Se agrega otra crisis a los nicaragüenses

22 11 2020

Los huracanes Eta e Iota, ambos clasificados como categoría 4, de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, impactaron el 3 y el 16 de noviembre en la misma ruta de las zonas históricamente empobrecidas del Caribe Norte de Nicaragua.

Es otra crisis devastadora de origen extraeconómico, o sea, el cambio climático, que se agrega al problema político de abril de 2018 y a la pandemia mundial del COVID-19 de marzo de 2020 y agrava la situación económica y social del país.

Un tercio de la población total de Nicaragua habita en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y en los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Rivas, es decir, aproximadamente 2,203,200 habitantes que estuvieron expuestos a fuertes vientos de 240-260 kilómetros por hora, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las actividades económicas que tuvieron más daños fueron la agricultura, la ganadería vacuna, la ganadería porcina, la avicultura, la silvicultura, el comercio y la propiedad de vivienda. Entre los principales rubros afectados por estos desastres naturales, se distinguen los siguientes: arroz, frijol, maíz, hortalizas, plátanos, leche, aves y huevos, ganadería vacuna y porcina, madera, café, tabaco habano y cacao. A lo anterior, se adiciona el valor de reposición de la infraestructura económica (red vial y puentes), de la infraestructura social (centros de salud y centros de educación primaria y secundaria) y viviendas (el 30% del total de viviendas del país estaban ubicadas en esas zonas, según el Censo Nacional de 2005).

Las regiones afectadas por ambos huracanes no tienen un alto índice de industrialización manufacturera, o sea, no tienen una gran capacidad instalada para procesar la producción agropecuaria o materias primas. También es bastante probable que no se hayan observado daños importantes en la captura y procesamiento de mariscos, en la extracción de minerales metálicos (oro y plata) y en la generación de servicios financieros.

Groso modo, sobre la base de los escasos datos oficiales relacionados con la geografía económica de Nicaragua, se podría afirmar en términos muy preliminares que el 20% de la producción de bienes y servicios del país, que es aproximadamente el aporte de la RAAN y los cinco departamentos en la formación del producto interno bruto (PIB) del país, también estuvo expuesto a los severos impactos de Eta e Iota, pero no todo fue destruido o alterado por los dos huracanes.

Tomando en cuenta el pronóstico del PIB elaborado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) de US$11,480 millones para 2020, antes de la ocurrencia de los dos huracanes, se podía esperar que el área hoy afectada aportaría US$2,300 millones en la formación del PIB de este año.

Con el supuesto de que los daños presentes y futuros en la RAAN y los cinco departamentos equivalen al 35% de su contribución anual a la producción de bienes y servicios, podríamos concluir en términos muy preliminares de que la suma del valor de los daños provocados por Eta e Iota se aproxima a US$800 millones, que se registrarán en 2020 y 2021 dada la periodicidad del ciclo agrícola.

Tenemos que evitar el pesimismo. La economía de Nicaragua se recuperará del conflicto político con las elecciones nacionales del 7 de noviembre de 2021, de la pandemia del COVID-19 con la aplicación de la vacuna a toda la población, y del desastre provocado por Eta e Iota, ¿con qué?, si tomamos en cuenta que la cooperación internacional, préstamos y donaciones facilitados por instituciones financieras internacionales y gobiernos de otros países, es necesaria, pero se requiere  unir y encauzar el gran esfuerzo nacional, de potenciar nuestras coincidencias, con los propósitos de detener y revertir el continuo deterioro económico y social que persiste desde 2018 y que nos ha llevado a una depresión económica, al observarse una caída acumulada de 13% en la producción de bienes y servicios en los últimos tres años. Un ejemplo de lo anterior: en 2020, el ingreso per cápita promedio anual de US$1,760 ha retrocedido 8 años.

En el menor plazo posible, debemos recuperar los niveles productivos observados en 2017, que fue el último año de los máximos históricos de crecimiento económico y de reducción de la pobreza, en una forma inclusiva, sin exclusión alguna, y al obtener de nuevo esa base sólida debemos emprender un crecimiento económico más dinámico y suficiente, con el debido cuido del medio ambiente, en una forma sostenible.

Los académicos y analistas debemos advertir a los políticos de todos los partidos que tomen más en serio los riesgos que conlleva el desplome de la producción, del empleo y del bienestar de la población. No basta el cumplimiento de la estabilidad del tipo de cambio -gracias a la política monetaria contractiva- y la estabilidad de los precios al consumidor -provocada por una demanda interna de bienes y servicios deprimida: menos consumo e inversión-, porque ya están profundizándose los daños estructurales de la economía, principalmente en el mercado laboral con la destrucción de puestos de trabajo formal.

Debemos alertar de estos riesgos para la salud, la vitalidad económica y la estabilidad social, incluso en un año electoral como es el de 2021, para proteger el bienestar de los nicaragüenses.  

Si fuese así, no todo será pérdida y tristeza.





¿Política fiscal contractiva en tiempos de crisis?

15 11 2020

La propuesta del presupuesto gubernamental correspondiente al año de 2021, elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) tomando en cuenta los datos de variables macroeconómicas proyectadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), muestra que la política fiscal es contractiva, porque el gasto total de C$81,528.8 millones preanunciado para 2021, equivalente a 18.7% del producto interno bruto (PIB) esperado, refleja una tasa de caída nominal de 1.4% con respecto al gasto total estimado (o actualizado) de 2020, que suma C$82,675.9 millones e igual a 20.1% del PIB de este año.

No se mantiene, sino que disminuye la proporción del PIB destinada al gasto gubernamental. Tomando en cuenta la proyección oficial para 2021 de la tasa de inflación de los precios al productor de 5.3% se puede también concluir que, eliminando la inflación, el gasto real o volumen del gasto del Presupuesto General de la República (PGR) de 2021 tiende a reducirse 6.4% en relación con el gasto real del PGR de 2020, a pesar de que se adiciona el gasto electoral de C$773.4 millones e igual a 0.95% del gasto total presupuestario.

En conclusión, la política del gasto público en 2021, como señala el MHCP, ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio, que tiene una tasa de deslizamiento anual de 3%, y del índice de precios al consumidor, que indica una tasa de inflación de 4% anual estimada por el BCN, pero no facilita la recuperación del crecimiento económico por la vía del aumento de la inversión pública. Con respecto a 2020, la inversión pública en precios corrientes (o en millones de córdobas) tiende a caer 8.4%, mientras que en precios constantes (eliminando la inflación o en millones de córdobas de 2006) muestra una contracción de 13.0%.

La contracción del volumen de inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) del sector gubernamental se debe, en gran parte, a la aplicación de la NICA Act, que impide la contratación de nuevos préstamos concesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BIRF/IDA), excepto en concepto de ayuda humanitaria, y obstruye, en tiempos de crisis, la creación de puestos de trabajo, la generación de ingresos y la reducción de la pobreza. Cabe destacar que el máximo histórico más reciente de los préstamos concesionales del BID y BM/IDA al sector público de Nicaragua se observó en 2017, con un monto de US$331 millones, facilitado principalmente por el BID, que representó el 66% del total de préstamos multilaterales desembolsados en ese año.

Con el ánimo de comprobar que la política fiscal de 2021 es contractiva, cabe mencionar que el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la República de Nicaragua 2021 señala que “las proyecciones del gasto público están enfocadas en continuar con las medidas de austeridad y eficiencia” y que “la proyección del gasto para el 2021 continúa siendo prudente”.

