La economía después de la pandemia del COVID-19

2 05 2021

La pandemia mundial de COVID-19 ha renovado sus fuerzas y ahora su segunda ola está devastando a India, uno de los países más poblados del planeta. Los países con más casos de Covid-19 en cada continente son Estados Unidos en América, India en Asia, Rusia en Europa, Sudáfrica en África y Australia en Oceanía. Cabe agregar que los cinco países latinoamericanos con más contagios son Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú.

La lógica nos ayuda a inferir que el COVID-19 dejará de ser pandémico cuando no tenga un gran alcance, cuando se reduzcan los contagios, cuando deje de circular en el mundo. La vacunación puede contribuir a poner fin a esta pandemia, lo que los científicos de la salud han llamado la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, cuando una gran parte de la población se vuelve inmune al coronavirus.

En estos momentos, con más personas infectadas con el COVID-19, podemos afirmar que la pandemia no está suficientemente controlada y, por consiguiente, no desaparecerá en el corto plazo. ¿En cuánto tiempo el COVID-19 dejará de ser pandémico y se hará endémico, es decir, que sea exclusivo de determinadas regiones del mundo?

La meta de frenar completamente la transmisión del coronavirus parece muy lejana, los virólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartan la inmunidad de rebaño en 2021 y no se sabe si el virus será endémico dentro de un año, o entre un año y un quinquenio o una década.

Las pandemias anteriores al COVID-19, tales como la peste negra o peste bubónica de 1348, la gripe española de 2019-2020, el SARS y el Zika desde 2001, el ébola de 2013-2016, tuvieron consejos de salud pública para frenar la propagación del virus que eran similares a las que se practican desde 2020: usar  tapabocas, lavarse frecuente de manos, cumplir la cuarentena, aislar a los pacientes, y cerrar escuelas, espacios públicos y negocios no esenciales evitar la propagación del virus. Las ciudades y los países que han tomado las medidas más estrictas han sido las que luego han tenido una recuperación económica más rápida

Entonces, ¿qué le ha ocurrido a la economía durante la fase aguda de la pandemia, que le podrá ocurrir cuando el virus haya sido controlado, y cuál será la presión de la inquietud social cuando se acentúen las desigualdades preexistentes a medida que la pandemia se desvanezca? ¿Qué nos enseñan las pandemias pasadas, principalmente la gripe española de 1918-1919?

En este momento, se puede concluir que el mundo no ha logrado salir la fase pandémica del COVID-19. Tomando en cuenta las cifras oficiales del gobierno de Nicaragua, lo que hemos observado en la economía de Nicaragua es una caída de la producción de bienes y servicios, una reducción del gasto de consumo, un menor gasto de inversión, una contracción del ahorro real o de la porción del producto interno bruto (PIB) que no se consume, y un aumento del ahorro en las entidades financieras. La inflación se desaceleró, incluso las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor indicaron la presencia de la deflación o caída de precios durante cuatro meses del año pasado, pero aumentaron el desempleo abierto y el desempleo equivalente relacionado con el subempleo, cuya magnitud es aproximada a lo que las cifras oficiales señalan como tasa de inactividad, que es el porcentaje de la población en edad de trabajar que no encuentra trabajo.

Cuando la curva de contagio del COVID-19 se aplane, el gasto de consumo de las familias y el gasto de inversión de los empresarios subirán y esto impulsará el aumento del empleo. Sin embargo, debido a que los consumidores continuarán mostrando una gran cautela, hay poca evidencia histórica de un aumento repentino de la tasa inflación inducido por una pandemia. De todas maneras, hasta el momento cuando el COVID-19 se encuentre domado en el mundo, la economía comenzaría a recuperarse.

Siempre sobre la base de la historia económica mundial, cuando el COVID-19 deje de ser pandémico y se vuelva endémico, las lecciones económicas se concentrarán en el lado de la oferta. La pandemia modificó las formas de hacer las cosas, alteró cómo y dónde se producen los bienes y servicios.

La gente estará dispuesta a probar nuevas formas de generación de ingresos y aumentará el número de nuevas empresas. Los empresarios, con el deseo de limitar la propagación de los virus, invertirán más en tecnología y automatizarán la producción, que será menos intensiva en mano de obra. Los salarios reales, o sea, el poder de compra de los salarios, tenderán a subir, porque la pandemia sacrifica y deteriora el nivel de vida de los trabajadores  y los sobrevivientes tendrán una fuerte posición de negociación salarial.

Finalmente, una pandemia puede hacer que las personas se vuelvan más reacias a la desigualdad preexistente, al trato desigual o discriminación de una persona hacia otra debido a su posición social, económica, religiosa, a su género, raza, color de piel, personalidad, cultura, entre otros.

El COVID-19 aumentó los riesgos a la seguridad y la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2020 el coronavirus contrajo el producto interno bruto mundial en 3.3% y condujo a la economía mundial a una recesión, y en las economías avanzadas la tasa de inflación anual fue 0.7% y la tasa de desempleo, como un porcentaje de la población económicamente activa, pasó de 4.8% en 2019 a 6.6% en 2020

Los legisladores en los países de economía avanzada están relativamente menos interesados en reducir la deuda pública o evitar la inflación, sino que tratan de reducir el desempleo. En Nicaragua sucede todo lo contrario: se trata de mantener un presupuesto nacional equilibrado, una política monetaria bastante contractiva y una tasa de inflación baja y estable, pero la tasa de desempleo y la tasa de subempleo aumentan.

La pandemia de la gripe española inclinó la balanza de género en muchos países. La reducción de la fuerza laboral masculina en Estados Unidos abrió las puertas del mercado laboral a las mujeres y el Congreso de Estados Unidos ratificó la decimonovena enmienda de su Constitución, que otorga el derecho al voto a las mujeres.

Así como las pandemias causan daños y acentúan las desigualdades en las distribuciones del ingreso, del salario, de la riqueza y de la carga tributaria, del género, del medio ambiente o del cambio climático, y en las inequidades en el acceso y calidad de los servicios resultantes de las políticas de austeridad impuestas como resultado de las crisis financieras y económicas, también hicieron avanzar la salud pública, que fue impulsada como desarrollo de la medicina social, y facilitaron la formación de los estados de bienestar debido a la gran cantidad de viudas, huérfanos y discapacitados. Parece que las pandemias ayudan a las naciones a mejorar un modelo más justo y equitativo.

