Debemos prepararnos para lo peor

25 09 2016

La Iniciativa de “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, conocida como “NICA Act”, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ahora está en manos del Senado para su aprobación, en el mejor de los casos condicionaría la aprobación de préstamos de instituciones financieras multilaterales para Nicaragua, exclusivamente del Banco Interamericano de Desarrollo Económico (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Fondo Monetario Internacional (FMI), o en el peor de los casos establecería un boicot financiero en esas tres instituciones internacionales.

Con respecto al FMI, actualmente Nicaragua no tiene riesgos en el acceso a préstamos de apoyo a la balanza de pagos, es decir, en el acceso recursos crediticios destinados exclusivamente al aumento de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN), porque el gobierno decidió no suscribir un nuevo programa de ajuste macroeconómico y de reforma estructural con el FMI en 2012.

El riesgo real sobre las reservas internacionales del BCN ha sido provocado por el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela desde enero de este año, cuyo principal beneficio fue proteger la posición de dichas reservas con (i) el crédito inicial del 50% de la factura petrolera, y ahora ha disminuido a 30% por el menor precio del barril de crudo; (ii) la caída del precio internacional promedio anual del barril de petróleo WTI desde un máximo de US$98 en 2013 a un mínimo de US$42 en 2016, este último estimado por COPADES; y (iii) la disminución del suministro de hidrocarburos de origen venezolano en relación con los volúmenes solicitados por Nicaragua, desde 93% en 2013 a 30% en 2016 –este último porcentaje estimado por COPADES-.

En otras palabras, el riesgo de la aún iniciativa de ley “Nica Act” se concentra en los futuros desembolsos del BID y del BM/IDA, y de estas dos instituciones la que brinda más apoyo crediticio para la ejecución de las inversiones públicas de Nicaragua es el BID, con el 83% del total de préstamos de desembolsados por ambas instituciones en 2015.

El lunes 19 de septiembre recién pasado mencioné rápidamente en mi artículo “Los riesgos de la iniciativa Nica Act”, publicado por Trinchera de la Noticia y en mi blog personal, algunos de los principales efectos que la aprobación de la ley antes mencionada provocaría a nuestra economía, que dejarían al descubierto la fragilidad de la estabilidad macroeconómica del país.

El primer efecto es el aumento del índice de riesgo-país de Nicaragua, el cual, incluso ya es efectivo antes de la aprobación de la iniciativa de dicha ley. Previamente, dicho índice era moderado, según estimaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), y ahora, sin lugar a dudas, ya es alto al ser impulsado por el riesgo político.

Sobre el supuesto que esa ley se apruebe, y parece que se aprobará, una menor cooperación oficial del BID y del BM/IDA para el sector público del país obstaculizaría la ejecución de programas y proyectos de inversión pública en las actividades de, en orden de importancia, electricidad y agua potable, educación y salud, transporte y comunicaciones, administración pública, agropecuario y construcción de la red vial.

Al reducirse el papel facilitador del Estado en el ámbito de la infraestructura económica requerida para el desarrollo de la empresa privada, los flujos de la inversión extranjera directa y de la inversión doméstica privada, ya afectados por el mayor índice de riesgo-país, tenderían a continuar disminuyendo.

El menor gasto de inversión fija pública y privada, o sea, la inversión en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, conduciría a una desaceleración de la tasa de crecimiento económico del país, que desde el año 2015 ya se apoderó del estadio de entre 5% y 6% anual. COPADES estima que en este año, el volumen de bienes y servicios producidos en Nicaragua crecerá 5.1% con respecto a su nivel registrado el año pasado.

Consecuencias de un menor Producto Interno Bruto (PIB) Real serían los aumentos de la tasa de desempleo abierto, que en la actualidad es de un dígito, de la tasa de subempleo que ahora afecta a casi la mitad de las personas ocupadas, y del sector informal de la economía que hoy abarca casi al 80% de las personas ocupadas que laboran en empresas que no tienen registros contables. En resumen, aumentaría la pobreza de los nicaragüenses.

Al disminuir los flujos de la cooperación oficial al sector público y la inversión extranjera directa, también disminuiría el valor de las importaciones de bienes y, por consiguiente, se observaría  un menor déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual sería compatible con un menor monto de financiamiento en la cuenta de capital de la balanza de pagos.

