Debemos tener confianza en el Diálogo Nacional

20 05 2018

Tras un mes de protestas, con 76 pérdidas de vidas humanas invaluables, 657 heridos y 85 desaparecidos, principalmente de jóvenes estudiantes universitarios, el monto de las pérdidas en la producción de bienes y servicios, estimado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) con la conducción del suscrito, sin incluir el valor de los daños de la infraestructura productiva, económica y social del país, ya asciende aproximadamente a US$650 millones, equivalentes a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) esperado en este año antes del surgimiento de la crisis política del 17 de abril.

Esta cuantificación de las pérdidas de producción es posible gracias a las aplicaciones de la matriz de insumo producto y de las cuentas nacionales de Nicaragua, así como de los coeficientes técnicos de producción y de los coeficientes de transferencia de la producción del ciclo agrícola al año calendario. Señalamos esto último porque no se dado la importancia debida al inicio del año económico de Nicaragua en 2018, que es el ciclo agrícola 2018/2019, en el cual ya se están gestando las pérdidas no sólo de este año sino también las del año 2019.

Alrededor del 60% del monto de las pérdidas antes mencionado corresponde al Sector Servicios, principalmente comercio, turismo, hoteles, restaurantes, transporte, comunicaciones, educación, servicios comunales y servicios personales. El 40% restante se concentra casi exclusivamente en las actividades agropecuarias, industria manufacturera y construcción. En general, se observa una importante desaceleración del crecimiento de la producción en cada una de las actividades económicas y, con el supuesto de que el Diálogo Nacional arribe a puerto seguro en el menor plazo posible, el PIB Real o volumen de producción de bienes y servicios, en vez de crecer 4.4% pronosticado por COPADES para este año, podría desacelerar hasta 1.2%.

Sin embargo, se agrega a lo anterior la difusión de falsas alarmas, tal como la que circuló en las redes sociales el sábado 19 de mayo, dirigida a provocar graves impactos en el sistema financiero nacional. El Sr. Emir Morales, dirigente del gremio de panificadores del país, ha incitado a la población a que saque sus depósitos de las entidades bancarias, porque, según él, el gobierno puede usarlos para financiar sus gastos debido a que la recaudación de impuestos ha disminuido por la recesión económica, o se los pueden robar para sacarlos del país.

Nicaragua no está en recesión económica, -técnicamente el PIB Real tiene que caer en dos trimestres consecutivos para que exista recesión-. Lo que se observa es una desaceleración del crecimiento económico y éste continúa siendo positivo. Además, es cierto que las proporciones de los depósitos en monedas nacional y extranjera que las entidades financieras depositan en el Banco Central de Nicaragua, es decir, el encaje, ayudan a la autoridad monetaria a regular la liquidez en córdobas y a fortalecer las reservas internacionales oficiales del país, o sea, contribuyen a garantizar la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria. Cabe agregar que gran parte de las reservas internacionales del BCN están depositadas en bancos del exterior, o sea, no son recursos financieros ociosos en el BCN y generan intereses al país.

Pero el gobierno, en caso de no disponer de liquidez en córdobas para sufragar sus gastos de consumo, como son el pago de la planilla gubernamental y la compra de bienes y servicios de consumo final, puede recurrir a la colocación de Bonos de la República o Letras del Tesoro en los puestos de bolsas, en los cuales los inversionistas financieros cobrarían una alta tasa de rendimiento porque el índice de riesgo-país de Nicaragua se elevó con la crisis política; o en un caso extremo de urgencia nacional, podría recurrir al señoriaje, es decir, a la capacidad estatal de emitir dinero por parte del BCN. En otras palabras, no es correcta la afirmación del Sr. Emir Morales de que el gobierno puede apropiarse de los ahorros del público para financiar sus gastos.

Por esas razones monetarias, insto al Sr. Emir Morales a no provocar pánico financiero en la población, y aconsejo a los nicaragüenses a que no ponga sus depósitos “debajo del colchón” porque se expondrían a que se los roben.

