La debilidad del dólar está de moda

7 03 2021

Las monedas duras tienen sistemas de tipo de cambio fluctuantes. Una moneda se deprecia si resulta menos cara en relación con otras monedas. Supongamos que si el euro pasa de US$1.2 por 1€ a US$1.1 por 1€, el euro se deprecia o se devalúa, pero si el euro pasa de US$1.2 por 1€ a US$1.3 por 1€, el euro se aprecia o se revalúa, porque la moneda de la eurozona resulta ser más cara en relación con el dólar estadounidense. Los términos depreciación y apreciación o devaluación y revaluación sólo describen el sentido en que varía el tipo de cambio.

Durante la crisis del COVID-19, se ha exagerado la preocupación de la caída de 6% del dólar desde abril de 2020, cuando algunos economistas han dicho que sólo es el comienzo de un colapso más pronunciado en el dólar de Estados Unidos (EE.UU.) o que el estado del dólar como moneda de reserva mundial está en peligro. De acuerdo con datos actuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), la participación del euro en las reservas mundiales se mantiene bastante estable oscilando cerca del 20%.

La expansión monetaria que se está observando en EE.UU. (el plan de estímulo de US$1.9 billones del presidente de EE.UU., Joe Biden, está siendo discutido para su aprobación en el Senado) provocará (i) un aumento de la producción (el PIB cayó 3.5% en 2020), (ii) una reducción del desempleo (la tasa de desempleo fue 6.2% en febrero de este año, pero el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, ha dicho que la tasa en realidad puede estar más cerca del 10%, porque muchas personas han dejado de pertenecer a la población económicamente activa) y (iii) una depreciación del tipo de cambio (¿cuál es la tasa de depreciación del dólar estadounidense frente a las otras monedas fuertes?).

Entre el 20 de marzo de 2020 y el 19 de febrero de 2021, el dólar de Estados Unidos se ha depreciado: 

•              13.6% frente al euro, al pasar el tipo de cambio de US$1.0682 a US$1.2136 por 1€

•              19.4% frente a la libra esterlina, al pasar el tipo de cambio de US$1.1743 a US$1.4025 por 1£

•              9.9% frente al yuan, al pasar el tipo de cambio de US$0.1409 a US$0.1549 por 1¥

•              5.4% frente al yen, al pasar el tipo de cambio de US$0.0089 a US$0.0095 por 1¥

En ese mismo período, el índice del dólar de Estados Unidos ponderado por el comercio de bienes y servicios con 26 países de economías avanzadas y emergentes (Base: Enero 2006 = 100), elaborado por la Fed, mostró una depreciación de 10.6% al pasar de 125.2524 a 111.9853.

El impacto del COVID-19 sobre la producción y el empleo en Estados Unidos causó el cambio de estrategia de la Fed de una tasa de inflación objetivo de 2% por una tasa de inflación promedio mayor del 2% y prometió mantener la tasa de interés oficial muy cercana a 0% durante varios años -la dejó en el rango de [0%, 0.25%]-. Así se cerró el canal de la tasa de interés para atraer el financiamiento externo hacia EE.UU. y esto ha obligado a que una mayor parte del ajuste de la cuenta corriente de la balanza de pagos de EE.UU. será forzada a través de un dólar más débil.

La depreciación o la devaluación del dólar estadounidense incrementará las exportaciones netas (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones) de EE.UU., y el incremento de las exportaciones netas mantendrá el mayor nivel de producción y de empleo, gracias a que los precios de los productos estadounidenses en los mercados externos se abaratan, pero los precios de los productos extranjeros en el mercado estadounidense se encarecen.

Por lo tanto, la expansión monetaria mejorará la cuenta corriente de la balanza de pagos de EE.UU. gracias a la depreciación inducida del dólar, mientras que el balance comercial externo de los otros países con EE.UU. se deteriorará con la profundización de sus déficits comerciales.

En el sistema de tipos de cambio flexibles, los bancos centrales permiten que el tipo de cambio se ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas. Así, los bancos centrales de los principales socios comerciales de EE.UU. se mantienen al margen al no comprar ni vender divisas, las transacciones oficiales de reservas son nulas, y dejan que sus tipos de cambio fluctuantes ajusten la oferta y la demanda de divisas. Por ejemplo, el tipo de cambio del euro, que ha disminuido de 0.9362 a 0.8240 por US$1 en el período arriba mencionado, disminuyó la demanda de euros por parte de los estadounidenses, el Banco Central Europeo (BCE) se mantiene al margen y deja que el tipo de cambio se ajuste, pero la  producción y el empleo en los países de la eurozona caen porque sus exportaciones netas se reducen.

En la política cambiaria, la variación de la balanza comercial provocada por una depreciación del tipo de cambio se denomina “política de empobrecer al vecino”, porque, en este caso, es una forma de exportar desempleo o de crear empleo en EE.UU. a costa del resto del mundo. Sin embargo, para que esto ocurra, los países deberían encontrarse en fases diferentes del ciclo económico, es decir, unos países en expansión o con un exceso de empleo, y otros países en recesión o con un exceso de desempleo. Pero esto no se cumple hoy, porque el COVID-19 ha puesto a todos los países en la misma fase del ciclo económico, o sea, en una recesión económica mundial.

Si EE.UU. fuese el único país que estuviese en recesión económica, la depreciación del dólar estadounidense desplazaría la demanda mundial a su favor y reduciría la brecha en relación con el pleno empleo de los demás países. 

Si todos los países trataran de depreciar sus monedas para atraer demanda mundial, habría una depreciación competitiva, o una “guerra de divisas”, y un desplazamiento de la demanda mundial de unos países a otros, pero no habría un aumento del nivel de gasto mundial. Y si todo el mundo depreciara sus monedas más o  menos con el mismo grado, los tipos de cambio acabarían encontrándose en el nivel inicial.  En ese escenario macroeconómico sería necesaria la coordinación de la política monetaria y la política fiscal en los países de economías avanzadas.

¿Y cómo afectaría la debilidad del dólar estadounidense a la economía de Nicaragua?

Nicaragua no tiene un sistema de tipo de cambio fluctuante sino reptante, que es prácticamente un tipo de cambio fijo con una tasa de deslizamiento anual preanunciado, que hoy es 2%. Existe devaluación cuando el Banco Central de Nicaragua (BCN) sube el precio de la moneda extranjera, el dólar estadounidense, de tal forma que los extranjeros pagan menos por el córdoba, o los residentes de Nicaragua pagan más por el dólar estadounidense. Por lo tanto, el BCN tiene que suministrar la cantidad de divisas necesaria para financiar los desequilibrios de la balanza de pagos.