Sin embargo, en el financiamiento del déficit de la balanza de pagos estaría latente el riesgo de la pérdida de reservas internacionales, por lo cual podría aumentar la mora en el pago de la deuda al BID y al BM/IDA y conducir a una restricción del gasto de consumo y de la circulación del córdoba, todo con el propósito de proteger la frágil posición de las reservas internacionales oficiales del país. En caso fuese necesario solventar eventualidades de insolvencia y fortalecer la liquidez del BCN, cabe recordar que Nicaragua renovó recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) una línea de crédito de US$200 millones. Cabe recordar que Nicaragua aún no es sujeto de crédito en el mercado financiero internacional y, por lo tanto, no emite deuda soberana.

Descartamos la devaluación del córdoba, porque la cláusula de mantenimiento de valor y la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial han convertido al BCN en un rehén de su política cambiaria, que desliza al tipo de cambio en 5% anual desde el año de 2004. Así, el principal instrumento en manos del BCN continuará siendo las operaciones de mercado abierto para controlar la liquidez y mantener reducida la brecha entre el precio oficial de la divisa y el precio de venta del dólar en el mercado financiero local. Pero la emisión de deuda pública interna, tanto del BCN como del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), sería más costosa por las alzas en las tasas de rendimiento de los títulos valores.

Para finalizar, un consejo a las autoridades nacionales: Si se aprueba la Ley NICA ACT, debemos esperar el impacto más benigno, pero deberíamos prepararnos para lo peor.





COPADES reconfirma su calidad en el pronóstico económico de Nicaragua

22 09 2016

En marzo de 2016, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronosticó que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua para el año en curso sería 5.3%, reconfirmando por segundo año consecutivo que Nicaragua ya entró al estadio de crecimiento anual de entre 5% y 6%, y facilitando, por consiguiente, una evaluación ex ante, bastante aproximada a la realidad, de las principales razones macroeconómicas requeridas para las políticas y toma de decisiones empresariales, destacándose entre ellas la tasa de inversión, la productividad de la economía, la subutilización de la fuerza laboral, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, la presión tributaria, el déficit fiscal, la liquidez global y la tasa de inflación.

El notable pero aún insuficiente desempeño de la producción de bienes y servicios para reducir el subempleo y la pobreza de los nicaragüenses, según COPADES, estaba impulsado, del lado de la oferta por las actividades de la agricultura, la construcción, las instituciones financieras y el comercio y, del lado de la demanda, por la inversión fija y el consumo.

La perspectiva económica oficial de 2016, elaborada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), señalaba un rango inicial de tasas de crecimiento económico para Nicaragua de [4.5%, 5.0], mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) la fijaban en 4.5%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo recientemente dicha tasa de 4.8% a 4.5% y el centro de pensamiento Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) la ha mantenido fija en el nivel de 4.5%.

Hoy jueves 22 de septiembre hemos sido informados que el presidente del BCN, Ovidio Reyes, declaró que el crecimiento económico de Nicaragua en 2016 está en un rango de 5.0% a 5.5%, debido a “las políticas de alianza del Gobierno Sandinista, el buen régimen de lluvia y el rendimiento en el sector productivo”.

COPADES agradece a las empresas que suscriben nuestro servicios profesionales por su confianza técnica en el análisis del comportamiento económico y social de Nicaragua que les presentamos mensualmente, y nos sentimos regocijados por el apoyo que nos brindan para desarrollar nuestras funciones a favor de un mejor desempeño empresarial.

Hago extensiva mis felicitaciones al personal técnico de COPADES por el éxito alcanzado.





Chamorro se equivoca al defender a Montealegre

22 09 2016

Pedro Joaquín Chamorro escribió en forma infundada sobre mis reclamos relacionados con la defensa de mi dignidad, mi honor, mi reputación profesional y mi imagen ante las injurias y calumnias que Eduardo Montealegre también escribió en dos ocasiones contra mi persona. En la sección Voces de la edición de la Prensa de hoy 21 de septiembre, Chamorro expresa ahora, entre sus comentarios, que “Avendaño, por su parte, se pasó diez años solicitando que le levantaran la inmunidad a Montealegre y cuando suspenden la audiencia, extrañamente no ha alzado su voz”.

