12 años de impunidad de Eduardo Montealegre

3 08 2020

12 años = 144 meses = 4,380 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

Eduardo Montealegre cumplió el 2 de agosto de 2020 4,380 días de consolidarse como el impune más famoso de la historia delictiva penal de Nicaragua. Desde hace 12 años ha estado protegido, primero por el Poder Legislativo a lo largo de 8 años, y después, durante 4 años, por el Poder Judicial desde dos juzgados penales hasta la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Tribunal de Apelaciones de Managua que engavetó mi acusación al ex banquero y ex político.

Mi acusación sobre la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre no sólo es conocida en Nicaragua, sino también en tres instituciones internacionales y dos entidades gubernamentales de otros países. En el bienio 2016-2017 presenté mis denuncias debidamente documentadas contra el violador de derechos humanos Eduardo Montealegre a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Bureau de la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria.

El querellado continúa estando al margen de la ley, pero su presunta delincuencia es el estigma que lo identifica nacional e internacionalmente.





En la búsqueda de más empleo y producción

1 08 2020

Siempre he sido de la opinión que la reactivación de las actividades económicas se podrá dar hasta que sea frenada la expansión del virus o exista una vacuna contra el virus  o, como dicen los virólogos y epidemiólogos, cuando se aplane la curva de contagio. En Nicaragua se han cerrado empresas en forma temporal o definitiva por causa de COVID-19, pero no se han aplicado oficialmente las cuarentenas y las recomendaciones de bloqueos, rastreos y pruebas, aunque la gente comenzó a resguardarse en sus hogares desde finales de abril.

¿Se habrá amortiguado la curva epidémica? Realmente, no lo sé, pero se ha notado desde el 18 de marzo recién pasado que pocas personas tomaron medidas para evitar el contagio o fueron muy formales en practicar las precauciones dadas por los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso, los casos aumentaron aceleradamente en abril y mayo, pero en junio se notó, como una acción individual, una adhesión a las medidas de precaución de parte de la población, que evitó concentraciones masivas, las iglesias se cerraron, se practicó el distanciamiento social, se redujeron las visitas a familiares, amigos y centros de diversión y entretenimiento, y las empresas enviaron a parte de su personal a laborar desde sus casas.

Reemprender el crecimiento económico de Nicaragua, reitero, una vez que se haya aplastado la curva de contagio de COVID-19, es una tarea casi de exclusiva competencia de la política fiscal, pero ésta está muy restringida debido a la restricción del financiamiento externo destinado a la inversión pública, debido a las sanciones financieras internacionales que han  cerrado las llaves para que fluya la  cooperación concesional del Banco Mundial (BM/IDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI) hacia el presupuesto nacional. Eliminar esa restricción exige la solución del problema político imperante desde abril de 2018, el cual estimo será resuelto por los políticos antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021.

Por otro lado, la política monetaria se percibe como muy fatigada y poco efectiva para enfrentar la recesión económica del país, o para propiciar el estímulo económico que anhela la nación. Además, las autoridades del Banco Central de Nicaragua (BCN) siempre se han empecinado en mantener estable sólo al córdoba (con una tasa de inflación baja) y garantizar el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, pues la ley creadora de la autoridad monetaria no la manda a reducir el desempleo o promover el pleno empleo y la producción.

La política monetaria no está incentivando la economía real, por ejemplo, apoyando la ampliación de la capacidad agroindustrial o el aumento de los rendimientos de la producción agropecuaria, ni la  inversión real, como son la construcción de fábricas y la adquisición de maquinaria y equipo, pero sí está estimulando la inversión financiera. Una política monetaria muy contractiva desacelera el crecimiento o acelera el decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real, tal como se observa en el escenario de la recesión económica actual causada por COVID-19.

Cabe reconocer que la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor ha sido posible por la decisión política de no emitir dinero en forma inorgánica, es decir, no poner a circular córdobas en el mercado sin que tengan el respaldo correspondiente de las reservas internacionales en el BCN. La idea fundamental monetarista es aplastar la inflación al restringir la oferta monetaria, pero esto produce recesión económica y más desempleo, y esta política no será viable cuando el COVID-19 sea dominado.

Además, la posición actual de las reservas internacionales está debilitada porque su saldo bruto al 31 de mayo de 2020 de US$2,728 millones es aún menor en US$259 millones que su  saldo máximo observado el 17 de abril de 2018 de US$2,987 millones. Sin embargo, cabe destacar que la estabilidad macroeconómica no se perdió entre abril de 2018 y marzo de 2019, al darse la fuga de US$1,290 millones de los depósitos en moneda extranjera en la banca comercial, porque las entidades bancarias, para devolver esos depósitos a sus dueños, compraron dólares con córdobas que fueron guardados inmediatamente en las arcas del BCN. Esos dólares que se fugaron aún no han retornado al país.

Una lección que se desprende de lo antes expuesto es que la excesiva dolarización financiera de Nicaragua, en este caso representada por la razón macroeconómica Depósitos en US$/Liquidez Total de la Economía (M3A), igual a 91% en marzo de 2018, fue el talón de Aquiles del sistema bancario comercial en un escenario de crisis política y recesión económica. 

Ahora, el shock de demanda de COVID-19 está haciendo caer las expectativas de inflación y las tasas de interés. Debido a la crisis política interna y la crisis sanitaria mundial en Nicaragua, la inversión se ha desplomado y la gente está ahorrando un poco más, o sea, el consumo de los hogares también ha caído.

Cualquier economista sabe que la gestión del ciclo económico es mejor desempeñada por la política fiscal que por la política monetaria. La pregunta crucial es cómo aumentar el empleo. No hay que temer tanto al aumento del gasto público y a la reducción de los impuestos como tampoco a un mayor déficit fiscal que sea financiado con recursos internos y externos concesionales, pero estos últimos, como ya sabemos, no están disponibles por las razones arriba mencionadas.

Es en este punto en que la política monetaria puede contribuir al futuro crecimiento económico del país con la garantía de la concesionalidad de los recursos internos para financiar el déficit fiscal, mediante la reducción de la tasa de interés interbancaria o monetaria de largo plazo a un nivel que se aproxime al 0%, pero que sea menor que la tasa de crecimiento del PIB Nominal. El BCN se sentiría relegado, porque se limitaría a facilitar el estímulo fiscal del futuro crecimiento económico, o sea, abaratar los préstamos en córdobas sin mantenimiento de valor al sector gubernamental fijando una tasa de interés bastante baja, o compraría Bonos del Tesoro en córdobas sin mantenimiento de valor con una baja tasa de rendimiento, a medida que se acrecienta el déficit fiscal. 

En un entorno de tasa de interés cercana a cero, las autoridades económicas gubernamentales podrían administrar mejor el ciclo económico, pero al dejar de existir la pandemia el gobierno tendrá que disminuir la razón macroeconómica Deuda Pública/PIB por dos razones: (i) la presión inflacionaria volvería a acelerarse y la banca central estaría obligada a subir las tasas de interés y (ii) comenzar a crear el espacio fiscal para enfrentar otra recesión económica provocada por fenómenos económicos o naturales.





