Los “efectos base” y las interpretaciones económicas engañosas

19 06 2021

Hace pocos días supimos que el producto interno bruto (PIB) real del país había crecido 3.4% en el primer trimestre de 2021 con respecto al primer trimestre de 2020 (este trimestre no fue normal), lo que ha provocado euforia en las proyecciones oficiales del crecimiento económico esperado en 2021, que se sitúan en un rango mínimo de [2.5%, 3.5%], un nivel medio de 4% y un nivel óptimo de 6%.

Las previsiones de las cifras macroeconómicas de este año que han comenzado a circular son resultados de comparaciones con los desplomes provocados por la pandemia mundial del COVID-19 a partir de marzo de 2020. Según los datos oficiales, en el segundo trimestre de 2020, el PIB real había caído 6.4% y continuó cayendo 0.9% y 1.9% en el tercer y cuarto trimestres de ese mismo año, después de haberse desplomado 9.0% en el primer trimestre de 2019 por los efectos de la crisis política de abril 2018 y la reforma tributaria de febrero de 2019 sobre la producción de bienes y servicios.

Tal como lo he señalado en varias de mis opiniones económicas, estamos realizando comparaciones con la hondura de una recesión económica que surgió en el segundo trimestre de 2018 y continuó progresivamente hasta llegar a un mínimo de producción, lo cual hace que algunas variables económicas aparezcan tremendamente altas por los “efectos de base” y no facilitan información hacia donde nos dirigimos en 2022. Cifras económicas anormalmente altas están apareciendo en el escenario macroeconómico, no sólo de Nicaragua, sino de todos los países.  

Tenemos que interpretar mejor los resultados ilusorios o artificiosos de este año con respecto a los del año pasado, cuando algo extraeconómico inesperado, el COVID-19, se presentó en Nicaragua el 18 de marzo de 2020. Este tipo de problema, que provocó un shock de oferta con el cierre de empresas y después un shock de demanda con la reducción de los ingresos al aumentar el número de desempleados y subempleados, causaron distorsiones en los datos económicos y una mayor dificultad en el análisis de la economía.

Para tener una mejor idea de la tendencia del crecimiento económico, el PIB real del primer trimestre de 2021 muestra una disminución de 4.8% en relación con el primer trimestre de 2018, que en mi opinión ha sido el último trimestre en que se reflejó una normalidad económica en el país.

El mismo problema de interpretación ocurre con la tasa de inflación. Con la recuperación económica del primer trimestre de 2021, la cual es cierta, también se observan dinámicas inflacionarias distintas en diferentes grupos de bienes y servicios.

Por ejemplo, en términos interanuales, en mayo de este año se han acelerado la tasa de inflación de las bebidas alcohólicas y el tabaco hasta 18.8%, influenciada por la reforma tributaria de febrero de 2019, y la tasa de inflación del servicio de transporte hasta 15.0%, impactada por el aumento interanual de 126.5% del precio internacional promedio mensual del barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate), que es de referencia para América Latina, al saltar de US$28.68 en mayo de 2020  hasta US$64.98 en mayo de 2021. Sin embargo, muy probablemente debido a una menor demanda de los consumidores, los precios de prendas de vestir y calzado apenas aumentaron 1.9% y los precios de los servicios de hoteles y restaurantes subieron 2.2%, mientras que los precios al consumidor de alimentos y bebidas no alcohólicas se aceleraron hasta 4.3%.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional de mayo de 2021 tuvo un aumento interanual (o en relación con el IPC de mayo de 2020) de 3.97% (en abril de este año fue igual a 4.40%, una tasa de inflación que puede considerarse alta), pero para tener una mejor idea de la tendencia inflacionaria se puede poner la atención en la tasa de inflación del IPC Subyacente (IPCS), que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles, porque esos precios son muy volátiles.

En el bienio 2017-2018, la tasa mensual de inflación subyacente en términos interanuales osciló muy cercanamente alrededor de 4%, al ubicarse en el rango de [3.87%, 4.25%], pero con la reforma tributaria, desde febrero de 2019 hasta marzo de 2020, subió a al rango de [5.25%, 6.56%]. Desde abril de 2020 hasta mayo de 2021 ha descendido y se ha reubicado en el rango de [2.56%, 4.13%], y ha vuelto a oscilar bastante cerca al 4% en este año.

Siempre tomando en cuenta los “efectos base”, la tasa de inflación interanual del IPC podrá elevarse en forma sostenida en el corto plazo, pero temporalmente porque la demanda de bienes y servicios estaría aumentando debido el crecimiento económico que hemos comenzado a observar en el primer trimestre de este año, y también por el crecimiento de los precios internacionales de los commodities o materias primas y los cuellos de botella de las cadenas de suministro de bienes intermedios o insumos.

Por esos motivos, es mejor monitorear la tasa mensual de inflación en términos interanuales del IPCS, que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles. Creo que sería un indicador más realista. Si esa tasa de inflación sube de 4%, que es casi la moda del alza del IPCS, a 5%, y después a 6%, se puede afirmar que se estarían observando fuertes presiones inflacionarias, por lo cual la política monetaria contractiva tendría que endurecerse, principalmente mediante una mayor colocación de Letras del BCN con plazo de 1 día, que es el único instrumento que goza de confianza entre los inversionistas financieros.

Lo que sí es muy preocupante es lograr la normalidad del mercado laboral. La recuperación del empleo se ve muy lejana, porque después de que las crisis destruyeran 199 mil 731 puestos de trabajo en el sector formal de la economía durante el trienio 2018-2020, sólo se han creado 32 mil 917 puestos en el primer cuatrimestre del año en curso. Además, se desconoce la destrucción de puestos de trabajo del sector informal y, por lo tanto, la recuperación del empleo está muy lejos de completarse, además porque la población económicamente activa aumenta en cada año.

Según mis cálculos, de 4 millones 100 mil personas económicamente activas (PEA) en 2021, 1 millón 324 mil estarán subutilizadas (o desempleadas en forma abierta y desempleadas equivalentes), y esta cifra arroja una tasa de subutilización global de 32.3% de la PEA. En otras palabras, 564 mil empleos se han perdido desde 2018, incluyendo al sector informal, y aún no se han restablecido y muchos de ellos probablemente no podrán ser restaurados.

Por otro lado, el poder adquisitivo de los salarios de los empleados en el sector formal de la economía, de acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo (MITRAB), en términos acumulado anual, o sea, de diciembre a diciembre, se ha deteriorado 1.9% en 2018, 5.2% en 2019, 2.6% en 2020 y 1.2% a marzo de 2021. La reducción acumulada de la capacidad de compra del salario del sector formal desde diciembre 2017 hasta marzo de 2021 es 9.4%.

En conclusión, el desempleo y el subempleo han aumentado, pero no se han dado aumentos salariales, excepto para el salario mínimo. Si los sindicatos comenzaran a presionar por aumentos salariales para los trabajadores con salarios bajos, se podría generar una tendencia inflacionaria, es decir una espiral salario-precio, en el caso de que hubiese un exceso de demanda de trabajo en el mercado laboral, el cual no se percibe en este momento. Sin embargo, creo que esto no es posible en el corto plazo, porque la curva de contagio de COVID-19 aún no ha sido aplanada y la vacunación aún no tiene  una amplia cobertura sobre la población del país.





