La caída de los impuestos en el primer semestre de 2019

18 08 2019

Con los últimos datos tributarios publicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) se puede determinar las variaciones relativas de la recaudación de impuestos del Gobierno Central en el primer semestre de 2019 con respecto al mismo período de 2018 y, por supuesto, confirmar si se cumplió o no se alcanzó el objetivo recaudatorio de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) que entró en vigor el 28 de febrero de este año.

El monto de los impuestos publicados por el MHCP está expresado en córdobas corrientes, o sea, es el monto nominal de los impuestos recaudados, que mide el total de los impuestos a los precios vigentes en el período en el cual se recaudan y, por lo tanto, ese total de impuestos incluye la inflación durante ese período, en este caso un semestre.

Por su parte, el monto real de impuestos mide la recaudación total realizada en cualquier período de tiempo a los precios de un año base, que actualmente en Nicaragua es el año de 2006; en otras palabras, el monto real elimina la inflación, porque los impuestos se expresan en córdobas constantes o, en nuestro caso, en córdobas de 2006. Debido a que el índice de precios al productor o deflactor del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente a los dos primeros trimestres de 2019 no está disponible, usaremos el índice de precios al consumidor (año base: 2006 = 100), publicado por el Banco Central de Nicaragua, para estimar la recaudación real y determinar si se logró el objetivo recaudatorio de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria.

Pero antes de realizar esas estimaciones, cabe señalar que el monto nominal de los impuestos es mayor que su monto real, porque el monto nominal incluye la tasa de inflación y la tasa de crecimiento del volumen de bienes y servicios gravados por las tasas tributarias, mientras que el monto real sólo incluye el volumen de los impuestos recaudados porque se descuenta la inflación.

El monto nominal de los impuestos, o en córdobas corrientes, recaudados en el primer semestre de 2019 aumentó apenas 2.63% en relación con la recaudación del primer semestre de 2018, pero el monto real, o en precios de 2006, disminuyó 2.12% porque la tasa de inflación semestral fue del orden de 4.86% (con respecto al primer semestre de 2018). Se concluye, entonces, que no se logró el aumento de los ingresos tributarios reales del Gobierno Central, que era el objetivo general de la reciente reforma tributaria.

Por tipo de impuesto y en términos reales. sólo aumentó el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC). El aumento de la tasa tributaria sobre el consumo de un millar de cigarrillos desde C$644.38 en 2018 a C$2,000.00 en 2019, y el aumento de la tasa ad valorem sobre bebidas alcohólicas, vinos y cervezas con un impuesto específico de C$50.00 por cada litro de alcohol absoluto facilitaron el aumento, en términos reales, de 7.5% del ISC.

Ese aumento del ISC se explica, en orden de importancia, con los crecimientos de 29.8% de la recaudación en la importación o internación de bienes, entre los que se encuentran jugos, alcohol, aguas gaseadas, cerveza, refrescos y cigarrillos, y de 25.6% de la recaudación en aguardientes y rones, y de 2.4% de la recaudación en cerveza producidos y consumidos localmente. Sin embargo, disminuyó 4.0% el ISC sobre el consumo de aguas gaseosas producidas y consumidas en el mercado interno y, por otro lado, también disminuyó el impuesto específico conglobado de los combustibles en 3.6%.

Las caídas del gasto de consumo real de las familias y del gasto de inversión real privada y pública, y, por consiguiente, del valor y del volumen de las importaciones, debido a la incertidumbre generada por la crisis política del 18 de abril de 2018, explica las caídas de todos los demás impuestos indirectos. A pesar de que se eliminaron las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), principalmente sobre el valor de las importaciones CIF de bienes intermedios, o materias primas, y bienes de capital, o maquinaria y equipo, de las actividades agropecuarias, la recaudación real de este impuesto disminuyó 6.4%, con una mayor caída en los bienes de origen importado (-9.0%) que en los bienes de origen local (-2.6%)-. Por su parte, el monto real de los impuestos o aranceles sobre el comercio y las transacciones internacionales se desplomó 23.9%.

En resumen, el gobierno central observó una reducción de 3.21% en el monto real de los impuestos indirectos recaudados en el primer semestre de 2019.

En relación con los impuestos directos, o sea, los impuestos sobre las Rentas de las Actividades Económicas, Rentas de Capital, Ganancias y Pérdidas de Capital, y del Trabajo recaudados por el Gobierno Central, acusaron otra disminución real de 0.99%, a pesar de que se elevó el pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta bruta anual gravable de las Actividades Económicas de 1% a 3% para los grandes contribuyentes, de 1% a 2% para los principales contribuyentes y se mantuvo en 1% para los demás contribuyentes.

Si el PIB de los dos primeros trimestres del año en curso fuese publicado por el BCN, todo lo anterior también se podría haber ejemplificado con la caída de la presión tributaria, es decir, por el cociente de la división del Total de Impuestos entre el PIB. En 2018, según cifra preliminar del BCN, la presión tributaria fue igual a 15.57%, lo que significa que de cada C$100 de producción el Gobierno Central se apoderó de C$15.57 en concepto de impuestos; para 2019, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronosticó una presión tributaria de 14.68%, que es menor comparada a la del año anterior.