¿Inflación o deflación en el corto plazo?

26 07 2020

En tiempos del COVID-19, un tiempo de recesión económica mundial y en tiempos de una deprimida demanda interna del país en que cae más la inversión que el consumo, la tasa de inflación interanual de los precios al consumidor en Nicaragua, es decir, el alza de los precios entre junio de 2019 y junio de 2020, recientemente publicada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) -pero que continúa siendo estimada por el Banco Central de Nicaragua (BCN)- fue igual a 3.62%, mientras que la tasa de inflación acumulada en los primeros seis meses del año fue apenas 1.25%, destacándose el hecho de que en los primeros cuatro meses de 2020 no hubo inflación ni deflación, al registrarse 0%.

Siempre en tasas de variación interanual y por grupo de bienes y servicios, la mayor alza de precios se observó en bebidas alcohólicas y tabaco con 6.64%, afectados por la reforma tributaria de febrero de 2019 con un impuesto específico de consumo que aumenta durante tres años consecutivos desde 2019.

Le sigue, en orden de importancia,  las tarifas de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles cuyos precios se elevaron 5.72%, probablemente impulsados principalmente por la electricidad; los precios de los medicamentos y servicios de la salud, dada la creciente demanda de estos productos por la presencia de COVID-19, se incrementaron 4.97%; y los precios de bienes y servicios de la educación con 4.86%, de recreación y cultura con 4.66%, y de restaurantes y hoteles con 4.58%.

Continúan los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas con 4.25%, bienes y servicios diversos con 4.02%, muebles y artículos para el hogar y conservación del hogar con 2.44%, prendas de vestir y calzado con 1.57%, y el servicio de comunicaciones con 1.00%. Sólo el servicio de transporte mostró una caída de precios de 3.37%.

La tasa de inflación del índice de precios al consumidor (IPC), en condiciones normales, es un problema monetario, pero con la presencia de COVID-19  la presión inflacionaria es baja con el riesgo de que se transforme en un problema de deflación por el shock de oferta derivado de la gran recesión mundial, y en el mercado local por el creciente desempleo y subempleo debido al cierre temporal o definitivo de empresas, la reducción de los ingresos de la población y el desplome de la demanda interna. A esto se agrega la incertidumbre, que impulsa el ahorro precautorio por la propagación del virus y la inseguridad de que se pueda aplastar la curva de contagio en el corto plazo.

COVID-19 ha contraído primero la oferta y después la demanda, ha elevado el desempleo y reducido los ingresos de los agentes económicos, los precios de las materias primas se han desplomado, los patrones de consumo han cambiado bastante que parece que los índices inflacionarios ya carecen de sentido, gran parte del gasto se ha esfumado y el ahorro preventivo se ha acelerado; además, la velocidad de circulación del dinero tiende a disminuir porque los agentes económicos se aferran al dinero, y no lo gastan. El impacto sobre los precios parece que no es inflacionario, sino deflacionario. Mientras la demanda agregada (consumo, inversión y exportaciones) se encuentre bastante debilitada, la inflación será baja y las tasas de interés tendrán que disminuir. En el peor de los casos, la inflación será bastante modesta. 

Entre las variables macroeconómicas relacionadas con el IPC y explicativas de la tasa de inflación en Nicaragua, se distinguen las siguientes, según datos oficiales nacionales y de instituciones internacionales.

En los primeros cinco meses del año, la cantidad de dinero (córdobas) que circula en el mercado se ha contraído 4.4%, equivalente a C$1,871 millones, hasta el nivel de C$40,863 millones; el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) disminuyó de US$59.88 en diciembre de 2019 a US$38.31 en junio de 2020, con un promedio anual esperado de US$33; la proyección de la tasa de inflación importada o la de los países de economía avanzada para 2020, publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), es 0.414%, inferior a 1.476% registrada en 2019; la tasa de deslizamiento interanual del tipo de cambio oficial del córdoba disminuyó de 5% en noviembre de 2019 a 3% anual en diciembre de 2020; en un rango de 0 a 1, la tasa de inflación inercial, que representa las expectativas inflacionarias de los agentes económicos nicaragüenses, subió de 0.5 en 2018 a 0.54 en 2019; y el salario promedio nacional del mercado formal, en el mejor de los casos permanece estancado desde diciembre de 2018 en el nivel de C$10,893, equivalentes a US$337.60, por ser el último dato publicado por el BCN.

Con la eliminación de los precios de los alimentos y de la energía eléctrica, considerados como muy volátiles en la canasta de bienes y servicios del IPC, se obtiene la tasa de inflación subyacente. En Nicaragua, a junio recién pasado la inflación subyacente fue igual a 2.93% interanual y 1.15% acumulada en el año en curso.

El BCN dejó de publicar (i) la tasa de inflación de los bienes no transables, destinados en gran parte al consumo o al mercado interno -los servicios también son no transables-; (ii) la tasa de inflación de los bienes transables, es decir, de los bienes transados en el comercio exterior, exportados e importados; (iii) la tasa de inflación de los productos administrados o regulados por el Estado, tales como la energía, el agua, la recolección de basura, el gas licuado y el transporte en autobuses urbanos; y (iv) la tasa de inflación de los bienes y servicios de mercado, determinada por la oferta y la demanda de esos productos.

En conclusión, la inflación en el mercado local continuará mostrando una tendencia a la baja por la recesión económica. En la actualidad, los precios al consumidor bajan en vez de subir por el colapso de la oferta, primero, y el colapso de la demanda, después, provocados por COVID-19. La subutilización de la fuerza laboral es alta, y de acuerdo con la reciente reforma de la Ley de Endeudamiento Público, se prevé para 2021  el endeudamiento público interno máximo del Gobierno Central equivalente a US$150 millones, menor que los US$315 millones aprobados para 2020, mientras que el endeudamiento público externo neto (desembolsos menos pago de amortizaciones) se reduce de US$217.7 millones en 2020 a US$161 millones en 2021-; y el Gobierno Central administra un presupuesto con un déficit menor que 1% del producto interno bruto (PIB) desde 2019.

Así, no se observa que en 2021 haya un dominio de la política fiscal sobre la política monetaria, esta última muy contractiva para defender la debilitada posición de las reservas internacionales brutas administradas por el BCN. Por todas estas razones, creo que está presente el riesgo de la deflación.





El dinero en efectivo y COVID-19

19 07 2020

En Principios de Macroeconomía se aprende, para comprender el razonamiento monetarista, que en el transcurso de un año la velocidad del dinero es el número promedio de veces que un córdoba cambia de manos. La velocidad de circulación del dinero (v) es la proporción entre el producto interno bruto (PIB) nominal y el saldo o existencias de dinero en el mercado (M1 si es el medio circulante o M2 si se le agregan los depósitos de ahorro y a plazos), ambas variables en millones de córdobas.