El aumento de la oferta de dinero no es motivo de preocupación

13 06 2021

En las últimas semanas ha circulado la opinión que hay una excesiva cantidad de dinero circulando en el mercado local y que por ese motivo la tasa de inflación mensual se aceleró de 0.26% en enero a 0.85% en febrero de este año, lo que implicó el aumento de la tasa de inflación interanual de 2.9% en diciembre de 2020 a 4.4% en abril de 2021.

De acuerdo con datos oficiales, el balance presupuestario de ingresos y gastos del Gobierno Central, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), mostró un superávit de 2 mil 867 millones de córdobas en el primer trimestre de 2021, por lo cual, aunque el Gobierno había recibido préstamos y donaciones del sector externo por 101 millones de dólares en ese trimestre, no requería del auxilio financiero internacional para ejecutar el gasto gubernamental, ni tampoco ha recurrido al endeudamiento interno mediante la colocación de Bonos del Tesoro en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Por su parte, el balance del BCN mostró al 31 de mayo de este año una contracción monetaria de 7 mil 247 millones de córdobas, que se explica principalmente por el aumento de los depósitos del sector público no financiero en el BCN y la colocación de Letras del BCN a 1 día plazo pagaderas en córdobas.

Entonces, ¿por qué la gente se queja de que existe un excesiva cantidad de dinero en el mercado,  y que por ese motivo se está acelerando la tasa de inflación? La gente comienza a preocuparse por una inflación galopante, que a simple vista no se percibe.

El dinero sirve como medio de intercambio o medio de pago, para la compra y la venta de productos; como depósito de valor estable, para trasladar poder de compra de un período a otro;  y como unidad de cuenta, para la cotización de los precios.

La cantidad de dinero a veces ayuda a pronosticar la tasa de inflación. Pero, ¿cómo se estima el saldo de dinero que circula en el mercado? En mi opinión, la oferta de dinero se puede estimar con el Medio Circulante, o sea, la cantidad de dinero para realizar transacciones, conocido en la literatura macroeconómica como M1 e incluye el efectivo fuera de los bancos y el valor de todos los depósitos a la vista o en cuenta corriente en las entidades bancarias; sin embargo, otros economistas lo relacionan con el agregado monetario M2, conocido como Dinero Amplio, que además del Medio Circulante incluye el saldo de los depósitos de ahorro y a plazos en moneda local, estos últimos llamados Cuasi Dinero.

Sin embargo, el BCN sólo controla la Base Monetaria, conocida como M0 o dinero de alta potencia, que consiste en el efectivo, o los billetes y las monedas en circulación, es decir, el saldo de la emisión de dinero, más los depósitos que los bancos tienen en el BCN. Por lo tanto, el BCN no controla directamente a M2.

En 2020, principalmente en el último bimestre de ese año, el BCN aumentó la Base Monetaria hasta 9 mil 190 millones de córdobas, pero en ese mismo año los bancos aumentaron sus depósitos en el BCN en 2 mil 360 millones de córdobas, a pesar de que el BCN contrajo la liquidez en 3 mil 28 millones de córdobas mediante el mecanismo de absorción de los reportos monetarios. Así, los depósitos de ahorro y a plazos del público no bancario no reflejaron un gran aumento.

Ahora, en el período enero-mayo de 2021, la Base Monetaria se ha reducido en 4 mil 608 millones de córdobas, pero la gente ha comenzado a expresar su temor a la aceleración de la tasa de inflación. Un rápido  crecimiento de la oferta de dinero o M1 no se traduce en una severa inflación sin que cause un sobrecalentamiento de la economía, o sea, una situación que se caracteriza por crecientes niveles de demanda interna y de demanda externa de bienes y servicios, cuando la capacidad del aparato productivo no satisface la demanda agregada, y cuando la economía se está acercando al pleno empleo. Pero esta no es la situación de la economía de Nicaragua.

Lo que ha ocurrido desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2020 ha sido una recesión continua, con una gran pérdida de puestos de trabajo del sector formal, y también del informal, con el aumento de la población económicamente activa (PEA) por el ingreso de jóvenes al mercado laboral por primera vez, y también con la reducción de la PEA porque los desempleados y subempleados la abandonan al cansarse en la búsqueda de trabajo. Todo esto condujo a la disminución de la tasa de inflación interanual desde julio 2018 hasta noviembre de 2020.

Por consiguiente, concluyo que los inflacionistas no han analizado esta historia económica reciente del país. Una economía casi en estado depresivo, con crecientes tasas de desempleo y subempleo, y con una elevada tasa de personas inactivas en edad de trabajar, nos ha llevado a un nivel inflacionario mínimo, donde la producción total es inferior a la producción potencial.

La tasa de inflación anual bajó de 5.87% en 2017, un año de máximos históricos de producción y de mínimos históricos de pobreza en el país, a 3.89% en 2018 por la crisis política de abril de 2018; luego, en 2019 la inflación anual se aceleró hasta 6.13% por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de ese año, que elevó los costos de producción de las actividades agropecuarias y los precios al consumidor de bebidas y cigarrillos,; después desaceleró hasta 2.93% en 2020, debido a los shocks de oferta y de demanda provocados por la pandemia mundial del COVID-19. En conclusión, se observó una reducción de la inflación, excepto en el año en que se implementó una reforma tributaria.

Con el último dato oficial disponible, cabe mencionar que la tasa de inflación interanual de mayo de 2021 es 3.97%, o sea, 43 centésimas porcentuales menor que la de abril recién pasado.

Por supuesto que hay muchas razones para preocuparnos de la economía nacional, pero mantengamos la calma por la presión inflacionaria. Preocupémonos, antes de todo, por restablecer el nivel de empleo observado antes de la crisis política y, después, busquemos el pleno empleo, alcancemos el producto interno bruto potencial.





No se visualiza un sobrecalentamiento de la economía de Nicaragua

6 06 2021

La presión inflacionaria en Nicaragua no ha “sobrecalentado” la economía nacional, porque el nivel de desempleo se elevó abruptamente en el trienio 2018-2020 por la crisis política de abril 2018, la reforma tributaria procíclica o contractiva de febrero de 2019, la pandemia mundial del COVID-19 en marzo de 2020 y los huracanes Eta e Iota que azotaron el norte de la Costa del Caribe en noviembre de 2020.

Ese esperado calor de la economía aún no se ha sentido, porque tras la destrucción de 199,731 puestos de trabajo del sector formal de la economía durante el trienio antes mencionado sólo se crearon 30,457 en la economía formal en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Si sintiéramos ese calor ya se hubieran elevado los salarios y se hubiese reducido la tasa de inactividad laboral, que, según el dato oficial, es igual a casi el 30% de la población en edad de trabajar.

Si hubiera una fuerte presión inflacionaria que preocupara a los consumidores y los productores, que también fuera sostenida, como la tasa de inflación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) de 4.4% registrada en abril recién pasado, los precios irían al alza y se acelerarían rápidamente, la observaríamos en los salarios y en los precios al consumidor y no debería ser temporal.

La tasa de inflación interanual del índice de precios al consumidor subyacente (IPCS), que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, tendría que pasar de 4%, como se observaba antes de la reforma tributaria de febrero de 2019, a 5%, después a 6% y así sucesivamente, pero eso no está ocurriendo en el país, porque también estaríamos viendo crecientes y acelerados niveles de empleo y de salarios.    

Según el dato oficial, la tasa de desempleo abierto de 2020 fue del orden de 5.0% de la población económicamente activa, pero apenas 0.5 puntos porcentuales mayor que la de 2016 y 1.3 puntos porcentuales superior a la de 2017, un año de variables con máximos y mínimos históricos que favorecen a la economía nicaragüense, por lo cual se generaría alguna polémica porque en el trienio 2018-2020 se acumuló, según el Banco Central de Nicaragua (BCN) una caída de 8.8% del producto interno bruto (PIB) real.