La debilidad del dólar disminuiría la competitividad de los productos de exportación de Nicaragua, al subir el precio de esos bienes en el mercado estadounidense (el 50% del valor de las exportaciones de bienes FOB de Nicaragua en 2020 se destinó a EE.UU.), mientras que los productos importados desde Estados Unidos serían más competitivos en el mercado nicaragüense, porque serían más baratos (el 22% del valor de las importaciones de bienes CIF de Nicaragua en 2020 provino de EE.UU.). El déficit comercial y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de Nicaragua aumentarían.

Como suele ocurrir, dado el régimen cambiario existente en Nicaragua, el exceso de demanda de divisas, o sea, el déficit de la balanza de pagos, se financia con la reducción de las reservas internacionales. Si se observara un exceso de oferta de divisas, por ejemplo, como el observado en diciembre de 2020 con los desembolsos de préstamos multilaterales para asistencia humanitaria, el superávit de la balanza de pagos se financia con el aumento de las reservas internacionales.

El riesgo más importante es la disminución de las reservas internacionales que administra el BCN porque las exportaciones netas disminuirían, lo cual desaceleraría la producción y el empleo, y endurecería la política monetaria contractiva, con más razón al estar acompañada de una política fiscal expansiva en 2021 por el creciente gasto público, gracias a la ejecución de los programas y proyectos del sector público financiados con los préstamos de asistencia humanitaria.  





Seminario de Actualización Empresarial “La Banca Comercial de Nicaragua a Diciembre de 2020 y Perspectiva 2021”

2 03 2021




Por una política fiscal anticíclica

28 02 2021

En la semana pasada, el Banco Central de Nicaragua publicó el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) con una tasa de caída promedia anual de 2.5% en diciembre de 2020, que es equivalente a la caída del producto interno bruto (PIB) real en 2020, el límite inferior del rango de caída de [-1.5%, -2.5%] del PIB pronosticada por el BCN en noviembre recién pasado.

Tres años consecutivos de caídas anuales de la producción de bienes y servicios reflejan un desplome acumulado de 9.84%, por lo cual, técnicamente, aún no existe la depresión económica en el país porque la caída acumulada del PIB real en esos tres años no es de dos dígitos porcentuales, pero es muy cercana al 10.0%.

Las actividades económicas que han tenido un mayor impacto negativo causado por las tres crisis exógenas al sistema económico nacional -una de orden político interno en abril de 2018, otra de corte sanitario mundial en marzo de 2020 y otra por desastres naturales en noviembre de 2020- son, en orden de importancia, hoteles y restaurantes, construcción e intermediación financiera.

La evolución de la producción de bienes y servicios en el trienio 2018-2020 muestra una angustia económica que abarca a las empresas, los estratos de bajos ingresos de la población y toda la geografía del país, principalmente el norte de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). En ese trienio, nueve actividades económicas registraron disminuciones de sus volúmenes de producción. Sólo ocho actividades, que contribuyen con el 48% en la formación del PIB, tuvieron incrementos de sus volúmenes de producción, entre las que se destacan, en orden de importancia, explotación de minas y canteras, agricultura y pecuario. 

Las tres crisis han aumentado la pobreza y exacerbado la desigualdad y la precariedad al registrarse en 2020 un ingreso interno bruto per cápita promedio anual de US$1,850, bastante cercano al observado en el año de 2013. En el mercado laboral, se desconoce el número de personas que se han retirado de la población económicamente activa, se han destruido 200,000 puestos de trabajo del sector formal de la economía y el poder adquisitivo del salario promedio nacional del sector formal se deterioró 9.37% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020. De acuerdo con datos de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), en el año de 2020, con una población económicamente activa de 4 millones de personas, 1.3 millones de personas no generaron ingresos.

Inmersos en una recesión económica mundial, la inflación en Nicaragua ha dejado de ser un problema, una vez extinguida la aceleración que tuvo en 2019 causada por la sorpresiva reforma tributaria de febrero de ese año. En 2020, el índice de precios al consumidor subió 2.93% y el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico aumentó 1.67%.

Rápidamente, surge a la vista la principal necesidad que hoy tiene la economía nicaragüense. La pregunta es cómo la política fiscal podrá desarrollar la capacidad productiva de la economía para evitar tanto el desalineamiento de la condición de estabilidad macroeconómica (reservas internacionales brutas/base monetaria ≡ 2.5) como las futuras restricciones inflacionarias a medida que se recupere el nivel observado del PIB en 2017.

Hay que tomar en cuenta, primero, la solución del problema político imperante desde abril de 2018; segundo, el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19, una tarea de los científicos de la salud pública, que es una condición necesaria para garantizar el crecimiento económico sostenible a largo plazo; y tercero, las limitaciones de la política monetaria, mejor dicho, la dinámica institucional y la capacidad del BCN, restringida a la estabilidad del córdoba y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, que obliga una efectiva coordinación de las política fiscal con la política monetaria.

La formulación de la política macroeconómica de Nicaragua ha sido bastante contractiva, al persistir la vieja ortodoxia de la contracción monetaria acompañada de una política fiscal pasiva, o también contractiva, con la esperanza de que el congelamiento, o también las disminuciones, del gasto público impulsarían la confianza del mercado, dada la creencia, también ortodoxa, de que la estabilidad cíclica de la economía está garantizada por el control de la inflación.

Con las tres crisis que tienen raíces exógenas a la economía del país, no podemos volver a las viejas formas de crecimiento económico, porque hay que generar empleo para 1.3 millones de personas que ahora están sin trabajo. Por consiguiente, la política monetaria debería ceder el primer plano a la política fiscal, con el propósito de aumentar el gasto de inversión pública y, consecuentemente, crear puestos de trabajo y generar ingresos, pero con reglas distintas.

La política fiscal sería activamente contracíclica, contraria al congelamiento del gasto público observado en los últimos tres años, porque sus objetivos específicos serían reactivar la demanda interna-o sea, el consumo y la inversión del sector privado- y resolver los problemas estructurales a largo plazo de la economía -por ejemplo, la seguridad social y el cambio climático-, con reglas claras para su conducción y coordinada con la política monetaria.

Las reglas fiscales deberían reescribirse para permitir una política anticíclica más activa y un desempeño gubernamental más importante en la inversión pública, o sea, en el gasto de capital del presupuesto nacional,  de lo que ha estado de moda en el trienio 2018-2020, en un nivel menor que el 5% del PIB.