Ambas afirmaciones ayudan a demostrar que los funcionarios gubernamentales continúan insistiendo en la austeridad en tiempos de crisis, en parte por la insuficiencia de recursos externos. Debemos recordar que John Maynard Keynes nos enseñó que la política fiscal debe endurecerse durante los buenos tiempos para que pueda ser expansiva durante los malos. Sin embargo, en Nicaragua, la política fiscal se endureció en los malos tiempos, con un aumento de la presión tributaria cuando la economía transitaba durante el tercer trimestre de recesión económica provocada por la crisis política interna, y con una reducción del gasto público tras casi un año del impacto del COVID-19 que se ha vuelto a propagar recientemente en el hemisferio norte.

En la actual situación económica mundial, que muestra una acelerada caída de las tasas de interés, cercanas a cero o por debajo de cero, en Nicaragua las herramientas de la política fiscal y la política monetaria están trabajando juntas para que la tasa de inflación baje o caiga, ya impulsada hacia la baja por las severas reducciones del consumo, la inversión, la producción y las importaciones provocadas por los shocks de oferta y demanda del COVID-19 y de la crisis política interna. El diagnóstico económico está claro y los remedios son conocidos, pero creo que existe el temor de que se apliquen prudentemente.

Con datos oficiales de este año, recientemente publicados por entidades gubernamentales, se puede observar una tasa de inflación baja, 0.86% acumulada anual y 2.69% interanual en octubre con cuatro deflaciones mensuales intermitentes en este año, y, por otro lado, una tasa de interés activa ponderada de “mercado” alta, 10.64% dolarizada o 13.64% en moneda local a septiembre, a pesar de que el BCN redujo la tasa de interés monetaria a 5.25% en moneda local, o sea, 2.25% dolarizada en octubre, al quitar la cláusula de mantenimiento de valor al crédito que facilitó a la banca comercial para impulsar el crecimiento económico, lo cual no se ha logrado.

Con esos datos, reitero que el BCN no influye en la tasa de interés de “mercado”, que no existe un coeficiente de correlación cercano a 1 entre la tasa de interés monetaria establecida por el BCN y las tasas de interés de “mercado”, y que la política monetaria no está contribuyendo al crecimiento económico, porque sus instrumentos están dirigidos a la protección de la posición de las reservas internacionales y, consecuentemente, a la estabilidad de la tasa de inflación y de la tasa de devaluación.

Desde la década de los años noventa del siglo pasado, el pensamiento macroeconómico no ha cambiado radicalmente en el país por la amarga experiencia de la cuarta hiperinflación mundial del Siglo XX registrada entre abril de 1987 y abril de 1991, por la ortodoxia fiscal aplicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde junio de 1994, por las sanciones financieras impuestas a Nicaragua con la NICA Act desde diciembre de 2018, y por la severa recesión de la economía mundial  causada por el COVID-19 desde el primer trimestre de 2020.    

Por consiguiente, aún persiste el deseo de la austeridad en la política macroeconómica del país y no se visualiza el activismo fiscal. El BCN, que no tiene autonomía, aún manteniendo estable al córdoba, no puede garantizar un menor costo del crédito de la banca comercial para que la economía salga de la recesión, a pesar de que redujo la tasa de interés monetaria. Por eso ha escogido la alternativa de la depresión económica con la baja inflación o la deflación de precios y salarios, dada la insuficiencia de recursos fiscales.

En otras palabras, creo que los instrumentos de la política monetaria están agotados, pero existe la posibilidad de que en un escenario de recesión económica mundial, con ultra bajas tasas de interés monetarias y del mercado financiero internacional, el MHCP podría colocar en el BCN Bonos de la República de Nicaragua a una baja tasa de rendimiento establecida por la autoridad monetaria, con el fin de facilitar el financiamiento destinado  exclusivamente a la inversión pública para atender en mejor forma la infraestructura sanitaria nacional y la salud de la población, dado el repunte del COVID-19, y para emprender la recuperación económica del país. ¿En cuánto tiempo? Mientras las tasas de interés del mercado internacional se mantengan por debajo de la tasa de crecimiento económico que logren alcanzar los países de economía avanzada, es decir, mientras se mantenga barato el costo del servicio de la deuda pública.

Cuando las tasas de interés del mercado internacional comiencen a subir debido a que las tasas de inflación de las economías avanzadas comienzan a acelerarse, en ese momento se cerraría la ventanilla del BCN para los títulos valores emitidos por el MHCP. O más simple: hasta que la tasa de crecimiento del PIB Nominal de Nicaragua sea menor que la tasa de interés monetaria del BCN.





¿Cómo salir del hoyo económico en que nos encontramos?

8 11 2020

A la vista, sólo podríamos salir de la mano de la política fiscal, por la vía de la inversión pública, acompañada en el corto y mediano plazo, y quizá en el largo plazo, de un mercado mundial con bajas tasas de interés, que reducirían el peso de la carga del pago de la deuda pública, y con bajas tasas de inflación, dada la presencia de una demanda mundial deprimida. Pero esto supone dos grandes tareas previas en Nicaragua: la solución de la crisis política que arrastramos desde el 18 de abril de 2018 y que prevemos alcanzar el 7 de noviembre de 2021, día de las elecciones nacionales, y el control de la propagación del COVID-19, presente en el país desde el 18 de marzo de 2020, que garantice un desempeño productivo continuo y creciente.

La ortodoxia fiscal impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde la década de los años 70 del siglo pasado fue relegada por el impacto del COVID-19 y ha sido sustituida por el activismo fiscal. El tema de la deuda pública ha dejado de ser un tabú en el actual escenario económico mundial recesivo, incluso para el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero la gestión de esa deuda no debería divorciarse de las preocupaciones políticas.

Es necesario aumentar el empleo y los ingresos mediante la ejecución de proyectos de inversión pública en infraestructura económica y social, que incentiven la inversión privada. Sin embargo, como ya es conocido desde el 27 de noviembre de 2018, Nicaragua fue sancionada por la NICA Act que le impide tener acceso a recursos externos concesionales provenientes del Banco Mundial (BM/IDA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entonces, ¿cómo financiar los proyectos de inversión pública que contribuyan a restablecer los máximos históricos de la producción de bienes y servicios y los mínimos históricos de la pobreza de los nicaragüenses y, después, acelerar el crecimiento económico del país?

La política monetaria ya está agotada y no puede responder efectivamente a la pregunta anterior. Al Banco Central de Nicaragua (BCN) le quedan pocas municiones -por ejemplo, bajó la tasa de interés monetaria a 5.25% en moneda local, o sea, 2.25% dolarizada, pero la tasa de interés activa de corto plazo implícita del sistema bancario o del mercado local es igual a 12.60% dolarizada- y pocas armas o instrumentos -por ejemplo, las operaciones de mercado abierto o la colocación de Letras sólo tienen el plazo de 1 día-, pero el BCN podría jugar un papel secundario como facilitador del financiamiento interno de la inversión pública durante el período en que la economía mundial y, por ende, la local, muestre una baja inflación, incluso tasas mensuales de deflación intermitentes, y, consecuentemente, ultra bajas tasas de interés. Ese rol facilitador se podría asegurar con la colocación de Bonos de la República en el BCN, en córdobas sin mantenimiento de valor y con una tasa inferior a la tasa monetaria del BCN que, reitero, es 5.25% en moneda local.