Muy extraño que Chamorro esté atento a mi defensa de la presunta delincuencia de Montealegre. La primera corrección que hago a sus palabras escritas es que son ocho años, no diez años en los que pedí a la Asamblea Nacional que cumplieran las dos solicitudes de desaforación del entonces diputado impune Montealegre, por las injurias y calumnias que él escribió tanto en la Prensa el 31 de julio de 2008 como en una supuesta carta de disculpas que él hizo circular desde la dirección electrónica de su movimiento político Vamos con Eduardo el 2 de febrero de 2011.

Aunque han sido públicas, Chamorro desconoce mis acciones recientes para asegurar mi derecho humano de tener acceso a la justicia. El 31 de julio de 2016 solicité a la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavidez, la certificación de que si Montealegre gozaba de inmunidad por la condición parlamentaria, y me respondió dirigiendo sendas misivas a los jueces de los juzgados sexto y séptimo de lo Penal de Managua, Lic. María Pineda Gómez y Lic. Donaldo Alfaro García respectivamente, que Montealegre ya no era diputado y no gozaba de inmunidad.

Con esa respuesta, el 8 de agosto recién pasado solicité a los dos jueces antes mencionados que convocaran a la realización de las audiencias iniciales con fines de preliminar. El 1 de septiembre, ambos jueces citaron a las partes procesales para presentarnos el 5 de septiembre por la mañana y por la tarde, pero el 2 de septiembre me notificaron que las suspendían por saturación y reestructuración de agenda provocadas por ajustes de la reciente implementación del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua. Ayer 20 de septiembre, nueve días hábiles después de la suspensión de las audiencias, he solicitado de nuevo a los dos jueces que citen a Montealegre para el trámite de mediación y dar inicio al trámite del proceso como en derecho corresponde. Por supuesto que esperaré las respuestas de los dos jueces en 48 horas, que es el tiempo legalmente establecido.

Mis reclamos exclusivamente personales contra Montealegre siempre han sido y serán públicos y transparentes, y rechazo tajantamente la insinuación de Chamorro que los he vuelto opacos cuando él trata de politizar mi demanda sin fundamento alguno. Opaca ha sido la conducta de Montealegre, porque usó inapropiadamente la inmunidad de su cargo para no presentarse en los dos juzgados, dada su presunta delincuencia que no guardó ninguna relación con sus opiniones y votos emitidos en la Asamblea Nacional.

Los nicaragüenses deben estar seguros que así como alcé mi voz ante la protección que tuvo Montealegre para que no lo desaforaran a lo largo de ocho años, también la alzaré si no se inicia el proceso penal en su contra ahora que la inmunidad ya no es un obstáculo para que sea sentado en el banquillo de los acusados. Una última corrección para Chamorro: no está de por medio sólo una simple multa, sino también las indemnizaciones que solicitaré y demostraré a los dos jueces por los daños morales y económicos que afectaron no sólo a mí sino también a mi familia.





Los riesgos de la iniciativa “Nica Act”

18 09 2016

El riesgo político de Nicaragua continúa elevándose por las presiones de un grupo de congresistas estadounidenses que impulsan la iniciativa de “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, con el propósito de condicionar los préstamos de instituciones financieras multilaterales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo Económico (BID), el Banco Mundial (BM/IDA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobados para Nicaragua.

Las razones que han inspirado un nuevo boicot financiero para el país, similar al que fue aplicado por Estados Unidos junto con el boicot comercial que estuvo vigente entre mayo de 1985 y abril de 1990, son la falta de observación nacional e internacional en la elección presidencial del 6 de noviembre próximo; la solución de la Corte Suprema de Justicia sobre el litigio de las cuatro facciones del Partido Liberal Independiente (PLI), que duró 5 años; la sustitución de los diputados del PLI por sus suplentes, que fue solicitada legalmente por el actual representante de dicho partido; y la preocupación por la relación cercana de Nicaragua con Rusia, principalmente con la adquisición de equipamiento militar.

Esos argumentos fueron retomados de las quejas de un reducido grupo de políticos criollos, ante su incapacidad de entenderse entre ellos mismos, de unirse con los partidos políticos opositores, de presentar una estrategia alternativa a la que tiene la alianza política en el poder, y de atraer al electorado para escoger al futuro presidente de Nicaragua por su bajo nivel de preferencia entre la población, según las últimas encuestas nacionales.