La recuperación de la producción debería garantizar no sólo su estabilidad cíclica sino también la sostenibilidad de la economía. Se necesita, pues, una reforma del gasto público.





Flexibilizar las normas prudenciales y disminuir el costo del dinero

21 02 2021

En el Foro IV FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA NACIONAL “La Economía y la Intermediación Financiera”, realizado en el Hotel Hilton Princess Managua el jueves 18 de febrero del año en curso, nos llamó la atención que varios participantes externaron su preocupación por la reforma a la Ley 842 “Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores”, debido al riesgo de que el sistema financiero nacional fuese expulsado de la globalización financiera mundial por un supuesto reingreso al sistema bancario nacional de las personas naturales y jurídicas nicaragüenses que han sido sancionadas con dos leyes estadounidenses, Global Magnitski Act y Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA Act). Esto no es posible. Ambas leyes no extienden la sanción a los familiares del sancionado.

Reiteramos que, con base en la reforma aprobada de la Ley 842, los bancos comerciales que habían expulsado a los familiares, tanto por consanguinidad como por afinidad, de las personas naturales sancionadas tienen que ser readmitidas en dichas entidades. Sin ningún asidero legal, les habían suspendido el acceso a los servicios financieros, se excedían en contra de lo que está mandado en las dos leyes antes mencionadas, y, cabe recordar, que los bancos, por ley, tienen la obligación de investigar el origen lícito o ilícito de las transacciones financieras de cualquier persona con montos de diez mil dólares y más. La pena no trasciende de la persona sancionada.

Sería conveniente que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) aclarara esta situación al público no bancario y aplacara esa incertidumbre de los agentes económicos, que fue exacerbada con su carta dirigida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional con fecha del 28 de enero recién pasado.  

Resonó en el auditorio la propuesta de creación de la banca estatal de fomento a la producción, una banca de desarrollo que el país necesita urgentemente, una banca que facilite la penetración de los servicios financieros en el territorio y la profundización financiera, la captación de depósitos y el acceso a préstamos, pero los participantes propusieron que cada miembro directivo del banco de fomento tuviese un seguro de fidelidad para que fuese supervisado y se evitara la corrupción y la asignación de crédito a personas relacionadas, esto último ya prohibido por la ley.

Otras personas que asistieron al Foro manifestaron que con la presencia de una banca estatal de fomento de la producción se podría usar eficientemente los préstamos de instituciones financieras internacionales destinados a la producción y, por qué no, a la inversión de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), cuestión que no es posible desde las entidades bancarias convencionales, y que la banca estatal de fomento y la banca privada se complementarían, pero no competirían entre sí. Esto fue ejemplificado por los participantes con un préstamo reciente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para las MIPYMEs, que fue intermediado por la banca comercial privada del país, pero no pudo ser asignado debido a que los funcionarios bancarios aconsejaron a los potenciales prestatarios que no les recomendaban ese préstamo debido a que se solicitaba bastante información y los requisitos para optar al crédito eran muy altos. La banca estatal de fomento a la producción llenaría ese vacío que existe en el mercado financiero, afirmaron los participantes.

En forma unánime, los participantes estuvieron de acuerdo con la necesidad de que la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) flexibilice las normas prudenciales porque nos encontramos en tiempos de crisis, con el propósito de no perjudicar la calidad de la cartera de crédito ante la necesidad de reprogramación de los pagos de intereses y amortizaciones financieras y, adicionalmente, que los bancos disminuyan las elevadas tasa de interés para préstamos en córdobas con mantenimiento de valor a 1 año plazo, de un promedio ponderado de 10.31% registrado en diciembre de 2020 a una tasa de interés comprendida en el rango de 7% a 9% en 2021.

Y enfatizaron que la disminución de las elevadas tasas de interés de los préstamos de corto plazo debería realizarse con la colaboración conjunta entre las entidades bancarias y las instituciones estatales, principalmente el Banco Central de Nicaragua (BCN), para determinar apropiadamente la magnitud del riesgo-país de Nicaragua, el riesgo de convertibilidad o de la capacidad de conversión del córdoba en dólares, el riesgo crediticio o de las pérdidas de crédito neto que han incrementado el índice de morosidad, el nivel del costo bancario y los impactos de otras variables monetarias que encarecen el costo del crédito, por ejemplo, las tasas de encaje legal de 15% catorcenal y de 10% diario, un  instrumento de regulación de la liquidez que en el mundo financiero moderno ha caído en la obsolescencia y que ha sido sustituido con las operaciones de mercado abierto, es decir, con la colocación de títulos valores emitidos por los bancos centrales.

Finalmente, todos los presentes se comprometieron a promover la propuesta de las políticas contenidas en “La Economía y la Intermediación Financiera”, desde este Foro IV FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA NACIONAL y desde sus empresas.

En conclusión, el Foro IV fue muy rico en los aportes para desarrollar una política financiera que facilite el alcance del objetivo de estimular el crecimiento de la producción, la inversión y el consumo, la creación de empleos y la generación de ingresos, con un mejor desempeño de las entidades bancarias.

Se pudo constatar la necesidad nacional de reducir el riesgo-país, el riesgo de convertibilidad y el riesgo crediticio, y también se reconoció que el gobierno mantiene una apropiada política macroeconómica al mantener, en tiempos de crisis, la estabilidad del tipo de cambio y de una baja tasa de inflación.

Nuestro grupo de trabajo, que ya ha desarrollado cuatro Foros con una visión nacional, en forma constructiva y propositiva, agradecemos a los participantes su atención a la explicación de las debilidades y fortalezas del sistema bancario nacional y a las propuestas de política financiera y de tasa de interés para tiempos de crisis, y por sus aportes al enriquecimiento de las propuestas sobre este importante asunto económico y financiero nacional.

El grupo central de ocho profesionales, que desarrollamos estos Foros en pro del Diálogo y la Convivencia Nacional, presentará próximamente el Foro V relacionado con la Actividad de la Construcción.





Diálogo y Convivencia

14 02 2021

El impacto de COVID-19 sobre las economías emergentes y en vías de desarrollo, como las de Latinoamérica, Asia y África, ha sido menos severo que el impacto sobre las economías avanzadas, principalmente las de Estados Unidos, Japón, la Eurozona y Reino Unido.