Entre ese tipo de alarmas, hace un mes aproximadamente también apareció el llamado de realizar un paro empresarial nacional, antes de que se agotaran las vías cívicas como la del Diálogo Nacional. Un paro empresarial nacional es un arma política de última instancia que fácilmente provocaría una caída del PIB Real anual de dos dígitos porcentuales, lo que significaría una grave depresión económica, y salir de esa clase de postración económica sería muy difícil en el corto plazo.

Por ese motivo, los nicaragüenses, con una plena y positiva voluntad, debemos buscar la solución de nuestros problemas políticos y económicos en esa gran mesa del Diálogo Nacional. La cooperación internacional para restaurar una economía que ha caído en una grave depresión no fluirá en forma automática. La ayuda internacional de emergencia para atender a la población más necesitada siempre estará presente, pero las reformas estructurales, tanto políticas como económicas, también requerirán de financiamiento. Por eso, confío en que el Diálogo Nacional garantice la salida de esta crisis política y social en el corto plazo, para evitar una nueva crisis, la económica.

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No hay que difundir falsas alarmas

19 05 2018

Está circulando en las redes sociales un video de Línea Democrática (LD TV) que provoca alarma y confusión a la población.

En ese video, el Sr. Ermis Morales, quien es economista y presidente del gremio de los panificadores de Nicaragua, invita, exhorta, a la población a sacar sus depósitos del sistema financiero nacional, porque el gobierno puede usarlos para financiar sus gastos al no estar recaudando impuestos debido a la recesión económica, o robarlos para llevárselos fuera del país.

A los nicaragüenses les digo que:

  • La economía del país no está en recesión, sino que está creciendo a un menor ritmo que el previsto antes de la crisis del 17 de abril.
  • El gobierno ha demostrado responsabilidad macroeconómica, lo cual es reconocido por las instituciones financieras multilaterales y las casas calificadoras de riesgos, pero debemos reconocer que el riesgo país ha subido por la crisis política y social.
  • Los depósitos de encaje en moneda nacional y moneda extranjera garantizan la estabilidad del tipo de cambio y de la tasa de inflación. Sacar los depósitos de los bancos equivaldría a incrementar la inestabilidad del córdoba.
  • El gobierno no puede apropiarse de los ahorros del público en el sistema financiero nacional, debido a que existen sistemas de control en los bancos comerciales, el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
  • En el caso que el gobierno necesite recursos financieros, puede emitir Bonos de la República y, en un caso extremo, recurrir a la emisión de córdobas del Banco Central de Nicaragua.
  • No ponga sus depósitos debajo del colchón, porque se expone a que se los roben.

 

Néstor Avendaño

Economista





Urge el Diálogo Nacional

13 05 2018

La economía nicaragüense ya entró a un proceso de desgaste que no le conviene a nadie. Los problemas, especialmente políticos, no se pueden resolver con el perjuicio del entorno social y económico de la población, sino que se agudizan y se vuelven más complejos para superarlos.

Por el lado de la oferta de bienes y servicios, es decir, por el lado de la producción, el año económico de Nicaragua, el ciclo agrícola 2018/2019 que comienza en este mayo, está alterado por la incertidumbre, con violencia en algunas ciudades del país y protestas en otras. Los tranques en las carreteras impiden la movilización no sólo de personas, sino también de la producción agrícola y pecuaria; en las zonas urbanas, los trabajadores de las empresas industriales manufactureras están expuestos a trabajar menos de ocho horas diarias por la inseguridad que provocan los choques de la policía y otros grupos armados contra la población que protesta en forma cívica; el ritmo de la construcción privada ha desacelerado grandemente por el detente inversionista, tanto local como extranjero; entre las actividades de servicios, han recibido un tremendo impacto el comercio, el turismo, restaurantes, hoteles, el transporte y otros servicios comunales y personales, que están operando casi a un 20% de su capacidad instalada; el consumo de energía eléctrica y agua potable en las actividades productivas, por consiguiente, ha disminuido.