Con esa acción monetaria facilitadora, el BCN no debería perder el control monetario cuando se supere la recesión económica mundial, que, en el caso de Nicaragua se estaría transformando técnicamente en una depresión económica al finalizar el año de 2020. No hay que olvidar que transitamos con dos crisis, una interna y otra externa, que tienen orígenes extraeconómicos.

Las autoridades gubernamentales, al disponer de un monto de financiamiento del BCN con la colocación de Bonos de la República con un bajo costo -con tasas de rendimiento cercanas a 0%, la inversión financiera es casi igual a la emisión de dinero-, obligará al BCN, primero, a supervisar el destino del financiamiento, o sea, el gasto de inversión pública, con el que aún no podría garantizar el alcance  del pleno empleo por el tamaño de la informalidad del mercado laboral del país, y segundo, determinar el momento del cierre de la ventanilla de compras de títulos valores gubernamentales para evitar la aceleración de la tasa de inflación, que, en el caso de ocurrir, aumentaría el desempleo y el subempleo y reduciría el poder adquisitivo del salario real. Por consiguiente, se tendría que fortalecer la autonomía del BCN.

La pregunta crucial para el BCN sería la siguiente: ¿Cuál es la tasa de inflación con la cual se dejaría de comprar títulos valores al Gobierno Central? Habría que impedir la presencia de un proceso inflacionario que impactaría la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, porque afectaría a la inversión extranjera directa y al financiamiento externo para las empresas privadas.

La emisión de dinero seguiría siendo una responsabilidad del BCN, por lo cual podría reducir o detener sus compras de títulos valores gubernamentales. No se aconsejaría al Gobierno Central que presione al BCN para que le compre más bonos, porque se podría acelerar la tasa de inflación y no se podría evitar el alza de la tasa de interés. El BCN mantendría el poder de evitar este proceso en cualquier momento.

El déficit fiscal anual de Nicaragua ha oscilado alrededor del 1% del producto interno bruto (PIB) desde 2019. Por lo menos, existe un espacio fiscal de 2% del PIB para financiar el gasto de inversión pública con Bonos de la República, que sean colocados en el BCN, pero no transados en los puestos de bolsa, mientras existan las ultra bajas tasas de interés en el mercado internacional y la reducida tasa de rendimiento de los bonos gubernamentales en el mercado local.

El activismo fiscal no significa despilfarrar los recursos, sino impulsar la reconstrucción de la economía, las perspectivas de crecimiento económico y la creación de empleos mediante la expansión de la infraestructura. En estos momentos de crisis, la política fiscal no debería ser endurecida ni demasiado contractiva, es decir, no debe reducir el gasto ni aumentar los impuestos, porque perjudicaría el alcance de los máximos históricos de los principales rubros de producción del país, que corresponde a los registrados en 2017.





A junio de 2020, las dos crisis se han tragado casi el 20% de la producción del país

1 11 2020

Todas las cifras presentadas a continuación tienen una fuente oficial.

El producto interno bruto (PIB) real de Nicaragua en el primer trimestre de 2020 creció 1.7% interanual, o sea, la tasa de crecimiento con respecto al PIB real del primer trimestre de 2019, pero no significó la salida de la recesión económica en que el país ha estado desde el segundo trimestre de 2018.

El país siguió estando en recesión por el impacto del COVID-19, que provocó una caída interanual de 7.9% del PIB real en el segundo trimestre de 2020, al haber convergido con los efectos económicos causados por la crisis política interna imperante desde abril de 2018.  

El alza y la caída del PIB real en los dos primeros trimestres del año de 2020 no son muy relevantes dadas las dos crisis extraeconómicas que tenemos, porque, aunque facilita una comparación entre períodos, se basa en el supuesto de que la caída del segundo trimestre continuará durante todo un año. Esto no será cierto en el tercer trimestre y tampoco en el cuarto trimestre. Con las tasas de variación interanuales, el gobierno informa cuánto crecería o disminuiría el PIB real si esa tasa de variación se mantuviera durante un año completo.

Para evaluar realmente la recuperación económica, es aconsejable centrarse menos en las variaciones porcentuales de un trimestre a otro y, en cambio, observar cómo se compara la economía en el segundo trimestre de 2020 con el primer trimestre de 2018, antes de que irrumpiera la crisis política, cuando la economía del país estaba funcionando normalmente. Así, la tasa de caída del PIB real del segundo trimestre de 2020 con respecto al PIB real del primer trimestre de 2018 es 19.1%. Las dos crisis se han tragado casi el 20% de la producción del país. La economía está en un hoyo.

Los efectos de una base mayor o de un alto nivel, que determina la caída o el alza del PIB real trimestral pueden confundir la lectura de los datos o inducir a errores, por lo que se necesita una interpretación cuidadosa.

Un ejemplo del mismo fenómeno “aritmético”: si usted tiene C$1,000 (un mil córdobas) y pierde la mitad, tendrá C$500. Luego, usted aumenta su dinero en 50% y eleva su disponibilidad a C$750, pero no ha obtenido los C$1,000 que tenía antes de la pérdida.

Veamos otro ejemplo. El PIB real en Nicaragua se redujo a un ritmo anualizado de 5.4% en el segundo trimestre de 2018, lo que parecía sugerir que la crisis política interna se había tragado el 5.4% de la producción de bienes y servicios de Nicaragua. Sin embargo, la producción del segundo trimestre de 2018 fue 3.5% inferior a la del primer trimestre del mismo año, una tasa de caída que siempre es asombrosa pero menos espectacular.   

Regresemos al segundo trimestre de 2020. La producción, cuando se omite la convención de usar números anualizados, cayó 12.7% con respecto a la del primer trimestre de 2020, pero la caída interanual (con respecto a la producción del segundo trimestre de 2019), ya mencionada en el segundo párrafo, fue apenas 7.9%.

La aritmética simple aumentó la confusión, las cifras anualizadas son más engañosas. El hecho de que Nicaragua experimente próximamente trimestres de rápido crecimiento en la producción no significa que la economía se esté fortaleciendo, porque esas tasas de crecimiento serían un eco de la contracción del PIB real trimestral observada desde el segundo trimestre de 2018. Por esa razón, no debemos analizar el comportamiento del PIB real en forma aislada.

El PIB es una variable de “flujo”, porque estima cuánto se produce o se gasta o se gana en un período de tiempo determinado. En Nicaragua, desde 2018 varias actividades económicas han interrumpido la producción, principalmente la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes, los servicios financieros, el transporte y los servicios comunales y personales, pero la pregunta de fondo es si esa paralización productiva afectará la capacidad de las empresas a largo plazo, lo que los economistas llamamos “histéresis”. Esto ya implicaría un problema estructural de la economía del país, es decir, un problema más grave.

Por ejemplo, la histéresis del desempleo -o períodos prolongados de alto desempleo que elevan la tasa natural estimada con el ajuste demográfico- podría deberse a que los desempleados se acostumbran a no trabajar o a realizar trabajos esporádicos, se desanimen y se esfuercen menos en encontrar trabajo, y se erosiona las habilidades de los trabajadores desempleados.

Las pérdidas de ingresos para las empresas y los hogares podrían significar mora en el pago de los préstamos y cierres definitivos de empresas, la ruptura de los lazos laborales que imposibilitaría restablecer el nivel de empleo formal, la caída de la inversión que desaceleraría el crecimiento económico a largo plazo e impactaría el crecimiento de la productividad.   

