Incertidumbre económica global

22 01 2017

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El 45º presidente de Estados Unidos, Donald Reagan, tomó posesión el viernes 20 de enero de este año y mantuvo la incertidumbre no sólo en la economía de Estados Unidos sino también en la economía mundial.

El menú de su política económica muestra la disminución de los ingresos tributarios con la reducción de la tasa máxima de impuesto sobre la renta de 40% a 15% para todos los estadounidenses; la ampliación del gasto público a través de la inversión pública y el reforzamiento de las fuerzas armadas y de la lucha contra el crimen, las pandillas y las drogas; la “flexibilización” del Obamacare; el impulso del proteccionismo comercial, con el retiro de Estados Unidos de la Asociación Transpacífica (el acuerdo de libre comercio con 11 países del Pacífico), la revisión del NAFTA -el acuerdo de libre comercio con México y Canadá- y la amenaza con salirse del tratado si los otros dos países se oponen a renegociarlo, el establecimiento de más aranceles de 35% y 45% si las empresas estadounidenses externalizan su producción, y la negociación de acuerdos comerciales bilaterales; la desregulación estatal sobre la economía; la disminución de los límites de las emisiones contaminantes, sin mencionar el Acuerdo de París contra el cambio climático; la deportación de los inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos y la construcción de un muro en la frontera con México contra la inmigración irregular y que lo pagaría el país vecino.

Complementa su menú de políticas económicas con su política exterior que aboga por la doctrina de “paz mediante la fuerza”, promete un plan agresivo contra el yihadismo, siembra dudas sobre la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) al calificarla de obsoleta, evoca la posibilidad de un acuerdo de reducción de armas nucleares con Moscú a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia, y pronosticó que el Brexit sería un éxito y anunció que quería concluir rápidamente un acuerdo comercial con Reino Unido.

Su nueva visión de gobierno la resumió así: “Desde este día sólo será ‘América primero’. Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración o asuntos exteriores, tendrá el objetivo de defender a los ciudadanos y trabajadores estadounidenses”, y prometió, con su habitual tono populista, que los ciudadanos guiarán su política y dejarán de ser los “olvidados”.

Con sus propuestas económicas, Donald Trump también ha prometido duplicar el ritmo de crecimiento económico anual de Estados Unidos, es decir, elevarlo de 2% a 4% en los cuatro años de su presidencia.

Se visualizan riesgos para la economía estadounidense y en la economía internacional con el modelo trumpiano. Su propuesta de política fiscal es bastante contradictoria, porque incrementará el déficit y la deuda del sector público al aumentar el gasto y disminuir los impuestos, acelerará la tasa de inflación en el mercado estadounidense, apreciará o dará mayor valor a dólar, obligará a la Fed a doblar el paso en las alzas de las tasas de interés, encarecerá las exportaciones estadounidenses, abaratará las importaciones de la primera economía mundial, y ampliará el déficit comercial externo. El crecimiento económico sería estimulado en el corto plazo, pero el resultado de todos estos efectos es la desaceleración y la recesión económica si las tasas de interés subieran rápidamente.

El ansiado bienestar económico que persigue el presidente Donald Trump “sobrecalentaría” la economía estadounidense, porque ésta ya se encuentra muy cerca del pleno empleo al observarse la actual tasa de desempleo de 4.7% de la población económicamente activa (PEA), aunque no hay que pasar por alto que millones de estadounidenses han dejado de buscar trabajo y ya no pertenecen a la PEA, y la actual tasa de inflación interanual que es igual a 2.07%, el nivel máximo tolerable por la Fed.

Con una economía que crece a un ritmo cercano a su potencial debido al bajo nivel de desempleo, una política fiscal expansiva con una menor disponibilidad de ingresos tributarios podría provocar  escasez de mano de obra, aumentos salariales insostenibles y mayores presiones inflacionarias. En ese entorno, la Fed tendría que endurecer la política monetaria con alzas más rápidas de las tasas de interés para contrarrestar la aceleración de la tasa de inflación en el mercado estadounidense. Sólo el aumento de la productividad podría ayudar a mantener un crecimiento económico permanente de 4% anual libre de inflación en el corto plazo, el cual se podría lograr con un auge tecnológico que aún no ha sido mencionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el ámbito internacional, los países de economía emergente, principalmente China y México, no se beneficiarían del crecimiento económico de corto plazo en Estados Unidos por el establecimiento de barreras comerciales. Además, existe el riesgo de que se desate una guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El mercado integrado de Centroamérica, que en 2015 tuvo un Producto Interno Bruto (PIB) Nominal de 228 mil 248 millones de dólares en 2015 equivalente al 90% del PIB de Chile,  cuenta con el acuerdo comercial del CAFTA suscrito con Estados Unidos, aparentemente no está amenazado por el proteccionismo comercial, porque los países centroamericanos son exportadores natos de materias primas. Sin embargo, debido a la apreciación esperada del dólar estadounidense, no se verán favorecidos los países importadores de materias primas que pagan en moneda estadounidense, por ejemplo el petróleo, así como los países importadores de productos estadounidenses, entre ellos Nicaragua.