Por el lado de la demanda interna de bienes y servicios, o sea, el gasto que realizan los consumidores y los inversionistas, el consumo de productos finales ha desacelerado y es posible que concluya el año con una variación relativa negativa, espoleada no sólo por la incertidumbre de los consumidores que en tiempos de crisis limitan sus compras casi exclusivamente en alimentos, sino también por la descalibrada política monetaria contractiva que ejerce la autoridad monetaria desde el año de 2016 para impedir una mayor demanda de divisas destinada principalmente a la importación de bienes y servicios y, así, evitar tanto la disminución del saldo de reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) como el incumplimiento de la estabilidad macroeconómica, es decir, que el saldo de dichas reservas siempre sea igual, al menos, a 2.5 veces el saldo de la base monetaria -el 9 de mayo era igual a 3.07 veces- con el fin de mantener estables el tipo de cambio y la baja presión inflacionaria.

El gasto de inversión en construcción y en adquisición de maquinaria y equipo también ha desacelerado por el creciente riesgo político, que sin lugar a duda se elevó de un nivel moderado a un nivel alto y, por ende, el índice de riesgo-país de Nicaragua también es alto. El efecto de la incertidumbre inversionista de la empresa privada también desacelera el crecimiento económico del país y la creación del empleo formal.

En cuanto a la demanda externa de bienes y servicios, si en 2017 el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB fue US$2,548 millones y el ingreso por turismo fue US$840 millones, es muy probable que en 2018 dichos valores disminuyan por la tendencia decreciente del volumen de bienes agroexportables y la inseguridad física imperante en el país.

Como una consecuencia del menor crecimiento económico, aumentará el subempleo, el desempleo y la pobreza, y a la par de la disminución del empleo formal se observaría un menor número de trabajadores activos que cotizan la seguridad social.

El Gobierno Central y los gobiernos municipales no se escapan de las afectaciones a sus finanzas. La recaudación de impuestos directos e indirectos también crecerá a un menor ritmo que el previsto, porque se desacelera el crecimiento económico y, consecuentemente, disminuirá la presión tributaria y aumentará el déficit fiscal como un porcentaje del porcentaje del producto interno bruto (PIB), dada la rigidez del gasto. Un mayor déficit fiscal podría invitar a la administración pública a eliminar las exoneraciones y exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), elevar tasas de impuestos selectivos de algunos bienes de la denominada industria fiscal, y emitir más deuda pública interna.

Finalmente, el BCN continuará, a toda costa, “esterilizando” córdobas que circulan fuera del sistema financiero nacional a través de las colocaciones de Letras subastadas y del aumento de la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en córdobas -que en la actualidad es 22.6% diaria, mientras que la legal es 12%-; además, para aumentar el saldo de las reservas internacionales brutas el BCN continuará comprando dólares en la mesa de cambios y elevando la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en moneda extranjera -actualmente es 18.5% diaria, mientras que la legal es 12%-. El costo de mantener la estabilidad macroeconómica es la profundización de la desaceleración de crecimiento económico del país.

Producto de un menor crecimiento económico, tanto los depósitos como los préstamos en el sistema financiero nacional aumentarán menos de lo que se esperaba antes del 18 de abril recién pasado, fecha en que estalló la actual crisis política que atraviesa Nicaragua. El problema de la mora en la recuperación de los préstamos es ya una realidad entre las entidades microfinancieras

Sin embargo, la persistencia de una anormal situación socioeconómica en el país podría provocar una mayor presión inflacionaria por razones especulativas. También una probable corrida de depósitos en dólares deterioraría al córdoba con la previsible subida del tipo de cambio en el mercado negro, independientemente de la intensidad de la tarea del BCN en continuar “esterilizando” dinero del mercado.

Por estas razones, es necesario y de forma urgente iniciar el Diálogo Nacional con una verdadera voluntad para resolver esta crisis.