El comportamiento negativo de la recaudación de los impuestos reales, o de los impuestos en córdobas de 2006, también ayuda a demostrar que la reforma tributaria fue procíclica, o sea, contribuyó a acelerar la tasa de caída de la producción de bienes y servicios. Para que sea exitosa, una reforma tributaria debería ser anticíclica, es decir, que se implemente cuando se observe una significativa tasa de crecimiento económico positiva, por ejemplo, la registrada en el período 2010/2017 cuando la economía nicaragüense crecía con un ritmo promedio anual de 5.2%. Cabe recordar que la reforma tributaria entró en vigor en un momento en que la economía del país se desplomaba 5.3% promedio anual, tal como lo reflejó el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de febrero de este año, último dato publicado por el BCN.

A finales de julio recién pasado, algunos políticos, principalmente diputados de la Asamblea Nacional, y varios colegas economistas, servidores públicos, manifestaron que con la reforma tributaria se había recaudado C$4,472 millones más de lo que se había programado en el primer semestre del año en curso. Ese resultado estaba fundamentado sobre una meta programada para el primer semestre de 2019 con el supuesto de que el PIB Real disminuiría 1% en 2019, en vez de fundamentarse sobre la cifra observada en el primer semestre de 2018 y con el agravante de que la tasa de caída del PIB Real será mayor.

Aparentemente, la reforma tributaria del 28 de febrero había sido exitosa según el discurso oficial, pero las premisas de las proyecciones oficiales no se sostenían al observarse el cuarto trimestre de recesión técnica de la economía nicaragüense a finales de junio, y al percibirse la ilusión monetaria de la recaudación nominal o en precios corrientes debido a la aceleración de 2.5 puntos porcentuales de la tasa de inflación en marzo y abril, que fue provocada por las nuevas tasas tributarias y la eliminación de exoneraciones del IVA.

Si el objetivo económico es encauzar de nuevo a la producción de bienes y servicios en el crecimiento, sugiero que se eliminen todas las restricciones tributarias aprobadas y evaluadas por las autoridades gubernamentales, y aplicarlas en mejores tiempos económicos.        

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¿Qué podría pasar en tiempos de un embargo comercial?

11 08 2019

Ha vuelto a encenderse la luz amarilla del semáforo de los riesgos internacionales que acechan a Nicaragua. Las recientes sanciones de Estados Unidos a Venezuela, en términos generales, y la alusión de la posibilidad de un embargo a Nicaragua, en términos particulares, constituyen una seria advertencia de la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump.  

La orden ejecutiva del presidente estadounidense determinó que “Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (…) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos”, “a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores” y citó como motivos “los abusos contra los derechos humanos”, “la interferencia contra la libertad de expresión” y “el intento de socavar la autoridad” del líder opositor Juan Guaidó, al que EE.UU. considera mandatario legítimo de Venezuela.

El presidente Trump impuso un bloqueo económico total. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos sólo mantiene medidas de este tipo contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte, y también dice, citando a un funcionario del gobierno estadounidense, que la medida va encaminada a la imposición de un “embargo” contra Venezuela.

Por otro lado, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró en la Conferencia Internacional sobre Democracia en Venezuela realizada en Lima, Perú, a inicios de agosto en curso, que el embargo funcionó una vez en Nicaragua y que volvería a funcionar, dejando de esta manera una posibilidad abierta para aplicar de nuevo esta medida de presión. El embargo comercial a Nicaragua fue impuesto junto con el embargo financiero el 1 de mayo de 1985 y duró 4 años y 8 meses. Cabe recordar que en 1985 el país tenía 3.7 millones de habitantes y en 2019 tiene 6.5 millones, y cabe agregar que la “NICA Act” ya activó las sanciones financieras provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un embargo comercial sería devastador para la economía nacional. Los datos oficiales más recientes del país indican que el 42.3% del valor anual exportado se destina a Estados Unidos, mientras que el 24.2% del valor anual importado proviene de Estados Unidos, o sea, el 30% del comercio global de Nicaragua se realiza con la primera economía mundial. Un embargo comercial afectaría a los consumidores, a los empresarios y al gobierno, debido a la escasez de bienes de consumo no duraderos -entre estos, alimentos, medicamentos, productos farmacéuticos y vestuario- y bienes de consumo duraderos -principalmente electrodomésticos, llantas y neumáticos-, de bienes intermedios o materias primas requeridos para la producción, y de bienes de capital o maquinaria y equipo utilizados para la ejecución de proyectos de inversión.

En ese escenario, la caída de la producción estaría más acentuada, en orden de importancia, en las actividades de transporte y comunicaciones, servicios bancarios, minería, comercio, agropecuario e industria manufacturera. Por el lado de la demanda de bienes y servicios, caerían, también en orden de importancia, los volúmenes de bienes de exportación, de bienes importados, de consumo familiar y de inversión en construcción y maquinaria y equipo; sólo tendería a aumentar el gasto de consumo gubernamental. La búsqueda de nuevos mercados internacionales no sería efectiva debido al desplome de la producción exportable. Junto a la caída de la producción, se destruirían más puestos de trabajo formal y continuaría aumentando el desempleo y el subempleo, todo lo cual impactaría con una tasa de pobreza galopante.

Con ese impacto, el producto (o ingreso) interno bruto por habitante promedio anual retrocedería, a lo sumo, 5 años más, que se adicionarían a los 7 años que ya ha retrocedido por el impacto de la crisis política del 18 de abril de 2018.