De acuerdo con estadísticas oficiales, en 2019 la velocidad de circulación del dinero (v = PIB / M1) es igual a 9.7, es decir, que un córdoba cambió de manos 9.7 veces en promedio durante un año. En otras palabras, si usted compró un frasco de desinfectante de manos con un billete de cien córdobas, la velocidad de 9.7 veces significa que el billete de 100 córdobas permaneció en manos de cada uno de sus dueños 2.4 veces en un trimestre de 2019.

¿Podría existir un riesgo potencial de contagio del COVID-19 con la manipulación de los billetes de córdoba? En el libro “MONEDAS Y BILLETES DE NICARAGUA”, publicado por el Banco Central de Nicaragua en 2019, encontramos que las siete denominaciones de los billetes de córdoba que circulan actualmente en el mercado están impresas en sustrato de polímero. Así, cabe preguntar si COVID-19 podría ser un huésped, y por cuánto tiempo, en los billetes impresos en sustrato de polímero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su portavoz Fadela Chaib, aclaró que los billetes no representan un riesgo mayor de contagio, pero los expertos en salud pública siempre recomiendan que lo más importante es el lavado de manos con agua y jabón y no tocarse la cara para prevenir el contagio. Y agregan que un billete puede ser transmisor del virus si alguien infectado estornuda sobre el billete, que ese billete llegue a manos de otra persona en un corto tiempo y que quien reciba ese billete no se lave las manos y se toque la cara.

El director del Instituto Robert Koch de Alemania para enfermedades infecciosas está de acuerdo en que los billetes no desempeñan un papel importante en la propagación del coronavirus. Por otro lado, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijo: ‘puede ser posible que una persona pueda contraer COVID-19 tocando una superficie u objeto que tenga el virus, y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero esto (el billete) no se cree que sea la principal forma en que se propaga el virus”.

La revista científica norteamericana “Scientific American”, señaló que el billete impreso en sustrato de polímero es más limpio, es más resistentes a la suciedad y las bacterias, que otros billetes elaborados con derivados del algodón, y que las bacterias sobreviven menos tiempo en los billetes de polímero comparado con los billetes de algodón. Otros expertos del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid agregan que los billetes son más propensos a ser contaminados por bacterias, no por virus, y estas bacterias “no tienen efectos adversos en la población, están presentes en nuestro entorno y convivimos normalmente con ellas, pues tenemos resistencia inmunitaria natural”.

Sin embargo, hay personas que desinfectan los billetes. El Banco de Canadá aconseja que no usen productos que contengan cloro o etanol para desinfectar los billetes, porque podrían dañarlos. La manera correcta de hacerlo, según recomienda el Banco de Canadá, es simplemente aplicar agua y jabón, y luego dejarlos secando.

Con base en las opiniones científicas arriba mencionadas, podríamos concluir que existe una baja probabilidad de contagiarnos de COVID-19 con el manejo de dinero en efectivo, comparada con otros objetos y  superficies tales como las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar; dar la mano a las personas; tocar mesas, sillas, pomos, barandillas y otros objetos utilizados en la vida cotidiana; plástico y acero inoxidable, en los que el virus puede sobrevivir hasta 72 horas.

Habría una mayor contaminación bacteriana sobre el plástico de las tarjetas de crédito que sobre el sustrato de polímero de los billetes o sobre el acero inoxidable color plateado en las monedas de 5 centavos y 1 y 5 córdobas, o sobre el acero electrocapas de latón color dorado en las monedas de 25 centavos, o sobre el aluminio en las monedas de 10 centavos.  

Creo que a la fecha el Banco Central de Nicaragua (BCN) no ha comunicado a los nicaragüenses de que los billetes de córdoba son de bajo riesgo para propagar el COVID-19. Este coronavirus no perdona errores, por lo cual ningún riesgo de contagio puede ser considerado nulo, por lo que el BCN tiene la obligación de comunicar a la población si la circulación del córdoba puede tener un impacto en la salud pública.

Por ese motivo, sugiero a las autoridades del BCN que analicen periódicamente con varios laboratorios el riesgo potencial de una propagación de COVID-19 a través del uso de billetes y monedas en circulación.

Finalmente, ante las posibles dudas por el contagio a través del dinero en efectivo, el BCN podría poner en cuarentena a los billetes devueltos por el sistema financiero nacional antes de volver a circularlos, emitir nuevos billetes y desinfectar las áreas donde maneja el efectivo.





Un aporte en la búsqueda de una solución nacional

12 07 2020

Es bastante difícil que la ortodoxia neoliberal impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el aún llamado Consenso de Washington que no sucumbió frente a lo que he considerado como el intento del Consenso de Seúl, continúe sosteniéndose debido al gran impacto, impredecible y duradero, de COVID-19, que ha dejado al descubierto las desigualdades y los problemas sociales más sentidos no sólo en Nicaragua, sino también en el mundo. La mano invisible del Mercado deberá estar acompañada por la mano visible del Estado.

Ahora, la economía de Nicaragua, deteriorada por los impactos de una crisis política local desde abril de 2018 y de una crisis sanitaria mundial desde marzo de 2020, acumulará una pérdida de producción de 24 mil 734 millones de dólares en el trienio 2018-2020, su ingreso promedio anual per cápita de 1 mil 760 dólares en 2020 habrá retrocedido 8 años, y su índice de pobreza estará rondando al 30% de la población total del país, muy cercano al índice registrado en la encuesta de medición de nivel de vida de 2014, última encuesta avalada técnicamente por el Banco Mundial.

Volver a reeditar la economía tal como funcionaba antes de la aparición de COVID-19 sería un craso error político. Creo que los nicaragüenses esperan de los líderes políticos las directrices de corto, mediano y largo plazo para la solución de los problemas no sólo políticos, sino también económicos y sociales ya conocidos por todos en Nicaragua. COVID-19 está dejando al descubierto todos esos problemas, que ya existían antes de que el virus se presentara en el país el 18 de marzo de 2020.

Somos un país de déficit, no de superávit. Somos un país de pobres, no de clase media, mucho menos de ricos. Somos un país, clasificado por el Banco Mundial, de ingreso medio, pero nos encontramos entre los países con más bajos ingresos medios. La solución de los problemas arriba señalados exigirá a los líderes políticos una muestra de voluntad política y la toma de decisiones difíciles. La gestión de un nuevo modelo económico no puede ser realizado solo por el mercado.

A continuación, una muestra de las grandes interrogantes económicas y sociales que podrían ayudar a ejemplificar la voluntad política renovada y la calidad de las decisiones políticas para llevar a cabo las  transformaciones estructurales del modelo económico.