Las pandemias anteriores a la del COVID-19 también nos enseñan que a medida que la pandemia se desvanece el malestar social tiende a alcanzar un máximo hasta dos años después de que termina la pandemia y, en algunos casos, las presiones de la población que busca una reducción de esas desigualdades e inequidades se han convertido en desorden político. En otras palabras, se corre también el riesgo de que la recuperación de la economía puede durar poco tiempo.





4 mil 654 días de impunidad

1 05 2021

12.75 años = 153 meses = 4,654 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

El próximo 2 de mayo de 2021, Eduardo Montealegre cumplirá 4,654 días de ser impune por su presunto delito criminal de injuriarme y calumniarme públicamente y en forma escrita en el diario La Prensa al atribuirme sus presuntos actos delictivos, también criminales, que él hizo como ministro de Hacienda y Crédito Público, al reestructurar entre julio y octubre de 2003 la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias ocurridas en 2000 y 2001 y al subastar entre mayo y agosto de 2003 los activos de los bancos liquidados.

Hasta esta fecha, la irresponsabilidad de Eduardo Montealegre continúa a la vista porque nunca ha demostrado ni probado en un tribunal de justicia sus acusaciones a mi persona; al contrario, evadió el llamado de la justicia, se puso sobre la ley, mejor dicho se puso al margen de la ley, y se ha transformado en el impune más famoso de la historia criminal de Nicaragua.

El puesto de primer lugar de la impunidad se lo ha ganado el ex banquero y ex político Eduardo Montealegre gracias a la protección de dos ex primeros secretarios de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Wilfredo Navarro y Alba Palacios;  de los jueces del Sexto y del Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García; del presidente e inspector delegado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas; y del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Marvin Aguilar y Virgilio Gurdián.

Además de ser un presunto delincuente criminal, Eduardo Montealegre también es un violador de los derechos humanos. Por este motivo, lo denuncié en la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Unión Interparlamentaria y la Internacional Liberal.

Siempre confío en que la justicia prevalecerá sobre la impunidad. Eduardo Montealegre ha vivido 4,654 días de impunidad y está consciente de que es un protegido político, aunque cuando lo acusé en los juzgados locales penales se auto declaró un “perseguido” político. Volvió a equivocarse en público. Él es un “protegido” político.





Debemos buscar la normalización de la economía

25 04 2021

Durante el último trienio de caída de la economía de Nicaragua, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) han sido las más afectadas, y es bastante probable que sus cifras de producción no están contando la historia completa de la actual recesión económica nicaragüense, que no fue causada por problemas económicos sino por los problemas políticos de abril de 2018, una pandemia mundial de marzo de 2020 y dos huracanes que golpearon el norte de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en noviembre de 2020.

Aunque desconozco si en Nicaragua han variado los parámetros de clasificación de las empresas por su tamaño, podemos considerar que una microempresa tiene entre 1 y 5 trabajadores, un capital de hasta C$2 millones y un monto anual de ventas hasta C$1 millón; por su parte, una pequeña empresa contrata entre 6 y 30 trabajadores, posee un capital hasta C$1.5 millones y genera ventas anuales hasta C$9 millones; por otro lado, una mediana empresa tiene una planilla de empleo entre 31 y 100 personas, con un capital hasta C$6 millones y un valor anual de ventas de C$40 millones. Si los tres parámetros de clasificación del tamaño empresarial superan a los de las medianas empresas, se entiende que el tamaño de la empresa es grande.  

De acuerdo con algunos análisis económicos que hemos realizado en el pasado, el 40% del producto interno bruto (PIB) es generado por las microempresas y las pequeñas empresas, cuyo número representa aproximadamente el 80% del total de empresas radicadas en el país. Cabe señalar que el 60% del PIB está en manos de las medianas y grandes empresas, y éstas participan con el 20% en el total de empresas.

Sin embargo, el problema estructural del mercado laboral, como es el del subempleo, es mucho más visible en las microempresas, producto de una incipiente tecnología y una insuficiente educación técnica, es decir, de una baja productividad, y más del 60% de los ocupados labora en unidades de producción que no tienen registros contables, no pagan el impuesto sobre la renta ni cotizan la seguridad social. El COVID-19 cerró muchas empresas, especialmente en las actividades de servicios, y creo que a la fecha no se dispone de un estudio que evalúe el impacto de los tres problemas extraeconómicos sobre las MIPYMEs.  

Las estadísticas de la producción de bienes y servicios y las de los precios al productor y al consumidor están deformadas por los “efectos de base”, o sea, porque las cifras económicas de ahora se están comparando con las profundidades a las que nos han llevado las tres causas exógenas a la economía citadas a la entrada de este artículo.

La subida de la producción y de la inflación serán pronunciadas o se acelerarán en 2021 debido a que se están comparando con los meses y los trimestres de 2020, cuando la economía ya estaba deprimida y golpeada por el COVID-19, y también debido a que la demanda agregada comienza a aumentar en este año, al iniciarse la ejecución de los programas y proyectos que incrementarán el gasto de consumo y el gasto de capital del sector público, y que están siendo financiados por la reciente cooperación de las instituciones financieras internacionales, en concepto de asistencia humanitaria, para que el gobierno pueda enfrentar los daños causados por el COVID-19 y los huracanes Eta e Iota.

Las cifras del crecimiento económico y de la tasa de inflación disminuirán en el transcurso de 2022, pero esa tendencia no amenazrá a la economía porque no serán señales de una nueva recesión, sino de la normalización de los niveles de producción y de precios, que en nuestro caso corresponden a los del año de 2017, y hasta después de que se restablezca esa normalidad se podría emprender una vigorosa estrategia económica que acelere tanto el crecimiento del índice mensual de actividad económica como la reducción del índice de pobreza. Todo esto presupone la solución del problema político, el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19 y la protección de la población afectada por el cambio climático.

Los políticos deberían preocuparse de restablecer no los volúmenes de producción máximos históricos, que como dijimos corresponden a los del año de 2017, sino de los niveles de producción o de ingreso por habitante para restablecer efectiva y rápidamente el nivel de bienestar de la población nicaragüense. Si tomamos en cuenta las cifras del PIB y de la población del país recién publicadas por el Banco Central de Nicaragua hasta el año de 2020, el PIB per cápita promedio anual cayó de US$2,156 en 2017 a US$1,914 en 2020, y este último valor es muy parecido al registrado en 2014, que fue igual a US$1,917.