El tipo de cambio no aumentaría en el mercado oficial, pero se dispararía en el mercado negro y aceleraría la tasa de inflación, que también sería galopante, a pesar de que el banco central elevaría las tasas de encaje sobre los depósitos en moneda nacional, es decir, el porcentaje de los depósitos en córdobas que las entidades bancarias depositan en el banco central. La fuga de los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario se reactivaría y si el banco central decidiese elevar la tasa de encaje legal de estos depósitos, con el objetivo de mantener el ya bajo nivel de reservas internacionales, provocaría la fuga de todos los depósitos en dólares del público no bancario.

En este escenario, en que no hay guerra como la que imperó en la década de los ochenta, la presión fiscal que resultaría de la caída de los impuestos y del aumento del gasto de consumo público -un aumento justificado con el estribillo ancestral de la inflexibilidad de dicho gasto, porque el de inversión ya habría disminuido por las sanciones financieras internacionales- activaría la emisión de dinero para financiar un creciente déficit fiscal, que ya no puede ser financiado con deuda pública interna, o sea, con bonos del Tesoro Nacional que no serían adquiridos por las entidades bancarias radicadas en el país, lo cual agregaría más puntos a la tasa de inflación. Se perdería la estabilidad macroeconómica, que se ha logrado mantener hasta hoy con el costo de acelerar la tasa de caída de la producción de bienes y servicios.

Aunque los saldos de la deuda pública externa e interna no reflejarían grandes incrementos, sus proporciones con respecto a un producto interno bruto deprimido se elevarían significativamente, de tal forma que Nicaragua, con la incapacidad de cumplir el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa, volvería a correr el riesgo de ingresar a ese extraño club de países pobres muy endeudados en términos de producción, con la severa restricción de que ya no existen iniciativas de condonación de la deuda externa entre los países de economía avanzada.

Independientemente de los pensamientos políticos y económicos, pero con responsabilidad, liderazgo y respeto, es necesario que la Nación encuentre un Camino en Unidad que saque al país adelante. Por estas razones, reitero que es necesario restablecer el Diálogo Nacional. Tenemos la obligación de evitar el retroceso y el deterioro económico y social de la población nicaragüense. Tengo la seguridad que el Diálogo Nacional es la oportunidad para producir lo mejor de lo mejor.  





11 años de impunidad cumplió Eduardo Montealegre

6 08 2019

11 años = 132 meses = 4,015 días de impunidad del presunto violador de los derechos humanos Eduardo Montealegre Rivas.

El 2 de julio de 2019, Eduardo Montealegre Rivas cumplió 11 años de haber cometido flagrantemente sus aún presuntos delitos de injurias y calumnias contra mi persona al burlarse de la justicia con su trillado argumento de que era un perseguido político, pero en realidad es un protegido político al no retractarse de sus acciones inapropiadas tal como lo manda la ley penal del país y al no responder los llamados de dos jueces al escudarse, también en una forma inapropiada, en la inmunidad que le confería su cargo de diputado.

Gozó de la protección de la Asamblea Nacional, principalmente de dos juntas directivas de ese poder del estado, desde agosto de 2008, y continúa gozando de la protección del Poder Judicial, principalmente de la Corte Suprema de Justicia, desde el 2 de septiembre de 2016. Sin embargo, siempre insistiré en mi reclamo público a las autoridades judiciales para que no continúen perpetuando la denegación de justicia sistemática en mi acusación personal al ex banquero y ex político Montealegre Rivas.

Eduardo Montealegre Rivas responderá algún día por su presunta delincuencia. Tengo la seguridad que la retardación de justicia desaparecerá el día en que los jueces acaten el imperio de la ley, respeten a los ciudadanos y tengan ética profesional.





Agricultura igual a Economía, en tiempos de crisis

4 08 2019

Desde cuando era estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en tiempos en que el centro de estudios no se distinguía si era de Managua o de León, los años agrícolas, que se inician en junio y terminan en mayo del siguiente año, han determinado el aumento o la disminución del producto interno bruto (PIB) de la economía, no sólo por el volumen obtenido de los productos agrícolas sino también por el insuficiente procesamiento industrial de esos productos, porque Nicaragua continúa, como lo demuestra su historia económica, exportando bienes intermedios o materias primas, principalmente a Estados Unidos y a los países del istmo centroamericano.

Nicaragua continúa siendo un país agropecuario, y también forestal como me corrigiera en cierta ocasión el científico Jaime Incer Barquero, y nunca ha logrado ser un país industrializado. Los últimos dos ciclos agrícolas, incluyendo el actual 2019/2020, han sido tremendamente afectados por la crisis política del 18 de abril que robusteció la incertidumbre de los agentes económicos, no sólo la de los productores, sino también las de los consumidores y del gobierno general.