  • ¿Se protegerán las finanzas y los trabajadores pagarán la factura con la austeridad y la caída del nivel de vida derivadas de la tradicional política macroeconómica contractiva?
  • ¿Retornará el descontento social cuando se aplane la curva de contagio del coronavirus?
  • ¿Se reducirá la inequidad de la distribución del ingreso?
  • ¿Se mejorará la equidad de la política tributaria?
  • ¿Se aumentará la pobreza?
  • ¿Se asegurará el ingreso de la cooperación externa multilateral concesional en el corto plazo?
  • ¿Se mejorará la calidad de los servicios públicos, principalmente salud y educación?
  • ¿Se fortalecerá el sistema de salud pública y el sistema de educación pública?
  • ¿Se podrá elevar la baja escolaridad promedio nacional de los nicaragüenses?
  • ¿Se restablecerá la educación técnica media y superior?
  • ¿Se recuperarán los precios internacionales de las materias primas en el corto plazo?
  • ¿Se sostendrá el saldo y el servicio de la deuda pública externa e interna?
  • ¿Se ejecutará un plan de industrialización de la producción agropecuaria, silvícola y pesquera?
  • ¿Se aplicarán políticas fiscales favorables a la inversión en tecnología?
  • ¿Se elevará la productividad de la economía y la competitividad de las empresas?
  • ¿Se reducirá el alto nivel de la economía informal?
  • ¿Se transferirá simultáneamente crédito y tecnología a las microempresas y pequeñas y medianas empresas?
  • ¿Se transferirá una tecnología adecuada que no dañe el medio ambiente?
  • ¿Se crearán posibilidades de financiamiento a largo plazo para estimular la inversión privada?
  • ¿Se bajarán las altas tasas de interés del sistema financiero nacional, con la influencia de la banca central, para apoyar el alcance de los objetivos socioeconómicos?
  • ¿Se atraerá a empresas extranjeras y se podrá vincularlas a cadenas de producción locales?
  • ¿Se dolarizará oficialmente o se recordobizará la economía del país?
  • ¿Se restablecerán los instrumentos estatales para construir un nuevo modelo económico y una nueva política económica?
  • ¿Se realizarán las reformas estructurales pendientes, tales como la seguridad social, el gasto público, la administración de la justicia, entre otras?
  • ¿Se resolverán los problemas de la propiedad en conflicto?
  • ¿Se mejorará la calidad medioambiental del crecimiento económico?

La  cuestión fundamental es saber si esto se puede hacer de una forma que cree condiciones para un crecimiento que favorezca a los pobres, que apoye a los más vulnerables. El fin de mejorar el bienestar social requiere generar más ingresos entre la población. Se necesita, pues, aumentar la producción y desconcentrar los ingresos.

La insuficiencia de los ingresos del presupuesto nacional no facilita la entrega de dinero en efectivo a los desempleados por la pandemia mundial ni subsidiar los empleos con más bajos salarios, mucho menos préstamos para las microempresas y pequeñas empresas, que son las más golpeadas por COVID-19. Sencillamente, no hay recursos. Con más razón, se necesita construir un modelo mejor y formular políticas públicas de mejor calidad.

Y creo que las respuestas a esas preguntas demandan una concertación económica y social.





Hacia un nuevo enfoque económico

5 07 2020

¿Cómo estaremos lo nicaragüenses, social y económicamente, una vez que se haya evitado la propagación de COVID-19, aunque el virus continuará presente entre nosotros?

Supuestos: (i) la amenaza fundamental para la economía es, en este momento, la propagación del coronavirus y (ii) en enero de 2021 la expansión del coronavirus estará frenada.

Subempleo y desempleo

Un problema que ya existe y que seguramente habrá aumentado es el subempleo y el desempleo. Al menos, es muy probable que la reducción en horas de trabajo en 2020 sea equivalente a una pérdida de 200 mil empleos a tiempo completo y, en este sentido, el tamaño del ejército de desempleados, incluyendo las horas hombres no trabajadas de los subempleados, se aproximará a 1 millón 300 mil personas, de una población económicamente activa de 4 millones de personas. Según cifras oficiales, en el cuarto trimestre de 2019 el 46.9% del total de ocupados trabajaba menos de 8 horas diarias y buscaba trabajar más horas. La pobreza aumenta.

Inflación

En tiempos de dos crisis con orígenes extraeconómicos, uno político y otro biológico, el shock de oferta o caída del producto interno bruto (PIB) real causó el colapso de los gastos de consumo, inversión e importaciones, y por ende la recesión económica, por lo cual los precios internacionales de las materias primas cayeron por la pandemia mundial y la tasa de inflación de los precios al consumidor se podría transformar en una tasa de deflación. De acuerdo con datos oficiales, la inflación acumulada en el período enero-abril de este año es 0% y es bastante probable que la acumulada anual sea una tasa de deflación (inflación negativa) cercana al 0%. La recesión mundial actual no ha sido generada por grandes aumentos de los precios internacionales del petróleo o por fuertes desequilibrios económicos y financieros que conducen a las alzas de las tasas de interés. Estimo que las presiones inflacionarias surgirán en el mediano y largo plazo.   

Las inequidades al descubierto

COVID-19 ha puesto al descubierto las inequidades de la distribución del ingreso y de la carga tributaria, las disparidades de la atención de la salud pública y de la educación pública, y la fragilidad de las organizaciones políticas y de la democracia. Antes de las dos crisis, sobre la base de datos de la Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014 y como porcentajes del total de 1,432,459 familias, con todos sus ingresos el 42% no podía adquirir todos los 23 alimentos de la canasta de consumo básico, el 62% no podía obtener todos los 53 productos de dicha canasta y el 77% no podía ser sujeto de crédito en el sistema financiero nacional. Hoy no sabemos cuáles son esos porcentajes actualizados, pero seguramente son mayores. Cuando nos recuperemos de estas dos crisis, no podemos “retornar a la normalidad”. Será necesaria una política económica con nuevos objetivos; habrá nuevos enfoques macroeconómicos y microeconómicos.

Economía pandémica

Mientras los científicos de la salud pública se esfuerzan en disminuir la tasa de infección y aplanar la curva de contagio de COVID-19, los encargados de formular políticas públicas deberían apoyar a los trabajadores que han perdido empleos u horas de trabajo y a las empresas que se encuentran al borde del cierre. Los economistas deberían formular políticas en caso de desastre, que brinden ayuda generosa para trabajadores y para empresarios que suspenden temporal o definitivamente sus operaciones, lo que implica una pérdida repentina e involuntaria de ingresos, no por culpa de ellos sino por COVID-19.

Algunos colegas sueñan que la recuperación del crecimiento económico de Nicaragua tendrá una forma de V, o sea, una rápida caída seguida de una rápida subida. Soy de la opinión que el rápido crecimiento del volumen de producción de bienes y servicios es una quimera. En 2020 cumpliremos tres años continuos de recesión económica y el tamaño de la economía nicaragüense será 13% más pequeña que la observada en 2017, mientras que el ingreso promedio anual per cápita sería igual a US$1,750, similar al registrado hace 8 años. Es muy probable que el crecimiento económico en el corto y mediano plazo, después de 2020, será anémico, o en el mejor de los casos se estancará.