Las cifras más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que en 2020 la caída del producto interno bruto (PIB) real en las economías avanzadas fue del orden de 4.9% -en la Eurozona fue 7.2% y en Estados Unidos, 3.4%-, mientras que en las economías emergentes y en vías de desarrollo el PIB real disminuyó 2.4% -América Latina, 7.4%, y Asia, 1,1%-.

¿A qué se debe esa diferenciación del impacto de la pandemia? ¿Está más angustiada la población de los países ricos que la población de los países pobres? Creo que las caídas del empleo y de los ingresos  en los  países de ingresos bajos y medios, superan las caídas de la producción de los países ricos.

Tomemos el ejemplo de la economía de Nicaragua. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2020 el volumen de la producción de bienes y servicios o PIB Real disminuyó en el rango de [-1.5%, -2.5%], pero este dato oficial no captura la actividad del mercado informal de la economía nicaragüense, que es bastante grande. Al margen, creo que en la actualidad el BCN tampoco captura gran parte de la producción de las empresas que operan en el sector formal de la economía, por lo cual tiene que estimarla.

¿Cuál es el nivel de la actividad informal de la economía nicaragüense? De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE), al concluir el tercer trimestre de 2020 el 46.3% del total de personas ocupadas se encontraba subempleada, al trabajar menos de 8 horas diarias o devengar un salario mensual menor que el salario mínimo legal, que no cotizan la seguridad social. Pero el INIDE, desde hace varios años, dejó de publicar el dato del tamaño del mercado informal, o sea, el porcentaje del total de ocupados que labora en empresas que no tienen registros contables.

Recuerdo que, en el último trimestre de 2012, el dato oficial indicaba que el 76.2% de los ocupados se ubicaba en el mercado informal, y estimo que en 2021 el PIB Nominal per cápita promedio anual valorado en dólares estadounidenses, US$1,841, será muy cercano al registrado hace ocho años. El empleo en el sector formal de la economía también no se escapa de la reducción: En términos promedio anual, 200 mil trabajadores que cotizaban la seguridad social perdieron sus puestos de trabajo entre 2017 y 2020.

Por consiguiente, las caídas en el empleo y los ingresos en Nicaragua son severas, a pesar de que el INIDE también publica que la tasa de desempleo abierto, es decir, el porcentaje de la población económicamente activa que no trabaja, es apenas de 4.8%, una proporción que es similar a la de pleno empleo en un país con una crisis política interna y una crisis sanitaria mundial. El BCN nunca se ha pronunciado sobre cuál es el nivel de la tasa de desempleo en el pleno empleo -dicho sea de paso, su ley de creación no le obliga a pronunciarse al respecto ni a disminuir el desempleo-.

Con esa tasa de desempleo abierto de 4.8%, se podría afirmar que en Nicaragua no existe el desempleo si y solo si gran parte del mercado fuese formal, pero no lo es; sin embargo, esa baja tasa de desempleo abierto se explica con el supuesto metodológico de que las personas que trabajan al menos una hora diaria se consideran como parte de la población ocupada. Tremendo supuesto en un país pobre.

Desafortunadamente, el INIDE también dejó de publicar la tasa de desempleo equivalente, o sea, la tasa de desempleo resultante del subempleo, que podría adicionarse a la tasa de desempleo abierto para determinar el tamaño del ejército de desempleados que no generaron ingresos en el país en 2020. De acuerdo con estimaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), 1 millón 287 mil personas no generaron ingresos el año pasado, de una población económicamente activa de 3 millones 949 mil personas.

Se puede concluir, entonces, que la angustia económica provocada por COVID-19 es mucho más asfixiante en los países de ingresos bajos, como Nicaragua, y de países de ingresos medios. La caída del PB Real aumenta la ansiedad económica, pero ésta se agrava por la ansiedad provocada por COVID-19 y genera un comportamiento precautorio entre la población al disminuir el consumo de las familias y la inversión de los empresarios, y esto profundiza la caída del PIB Real.

Si el PIB Real cayese 2.5% en 2020, que es el máximo del intervalo de la caída del PIB pronosticada por el BCN para ese año, Nicaragua se encontraría en depresión económica desde el final del año pasado, porque la tasa de caída del volumen de producción de bienes y servicios en 2020 con respecto al de 2017 sería un porcentaje de 2 dígitos, 10%, tras tres caídas anuales consecutivas, después de 10 trimestres de recesión económica continua.

El profesor Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, dijo recientemente que no estamos sufriendo una recesión estándar, sino que sufrimos de una economía bloqueada, deliberadamente o porque la gente tiene miedo de hacer ciertas cosas. El problema real no es impulsar la economía, no es la actividad insuficiente. El problema es ¿cómo podemos hacer que la gente supere esto? Esto es más parecido, concluye el profesor, a un desastre natural en muchos aspectos que a una recesión convencional.

Comparto la opinión del profesor Krugman. La economía volverá a crecer cuando el COVID-19 esté domeñado, cuando desaparezca la elevada ansiedad y la gran incertidumbre entre la población. El ataque contra el COVID-19 es muy parecido al de una guerra militar y no deben escatimarse los recursos para ganar esa guerra. Pero tenemos la obligación de aunar los esfuerzos dispersos, no hundirnos en la confrontación, en el resentimiento y en la ira, porque el hoyo económico sería más profundo.

Nicaragua debe volver a ser un país “normal”, un país grande. Hay muchos daños, parecidos a los de un desastre, que debemos reparar, y después debemos prepararnos a ser menos vulnerables ante nuevas pandemias desconocidas y ante el impacto creciente del cambio climático, sin olvidar que las habilidades necesarias para administrar un negocio y las que se requieren para dirigir una nación son muy diferentes.

Diálogo y Convivencia son dos palabras que los nicaragüenses debemos honrar.





Una polvareda bancaria

7 02 2021

A lo largo de casi una semana escuchamos el ruido bancario por la propuesta de reformas y adiciones a la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias que data del 11 de julio de 2013, lo cual provocó más ruido político y una mayor incertidumbre a las familias y las empresas no financieras, las que desearon, en cierto momento, sacar sus depósitos de las entidades bancarias. Consultado sobre esto último, reiteré lo que siempre he aconsejado a los productores y consumidores: no saquen sus depósitos de los bancos, porque podrían quebrar a la banca comercial, no recuperarían el total de sus depósitos y se desplomaría la economía.