Por supuesto que apoyar el ciclo agrícola del país significa apoyar el mejor desempeño de la economía nicaragüense. Sin embargo, desde al año pasado el más importante proceso productivo del país se ha visto impactado por la descapitalización y falta de liquidez de las empresas; la falta de financiamiento, la exigencia de mayores garantías para optar a un préstamo y el aumento de la mora en el pago de las deudas a las entidades financieras; los incrementos de los costos de producción provocados por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria; la caída de los volúmenes de las ventas de fertilizantes y agroquímicos y el incumplimiento de la carta tecnológica de parte de los agricultores, es decir, no se asegura la correcta aplicación de los insumos en los cultivos de exportación y de consumo interno; la reducción del número de trabajadores agrícolas y la migración a Honduras o Costa Rica en búsqueda de trabajo; el incumplimiento de las labores agrícolas con la consecuente disminución de los rendimientos; la mayor área de siembra de granos básicos para autoconsumo; y un caso particular, el desabastecimiento de hortalizas en los mercados populares, que elevan los precios al consumidor.

La producción primaria del país también está afectada en este año por la falta de lluvia en el Corredor Seco del país, zona en que la cosecha de granos básicos se destina exclusivamente para el autoconsumo, o sea, una producción para la subsistencia de la población que habita en la región del Pacífico de las zonas centrales de las regiones Norte y Central; el volumen de las exportaciones de frijol a los países centroamericanos tiende a disminuir; y existe el riesgo de que aumente la dependencia de las importaciones en el consumo de arroz.

A lo anterior se agrega el riesgo de que los precios internacionales de los productos primarios (commodities) tienden a disminuir en el escenario de una muy probable recesión económica mundial en 2020.

Tomando en cuenta los resultados productivos del ciclo agrícola 2018/2019 y la tendencia actual de la producción esperada del ciclo agrícola actual, 2019/2020, que son dos ciclos agrícolas golpeados por la crisis, se puede observar importantes caídas de la producción de los cultivos de café, caña de azúcar, maní, frijol, maíz y sorgo. La menor producción de estos bienes agrícolas implica que el valor agregado o la producción en años calendario de la Agricultura acuse una disminución de 8.0% promedio anual entre 2018 y 2020. En otras palabras, con o sin Diálogo Nacional, la economía de Nicaragua volvería a caer en 2020. Muy preocupante.

Como la Agricultura continúa siendo el motor de la oferta interna de bienes y servicios -a manera de ejemplo, en 2018 el 40% del valor de las exportaciones de bienes FOB del país correspondió exclusivamente a materias primas de origen agrícola, con o sin algún proceso industrial, al sumar US$1,011 millones-, cabe afirmar que en tiempos de crisis el comportamiento de la Agricultura no es nada más que el desempeño productivo de la Economía de Nicaragua.   

A esta fecha, el ciclo 2019/2020 está más deteriorado que el ciclo 2018/2019 y sólo la tarea nacional de iniciar el restablecimiento de la confianza de los agentes económicos, principalmente productores e inversionistas, podrá detener y revertir la trayectoria declinante de la producción agrícola, pecuaria y silvícola. La solución de los problemas nacionales pasa por un Diálogo Nacional que deponga los intereses personales ante el Interés Supremo de la Nación: resolver los problemas políticos, evitar un mayor deterioro y restablecer el crecimiento de la economía nacional y mejorar el nivel de vida de la población.

Varios servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo han manifestado que la reactivación de la microempresa y la pequeña empresa será la vía para restablecer el importante crecimiento económico del país que se observaba antes de la crisis del 18 de abril de 2017. Esto no será posible, aunque el número de microempresas y pequeñas empresas constituye aproximadamente el 80% del total de empresas radicadas en el país, porque sólo aportan el 40% de la producción total del país, pero concentran, aún con sus excepciones, gran parte la informalidad del mercado laboral: sus puestos de trabajo carecen de infraestructura tecnológica y son ocupados por personas con poca educación técnica.

En estos momentos cabe recordar el consenso de las tres acciones a tomar para salir de la adversidad que vivimos en Nicaragua, que se lograron en el Foro Empresarial y Profesional realizado en el INCAE el 8 de enero de 2019:

A) Fortalecer la organización empresarial, representada por todos los sectores.

B) Crear condiciones para una negociación nacional magnánima y con sentido de patria, con pocos actores, pero con representatividad, confianza y prestigio.

C) Trabajar en el establecimiento de la negociación, agenda, normativas, procedimientos y contar con la ayuda de expertos.





La sobrevaluación del córdoba

28 07 2019

La sobrevaluación del córdoba es un problema de vieja data, aparentemente muy complicado de resolver en una economía muy dolarizada extraoficialmente como es la de Nicaragua. Al 30 de junio de este año, el dólar estadounidense dominaba el 65.6% del mercado, mientras que el córdoba con mantenimiento de valor, un dólar disfrazado, dominaba el 10.5%. Abordaremos el problema de la sobrevaluación con la presentación de ocho conceptos de la política cambiaria, para facilitar la comprensión de este tema a los lectores que no son macroeconomistas.

1. La relación directa entre el córdoba y el dólar estadounidense es el tipo de cambio nominal, o sea, córdobas por un dólar estadounidense, publicado mensual y diariamente por el banco central, y que sólo sirve para administrar la deuda externa del país. La devaluación de la moneda local ocurre cuando el banco central sube el precio de la divisa en un sistema de tipo de cambio fijo. La revaluación es lo contrario de la devaluación.