Es bastante probable que los canales de trasmisión de los aumentos o de las disminuciones del PIB estadounidense hacia los países centroamericanos, incluyendo a Panamá, se mantengan durante la administración Trump, los cuales son los siguientes (porcentajes del PIB Regional de 2016 entre paréntesis, de acuerdo con datos de COPADES): las exportaciones de materias primas (21%), los flujos de inversión extranjera directa (5%), las remesas familiares (7%) y la afluencia de turistas estadounidenses. Cabe agregar que el flujo bruto de la inversión directa estadounidense hacia Nicaragua totaliza 2 mil 101 millones de dólares y participa con el 20% en el valor total de la inversión extranjera directa acumulada en el país durante el período 1991-2015.

En el mercado financiero internacional se daría fácilmente un fuerte aumento de las tasas de interés, que afectaría a los países de economía emergente y a los países en vías de desarrollo, entre estos últimos los países centroamericanos y, por ende, Nicaragua. El dinero se volverá más escaso y más caro, y los países que estén muy endeudados en dólares estadounidenses y en términos no concesionales tendrán efectos negativos en sus balanzas de pagos.

En conclusión, se observan más factores de incertidumbre y un mayor riesgo económico en la economía mundial al inicio del año de 2017 de los que había al empezar el año de 2016. A las promesas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría que agregar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los resultados electorales en Francia, Alemania y Holanda, en que participan la francesa Marine Le Pen, el holandés Geert Wilders y la alemana Frauke Petry, todos ellos autodenominados como “líderes de la nueva Europa”, ultraconservadores decididos a transformar el continente en las elecciones que se celebrarán este año.

Para nosotros, los nicaragüenses en particular, debemos mantener la atracción inversionista extranjera y doméstica para seguir impulsando el crecimiento económico y continuar reduciendo la pobreza con la implementación de políticas públicas que reduzcan la desigualdad de los ingresos, pero también se observan riesgos políticos muy cercanos, cuyas causas están en Managua pero sus efectos también vienen de Washington.





El Riesgo-País de Nicaragua en 2017

7 01 2017

Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) realizará el Seminario de Actualización Empresarial “El Riesgo-País de Nicaragua en 2017” en el Salón Regency del Hotel Crowne Plaza, el próximo jueves 26 de enero de 8:30 a.m a 12:00 m.

Se analizarán los riesgos políticos, económicos y financieros y sus efectos sobre  la evolución de la economía de Nicaragua en este año, entre los que se destacan el moderado crecimiento económico mundial, la Trumpeconomía -proteccionismo comercial, mayor gasto de inversión pública y menor recaudación de impuestos en el mercado interno de Estados Unidos-, la fortaleza o la apreciación del dólar estadounidense,  el aumento de los precios internacionales de las commodities y de la LIBOR, la mayor inflación importada, la muy probable Nica Act, la disminución de la cooperación petrolera de Venezuela y la incertidumbre política interna.

Reserve su participación anticipadamente, porque el cupo es limitado.

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Manejo prudente de la política monetaria

6 01 2017

Excepto el año de 2012, en que las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN) apenas disminuyeron US$5 millones, desde el año de 2002 hasta el año de 2015 los saldos anuales de esas reservas acusaron aumentos, pero al 29 de diciembre de 2016 habían acumulado una caída de US$115.2 millones, que es casi igual a la registrada en el año de 2001, cuando cesaron las liquidaciones bancarias y el muy cuestionado rescate de los depositantes, que costaron US$492.4 millones a los contribuyentes.

El saldo de las reservas internacionales brutas del BCN al 29 de diciembre de 2016 era US$2,377.1 millones, equivalente a 2.38 veces el saldo de la base monetaria (2.5 veces es el objetivo del BCN y 2.2 veces indicaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los programas de ajuste macroeconómico), y a 4.8 meses de importaciones de bienes CIF (4 meses señala actualmente el FMI). Por lo tanto, aún con esa caída de reservas el BCN logró mantener la estabilidad macroeconómica en 2016, es decir, la estabilidad del tipo de cambio, con una devaluación anual de 5%, y de una baja presión inflacionaria, 3.13% anual.

Dos días después, el sábado 31 de diciembre, el monto de reservas internacionales brutas en el BCN subió repentinamente hasta US$2,447.8 millones, gracias a un aumento de US$79.3 millones en los depósitos de encaje en moneda extranjera que los grupos financieros llevan al BCN. En esta forma extraordinaria, las reservas internacionales brutas cayeron sólo US$44.5 millones y fueron iguales a 2.56 veces la base monetaria y 4.95 meses de importaciones de bienes CIF.