En conclusión, hemos retrocedido 6 años en bienestar económico. Todo esto se vuelve más complicado con las reformas estructurales que se necesitan no sólo para reducir la inequidad en la distribución tanto del ingreso como de la carga tributaria, sino tambien para elevar la productividad laboral o de la economía que es necesaria principalmente en las microempresas y pequeñas empresas del país.

En Nicaragua no ha habido una expansión monetaria excesiva, por lo que el riesgo de una alta inflación no está a la vista, como sí lo está el riesgo del desempleo. Continuando con los datos del BCN, la base monetaria, compuesta principalmente por la emisión de dinero, se ha reducido C$2,651 millones en el primer trimestre, después de haberse expandido C$9,137 millones en el último bimestre de cada año por la estacionalidad de la demanda de dinero.

El profesor Milton Friedman, el gran economista monetarista, dijo que “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, pero el BCN continúa manteniendo una política monetaria contractiva que garantiza la estabilidad del tipo de cambio y de una baja tasa de inflación. Al 31 de marzo, el medio circulante o dinero ha disminuido levemente, 0.71%, con respecto a su saldo observado a finales del año pasado, pero a finales de marzo de este año ya estaba influenciado por otra alza estacional de la demanda de dinero que se observa por las vacaciones de Semana Santa. Es fácil pronosticar que la contracción monetaria continuará hasta octubre próximo.

En conclusión, reitero que la recesión de la economía nicaragüense, inducida principalmente por el problema político nacional de 2018 y por el problema sanitario mundial de 2020, está incidiendo en que muchas cifras actuales parezcan ser muy elevadas o bastante anormales, y aparentemente no brindan suficiente información sobre el entorno de la producción y la inflación en 2022. Pero no olviden los “efectos de base”, por lo cual sería mejor tomar en cuenta la tasa de inflación mensual o la tasa de inflación acumulada en el año (de diciembre de 2020 al mes en curso en 2021), antes de preocuparnos con la tasa de inflación interanual (del índice de precios al consumidor del mes en curso con respecto al índice de precios del mismo mes del año pasado).  





No temamos a la inflación de este año

18 04 2021

En marzo y abril de 2020, y luego en agosto y septiembre de ese año, se registraron tasas de deflación mensuales o de caída mensual del índice de precios al consumidor (IPC), en vez de una tasa de inflación o de aumentos de los precios al consumidor.

Desde el inicio de este año, se ha comenzado a observar una aceleración de la tasa de inflación: en términos interanuales, o sea, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, la tasa de inflación en ese período fue 4.11%, muy parecida a la de marzo de 2020 que fue igual a 4.42%, mes en que se anunció oficialmente la presencia de COVID-19 en Nicaragua.

Sin embargo, los problemas del desempleo y del subempleo se agravaron: desde que surgió el coronavirus en el país hasta diciembre de 2020, en el sector formal de la economía se destruyeron 19,404 puestos de trabajo, pero desde que surgió el conflicto político en abril de 2018, junto con los efectos de la reforma tributaria de febrero de 2019, se destruyeron 199,731 puestos de trabajo.

La aceleración de los precios al consumidor ha comenzado a incomodar a los consumidores, los empresarios e inversionistas, porque temen que se desencadene una mayor presión inflacionaria, teniendo en cuenta el mayor gasto público que se realizará en 2021, producto del financiamiento multilateral de casi US$400 millones desembolsados en diciembre y enero recién pasados en concepto de asistencia humanitaria para enfrentar los impactos del coronavirus y de los huracanes Eta e Iota.  

En el primer trimestre de 2021, el índice de los precios internacionales de 68 materias primas, elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha subido 12.3% debido al aumento de la demanda por las expectativas de la recuperación de la economía mundial, impulsadas principalmente por China y Estados Unidos, y por la perspectiva de un dólar más barato debido a su devaluación con respecto a las otras monedas duras.

Los precios internacionales de las materias primas ya están por encima del nivel que tenían en  2018, por lo cual se acelerarán las tasas de inflación de los países que importan dichos productos. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo WTI ha subido 30% en el transcurso de este año, al pasar de US$48.52 el 1 de enero a US$63.13 el 16 de abril, y recordemos que en  abril de 2020 el precio de futuro del petróleo crudo se volvió negativo. También se han incrementado los precios de los metales básicos, tales como acero, cobre, níquel, cobalto y aluminio; el precio de la energía eléctrica, estimado con los precios de petróleo, carbón, gas natural y propano; los precios de los metales preciosos, entre ellos el oro, considerado como un valor refugio, que tocó un máximo de US$2,000 por onza troy en agosto de 2020; y los precios de las materias primas de los alimentos, tales como trigo, soja y maíz.

Con el IPC se puede estimar otro índice menos volátil, que excluye los precios de los combustibles y los alimentos, ya que éstos fluctúan mucho más que el nivel general de precios. Ese índice es el IPC Subyacente, que mostró una tasa de inflación interanual de 3.39% a marzo de 2021, menor que la registrada de 4.64% interanual en marzo de 2020. La estabilidad de la inflación subyacente puede mostrarnos que la situación inflacionaria está bajo control cuando experimentemos altibajos inflacionarios, pero tendríamos una mayor seguridad de ese control si conociésemos el comportamiento de un índice de precios al consumidor de precios rígidos que intente clasificar los bienes y servicios según la frecuencia con la que cambian sus precios. Pero ese índice no lo tenemos y podría ser estimado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

Entonces, ¿podría esperarse que el aumento de los gastos de los consumidores por el mayor gasto público y la expectativa de que la economía de Nicaragua saldrá de la depresión económica en 2021 provoquen una escalada de precios y de salarios? Mi respuesta en no. Creo que la inflación aumentará modestamente, pero debemos ser cuidadosos de las presionas inflacionarias inesperadas cuando entre la próxima expansión económica, que surgirá con la solución del problema político, la evaluación del impacto de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria y la culminación del proceso de vacunación contra el COVID-19.

Entre 2010 y 2017, la economía nicaragüense creció a un ritmo promedio anual de 5.2%, una tasa aún insuficiente para reducir el desempleo, el subempleo y la pobreza. En ese mismo período, la tasa de inflación promedio anual fue 5.5%, que podría servir como una tasa de inflación interanual en cualquier mes del año y como referencia para identificar el momento en que se inicie un “sobrecalentamiento” de la economía.

