Las propuestas de reajuste del salario mínimo

17 01 2021

El jueves 14 de enero de este año se instaló la Comisión Nacional del Salario Mínimo en la sede del Ministerio del Trabajo (MITRAB) para aprobar el incremento nominal del salario mínimo legal de 2021, que entrará en vigor a partir de marzo de este año. Las instituciones representadas en la mesa de negociación fueron el gobierno, principalmente a través del MITRAB, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y los sindicatos de trabajadores.

Sobre la próxima tasa de ajuste del salario mínimo, ya se pronunciaron la Central Sandinista de Trabajadores (CST), con un mínimo de 5%, la Central Sandinista de Trabajadores-José Benito Escobar (CST-JBE), que demanda 10%, y las PYMEs, con 0% porque no existen condiciones económicas para incrementar el salario mínimo.

La Ley de Salario Mínimo ordena que, en cada año, la tasa de reajuste anual de dicho salario sea igual a la suma de la tasa de inflación anual de los precios al consumidor (IPC) nacional, estimada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) -y en la práctica, también por el Banco Central de Nicaragua (BCN)- y de la tasa de crecimiento anual de la producción de cada actividad económica, un dato preliminar estimado por el BCN, ambas correspondientes al año inmediato anterior.  La práctica indica que el monto anual del ajuste es entregado en dos partes en cada semestre, específicamente en los meses de marzo y octubre.

En 2019 no se ajustó el salario mínimo porque en 2018 la producción cayó 4.0% y la tasa de inflación fue 3.9% (-4.0 + 3.9 = -0.1), excepto en las empresas del régimen de zona franca donde el ajuste fue igual a 8.2%.

En 2020, la Comisión Nacional del Salario Mínimo aprobó la entrega del reajuste anual de 2.6% en marzo, al haberse observado en 2019 una tasa de caída preliminar de la producción de 3.5% y una tasa de inflación de 6.1% (-3.5 + 6.1 = 2.6); posteriormente, el BCN informó que la caída de la producción fue 3.9% en 2020.

Ahora, ¿cuál podría ser el reajuste del salario mínimo en 2021? Veamos la suma algebraica de las variaciones relativas de la producción y de los precios al consumidor correspondientes a 2020, de acuerdo con los anuncios de los servidores públicos del BCN y del INIDE.

En 2020, según el INIDE, la tasa de inflación anual fue 2.93%; por su parte, la moda del BCN para proyectar el comportamiento de la producción anual, o del Producto Interno Bruto (PIB) Real, es con un rango que se fijó recientemente en una caída de entre 1.5% y 2.5%. Por lo tanto, el reajuste del salario mínimo caería en otro rango de entre 1.43% (= -1.5 + 2.93) y 0.43% (= -2.5 + 2.93). ¿Qué opinarán los trabajadores, cuando conozcan que el reajuste máximo, según la ley, es apenas de 1.43% en 2020? Veamos qué podría ocurrir si se buscara más información económica adicional.

La ley indica que una referencia para fijar el salario mínimo es el costo de la canasta de consumo básico que estima el INIDE. Excluyendo el salario mínimo pagado en las empresas de zona franca, la cobertura del promedio simple del salario mínimo sobre el costo de dicha canasta se elevó de 47.4% a 48.6% de febrero a marzo de 2020, pero en diciembre de este año esa cobertura se redujo a 47.3%, lo cual refleja la pérdida de 1.3 puntos porcentuales en esa cobertura salarial. En diciembre recién pasado,  la canasta de consumo básico alcanzó el valor de C$14,526.34 y el ajuste salarial requerido para restablecer la cobertura registrada en marzo de 2020 sería igual a C$188.84, o sea, un aumento de 2.75% del salario mínimo. Esta variante sería más atractiva para los trabajadores que el ajuste máximo de 1.43% que se desprende de la metodología establecida en la ley.

Otra variante para determinar la tasa de reajuste está en función del deterioro del salario mínimo mensual durante el período marzo-diciembre de 2020. Señalo diciembre de este año porque es el último mes de la muestra de datos oficiales que disponemos hoy. Podría ser enero de 2021, pero deberíamos esperar la publicación de los datos del IPC y de la CCB de ese mes, probablemente hasta mediados de febrero próximo.