El argumento central de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), presentado en una carta dirigida a los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto el 28 de enero del año en curso, fue que la reforma transgredía la autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, que la determinación o la gestión de prevención de riesgos en la actividad financiera es exclusiva de los bancos, principalmente los riesgos de lavado de dineros, bienes o activos, y del financiamiento al terrorismo, y que sin los bancos corresponsales extranjeros el país no podría sostener los flujos de las exportaciones e importaciones, las remesas, las líneas de crédito y las marcas internacionales de las tarjetas de crédito.

Con esos términos, se estaba magnificando un caos económico y financiero de Nicaragua. Tomando en cuenta el rango del índice de riesgo-país, que es entre 0 y 100 puntos, o entre 0 y 10,000 puntos básicos, en el escenario descrito por ASOBANP ese índice para Nicaragua sería de 100 puntos o 10,000 puntos básicos. Se estaba anticipando la limitación de papel de la banca al mercado interno del país, algo insólito, diría algo increíble.

Desde hace varios meses había escuchado que las sanciones impuestas con las leyes estadounidenses Global Magnitsky Act y Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA Act) a personas naturales, estaban afectando no sólo a los sancionados en las entidades bancarias radicadas en Nicaragua, sino también a los miembros de las familias de los sancionados, es decir, a los familiares por lazos de consanguinidad y afinidad. Tengo que subrayar que las dos leyes estadounidenses sólo afectan a las personas sancionadas, a nadie más.

En ese caso, era lógico suponer que la reforma a la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias tenía el objetivo de hacer valer los derechos de los familiares de los sancionados. También era ilógico suponer que el gobierno pretendía que el país pasara de la lista gris a la lista negra impuesta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si trataba de introducir a los sancionados en el mercado bancario del país. Creo que el ruido bancario que surgió de la lectura de la reforma estuvo grandemente influenciado, mejor dicho, sesgado, por el pensamiento bancario.

El Código Penal de Nicaragua afirma que la pena no trasciende de la persona del delincuente. En este caso, aunque las dos leyes estadounidenses no tienen jurisdicción en Nicaragua, la globalización de las normas financieras, incluyendo a las del GAFI, obliga a las entidades bancarias radicadas en el país a suspender los servicios financieros a las personas sancionadas por las leyes estadounidenses, pero es muy, muy lógico suponer que las sanciones no trascienden de la persona sancionada por esas dos leyes en cuestión.

Sin embargo, la banca comercial se arroga el derecho de exclusividad para la determinación o la gestión de prevención de riesgos en la actividad financiera, principalmente los riesgos de lavado de dineros, bienes o activos, y del financiamiento al terrorismo, y estaría de acuerdo con esa afirmación si y sólo si ese derecho se ejerce en el marco de la ley.

La norma establece que las entidades financieras pueden investigar el origen de los fondos transados por el público no bancario si el monto supera la cantidad de US$10,000 (diez mil dólares estadounidenses) y con esa investigación el banco puede determinar o gestionar su prevención de riesgos. Si el origen de los fondos es lícito, el banco no tendría problemas legales, pero si fuese ilícito, con el previo aviso a las autoridades, caería el peso de la ley sobre el usuario de los servicios financieros.

Entonces, ¿por qué las entidades bancarias hacen trascender la sanción de las leyes estadounidenses a los familiares de los sancionados? Esto aún no ha sido comentado ni respondido por ASOBANP. Nadie puede estar por encima de las leyes.

Es lógico suponer que ningún funcionario de la banca comercial radicada en Nicaragua tiene la potestad de juzgar o de sancionar a personas que no han cometido algún delito, ni a un familiar de un sancionado con la Global Magnitsky Act o con la Nicaraguan Investment Conditionality Act. Un consejo que dejo a los banqueros, mejor dicho, a los socios de los bancos comerciales, es que las personas encargadas de aplicar las disposiciones legales para minimizar los riesgos del lavado de dineros, bienes o activos, y del financiamiento al terrorismo, posean ética profesional, conocimientos especializados en esos temas y autoridad moral.

Al final, la reforma comprometió a los bancos a notificar la cancelación o la suspensión de los contratos de bienes o servicios de forma verificable, justificadas legal y jurídicamente en los plazos establecidos por el ente regulador, y no podrán trascender a la persona afectada.

Siempre he sido de la opinión de que se proteja y fortalezca la actividad bancaria, y evitar de que se contagie de ruidos políticos.





La asistencia humanitaria multilateral y el crecimiento económico

31 01 2021
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Nicaragua ha obtenido un extraordinario respaldo financiero que provino principalmente de tres instituciones multilaterales en los meses de diciembre y enero recién pasados, consistente principalmente en préstamos para facilitar la respuesta gubernamental a la población del país sobre la prevención, la detección y el tratamiento médico por el contagio de la pandemia del COVID-19, atender a las poblaciones afectadas por huracanes Eta e Iota que azotaron la región del Caribe Norte del país, y mantener la estabilidad macroeconómica.

Sobre la base de la información oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la valoración preliminar de los daños causados por los dos huracanes ascendió a US$738.6 millones, lo cual incluye las  afectaciones a las actividades agropecuarias , embarcaciones de las microempresas y pequeñas empresas pesqueras, las actividades del turismo y del transporte terrestre, y la infraestructura económica y social, o sea, la red vial, viviendas y centros de educación y de salud.

Según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, en diciembre ingresaron préstamos externos por US$333.1 millones y donaciones externas por US$30.4 millones, para un total de US$363.5 millones, al cual se adicionó en enero un préstamo de US$80 millones del Banco Mundial para ayudar a financiar el gasto de emergencia y la recuperación del país en los sectores críticos de las comunidades más afectadas.

El gran total ascendió a US$443.5 millones.

El más importante organismo multilateral que asistió financieramente a Nicaragua en diciembre de 2020 fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), al prestar US$186.8 millones, de los cuales US$130 millones corresponden a Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente al 50% de la cuota de Nicaragua en el FMI, proporcionados a través de  dos instrumentos, la Facilidad de Crédito Rápido (RCF) equivalente a DEG 43.33 millones (aproximado a US$61.77 millones, o 16.7% de la cuota) y el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) equivalente a DEG 86.67 millones (aproximado a US$123.55 millones o 33.3% de la cuota).