La demanda interna de bienes y servicios finales post pandémica

El gasto de consumo de las familias y el gasto de inversión de las empresas mantendrán un comportamiento declinante o, a lo mejor, estable por la disminución de los ingresos y la incertidumbre aún imperante. La demanda de dinero de estos dos agentes económicos continuará siendo precautoria. COVID-19 ya cambió el comportamiento del consumo y de la producción, castigando a las actividades económicas que no toleran el distanciamiento de los trabajadores y, por lo tanto, exigirá transformaciones estructurales que no pueden ser administradas sólo por los mercados debido a la disminución de los ingresos. Se requerirá, por lo tanto, la dirección gubernamental para realizar las reformas estructurales para el estímulo económico.

Economía post pandémica

Una vez controlado el virus, ¿cómo reconstruir la economía? En el corto y largo plazo, esta es la pregunta que los economistas debemos investigar y responderla para que podamos surgir como una nación más justa, equitativa y cohesionada.

Desde el punto de vista macroeconómico, se necesitará construir un puente fiscal y un puente monetario. El profesor John Maynard Keynes razonó que un gobierno activista y el gasto deficitario podrían aliviar el sufrimiento y estimular el crecimiento, por lo cual es de esperar una política fiscal expansiva, o sea, mayor gasto y endeudamiento del sector público, contrario a la política fiscal contractiva de este momento que se caracteriza por mantener un presupuesto casi equilibrado, ejemplificado con un déficit fiscal cercano a 0% del PIB.

Por otro lado, también es de esperar una política monetaria expansiva, con la reducción de las tasas de encaje legal, la compra de títulos valores por parte de la banca central, y la disminución de la tasa de interés en la concesión de préstamos de la banca central a los bancos comerciales (reportos monetarios popularmente conocido como “repos”), pero que esto último incida en la disminución de la tasa de interés del sistema financiero nacional.  A diferencia de la crisis financiera de 2008-2009, esta vez los bancos no son el origen del problema, pero necesitamos asegurar que puedan ser parte de la solución.

Un problema adicional

Falta mencionar un problema actual: las sanciones financieras internacionales, mejor dicho, la no concesión de préstamos del Banco Mundial (BM/IDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI). El acceso a esos recursos externos depende de la solución del problema político interno, que se concentra en la reforma electoral y la transparencia y la supervisión de los comicios presidenciales del 7 de noviembre de 2021. El acceso a ese financiamiento externo concesional es necesario para que la política fiscal y la política monetaria sean expansivas y, simultáneamente, se garantice la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor.





¿Vivir para el PIB o el PIB para vivir?

28 06 2020

El estímulo económico de 4 mil millones de córdobas, equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB), anunciado la semana pasada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), que estará en vigor entre el 1 de julio de 2020 y y el 30 de junio de 2022, corre el riesgo de financiar el gasto de consumo en vez de financiar exclusivamente la actividad económica nacional, o podría ser destinado a la compra de Bonos del Tesoro para financiar el déficit fiscal. Se puede suponer que el BCN no supervisará el cumplimiento del destino exclusivo que tiene este estímulo económico porque su comunicado no lo contempla, pero el BCN debe saber que con la exclusividad del crédito bancario no saldremos del del hoyo económico en que hemos caído.

Tal como lo señalé en un breve análisis de esta medida monetaria en la semana pasada, más importante que el estímulo es el objetivo de la autoridad monetaria de mantener el crédito al sistema bancario comercial en “córdobas”, eliminando la cláusula “con mantenimiento de valor” en su afán de reducir el costo del dinero y, por supuesto, influenciar a las tasas de interés “del mercado” hacia la baja, al disminuir de 5.25% a 4.5% la tasa de interés de los reportos monetarios a plazo de 1 día, e incluso podría disminuirla más, cercana a 1% o 2%, porque está recesión es más profunda que las conocidas después de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. El Banco Mundial estima que el 93% de los países ha caído en recesión en 2020, un récord máximo en la historia económica mundial.

Además, el uso exclusivo de este estímulo monetario no se alcanzará porque al shock de oferta causado por Covid-19, con el cierre temporal o definitivo de empresas debido a la suspensión temporal o definitiva de los trabajadores de sus puestos de trabajo, le sigue un shock de demanda por la reducción del ingreso de los agentes económicos -consumidores, empresarios y gobierno-. Impactados por  la incertidumbre política desde abril de 2018 y por la pandemia mundial desde marzo de 2020, el consumo y la inversión se han desplomado.

Los economistas sabemos que, en un clima de incertidumbre, los hogares y las empresas tienden a ahorrar lo más que se pueda por temor a lo que se avecina; en otras palabras, la demanda de dinero se vuelve más precautoria. Entonces, producir más en estos momentos en que se acelera la curva de personas contagiadas y la curva del número de personas fallecidas por Covid-19, ¿para qué servirá financiar más producción, para aumentar inventarios de bienes finales después de que han sido reducidos desde 2018? La crisis política local y la crisis sanitaria mundial arrojarán a la pobreza a 386 mil nicaragüenses en el trienio 2018-2020.

Sería más efectivo que el BCN comprara Bonos del Tesoro para financiar el gasto de salud necesario para proteger la vida de los nicaragüenses, con una muy baja tasa de interés y, además, con un plazo apropiado con el apoyo legislativo para que se modifique el requisito de que los bonos deben ser redimidos antes de que concluya el año fiscal en que fueron comprados.

Después de que se frene la propagación del virus, bienvenido el estímulo monetario para apoyar la reactivación de la producción de bienes y servicios, que sea bien diseñado por los encargados de formular la política económica con el propósito de reducir las desigualdades y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Ese estímulo monetario podría tomar en cuenta, primero, la restricción que impone la persistencia de la crisis política, y segundo, la condición de que no tendremos una economía en pleno funcionamiento hasta que empleadores y empleados tengan la seguridad de que no existe un alto riesgo de contraer el virus en las empresas, sin olvidar que Covid-19 ha impactado principalmente a las familias más vulnerables, a las familias pobres, que constituyen aproximadamente el 29% de la población total del país en 2020. Los caminos para salir de las dos crisis extraeconómicas que tiene el país, con sus crisis económicas correspondientes, y aún sin la vacuna contra Covid-19, continúan siendo inciertos.

Además, la economía de Nicaragua, como la de los otros países centroamericanos, México y de algunas islas del Mar Caribe, está muy influenciada por el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que, según la Actualización del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el 24 de junio recién pasado, caerá 8% en 2020 y subirá 4.5% en 2021. Por otro lado, de acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, un poco más de 46 millones de personas -aproximadamente el 28% de la población económicamente activa- han solicitado los beneficios de desempleo.

Por consiguiente, en 2020 la economía estadounidense importará menos bienes intermedios y finales, se desplomará el monto de las remesas familiares y se reducirán en gran forma los flujos de inversión extranjera directa y de turismo provenientes de la primera economía del mundo, y todo esto podría ser peor si el país del norte enfrenta nuevas oleadas de Covid-19. A esto, debe agregarse una decreciente cooperación multilateral al sector público causada por las sanciones financieras de la administración estadounidense.