¿Una caída de 8.8% del PIB real aumentaría la tasa de desempleo abierto apenas en 1.3 puntos porcentuales? Volver a la normalidad económica significaría que la tasa de desempleo estaría por debajo del 3.7% (¿pleno empleo, cuando casi el 50% de los ocupados está subempleado?) que alcanzó la administración del presidente Daniel Ortega con una tasa de inflación de 5.7% en 2017.

Por otro lado, entre los niveles salariales del país, el salario mínimo, ha tenido ajustes anuales muy importantes en el período 2007-2017, al saltar su promedio simple de C$1,440 en 2006 a C$5,824 en 2017, lo que implicó una tasa de crecimiento promedio anual de 13.6% y su cobertura sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico saltó de 21.9% en 2007 a 45.3% en 2017. Cabe mencionar que a partir de septiembre de 2007, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) oficializó una nueva canasta de consumo básico, que pasó de tiempos de guerra a tiempos de paz, y que garantizó el consumo per cápita diario de 2,455.4 kilocalorías para una familia de 4.9 personas promedio nacional.

Sin embargo, la tasa de ajuste promedio anual del salario mínimo legal en el trienio 2017-2020 se desaceleró hasta 5.5%, al registrar en 2020 un promedio simple de C$6,849.26, pero elevó su cobertura sobre la canasta de consumo básico a 47.1% porque la inflación promedio anual del costo de dicha canasta fue igual a 4.1% en el mismo trienio (5.1% > 4.1%).

Como lo enseñan los textos introductorios a la Macroeconomía, la espiral precio-salario se inicia cuando la demanda de bienes y servicios finales aumenta más rápido que su oferta. Los salarios más altos forman precios más altos y éstos generan salarios más altos, y, así, el ciclo continúa.

¿Se ha dado ese ciclo en el trienio 2018-2020? Creo que no. El salario nominal o en precios corrientes promedio anual del sector formal de la economía se incrementó de C$4,823.58 en 2006 a C$10,239.17 en 2017 y mostró una subida promedio anual de 7.1%, pero en el trienio 2018-2020 el aumento promedio anual de dicho salario desaceleró hasta 2.3%, mientras que la tasa de inflación del IPC promedio anual era igual a 4.3%.

Por lo tanto, no debería preocuparnos que en el escenario macroeconómico actual se vaya a dar un aumento de los salarios que podría provocar que las empresas suban los precios, lo que haría que los trabajadores exijan salarios más altos y el BCN tendría que recurrir a una política monetaria más restrictiva para luchar contra la inflación. Por eso creo que no es el momento de la ocurrencia del ciclo precio-salario-precio, porque la política fiscal, excluyendo la cooperación internacional en concepto de asistencia humanitaria, también es contractiva.     

En conclusión, durante el período 2018-2020 y en términos promedio anual, los salarios nominales se han incrementado 2.4%; las tasas de inflación, tanto del IPC como del IPCS, no muestran síntomas de aceleración al permanecer en los niveles de 4.3% y 4.5% respectivamente; y el deterioro del poder adquisitivo del salario del empleo formal es 1.9%. Sin embargo, la proporción de la personas inactivas es 1/3 de la población en edad de trabajar, mientras que la tasa de desempleo abierto es 5.0% de la población económicamente activa.    

Nuestros señalamientos sobre los niveles del PIB real y de la tasa de desempleo abierto no son de este momento, sino de hace varios años. A corto plazo, el crecimiento de la producción de bienes y servicios y el desempleo están bastante relacionados. Esa relación empírica es conocida como la Ley de Okun y con ella llegamos a siguiente conclusión sobre la economía de Nicaragua: sobre una muestra de datos correspondientes al período 2006-2020, para reducir la tasa de desempleo abierto en 1 punto porcentual el PIB Real debería crecer 10.51%. ¿Es lógica esta información? Creo que no.

En el trienio 2018-2020 se acumuló una caída de 8.8% del PIB real, pero la tasa de desempleo de 5.0% de 2020 fue superior apenas en 1.3 puntos porcentuales que la tasa de desempleo abierto de 3.7% registrada en 2017, un año de máximos históricos de producción. ¿Es también lógica esta información? Creo que tampoco.





El mercado laboral de Nicaragua

30 05 2021

Con base en datos publicados por el INIDE

Al cierre del primer trimestre de 2021, la tasa de desempleo abierto, que es la proporción de la población económicamente activa (PEA) que no trabaja, bajó al nivel de 4.9%, una tasa que indica que la economía, si aún no lo está, ya se aproxima a una situación de pleno empleo, es decir, cuando las empresas ya no encuentran trabajadores en el mercado. Sin embargo, contradictoriamente de cada 100 ocupados (también debería expresarse como un porcentaje de la PEA), 44.6 personas están subempleadas, o sea, personas que trabajan menos de ocho horas diarias, tal como lo manda el Código Laboral, o devengan un salario menor que el salario mínimo legal, lo cual es prohibido por la ley.

Estamos refiriéndonos al mercado laboral de Nicaragua, pero se desconoce el dato oficial de cuántas personas económicamente activas hay en el país desde el año de 2015, cuando era estimado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). A pesar de esa limitante, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, a través de su División General de Estudios Económicos, publicó en su Anuario Estadístico de 2019 la proyección anual de la PEA de 3,509.2 miles de personas en 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.5% en el período 2014-2019. Se puede afirmar que en 2019 la PEA representó el 53.8% de la población total del país de 6,527.2 miles de habitantes, esta última publicada por el BCN.  

También se desconoce el dato oficial del número de ocupados del país, tanto total como por actividad económica, por lo cual no es posible analizar la productividad de la economía o del trabajo. De acuerdo con el INSS, las principales actividades económicas que concentraban a los empleados del sector formal de la economía en 2019, son, en orden de importancia, la administración pública y defensa, la industria manufacturera y el comercio, que absorben, en términos promedio anual, el 57% del total de asegurados activos del país.

Volviendo de nuevo al Anuario Estadístico del INSS de 2019, la población ocupada del país en 2019 fue igual a 3,193.4 miles de personas, por lo que se puede confirmar que la tasa de ocupación es del orden de 91.0% de la PEA en 2019, inferior a la de 95.6% publicada por el BCN para ese mismo año. Por consiguiente, sobre la base de la información del INSS, en 2019 la tasa de desempleo abierto sería del orden de 9.0%, que tiene un sesgo más realista que la publicada por el BCN de 5.6% para ese mismo año.   

Un dato muy confiable es el número de trabajadores activos que cotizan la seguridad social, que en 2020 había disminuido hasta 714,465 personas, después de que se destruyeran 199,731 puestos de trabajo durante tres años consecutivos de recesión económica. En el primer trimestre de 2021, se han creado 30,457 puestos de trabajo formal cotizantes de seguridad social, pero equivale apenas al 15.2% del empleo formal perdido en el trienio 2018-2020. Restablecer el número de cotizantes de seguridad social será una señal de la normalización económica pre pandémica, que es la base fundamental para acelerar el ansiado crecimiento económico, Mientras más pronto lo hagamos, mejor.