Con los recursos del FMI se garantizarán los requerimientos relacionados solamente con la pandemia del COVID-19, de tal manera que el programa de atención médica de emergencia recibirá US$74 millones y tendrá el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Además, un programa alimentario de emergencia recibirá US$19 millones y tendrá el acompañamiento del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Por su parte, en diciembre de 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con las autoridades nacionales, las agencias de las Naciones Unidas, el Grupo Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoyó con el financiamiento la ayuda humanitaria y las tareas de reconstrucción a los países afectados por los huracanes Eta e Iota (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y la rehabilitación de la infraestructura afectada en El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Por otro lado, el Banco Mundial, a través de la  Agencia Internacional de Desarrollo (AIF), el fondo del Banco Mundial para los países más pobres, aprobó en enero de 2021 un crédito de US$80 millones y se destinará, con la colaboración de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), a la emergencia y las necesidades de recuperación de Nicaragua después de la devastación causada por los huracanes Eta e Iota, y priorizará la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura y las viviendas públicas y comunitarias priorizadas, y la restauración de los ingresos de las poblaciones afectadas en actividades económicas críticas, con un enfoque en el sector de la pesca en pequeña escala.

Las tres instituciones financieras multilaterales, FMI, BM/AIF y BID, que aplican las sanciones financieras de la ley estadounidense NICA Act, exceptuando los préstamos y donaciones que se destinan a la ayuda humanitaria, facilitaron préstamos por US$320.2 millones.

Con esos recursos, el efecto de cortísimo plazo en la economía del país fue el aumento anual de US$814.5 millones del saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) administradas por el BCN, hasta US$3,211.9 millones, y el aseguramiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica al 31 de diciembre del año pasado, con un saldo de RIB igual a 2.56 veces el saldo de la base monetaria (BM, o emisión de dinero y depósitos de encaje en moneda nacional en el BCN). Sin el ingreso de esos recursos, el saldo de las RIB se hubiera aproximado a 2.37 veces, levemente inferior al mínimo establecido de 2.5 veces.

Otro efecto de la entrada de estos préstamos multilaterales en diciembre y enero recién pasados se podrá observar en el corto plazo. La mayor parte de los desembolsos de la cooperación internacional realizados por el sector público no financiero se destinan al gasto de inversión pública en infraestructura económica y social, es decir, a proyectos de red vial, hospitales, centros de salud y centros de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, lo que genera empleos e ingresos para la población.

La asistencia humanitaria a la población afectada por COVID-19, Eta e Iota también financiará proyectos de inversión pública en red vial, salud y educación y, además, en construcción de viviendas y maquinaria y equipo para pequeñas empresas pesqueras. Este gasto de inversión causará cierto empuje al crecimiento del empleo, de la producción, del ingreso y del consumo en 2021.

La evidencia empírica, sobre una muestra de 14 observaciones correspondientes al período 2006-2019, indica si los desembolsos de préstamos realizados por el sector público se incrementan 1%, el nivel de la producción de bienes y servicios aumenta 0.31%, pero con la aplicación de las sanciones financieras a Nicaragua se ha disminuido el monto de dichos desembolsos al desacelerarse su crecimiento de 45.3% en 2017 a 3.8% en 2018 y al caer 6.1% en 2019.

Tampoco debemos obviar que, en un año electoral, aún sin diálogo y sin convivencia entre los nicaragüenses, las incertidumbres de los agentes económicos continuarán robusteciéndose.





Cinco desafíos que enfrentamos para encauzar la economía

24 01 2021

El conflicto político de abril de 2018 que aún persiste, el desestímulo económico provocado por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de 2019, la pandemia del COVID-19 que se hizo presente en el país en marzo de 2020 y los impactos de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020 han dañado la economía de Nicaragua.

Siempre he sido de la opinión de que la economía no se dinamizará si no se restablece la confianza entre los agentes económicos (gobierno, consumidores, empresarios y comunidad internacional), lo cual demanda acciones exclusivamente políticas, y si no se aplica la vacuna contra el COVID-19 a toda la población. La convivencia entre los nicaragüenses es una condición inevitable para la recuperación del terreno económico perdido y el avance hacia el desarrollo económico del país, o sea, para que la economía funcione.

¿Cuáles son las áreas de la economía que están exigiendo la atención de los políticos, que hoy se encuentran enfrascados en la arena política de un año electoral? A continuación, presento algunas áreas de política económica que demandan la atención no sólo de las autoridades gubernamentales, sino también de la población.

El crecimiento económico

La economía está en caída libre desde el año de 2018. Aunque la cifra oficial indica una desaceleración de la tasa de caída anual del producto interno bruto (PIB) real en 2020, esto no significa que se está mejorando el desempeño productivo de las actividades económicas.

Según datos gubernamentales, en el trienio 2018-2020 se han destruido aproximadamente 200 mil puestos de trabajo del sector formal de la economía, que representan el 5% de la población económicamente activa del año de 2020. Al cerrarse el año de 2020, Nicaragua ya se encuentra en depresión económica porque la caída acumulada del PIB real con respecto a su nivel registrado en 2017 es de dos dígitos porcentuales, o sea, al menos 10%.

La reforma de la Ley de Concertación Tributaria

En términos estrictamente económicos, la reforma tributaria fue aprobada e implementada en el momento menos apropiado, cuando imperaba la recesión económica debido al conflicto político desde el tercer trimestre de 2018.

El cierre de empresas, principalmente las microempresas y las pequeñas empresas de las actividades de comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales, y las medianas y grandes empresas de las actividades de la construcción y de la intermediación financiera, aumentó el desempleo y el subempleo.

Las alzas de las tasas tributarias indirectas aceleraron la tasa de caída de la producción y la tasa de aumento de los precios al consumidor y, además, un crecimiento de la economía subterránea causado por el contrabando de bienes de la industria fiscal. La reforma tributaria no debería ser contractiva o procíclica, sino expansiva y anticíclica.

Lo problemas estructurales de la economía

La pandemia ha puesto al descubierto la desigualdad de la distribución del ingreso, la falta de educación técnica y la expansión de un gran sector informal, todo esto vinculado a otros dos problemas estructurales, como son la seguridad social y la baja productividad de la economía que han existido durante décadas. La solución de estos problemas es posible sólo en el largo plazo, que empieza hoy, mejor dicho, que debió haber empezado ayer.

Reevaluar el sistema bancario

Inundados de liquidez, los bancos han observado un leve aumento de los depósitos del público no bancario, una caída de la cartera de préstamos, una gran reducción del número de prestatarios, un aumento de la cartera en riesgo, un incremento de las provisiones por pérdida de la cartera, una creciente adecuación de capital, un mayor margen financiero, una alta tasa de interés activa real (tasa nominal menos tasa de inflación) de corto plazo -que encarece los préstamos-, una baja tasa de interés pasiva real de ahorro -que obstaculiza la captación de fondos- y una notable reducción de la tasa de rentabilidad que aún es positiva. Se requiere un acuerdo político para que la banca comercial reemprenda su apoyo financiero a la producción y la demanda interna (consumo e inversión).