Creo que tendremos que regresar a un nuevo tipo de normalidad. Impulsar el crecimiento económico de Nicaragua dependerá en gran parte de las políticas fiscales y de las reformas estructurales que persiguen el aumento de la producción de las actividades económicas y la reducción de la tasa de desempleo y subempleo, tales como la ampliación de la infraestructura económica y social, la sostenibilidad de la seguridad social, la precariedad del mercado laboral, la inequidad de la distribución del ingreso, la reducción de los altos costos unitarios de producción, y el aumento de la productividad que abarca la educación técnica, el restablecimiento de la banca estatal de fomento a la producción y la transferencia de tecnología para microempresas y pequeñas empresas, entre otras.

No es el momento de discutir si la recuperación de la economía del país tendrá, para los optimistas, una “forma de V” o “una forma de U”, o para los escépticos si se recuperará en “una forma de W”, o para los pesimistas si se mantendrá en “una forma de L” o en “una forma de |” en el mediano plazo. En este momento, esa discusión es para los banqueros, centrales y comerciales, para establecer los supuestos de los escenarios del comportamiento de las variables macroeconómicas requeridos por las pruebas de estrés financiero y determinar la fortaleza de los bancos comerciales frente a la crisis.

Este es el momento para frenar la propagación de Covid-19; garantizar el consumo de subsistencia para las familias de los trabajadores, formales e informales, que han dejado de percibir ingresos; flexibilizar temporalmente la política de desconexión de los servicios públicos por no pago oportuno; regular los precios de bienes clave en caso de especulación o de acaparamiento; aumentar el gasto de salud pública en insumos y equipos médicos; modificar temporalmente la regulación prudencial de los bancos comerciales con el objetivo de adecuar las condiciones crediticias para enfrentar la pandemia mundial; otorgar períodos de 3 meses de gracia, prorrogables 3 meses adicionales, a todos los deudores  que lo soliciten y que califiquen, independientemente de la categoría de riesgo en la que esté clasificado el deudor; y evitar el deterioro de la cartera de préstamos mediante la autorización de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) a las entidades del Sistema Financiero Nacional de no disminuir las calificaciones y las provisiones de los deudores al nivel en que se encuentran al momento de la aprobación la resolución.    





La caída económica es más grande de lo que se ha dicho

21 06 2020

Una pregunta económica que me han formulado empresarios y consumidores en los últimos años es en cuánto tiempo alcanzaremos de nuevo el nivel de la producción de bienes y servicios que se registró en 2017, último año de crecimiento económico en la historia contemporánea del país. Trataré de explicarla ampliamente en este artículo.

Los científicos de la salud pública nos han enseñado que lo primero que se debe hacer antes de  reactivar la demanda agregada (o sea, el consumo, la inversión y las exportaciones) es contener la propagación del COVID-19. Para países como el nuestro, la política fiscal y la asistencia financiera internacional son requeridas para superar el shock de oferta o la recesión económica causada por el impacto del virus, que desaparecerá cuando las empresas que se mantuvieron funcionando reactiven su producción y cuando aquéllas que cerraron, y que no desaparecieron, inicien su reapertura, para lo cual requerirán estímulos económicos facilitados principalmente por la política monetaria y la política fiscal.

Sin embargo, muchos trabajadores estarán nerviosos cuando retornen a las empresas por el temor al contagio, y mayor será su preocupación si aún no se dispone de la vacuna contra el COVID-19. Con una lenta reinserción de la fuerza laboral en la economía no se podrá alcanzar el pleno empleo en el corto y mediano plazo, que, para un país como el nuestro, consiste en que, a lo sumo, el 5% de la población económicamente activa (PEA) se encuentre en desempleo y en búsqueda activa de empleo.

Sin embargo, por aspectos metodológicos internacionales, es irónico afirmar que la economía de Nicaragua estaba en pleno empleo en el cuarto trimestre de 2019. En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) informó que la tasa de desempleo abierto fue 4.9% en el trimestre antes mencionado. Siempre he insistido que el INIDE debería publicar la tasa de desempleo equivalente resultante del subempleo, que afectó, según la cifra oficial, al 49.5% del total de personas “ocupadas”, que debería ser el porcentaje de las personas “económicamente activas”.

Si tomamos en cuenta las estadísticas económicas anuales de Nicaragua publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el gasto de inversión bruta fija real, o en precios de 2006, se desplomó 20% en 2018, y si en 2019 hubiese crecido 20% parecería que hubiese recuperado su valor registrado en 2017, es decir, el nivel que existía antes de darse el desplome de 2018. Pero no es así; las matemáticas no funcionan así. 

La caída de 20% de 55,641 millones en 2017 a 44,463 millones en 2018 en millones córdobas de 2006 del gasto de inversión bruta fija seguida de un aumento de 20% lo hubiese llevado al nivel de 55,395 millones en 2019, que aún sería inferior al monto registrado en 2017, y si la caída hubiese sido mayor, por ejemplo 50%, con un aumento seguido del 50% resultaría un monto más alejado del registrado en 2017. A manera de información, las cuentas nacionales indican que el gasto de inversión bruta fija volvió a desplomarse 26% en 2019.

Ahora que el BCN abandonó el análisis de la dirección, a la baja o al alza, del índice mensual de actividad económica (IMAE) en términos promedio anual y ha desplegado con bastante ánimo la evaluación trimestral del sector real de la economía, los resultados son bastante extraños porque los economistas observamos los datos anualizados del PIB, o sea, cuál sería la variación relativa de la producción de bienes y servicios durante un trimestre si se mantuviera durante un año.

En los últimos años normales que hemos tenido en la economía del país, esa observación funciona bastante bien. De acuerdo con las estadísticas trimestrales oficiales, si el PIB de Nicaragua crece  0.25% en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre, el crecimiento del PIB anual sería aproximadamente igual a 5%, pero a partir de 2018, con los impactos del problema político, y desde 2020, con los impactos de la pandemia mundial, Nicaragua estaría produciendo menos bienes y servicios en el segundo trimestre en relación con lo producido en el primer trimestre de los últimos tres años.

Por ejemplo, en 2018 la caída de 9.4% del PIB real en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre se tradujo en una reducción anualizada de 3.8%, mientras que en el mismo trimestre de 2019 la caída de 3.4% se tradujo en una disminución anualizada de 3.3%.

Si entre los impactos del COVID-19 se observara que en 2020 la caída del PIB del segundo trimestre fuese, por ejemplo, 10% con respecto al primer trimestre, debido a los números de la anualización el BCN informaría que el PIB del segundo trimestre cayó 5%.

Cuando el PIB trimestral comience a crecer una vez contenida la propagación del virus, habrá que tener cuidado con la lectura de la tasa de crecimiento interanual, porque la producción aún estaría por debajo de donde comenzó la caída. Los datos trimestrales pierden significación cuando el patrón de caída que observamos desde 2018 sea sustituido con un patrón de crecimiento positivo continuo.