El nivel del PIB real del país está por debajo del nivel que tenía en el primer trimestre de 2018. La demanda interna, consumo e inversión, sigue deprimida por las dos crisis. La tasa de subutilización de la fuerza laboral continúa creciendo, los salarios permanecen prácticamente congelados desde 2018 y la tasa de inflación acumulada durante el período enero 2018-junio 2020 es igual a 11.6%.   

La recuperación sólida y estable de la economía del país dependerá del control de la pandemia mundial y de la solución del problema político nacional, y para alcanzar esa recuperación económica nos ayudará no continuar hundiéndonos en la confrontación y el resentimiento, mirando hacia atrás los resultados económicos y sociales obtenidos hasta el año de 2017.

Tenemos muchos daños que reparar para que el país se normalice, para alcanzar lo que habíamos logrado, acelerar el crecimiento económico y social y reducir la vulnerabilidad de la población ante el impacto del cambio climático y otros desafíos imprevistos, incluyendo nuevos virus. Tenemos una invitación al trabajo.





Información y Política Macroeconómica de Nicaragua

25 10 2020

La política monetaria de Nicaragua se ha fundamentado desde 1994 en una regla muy simple para evitar especulaciones e incertidumbres en la administración de la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, o sea, del control del Banco Central de Nicaragua (BCN) sobre  la tasa de devaluación y de la tasa de inflación de los precios al consumidor.

Esa regla aritmética ha tenido tres expresiones. La primera expresión fue una condicionalidad que, desde 1994, sólo exigía el aumento del saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (RINAS), un concepto que del total de las reservas internacionales brutas (RIB) administradas por el BCN excluye los préstamos para apoyo de la balanza de pagos y, en moneda extranjera, los saldos de encaje, del fondo de garantía de los depósitos y de las colocaciones de títulos valores emitidos por el BCN. Así, se comenzó a medir el esfuerzo del sector público para aumentar las reservas internacionales del país.

Se agregó una segunda condicionalidad desde 2006. Fue igual a la división del saldo de las RIB entre el valor mensual promedio anual de las importaciones CIF (MCIF), con un mínimo esperado de 2.5 meses desde 2006, después se elevó a 4 meses y, por sugerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), subió a un rango de 5-10 meses por los impactos de la crisis política interna de 2018 y de la pandemia mundial del COVID-19 de 2020.

Con el alza exorbitante de los precios internacionales del petróleo en junio de 2008, fecha en que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) arribó a los US$140, se estableció la tercera expresión de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica: dividir el saldo de las RIB entre el saldo de la base monetaria (M0), ambas variables cuantificadas en la misma moneda, local o extranjera, y el cociente mínimo esperado fue 2.2 (RIB = 2.2 veces M0) y después se incrementó a 2.5 cuando el gobierno de Nicaragua no suscribió el quinto programa de ajuste macroeconómico y reforma estructural con el FMI en 2012.

El BCN actualiza las últimas dos reglas aritméticas cada día, y sus valores mínimos se cumplen y sobrepasan los límites establecidos. A manera de ejemplo, al 30 de septiembre recién pasado, el saldo de las RIB fue igual a 2.97 veces M0 y a 7.96 meses de MCIF. La política monetaria continúa siendo bastante contractiva y las importaciones han disminuido porque se han reducido el consumo, la inversión y, por ende, la producción desde 2018.  

Por lo tanto, no existen riesgos de devaluación, al no observarse un exceso de medio circulante que presione por una mayor demanda de dólares y desestabilice la posición de las reservas internacionales; tampoco se observa una aceleración de la inflación, porque, además del control de la emisión de dinero, la demanda interna de bienes y servicios finales (principalmente su componente del consumo) está debilitada por los shocks de oferta y demanda causados por el COVID-19.

Sin embargo, se necesita una mejor comunicación del BCN con la población, con el fin de no exacerbar las expectativas de los agentes económicos. El BCN está obligado a publicar oportunamente la información de la producción, la inflación y el desempleo, porque, al no hacerlo, sólo provoca desconfianza y una mayor incertidumbre a los consumidores, los productores y los inversionistas. Hay que generar confianza de que no hay riesgos de que aparezca una inflación galopante ni una devaluación del córdoba, que son las dos aflicciones principales de los consumidores y productores en tiempos de grandes riesgos.

Pero también se necesita que los economistas nicaragüenses, que se distinguen por sus comentarios públicos, demuestren una mayor seriedad técnica en sus críticas a la política económica y se basen en hechos y, sobre todo, no politicen el asunto económico. Esto último lo hacen los políticos, no los economistas. Los economistas debemos criticar responsablemente la conducción de la política económica y plantear medidas correctivas en una forma constructiva. Siempre he sostenido que los economistas no podemos dejarnos llevar por la corriente especulativa de los operadores políticos.

La estrategia de la política monetaria que se ha aplicado en Nicaragua, además de ser muy sencilla y pragmática no puede lograr sacarnos por sí sola del “hoyo” económico en que nos encontramos. Hoy, con los impactos de dos crisis, la política monetaria y la política fiscal deberían actuar hombro con hombro para reiniciar el largo proceso de la recuperación económica, pero una gran parte del financiamiento del gasto de inversión pública de Nicaragua está suspendida por la NICA Act.

El impedimento internacional para financiar las obras de infraestructura económica y social del país está afectando al nivel de vida de la población, no hay generación de empleos ni de ingresos, por lo que la estrategia de la política fiscal ha sido congelar el nivel del gasto público en el trienio 2018-2020 y se mantiene en el proyecto presupuestario de 2021. En otras palabras, para evitar una inflación galopante y una devaluación descontrolada -hoy la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio se mantiene en 3% y el BCN prevé una tasa de inflación anual de 3.7% en 2020-, las autoridades gubernamentales han formulado un presupuesto casi equilibrado, es decir, con un déficit fiscal muy cercano al 0% del producto interno bruto (PIB).

Como en economía nada es gratis, siempre hay un debe y un haber, la política fiscal, en vez de coadyuvar al crecimiento económico, está propiciando una depresión económica tras tres años consecutivos de caída del volumen de producción de bienes y servicios -con los datos del BCN, el PIB Real ha caído 11.8% en el trienio 2018-2020- y un creciente desempleo y subempleo, aunque el BCN también publicó el dato increíble de la tasa de desempleo abierto que pasó de 4.8% en el primer trimestre a 5.4% en el segundo trimestre de 2020, o sea, tenemos una economía de pleno empleo.

¿Cuál es la tasa de desempleo equivalente, que se estima con el dato de la población económicamente activa subempleada? Según el BCN, la tasa de subempleo pasó de 44.7% a 45.9% (del total de ocupados) en los mismos trimestres arriba mencionados. Entonces,  ¿por qué el BCN no publica la tasa de subutilización de la fuerza laboral, que es igual a la tasa de desempleo abierto más la tasa de desempleo equivalente?   