2. El tipo de cambio real observado o de corto plazo es la relación entre los precios de los bienes exportables (o transables, destinados al mercado externo) y los precios de los bienes no exportables (o no transables, destinados al mercado local), que debido al efecto de otras variables, internas y externas, representa el equilibrio simultáneo entre el mercado interno y el mercado mundial. El tipo de cambio real, por ejemplo, bilateral con Estados Unidos en córdobas de 2006 por un dólar estadounidense de 2006 -también puede ser multilateral en función de los principales socios comerciales del pais-, es un buen indicador del grado de competitividad de los productos nicaragüenses en el mercado internacional, por lo cual es muy importante para analizar el saldo del balance comercial de la balanza de pagos, que en nuestro caso es deficitario.

3. El tipo de cambio de Nicaragua es deslizante o reptante, o sea, un tipo de cambio fijo con un deslizamiento pre-anunciado, que tiene como objetivo fijar el tipo de cambio real al buscar la minimización del diferencial entre la tasa de inflación local y la tasa de inflación internacional. Es una política cambiaria de corto plazo, pero en Nicaragua se mantiene desde el 10 de enero de 1993, desde hace 26 años y 6 meses, y no promueve el esfuerzo exportador doméstico del país.

4. Un aumento del tipo de cambio real, o sea, una depreciación real, significa que los bienes extranjeros se han encarecido en relación con los bienes nacionales. Los consumidores, nacionales y extranjeros, modificarán en parte sus gastos a favor de los bienes nacionales. En otras palabras, se ha incrementado la competitividad de los productos nacionales.

5. Una disminución del tipo de cambio real, o sea una apreciación real, significa que los bienes nacionales se han encarecido en relación con los bienes extranjeros; en otras palabras, se ha reducido la competitividad de los productos nacionales y refleja un posible aumento de los costos de producción interna de los bienes de exportación.

6. El tipo de cambio real de equilibrio o de largo plazo, que no es un valor fijo, proporciona un equilibrio interno y externo en la economía que es sostenible en el largo plazo, y no precisamente en el corto plazo. De acuerdo con la teoría, esa situación de equilibrio se alcanza cuando el mercado de bienes no transables está en equilibrio, el saldo de la cuenta corriente  de la balanza de pagos y la variación de las reservas internacionales netas son iguales a cero, la política fiscal es estable y hay equilibrio en el  mercado de capitales y de trabajo. Dado los niveles de competitividad, es posible mantener un flujo sostenible de capital externo que financie un déficit razonable de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

7. La sobrevaluación del tipo de cambio real indica que el tipo de cambio real observado o de corto plazo está por debajo del tipo de cambio real de equilibrio o de largo plazo. En esta situación, el precio de los bienes transables, expresado en términos de bienes no transables, es menor que lo necesario para obtener el equilibrio. Por lo tanto, los agentes económicos tienen un mayor incentivo para producir bienes no transables que bienes exportables o importables. Así, las exportaciones disminuyen, las importaciones aumentan, se profundiza el déficit en la balanza comercial, se desincentiva la inversión extranjera y se produce una fuga de capitales. Es el caso típico de Nicaragua. Un porcentaje de sobrevaluación de la moneda de dos dígitos es preocupante.

8. Una moneda subvaluada, como el yuan, es una moneda que se deprecia al resultar menos cara en relación con otras monedas. Una moneda sobrevaluada, como el córdoba, es una moneda que se aprecia al resultar más cara en relación con otras monedas.

Pasemos ahora a la evidencia empiríca de la sobrevaluación del córdoba.

En 2006, actual año base de la economía, Nicaragua tenía 8 países socios comerciales y cada uno de ellos ponderó por encima del 3% en el comercio global del país, que es igual suma del valor de las exportaciones de bienes FOB más el valor de las importaciones de bienes CIF. En orden de importancia, esos países fueron Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Honduras y Japón, que representaron el 69.3% del comercio global de Nicaragua en 2006.

Nuestra moneda de curso legal, el córdoba, que apenas domina el 23.9% del mercado al 30 de junio del año en curso, observó el máximo porcentaje de sobrevaluación de 83.38% en 1987, año en que se inció la hiperinflación que duró 4 años, Ese porcentaje de sobrevaluación se redujo hasta 18.89% en 2018, gracias a las políticas de estabilización macroeconómica y de reforma estructural de la economía emprendidas a partir de 1989.

El porcentaje de sobrevaluación del tipo de cambio real observado en 2018 disminuyó 3.52 puntos porcentuales en relación con su nivel registrado de 22.41% en 2017, debido exclusivamente al desplome de 69.26% del flujo neto de capitales. Cabe agregar que otras dos variables fundamentos contrarrestaron parcialmente esa reducción de la sobrevaluación, al disminuir 3.81% el índice de la relación de términos de intercambio, o sea, el cociente resultante de dividir el índice de precios de la exportaciones entre el índice de precios de las importaciones, y al caer 3.8% el Producto Interno Bruto (PIB) Real, una variable proxi a la del progreso tecnológico.

Tomando en cuenta el pronóstico económico de COPADES para 2019, una caída del PIB Real de 9.4%, un flujo neto de capital de US$675 millones que representa apenas el 5.7% del PIB y una disminución de 2.1% del índice de la relación de términos de intercambio, el porcentaje de sobrevaluación del córdoba tiende a elevarse de 18.89% en 2018 a 23.96% en este año, muy cercano a su nivel registrado en 2012. El córdoba vale más de lo que debería valer, está más sobrevaluado o más apreciado.