Un dato oficial de 2012 señalaba que el 76% del total de ocupados laboraba en establecimientos sin registros contables y, además, que el 51% del total de ocupados estaba subempleado. En el primer trimestre de 2021, el 44.6% del total de ocupados está subempleado, pero se desconoce la proporción de los ocupados que trabaja en establecimientos que no tienen un registro contable sencillo. La informalidad laboral debe continuar siendo gigantesca, dada la destrucción de puestos de empleo formal, y constituye el principal problema estructural del mercado laboral del país. Para reducir este problema, se requerirá de una sólida coordinación de las políticas de educación técnica media y superior financiera, de transferencia de tecnología y de financiamiento, principalmente a través de la intermediación de la banca estatal de fomento a la producción, es decir, el Banco Produzcamos.

Otro indicador laboral muy significativo que ayuda a confirmar que no estamos cerca del territorio de  la economía de pleno empleo, es la tasa de inactividad laboral: según el INIDE, en el primer trimestre de 2021 el 30.5% de la población en edad de trabajar (PET), o sea, de las personas de 14 años y más de edad, se encontraba inactiva.

También debemos tomar en cuenta que en cada año la reserva de desempleados aumenta con el ingreso de personas al mercado laboral que buscan trabajo por primera vez. A manera de ejemplo, en 2017 la PEA se incrementó en 119.4 miles de personas, pero en el bienio 2018-2019, en un escenario de recesión económica, aumentó en 81.2 miles de personas.

Sin embargo, la PEA también disminuye, en parte porque los despidos son elevados durante las recesiones. Al cerrar las empresas, como ocurrió con el impacto del COVID-19, muchas personas dejaron de buscar trabajo o se cansaron por no encontrar trabajo y, consecuentemente, salieron del mercado laboral. En Nicaragua, una persona de 14 años y más que estuvo desocupada en la semana de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del INIDE y que en las cuatro semanas anteriores a la entrevista no buscó trabajo queda automáticamente fuera de la PEA. Indudablemente, la mayor parte de los desempleados son personas que han permanecido sin trabajo en mucho tiempo.

La tasa de inactividad de 30.5% arriba mencionada podría aproximarse a la suma de la tasa de desempleo abierto y de la tasa equivalente relacionada con el subempleo, ambas tasas en porcentajes de la PEA, y la suma total podría considerarse como la tasa subutilización de la fuerza laboral. En otras palabras, se podría afirmar que casi 1/3 de la PEA no generó ingresos en el primer trimestre del año en curso.

Pero no todas las personas inactivas, directa o indirectamente, son dinámicas en la búsqueda de un puesto de trabajo, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. La tasa de presión general (TPGR) fue igual a 16.2% de la PEA en el primer trimestre de este año.

En conclusión, nuestro mercado laboral continúa en la precariedad desde hace muchas décadas, y constituirá un verdadero reto en la política económica que se adopte después de que alcancemos el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19. Será necesario formular apropiadas políticas de educación técnica, transferencias de tecnología y financiamiento.





¿Un nuevo Consenso de Washington en cierne?

23 05 2021

En la primera semana de abril recién pasado, a la edad de 83 años falleció el economista británico John Williamson, creador del decálogo conocido como Consenso de Washington, que fue presentado en 1989 por el Instituto de Economía Internacional y dio pase a los programas de ajuste económico y de reforma estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este Consenso fue impuesto a los países latinoamericanos para que las instituciones financieras internacionales les brindaran ayuda financiera frente a la crisis de la deuda pública de los años 80 del siglo pasado.

El economista Williamson, un crítico del neoliberalismo, particularmente en política tributaria y desregulación, redactó el documento del “Consenso de Washington” que enumeró 10 reformas de política económica. Casi todos en Washington, principalmente el FMI y el Banco Mundial (BM), lo adoptaron como la política económica de la región latinoamericana. En 2003, el economista reconoció que nunca imaginó que había acuñado una expresión que fue el grito de batalla en los debates ideológicos por más de una década.

Las diez reformas del Consenso de Washington fueron las siguientes: disciplina fiscal, racionalización y reorientación del gasto público, ampliación de la base tributaria, tipos de cambio unificados y competitivos, apertura al comercio internacional, promoción de la inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación amplia de los mercados, liberalización de las tasas de interés y garantías de los derechos de propiedad.

Desde el año de 2020, el COVID-19, ha hecho cambiar el discurso político del FMI. El nuevo mensaje se refiere, por ejemplo, a que “para hacer que las finanzas públicas sean sostenibles, los ricos y los que se han beneficiado de la pandemia deben contribuir más a la causa común”, “que los países ricos podrían considerar los impuestos sobre el patrimonio neto”, y entre el 5 y el 11 de abril de este año “las preocupaciones sobre la desigualdad” estuvieron por todas partes en las reuniones de primavera del FMI y del BM en Washington.

Tomando en cuenta que la Casa Blanca no recibe indicaciones de las instituciones multilaterales ubicadas en Washington, ahora la política económica bastante audaz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está desviada de la ortodoxia de la política económica que ha prevalecido en la primera economía mundial y en gran parte del hemisferio occidental, ha sido respaldada por los guardianes globales de la ortodoxia económica, mejor dicho por el fundamentalismo de mercado o neoliberalismo, el cual podría estar muerto o talvez continuar vivo, pero sin poder enfrentar los problemas del cambio climático, la inclusión social y las nuevas tecnologías disruptivas.

El presidente Biden ha solicitado al Congreso de Estados Unidos una gran expansión del gasto público para rescatar a la población y enfrentar los impactos del COVID-19, modernizar la infraestructura económica e iniciar la transición a una economía verde. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, está presionando por un aumento coordinado globalmente de los impuestos corporativos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, presta su apoyo a la política fiscal expansiva, en un momento en que dirige una política monetaria también muy expansiva y se esfuerza en neutralizar los temores inflacionarios. La política es el arte de hacer posible lo imposible, pero lo posible está determinado por lo concebible. El nuevo Consenso de Washington podría ser tan políticamente poderoso como el que creó el economista John Williamson.

En Nicaragua, el FMI aplicó y supervisó cuatro programas trienales de ajuste macroeconómico y de reforma estructural entre junio de 1991 y diciembre de 2011, pero esos programas no facilitaron, tras un “shock terapéutico”, una buena estrategia para el crecimiento económico. Tras seis encuestas de medición de nivel de vida avaladas por el BM, el índice de pobreza de Nicaragua se redujo de 50.3% en 1993 a 48.3% en 2005, apenas 2 puntos porcentuales, y el producto interno bruto (PIB ) real crecía a un ritmo promedio anual de 4.2%; posteriormente, entre 2005 y 2016, con dos encuestas avaladas en 2009 y 2014 y una encuesta no avalada por el BM en 2016, el índice de pobreza de Nicaragua disminuyó 20.5 puntos porcentuales hasta 27.8% de la población del país, y el PIB real aumentó 4.1% promedio anual.   

En el trienio 2018-2020, la política fiscal de la administración del presidente Daniel Ortega ha sido muy contractiva, pero también endurecida no sólo por el congelamiento del gasto público y el aumento de la recaudación de impuestos con la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de 2019, sino también por las sanciones financieras internacionales impuestas a Nicaragua por la ley estadounidense Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA Act), que impiden financiar el gasto de inversión pública y esto contribuye a desacelerar el crecimiento económico y a incrementar la subutilización de la fuerza laboral. Sin embargo, cabe destacar que, en concepto de asistencia humanitaria prevista en la NICA Act, en diciembre de 2020 el FMI, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedieron préstamos a Nicaragua por US$320 millones para enfrentar los impactos del COVID-19 y de los huracanes Eta e Iota que azotaron la región del Caribe Norte del país.