Una idea del trabajo decente en Nicaragua

6 05 2018

Los nicaragüenses, el Estado, los empresarios y los trabajadores, estamos interesados en salir de ese mundo de la pobreza en que nos hemos visto inmersos, hundidos, desde hace casi 40 años, a pesar de que a partir del 23 de enero de 2004 dejamos de pertenecer a ese extraño Club de 41 Países Pobres Muy Endeudados, después de que tres administraciones públicas implementaron severos ajustes macroeconómicos y profundas reformas estructurales de la economía nicaragüense. La tasa de crecimiento económico del país continúa siendo insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza.

Salir de la pobreza en Nicaragua no es posible por la vía del gasto de consumo, sino por la del gasto de inversión, con la creación de puestos de trabajo decentes. Dejar de ser pobres es posible a través de una mayor generación de ingresos y no mediante un mayor gasto de consumo financiado con remesas y donaciones. Generar un mayor nivel de ingreso personal es posible con una mayor productividad laboral, mediante el aumento de los años promedio de escolaridad de la población, que en 2014 era 6.1 años de estudio, el restablecimiento de la educación técnica media y superior, la transferencia de tecnología a las empresas que no pueden comprarla, la presencia sólida de una banca de fomento y la mejora y la ampliación de la infraestructura económica del país.

¿Cuáles son las condiciones de trabajo decente de la población de Nicaragua? Aunque seguramente existe información oficial actualizada al respecto con la información que los servidores públicos obtienen de las encuestas del Ministerio del Trabajo (MITRAB) o del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), esas condiciones en el mercado laboral de Nicaragua estuvieron disponibles a la población hasta el año de 2006.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo decente como las aspiraciones de hombres y mujeres de lograr un trabajo productivo, en condiciones de libertad, seguridad, equidad, y dignidad humana. Entran en juego las variables de empleos suficientes, la remuneración del trabajo, la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales salubres, la seguridad social, la libertad de sindicación, la erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil, y el diálogo social entre trabajadores, empleadores y autoridades gubernamentales relacionado con la actividad laboral.

Con datos oficiales dispersos en el tiempo que he recopilado y otros datos que he tenido que procesar en mis investigaciones económicas, se presenta una muy pequeña lista de indicadores que nos ayudan a tener una corta idea del perfil del trabajo decente de los nicaragüenses.

  • En 2017, el 25.6% de la población económicamente activa (PEA) o el 28.8% del total de ocupados cotizaba la seguridad social (datos estimados por Consultores Para el Desarrollo Empresarial, COPADES).
  • En 2014, con base en datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2014, con todos sus ingresos el 61.6% de las familias no podía adquirir los 53 productos de la canasta de consumo básico, y el 42.4% de las familias no podía comprar los 23 productos alimenticios básicos (la VI EMNV 2014 es la última que ha tenido la supervisión técnica del Banco Mundial, y el índice de pobreza de 2014, 37.9%, refleja una reducción de 12.4 puntos porcentuales en los últimos 21 años -el índice de pobreza de la I EMNV 1993 es 50.3%-).
  • En el último trimestre de 2012, de acuerdo con datos del MITRAB, del total de ocupados el 76.2% trabajaba en establecimientos que no llevaban libros o apuntes de contabilidad, lo cual refleja un alto nivel del mercado informal.
  • En el último trimestre de 2012, de acuerdo con datos del MITRAB, del total de ocupados el 51.9% estaba subempleado: el 23.3% ganaba menos del salario mínimo legal y el 28.6% trabajaba menos de 8 horas diarias (el BCN informó que en el último trimestre de 2017 el 42.7% de los trabajadores se encontraba en el subempleo, con una disminución de 9.2 puntos porcentuales en los últimos 5 años).
  • En 2006, de acuerdo con datos del MITRAB, del total de ocupados apenas el 1.2% pertenecía a una organización sindical y el 21.3% poseía un contrato de trabajo.

Se puede observar una gran limitación de datos oficiales actualizados, entre ellos principalmente el número de personas de la población económicamente activa y el número de ocupados que están disponibles hasta 2014, pero la información sobre el número de personas ocupadas por actividad económica se dejó de publicar en 2011 y esto impide realizar un análisis riguroso sobre la productividad de la economía nicaragüense. Esta limitación informativa existe a pesar de que el INIDE realiza la Encuesta Continua de Hogares (ECH).