Entre marzo y diciembre del año pasado, la tasa de inflación acumulada fue 2.73%, mientras que el salario mínimo mensual por actividad económica y su promedio simple permanecían “congelados”. Por eso, el salario mínimo real, o poder adquisitivo dl salario mínimo, o el volumen de bienes y servicios que una persona puede comprar con el salario mínimo, se deterioró 2.65% entre marzo y diciembre del año pasado. Por lo tanto, el reajuste salarial requerido para restablecer en diciembre de 2020 el salario mínimo real registrado en marzo de 2020 es igual a 2.73%, que se obtiene con el cociente al dividir 1 entre (1 – el deterioro del salario real), en este caso = [(1 / (1 – 0.0265)] = 2.73%, un resultado muy cercano al estimado en función de la cobertura sobre el costo de la canasta de consumo básico, que fue igual a 2.75%.   

La última variante del reajuste del salario mínimo para 2021 es que sea de orden estrictamente político. La tasa de ajuste salarial sería una incógnita antes de su anuncio, al ser el ciclo económico un reflejo del calendario del año electoral. La teoría del ciclo económico político sugiere disminuir el desempleo y el subempleo antes de las elecciones, pero la adopción de una política monetaria expansiva, sólo tomando en cuenta las elecciones, provocaría pequeños aumentos en la producción y grandes efectos inflacionarios. Se prevé que en Nicaragua las expectativas inflacionarias continúen aplacadas el próximo año, pero las tasas de desempleo y subempleo son altas, al no haber disminuido en el trienio 2018-2020.

En conclusión, acorde con la teoría económica, sugiero que la tasa de reajuste del salario mínimo sea 2.75% o se aproxime al 3%, no muy alejado de la propuesta de 5% de la CST. Veremos que aprobará la Comisión Nacional del Salario Mínimo a más tardar dos meses calendario a partir de su instalación, o sea el 14 de marzo próximo.





El COVID-19 y la industria bancaria de Nicaragua

10 01 2021

¿Cómo ha impactado la pandemia a las entidades bancarias, grandes y pequeñas, radicadas en el país entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020?

El ritmo de producción de la actividad de servicios bancarios es un indicador que ayuda a explicar el comportamiento de la economía del país, como lo son también otros indicadores, por ejemplo, el volumen consumido de energía eléctrica y la recaudación de impuestos con tasas tributarias estables y eliminada la tasa de inflación. Si aumenta el crédito bancario, se el desempeño productivo se robustece por la vía de la inversión o por la vía del consumo.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) promedio anual de la Actividad Intermediación Financiera y Servicio Conexos correspondiente a octubre de 2020, la producción de servicios financieros se ha desplomado 17.3%, que supera a la caída de 15.5% observada en octubre de 2019.

Aunque la rentabilidad de capital (ROE) de los bancos comerciales es igual a 16.2% en noviembre de 2020, alta en tiempos de varias crisis, las utilidades netas han caído 12.9% porque los bancos aumentaron 10.1% sus reservas o provisiones para enfrentar las pérdidas crediticias actuales y los problemas futuros de los préstamos. La proporción de la cartera de crédito en riesgo con respecto al saldo total de la cartera de crédito se incrementó de 12.5% a 16.9%. El crédito en riesgo incluye los créditos vencidos, reestructurados, reprogramados y en cobro judicial.

Sin embargo, el tamaño del colchón para riesgos, que es el cociente de la suma de las reservas de cartera más el patrimonio entre el total de la cartera de crédito vencida, se redujo al pasar de 18.02 a 17.75, pero la solidez de las entidades bancarias se fortalece al incrementarse la adecuación de capital (capital/préstamos, principalmente) de 19.48% a 20.16% (la norma legal es 10%). 

Cabe mencionar que la tasa de rentabilidad neta del capital en noviembre de 2020 está sesgada por los tres bancos grandes: BAC, 25.5%; LAFISE BANCENTRO, 27.8%; y BANPRO, 17.2%. Los tres bancos pequeños tienen una tasa de rentabilidad de capital menor que 5%: BDF, 4.1%; AVANZ, 1.6%; y FICOHSA, 1.4%. La reducción agregada de las utilidades netas de los seis bancos fue igual a C$361.8 millones.    

En cuanto a los préstamos, la cartera de crédito neta o el monto de la cartera de crédito bruta menos el monto de la provisión por las pérdidas crediticias disminuyó 3.9%, pero el margen entre las tasas activas y pasivas ponderadas, en monedas extranjera y local, aumentó hasta 7.5 puntos porcentuales en noviembre de 2020, mayor que el margen de 5.4 puntos porcentuales registrado en noviembre de 2019. Caen los préstamos y sube el spread de los bancos, o sea, la diferencia entre la tasa de colocación de crédito y la tasa de captación de ahorro.