La política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) también ha sido bastante contractiva. En los últimos años, el único instrumento activo del BCN para regular la liquidez en moneda local ha sido la colocación de Letras a 1 día plazo pagaderas en córdobas, ya que el encaje efectivo sobre los depósitos en córdobas es 6.7 puntos porcentuales mayor que el encaje legal diario. Por otro lado, los bancos están depositando mayores montos que los de préstamos que reciben en el BCN. Además, durante el período diciembre 2017-abril 2021, el público no bancario ha incrementado sus ahorros en 3 mil 495 millones de córdobas, mientras que su saldo total de crédito, cabe aclarar en córdobas con mantenimiento de valor y dólares estadounidenses, se ha reducido en 4 mil 148 millones de córdobas. En ese mismo lapso, el Gobierno Central incrementó sus depósitos en moneda nacional en 6 mil 157 millones de córdobas.

En consecuencia, la base monetaria, o sea, el total del saldo de la emisión de dinero y del saldo de los depósitos de encaje en moneda local que la banca comercial mantiene en el BCN, se ha expandido en 6 mil 207 millones de córdobas en el mismo período indicado en el párrafo anterior, pero en los primeros cuatro meses de este año se ha reducido en 4 mil 347 millones de córdobas. Por consiguiente, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica indica que el saldo de las reservas internacionales brutas de US$3,474.3 millones equivale a 3.1 veces el saldo de la base monetaria al 30 de abril de este año.

El nivel mínimo de esa condicionalidad es 2.5 veces, por lo que se puede afirmar que las autoridades gubernamentales han mantenido la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, pero a costa de un creciente desempleo y subempleo. Sin embargo, los hogares y las empresas se han preocupado por la tasa de inflación interanual de 4.4% registrada en abril de 2021.

Hay que mantener la calma sobre la presión inflacionaria, porque el aumento del medio circulante no está a la vista hasta octubre de este año. Como señalé en el artículo económico del domingo pasado, el índice de precios al consumidor desaceleró en 2020 y se observó la deflación en cuatro meses del año pasado por los shocks de oferta y de demanda del COVID-19, pero ahora los precios internacionales de las materias primas están subiendo y el cuello de botella de la escasez de insumos o materias primas están incidiendo en la aceleración de los precios al consumidor, una señal de que las actividades productivas comienzan a normalizarse en la economía global.





La inflación interanual de abril fue alta, porque refleja lo que sucedió hace un año

16 05 2021

Hasta junio de 2020, el Banco Central de Nicaragua (BCN) dejó de publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Nicaragua y desde julio del año pasado ha sido estimado y publicado por la institución estatal encuestadora, el Instituto de Información de Desarrollo (INIDE).

Por lo menos en forma, el árbitro de la estabilidad macroeconómica del país dejó de ser y juez y parte del del aumento o de la caída de los precios de bienes de consumo, separándose, así, una de las dos tareas que realiza el BCN del cálculo inflacionario, la cual es “la estabilidad de la moneda nacional”. La otra tarea es “el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos”.

Veamos ahora que ha ocurrido con la inflación de los precios al consumidor nicaragüense en los primeros cuatro meses del año en curso. Cabe destacar, antes de todo, que los consumidores y los empresarios han comenzado a quejarse de una fuerte presión inflacionaria, en estos últimos meses, pero el BCN, o el INIDE, no ha intentado aclarar a la población el porqué está ocurriendo una aceleración de la tasa de inflación.

En abril de este año, la tasa de inflación interanual, o sea, la variación relativa del IPC de abril de 2021 con respecto al IPC de abril de 2020, fue igual a 4.40%. Esta tasa de inflación, que puede ser anualizada en cualquier momento del año, es la principal referencia para los empresarios, en sus análisis de precios relativos, y también para los trabajadores, en sus mediciones del deterioro del poder adquisitivo de los salarios. La inflación interanual de 4.40% en abril es alta porque los precios cayeron hace un año, cuando la pandemia golpeó a la economía.

En Nicaragua no se está observando una alta inflación, porque el gobierno no ha recurrido a la deuda pública interna para financiar la inversión pública y se mantiene el congelamiento del gasto total. Aunque no comparto la opinión que el país ya entró a una franca recuperación económica después de tres años de crisis, estimo que cualquier crecimiento económico positivo del país será mínimo en 2021, gracias a los préstamos de asistencia humanitaria multilateral recibidos en diciembre del año pasado.

La recuperación económica mundial, principalmente en los países de economía avanzada y emergente, como Estados Unidos y China, ha incrementado los precios internacionales de las materias primas, pero también se observa una escasez temporal de insumos en el mercado mundial que coadyuva a subir más la inflación internacional. En esta forma, el IPC de Nicaragua en este abril, al compararse con el IPC de abril del año pasado, refleja una alta inflación por el “efecto de base”, resultante de un IPC de abril de 2020 muy bajo por el shock de oferta (cierre de empresas) y el shock de demanda (falta de ingresos de los consumidores) provocados por COVID-19 que deprimieron el consumo y la inversión en todos los países del mundo. Por eso, la inflación interanual ahora es alta, pero se estabilizará en un menor nivel en el corto plazo.

Por otro lado, en Nicaragua la tasa de inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año en curso, en otras palabras, la variación relativa del IPC de abril de 2021 con respecto al IPC de diciembre de 2020, es igual a 1.46%. Es una inflación baja gracias a la creciente contracción monetaria fundamentada  principalmente en el aumento de los depósitos en moneda nacional del Gobierno Central y, además, la cantidad de dinero o de medio circulante se ha reducido 1 mil 724 millones de córdobas en ese mismo lapso, mientras que la expectativa inflacionaria de los agentes económicos, que determina la inflación inercial, subió al nivel de  0.55, por arriba del punto medio de su rango de 0 a 1. Cabe aclarar que si el coeficiente de inflación inercial fuese cercano a 0, la gente tendría una larga memoria inflacionaria, es decir, los precios han permanecido estables en el largo plazo, y si se acercara 1, la gente tendría una corta memoria inflacionaria, o sea, los precios subieron hoy porque subieron ayer, que no es el caso de la inflación actual de Nicaragua.

Un indicador que nos ayudaría bastante a probar si la economía se está sobrecalentando para dar lugar a una aceleración de la inflación y a un disparo de las tasas de interés (dicho sea de paso, el costo del dinero en Nicaragua continúa siendo muy alto para el momento macroeconómico actual), es el IPC Subyacente, (IPCS) el cual se estima sacando de la canasta de bienes y servicios del IPC a los grupos de alimentos y combustibles, porque sus precios son muy volátiles.

Lo anterior se puede ejemplificar con el precio del barrio de petróleo West Texas Intermediate (WTI), que es el de referencia para América Latina, que en este año ha subido 35% al pasar de US$48.52 el 1 de enero de 2020 a US$65.37 el 30 de abril de 2021, y se espera, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ese precio, en términos promedio anual, suba 44.1% en 2021, después de haber caído 30.8% en 2020 debido a la recesión económica mundial provocada por COVID-19. El FMI también proyecta que el índice de precios de los commodities o materias primas, entre las cuales están el petróleo, los alimentos y los metales, aumentará 27.1% en 2021.        