La política monetaria ha sido más efectiva que la política fiscal para reducir la sobrevaluación del tipo de cambio real observado o de corto plazo. La tendencia creciente de la base monetaria a partir de mayo de 1991 es muy leve, mientras que el déficit fiscal ha sido sobre financiado con importantes flujos de recursos externos que han sobrevaluado al córdoba. Por su parte, la política cambiaria ha sido la menos efectiva para reducir la sobrevaluación del tipo de cambio real de corto plazo, tanto por las inconsistencias entre la política fiscal expansiva y la política monetaria contractiva, como por la presencia de mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al tipo de cambio oficial nominal.

Las variables fundamentos, que contribuyen a apreciar el tipo de cambio real de equilibrio o de largo plazo y, consecuentemente, a reducir la sobrevaluación del córdoba en el corto plazo son, en orden de importancia, la tasa de crecimiento del PIB Real, y la mejoría del índice de la relación de precios de intercambio. En cambio, el flujo neto de capitales deprecia el tipo de cambio real de equilibrio en el largo plazo y aumenta la sobrevaluación del córdoba en el corto plazo.

Para reducir el porcentaje de sobrevaluación del córdoba y, por ende, reducir el alto déficit comercial externo del país, se recomienda incrementar la competitividad mediante una educación de mejor calidad, incluyendo la educación técnica; transferir tecnología a las MIPYMEs con incentivos de la política fiscal –la moratoria fiscal, que consiste en no pagar impuesto sobre la renta por un período determinado, o la depreciación acelerada, que acelera la inversión en el corto plazo- y con incentivos de la política monetaria –la creación de un fondo especial de desarrollo ejecutada por una efectiva banca estatal de fomento para la facilitación de préstamos concesionales-; mejorar y ampliar la infraestructura económica (red vial, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y servicios portuarios); y mejorar la calidad de los empresarios, medida en términos “schumpeterianos”, es decir, empresarios con espíritu emprendedor, impulsores del proceso de avance tecnológico que genera el desarrollo económico y los avances sociales.

No es aconsejable una devaluación nominal del córdoba para reducir su sobrevaluación, sino avanzar con una mejor disciplina fiscal en el saneamiento de las finanzas públicas, para lo cual es necesario la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, mantener una emisión de dinero responsable, reducir el déficit cuasifiscal y avanzar en la ejecución de las reformas estructurales pendientes.

Con los avances de las medidas arriba señaladas, si aún se mantuviese algún rezago importante del tipo de cambio real observado con respecto a su nivel de equilibrio, se podría proceder a realizar una devaluación nominal del córdoba que se traduzca en una devaluación real efectiva, pero esto implicaría realizar primero el desmantelamiento de todos los mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al tipo de cambio.

El dilema de la dolarización oficial de la economía versus la recordobización o la desdolarización de la economía tendrá que afrontar la reducción de la subvaluación del dólar estadounidense o la reducción de la sobrevaluación del córdoba. En cualquiera de ambas situaciones, los formuladores de las políticas económicas deberán dejar un valor apropiado de la moneda, local o extranjera, que promueva el esfuerzo exportador del país para reducir el amplio y tradicional déficit comercial externo cercano a 20% del PIB.





Caen las importaciones por la menor demanda interna

21 07 2019

Finalizando la tercera semana de julio de este año, sólo se conocen los datos oficiales de comercio exterior correspondientes al período enero-abril del año en curso. El valor total de las importaciones de bienes CIF del país en el período enero-abril de 2019 totalizó US$1,565.0 millones, un monto que es 25.2% inferior al registrado en el mismo período de 2018.

En términos generales, las empresas de la construcción observan las mayores caídas de volúmenes de insumos importados; las empresas agropecuarias perciben las mayores caídas de volúmenes importados de maquinaria y equipo; los consumidores reducen sus gastos en la adquisición de bienes de consumo no duraderos provenientes del exterior; y las empresas generadoras de electricidad cuentan con mayores volúmenes importados de fuel oil. El gobierno central recauda menos impuestos sobre las importaciones.  

Bienes de consumo

En tiempos de crisis, los consumidores reducen sus gastos y aumentan sus ahorros, de tal forma que la demanda de bienes de consumo se concentra en productos de primera necesidad, que equivale a decir que la demanda de dinero es exclusivamente precautoria, lo cual puede ejemplificarse con el comportamiento del volumen de las importaciones de dichos bienes: muestran una reducción de 3.9%, pero caen más los de consumo duraderos, 25.6%, que los de no duraderos, 3.9%.

Entre los bienes de consumo final duraderos aumenta el volumen de llantas y neumáticos, pero los consumidores demandan menos artículos para uso doméstico, tales como televisores, refrigeradoras, planchas eléctricas, celulares, cocinas, camas, máquinas de coser, muebles metálicos de oficina, lámparas de mano, candados y juguetes; sólo aumentan los volúmenes importados de radios y grabadoras.

También se nota que los consumidores encuentran menores volúmenes importados de alimentos, tales como arroz, frijoles, leche evaporada, mantequilla, zanahorias frescas, naranjas frescas, tomates frescos y tomates preparados, medicamentos y productos farmacéuticos, vestuario y calzado, licores, cervezas en lata, vinos, cigarrillos, periódicos, revistas, pero aumentan los volúmenes importados de cebolla, maíz para palomitas, cuadernos, libretas, fósforos, lápiz de grafito, libros, materiales educativos, desodorantes y shampoo.