El BCN, con su política monetaria, liberó C$4,000 millones del encaje obligatorio en moneda nacional para que la banca comercial financiara a productores de bienes y servicios con una comisión de 4.25%; redujo la tasa de deslizamiento anual de 5% a 3% a partir del 1 de noviembre de 2019; bajó la tasa de interés monetaria o interbancaria a 5.25% en moneda local, o sea, 2.25% dolarizada, pero la tasa de interés activa de corto plazo implícita del sistema bancario o del mercado es igual a 12.60% dolarizada, lo cual indica que la tasa de interés monetaria del BCN no tiene influencia sobre la tasa de interés del mercado al reflejar una brecha de 10.25 puntos porcentuales entre ambas tasas; y realiza operaciones de mercado abierto con Letras emitidas en córdobas, pero sin mantenimiento de valor y con plazo de 1 día.

¿Qué más podría hacer la política monetaria para que podamos salir del “hoyo” económico? Creo que nada más. El BCN sólo podrá mantener sus reglas de política monetaria para administrar el mercado monetario local, pero podría facilitar la normalización de la tasa de interés del mercado, y también alineada con las tasas de interés internacionales que estarán bajas por varios años. El costo del dinero en Nicaragua continúa siendo excesivamente alto y no está promoviendo el crecimiento económico en tiempos de una crisis mundial.





El FMI dejó a un lado la doctrina de la austeridad

18 10 2020

Frente a la pandemia mundial del COVID-19, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo recientemente ante la London School of Economics, en el 125 aniversario de su fundación, que el coronavirus ha puesto al mundo “patas arriba” con la pérdida de más de un millón de vidas y un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos que “nos enfrentamos al riesgo de una ‘generación perdida”. Esa es la radiografía de la coyuntura mundial actual.

En la Reunión Anual con el FMI de octubre de este año, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, señaló que la economía está inmersa en una depresión y de que todavía “estamos en lo más profundo de la recesión” provocada por el coronavirus, ve urgente volver al crecimiento para evitar los altos índices de pobreza y la recuperación tardará en llegar en los países emergentes y en desarrollo, ya que no se está produciendo en forma de V sino de L.

Sin embargo, el FMI ha revertido su asesoramiento de hace varias décadas. Vitor Gaspar, jefe de política fiscal del FMI, dijo que la mayoría de las economías avanzadas que pueden endeudarse libremente no necesitarán planear la austeridad para restaurar la salud de sus finanzas públicas después de la pandemia de coronavirus, y que los países que sólo tienen un acceso limitado a los mercados financieros tendrán que ser mucho más cuidadosos con sus estrategias fiscales. Este cambio de perspectiva se basa en que el FMI espera que las tasas de interés se mantengan por debajo de la tasa de crecimiento económico que logren alcanzar los países de economía avanzada, o sea, que se abaratará el costo del servicio de la deuda pública. Es muy probable que los préstamos sean bastante baratos en el escenario de una relación Deuda/PIB creciente, por lo menos en el mediano plazo.

Aunque hasta ahora gran parte del trabajo está siendo realizado por los bancos centrales con la reducción de la tasa de interés nominal hasta casi 0% e inundando de dinero al mercado con la compra de deuda soberana (o bonos gubernamentales), el FMI ya no está divorciando los instrumentos de la política monetaria y de la política fiscal para la formulación de políticas, y está promoviendo el gasto público, especialmente la inversión pública en infraestructura, para potenciar el crecimiento económico con un cambio hacia una energía más verde. Sin lugar a duda, la política monetaria, por sí sola frente al COVID-19, ya es insuficiente para emprender la recuperación de la economía mundial y necesita del apoyo del gasto público para generar puestos de trabajo, aumentar el ingreso y reactivar la demanda interna de bienes y servicios finales.

En el caso de nuestro país, el COVID-19 ha dejado una mejor radiografía de las distorsiones y perturbaciones económicas y sociales, tales como el desempleo y el subempleo, la pobreza, el bajo nivel de escolaridad y su cuestionable calidad, la falta de acceso de la población a los servicios de salud y a los medicamentos, la debilidad de las microempresas y pequeñas empresas, la baja productividad y las desigualdades en la distribución del ingreso y en la distribución de la carga tributaria.

Un primer paso pragmático para emprender la recuperación de la economía nicaragüense es tratar de alcanzar los máximos históricos recientes de los indicadores económicos y sociales, que corresponden, en gran parte, a los registrados en 2017, cuando observábamos un importante crecimiento económico, pero aún insuficiente para reducir el desempleo, el subempleo y la pobreza. La gran tarea será reevaluar las políticas prepandémicas, y defender y mantener los valores de progreso humano que han contribuido al bienestar social. Estos desafíos no se podrán enfrentar sin la visión de la nación, o sea, sin la visión del gobierno, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los jóvenes porque los desafíos son de largo plazo.

Todos debemos involucrarnos en la tarea nacional de construir las plataformas institucionales para la cooperación público-privada, porque como individuos también pertenecemos a comunidades y organizaciones, tales como sindicales, gremiales, profesionales, protectoras del medio ambiente, culturales, deportivas, políticas, religiosas, entre otras.   

Los dos decálogos de Consenso de Washington, conocidos en Nicaragua popularmente como ESAF por sus siglas en inglés (Enhanced Structural Adjustment Facility) desde inicios de la década de los noventa del siglo pasado, no han resistido el embate del COVID-19, porque el FMI ya no está tolerando la doctrina de la austeridad en el gasto público; al contrario, el FMI ha reconocido que la rigidez prematura del gasto del presupuesto nacional, después de que la curva de contagio del coronavirus sea aplanada, no beneficiará a las economías.

Cabe recordar que el primer programa trienal fondomonetarista de ajustes económicos y estructurales para “facilitar” el crecimiento económico de Nicaragua, el ESAF 1994-1997, exigía, en ese período, incrementar el ahorro del Sector Público No Financiero (SPNF) de 10.0% del PIB hasta 13.8% del PIB, y reducir el déficit de dicho sector (antes del registro de donaciones externas) de 8.8% del PIB hasta 5.8% del PIB. La política monetaria y la política fiscal del FMI eran tremendamente contractivas.

Ahora, los déficits del sector público en la mayoría de los países se han expandido por causa del COVID-19, de tal forma que la razón Deuda Pública/PIB del mundo tiende a oscilar cercanamente a 100% debido al creciente gasto público para impedir una mayor debacle de la producción mundial. Y el FMI ha aconsejado a los gobiernos que continúen gastando hasta que controlen el coronavirus y se fortalezcan las recuperaciones de las economías.

Sin embargo, las autoridades gubernamentales de Nicaragua han administrado un presupuesto nacional equilibrado, es decir, un presupuesto con un déficit fiscal cercano a 0% del PIB y una razón Deuda Pública/PIB aproximada a 50%, con el fin de evitar la ruptura de la crisis de la deuda pública que también implica una alta inflación y, consecuentemente, el deterioro del córdoba.

Además, es bastante probable que esta decisión de política macroeconómica está fuertemente influenciada por las sanciones financieras internacionales impuestas a Nicaragua mediante la NICA ACT aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que impide el financiamiento concesional de los proyectos de inversión pública en infraestructura económica y social.





De un problema por exceso a un problema por defecto

11 10 2020

¿Beneficia o perjudica una tasa de inflación baja o una tasa de deflación? Esta pregunta me la han planteado empresarios, consumidores y estudiantes de Macroeconomía.

De acuerdo con el último dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central de Nicaragua, que corresponde al del mes de junio de 2020, la tasa de inflación, o la tasa de aumento de los precios de los bienes que compran los consumidores, es igual a 1.25% acumulada en el año, es decir, el incremento de los precios entre diciembre del año pasado y junio de este año, y a 3.62% interanual, o sea, el alza de los precios en junio de este año con respecto a los de junio del año pasado.