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Mientras más córdobas circulan en el mercado, mayor es la demanda de divisas para importaciones, lo cual debilita la posición de las reservas internacionales del BCN. Para protegerla, la autoridad monetaria cuenta con dos instrumentos, las operaciones de mercado abierto (OMA), mediante las subastas semanales de Letras, y la tasa de encaje sobre los depósitos en córdobas, o sea, el monto equivalente al porcentaje de dichos depósitos que los grupos financieros depositan en el BCN.

Las colocaciones netas (colocaciones menos redenciones) de Letras subastadas por el BCN en 2016, en vez ser contractivas para proteger la posición de las reservas internacionales, fueron expansivas en un monto de C$915.9 millones. El BCN logró subastar Letras por C$24,519.0 millones, pero tuvo que redimir C$25,434.9 millones. Las subastas de Letras del BCN pudieron contraer la base monetaria sólo en 4 meses del año, principalmente porque el 78.6% del monto total de las colocaciones tuvieron plazos de 7 días, 14 días y 1 mes y, entre éstas, el plazo más importante fue el de 14 días, de tal manera que tan pronto se colocaban, tan pronto se redimían. Otra posible explicación es que los inversionistas financieros, es decir, los grupos bancarios locales, tuvieron aversión al riesgo para comprar Letras a 3 meses, 6 meses, 9 meses y 1 año, debido al ruido político que se agudizó desde junio de 2016 y al silencio electoral que imperó en el segundo semestre del año. Sólo el 5.6% del monto total de las colocaciones de Letras fue a 1 año plazo, aún con la alza de su tasa de rendimiento dolarizada desde 4.58% en enero hasta 5.05% en septiembre.

La tasa de encaje sobre los depósitos en córdobas fue efectiva para regular la liquidez en el segundo semestre del año, al contribuir con C$2,543.7 millones en la contracción anual de la base monetaria. Al cierre del año de 2016, la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas fue igual a 23.2%, 11.2 puntos porcentuales por arriba de la tasa legal requerida,  con la cual se reflejó un excedente de C$4,021.7 millones sobre el monto de encaje requerido. El excesivo saldo de encaje efectivo provoca aumentos en las tasas de interés activas del sistema financiero, porque no gozan de mantenimiento de valor ni de tasa de interés en el BCN.

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En ese escenario de reducción de la liquidez en córdobas, las empresas radicadas en Nicaragua, que destinan sus productos principalmente al mercado interno, observaron caídas del valor de sus ventas y aumentos de sus inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados. Este fenómeno se registró desde mayo de 2016, cuando la tasa de variación interanual del medio circulante ampliado (M1A) desaceleró hasta 2.3% (ver gráfica) debido a la esterilización de dinero provocada por las subasta de Letras Estandarizadas. Esto provocó incertidumbre en la toma de decisiones empresariales de producción y comercialización.

La principal causa de la caída de las reservas internacionales brutas del BCN en 2016 fue la venta neta de divisas del BCN que ascendió a US$134.8 millones, una transacción opuesta a las compras netas de divisas del BCN de US$234.3 millones en 2014 y US$221.8 millones en 2015. ¿Por qué el BCN vendió tantas divisas? La única respuesta que salta a la vista es la reducción del crédito petrolero de Venezuela, provocado por el menor precio internacional del barril de crudo WTI, el menor porcentaje de la factura de cada embarque de hidrocarburos en concepto de crédito y la contracción del volumen de hidrocarburos procedente de Venezuela.

El 4 de enero recién pasado los grupos bancarios retiraron US$70.8 millones de sus depósitos de encaje en moneda extranjera en el BCN y las reservas internacionales brutas oficiales volvieron a caer.  Aunque este escenario no es preocupante en el momento actual, habría que analizar la evolución de dichas reservas en el primer semestre de este año para identificar los problemas estructurales que podrían estar afectándolas, incluso revisar los parámetros de las condicionalidades de estabilidad macroeconómica. El BCN debe actuar con prudencia en la selección de las medidas adecuadas para enfrentar esta situación macroeconómica, que también podría estar influenciada por problemas políticos.





La tasa de inflación de Nicaragua se acelerará en 2017

31 12 2016

En 2017 se combinarán riesgos económicos, financieros y políticos en el país que podrían poner en jaque a la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria, y al crecimiento económico anual que ronda el 5%.

El principal riesgo financiero es la contracción del crédito petrolero muy concesional de Venezuela, cuyo principal beneficio para Nicaragua ha sido la defensa de la posición de las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN), al mantenerla en montos equivalentes a 2.5 y 2.4 veces el saldo de la base monetaria y también a 5 meses de importaciones de bienes CIF en los últimos dos años.

Aunque el precio del barril de petróleo WTI, marcador para Latinoamérica, se ha elevado al rango de US$50-US$56 desde octubre de 2016, el valor del suministro de petróleo y combustibles de Venezuela a Nicaragua se ha desplomado hasta 28% del valor total de las importaciones de hidrocarburos del país en el primer semestre de 2016, muy por debajo del 92% del valor del requerimiento anual de hidrocarburos registrado en el trienio 2011-2013, según cifras oficiales.