La inflación subyacente permanece baja y estable, excepto en marzo y abril de 2019 por efecto de la reforma tributaria, pero si se acelerara en forma sorpresiva y sostenida, el Banco Central de Nicaragua (BCN) tendría que intervenir para contenerla. ¿Cómo intervendría? Como lo ha hecho hasta hoy, colocando más Letras con plazo de 1 día y elevando la tasa de encaje legal que actualmente es de 10% diaria y 15% catorcenal, pero la tasa de encaje efectiva está cercana al 17%. El BCN no podría usar la tasa de interés monetaria o interbancaria para desacelerar la tasa de inflación, porque esta variable no guarda una correlación importante con las tasas de interés del mercado ni corrige el problema de un excesivo saldo de dinero o de medio circulante. Con depresión económica, las tasas de interés promedio ponderadas del mercado financiero han permanecido en niveles de dos dígitos.

Con el restablecimiento o con la creación de puestos de trabajo en el sector formal de la economía, la economía se reabrirá, el medio circulante aumentará, la demanda de ciertos bienes y servicios  será mayor que la oferta -principalmente bienes de consumo duradero, como productos de “línea blanca” y vehículos, y servicios de transporte, de habitaciones de hoteles y restaurantes-, lo cual hará subir los precios de estos productos que ya se habían desplomado con la pandemia mundial y con el problema político local, pero esto es un proceso que puede durar varios años en el país.

Debemos, pues, separar las fuerzas potenciales de los datos de inflación de ahora, porque son resultados de la baja inflación del pasado reciente. Gran parte del salto inflacionario de hoy se puede explicar con los “efectos base” de 2020 -no olvidemos que en 2020 la tasa de inflación anual fue 2.9% y la tasa de inflación promedio mensual fue 0.35%-, porque nos conducen a resultados que no son veraces cuando hace 12 meses ocurrió un fenómeno extraeconómico, la pandemia mundial del COVID-19. Tampoco debemos obviar que el COVID-19 ha deprimido actividades económicas mientras impulsaba a otras.

Por todo lo expuesto, aconsejo a los consumidores y a los empresarios, y también a los economistas gubernamentales, estar atentos al comportamiento del IPC Subyacente, que nos ayudará a identificar el momento en que se inicie el “sobrecalentamiento” de la economía nicaragüense y dé lugar a una inflación galopante. La guía es la inflación de los precios que no cambian con mucha frecuencia en la canasta de 489 productos del Índice de Precios al Consumidor.





El COVID-19 logró cambiar al FMI

11 04 2021

El COVID ha cambiado a todo el mundo, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha podido escaparse. Sorprende el actual cambio del pensamiento o de la ortodoxia económica fondomonetarista,  al abandonar el Consenso de Washington establecido en la década de los ochenta del siglo pasado y abrazarse ahora con el pensamiento keynesiano.

Los nicaragüenses sentimos y resentimos los ajustes del FMI que aplicaron sus recetas desde la década de los noventa del siglo pasado. A manera de una metáfora relacionada con la guerra, con el primer ESAF (Enhanced Structural Adjustment Facility), o sea, el programa de ajuste económico y de reformas estructurales del Fondo, vinieron los tanques de guerra que arrasaron con todo; luego, detrás del segundo ESAF llegaron la infantería y las ambulancias, a levantar heridos y muertos. Hasta después, el policía fondomonetarista se preocupó por el establecimiento de las redes de protección social, con el establecimiento del PRGF (Poverty Reduction and Growth Facility).   

Al final de la década de los ochenta del siglo pasado, la economía nacional se encontraba en bancarrota.  De acuerdo con datos oficiales, el monto de los daños provocados por la guerra de agresión sumaba aproximadamente 17 mil millones de dólares.

En 1988, la hiperinflación de 33,000% fue la cuarta del mundo en el siglo XX. En 1990, el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses era US$370, pero la deuda externa per cápita era de US$2,700; el saldo de las reservas internacionales brutas reflejaba el anémico nivel de US$81 millones y el valor total de las exportaciones ascendía a US$270 millones en 1991; el déficit fiscal equivalía al 20.3% del producto interno bruto (PIB) y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos ascendía a 32.2% del PIB; el sistema financiero estatal, también en bancarrota, acumulaba pérdidas que igualaban el 48% del PIB y se reflejaban en el Banco Central de Nicaragua. Siempre en 1990, el total de empleados públicos sumaba 286,654, y de ellos 109,213 pertenecían a los ministerios de Defensa y Gobernación, y 78,000 al área de producción denominada Área Propiedad del Pueblo.

En febrero de 1991, tras una macrodevaluación del 400%, que dejó anclado el tipo de cambio a 5 córdobas por 1 dólar, se eliminaron los controles cambiarios, se liberaron las tasas de interés, se congelaron los salarios, se cerró y se privatizó la banca estatal, se liberalizó el sistema financiero que dio paso a la banca privada, y se inició un ajuste de la política de crédito de última instancia del Banco Central con el gobierno y el sistema financiero, comprometida con el objetivo primordial de la estabilización: Sin embargo, la reforma de mayor alcance fue en el ámbito fiscal, al eliminarse 185,492 puestos de trabajo en el sector público mediante un programa de licenciamiento para el ejército, dos programas de retiros para el área civil (plan de conversión ocupacional y plan de movilidad laboral) y un proceso de privatización de las empresas públicas. Además, se racionó la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la burocracia gubernamental y se eliminaron las transferencias y los subsidios “innecesarios”. También se privatizó la educación pública, se intentó privatizar la seguridad social y el servicio de agua potable, pero se privatizaron los servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones.

En las calles de las cabeceras departamentales del país, se podía leer en muros y paredes las palabras inolvidables de “Muerte al ESAF”. El FMI, con el Banco Mundial, imponían las premisas de controlar el gasto público y reducir el déficit fiscal, porque eran malos para el crecimiento económico. 

Ahora, ¿cuál es el nuevo Consenso? Aún no le han puesto nombre, pero ya podemos distinguir sus características.