El INIDE ya publicó el IPCS correspondiente a marzo de este año, pero aún no ha publicado el de abril. La variación interanual del IPCS, que no incluye los precios de los combustibles y de los alimentos, es del orden de 3.39%. La inflación subyacente anualizada de Nicaragua ha permanecido bastante estable, con variaciones interanuales que muestran un máximo de 3.51% en abril de 2020, un mes después de que apareció oficialmente el COVID-19 en el país, un mínimo de 2.60% en agosto de 2020, y una mediana de 2.93% que corresponde al período abril 2020-marzo 2021. Se puede concluir que hoy la inflación no debería causar preocupaciones a los agentes económicos y les aconsejaría que en cada mes mantengamos nuestra observación en la tasa de inflación subyacente interanual para detectar el momento en que comience a acelerarse, o sea, cuando se aproxime a 5% y tienda hacia el 6%.

Sin embargo, tenemos un bajón en la producción de bienes y servicios en el trienio 2018-2020, acompañado de un alto desempleo, porque se  se destruyeron 200,000 puestos de trabajo del sector formal de la economía en ese trienio. Esta situación nos ha conducido a un escenario de baja inflación, exceptuando el año de 2019 debido a la reforma de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) en vigor desde el 28 de febrero de 2019, que duplicó la tasa de inflación interanual al superar el nivel de 6%. Y aún no estamos saliendo del escenario de alto desempleo.   





El riesgo de una doble inmersión de la economía de Nicaragua

9 05 2021

El Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó recientemente los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) hasta febrero de 2021. Este indicador se conocía hasta noviembre de 2020, pero no estaba acompañado de los datos de volúmenes de producción mensual que soportan el nivel creciente, estable o decreciente del IMAE. Hoy, afortunadamente, los indicadores mensuales de la producción física están disponibles hasta febrero de 2021 en la página web del BCN. Sin embargo, las publicaciones tardías de los datos económicos generan dudas sobre la falta o la calidad de la información cuantitativa.

Desde 2018, año en que comenzó la incidencia de tres crisis extraeconómicas hasta 2020, las autoridades gubernamentales se han pronunciado que la economía del país se recuperaría en forma de V rápidamente, o que la economía, entiéndase la producción de bienes y servicios representadas por la tendencia del IMAE, estaba mostrando un comportamiento de forma de L, o sea, había caído y estancado, y también he leído, de fuentes oficiales, que en este año la economía nicaragüense está creciendo mes a mes desde agosto de 2020.

Cabe señalar que la variación relativa interanual del IMAE promedio de 12 meses en diciembre de cada año es idénticamente igual a la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real de ese año. Un ejemplo de lo anterior: el BCN indicó hace un mes que el PIB Real disminuyó 2% en 2020 con respecto a 2019, y el IMAE promedio anual en diciembre de 2020 muestra una disminución interanual (de diciembre de 2019 a diciembre de 2020) también de 2.0%, idénticamente igual a la tasa de caída del PIB Real del año pasado. 

Al final, con base en los datos recientes del BCN, la primera predicción de los colegas gubernamentales, es decir, la recuperación económica en forma de V, ha sido cierta en gran parte, porque aceleró su caída de 0.4% en septiembre de 2018 a 7.2% en mayo de 2019, luego desaceleró su caída hasta 1.8% en noviembre de 2020, pero hoy se observa una nueva tendencia de aceleración de la caída del desempeño productivo del país que se dispara hasta 2.2% en febrero de este año.

Ojalá que en el corto plazo no continúe acelerándose la caída del IMAE, que dé lugar a la hipótesis de una recesión de doble caída o de una recuperación económica en forma de W, mejor dicho, en términos positivos, que la desaceleración de la caída de la economía, mal llamada recuperación económica por los economistas gubernamentales, no sea abortada por una segunda recaída o una doble inmersión en un año de elecciones presidenciales.

Un consejo para los altos cargos y el personal técnico de las instituciones económicas gubernamentales es velar por la correcta administración de los rigurosos procedimientos técnicos de las cuentas nacionales, que siempre descansan sobre un eficiente sistema de información económica, que muy posiblemente no está funcionando óptimamente en la actualidad.

Para proyectar o pronosticar variables macroeconómicas en el corto plazo, la metodología del sistema de las cuentas nacionales no tolera la aplicación de modelos de series de tiempo, denominados modelos de “última generación”. Por ejemplo, con esos modelos los técnicos gubernamentales, creo que ahora estudian ingeniería económica, podrían proyectar el valor del PIB Real para el cuarto trimestre de 2021 en función de sus valores observados en la realidad, con una muestra de datos, digamos, que abarca desde el primer trimestre de 2006, actual año base de la economía nicaragüense, hasta el cuarto trimestre de 2020. En tiempos de crisis, peor aún múltiples, este procedimiento aparentemente facilita la incursión en la previsión macroeconómica, pero realmente conduce a serios errores en el corto plazo. Es mejor usar modelos econométricos a gran escala, basados en la teoría macroeconómica, las matemáticas aplicadas a la economía y la econometría.

Los economistas también debemos usar en forma apropiada los valores en precios corrientes (en precios de cada año, o sea, en millones de córdobas) y en precios constantes (en precios de un año base, en nuestro caso es 2006, o sea, en millones de córdobas de 2006), con más razón cuando el mensaje es para el político en el poder, quien toma las decisiones políticas sobre la economía, y cuando el discurso es para la nación, con el fin de evitar la confusión entre los agentes económicos.

Por ejemplo, el discurso gubernamental trata de demostrar que la economía está creciendo, entre otras razones, porque el valor de las exportaciones de bienes FOB en millones de dólares, está creciendo con un ritmo de dos dígitos porcentuales desde el cuarto trimestre de 2020. El valor de una variable en precios corrientes incluye dos componentes, el volumen y el precio correspondientes a un mismo período de tiempo, por ejemplo, el PIB en precios corrientes, mientras que su valor en precios constantes incluye el mismo volumen y el precio del período base, el PIB a precios constantes.

Por consiguiente, el hecho de que el valor de las exportaciones en precios corrientes, podría explicarse con los aumentos de los volúmenes y de los precios de exportación, pero el valor de ese producto en precios constantes sólo se explica con el aumento de los volúmenes debido a que el precio es constante. Por consiguiente, al referirnos al crecimiento económico, o al crecimiento real, no debemos mezclar inflación o deflación con aumentos o caídas de volúmenes. Por ejemplo, con base en datos del BCN, en 2018 el valor de las exportaciones de bienes y servicios en precios constantes cayó 1.6%, pero su valor en precios corrientes subió 1.5%. ¿Por qué? El índice de precios de las exportaciones aumentó 3.1%.

Prosiguiendo con el ejemplo del IMAE, una doble inmersión o segunda aceleración de la caída de esta variable, puede fundamentarse en (i) los precedentes históricos de la economía nicaragüense en la década de los ochenta y de los noventa del siglo pasado; (ii) la vulnerabilidad económica actual que persiste desde 2018, provocada principalmente por las sanciones financieras internacionales de la NICA Act (Nicaragua no puede contratar nueva deuda pública externa, excepto para asistencia humanitaria, con el FMI, BM/IDA y el BID) y del aumento del contagio de COVID-19 (a lo sumo, el 5% de la población a ser vacunada en el país ha recibido entre 1 y 2 inyecciones); y (iii) el caso de otro shock podría esperarse en un año electoral en Nicaragua. Como suelo manifestar, un buen economista debe dominar economía, historia y matemáticas.

Sin embargo, tengo cierta esperanza de equivocarme en este último pronóstico, porque, aún observando que no hay una política fiscal procíclica ni una política monetaria que reanime el crecimiento económico con una reducción efectiva de la tasa de interés del mercado, no deseo que la pobreza de los nicaragüenses aumente, que nuevas olas del COVID-19 impacten a la población, que aumente el riesgo político en un año electoral, y que la economía de Nicaragua se arruine. 