Si la situación del sector laboral se ha mejorado en los últimos diez años, ¿por qué las instituciones estatales no publican los datos? Los anuncios trimestrales del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, sobre el comportamiento de algunas tasas o proporciones del mercado laboral, que son de competencia del MITRAB, no son creíbles porque no pueden ser comprobadas ni demostradas, principalmente su conclusión principal de que la tasa de desempleo abierto es 3.3%, es decir, en Nicaragua ya existe el pleno empleo a sabiendas de que desde hace varias décadas la población manifiesta reiteradamente que sus tres principales problemas son el desempleo, la carestía de la vida y la pobreza.

La inclusión social por parte del Estado, con una mejor y mayor provisión de servicios de educación y salud, y por parte del Mercado, con la generación de empleos con servicios de seguridad social, podrían contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo pro-pobre en democracia, que genuinamente favorezca a los pobres, ya sea buscando que todo crecimiento económico esté acompañado por una disminución en valor absoluto de la pobreza -en que los pobres ganen en valor absoluto, relacionada con la línea de la pobreza-, o ya sea buscando un crecimiento económico que conlleve cambios en la distribución del ingreso a favor de los pobres -en que los pobres ganan más que lo que ganarían si todos los ingresos crecieran a la misma tasa, o en una situación de contracción económica en la que los pobres perdieran menos que el resto de la población-.

En Nicaragua, la reducción de la pobreza se ha basado hasta ahora en el concepto de su disminución en valor absoluto mediante la identificación de una línea de la pobreza, pasando por la Estrategia Reforzada del Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP), el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de Desarrollo Operativo (PNDO) y el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). Sin embargo, no hay que olvidar el carácter multi-dimensional de la pobreza y que no existe un vínculo automático entre crecimiento económico y reducción de la pobreza.





Cuándo responderán a mi acusación contra Eduardo Montealegre

2 05 2018

El 2 de mayo de 2018 cumplió 20 meses el querellado Eduardo Montealegre de estar protegido por el Poder Judicial, al no ser convocado para que responda a mi acusación personal de que es un violador de los derechos humanos por injuriarme y calumniarme públicamente, en forma escrita, de haber cometido fraude al Estado de Nicaragua, calumnias que fueron publicadas el 31 de julio de 2008 y el 11 de febrero de 2011. Anteriormente, por esa misma presunta delincuencia, Eduardo Montealegre, al abusar de la inmunidad que le confería su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, también estuvo protegido por el Poder Legislativo durante 8 años, desde agosto de 2008 hasta agosto de 2016.

El Poder Legislativo y el Poder Judicial, al haber protegido abiertamente al presunto delincuente Eduardo Montealegre, se convierten en cómplices y han puesto en entredicho el Estado de derecho y la igualdad de las personas ante el imperio de la ley, y ponen al descubierto el vergonzoso dogma de que los políticos se protegen entre ellos mismos. Como reza el adagio popular, “hoy por mí, mañana por ti”.

El 13 de marzo de 2017 desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial porque (i) el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, (ii) el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su carácter de Inspector Delegado, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, y (iii) los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, continúan violando mis derechos al debido proceso, cometiendo negligencias en el cumplimiento de sus funciones, causando retardación de justicia, perpetuando la denegación de justicia en mi contra, y guardando silencio después de que se superaron las fallas del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua, que fue el argumento de los dos jueces para suspender las dos audiencias iniciales que habían sido programadas para el 2 de septiembre de 2016.

Sin embargo, nunca renunciaré a mi reclamo público de que el Poder Judicial no continúe obstruyendo mi acceso a la Justicia, un derecho humano fundamental de cada ciudadano, ni renunciaré a denunciar públicamente, nacional e internacionalmente, la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre.