A lo anterior, se agrega la reciente decisión de Petróleos de Venezuela (PDVSA) de  que a partir del 1 de enero de 2017 Venezuela implementará un recorte de 95 mil barriles de crudo por día en el cumplimiento del compromiso acordado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de disminuir la producción en 32.5 millones de barriles diarios.

Un riesgo económico previsto que acelerará la tasa de inflación local en 2017 es la presencia de una mayor inflación importada. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó el precio promedio anual del barril de petróleo WTI, marcador para Latinoamérica, en US$51.46, el cual es 16.4% mayor que su nivel promedio anual de US$44.22 observado en 2016, y arrastrará a la alza a otros precios internacionales de bienes primarios, comúnmente llamados commodities, así como a las tarifas de transporte y de energía eléctrica –el 31% es generado por plantas termoeléctricas en el período enero-septiembre de 2016-.

El FMI también proyectó la tasa de inflación de Estados Unidos en 1.82% para 2017, la cual ya refleja el fortalecimiento o la apreciación del dólar frente a otras monedas duras, tales como el euro o el yen, porque la primera economía mundial prácticamente alcanzó el pleno empleo y, consecuentemente, observó un aumento de los ingresos de los hogares, lo cual encarecerá los productos estadounidenses.

A este hecho se agrega un nuevo riesgo económico que espoleará la tasa de inflación no sólo en el mercado estadounidense sino también en el mercado internacional, como es la trumpeconomía, es decir, el proteccionismo comercial –reducción de la tasa del impuesto sobre la renta de las actividades económicas del 30% al 15% para el retorno de empresas estadounidenses que han emigrado de Estados Unidos- con el aumento de la inversión en infraestructuras –que sería financiada muy probablemente con más deuda pública-, tal como ha prometido el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Debido a las mayores expectativas de crecimiento económico e inflación en Estados Unidos, el banco central (Fed) continuará elevando la tasa de interés, con más razón si la política económica de la próxima administración estadounidense acelera la tasa inflación, lo cual hará más caro y más escaso a los préstamos en el mercado financiero internacional con el aumento de la LIBOR y con el retorno del capital financiero desde países de economía emergente hacia Estados Unidos. Esto elevará el pago de intereses de la deuda pública externa de Nicaragua, tanto reestructurada como contratada en términos no concesionales y, además, el pago de intereses de los préstamos del sistema financiero nacional destinados principalmente a la pequeña y mediana industria y a la adquisición de viviendas.

El riesgo político es el que presenta un mayor peligro no sólo para la estabilidad macroeconómica,  sino también para el buen desempeño de la economía de Nicaragua en el mediano plazo.

La aprobación de la Nica Act en 2017 no sería tan grave si se limitara exclusivamente a la suspensión de la contratación de nueva deuda muy concesional de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA), ya que el Gobierno de Nicaragua emprendió una importante contratación de préstamos no concesionales con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el segundo semestre de 2016.

Sólo el anuncio de la suspensión de recursos del BID y del BM/IDA mantendría el índice de riesgo-país en un nivel alto –dejó de ser moderado con el ruido político de 2016-, disminuiría el flujo de la inversión extranjera directa –que es la principal fuente para aumentar las reservas internacionales brutas del BCN-, entorpecería el cumplimento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, habría una mayor contracción del medio circulante, subiría la tasa de interés, desaceleraría el crecimiento económico, incrementaría el desempleo y el subempleo, aceleraría la tasa de inflación y subiría el índice de pobreza.

Para evitar esos efectos perversos, el Gobierno de Nicaragua debería, según la iniciativa de la Nica Act, emprender y realizar medidas en un lapso de hasta 5 años después de que sea aprobada para (1) garantizar elecciones libres, justas y transparentes con observadores electorales; (2) promover la democracia y la independencia del Poder Judicial y del Consejo Supremo Electoral; (3) fortalecer el imperio de la ley; y (4) respetar el derecho a la libertad de asociación y expresión.

La iniciativa de la Nica Act también señaló que después de 120 días de que sea aprobada, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en consulta con los organismos de inteligencia de ese país, entregará al Congreso un reporte de miembros del Consejo Supremo Electoral, de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial involucrados en actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Dicho sea de paso, en esa lista ya se distingue el ex diputado de la Asamblea Nacional y sin inmunidad el aún impune Eduardo Montealegre Rivas, a quien acusé desde hace 8 años por ser violador de los derechos humanos y quien también fue acusado por la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción pública.

En este ámbito, adquiere una gran relevancia el informe del diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, programado para el 15 de enero de este año. No hay dudas de que la credibilidad de las instituciones públicas, principalmente el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial y la Policía Nacional, está dañada. No hay dudas de que existen fuertes tensiones políticas y varias inconformidades sociales, y que la impunidad es visible. Por lo tanto, la disminución del riesgo político dependerá de la voluntad y de la disposición del Presidente de la República, Daniel Ortega, para mejorar la situación política y social del país.