La década de los 80 del siglo pasado en Nicaragua es muy distinta a la década de los 10 del siglo presente que vive el país. No hay guerra y la seguridad física es una de las mejores entre los países latinoamericanos, la producción no se desploma sino que aumenta, no hay hiperinflación sino una inflación moderada, el país no está severamente endeudado con los acreedores externos del sector público, el déficit fiscal como porcentaje del producto interno bruto (PIB) no es de dos dígitos sino cercano a cero, y la dolarización extraoficial de la economía ha marginado al córdoba en el mercado local. Sin embargo, persisten problemas estructurales importantes, tales como un bajo nivel de escolaridad promedio nacional que asegura sólo la primaria, una baja productividad, poca competitividad empresarial, un gran mercado informal, un alto déficit comercial externo y una inversión pública insuficiente para mejorar y ampliar la infraestructura económica del país.

Durante el trienio 2013-2015, el monto promedio anual de los préstamos externos destinados exclusivamente para la ejecución de programas y proyectos del sector público de Nicaragua fue igual a 340 millones de dólares, en el cual la participación de los desembolsos provenientes de las instituciones financieras multilaterales, en orden de importancia, fue la siguiente: BID (52.1%), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, 27.4%),  BM/IDA (10.2%), Banco Europeo de Inversiones (BEI, 4.0%), Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 1.2%) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA, 1.0%). Sólo el BID y el BM/IDA participan con el 62.3% en los desembolsos de préstamos externos.

El FMI no estaría sujeto al proyecto de ley antes mencionado, conocido también como “Nica Act”, porque actualmente dicha organismo no facilita préstamos para apoyo a balanza de pagos del país, o sea, para el fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN). En la actualidad, no existe compromiso de cooperación financiera del FMI debido a que el cuarto programa de ajuste económico y reformas estructurales suscrito con Nicaragua expiró en diciembre de 2012 y no se suscribió un nuevo programa económico por decisión del Gobierno de Nicaragua.

En el caso de que Estados Unidos aprobara la “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua”, sólo se paralizaría el financiamiento del BID y del BM/IDA destinado principalmente a los siguientes sectores u objetivos: ordenamiento de la propiedad; mejora de la productividad; fortalecimiento de energía eléctrica, educación, salud, vivienda, transporte y agua potable; el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; el fomento de la actividad agropecuaria sostenible; la modernización del sistema de administración fiscal; y el mejoramiento de la infraestructura y de las telecomunicaciones en la Costa Caribe.

Por consiguiente, entre las consecuencias principales para Nicaragua por la aprobación de la iniciativa “Nica Act”, se destacarían las siguientes: el empobrecimiento de la población rural, al paralizarse la ejecución de proyectos de inversión pública vinculados con la reducción de la pobreza; un menor dinamismo de la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) del sector privado, al reducirse la facilitación de la inversión pública en infraestructura económica; la desaceleración del crecimiento económico; la mora en el pago de la deuda pública externa con el BID y el BM/IDA; la reducción del gasto de consumo público y el desempleo en la actividad del Gobierno Central; el debilitamiento de la posición de las reservas internacionales oficiales; el incumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad del tipo de cambio oficial y de una baja presión inflacionaria; la ampliación de la brecha cambiaria entre el mercado oficial y el mercado financiero, que provocaría una fuga de capitales; y el deterioro de los indicadores sociales del país.

De las cinco quejas arriba mencionadas y presentadas por un reducido grupo de opositores políticos en el exterior, sólo la primera podría ser considerada como cierta porque el 80% de los nicaragüenses se manifestó, a través de varias encuestas nacionales, a favor de la observación nacional e internacional en las elecciones presidenciales.

Por otro lado, el litigio del PLI, que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia porque las facciones de ese partido político no se pusieron de acuerdo para resolverlo, tuvo el inconveniente de ser extemporáneo al darse cinco meses antes de las elecciones, ya que si se hubiese resuelto 2015 no habría tenido tanto eco; el transfuguismo político, ahora sancionado con las reformas de la Constitución Política de la República de Nicaragua establecidas en 2014, fue aplicado para que sustituyeran a los propietarios con los suplentes de los curules pertenecientes a la extinta Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (BAPLI); y las relaciones soberanas de Nicaragua con Rusia no pueden verse con la lupa de la guerra fría, porque ésta ya no existe.