La tasa de inflación interanual de Nicaragua se aceleró de 3% a 6% debido a la reforma tributaria del 28 de febrero de 2019, pero ha vuelto a descender al nivel de 3% entre abril y junio de 2020 influenciada por la pandemia mundial de COVID-19, que ha bajado otros precios al consumidor, como los de servicios de hoteles y transporte aéreo. Incluso, se registraron tasas de inflación mensuales negativas en marzo y abril recién pasados, cuando la deflación sólo se observaba en el transcurso del tercer trimestre de cada año con la cosecha “de primera” de la producción agrícola, en el momento en que se forma un “valle inflacionario” en función de los factores estacionales del IPC.

¿Favorece al consumidor la persistencia de una inflación baja o de una deflación, o es una alerta de alguna debilidad económica para los agentes económicos?  En las condiciones actuales del mercado de bienes y servicios o del sector real de la economía, que está golpeado por dos crisis, una política interna y otra sanitaria mundial, la caída de los precios al consumidor aparentemente produce un beneficio económico, porque supone, al menos, el mantenimiento del poder adquisitivo de los asalariados o de los consumidores. En otras palabras, al menos no habría un deterioro del salario real, que se determina al dividir el salario nominal en córdobas de cada mes entre el índice de precios al consumidor de ese mismo mes.

Pero ese beneficio es aparente porque la baja tasa de inflación refleja un riesgo económico, el riesgo de una demanda de bienes y servicios finales muy debilitada, no sólo de bienes de consumo sino también de bienes de inversión, resultante de los shocks de demanda dada la caída de los ingresos que fueron causadas por las dos crisis que no tuvieron un origen económico, antecedidos por los shocks de oferta de las dos crisis dado el cierre temporal o definitivo de las empresas, principalmente del sector servicios. Entonces, una baja inflación o una deflación puede ser también un indicador de que la economía está débil.

Con una baja tasa de inflación o con una tasa de deflación, se producen los problemas de subidas salariales mínimas, menor seguridad en el trabajo y un bajo consumo. La situación sería preocupante porque los consumidores se vuelven muy cautelosos, ahorran todo lo que pueden y se reducen los beneficios empresariales que obligan a disminuir más el empleo.

Así como los consumidores toman los menos riesgos posibles y aplazan sus decisiones de compra de bienes de consumo duraderos, por ejemplo, vehículos, ante la expectativa de un mayor descenso de precios, los inversionistas también deciden aplazar sus decisiones de inversión. Consecuentemente, la tasa de crecimiento económico se desacelera. Esta situación no es desconocida, porque suele ocurrir en crisis de demanda. Un claro ejemplo ha sido el de la economía de Japón, que ha sido afectada por la deflación desde 1990, y ahora ha vuelto a surgir con el impacto de COVID-19.

Sin embargo, si la tasa de inflación disminuyera  por la caída del precio del petróleo, un producto que importamos y que disminuiría los costos de producción de todos los bienes y servicios, no tendría efectos negativos sobre la economía. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo WTI muestra una caída acumulada en este año de 33.6% de, al pasar de US$61.14 el 31 de diciembre de 2019 a US$40.60 el 9 de octubre de 2020, lo cual abarata los productos energéticos, tales como combustibles líquidos y gas propano, y las tarifas de transporte, lo que puede valorarse como un beneficio para la economía.  

Si de los 489 productos que integran la actual canasta de bienes y servicios del IPC de Nicaragua se sacaran los productos con precios volátiles, categoría en la que caen los precios de los alimentos y de los combustibles, la tasa de inflación interanual “subyacente” es igual a 2.93% en junio del año en curso, 69 centésimas porcentuales menor que la tasa de inflación interanual del IPC al mismo mes.

En estos momentos, en Nicaragua no hay una situación real de deflación. El criterio técnico fijado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la presencia de la deflación es una caída del IPC  mantenida, al menos, durante dos semestres.

La estabilidad de una presión inflacionaria baja ha sido un objetivo que ha mantenido el BCN hasta la fecha, excepto en 2019 cuando se aplicó la reforma tributaria que aceleró la inflación, pero los instrumentos de la política monetaria están diseñados para luchar contra la inflación y no contra la deflación. En otras palabras, la política monetaria puede bajar la tasa de inflación cuando es alta, pero no la pueda elevar cuando es baja, y correría el riesgo de caer en una trampa por la liquidez.

Sobre el supuesto de que los gastos de consumo e inversión continuaran contrayéndose y, por lo tanto, la tasa de inflación continuara desacelerándose y cayendo, la política fiscal es la que tendría intervenir con el incremento del gasto público, por la vía de la inversión, para aumentar la demanda interna e incrementar la tasa de inflación.

En conclusión, una deflación es aparentemente atractiva, pero realmente es un grave problema para la economía. Es más fácil aplacar una inflación galopante que una deflación.





El riesgo-país de Nicaragua en 2020

4 10 2020

En los últimos tres años, Nicaragua ha recibido el impacto de dos crisis, una política interna y otra sanitaria mundial, que han provocado inestabilidades políticas, sociales, económicas y financieras.

El riesgo económico del país ha permanecido en un nivel muy bajo, a pesar de la grave caída de la producción de bienes y servicios de 13% acumulada desde 2017 hasta 2020, y del bajo nivel del producto interno bruto (PIB) per cápita promedio anual de US$1,761 equivalente al 16% del PIB per cápita mundial. Sin embargo, dos variables económicas muestran un riesgo moderado y una variable económica tiene un riesgo muy bajo, irónicamente explicado en parte por la severa caída de la producción, lo que indica que la política macroeconómica está siendo administrada para evitar una crisis estructural de la deuda pública interna y una alta presión inflacionaria.

Las dos variables económicas con riesgo moderado son los déficit gemelos:

(i)           el déficit fiscal, que es inferior al 1% del PIB en los últimos dos años, que se ha logrado con el congelamiento del gasto público y con la reforma procíclica de la Ley de Concertación Tributaria que aceleró la tasa de caída de la producción y la tasa de inflación en 2019; y

(ii)          el balance en cuenta corriente de la balanza de pagos, con superávits cercanos al 1% del PIB en el bienio 2018-2019 y un déficit aproximado a 3% del PIB en 2020, dado el desplome de las importaciones de bienes y de la reciente reducción del flujo de las remesas familiares resultante de la recesión económica mundial.

La única variable económica con riesgo muy bajo es la tasa de inflación que disminuye de 6% en 2019 a 2% en 2020, lo que refleja una demanda de bienes y servicios finales muy debilitada (el shock de demanda) por la caída de ingresos, con el cierre temporal o definitivo de empresas y la incertidumbre de los inversionistas (el shock de oferta de las dos crisis que no tienen un origen económico).

El riesgo financiero también muestra un riesgo muy bajo, incluso con un menor puntaje que el del riesgo económico. Dos variables financieras muestran un riesgo muy alto:

(i)           el saldo de la deuda pública externa, aunque su monto “contable” -porque no se ha reestructurado aproximadamente un millardo de dólares adeudados a dos países centroamericanos con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC)- permanece muy estable cercano a los US$6,350 millones, pero equivale al 55% del PIB desplomado y rompió su límite tolerable de 50% del PIB para un país como Nicaragua fijado en la Iniciativa HIPC; y

(ii)          como un porcentaje del valor de las exportaciones domésticas de bienes y servicios, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos es igual a 6% en este año, siempre influenciado por la drástica caída del valor de las importaciones, lo cual implica una menor búsqueda de financiamiento externo y la estabilidad del saldo de la deuda pública externa.