Bienes intermedios

En tiempos de crisis, los empresarios se ven obligados a disminuir su producción por la incertidumbre del mercado y la menor demanda de bienes y servicios de los agentes económicos, consumidores, inversionistas y gobierno.

El volumen de los bienes intermedios o materias primas o insumos de origen importado y destinados a las actividades económicas del país han observado una reducción de 41.0%; sin embargo, la mayor caída de estas importaciones se registra en la Actividad de la Construcción, 68.7%, y le siguen, en orden descendente, la Actividad Agropecuaria, 31.9%, y la Actividad Industrial, 16.1%.

La estrepitosa caída del volumen de la importaciones de insumos demandados por las empresas constructoras, que ahora muestran una gran capacidad de producción ociosa, se explica principalmente con las drásticas reducciones de cal apagada, cemento, ladrillos, angulares, láminas galvanizadas, láminas de fibro-cemento, láminas de acero en frío, láminas gyson, puentes con sus accesorios y tuberías para gasoductos.

Por su parte, los productores agropecuarios tienen un menor acceso a sulfato de potasio y fertilizantes, aunque han aumentado los volúmenes de pollitos vivos recién nacidos, huevos fértiles para la reproducción, productos veterinarios, semillas para la siembra e insecticidas y repelentes.

Por otro lado, los productores industriales tienen una menor disponibilidad de aceite crudo de palma y soya, avena en hojuela, cemento sellador para tubería, harina de maíz, harina de trigo preparada para pastel, hipoclorito de cloro y de calcio, láminas de acero, láminas de cartón corrugado, leche en polvo, malta a granel, refrigerantes, sebo de res para uso industrial, soda cáustica, trigo duro a granel y varillas de hierro

Petróleo y combustibles  

Menos producción, menos consumo y menos inversión implican menos consumo de combustibles. En el primer cuatrimestre de este año, Nicaragua importó 1,539.2 miles de barriles de petróleo con un precio promedio por barril de US$68.4. El volumen importado disminuyó 3.8%, el precio promedio bajó 5.9% y la factura petrolera de US$105.3 millones se redujo 9.5%.

En miles de barriles y con sus variaciones relativas en relación con el mismo período del año de 2018, las importaciones de los principales combustibles fueron: gasolina regular, 164.2 y -74.8%; diesel, 1,077.7 y -16.4%; solventes, 2.6 y -99.1%; aceites y grasas, 30.0 y -1.0%; gasolina super, 497.3 y +130.1%; y fuel oil, 661.6 y +185.1%. El país no importó energía eléctrica en el primer cuatrimestre de este año.

Bienes de capital

En tiempos de crisis, los inversionistas gastan menos en la ampliación de la infraestructura productiva y ahorran más. Los volúmenes de importaciones de maquinaria y equipo caen 42.3%, siendo los más afectados los de usos agropecuarios que se reducen en 67.6%, y le siguen en orden descendente los de uso para la actividad de transporte con una disminución de 55.3% y los de uso industrial con una caída de 30.1%.

Los productores agropecuarios tienen una menor oferta de tractores, máquinas para quebrar semillas y cortadoras de césped; los transportistas cuentan con una menor oferta de autobuses, microbuses, camionetas, camiones de volquete, automóviles tipo sedán, motocicletas y repuestos de automóviles; y los productores industriales tienen un menor acceso a equipos de rayos X,  aires acondicionados, equipo de refrigeración, computadoras y sus accesorios, máquinas y aparatos para la industria azucarera, máquina para cernir tierra y rompedor de concreto, selladora de bolsas, máquinas impresoras y máquinas montacargas.

Conclusión A medida que la crisis política continúe provocando las caídas de la producción y de la demanda interna, consumo e inversión, o sea, que el riego-país se acreciente, el volumen de los bienes importados mantendrá su tendencia declinante y, mientras su caída sea mayor que la del volumen de las exportaciones, escucharemos una ironía macroeconómica: el déficit comercial externo y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos disminuirán y podrán transformarse en superávit y, consecuentemente, el país tendría, aparentemente, menos necesidad de endeudarse con el resto del mundo. Después aparecería el colapso económico.





Notas económicas para el corto plazo

14 07 2019

Es hora de comenzar a pensar en las perspectivas económicas del país para 2020, en un momento en que la indisponibilidad de información oficial, la incertidumbre política y la desconfianza de los agentes económicos dificultan la elaboración del pronóstico económico nacional.

En términos macroeconómicos, 2019 ya expiró. Se conocen las afectaciones del ciclo agrícola recién iniciado -tales como alzas de costos de producción por presiones tributarias, mayores tasas de interés por el creciente índice de riesgo-país y el menor apoyo crediticio por la reducción de los depósitos -, la paralización de la construcción privada y el menor ritmo de la construcción pública, la continua caída de las actividades comerciales y financieras, el desplome del consumo de los hogares y de la inversión, la mayor caída de las importaciones que la de las exportaciones, el menor déficit comercial externo y el mayor déficit fiscal, la reducción de la cooperación internacional oficial al sector público y al sector privado, la escasez de córdobas que acelera la tasa de caída de la producción aunque desacelera la tasa de inflación y estabiliza el tipo de cambio, la mayor tasa de subutilización de la fuerza laboral y el creciente número de pobres. Esta es la antesala para distinguir lo que podría ocurrir en el ámbito económico en 2020, con un solo supuesto político: se mantiene o se extingue el diálogo nacional como un instrumento de corto plazo, o sea, se resuelve o persiste y crece el riesgo político imperante desde abril de 2018.