 





Las razones por las que Eduardo Montealegre me calumnió e injurió

27 12 2016

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El 8 de octubre de 2002, cuando era presidente del país el Ing. Enrique Bolaños, el Estado de Nicaragua cargó con la obligación de pagar al Banco Central de Nicaragua (BCN) los saldos deudores que resultaren en pago por la asunción de compromisos financieros, con el fin de garantizar los depósitos de los cuenta habientes de cada una de las cuatro instituciones bancarias intervenidas y liquidadas en el bienio 2000-2001 por el entonces presidente del BCN, Noel Ramírez Sánchez.

Los cuatro bancos liquidados en ese bienio fueron el INTERBANK, adquirido por el Banco de la Producción (BANPRO); el Banco del Café (BANCAFÉ), comprado por el Banco de Finanzas (BDF); el Banco Mercantil (BAMER), comprado por el Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO)  y el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), comprado por el Banco de la Producción (BANPRO). Entre mayo de 2000 y agosto de 2001, el BCN emitió Certificados Negociables de inversión Bancarios (CENIS) con un valor precio de US$332.2 millones, con plazos desde 1 año hasta 4 años y con una tasa de rendimiento promedio ponderado de 14.52%, por lo cual el valor facial de dichos CENIS, es decir, el costo total de las liquidaciones bancarias, ascendió a US$492.4 millones.

Debido a la insuficiencia de recursos presupuestarios, en 2003 el entonces ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Eduardo Montealegre, recibió la instrucción presidencial de reestructurar el saldo de US$320 millones de esta deuda pública correspondiente a los años de 2003 y 2004.

Con la aprobación del Consejo Directivo del BCN, Eduardo Montealegre, un economista y experto en finanzas, “infló” el valor presente de esas deudas al estimarlo con una menor tasa de descuento que las originalmente pactadas, las cuales, además, son fijas hasta su vencimiento, o sea, no fluctúan libremente como en los mercados financieros organizados. El caso más crítico en estas reestructuraciones fue el de los CENIS-INTERBANK, cuyo saldo al ser reestructurado tenía una tasa original de descuento “dolarizada” de 21.43% y su valor presente fue estimado con una tasa de descuento de 7.4999%. Sólo esta acción provocó una pérdida de US$23.4 millones al Presupuesto General de la República.

En la reestructuración de la deuda por liquidaciones bancarias, Eduardo Montealegre aplicó plazos de 3 años, 5 años y 10 años; usó dos nuevos papeles que sustituyeron a los CENIS Bancarios, como fueron los Bonos Bancarios y dos Bonos Cupón Cero, estos últimos usados en la reestructuración de los CENIS-INTERBANK; bajó las tasas de interés al reestructurar los CENIS-INTERBANK- BANIC- BANCAFÉ, pero la subió al reestructurar los CENIS-BAMER, cuyo saldo original del 4 de  marzo de 2001 era prácticamente igual al saldo reestructurado del 15 de octubre de 2003. La reestructuración de esta deuda pública interna no fue soberana sino comercial, mejor dicho, fue un sainete financiero, o sea, una reestructuración tragicómica, ridícula y grotesca -Montealegre la llamó su “reingeniería financiera”-.

Los Bonos Bancarios, como los CENIS Bancarios, fueron inversiones sin riesgo, porque no estaban sujetos a la creación de ninguna reserva en ninguno de los bancos adquirentes de los bancos liquidados, fueron pagados en córdobas con mantenimiento de valor y no en dólares estadounidenses, fueron emitidos por el ente emisor de la moneda local, el BCN, y gozaron del escudo fiscal de no pagar el impuesto sobre la renta.

Eduardo Montealegre, en su calidad de ministro del MHCP y de miembro del Consejo Directivo del BCN, también participó en la aprobación de las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados, un proceso poco transparente y bastante viciado. Ninguna subasta de estos bienes fue realizada con la metodología de venta con un “precio base” para proteger el patrimonio público, y no olvidemos que el ministro del MHCP es el cuidador de la cosa pública.

A “sobre cerrado” en tres subastas se vendió el 35% del valor bruto del total de la cartera de préstamos de los cuatro bancos liquidados y cada dólar fue vendido en 3.2 centavos de dólar, en las que participaron no sólo instituciones financieras que rechazaron esos activos cuando adquirieron a los bancos liquidados, sino también otras instituciones que manejaban información privilegiada sobre esos activos. Saltan a la vista la venta de la cartera cafetalera con sus garantías bancarias a un solo oferente en 11 centavos de dólar por cada dólar, y la venta de la cartera de la tarjeta de crédito y microcrédito a un solo oferente en 2.8 centavos de dólar por cada dólar.