El 28 de octubre de 2016, la Presidenta del Poder Judicial, Dra. Alba Luz Ramos, dijo públicamente al responder sobre mi caso, de que en el país “no hay impunidad, las cifras lo dicen claramente, ese es un caso entre 125 mil casos que se llevan en el país”. ¿En cuál posición se encuentra mi caso después de 18 meses del comentario público de la Dra. Alba Luz Ramos?  Si no hay impunidad, ¿debo entender que hay complicidad?

Con todo el tiempo que ha transcurrido, 9 años y 8 meses, reitero que Eduardo Montealegre ha sido en Nicaragua el inmune más privilegiado y continúa siendo el impune más afamado por ser uno de los violadores de los derechos humanos más connotados de Nicaragua. Todo Gobierno de un pais, por mandato Constitucional, debe ser garante de la igualdad ciudadana ante la ley.





En pro de un gran acuerdo nacional

29 04 2018

Los macroeconomistas debemos analizar la economía sin consideraciones y adulaciones políticas, sin influencias o sin imperativos políticos, para poder sugerir las políticas económicas y facilitar la toma de las decisiones presidenciales, aún con el persistente obstáculo institucional de no tener un acceso adecuado a la información pública sobre variables macroeconómicas importantes, tales como la población económicamente activa, el número de empleados por actividad económica, los volúmenes físicos de producción industrial manufacturera, los saldos adeudados a cada uno de los acreedores externos del sector público, entre otras variables, a lo cual se agrega la calidad cuestionada de la estimación de otros indicadores económicos, tales como la tasa de crecimiento económico, la tasa de desempleo abierto, la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo y el índice de pobreza en función del consumo en vez del ingreso, a manera de ejemplo.

La grave crisis política que se ha generado por la aprobación de un conjunto de medidas que supuestamente apuntaban a resolver la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es un ejemplo que se debe tomar en cuenta para la aprobación de futuras decisiones presidenciales. Los servidores públicos, especialmente los ministros y directores de instituciones públicas, deberían presentar al presidente de la República los impactos de las políticas propuestas, sean sectoriales o macroeconómicas, y el asesor económico presidencial, sobre la base de datos económicos confiables, debería funcionar como un control de cordura no sólo de los economistas gubernamentales sino también del consejero de confianza como ha denominado el gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI)  desde el año de 2012.

Lo más grave que ha ocurrido en Nicaragua es la muerte y la desaparición de muchas personas, principalmente estudiantes universitarios, que se manifestaron con justa razón contra la política del salvataje “temporal” del INSS -lo que hizo rebalsar el vaso- y, en un segundo plano, la alteración del desempeño de la economía del país que impactará las condiciones sociales de la mayoría de la población, principalmente los pobres.

El índice de riesgo-país de Nicaragua ha pasado de un nivel moderado a un nivel alto, debido al creciente riesgo político que ha estado acompañado, hasta hoy, de un riesgo económico y un riesgo financiero muy bajos. El alto riesgo político ya desestimuló el gasto inversionista del sector privado, tanto nicaragüense como extranjero. El flujo más importante de recursos externos, la inversión extranjera directa, ha contribuido a mantener el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, después de que el crédito petrolero de Venezuela se desplomara en 2016. Las remesas, que financian el gasto de consumo familiar, constituyen el segundo flujo de recursos externos más importante del país.

Un menor gasto inversionista desaceleraría la tasa de crecimiento del volumen de producción de bienes y servicios, aumentaría el subempleo y el desempleo abierto, robustecería la presión inflacionaria y deterioraría el poder adquisitivo de los asalariados. Por el lado del gasto, disminuiría el valor de las exportaciones de bienes y servicios -el turismo ya recibió el impacto y el valor neto de la maquila podría disminuir en el muy corto plazo-, pero también disminuiría el valor de las importaciones por los menores niveles de producción y de consumo de productos finales. Consecuentemente, la brecha externa disminuiría y, por ende, la necesidad de financiamiento externo sería menor, tal como ocurre en el país cuando ocurren recesiones económicas mundiales, pero en esta ocasión como un resultado del mayor riesgo político interno.

