identificar los motivos más importantes que han impulsado al presidente del BCN, Ovidio Reyes, a contraer la liquidez de la economía.

Según datos del Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX), la caída tanto del volumen como de los precios internacionales de las 20 principales materias primas o bienes intermedios del país indicaron una disminución de US$97 millones en las pretensiones de exportación en el período enero-mayo de este año. Esa caída aunada al aumento de US$91 millones en el valor de las importaciones de bienes CIF declarado por la Dirección General de Aduanas (DGA) para el período enero-abril del año en curso, conduce a un déficit comercial de US$188 millones. Cabe mencionar que sólo la importación de bienes de consumo no duraderos se incrementó en US$121 millones en dicho período y, por supuesto, que al dejar una gran cantidad de córdobas circulando en el mercado se provocaría una mayor demanda de importaciones y una caída o pérdida de reservas internacionales en manos del BCN.

Por lo tanto, el BCN estaría protegiendo la posición la posición de las reservas internacionales brutas que garantice su cobertura de 2.5 veces sobre el saldo de la base monetaria y de 4 meses de importación de bienes CIF. Con un aumento de US$30 millones en el transcurso del año, al 31 de mayo recién pasado las reservas internacionales brutas de US$2,522 millones eran equivalentes a 2.96 veces la base monetaria y a 5.16 meses de importaciones de bienes CIF. Por lo tanto, no hay riesgos de una inestabilidad macroeconómica.

Otro motivo es la reducción del monto del crédito petrolero de Venezuela, debido a la caída del precio internacional del crudo desde US$105.79 en junio de 2014 hasta US$47 en mayo de 2016, a la disminución del porcentaje del valor de la factura de cada embarque de crudo y de combustibles en concepto del crédito venezolano desde 50% hasta 30%, y al menor volumen de hidrocarburos entregado por Venezuela a Nicaragua.

Según datos de la DGA y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en enero-abril de este año el valor de las importaciones de petróleo y derivados fue igual a US$184 millones, de los cuales US$57 millones provinieron de Venezuela, es decir, el 31% del valor total importado de hidrocarburos en los primeros cinco meses del año actual –hace dos años superaba el 90%-. Además, ha sido de conocimiento público que la refinería PUMA radicada en Managua ha comenzado a importar hidrocarburos directamente desde Estados Unidos, país que participa con el 29% en el valor importado de este tipo de bienes. En suma, Guatemala, México y Estados Unidos participan con el 39% en el valor total importado de crudo y combustibles.

El principal beneficio que ha recibido Nicaragua con el crédito petrolero venezolano ha sido la protección de las reservas internacionales del país, que ha garantizado la estabilización macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y una presión inflacionaria baja y estable. Al disminuir el monto del crédito petrolero, aumenta el monto del pago al contado de los embarques de crudo y combustibles, y el BCN se preocupa por la disminución de las reservas internacionales.

También se origina otra preocupación entre los empresarios, cuando observan la disminución de las ventas provocada por la menor liquidez en córdobas y se preguntan si hay señales recesivas en la economía nacional. A los miembros del Grupo Empresarial de Análisis (GEA) de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) le hemos aclarado la inexistencia de esos riesgos recesivos y la presencia de una severa administración temporal de la liquidez en córdobas, porque estamos saliendo de un ciclo agrícola tremendamente afectado por el fenómeno de El Niño, que provocó pérdidas de producción agropecuaria de al menos US$170 millones en 2015.

Sin embargo, el BCN debería aclarar oportunamente lo que está ocurriendo en el mercado monetario.








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