A “sobre cerrado” se liquidaron los bienes inmuebles, que produjeron más de tres veces el valor de las subastas de la cartera de préstamos. También salta a la vista la venta de los bienes inmuebles de la casa matriz del BANIC en US$5.2 millones, la cual era valorada a precio de mercado por expertos en bienes inmuebles en un poco más de US$16 millones.

“Al martillo” se subastaron 668 obras de arte en 930 mil dólares, entre las cuales figuran pinturas que forman parte del patrimonio nacional, protegidas por la ley, de Orlando Sobalvarro, Edith Grón, Róger Pérez de la Rocha, Omar de León, Alejandro Canales, Rodrigo Peñalba, Bernard Dreyfuss y Leonel Vanegas.

También “al martillo” se liquidaron los vehículos en 152 mil dólares, y en lotes el mobiliario y el equipo de oficina en 95 mil dólares, pero no se conocieron los destinos del software y del hardware utilizados para la automatización de todos los procesos de los 4 bancos liquidados.

Con la ayuda de las matemáticas financieras se puede demostrar que Eduardo Montealegre, cuando fungió como ministro del MHCP, cometió graves daños al erario y al patrimonio de los nicaragüenses, es decir, perjudicó al Estado de Nicaragua. Sin embargo, sin duda alguna, sólo un Juez puede declararlo inocente o culpable.

Estos fueron los principales hallazgos de la reestructuración de esta deuda y las subastas de los activos de los bancos liquidados, parte de la investigación que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR) a lo largo del año de 2006. En el primer trimestre de 2007, con instrucciones de la CGR, presenté esos resultados con más detalles a cada una de las bancadas de la Asamblea Nacional, entre ellas la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) que estaba presidida por el diputado Eduardo Montealegre.

Por todas estas razones, Eduardo Montealegre me calumnió e injurió al escribir irresponsablemente y publicar el 31 de julio de 2008 en el diario La Prensa que yo era uno de los más conocidos quiebra bancos del país, me imputó el delito de ser defraudador del Estado de Nicaragua, y que dudaba de la profesionalidad de mi estudio, al escribir que había encontrado muchos errores, además de reiterar esas acusaciones en una supuesta carta de disculpas fechada el 2 de febrero de 2011 que circuló desde la dirección electrónica de la casa de su movimiento político personal, con copia a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Diario La Prensa Sección Política y Medios de Comunicación Social.

Durante ocho años pedí al Poder Legislativo que cumpliera las solicitudes de dos judiciales de levantar la inmunidad al diputado Eduardo Montealegre para poder demandarlo por injurias y calumnias, pero mi solicitud no prosperó. Protegido por este Poder del Estado, Montealegre se convirtió en un impune más al escudarse en la inmunidad que le confería su cargo público.

El 28 de julio de 2016, Montealegre dejó de ser diputado y no tiene inmunidad. El 1 de septiembre recién pasado, dos judiciales nos convocaron –al querellado y a mí- a la audiencia inicial con fines de preliminar programadas para el 5 de septiembre, pero el 2 de septiembre sorpresivamente los dos jueces dejaron sin efecto las convocatorias debido a “reestructuración de las agendas de sus despachos en función de los ajustes relacionados con la reciente implementación del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua”.

Han transcurrido cuatro meses desde la suspensión intempestiva de las convocatorias de los dos jueces. En ese lapso he pedido celeridad procesal a los jueces locales de lo Penal de Managua María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas, y al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, presidido por Marvin Aguilar e integrado por Alba Luz Ramos, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón, pero no me responden, perpetúan la retardación de justicia injustificada, no giran las instrucciones generales de carácter procedimental a los dos jueces antes mencionados, no aseguran una administración de Justicia pronta y cumplida, y violan mis derechos al debido proceso. En esta forma, el Poder Judicial protege a Eduardo Montealegre y avala su impunidad porque, sin tener inmunidad, continúa evadiendo la justicia por su presunta delincuencia.

En julio de 2008, la Fiscalía General de la República acusó, entre 39 personas, a Eduardo Montealegre por coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias, por su presunta delincuencia en la reestructuración de la deuda pública por las liquidaciones bancarias antes mencionadas y en la aprobación de las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados en 2000-2001.

Ahora el ex diputado Eduardo Montealegre es uno de los más renombrados y reconocidos impunes de Nicaragua. Aun así, el presunto delincuente Eduardo Montealegre se autonombra y se hace llamar un representante demócrata de Nicaragua. Su actual autocensura o silencio no le esconde su presunta delincuencia ni su impunidad. El Estado de Nicaragua, a través del Poder Ejecutivo, lo acusó en julio de 2008 y contradictoriamente, a través del Poder Legislativo, lo defendió de mi acusación desde agosto de 2008, y también a través del Poder Judicial lo continúa defendiendo al prolongar injustificadamente la retardación de justicia desde septiembre de 2016. Es preocupante que el Estado de Nicaragua avale la impunidad de un banquero y político, pero tengo confianza que recuperaré mi derecho de tener acceso a la Justicia.