La posición del saldo de las reservas internacionales netas presenta un riesgo moderado al ser equivalentes a 7.3 meses de importaciones de bienes y servicios. Su saldo de US$2,675 millones previsto al fin de este año continúa afectado por la fuga de US$1,300 millones de los depósitos en moneda extranjera de las entidades bancarias radicadas en el país, que se registró en el período abril 2018-marzo 2019. Esos recursos aún no han retornado a Nicaragua.

Sólo una variable financiera tiene un riesgo bajo, la cual es el servicio (pago de intereses y amortizaciones) de la deuda pública externa por US$330 millones, que representa en este año el 6% del valor de las exportaciones de bienes y servicios, un nivel inferior al límite máximo de 10% tolerado por los inversionistas extranjeros. Una previsión para el futuro con respecto al pago de la deuda pública: los préstamos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) no son concesionales, como los facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM(IDA), por lo cual el pago del servicio de la deuda pública se acelerará en el mediano plazo.

También sólo una variable financiera refleja un riesgo muy bajo: el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos de 17 córdobas de 2006 por US$1 de 2006. En los últimos ocho trimestres, el córdoba se ha depreciado levemente, lo cual es positivo para el país porque supone que las exportaciones nicaragüenses son más competitivas, más baratas, en el mercado estadounidense, al mismo tiempo que encarece el precio de las importaciones provenientes de la primera economía mundial.

Dado el comportamiento de las cinco variables económicas y de las cinco variables financieras, se puede concluir que, en estos tiempos de crisis, las autoridades gubernamentales han fundamentado la política macroeconómica en la crisis estructural de la depresión económica y el aumento del desempleo.

Finalmente, el riesgo político continúa manteniéndose en un nivel muy alto, después de haber estado en un nivel alto hasta el cuarto trimestre de 2017, ahora espoleado por cuatro de los diez indicadores políticos que integran este riesgo:

(i)           el conflicto social, al reanudarse y también cancelarse el Diálogo Nacional, y la falta de cohesión y madurez de las organizaciones opositoras;

(ii)          la intensificación de las presiones extranjeras sobre el Gobierno de Nicaragua, empresas públicas y empresas privadas, ya no sólo de parte de Estados Unidos, sino también de Canadá, Reino Unido y la Unión Europea;

(iii)         las condiciones socioeconómicas de la población, al aumentar el desempleo, el subempleo, la pobreza y la desconfianza de los consumidores; y

(iv)         las tensiones religiosas, con el entorpecimiento de la fluidez de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.

El riesgo político pondera con el 50% en la formación del índice de riesgo-país, y los otros dos riesgos, el económico y el financiero, con el 25% cada uno. Así, nuestro pronóstico del índice de riesgo de Nicaragua en 2020 es igual a 47.2 puntos o 4,720 puntos básicos, que se ubica en el rango de riesgo alto que es de [40.0, 49.9] puntos, y está muy cercano a la barrera que nos separa del riesgo muy alto.





El desahorro en tiempos de crisis

27 09 2020

Hace pocos días, un periodista me preguntó si las familias han incrementado sus niveles de ahorro por la incertidumbre que ha generado tanto la crisis política del 18 de abril 2018 como la crisis sanitaria mundial desde el 18 de marzo de 2020, fecha en que las autoridades gubernamentales indicaron la presencia de COVID-19 en el país.

La población sabe, con base en datos oficiales publicados y mencionados por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, que el volumen de la producción anual de bienes y servicios ha caído durante el trienio 2018-2020. En el sector real de la economía, se entiende como ahorro la parte de la producción que no se consume, por lo cual el ahorro es igual a la inversión.

Al caer la producción, cae el ingreso real (sin incluir la inflación) de los agentes económicos, o sea, disminuyen los ingresos de las familias (salarios y prestaciones laborales), de los productores (utilidades) y del gobierno (impuestos). También cae el gasto real (siempre excluyendo la inflación) de los agentes económicos en el mercado interno, es decir, cae tanto el consumo de los hogares como la inversión en construcción, maquinaria y formación de inventarios en las empresas.

¿Cuál sería el nivel de ingresos de las familias nicaragüenses que le facilitaría la formación de  ahorro?

Con base en la Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, la última disponible cuya metodología está avalada por el Banco Mundial, el 61.6% de las familias con todos sus ingresos podía adquirir solamente los 53 productos de la canasta de consumo básico. El rango de esos ingresos por percentiles de los hogares, en términos promedio mensual dolarizados, se elevaba desde US$47.92 para el percentil 1 hasta US$453.34 para el percentil 65. En otras palabras, el 61.6% del total de familias en el país tenía la incapacidad de ahorrar en 2014.

Sobre el supuesto de que sólo las familias del país con un nivel de ingreso promedio mensual de US$1,000 o más tuviesen capacidad de ahorro, podemos concluir que sólo el 10.1% del total de familias podrían ahorrar en una entidad financiera o guardar el dinero “debajo del colchón” como decimos los economistas, pero con el riesgo de perderlo. 

Con datos de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), podemos observar que al 31 de agosto de 2020 el total de los depósitos de ahorro y a plazos valorados en córdobas, tanto en moneda local como en moneda extranjera en las entidades bancarias radicadas en el país, han caído 19.6% con respecto al saldo de dichos depósitos al 31 de marzo de 2018; esos depósitos valorados en dólares muestran una reducción de US$987 millones, al pasar de US$3,604 millones a US$2,617 millones en el mismo orden de las fechas arriba mencionada.

Sin embargo, al incluirse los depósitos en cuenta corriente, la caída del saldo total de los depósitos en las entidades bancarias es más pronunciada en moneda extranjera que en moneda local.

Entre las dos fechas antes mencionadas, el saldo total de los depósitos en moneda extranjera cayó US$1,170 millones, al pasar de US$4,048 millones a US$2,877 millones, pero cabe recordar la fuga de casi US$1,300 millones de los depósitos en dólares que se observó entre abril de 2018 y marzo de 2019. Por su parte, el saldo total de los depósitos en moneda local, incluyendo los de cuenta corriente, disminuyó C$7,105 millones (equivalentes a US$346 millones), al pasar de C$45,099 millones (equivalentes a US$1,447 millones) a C$37,993 millones (equivalentes a US$1,101 millones)

Consecuentemente, en Nicaragua existe un bajo nivel de bancarización, porque el saldo total de los depósitos del público representó el 31% del producto interno bruto (PIB) en 2017, y a pesar de que el PIB anual muestra un descenso continuo y de dos dígitos porcentuales en los últimos tres años, la bancarización también ha disminuido a 29% en 2019.

Al caer el principal pasivo de los bancos (o los depósitos del público), también cayó el principal  activo de los bancos (los préstamos otorgados al público). Entre las mismas fechas ya indicadas, el saldo de los préstamos en moneda extranjera, tanto en dólares como en córdobas con mantenimiento de valor, o sea, un saldo totalmente dolarizado, se redujo US$1,850 millones al pasar de US$5,191 millones a US$3,341 millones.