El FMI hoy manifiesta todo lo contrario, al advertir que el COVID-19 dejará cicatrices en los países emergentes y en vías de desarrollo “debido a la creciente desigualdad y al aumento de la pobreza”, lo que podría conducir a que el Banco Mundial elimine su análisis tradicional de que el crecimiento económico reduce la pobreza y dé más atención al problema de la redistribución del ingreso. Reconoce, pues, que existe una tensión social y económica “extrema” a nivel global por el impacto de la pandemia del COVID-19. El Fondo acepta que los gobiernos gasten más en salud pública, lo que sea necesario para producir y distribuir las vacunas contra el virus en todo el mundo.

El FMI dice que gran parte del impulso al crecimiento económico estadounidense de 6.4% esperado en 2021 se debe  al paquete de estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares lanzado por el presidente Joe Biden, y que además se espera que tenga “impactos positivos sobre sus principales socios comerciales”, por ejemplo, México.

El FMI afirma que no le preocupa el aumento de la deuda de Estados Unidos requerido por la expansión del gasto público para enfrentar al COVID-19.

El FMI enfatiza en que se adopte un impuesto mínimo mundial a las rentas de las empresas, y califica la evasión fiscal como un problema para la economía, porque “los gobiernos necesitarán reponer sus arcas tras el gasto masivo para contener la pandemia de COVID-19 y mitigar su impacto económico”.

La política económica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fundamentada en un Estado activista, nos recuerda las reformas del New Deal del expresidente estadounidense Franklin Roosevelt. En esta forma, es posible que aparezca un nuevo Consenso de Washington, una nueva ortodoxia económica de corte fiscalista y no monetarista como la que ha existido en los últimos cuarenta años. Parece que la pauta de la Casa Blanca siempre determina la conducta de las instituciones financieras multilaterales radicadas en Washington, la sede del neoliberalismo que está desapareciendo.

Se cuenta una broma supuestamente dicha por el profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, Premio Nobel de Economía y precursor del monetarismo, que si el gobierno federal se hiciera cargo del Sahara, en cinco años habría escasez de arena, una actitud antigubernamental que entusiasmó a los pensadores del libre mercado, entre ellos el expresidente estadounidense Ronald Reagan, quien en su discurso inaugural dijo que “El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”.

Echando más agua al molino del monetarismo, el expresidente estadounidense George W. Bush dijo una vez: “No creemos en que los planificadores y los decisores tomen decisiones en nombre de los estadounidenses”. Pero eso es lo que la gente confía en los funcionarios gubernamentales, por lo que no debemos olvidar que las decisiones racionales de las personas producen malos resultados con bastante frecuencia. Los intereses individuales y los intereses colectivos no coinciden generalmente. Por esta razón, el gobierno, un agente económico importante, participa en la economía de un país.

El principal problema macroeconómico de hoy es el elevado desempleo, y la mejor forma de crear puestos de trabajo es a través de la política fiscal, no a través de la política monetaria. Por eso creo que con el nuevo Consenso de Washington, el profesor John Maynard Keynes está entrando de nuevo en las instituciones multilaterales que radican en Washington.





Asteriscos de la economía de Nicaragua en 2020

5 04 2021

Decidí escribir estos asteriscos económicos de Nicaragua tomando en cuenta cifras oficiales de instituciones gubernamentales correspondientes al año de 2020.

  • La producción de bienes y servicios cayó 2%, y también caían el saldo real (sin inflación) del crédito al sector privado, el consumo de MWh de energía eléctica y el monto real de impuestos recaudados por el Gobierno Central.
  • En 2020, la economía nicaragüense retrocedió seis años, al observarse un poducto interno bruto (PIB) per cápita promedio anual de US$1,936, un poco inferior al nivel de US$1,945 observado en 2014.
  • En el cuarto trimestre de 2020, el 46.1% de los ocupados está subempleado, mientras que la tasa de inactividad es 29.5% de la población en edad de trabajar.
  • La inflación dejó de ser un problema. Los precios al consumidor subieron 2.93%, mientras que el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico subía 1.67%.
  • El gasto de consumo de los hogares se redujo 0.9%, pero el poder adquisitivo del salario promedio anual del sector forma se deterioró 3.1%.
  • Aunque se desconocen las contribuciones de los sectores público y privado, el gasto de inversión fija real (construcción y maquinaria y equipo) aumentó 10.2%.
  • El volumen de las exportaciones de bienes y servicios se desplomó 8.8%, no obstante sus precios aumentaron 6.9%.
  • El valor bruto de las exportaciones de bienes del régimen de zona franca fue igual a US$2,469 millones, y dejó un valor neto al país de US$365 millones
  • La factura petrolera ascendió a US$681 millones, un mínimo de los últimos 14 aós e idénticamente igual al valor de dicha factura en 2006.
  • Excluyendo el valor de las exportaciones de bienes y servicios, las remesas se mantuvieron como la principal fuente de recursos externos, al totalizar un monto de US$2,011 millones, equivalentes al 51% del ingreso bruto de recursos externos.
  • El saldo de la deuda pública externa aumentó US$678 millones hasta US$6,057 millones, debido principalmente a los préstamos multilaterales en concepto de asistencia humanitaria, y en porcentajes del PIB saltó de 49.8% en 2019 a 55.1% en 2020 en parte explicado por la caída continua del PIB en el trienio 2018-2020.
  • En el bienio 2019-2020, se ha observado un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que oscila alrededor del 6% del PIB, producto no de una política de tipo cambio real proexportador, sino del desplome de las importaciones de bienes CIF de 13.7% en 2018 y de 10.0% en 2019, aunque en 2020 disminuyó muy levemente 1.6%.
  • El pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público sumo US$353 millones, que representaron el 11.0% del valor de las exportaciones de bienes FOB y del valor neto de las empresas de zona franca.
  • A noviembre de 2020, el déficit del presupuesto del Gobierno Central era apenas igual a 0.9% del PIB, al registrar el monto de C$3,887 millones, equivalentes a US$113 millones, es decir un presupuesto casi equilibrado.
  • El saldo de la deuda pública interna de C$1,222 millones, o sea, US$36 millones, equivale a 9.7% del PIB, y es liderada por los Bonos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las Letras Estandarizadas del Banco Central deNicaragua con plazo de 1 día.
  • El pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública interna requiere de cierto cuidado para ser entendido, debido al impresionante pago de la Letras del BCN con plazo de 1 día; el pago de la deuda pública interna ascendió a C$39,948 millones y fue aproximadamente igual a 1,832% del monto total de impuestos recaudados por el Gobierno Central.
  • Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de la liquidez en moneda local aumentó  20.4%, pero el incremento de los depósitos del sector público no financiero en el BCN (dada la asistencia fianciera multilateral por asistencia humanitaria registrda en diciembre) facilitó la contracción monetaria de C$10,983 millones y un saldo de reservas internacionales brutas de US$3,212 millones, que fue igual a 2.56 veces el saldo de la  base monetaria. Se garantizó la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, cuyo mínimo es 2.5 veces.
  • El saldo del crédito del sistema financiero nacional cayó por tercer año consecutivo al reflejar el nivel de C$125,765 millones, equivalentes a US$3,611 millones y a 29% del PIB, pero ha retrocedido 11.3 puntos porcentuales del PIB desde 2017.
  • ¿Cuál es el número de personas económicamente activas (PEA) de Nicaragua? Desde el año de 2015 no se conoce su dato oficial, al dejar de ser publicado por el BCN y el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). En 2020, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) la estima en 3.97 millones. ■