La política monetaria, descalibrada desde marzo de 2016, sería más restrictiva para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y contrarrestar la aceleración de la tasa de inflación. Desde el 11 de abril recién pasado, el Banco Central de Nicaragua (BCN) rompió la barrera de 3 veces la base monetaria en concepto de disponibilidad de reservas internacionales brutas, a pesar de que la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país indica un mínimo de 2.5 veces.

Para reducir el monto de dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, en el transcurso de este año la autoridad monetaria ha incrementado sus compras de dólares en la mesa de cambio y ha dependido más de las subastas de Letras porque la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas en el sistema financiero nacional ha subido a 21.4%, mientras que la legal es del orden de 12%.

En economía, nada es gratis. Cualquier beneficio económico tiene un costo, y este último nunca es mencionado por los servidores públicos. La desaceleración de la tasa de crecimiento de la oferta de dinero o, en el peor de los casos, la reducción del medio circulante continuaría desacelerando la tasa de crecimiento del gasto de consumo individual, lo cual se observa desde mayo de 2016, y también impactaría la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real ya desacelerada por el menor gasto de inversión privada.

Ese comportamiento de la oferta y la demanda global incidiría en una menor recaudación de impuestos del Gobierno Central y muy probablemente conduciría a un aumento del déficit ante la ausencia de una reducción del gasto de consumo público. En otras palabras, disminuiría el ahorro gubernamental o el balance en cuenta corriente del presupuesto nacional, y no se podría tener el “colchón” fiscal equivalente a 1.6% del PIB que fue sugerido por el FMI en abril de 2017 para enfrentar los riesgos de la economía del país. Cabe recordar que el gasto de inversión pública está garantizado por las nuevas contrataciones de deuda externa, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sólo un acuerdo político nacional evitará mayores riegos económicos y financieros. El diálogo del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios y los sindicatos, con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, facilitarían ese gran acuerdo. Sólo en esa forma podrían disminuir los graves riesgos que enfrenta la economía nacional.





Hay que reducir el riesgo político y evitar el aumento de los riesgos económicos y financieros

22 04 2018

A los riesgos sobre la economía del país, nueve externos y cuatro internos que identificamos para este año, se ha sumado la crisis política interna detonada por la reforma de la ley de seguridad social, que ya afectó la imagen del país y la seguridad física de nuestra nación. Sólo el diálogo propiciará la paz y el entendimiento entre los nicaragüenses. Si la violencia continúa, se robustecerá el caos social.

En septiembre de 2017, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) no pronosticó un auge económico fuerte para Nicaragua, sino que marcó una tasa de crecimiento de 4.4% para la producción de bienes y servicios en 2018, mientras que el Banco Central de Nicaragua (BCN) proyectó una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real en el inveterado rango anual [4.5%, 5.0%].

Con lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua, ese pronóstico de COPADES y esa proyección del BCN tendrán que disminuir. ¿Cuánto? No sabemos. En COPADES no previmos los impactos de una reforma de la ley de seguridad social que no tomara en cuenta las observaciones de los agentes económicos que no están representados en las asociaciones de productores ni en los sindicatos -por ejemplo, los trabajadores que tienen seguro facultativo- y, por otro lado, las opiniones de los  pensionados -el jubilado Mario Urtecho, de Ahuacalí, Managua, se preguntaba en un artículo público “desde cuándo las jubiladas salen preñadas” al referirse a la deducción del 5% de las pensiones para cubrir gastos de enfermedad y maternidad-.

Los servidores públicos que participaron en la formulación de la reforma de la seguridad social, que es de interés soberano para los nicaragüenses, tampoco convocaron a las universidades, centros de pensamiento, expertos en seguridad social, economistas, sociólogos, entre otros.

El impacto de esta reforma, que es casi exclusivamente recaudatoria, incrementará los costos de producción en las empresas del sector formal de la economía -al subir gradualmente la tasa de cotización de los empleadores de 19.0% a 22.5%- y, por otro lado, al reducir el poder adquisitivo de los asalariados que cotizan la seguridad social -al subir de una sola vez la tasa de cotización de los empleados de 6.25% a 7.0%, y eliminar el techo salarial sobre el que cae la tasa de cotización -.