En conclusión, la fuerte caída del ahorro de casi 1 mil millones de dólares entre marzo de 2018 y agosto de 2020 se explica por la incertidumbre política y la creciente tasa de desempleo y subempleo exacerbada por COVID-19. Además, las personas han sacado sus ahorros de la banca por miedo a perderlos.

El gasto de consumo de las familias no ha disminuido por el confinamiento de la población, una medida que no se aplicó en el país para que la población evitara el riesgo del contagio de COVID-19. El gasto de consumo cayó por el aumento del desempleo, la reducción de los ingresos y la dificultad de las personas para obtener préstamos de consumo.

Además, el 10.1% de las familias del país que tiene capacidad de ahorro, se ha visto obligado a ahorrar de forma preventiva por el riesgo de la incertidumbre y la pérdida del empleo, que podría ser impulsado por una repentina propagación de COVID-19. Cualquier ahorro preventivo, mantenido “debajo del colchón”, puede explicarse con el temor de la población a perder sus puestos de trabajo, ya que las expectativas sobre la tasas de desempleo esperadas podrían ser mayores que la tasa de desempleo real de este momento.

En conclusión, los factores más relevantes que empujan a la baja al saldo de los depósitos de ahorro y a plazos en Nicaragua son la caída de los ingresos, provocados por el conflicto político y el “shock de oferta” de COVID-19, y por la desigualdad de la distribución del ingreso, un problema estructural de antaño.





La histéresis del desempleo

20 09 2020

Si las políticas que deprimen la economía a corto plazo también provocan un daño más duradero se les atribuye el nombre de “histéresis”.

Por ejemplo, los períodos prolongados de elevado desempleo, por supuesto incluyendo entre los desempleados a todas las personas que trabajan diariamente al menos 1 hora y a lo sumo menos de las 8 horas diarias establecidas en el Código Laboral, podrían elevar la tasa de desempleo natural o de pleno empleo, que en el caso de Nicaragua puede ser fijada en el nivel de 5%, es decir, la significación estadística de una distribución normal con 95% de confianza. Este fenómeno es conocido como histéresis del desempleo.

Las principales causas de esta histéresis es que los desempleados podrían acostumbrarse a no trabajar y buscar trabajos esporádicos, o podrían dejar de buscar trabajo y pasar a formar parte de la población económicamente inactiva (PEI). Los empresarios pueden agravar este problema al creer que si una persona permanece más tiempo desempleada es muy probable que carezca de la energía o de la titulación necesarias para trabajar.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en 2019 aproximadamente el 47% de los ocupados estaba subempleado. Interesa el dato de la tasa de subempleo como porcentaje de la población económicamente activa (PEA), pero desde 2015 no se publica el indicador de la PEA de Nicaragua. Una persona está subempleada si trabaja menos de las horas establecidas por semana por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más horas, o si trabajando más de las horas establecidas devengan un salario menor que el salario mínimo legal.

El mercado laboral de Nicaragua, además de haber sido afectado por la crisis política de abril de 2018, continuó deteriorándose con el impacto de COVID-19 a partir de marzo de 2020. Según Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), el desempleo y el subempleo aumentaron y el sector informal creció al aumentar el porcentaje de las personas ocupadas que trabajan en empresas que no tienen registros contables. La subutilización de la fuerza laboral del país, o sea, el desempleo abierto y el desempleo equivalente relacionado con el subempleo, se elevó en 317 mil personas en 2018 y 2019 y se agregarían 198 mil personas más en 2020, por lo que el ejército de desempleados, tanto abiertos como equivalentes resultantes del subempleo, oscilaría alrededor de 1 millón 270 mil personas en este año.

En orden de importancia, siempre con base en datos de COPADES, las actividades económicas que reflejan las mayores tasas relativas de reducción de empleo son: construcción, servicios financieros, comercio, hoteles y restaurantes, transporte y servicios comunales y personales. No es muy alta la tasa de caída del empleo en la industria manufacturera y es casi nula la correspondiente a las actividades agropecuarias.

En 2017, según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el 26% de la PEA constituyó el sector formal del mercado laboral, o sea, 818,396 trabajadores cotizaron la seguridad social, y ese porcentaje podría haber disminuido, según COPADES, hasta 22% en 2019 y 18% en 2020. Por su parte, el salario promedio nacional permanece congelado desde diciembre de 2018, excepto el salario mínimo que fue ajustado en marzo de 2020, mientras que la inflación acumulada desde enero de 2019 hasta junio de 2020 fue 7.45%.

Este retrato del mercado laboral de Nicaragua es totalmente contradictorio con la fantasía de que la recuperación económica del país tendrá una forma de V, como lo han dicho economistas gubernamentales desde el año pasado.

La productividad, la demografía, la investigación básica y la educación son variables que impulsan el crecimiento económico, a lo cual se adicionan el respeto a la propiedad privada, los derechos humanos y la libertad de expresión. Además, en estos momentos algunas actividades económicas del país no pueden operar por razones no económicas, lo que se puede ejemplificar con el “shock de demanda” causado por COVID-19. La caída de los ingresos se ha concentrado en las actividades económicas antes señaladas, y esa caída puede extenderse a otras actividades económicas por razones no relacionadas con la amenaza de COVID-19, o sea, los consumidores y los inversionistas ahorran en tiempos de incertidumbre por fines precautorios, es decir, para realizar gastos no predecibles al no saber qué ingresos tendrán en las siguientes semanas o en los meses próximos.

El crecimiento en forma de V implicaría un rápido retorno a los niveles de ingresos de 2017, según los economistas gubernamentales. Sin embargo, en un escenario óptimo cuando haya dos o tres vacunas eficaces para ser aplicadas a la población de todo el mundo a partir de 2021, que es una tarea que podría durar al menos tres años según los expertos, el crecimiento económico posterior a la pandemia tardaría muchos años para cumplir con la definición moderna de recuperación económica, que sería un retorno al ingreso interno bruto per cápita promedio anual de US$2,182 registrado en 2017 y que en 2020 estaría retrocediendo al nivel de US$1,761, similar al observado en 2013.

En otras palabras, la economía nicaragüense estaría retrocediendo 8 años en 2020, como consecuencia de una crisis política interna y una crisis sanitaria mundial que estarían transformando una recesión en una depresión económica al concluir este año. Con las crisis económicas internacionales, ahora con una pandémica, los países menos desarrollados como Nicaragua sufren bastante al tener que enfrentar a COVID-19 con menos recursos, por lo cual existe una alta probabilidad de que enfrentemos una década perdida de desarrollo.

En esta recesión económica prolongada de Nicaragua, que ha durado 3 años y está transformándose en una depresión económica a partir de 2021, la política macroeconómica gubernamental ha evitado una crisis de deuda pública e inflación, una muy dura experiencia que vivió el país en la década de los ochenta del siglo pasado al tener la cuarta hiperinflación mundial del Siglo XX con una duración de 4 años, desde abril de 1987 hasta abril de 1991.

Hoy, después de casi 3 años de crisis política, COVID 19 nos conduce a una crisis de la depresión económica y el desempleo, la cual, acompañada de las sanciones financieras internacionales aplicadas al país con la NICA Act, que impactan principalmente la inversión pública en infraestructura económica y social, acelerará la tasa de caída de la producción de bienes y servicios, y las tasas de aumento del desempleo y el subempleo y del índice de pobreza que ya está acusando un retroceso de 6 años.