Aunque Nicaragua colabora con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración irregular, la razón más importante que se podría tener en cuenta para que los legisladores estadounidenses no aprueben la “Ley de condicionalidad de la inversión en Nicaragua” es de carácter geopolítico: evitar que el Triángulo del Norte se convierta en el Rectángulo del Norte.





Perfil Económico de Nicaragua 2017

13 09 2016

COPADES le invita a participar en el Seminario de Actualización Empresarial “Perfil Económico de Nicaragua 2017”, que se realizará en el Salón Maderas, segundo piso del Centro de Convenciones Crowne Plaza el martes 27 de septiembre de 2016 de 8:00 a.m. a 11:30 am. Debido a que el cupo es limitado, para reservar su participación y obtener información sobre este evento, por favor llamar al 2270-0385 o escribir a corozco@copades-nic.com

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Sugerencias económicas para los políticos

10 09 2016

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El colega Juan Fernando Zalduendo, quien fue el sexto y último representante residente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Nicaragua durante cuatro años hasta el 31 de julio de 2016, fecha en que se cerró su oficina en el Banco Central de Nicaragua (BCN), se caracterizó por ser uno de los más respetuosos con la población nicaragüense, como lo fue también el primer representante José Gil Díaz, quien se desempeñó en ese cargo entre 1994 y 1999.

Durante su estancia en Nicaragua, tuve la oportunidad de intercambiar opiniones con él sobre los principales problemas de la política macroeconómica de Nicaragua, especialmente las políticas relacionadas con la moneda, el tipo de cambio y el gasto público. En esas conversaciones macroeconómicas tuvimos más coincidencias que discrepancias y, con base en ellas, presentaré a los dirigentes políticos del país algunas propuestas que podrían ser consideradas en los futuros planes de gobierno.

La competitividad empresarial, la formalidad del mercado laboral y la productividad de la economía

Los principales problemas estructurales del mercado laboral son el subempleo y la informalidad, mientras que en el mercado se observa la necesidad de una mayor competencia. Producto de estos problemas son la baja productividad de la economía y la baja tasa de  crecimiento potencial de la economía.

Sin olvidar el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, desde hace muchos años en Nicaragua se necesita el mejoramiento de la educación primaria y secundaria; el establecimiento de programas de educación técnica media y superior; la transferencia de tecnología para las empresas que no pueden comprarla; la concesión de crédito para los productores que no son atendidos en las instituciones financieras convencionales; la coordinación de la política financiera nacional y la creación de una cartera de préstamos de largo plazo; la normalización de las tarifas de energía eléctrica; el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura económica, principalmente los servicios portuarios; la atracción de la inversión extranjera directa y su vinculación a cadenas de producción locales; el mejoramiento de la administración empresarial, especialmente en las microempresas y pequeñas empresas; y el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Los macroeconomistas, como dice Zalduendo, podemos sugerir algunos lineamientos para resolver los problemas de falta de competitividad, pero son los expertos en cada una de estos campos económicos los que tienen que especificar las soluciones, inclusive con corte sectorial y regional.

La competitividad empresarial se refuerza con el mejoramiento de la productividad, pero no es recomendable que las empresas, a pesar de la baja productividad, puedan competir en el mercado internacional por el mantenimiento de salarios reales bajos, porque esto representa una especialización de la pobreza y su viabilidad depende del mantenimiento de esa misma pobreza.

El desplome del crédito petrolero y el gasto social

Con la notable reducción del préstamo petrolero de Venezuela se ha vuelto vulnerable la posición de las reservas internacionales oficiales del país, porque el pago de contado de los requerimientos de hidrocarburos del país aumentó de 50% a 90%; consecuentemente, se observa la falta de financiamiento de los proyectos sociales y socio-productivos por parte de ALBANISA y el traslado de esos proyectos hacia el presupuesto gubernamental, entre los cuales se destacan, en el ámbito social, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, Subsidio al Transporte Colectivo, Infraestructura Habitacional, Asistencia Humanitaria e Infraestructura Urbana y Rural y, en el ámbito socio-productivo, Soberanía Energética, Industria, Desarrollo del Comercio Justo y Transporte Terrestre y Marítimo.