La verdad es que el PIB continuó cayendo en 2020

28 03 2021

En 2020, la economía de Nicaragua continuó cayendo debido a la acumulación de varios impactos causados por (i) el problema político nacional imperante desde abril de 2018; (ii) la draconiana reforma tributaria contractiva aprobada en febrero de 2019, y también procíclica al acelerar la caída de la producción observada once meses atrás; (iii) la pandemia mundial de COVID-19 en marzo de 2020; y (iv) los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, que azotaron la región del Caribe Norte del país. La incertidumbre entre los consumidores, los empresarios y el gobierno continuó fortaleciéndose y, además, fue espoleada por el ocultamiento de la información económica oficial, principalmente la elaborada en el Banco Central de Nicaragua (BCN), que provocó un severo daño a su credibilidad institucional y robusteció  la desconfianza en el manejo de la información económica.

La discusión sobre la amplitud del retroceso económico de Nicaragua será posible con la normalización del sistema de información económica del país. En cierta ocasión, escuché decir al presidente del BCN, el colega Ovidio Reyes, que si ellos no tenían la información de los volúmenes de producción requeridos para la estimación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), pues ellos (el BCN) tendrían que estimarlos. Y sospecho que eso es lo que están haciendo con gran parte de los indicadores de producción de las actividades económicas del país.

El sistema de información económica nacional fue muy afectado por el problema político nacional. Elaborar las proyecciones y las evaluaciones del sector real de la economía los análisis de modelos de series de tiempo, es decir, exclusivamente en función de los datos históricos de cada uno de los principales rubros de producción observada en el pasado, no es un procedimiento apropiado para los propósitos de las cuentas nacionales.

Una rápida mirada sobre el comportamiento de la producción de algunas actividades económicas en 2020 deja a entrever algunas “fricciones” estadísticas  con la caída de 2.0% del producto interno bruto (PIB) real. Por ejemplo, la producción de servicios financieros, una actividad estratégica por ser muy demandada por otras actividades de producción y que puede estrangular el crecimiento económico, cayó 11.5%; o la producción (en mejor forma, el consumo) de energía eléctrica y agua potable, una actividad clave por ser impulsora del crecimiento, cayó 7.6%. También podría tomarse en cuenta la recaudación real (sin inflación) de los impuestos del Gobierno Central acumulada anual a noviembre de 2020 (último dato oficial disponible), que fue del orden de 1.5% y cuya elasticidad con respecto al PIB real es 1.64, es decir, si el PIB real cae 1%, la recaudación real de impuestos cae 1.64%.      

Por el lado de la demanda, en 2020 el quantum de las exportaciones de bienes y servicios se desplomó 8.8%; el volumen la inversión aumentó  con una tasa de dos dígitos cercana a 15%, muy probablemente explicada por la construcción pública, mientras que el volumen de consumo se estancó, a pesar de que el consumo gubernamental creció a un ritmo de 3.1%; finalmente, el quantum de las importaciones de bienes y servicios mostró un crecimiento de 1.0% en un año en que el PIB Real caía 2.0%, implicando, sorpresivamente, una elasticidad negativa de las importaciones con respecto a la producción.

Sin embargo, se reconoce que la gestión macroeconómica ha sido manejada muy adecuadamente  en momentos en que Nicaragua, con tres crisis que no tienen raíces económicas y con sanciones financieras establecidas por la ley estadounidense Nicaragua Investment Conditionality Act (NICA, por sus siglas en inglés), no puede obtener financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM) para el financiamiento de proyectos de inversión pública, excepto por razones de asistencia humanitaria.

Desde 2018, las autoridades gubernamentales adoptaron la estrategia de la crisis de la depresión económica con un alto costo de desempleo y subempleo, y rechazaron la estrategia de la crisis del endeudamiento público interno con un alto costo de inflación galopante. La política monetaria y la política fiscal han sido tremendamente restrictivas, ya que el BCN la logrado mantener un saldo de reserva internacionales brutas muy cercano a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, que es el límite mínimo de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, mientras el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha logrado mantener “congelado” el gasto total presupuestario  con un déficit fiscal cercano al 0% del PIB.

Por lo tanto, la tasa de inflación dejó de ser un problema, después de que la reforma tributaria duplicara su tasa interanual de 3% a 6% en 2019, y redujera la liquidez y el capital de trabajo de las empresas al elevarse el pago anticipado del impuesto sobre la renta de 1% hasta 3% para las grandes empresas.

Ahora, el principal riesgo político visto con la lupa económica es la creciente subutilización de la fuerza laboral del país. Según cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en el cuarto trimestre de 2020 el 29.5% de la población en edad de trabajar (de 14 años y más) se encontraba inactiva, y, por otro lado, el 46.1% de la población ocupada se encontraba en el subempleo. A esto, se puede agregar que el INIDE y el BCN dejaron de publicar el dato de la población económicamente activa (PEA) desde hace seis años, por lo cual no se sabe cuantas personas han abandonado la PEA por la histéresis del desempleo en estos tiempos de crisis. Indudablemente, muchas personas han dejado de buscar trabajo.

Aunque el pleno empleo no es un objetivo del BCN, la política macroeconómica debería estar más centrada en la pronta recuperación de la salud del mercado laboral que en la solitaria atención a las amenazas inflacionarias, porque se han destruido 200 mil puestos de trabajo en el sector formal durante los últimos tres años.