Comienza a visualizarse nuevos riesgos económicos internos en el corto plazo, especialmente en el ámbito fiscal. El saldo de la deuda pública externa rompe el límite tolerable del 50% del producto interno bruto (PIB), con lo cual volvemos a encontrarnos en ese extraño club de países severamente endeudados en términos de producción -aunque Nicaragua ya no es un país pobre, sino un país de ingreso medio bajo-, mientras que el pago  de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público, ya sesgado al alza por la contratación de préstamos no concesionales, tiende a romper el límite tolerable de 10% del valor de las exportaciones domésticas de bienes y servicios, incluyendo el servicio de la maquila.

Los efectos de esos dos desequilibrios macroeconómicos disminuirán más el ingreso de la inversión extranjera directa. Es fácil prever que en este año el flujo neto de dicha inversión, ingreso menos salida de capitales debidamente informada, será negativa por primera vez en el país.

El déficit del presupuesto gubernamental estará sujeto a la decisión política de recortar el gasto público, mejor dicho, el consumo gubernamental, porque la inversión pública ya ha sido recortada de facto por las sanciones financieras de la “Nica Act”, o a la decisión política de recurrir a la emisión de dinero para mantener el gasto de consumo. Cabe agregar que la emisión de títulos valores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya no funciona como una fuente de financiamiento del déficit fiscal, debido a la desconfianza de los inversionistas financieros.

Recortar el gasto de consumo público para administrar un adecuado nivel del déficit fiscal implica la generación de desempleo y la menor compra de bienes y servicios para que la burocracia estatal funcione, pero esto perjudicaría el ciclo económico político, que es un reflejo del calendario del ciclo electoral, al elevarse el malestar o la preocupación de la opinión pública por el continuo aumento del desempleo observado desde 2018. Por esta razón, los políticos y economistas de la administración gubernamental repiten el viejo estribillo de que es imposible recortar el gasto de consumo público porque se reducirían los gastos de salud y educación, en vez de analizar la posibilidad de la reducción del gasto corriente sobre la base de una evaluación rigurosa de la productividad de los empleados públicos. Si se llevara a cabo una reducción del gasto de consumo público, se debería evitar la asignación de un porcentaje del gasto idénticamente igual para cada una de las instituciones públicas, como sucedió en 1988, con la Operación “Berta”, o en 2001, con el Programa de Estabilización Macroeconómica “Vamos al Córdoba”. Es posible que algunas entidades gubernamentales requieran un aumento en vez de una disminución de sus gastos operativos.

Por otro lado, la segunda alternativa, la política de recurrir a la emisión de dinero para financiar el creciente déficit fiscal sería nociva, porque provocaría el aumento de la inflación, disminuiría la posición de las reservas internacionales administradas por la banca central y sería más frágil la estabilidad del tipo de cambio.

¿Cuál de esas dos alternativas de política económica sería escogida por las autoridades gubernamentales? Les aconsejaría reestructurar el gasto público. A la postre, esa es la medida económica que se impondría cuando ya se haya dado una presión inflacionaria galopante resultante de la emisión de dinero sin respaldo de las reservas internacionales oficiales, que ya fueron disminuidas por la caída de US$1,364 millones en los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario comercial durante el período abril 2018-mayo 2019.

La caja de herramientas de las políticas monetarias y fiscales del país para enfrentar la crisis económica no funciona como se espera, porque el origen de esta crisis es exclusivamente de índole política. El banco central regula el medio circulante con Letras que tienen el plazo de 1 día, cuyas colocaciones han disminuido a pesar de que la autoridad monetaria elevó su tasa de rendimiento y, además, desde 1991 no puede devaluar el córdoba por la existencia de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial, principalmente la cláusula de mantenimiento de valor. Es un banco para que funcione en una economía muy dolarizada extraoficialmente. Por otro lado, no se observa la existencia de estímulos fiscales para impulsar el crecimiento económico y reducir el desempleo, al haberse aplicado una reforma procíclica de la Ley de Concertación Tributaria que sólo aceleró la inflación en vez de una aumentar la recaudación de impuestos en términos de producción.  

A esos riesgos económicos internos que ya se aproximan se pueden sumar otros riesgos ya visibles en el escenario internacional. Las guerras comerciales de Estados Unidos con otros países, principalmente China, amenazan con la estanflación mundial, es decir, la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de la inflación, que se está fortaleciendo con las restricciones a la inversión extranjera directa, la transferencia de tecnología y la migración; y entre los problemas geopolíticos, el más relevante es entre Estados Unidos e Irán, que podría provocar una escalada de los precios internacionales del petróleo que reducirían el consumo y la inversión por lo precios más altos de los combustibles. Existe, por lo tanto, el riesgo creciente de una recesión económica global y, por supuesto, afectará a la economía de Nicaragua.