La economía después de la pandemia del COVID-19

2 05 2021

La pandemia mundial de COVID-19 ha renovado sus fuerzas y ahora su segunda ola está devastando a India, uno de los países más poblados del planeta. Los países con más casos de Covid-19 en cada continente son Estados Unidos en América, India en Asia, Rusia en Europa, Sudáfrica en África y Australia en Oceanía. Cabe agregar que los cinco países latinoamericanos con más contagios son Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú.

La lógica nos ayuda a inferir que el COVID-19 dejará de ser pandémico cuando no tenga un gran alcance, cuando se reduzcan los contagios, cuando deje de circular en el mundo. La vacunación puede contribuir a poner fin a esta pandemia, lo que los científicos de la salud han llamado la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, cuando una gran parte de la población se vuelve inmune al coronavirus.

En estos momentos, con más personas infectadas con el COVID-19, podemos afirmar que la pandemia no está suficientemente controlada y, por consiguiente, no desaparecerá en el corto plazo. ¿En cuánto tiempo el COVID-19 dejará de ser pandémico y se hará endémico, es decir, que sea exclusivo de determinadas regiones del mundo?

La meta de frenar completamente la transmisión del coronavirus parece muy lejana, los virólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartan la inmunidad de rebaño en 2021 y no se sabe si el virus será endémico dentro de un año, o entre un año y un quinquenio o una década.

Las pandemias anteriores al COVID-19, tales como la peste negra o peste bubónica de 1348, la gripe española de 2019-2020, el SARS y el Zika desde 2001, el ébola de 2013-2016, tuvieron consejos de salud pública para frenar la propagación del virus que eran similares a las que se practican desde 2020: usar  tapabocas, lavarse frecuente de manos, cumplir la cuarentena, aislar a los pacientes, y cerrar escuelas, espacios públicos y negocios no esenciales evitar la propagación del virus. Las ciudades y los países que han tomado las medidas más estrictas han sido las que luego han tenido una recuperación económica más rápida

Entonces, ¿qué le ha ocurrido a la economía durante la fase aguda de la pandemia, que le podrá ocurrir cuando el virus haya sido controlado, y cuál será la presión de la inquietud social cuando se acentúen las desigualdades preexistentes a medida que la pandemia se desvanezca? ¿Qué nos enseñan las pandemias pasadas, principalmente la gripe española de 1918-1919?

En este momento, se puede concluir que el mundo no ha logrado salir la fase pandémica del COVID-19. Tomando en cuenta las cifras oficiales del gobierno de Nicaragua, lo que hemos observado en la economía de Nicaragua es una caída de la producción de bienes y servicios, una reducción del gasto de consumo, un menor gasto de inversión, una contracción del ahorro real o de la porción del producto interno bruto (PIB) que no se consume, y un aumento del ahorro en las entidades financieras. La inflación se desaceleró, incluso las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor indicaron la presencia de la deflación o caída de precios durante cuatro meses del año pasado, pero aumentaron el desempleo abierto y el desempleo equivalente relacionado con el subempleo, cuya magnitud es aproximada a lo que las cifras oficiales señalan como tasa de inactividad, que es el porcentaje de la población en edad de trabajar que no encuentra trabajo.

Cuando la curva de contagio del COVID-19 se aplane, el gasto de consumo de las familias y el gasto de inversión de los empresarios subirán y esto impulsará el aumento del empleo. Sin embargo, debido a que los consumidores continuarán mostrando una gran cautela, hay poca evidencia histórica de un aumento repentino de la tasa inflación inducido por una pandemia. De todas maneras, hasta el momento cuando el COVID-19 se encuentre domado en el mundo, la economía comenzaría a recuperarse.

Siempre sobre la base de la historia económica mundial, cuando el COVID-19 deje de ser pandémico y se vuelva endémico, las lecciones económicas se concentrarán en el lado de la oferta. La pandemia modificó las formas de hacer las cosas, alteró cómo y dónde se producen los bienes y servicios.

La gente estará dispuesta a probar nuevas formas de generación de ingresos y aumentará el número de nuevas empresas. Los empresarios, con el deseo de limitar la propagación de los virus, invertirán más en tecnología y automatizarán la producción, que será menos intensiva en mano de obra. Los salarios reales, o sea, el poder de compra de los salarios, tenderán a subir, porque la pandemia sacrifica y deteriora el nivel de vida de los trabajadores  y los sobrevivientes tendrán una fuerte posición de negociación salarial.

Finalmente, una pandemia puede hacer que las personas se vuelvan más reacias a la desigualdad preexistente, al trato desigual o discriminación de una persona hacia otra debido a su posición social, económica, religiosa, a su género, raza, color de piel, personalidad, cultura, entre otros.

El COVID-19 aumentó los riesgos a la seguridad y la economía. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2020 el coronavirus contrajo el producto interno bruto mundial en 3.3% y condujo a la economía mundial a una recesión, y en las economías avanzadas la tasa de inflación anual fue 0.7% y la tasa de desempleo, como un porcentaje de la población económicamente activa, pasó de 4.8% en 2019 a 6.6% en 2020

Los legisladores en los países de economía avanzada están relativamente menos interesados en reducir la deuda pública o evitar la inflación, sino que tratan de reducir el desempleo. En Nicaragua sucede todo lo contrario: se trata de mantener un presupuesto nacional equilibrado, una política monetaria bastante contractiva y una tasa de inflación baja y estable, pero la tasa de desempleo y la tasa de subempleo aumentan.

La pandemia de la gripe española inclinó la balanza de género en muchos países. La reducción de la fuerza laboral masculina en Estados Unidos abrió las puertas del mercado laboral a las mujeres y el Congreso de Estados Unidos ratificó la decimonovena enmienda de su Constitución, que otorga el derecho al voto a las mujeres.

Así como las pandemias causan daños y acentúan las desigualdades en las distribuciones del ingreso, del salario, de la riqueza y de la carga tributaria, del género, del medio ambiente o del cambio climático, y en las inequidades en el acceso y calidad de los servicios resultantes de las políticas de austeridad impuestas como resultado de las crisis financieras y económicas, también hicieron avanzar la salud pública, que fue impulsada como desarrollo de la medicina social, y facilitaron la formación de los estados de bienestar debido a la gran cantidad de viudas, huérfanos y discapacitados. Parece que las pandemias ayudan a las naciones a mejorar un modelo más justo y equitativo.

Las pandemias anteriores a la del COVID-19 también nos enseñan que a medida que la pandemia se desvanece el malestar social tiende a alcanzar un máximo hasta dos años después de que termina la pandemia y, en algunos casos, las presiones de la población que busca una reducción de esas desigualdades e inequidades se han convertido en desorden político. En otras palabras, se corre también el riesgo de que la recuperación de la economía puede durar poco tiempo.





4 mil 654 días de impunidad

1 05 2021

12.75 años = 153 meses = 4,654 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

El próximo 2 de mayo de 2021, Eduardo Montealegre cumplirá 4,654 días de ser impune por su presunto delito criminal de injuriarme y calumniarme públicamente y en forma escrita en el diario La Prensa al atribuirme sus presuntos actos delictivos, también criminales, que él hizo como ministro de Hacienda y Crédito Público, al reestructurar entre julio y octubre de 2003 la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias ocurridas en 2000 y 2001 y al subastar entre mayo y agosto de 2003 los activos de los bancos liquidados.