Por supuesto que incomoda mencionar que la tasa de desempleo abierto fue igual a 4.8% en el cuarto trimestre de 2020. Siempre he aconsejado que el INIDE debe publicar la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo, que desde un antaño lejano ha sido el problema estructural más importante del mercado laboral del país, Una vez determinada la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo, se adicionaría a la tasa de desempleo abierto y se podría hacer referencia a la tasa de subutilización de la fuerza laboral del país. En esa forma, se podría concluir que el 30% de la PEA, o sea, 1 millón 200 mil personas, no generaron ingresos en 2020.

En conclusión, hay que mejorar los resultados de las cuentas nacionales del país, que deben estar basados en las estadísticas proporcionadas directamente por las empresas (pequeñas, medianas y grandes),con base en las encuestas dirigidas por el BCN, cuya información siempre debe ser criticada, corregida y aprobadas por el BCN.





25 03 2021




La vacunación y el crecimiento económico

21 03 2021

Ya comenzamos a leer y a escuchar las proyecciones económicas oficiales y los pronósticos de economistas independientes para Nicaragua en 2021.

El colega y ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta, cuya opinión pública corresponde a la de un coordinador de un gabinete económico gubernamental, aseguró que Nicaragua superará la tasa de crecimiento económico de 2.5% en 2021, antes prevista por el Banco Central de Nicaragua (BCN), gracias a: (i) una mayor inversión pública, (ii) un creciente volumen o quantum de las exportaciones de bienes, cuyo valor también se incrementará por el alza de los precios internacionales de los commodities o materias primas, (iii) una recuperación gradual de la actividad de la Construcción, y (iv) un crecimiento económico del principal socio comercial del país, como lo es los Estados Unidos, que se proyecta por el banco central estadounidense (Fed) en 6.5% en 2021 y en 3.3% para 2022, lo cual elevará el volumen y el valor de las exportaciones de materias primas de Nicaragua, incluyendo a las empresas de zona franca que dejarían al país un valor neto igual a 15% de su valor bruto exportado.

El ministro del MHCP confirmó la estabilidad macroeconómica del país, o sea, una baja tasa de inflación estable y una tasa de devaluación también baja y estable, gracias al aumento notable de las reservas internacionales que ya suman más de 3 millardos de dólares -debido a la política monetaria contractiva mantenida en 2019 y 2020, y a la asistencia humanitaria facilitada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) en diciembre de 2020 y enero de 2021; el mantenimiento de un presupuesto gubernamental casi equilibrado, lo cual ha implicado un bajo nivel de endeudamiento público -que se ha logrado con una política fiscal contractiva mediante el congelamiento del gasto público en los últimos tres años y el efecto de la reforma tributaria procíclica observado en 2019-; y el aumento de los depósitos del público no bancario en el sistema financiero nacional -un indicador que confirma el alza de los ingresos y la confianza del público en el sistema-, a lo cual agrego la caída del crédito resultante de la recesión económica -casi transformada en una depresión económica después de tres años consecutivos de caída de la producción- y del alto costo del dinero en el mercado local.

De acuerdo con algunas observaciones que escribí en varios artículos económicos en el año pasado, he de reiterar que la evolución de la economía nicaragüense dependerá en gran parte del control y del aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19 y, ahora, del proceso de vacunación, pero esto no es comentado en las opiniones económicas de las autoridades gubernamentales.

Según datos publicados por fuentes oficiales, en marzo del año en curso Nicaragua ha recibido la donación de 335 mil dosis de vacunas, de las cuales 135 mil dosis son de AstraZeneca elaborada en la India, a través del mecanismo internacional COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y otras 200 mil dosis de vacunas AstraZeneca elaborada en la India, que fueron donadas por ese país. Ese total de dosis de vacunas anticovid excluye las de Sputnik V, porque se desconoce el número de dosis donadas por Rusia.

Además, el gobierno espera la llegada de 300 mil dosis de vacunas Astrazeneca, que son financiadas con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para la adquisición de vacunas, existe un acuerdo, según el ministro Iván Acosta, de US$50 millones con el BCIE, y otro acuerdo de US$57 millones con el BID, que facilitarán la compra de 7.4 millones de dosis y la inmunización del 55% de la población del país en este año. Nicaragua tendrá 6.6 millones de habitantes a mediados de este año.

El gobierno aclaró que sólo se aplicarán las vacunas arriba mencionadas y las de Moderna (Estados Unidos) y Covaxina (India), pero descartó la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech del Reino Unido, aunque producida en Bélgica, porque el país no tiene un apropiado sistema de refrigeración para esta vacuna, ya que se mantiene almacenada en un ambiente de 70 grados centígrados bajo cero.

Sin embargo, la evolución de la economía dependerá en gran parte del COVID-19 y del proceso de vacunación. En este momento, las dosis de la vacuna anticovid están disponibles para los países de economía avanzada, mientras que los países de menores ingresos o de economía en vías de crecimiento, como el nuestro, están quedando rezagados.

Por lo tanto, es lógica la aseveración de que, en un mundo globalizado, nadie estará a salvo hasta que todos los 7,800 millones de habitantes que tendrá el mundo a mediados de este  año se encuentren a salvo. Con el supuesto de que los organismos internacionales continuarán apoyando la vacunación mundial, las economías, principalmente las avanzadas, comenzarán a crecer en el segundo semestre de 2021 y en el año de 2022.

En Nicaragua, las actividades económicas más golpeadas por el COVID 19 desde marzo de 2020, y también por la crisis política interna persistente desde abril de 2018 y los daños provocados por los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, han sido construcción, hoteles, restaurantes, servicios comunales y personales (entretenimiento, viajes, deportes), comercio, servicios financieros y transporte, por lo que se podría esperar su crecimiento dinámico si y sólo si los consumidores de estos servicios se sientan seguros de no contagiarse. En cuanto a los viajes internacionales, de los cuales depende la actividad del Turismo, es obvio que para su expansión se pueda constatar el progreso de la vacunación de la población en el país de origen y el país de destino, y el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19.