Es bastante probable que las reformas tributarias que se han pospuesto desde 2015, que se contemplaron en la Ley de Concertación Tributaria, sean retomadas en el corto plazo, tales como la eliminación de las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA) a las importaciones de las actividades agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal, así como la supervisión de los precios de transferencia. Por supuesto que la eliminación de esas exenciones del IVA exigirá, por equidad tributaria, una disminución da la tasa de 15% del IVA que también tenga el objetivo de armonizarla con las del resto de países centroamericanos.

¿Recordobización o Dolarización Oficial?

Con un ambiente económico externo poco amigable en la actualidad y que parece se mantendrá por varios años más, la política cambiaria reptante no promueve el esfuerzo exportador de las empresas radicadas en el país, que se ve limitado en materias primas y se mantiene gracias a la entrega de estímulos tributarios, con los fines de reducir la gran brecha comercial externa y las necesidades de financiamiento externo para cubrir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. En el corto y mediano plazo, el dinero en el mercado financiero internacional será más escaso y más caro, de tal manera que la atracción de la inversión extranjera directa será capital para financiar la brecha externa y aumentar las reservas internacionales de la autoridad monetaria que garanticen la estabilidad macroeconómica del país.

Es conveniente iniciar el estudio del proceso de recordobización o desdolarización de la economía del país, que se alcanzaría en el muy largo plazo porque ningún agente económico debe ser forzado a dejar sus dólares y buscar los córdobas. Coincido con Zalduendo que el país no está preparado para esta tarea, pero es necesario, por lo menos, iniciar tanto la formulación de una ruta “crítica” macroeconómica para la desdolarización como el fortalecimiento de las instituciones públicas para comenzar a recorrer dicha ruta, especialmente con una adecuada reestructuración de la banca central que esté acompañada de la decisión política de asegurar su autonomía.





Cómo se cumplirán las promesas económicas

4 09 2016

Mientras Nicaragua caía en el ranking de Doing Business (Haciendo Negocios) del puesto 119 en 2013 al puesto 125 en 2016 entre 189 países, subía en el ranking del Índice de Desarrollo Humano del puesto 129 en 2012 al puesto 125 en 2015 entre 188 países, y se estancaba en el puesto 108 del ranking del Índice Global de Competitividad en 2013 y 2016 entre 140 países. Por consiguiente, se observan mejores indicadores sociales, pero se atascó la baja competitividad empresarial y se volvió más difícil hacer negocios en el país.

En este año, de acuerdo con datos de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), la situación macroeconómica de Nicaragua se robustece con una tasa de crecimiento económico anual de entre 5.2%, una tasa de inflación de 5.7% y una tasa de devaluación anual de 5% permanente desde 2004, pero el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante es el más bajo del istmo centroamericano al registrar el valor de 2 mil 165 dólares, casi 7 veces más bajo que el de Panamá y casi 5 veces más bajo que el de Costa Rica.

Sin embargo, la situación microeconómica en el país no es halagüeña porque, según COPADES, la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente asociado con el subempleo suman, al menos, el 21% de la población económicamente activa y, con base en datos oficiales, el salario promedio nacional cubre el 73% del costo de la canasta de consumo básico y el 29.6% de la población total es pobre. La informalidad del mercado laboral, la baja productividad de la economía, la poca competitividad empresarial y la desigualdad de la distribución del ingreso ayudan a explicar la crítica situación económica de los trabajadores y sus familias: tomando en cuenta los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, con todos los ingresos mensuales el 62% de familias no puede adquirir los 53 productos de la canasta de consumo básico y el 85% de las familias no puede comprar una vivienda de interés social.

Entre los indicadores sociales de Nicaragua de 2012 y 2015 publicador por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Informe de Desarrollo Humano 2015, se destacan los siguientes con su respectiva comparación entre los seis países del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá:

La tasa de alfabetización de la población de 15 años y más edad se ha mantenido estable en el nivel de 78.0% y ocupa el sexto puesto, bastante alejado de Costa Rica (97.4%).

La tasa bruta de matrícula en educación secundaria se elevó de 67.9% a 69.0% y ocupa el quinto lugar al superar solamente a Guatemala (100%).

Como un porcentaje del PIB, el gasto público en Educación bajó de 5.1% a 4.4% y ocupa el segundo lugar, sólo antecedido por Costa Rica (6.9%).