Los personajes de Nicaragua de 2016 por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES)

24 12 2016

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Porque han contribuido al bienestar y el progreso de la nación.

Hombres y mujeres cuya agenda es el servicio a los demás.

Mujer del Año: Francisca Ramírez Torres, líder campesina y coordinadora del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, por su lucha pacífica en defensa de la tierra, rechazo del proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua y derogación de la Ley 840.

Hombre del Año: Su Eminencia Reverendísima Cardenal Leopoldo Brenes, por su llamado a la no violencia y utilizar el diálogo para resolver los problemas de Nicaragua. El Cardenal Brenes ha exhortado a las autoridades a evitar la confrontación, y a todas aquellas personas que, de una u otra forma manifiestan sus ideas, las hagan en un ambiente pacífico.

Político del Año: Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua reelecto por tercera vez consecutiva, por mantener a Nicaragua en el segundo lugar de crecimiento económico en el istmo centroamericano, impulsar mejores políticas de concertación con la empresa privada y sostener la seguridad pública del país que la ubica a en el primer lugar en la región Centroamericana.

Funcionario Público del Año: El Ing. Pablo Fernando Martínez Espinoza, Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), por su excelente desempeño en la construcción de obras públicas que facilitan la sostenibilidad del crecimiento económico del país.

Líder Empresarial del Año: El Lic. José Adán Aguerri Chamorro, por su destacada actuación en la formulación de leyes económicas del país, su reconocimiento como líder empresarial centroamericano, su elección por décimo año consecutivo como presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y por la presentación de la Agenda COSEP 2020 que busca el desarrollo sostenible y la competitividad empresarial.

Empresaria del Año: Myrna Moncada, líder de la Red de Reservas Privadas, por su labor destacada  en la conservación de propiedades privadas que se transforman en un producto turístico. Estas áreas protegidas generan al menos cuatro servicios ecosistémicos: capital natural, oferta hídrica, captura de carbono y potencial turístico.

Empresario del Año: Ing. Ricardo Meléndez,  por dirigir la mayor producción de viviendas de interés social en 2016, promover la inversión tecnológica constructiva y adecuar los aspectos organizativos para masificar la construcción de viviendas.

Presidente de Cámara Empresarial: Michael Healy, Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), por su apoyo para elevar la productividad y enfrentar las consecuencias del cambio climático en la producción agropecuaria.

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Actividad Económica del Año: La Construcción, por su crecimiento aproximado a 15% en este año, reconfirma su papel impulsor del crecimiento de 5.1% del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua pronosticado por COPADES para 2016.

Empresa del Año: B2GOLD, dirigida por el gerente-país Ing. Omar Vega, nicaragüense, al generar el mayor crecimiento del valor de exportación por producto en 2016, gracias a un creciente volumen y a la alza del precio internacional del oro, a la práctica de su modelo minero responsable y moderno y al beneficiar a 4,100 trabajadores directos y a 21,320 personas indirectas.





El perfil económico de COPADES para Nicaragua en 2017

21 12 2016

El perfil económico de Nicaragua para 2017 está condicionado por factores económicos externos tales como el persistente crecimiento económico moderado de Estados Unidos, que hará menos intensa la demanda de nuestras exportaciones; el aumento del precio del barril de petróleo WTI y de los precios internacionales de otras materias primas, que acelerarán la inflación importada; el fortalecimiento o la apreciación del dólar frente a otras divisas duras, como el euro, que hará más caros los productos de origen estadounidense; las alzas de la tasa de interés en los mercados financieros internacionales, que harán más escasos y más caros los préstamos externos; y el menor volumen del suministro de hidrocarburos procedente de Venezuela, que continuará manteniendo en mínimos el monto del crédito petrolero.

En cuanto a los factores endógenos o internos de pronóstico económico nacional del próximo año, suponemos que el gobierno mantendrá a toda costa la estabilidad macroeconómica, es decir, garantizará un tipo de cambio estable y una presión inflacionaria baja, pero se observa que los riesgos son más políticos que económicos y financieros porque después de las elecciones presidenciales de noviembre de este año se ha fortalecido más la concentración del poder político y se visualiza una mayor división de la oposición política. En este escenario, se inició el diálogo entre el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cuyo fin primordial es el fortalecimiento de la democracia, la transparencia del proceso electoral, la independencia de los Poderes del Estado y el respeto a los Derechos Humanos, del cual se espera un informe el próximo 15 de enero de 2017.