Una lectura más apropiada del PIB trimestral sería compararlo con los niveles del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2017: la caída acumulada hasta el primer trimestre de 2020 sería 13.5%. Sin haberse registrado el impacto de COVID-19 en el sector real de la economía nicaragüense al final del primer trimestre de 2020, nos encontramos en un hoyo cuatro veces de profundo que la caída de la producción provocada por la recesión económica mundial de 2008-2009.

Así evitaríamos la lectura anualizada del PIB de cada trimestre y tendríamos una idea más cercana a la realidad económica en que nos encontramos. No debemos impresionarnos por un cambio porcentual anualizado muy elevado que se dará cuando los trabajadores tengan la confianza de no contagiarse con el virus al regresar a sus puestos de trabajo o a su nuevo empleo. Y ese momento aún no ha llegado.





Los espejismos y las trampas en la economía

14 06 2020

Un economista no puede demostrar la variación, ya sea una subida o ya sea una caída, de la producción de bienes y servicios sólo con la mención del comportamiento (sube y baja) del valor agregado de cada una de las actividades económicas, o del comportamiento de los componentes de la demanda interna, diferenciando el sector público y el sector privado, como son los gastos de consumo e inversión, o el de la demanda externa, como es la exportación.

Un economista debe fundamentar el comportamiento del producto interno bruto (PIB) real con los datos de los volúmenes de producción de los principales rubros de bienes y servicios de cada una de las actividades económicas del país, y cómo se distribuye esa producción en la inversión pública y privada en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, en el consumo de los hogares y del gobierno, y en los volúmenes de los principales bienes de exportación. A esto se agrega la importación de productos, componente de la oferta global junto al PIB.

Desde febrero de 2019, los nicaragüenses desconocemos los datos mensuales de los volúmenes físicos de producción de bienes y servicios que se reflejan en el nivel del índice mensual de actividad económica (IMAE) y éste ya está publicado hasta marzo de 2020. Además, aún no se publica el informe anual y el anuario estadístico de 2019 del Banco Central de Nicaragua (BCN), que nos ilustraría con la radiografía de la situación macroeconómica del país, por lo cual se desconoce el estado de la balanza de pagos, mejor dicho, el déficit externo y los flujos de las remesas, la cooperación oficial al sector público y al sector privado, la inversión extranjera directa y el pago de la deuda externa. También se desconocen los valores de variables clave del mercado laboral, tales como la población económicamente activa, el empleo formal y los salarios por actividad económica, y la magnitud de la informalidad laboral. Cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) publicó sendos informes trimestrales y el informe anual de la ejecución del presupuesto gubernamental de 2019. 

Con la indisponibilidad de la información arriba señalada, un economista no puede aseverar ante la nación de que el país ya salió de la recesión económica en el primer trimestre de 2020, a la que entró al concluir el tercer trimestre de 2018. Faltan los soportes estadísticos.

También existen otras particularidades de la economía nicaragüense que invitan a señalar de que aún está presente la recesión económica. A continuación, resalto las más importantes.

La economía informal de Nicaragua es muy grande. Aproximadamente el 18% de la población económicamente activa contribuirá a la seguridad social en 2020, por lo cual la informalidad laboral abarca a casi al 80% de la fuerza laboral del país. Cabe recordar que la política crediticia no funciona en el mercado informal. 

Desde hace muchos años, el subempleo ha sido el principal problema estructural del mercado laboral, pero las estadísticas laborales lo incluyen en la categoría de las personas ocupadas, aunque el subempleado trabaje 1 hora diaria. Y por este problema estructural, la productividad de los factores de producción tiende a caer y a estancarse, al observarse que durante el período 2006-2019 la productividad disminuye con un ritmo promedio anual de 1.06%.

Se podría depositar la confianza en el sector informal para que la economía del país se recupere, siempre que se eleve el nivel de escolaridad promedio de la población -estimada en 6.1 años de estudio-, y se implementen programas de educación técnica, transferencia de tecnología, apoyo de una banca estatal de fomento de la producción (que no existe), y reducción de la dependencia de las exportaciones de materias primas -en 2006, las exportaciones agropecuarias, pesqueras, mineras y las manufactureras de carne bovina y azúcar participaron con el 72.4% del valor total de las exportaciones de bienes FOB; en 2018, participaron con el 76.7%-. Estos problemas estructurales pueden resolverse en el largo plazo, no en el corto plazo, para poder concretar efectivamente la confianza del crecimiento económico en el actual sector informal.

Nicaragua, con una baja tasa de ahorro muy cercana al 24% del PIB en 2018, depende de los flujos de recursos externos -remesas, inversión extranjera directa y cooperación oficial (donaciones y préstamos) al sector público y al sector privado, excluyendo las exportaciones-, pero actualmente se observan serias limitaciones por las sanciones financieras internacionales, las salidas de capital debido al creciente riesgo político, y la recesión económica mundial causada por COVID-19. El flujo bruto de dichos recursos externos ha disminuido de 28% del PIB en 2017 a un aproximado (no oficial) de 23% del PIB en 2019 y cae a un estimado (no oficial) de 12% del PIB en 2020, y es equivalente a un tercio del monto de recursos obtenido en 2017. Hasta aquí las observaciones cualitativas.

Entonces, ¿cómo un economista podría afirmar que, en esas condiciones, Nicaragua ya salió de la recesión económica que arrastramos desde septiembre de 2018? Es muy difícil, prefiero decir imposible, afirmarlo en las condiciones antes descritas.

Ahora, una rápida mirada a la información oficial de las tasas de crecimiento interanual de la producción por actividad económica correspondientes al primer trimestre del año en curso. La pesca y acuicultura tiene el mayor crecimiento de 34.1%, pero apenas contribuye con el 0.9% en la formación del PIB, mientras que la agricultura muestra un escaso crecimiento de apenas 1.6% y aporta el 7.6% del PIB. La generación de electricidad cae 13.3%, lo cual es contradictorio con el aumento de 1.8% del PIB, pero se desconoce el dato de consumo de energía eléctrica; transporte y comunicaciones cae 4.5% y, en forma inesperada, el comercio sube 7.2%; y mientras el saldo bruto del crédito del sistema bancario caía interanualmente 4.9% en el primer trimestre de 2020, la producción de servicios financieros se desplomaba 20.2%.

Otra rápida mirada a las tasas de crecimientos de los componentes de la demanda interna en el mismo trimestre. Sorprende y es bastante discutible la caída de inventarios de 3,907.4 millones de córdobas constantes en el primer trimestre de 2020 al compararse con una caída anual de 2,399.4 millones de córdobas constantes en 2019. ¿Por qué no se publicó este dato en el enfoque del gasto del PIB, si se puede obtener al restar el valor de la formación bruta de capital fijo del valor de la formación bruta de capital? ¿Cayeron bruscamente los niveles de inventarios de bienes de consumo intermedio, de capital y de consumo final en manos de las empresas en el primer trimestre del año en curso, con el fin de propiciar un levísimo aumento de 0.5% del gasto de consumo individual de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, a sabiendas del creciente desempleo y subempleo, la ampliación de la informalidad en el mercado laboral y el congelamiento salarial, excepto el salario mínimo legal?