Hay que reconocer que la vida normal ha sido desviada por el COVID-19. Por eso, también será necesario considerar, primero, la posibilidad de otorgar, al menos, un trimestre de gracia, prorrogable si es necesario, a los deudores del sistema financiero nacional que lo soliciten, demuestren la necesidad y califiquen, independientemente del nivel de riesgo del prestatario, y trasladen el pago de capital e intereses que corresponde a este período hasta el final del plazo del préstamo y, segundo, la autorización de la reestructuración de créditos tendientes a la modificación de tasas de interés, plazos y cuotas, sin que se disminuya la calificación del prestatario.

Apoyar a las MIPYMEs

En marzo de 1998 fue cerrado el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), un banco estatal que financiaba principalmente la producción agropecuaria del país y a las pequeñas y medianas empresas. Sería conveniente reflexionar sobre el restablecimiento de la banca estatal de fomento a la producción, un instrumento de la política económica que facilitaría el alcance de las metas de producción e inversión, con crédito y transferencia de tecnología, de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs).

En conclusión, 2021 será un año de inusual incertidumbre, porque a los cuatro problemas mencionados al inicio de este análisis se agregará el ciclo económico político, por ser un año de elección presidencial, y la propagación más acelerada de una nueva cepa del COVID-19, aumentando los riesgos para la salud, el crecimiento económico, la estabilidad política y la estabilidad social. No hace falta decir que la incertidumbre es mala para la producción, la inversión y el consumo.





Las propuestas de reajuste del salario mínimo

17 01 2021

El jueves 14 de enero de este año se instaló la Comisión Nacional del Salario Mínimo en la sede del Ministerio del Trabajo (MITRAB) para aprobar el incremento nominal del salario mínimo legal de 2021, que entrará en vigor a partir de marzo de este año. Las instituciones representadas en la mesa de negociación fueron el gobierno, principalmente a través del MITRAB, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y los sindicatos de trabajadores.

Sobre la próxima tasa de ajuste del salario mínimo, ya se pronunciaron la Central Sandinista de Trabajadores (CST), con un mínimo de 5%, la Central Sandinista de Trabajadores-José Benito Escobar (CST-JBE), que demanda 10%, y las PYMEs, con 0% porque no existen condiciones económicas para incrementar el salario mínimo.

La Ley de Salario Mínimo ordena que, en cada año, la tasa de reajuste anual de dicho salario sea igual a la suma de la tasa de inflación anual de los precios al consumidor (IPC) nacional, estimada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) -y en la práctica, también por el Banco Central de Nicaragua (BCN)- y de la tasa de crecimiento anual de la producción de cada actividad económica, un dato preliminar estimado por el BCN, ambas correspondientes al año inmediato anterior.  La práctica indica que el monto anual del ajuste es entregado en dos partes en cada semestre, específicamente en los meses de marzo y octubre.

En 2019 no se ajustó el salario mínimo porque en 2018 la producción cayó 4.0% y la tasa de inflación fue 3.9% (-4.0 + 3.9 = -0.1), excepto en las empresas del régimen de zona franca donde el ajuste fue igual a 8.2%.

En 2020, la Comisión Nacional del Salario Mínimo aprobó la entrega del reajuste anual de 2.6% en marzo, al haberse observado en 2019 una tasa de caída preliminar de la producción de 3.5% y una tasa de inflación de 6.1% (-3.5 + 6.1 = 2.6); posteriormente, el BCN informó que la caída de la producción fue 3.9% en 2020.

Ahora, ¿cuál podría ser el reajuste del salario mínimo en 2021? Veamos la suma algebraica de las variaciones relativas de la producción y de los precios al consumidor correspondientes a 2020, de acuerdo con los anuncios de los servidores públicos del BCN y del INIDE.

En 2020, según el INIDE, la tasa de inflación anual fue 2.93%; por su parte, la moda del BCN para proyectar el comportamiento de la producción anual, o del Producto Interno Bruto (PIB) Real, es con un rango que se fijó recientemente en una caída de entre 1.5% y 2.5%. Por lo tanto, el reajuste del salario mínimo caería en otro rango de entre 1.43% (= -1.5 + 2.93) y 0.43% (= -2.5 + 2.93). ¿Qué opinarán los trabajadores, cuando conozcan que el reajuste máximo, según la ley, es apenas de 1.43% en 2020? Veamos qué podría ocurrir si se buscara más información económica adicional.

La ley indica que una referencia para fijar el salario mínimo es el costo de la canasta de consumo básico que estima el INIDE. Excluyendo el salario mínimo pagado en las empresas de zona franca, la cobertura del promedio simple del salario mínimo sobre el costo de dicha canasta se elevó de 47.4% a 48.6% de febrero a marzo de 2020, pero en diciembre de este año esa cobertura se redujo a 47.3%, lo cual refleja la pérdida de 1.3 puntos porcentuales en esa cobertura salarial. En diciembre recién pasado,  la canasta de consumo básico alcanzó el valor de C$14,526.34 y el ajuste salarial requerido para restablecer la cobertura registrada en marzo de 2020 sería igual a C$188.84, o sea, un aumento de 2.75% del salario mínimo. Esta variante sería más atractiva para los trabajadores que el ajuste máximo de 1.43% que se desprende de la metodología establecida en la ley.

Otra variante para determinar la tasa de reajuste está en función del deterioro del salario mínimo mensual durante el período marzo-diciembre de 2020. Señalo diciembre de este año porque es el último mes de la muestra de datos oficiales que disponemos hoy. Podría ser enero de 2021, pero deberíamos esperar la publicación de los datos del IPC y de la CCB de ese mes, probablemente hasta mediados de febrero próximo.

Entre marzo y diciembre del año pasado, la tasa de inflación acumulada fue 2.73%, mientras que el salario mínimo mensual por actividad económica y su promedio simple permanecían “congelados”. Por eso, el salario mínimo real, o poder adquisitivo dl salario mínimo, o el volumen de bienes y servicios que una persona puede comprar con el salario mínimo, se deterioró 2.65% entre marzo y diciembre del año pasado. Por lo tanto, el reajuste salarial requerido para restablecer en diciembre de 2020 el salario mínimo real registrado en marzo de 2020 es igual a 2.73%, que se obtiene con el cociente al dividir 1 entre (1 – el deterioro del salario real), en este caso = [(1 / (1 – 0.0265)] = 2.73%, un resultado muy cercano al estimado en función de la cobertura sobre el costo de la canasta de consumo básico, que fue igual a 2.75%.   