Como un porcentaje del PIB, el gasto público en Salud disminuyó de 9.5% a 8.3% y ocupa el tercer lugar al ser superado por Costa Rica (9.9%) y Honduras (8.6%).

La esperanza de vida se elevó de 74.0 a 74.9 años y ocupa el tercer lugar al ser superado por Costa Rica (79.4 años) y Panamá (77.6 años).

La cantidad de médicos por cada 10,000 habitantes se redujo de 3.9 a 3.7, empatados en último lugar con Honduras y muy alejado de El Salvador (16).

Como un porcentaje de la población total, la tasa de electrificación pasó de 69.1% a 77.9%, la más baja y ocupa el sexto lugar, también bastante alejado de Costa Rica (99.5%).

Como un porcentaje de la población total, los usuarios de internet casi se duplican al pasar de 9.6% a 17.6% y ocupa el sexto lugar, muy distante de Costa Rica (49.4%).

Por cada 100 personas, el número de teléfonos celulares se incrementó de 101.0 a 114.6 y ocupa el cuarto lugar, antecedido por Panamá (158.1), El Salvador (144) y Costa Rica (143.8).

En este escenario socioeconómico nacional comienza la carrera presidencial. Los aspirantes en esta competencia suelen presentar sus promesas al pueblo sin decir cómo serían concretadas, ya que a esta fecha no se ha visto ni se ha escuchado un programa integral de gobierno entre los cinco partidos opositores a la alianza política en el poder, no obstante algunos candidatos ya han mencionado algunas promesas económicas.

Por ejemplo, el candidato de Unidad Democrática en la casilla del Partido Conservador a Presidente. Sr. Erick Cabezas, ofreció que quitará los impuestos directos e indirectos que encarecen la canasta básica, es decir, eliminará el impuesto sobre la renta (IR) de 30% que grava las utilidades brutas de las empresas que ofrecen los 53 productos de consumo básico y sustituirá la exoneración de la tasa de 15% de impuesto de valor agregado (IVA) con la tasa cero del IVA en el consumo de dichos productos. Sin embargo, esta medida tributaria provocaría un mayor déficit fiscal, y para evitarlo podría presionar una alza de la tasa del IVA de 15% al consumo de todos los bienes y servicios que no son básicos; además, la Ley de Concertación Tributaria contiene la eliminación de todas las exoneraciones del pago de IVA a las importaciones de las actividades agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal, excepto sobre la canasta básica (programada para el 1 de enero de 2015 y postergada por solicitud empresarial), lo cual, por ética tributaria, conduciría a disminuir el nivel de la tasa actual de 15%.

El candidato del Partido Liberal Constitucionalista, Sr. Maximino Rodríguez, mencionó su disposición para desarrollar la agroindustria. En otras palabras prometió la generación de un mayor valor agregado que favorezca el esfuerzo exportador y una mejor calidad del consumo interno, pero aún se desconoce el marco general de la política agroindustrial. Cómo promover la educación técnica media y superior, cómo transferir tecnología a las empresas que no pueden comprarla, cómo entregar el crédito a los productores que no son sujetos de crédito en el mercado financiero convencional, constituyen preguntas cruciales para el crecimiento y el desarrollo económico del país.

El candidato presidencial por la opositora Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el reverendo Saturnino Cerrato, prometió destinar el 7% del PIB del país al sector educativo para que la educación sea integral y que sea de calidad, y también capacitar a los maestros para una enseñanza integral, todo lo cual se podría lograr con la reducción de otros gastos gubernamentales o con el aumento de los ingresos tributarios. ¿Cuáles?

Se supone que el candidato presidencial de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, Comandante Daniel Ortega, continuará ejecutando el Plan Nacional de Desarrollo Humano sobre la base de la atracción de la inversión extranjera directa. Es el único plan partidario que se conoce.

El 24 de julio de 2001, en mi artículo de opinión “Señores Candidatos, no ofrezcan mucho” aconsejé a los candidatos a presidente de la República que “La población está cansada de muchas ofertas políticas que no se han concretado en el tiempo. Es un grave riesgo político continuar con el discurso de ofrecer demasiado a la población en la búsqueda de un mayor número de votos el próximo 4 de noviembre, sin tener un fuerte respaldo de recursos internos, porque los externos ya han comenzado a disminuir”. Parece que la historia se repite.