Un economista que ocupe un alto cargo en la administración pública debe contribuir con sus análisis para que el gobernante tome las mejores decisiones en política económica.





¿Sobrevivirá el cuento monetario al COVID-19?

7 06 2020

El riesgo del cuento monetario, experimentado en el país desde la década de los noventa del siglo pasado, hoy está latente en la economía nicaragüense por tercer año consecutivo, tras tres años de caídas muy severas de la demanda interna, primero causada por un riesgo político y segundo, provocada por un riesgo de la naturaleza, como es COVID-19. El gasto de consumo está deprimido por el desempleo, el subempleo y el congelamiento de los salarios, excepto el salario mínimo legal, mientras que el gasto de inversión privada ha tocado fondo empujada por la incertidumbre política. Los consumidores y los inversionistas reducen el gasto en tiempos de crisis, es decir, ahorran, al prever la persistencia de los macroproblemas.

Y el cuento monetario se limita a “esterilizar” de dinero al mercado para lograr el aumento deseado de las reservas internacionales en las arcas de la banca central, con el fin de mantener estables al tipo de cambio y al índice de precios al consumidor. Exceptuando dos momentos locales de expansión monetaria observados en marzo o abril y en noviembre y diciembre, la autoridad monetaria ahora reduce la disponibilidad de dinero con el aumento de los depósitos del sector público no financiero en la banca central, los pagos de su crédito de corto plazo a la banca comercial, el encaje en córdobas o la proporción de los depósitos en córdobas que la banca comercial deposita en la banca central (la proporción efectiva siempre ha sido mayor que la legal) y la colocación de Letras sólo con plazo de 1 día, porque las operaciones de mercado abierto con mayores plazos hasta 1 año no funciona desde marzo de 2019.   

Menos córdobas circulando y más dólares guardados facilitan al banquero central opinar sobre la salud de la economía, pero su discurso no influye en la economía real porque la tasa de crecimiento económico es exógena en el cuento monetario, al garantizar exclusivamente la estabilidad de una baja tasa de devaluación y de una baja tasa de inflación, una tarea aritmética muy sencilla que se reduce a un saldo de reservas internacionales brutas igual, al menos, a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, constituida principalmente por el saldo de emisión de dinero. La ley orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN) no exige formular políticas monetarias y financieras tendientes a lograr el pleno empleo, que sería una grave restricción para impulsar la demanda interna una vez que sea controlada la expansión de COVID-19.

El ritmo de crecimiento de la producción de bienes y servicios depende de otras variables económicas que pueden estar fuera del modelo econométrico de la autoridad monetaria o, si estando presentes, no guardan una relación adecuada con el mercado. Por ejemplo, las tasas de interés pagadas a los depositantes o cobradas a los prestatarios por el sistema financiero nacional muestran una correlación casi igual a cero con la tasa de interés monetaria o interbancaria fijada por el banquero central en la emisión de Letras con plazo de 1 día o los reportos monetarios o crédito de corto plazo, ahora en córdobas sin mantenimiento de valor, que el BCN coloca en los bancos comerciales.

Las sanciones financieras internacionales, la drástica caída de la inversión extranjera directa y, más recientemente, la disminución de las remesas familiares, tienden a contraer el saldo de las reservas internacionales administradas por el BCN y también exponen a la estabilidad macroeconómica a un mayor riesgo. Por consiguiente, es probable que observemos una mayor reducción de la oferta de dinero o medio circulante en este año, lo cual provocará una mayor aceleración de la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) real.

Frente a COVID-19, las herramientas macroeconómicas parecen ser impotentes. La pandemia ha provocado una recesión mundial, muy distinta a las recesiones causadas por crisis financieras. La política monetaria parece ineficaz ante la realidad actual, porque la amenaza fundamental para la economía del país en este momento es la propagación del virus, un shock del mundo real, no de extravagancias financieras, mientras que la política fiscal se ha tardado en entregar dinero público, que equivale a la ampliación del déficit fiscal para fortalecer la atención de la salud pública. El mundo, mejor dicho, los países de economía avanzada y emergentes, nos ha enseñado que para frenar la propagación del virus será necesario un mayor dolor económico con las cuarentenas que mantienen a los trabajadores en casa, la limitación de viajes y la interrupción del comercio.

Estamos menos preparados para enfrentar este shock de oferta provocado por la biología. Si COVID-19 continúa siendo una amenaza, una menor tasa de interés activa para los productores y los consumidores no retornará a los trabajadores a las empresas ni a los consumidores a los centros comerciales y de entretenimiento, ni a los restaurantes. Una menor tasa de interés será necesaria para enfrentar el posterior shock de demanda, o sea, para reactivar la demanda interna, una vez frenado y controlado COVID-19.

Pero durante la presencia del severo y temporal shock de oferta en que nos encontramos, será necesario un mayor gasto público para defender la vida de los nicaragüenses, lo cual no implica el riesgo de acelerar la tasa de inflación, porque la pandemia mundial ha tirado los precios internacionales de las materias primas hacia abajo. A finales de este año, es bastante probable que nos referiremos a una tasa de deflación en vez de una tasa de inflación. Un ejemplo es el precio del barril de petróleo WTI, de referencia para Latinoamérica, que se cotizó en US$39.55 al cierre del viernes 5 de junio del año en curso, el cual refleja una caída acumulada de 36% en el transcurso del año.

En la fase del shock de demanda, la política fiscal, como la política monetaria, deberá ser expansiva para iniciar el proceso de recuperación económica del país por la vía de la inversión, un proceso que será largo porque el PIB Per Cápita promedio anual de 2020 estaría retrocediendo a un nivel cercano al de 2012, pero también requeriría la solución de los problemas políticos que afectan el desempeño económico del país desde 2018.

Los economistas debemos comprender a fondo los principales problemas económicos de la actualidad. Hay que eliminar los misterios que rodean a  las políticas monetarias. Insisto en que las tasas de interés influyan sobre la tasa de inflación, y no a la inversa como se observa en el mercado monetario interno. Los cambios en las tasas de interés deberían tener mucho que ver con la inflación y, por qué no, también con la deflación, para que el comportamiento de los consumidores y los productores sea estable.

Lo que diga el BCN debería ser un factor que influya en la economía, porque es el emisor del monopolio del córdoba. El BCN no debería ser un factor exógeno, como se observa hoy, porque reduce su papel a la descripción pasiva de lo que está ocurriendo en la economía y, más grave aún, por estar fuera de tiempo. Aún no se conoce el informe de la autoridad monetaria correspondiente a 2019 ni una gran cantidad de indicadores económicos que obligatoriamente debe publicar el BCN.

¿Qué pensarán las autoridades y supervisores económicos gubernamentales al respecto? El debate económico serio, constructivo, no movido por apasionamientos políticos, podrá contribuir a la formulación de la política macroeconómica que, con el COVID-19, se ha salido bastante del enfoque de la escuela neoclásica, pero poco del enfoque de la escuela keynesiana.