Hasta esta fecha, la irresponsabilidad de Eduardo Montealegre continúa a la vista porque nunca ha demostrado ni probado en un tribunal de justicia sus acusaciones a mi persona; al contrario, evadió el llamado de la justicia, se puso sobre la ley, mejor dicho se puso al margen de la ley, y se ha transformado en el impune más famoso de la historia criminal de Nicaragua.

El puesto de primer lugar de la impunidad se lo ha ganado el ex banquero y ex político Eduardo Montealegre gracias a la protección de dos ex primeros secretarios de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Wilfredo Navarro y Alba Palacios;  de los jueces del Sexto y del Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García; del presidente e inspector delegado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas; y del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, integrado por Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Marvin Aguilar y Virgilio Gurdián.

Además de ser un presunto delincuente criminal, Eduardo Montealegre también es un violador de los derechos humanos. Por este motivo, lo denuncié en la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Unión Interparlamentaria y la Internacional Liberal.

Siempre confío en que la justicia prevalecerá sobre la impunidad. Eduardo Montealegre ha vivido 4,654 días de impunidad y está consciente de que es un protegido político, aunque cuando lo acusé en los juzgados locales penales se auto declaró un “perseguido” político. Volvió a equivocarse en público. Él es un “protegido” político.





Debemos buscar la normalización de la economía

25 04 2021

Durante el último trienio de caída de la economía de Nicaragua, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) han sido las más afectadas, y es bastante probable que sus cifras de producción no están contando la historia completa de la actual recesión económica nicaragüense, que no fue causada por problemas económicos sino por los problemas políticos de abril de 2018, una pandemia mundial de marzo de 2020 y dos huracanes que golpearon el norte de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en noviembre de 2020.

Aunque desconozco si en Nicaragua han variado los parámetros de clasificación de las empresas por su tamaño, podemos considerar que una microempresa tiene entre 1 y 5 trabajadores, un capital de hasta C$2 millones y un monto anual de ventas hasta C$1 millón; por su parte, una pequeña empresa contrata entre 6 y 30 trabajadores, posee un capital hasta C$1.5 millones y genera ventas anuales hasta C$9 millones; por otro lado, una mediana empresa tiene una planilla de empleo entre 31 y 100 personas, con un capital hasta C$6 millones y un valor anual de ventas de C$40 millones. Si los tres parámetros de clasificación del tamaño empresarial superan a los de las medianas empresas, se entiende que el tamaño de la empresa es grande.  

De acuerdo con algunos análisis económicos que hemos realizado en el pasado, el 40% del producto interno bruto (PIB) es generado por las microempresas y las pequeñas empresas, cuyo número representa aproximadamente el 80% del total de empresas radicadas en el país. Cabe señalar que el 60% del PIB está en manos de las medianas y grandes empresas, y éstas participan con el 20% en el total de empresas.

Sin embargo, el problema estructural del mercado laboral, como es el del subempleo, es mucho más visible en las microempresas, producto de una incipiente tecnología y una insuficiente educación técnica, es decir, de una baja productividad, y más del 60% de los ocupados labora en unidades de producción que no tienen registros contables, no pagan el impuesto sobre la renta ni cotizan la seguridad social. El COVID-19 cerró muchas empresas, especialmente en las actividades de servicios, y creo que a la fecha no se dispone de un estudio que evalúe el impacto de los tres problemas extraeconómicos sobre las MIPYMEs.  

Las estadísticas de la producción de bienes y servicios y las de los precios al productor y al consumidor están deformadas por los “efectos de base”, o sea, porque las cifras económicas de ahora se están comparando con las profundidades a las que nos han llevado las tres causas exógenas a la economía citadas a la entrada de este artículo.

La subida de la producción y de la inflación serán pronunciadas o se acelerarán en 2021 debido a que se están comparando con los meses y los trimestres de 2020, cuando la economía ya estaba deprimida y golpeada por el COVID-19, y también debido a que la demanda agregada comienza a aumentar en este año, al iniciarse la ejecución de los programas y proyectos que incrementarán el gasto de consumo y el gasto de capital del sector público, y que están siendo financiados por la reciente cooperación de las instituciones financieras internacionales, en concepto de asistencia humanitaria, para que el gobierno pueda enfrentar los daños causados por el COVID-19 y los huracanes Eta e Iota.

Las cifras del crecimiento económico y de la tasa de inflación disminuirán en el transcurso de 2022, pero esa tendencia no amenazrá a la economía porque no serán señales de una nueva recesión, sino de la normalización de los niveles de producción y de precios, que en nuestro caso corresponden a los del año de 2017, y hasta después de que se restablezca esa normalidad se podría emprender una vigorosa estrategia económica que acelere tanto el crecimiento del índice mensual de actividad económica como la reducción del índice de pobreza. Todo esto presupone la solución del problema político, el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19 y la protección de la población afectada por el cambio climático.

Los políticos deberían preocuparse de restablecer no los volúmenes de producción máximos históricos, que como dijimos corresponden a los del año de 2017, sino de los niveles de producción o de ingreso por habitante para restablecer efectiva y rápidamente el nivel de bienestar de la población nicaragüense. Si tomamos en cuenta las cifras del PIB y de la población del país recién publicadas por el Banco Central de Nicaragua hasta el año de 2020, el PIB per cápita promedio anual cayó de US$2,156 en 2017 a US$1,914 en 2020, y este último valor es muy parecido al registrado en 2014, que fue igual a US$1,917.

En conclusión, hemos retrocedido 6 años en bienestar económico. Todo esto se vuelve más complicado con las reformas estructurales que se necesitan no sólo para reducir la inequidad en la distribución tanto del ingreso como de la carga tributaria, sino tambien para elevar la productividad laboral o de la economía que es necesaria principalmente en las microempresas y pequeñas empresas del país.

En Nicaragua no ha habido una expansión monetaria excesiva, por lo que el riesgo de una alta inflación no está a la vista, como sí lo está el riesgo del desempleo. Continuando con los datos del BCN, la base monetaria, compuesta principalmente por la emisión de dinero, se ha reducido C$2,651 millones en el primer trimestre, después de haberse expandido C$9,137 millones en el último bimestre de cada año por la estacionalidad de la demanda de dinero.

El profesor Milton Friedman, el gran economista monetarista, dijo que “La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, pero el BCN continúa manteniendo una política monetaria contractiva que garantiza la estabilidad del tipo de cambio y de una baja tasa de inflación. Al 31 de marzo, el medio circulante o dinero ha disminuido levemente, 0.71%, con respecto a su saldo observado a finales del año pasado, pero a finales de marzo de este año ya estaba influenciado por otra alza estacional de la demanda de dinero que se observa por las vacaciones de Semana Santa. Es fácil pronosticar que la contracción monetaria continuará hasta octubre próximo.

En conclusión, reitero que la recesión de la economía nicaragüense, inducida principalmente por el problema político nacional de 2018 y por el problema sanitario mundial de 2020, está incidiendo en que muchas cifras actuales parezcan ser muy elevadas o bastante anormales, y aparentemente no brindan suficiente información sobre el entorno de la producción y la inflación en 2022. Pero no olviden los “efectos de base”, por lo cual sería mejor tomar en cuenta la tasa de inflación mensual o la tasa de inflación acumulada en el año (de diciembre de 2020 al mes en curso en 2021), antes de preocuparnos con la tasa de inflación interanual (del índice de precios al consumidor del mes en curso con respecto al índice de precios del mismo mes del año pasado).