A lo anterior se agregan los riesgos políticos, tales como la muy probable Nica Act, cuyo riesgo principal podría ser la alteración del flujo de inversión estadounidense directa con efectos nocivos sobre el crecimiento económico esperado y la posición de las reservas internacionales oficiales,  porque la suspensión de la contratación de nuevos préstamos concesionales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) ya ha sido contrarrestada con la importante contratación de préstamos no concesionales de Nicaragua con el Banco Centroamericano de Integración Económica(BCIE) efectuada en el segundo semestre de este año, siempre destinada principalmente a la inversión en infraestructura económica y social.

Por otro lado, se prevén riesgos con la política económica del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente con la política fiscal que perseguirá los objetivos de reducir impuestos y aumentar el gasto de inversión pública, aumentará la deuda pública federal y provocará una aceleración de la tasa de inflación y una mayor alza de las tasas de interés en el mercado estadounidense y otros mercados financieros internacionales.

En conclusión, el ambiente económico de Nicaragua está más atribulado por los problemas políticos. Mantener a toda costa la estabilidad del tipo de cambio y de una baja tasa de inflación dependerá de la intensidad contractiva de la política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN), lo cual también conllevará los riesgos de una desaceleración económica al disminuir el valor de las ventas de bienes y servicios y al aumentar los niveles de inventarios de bienes, lo cual perjudicaría la implementación de los presupuestos empresariales.

Por todo lo antes expuesto, es necesaria la disminución de los riesgos políticos internos y externos, y esto dependerá principalmente del Presidente de la República, Daniel Ortega. El primer trimestre de 2017 será crucial para normalizar el desempeño económico de Nicaragua esperado en el próximo año.

En un escenario económico normalizado en términos políticos el próximo año, el Producto Interno Bruto (PIB) Real del país tendería a crecer 5.4%, la tasa de desempleo abierto disminuiría al nivel de 9% de la población económicamente activa (PEA), la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo continuaría siendo elevada al reflejar el nivel de 19.2% de la PEA, el número de trabajadores en la economía formal o de cotizantes de la seguridad social alcanzaría el 25% de la PEA, y la tasa de inflación anual se aproximaría al 7.6%. Con una población de 6.3 millones de habitantes, el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses sería 2 mil 260 dólares y 6.5 veces inferior al esperado en Panamá y 5.1 veces menor que el esperado en Costa Rica.

En cuanto al sector externo, se prevé que con los aumentos de 8.5% del volumen y de 9.6% de los precios de los bienes exportables, el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB sería de 2 mil 630 millones de dólares, mientras que el valor bruto de las exportaciones de zona franca mostraría un nivel levemente mayor al totalizar 2 mil 672 millones de dólares. Por su parte, las importaciones de bienes FOB destinadas al mercado local de 5 mil 489 millones de dólares, que acusarían aumentos de 8.0% y de 6.0% en volumen y precio respectivamente, y estarían acompañadas por importaciones de bienes FOB destinadas a las zonas francas de 1 mil 900 millones.

Continuará persistiendo, como es usual desde hace varias décadas, el grave desequilibrio comercial externo, que ascendería a 2 mil 903 millones de dólares y equivaldría a 20.3% del PIB, pero se financiaría con un flujo de remesas familiares del orden de 1 mil 347 millones. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos resultante sería igual a 1 mil 669 millones de dólares y a 11.7% del PIB, y se financiará con la cooperación oficial del sector público de 500 millones de dólares y el flujo bruto de inversión extranjera directa de 1 mil 320 millones de dólares. Aún sin el dato de la cooperación oficial al sector privado, se puede anticipar que el saldo oficial de las reservas internacionales brutas oficiales equivaldría a 2.4 veces el saldo de la base monetaria y a 5.4 meses de importaciones de bienes CIF, por lo que se garantizaría la estabilidad macroeconómica y no habría especulaciones cambiarias en cualquier momento del año.

En un año de elecciones municipales, que también corren el riesgo del abstencionismo, el déficit fiscal alcanzaría el nivel de 1.0% del PIB. En materia de reforma tributaria, sólo se prevé el establecimiento de la supervisión de los precios de transferencia en junio próximo, que buscará minimizar la evasión en el pago de impuestos. La presión tributaria indicaría que de cada 100 córdobas de producción en el mercado local 16 córdobas con 70 centavos son captados por el Gobierno Central en concepto de impuestos. Cabe destacar que el saldo de la deuda pública externa e interna tendería a disminuir hasta 42.3% del PIB.

Finalmente, en el ámbito monetario se supone que se mantendrá el actual régimen cambiario con una tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial y la dolarización extraoficial de la economía oscilaría cercanamente al nivel de 70% de la liquidez global, es decir, de la liquidez en dólares, córdobas con mantenimiento de valor y córdobas. En relación con otros precios de la economía, se estima que el ajuste del salario mínimo sería 9%, mientras que el salario promedio nacional se ajustaría con el 8%.

Este es un rápido perfil elaborado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) sobre la posible evolución económica del país en 2017, siempre y cuando se avance en la solución de los problemas políticos arriba planteados. COPADES presentará el pronóstico económico de Nicaragua 2017 en marzo del próximo año.