También disminuirá el poder adquisitivo de los jubilados, al reducir el monto de la pensión a los futuros jubilados y al deducir el 5% del monto de todas las pensiones por invalidez, vejez e incapacidad para financiar los gastos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en concepto de enfermedad y maternidad-.

Se puede concluir que estas medidas agravarán los problemas microeconómicos de los empresarios y de los consumidores, no obstante que la macroeconomía de Nicaragua está muy bien, pero es muy frágil.

Los aumentos de los costos de producción restarán competitividad a las empresas. Los productos que exporta Nicaragua serán menos demandados en los mercados internacionales, porque sus precios serán mayores al ser comparados con los precios de los mismos productos fabricados en otros países.

El aumento de los costos de producción también afectará a las empresas que destinan sus productos al consumo y a la inversión en el mercado local, porque los precios de los mismos productos de origen importado serán menos caros y de mejor calidad.

¿Cómo enfrentarán las empresas las alzas de los costos de producción? Hay tres opciones: eliminar puestos de trabajo, o aumentar precios o una combinación de las dos anteriores. Es muy probable que se observe la tercera opción, por lo que se incrementarán el desempleo abierto, el subempleo y los precios al consumidor. Se deteriora la confianza de los consumidores. Sólo el 40% de las familias nicaragüenses, con todos sus ingresos, puede adquirir los 53 productos de consumo básico y otros bienes y servicios, pero pocas familias pueden ahorrar.

A manera de ejemplo, sobre la base de datos del período 2006-2017, con el supuesto de que las empresas optaran por la primera opción, las personas afectadas por el desempleo abierto -o sea, las personas que no generan ingresos- y las personas afectadas por el desempleo equivalente vinculado con el subempleo -es decir, las personas que trabajan menos de ocho horas diarias- se incrementarían en 52,000 en el segundo semestre de 2018, 106,000 en 2019 y 27,000 en 2010. En otras palabras, el aumento en puntos porcentuales de la tasa de desocupación global sería 1.42 en 2018, 2.76 en 2019 y 0.68 en 2020.

El mayor riesgo político, que se está manifestando con el agravamiento de las condiciones socioeconómicas, el desorden social, la inestabilidad de las reglas y la potencialidad del conflicto social, ahuyentará a la inversión privada nicaragüense y extranjera, y desacelerará el crecimiento de la producción de bienes y servicios, ya afectado por la descalibrada política monetaria restrictiva del BCN. Se deteriorará la confianza de los productores.

Por todas estas implicaciones de la reforma de la ley de seguridad social aprobada el 18 de abril recién pasado, sugiero al Presidente Daniel Ortega que la retire del diario oficial La Gaceta porque ha reabierto la mesa del diálogo gubernamental-empresarial con el fin de que se encuentre una mejor forma consensuada del acuerdo sobre el INSS.

Hago propicia esta ocasión para sugerir a los servidores públicos que se presenten en esa mesa que la inviabilidad financiera de la seguridad social podría ser contrarrestada principalmente con la reducción de los gastos administrativos del INSS y el traslado del pago de las pensiones reducidas y especiales al Presupuesto General de la República. La reducción del déficit del INSS requiere de una reforma de su gasto corriente, es decir, de las remuneraciones y de la compra de bienes y servicios de consumo para el funcionamiento burocrático, y de una revisión de su gasto de inversión, del cual el 57% corresponde a participaciones en empresas y el 26% se concentra en préstamos.

También aconsejo al Presidente Daniel Ortega que exija a los servidores públicos, especialmente a sus asesores económicos y a los altos cargos del gabinete económico, que las formulaciones de política económica y de reforma estructural de la economía le sean presentadas con sus impactos o efectos para facilitar la toma de decisiones presidenciales y, consecuentemente, se pueda garantizar el bienestar o minimizar el malestar de la población y, además, asegurar la estabilidad social, que es tan o más importante que la estabilidad macroeconómica.