La última variante del reajuste del salario mínimo para 2021 es que sea de orden estrictamente político. La tasa de ajuste salarial sería una incógnita antes de su anuncio, al ser el ciclo económico un reflejo del calendario del año electoral. La teoría del ciclo económico político sugiere disminuir el desempleo y el subempleo antes de las elecciones, pero la adopción de una política monetaria expansiva, sólo tomando en cuenta las elecciones, provocaría pequeños aumentos en la producción y grandes efectos inflacionarios. Se prevé que en Nicaragua las expectativas inflacionarias continúen aplacadas el próximo año, pero las tasas de desempleo y subempleo son altas, al no haber disminuido en el trienio 2018-2020.

En conclusión, acorde con la teoría económica, sugiero que la tasa de reajuste del salario mínimo sea 2.75% o se aproxime al 3%, no muy alejado de la propuesta de 5% de la CST. Veremos que aprobará la Comisión Nacional del Salario Mínimo a más tardar dos meses calendario a partir de su instalación, o sea el 14 de marzo próximo.





El COVID-19 y la industria bancaria de Nicaragua

10 01 2021

¿Cómo ha impactado la pandemia a las entidades bancarias, grandes y pequeñas, radicadas en el país entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020?

El ritmo de producción de la actividad de servicios bancarios es un indicador que ayuda a explicar el comportamiento de la economía del país, como lo son también otros indicadores, por ejemplo, el volumen consumido de energía eléctrica y la recaudación de impuestos con tasas tributarias estables y eliminada la tasa de inflación. Si aumenta el crédito bancario, se el desempeño productivo se robustece por la vía de la inversión o por la vía del consumo.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) promedio anual de la Actividad Intermediación Financiera y Servicio Conexos correspondiente a octubre de 2020, la producción de servicios financieros se ha desplomado 17.3%, que supera a la caída de 15.5% observada en octubre de 2019.

Aunque la rentabilidad de capital (ROE) de los bancos comerciales es igual a 16.2% en noviembre de 2020, alta en tiempos de varias crisis, las utilidades netas han caído 12.9% porque los bancos aumentaron 10.1% sus reservas o provisiones para enfrentar las pérdidas crediticias actuales y los problemas futuros de los préstamos. La proporción de la cartera de crédito en riesgo con respecto al saldo total de la cartera de crédito se incrementó de 12.5% a 16.9%. El crédito en riesgo incluye los créditos vencidos, reestructurados, reprogramados y en cobro judicial.

Sin embargo, el tamaño del colchón para riesgos, que es el cociente de la suma de las reservas de cartera más el patrimonio entre el total de la cartera de crédito vencida, se redujo al pasar de 18.02 a 17.75, pero la solidez de las entidades bancarias se fortalece al incrementarse la adecuación de capital (capital/préstamos, principalmente) de 19.48% a 20.16% (la norma legal es 10%). 

Cabe mencionar que la tasa de rentabilidad neta del capital en noviembre de 2020 está sesgada por los tres bancos grandes: BAC, 25.5%; LAFISE BANCENTRO, 27.8%; y BANPRO, 17.2%. Los tres bancos pequeños tienen una tasa de rentabilidad de capital menor que 5%: BDF, 4.1%; AVANZ, 1.6%; y FICOHSA, 1.4%. La reducción agregada de las utilidades netas de los seis bancos fue igual a C$361.8 millones.    

En cuanto a los préstamos, la cartera de crédito neta o el monto de la cartera de crédito bruta menos el monto de la provisión por las pérdidas crediticias disminuyó 3.9%, pero el margen entre las tasas activas y pasivas ponderadas, en monedas extranjera y local, aumentó hasta 7.5 puntos porcentuales en noviembre de 2020, mayor que el margen de 5.4 puntos porcentuales registrado en noviembre de 2019. Caen los préstamos y sube el spread de los bancos, o sea, la diferencia entre la tasa de colocación de crédito y la tasa de captación de ahorro.

Un indicador de la productividad bancaria, la eficacia en el manejo de la cartera de préstamos, medida como el cociente de la cartera préstamos bruta entre el total de gastos de administración, disminuyó muy levemente al pasar de 14.61 a 14.36, pero la eficacia en la generación de ingresos financieros, otro indicador de la productividad bancaria, estimada con el cociente de las utilidades financieras entre el total de gastos de administración, se ha estancado en el nivel de 1.32.

Por su parte, los depositantes han incrementado en 20.0% el saldo total de los depósitos en córdobas y en dólares y han inundado de liquidez a los bancos. La proporción de la liquidez total con respecto al saldo total de los depósitos se incrementó de 40.9% a 47.0% y es difícil prever que podrán hacer los bancos con esa excesiva liquidez. ¿Inversiones financieras o compras de títulos valores de largo plazo emitidos por instituciones públicas en un año electoral? Veremos.   

Con el comportamiento de los indicadores financieros antes descrito, se puede afirmar que la banca comercial aún refleja la recesión económica que se inició en el segundo trimestre de 2019, no obstante, las cifras oficiales preliminares de la economía real, o sea, de la oferta y la demanda de bienes y servicios finales, señalan que la producción ha comenzado a reactivarse en el segundo semestre de 2020.

Tomando en cuenta la suspensión de la contratación de préstamos concesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA) contenida en la NICA Act, lo que se puede observar es que la economía real del país no ha recibido impulsos o estímulos de la política monetaria y de la política fiscal.

La defensa de la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha sido posible con severas contracciones monetarias y, por otro lado, la aprobación de una reforma tributaria de la Ley de Concertación Tributaria en febrero de 2019 aceleró la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) y la tasa de aumento de la inflación de los precios al consumidor en 2019.

Después, en 2020 llegaron la pandemia del COVID-19, que golpeó a la pequeña industria y al sector servicios, principalmente comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales, y dos huracanes, que asolaron la producción y la infraestructura económica y social del Caribe Norte. El dolor económico nacional no se ha atenuado. No cabe la duda de que el crecimiento económico del país se remontará con la vacuna contra el COVID-19.

Entre los noviembres de 2019 y 2020, la banca comercial cerró 28 sucursales y ventanillas y dejó operando 472 sucursales, de las cuales 200 se encuentran en Managua, y despidió a 428 empleados y el tamaño de la nómina se redujo a 8,805 personas.