Como resultado de esa potencial reactivación, el desempleo tenderá a disminuir y, con el aumento de la demanda interna, se esperaría una aceleración temporal de la tasa de inflación. El principal problema político es la elevada tasa de desempleo abierto y de la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo, además del problema de la histéresis del desempleo, es decir, muchas personas ya se han salido de la población económicamente activa porque se han cansado de buscar trabajo. Con el supuesto de que la mitad de los subempleados no trabajan las ocho horas diarias establecidas en el código laboral, la tasa de subutilización global de la fuerza de trabajo, sin duda alguna, debe ser mayor que la cifra oficial publicada.

Entonces, la incertidumbre persiste. ¿Cuál será el ritmo de la aplicación de la vacuna entre los nicaragüenses? ¿Cuál será la coordinación para el restablecimiento de los viajes internacionales? Veremos.

Y por supuesto, para nuestro país en particular, a pesar de que existe una excelente administración de la estabilidad macroeconómica, de que los agentes económicos confían en la estabilidad del córdoba, será necesario el fortalecimiento del diálogo y de la convivencia para que exista la confianza política y, por ende, el inicio de la recuperación económica.





¿Será posible un nuevo marco de política macroeconómica para reactivar la producción?

14 03 2021

Con la llegada al poder de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro en abril de 1990, transcurrieron cuatro años consecutivos de estancamiento en la producción de bienes y servicios del país, y fue hasta en 1994 cuando el producto interno bruto (PIB) real creció por encima de la barrera del 3% anual. No haber crecido económicamente en el período 1990-1993, se consideró un éxito macroeconómico, porque el gobierno se concentró en el desarme y en una concertación económica y social, que estuvieron acompañados de una política de ajuste macroeconómico y de profundas reformas estructurales de la economía.

Ahora, en 2021, tras una caída continua en el trienio 2018-2020, el PIB real ya acumula un desplome de 9.7% en ese trienio, ha dejado atrás la recesión económica y ha caído a tres décimas porcentuales de la depresión económica. Esa caída ha sido causada por el problema político imperante desde el 18 de abril de 2018, la presencia del COVID-19 desde el 18 de marzo de 2020 y los impactos de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020, también acompañados de la reforma del reglamento de la seguridad social de enero de 2019 y de la reforma tributaria de febrero de 2019.

¿Cuál sería la tasa de crecimiento económico en un año de elecciones presidenciales, como es el de 2021? Los economistas debemos tomar en cuenta no sólo la teoría macroeconómica, sino también sólidas estadísticas que no las observamos en el sector real de la economía y, además, historia económica nacional e internacional. En consecuencia, adoptamos un conjunto de premisas y riesgos, tanto internos como externos, que sean lógicos y robustos.

En esas condiciones, podemos prever, siempre y cuando se establezca una condición mínima de transparencia internacional -por ejemplo, la aceptación de las reformas electorales que sean presentadas por las autoridades gubernamentales a los partidos políticos con personería jurídica, y la garantía de la supervisión internacional y nacional de las elecciones del próximo 7 de noviembre-, que el PIB Real se mantendrá estancado en 2021 con respecto a su nivel observado en 2020. El retroceso económico del país que estaríamos contabilizando sería de 7 años.

Los modelos econométricos han sido ineficientes para predecir la inflación, y COVID-19 complicó más la calidad del pronóstico inflacionario. Aunque se calibren dichos modelos utilizando los datos de los últimos 30 años para predecir la trayectoria de las variables económicas, las condiciones económicas actuales no tienen precedentes desde 1990.

Las previsiones de una baja inflación en el actual escenario macroeconómico de Nicaragua, que son iguales a 1 dígito porcentual en 2021, no garantizan que la inflación se mantenga baja. La crisis del COVID-19 es deflacionaria; por ejemplo, en abril de 2020, los precios internacionales del petróleo cayeron a cero e incluso por debajo de cero y, además, desplazó la demanda de servicios a bienes, algunos de los cuales se han encarecido por los obstáculos en la producción y el transporte. 

Si existiera actualmente un temor de que la tasa de inflación se acelere, no debería ser considerado como un riesgo. La tasa de inflación interanual se acelerará en marzo, abril y mayo de este año, porque en esos mismos meses del año pasado los precios al consumidor desaceleraron, incluso disminuyeron, por el choque de demanda causado por la pandemia, por lo que es de esperar que esa aceleración de la inflación interanual no sea tomada en cuenta por los políticos y por el mercado.

Si se avanza en la solución de los problemas políticos y la vacuna contra el COVID llega a toda  la población, el ciclo económico de Nicaragua se estará aproximando a la fase de expansión en 2022, la que se verá mejor con el lente del mercado laboral. Las tasas de caída del volumen de producción de bienes y servicios están desacelerando poco a poco, pero, como se mencionó anteriormente, y esperamos que ese volumen se estanque en 2021 con respecto a 2020.

La etapa inicial de la expansión del ciclo económico se verá alimentada por el alto desempleo, tanto el abierto como el equivalente relacionado con el subempleo, resultante de la recesión y de la depresión de la economía; cuando el ciclo de la expansión entre en su fase final, la contratación de trabajo será más difícil, el crecimiento económico será más bajo, aunque el PIB se estará acercando al nivel de pleno empleo, pero la inflación se volverá más vulnerable.     

La pregunta crucial y la más importante en el ámbito económico es qué tan rápido se recuperarán los trabajos y cuán difícil será eliminar el impacto de la histéresis del desempleo, o sea, que los desempleados se acostumbren a no trabajar, o a permanecer subempleados, o a esforzarse menos en encontrar trabajo. Preocupa que en el sector formal de la economía se han destruido 200 mil puestos de trabajo en el trienio 2018-2020, según las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). ¿Cómo se traerá de vuelta todos estos trabajos?

La economía de Nicaragua ha estado sufriendo un shock tanto de oferta como de demanda, por lo cual la política de recuperación económica tiene que resolver problemas de oferta. Cualquier impulso directo a la demanda aumentará el ingreso nacional y también impulsará indirectamente la oferta, pero un retraso importante en la respuesta de la oferta puede provocar un riesgo inflacionario.

Por esa razón, la inversión en nueva capacidad debería ser una parte importante de cualquier estímulo fiscal. Se necesita, pues, construir un nuevo marco macroeconómico para cubrir los objetivos de una política fiscal anticíclica más activa, las reglas para su conducción y su coordinación con la política monetaria. En otras palabras, se necesita un papel mucho más importante del gobierno en la asignación de la inversión pública.■