Un indicador de la productividad bancaria, la eficacia en el manejo de la cartera de préstamos, medida como el cociente de la cartera préstamos bruta entre el total de gastos de administración, disminuyó muy levemente al pasar de 14.61 a 14.36, pero la eficacia en la generación de ingresos financieros, otro indicador de la productividad bancaria, estimada con el cociente de las utilidades financieras entre el total de gastos de administración, se ha estancado en el nivel de 1.32.

Por su parte, los depositantes han incrementado en 20.0% el saldo total de los depósitos en córdobas y en dólares y han inundado de liquidez a los bancos. La proporción de la liquidez total con respecto al saldo total de los depósitos se incrementó de 40.9% a 47.0% y es difícil prever que podrán hacer los bancos con esa excesiva liquidez. ¿Inversiones financieras o compras de títulos valores de largo plazo emitidos por instituciones públicas en un año electoral? Veremos.   

Con el comportamiento de los indicadores financieros antes descrito, se puede afirmar que la banca comercial aún refleja la recesión económica que se inició en el segundo trimestre de 2019, no obstante, las cifras oficiales preliminares de la economía real, o sea, de la oferta y la demanda de bienes y servicios finales, señalan que la producción ha comenzado a reactivarse en el segundo semestre de 2020.

Tomando en cuenta la suspensión de la contratación de préstamos concesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA) contenida en la NICA Act, lo que se puede observar es que la economía real del país no ha recibido impulsos o estímulos de la política monetaria y de la política fiscal.

La defensa de la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha sido posible con severas contracciones monetarias y, por otro lado, la aprobación de una reforma tributaria de la Ley de Concertación Tributaria en febrero de 2019 aceleró la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) y la tasa de aumento de la inflación de los precios al consumidor en 2019.

Después, en 2020 llegaron la pandemia del COVID-19, que golpeó a la pequeña industria y al sector servicios, principalmente comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales, y dos huracanes, que asolaron la producción y la infraestructura económica y social del Caribe Norte. El dolor económico nacional no se ha atenuado. No cabe la duda de que el crecimiento económico del país se remontará con la vacuna contra el COVID-19.

Entre los noviembres de 2019 y 2020, la banca comercial cerró 28 sucursales y ventanillas y dejó operando 472 sucursales, de las cuales 200 se encuentran en Managua, y despidió a 428 empleados y el tamaño de la nómina se redujo a 8,805 personas.





Ayer y hoy en Nicaragua

3 01 2021

El legado de 2020

¿Cuál fue el impacto económico del COVID-19 en Nicaragua?

Los impactos del COVID-19 se sienten en todas partes, y su impacto económico es más profundo que cualquier recesión. Nicaragua ha salido más débil de lo que estaba antes de la pandemia. Se ha endurecido la relación entre el Estado y la sociedad. La economía ha caído por tercer año consecutivo.

La recesión económica, imperante desde el tercer trimestre de 2018, se transformó en depresión económica al concluir el año de 2020. Las actividades económicas más golpeadas son construcción, servicios financieros, comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales. El volumen de las importaciones de bienes cayó abruptamente.

Se cerraron empresas, aumentó el desempleo y el subempleo, y creció la pobreza. La desigualdad se hizo más visible, porque existe un mercado laboral más grande.

La inflación no ha sido un problema, debido al desplome del consumo y de la inversión en el mercado local, así como a la caída importante del precio internacional del petróleo. Sin embargo, hay congelamiento salarial y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios se arrastra desde 2018.

En tiempos de crisis, se reconfirma que la política macroeconómica implementada por las autoridades gubernamentales del país condujo a la depresión interna, o sea, al congelamiento salarial y a una baja tasa de inflación, incluso a una tasa de deflación o de caída de precios, para que la economía pueda reequilibrarse con la restricción de una severa contracción monetaria, pero con el costo de un creciente desempleo y subempleo.

Tomando en cuenta las referencias históricas, en esta ocasión, el gobierno rechazó una crisis de deuda que conduce a una alta inflación, como lo hizo en la década de los ochenta del siglo pasado. Hoy, las expectativas inflacionarias están bien ancladas.

¿Fue menor la tasa de caída de la producción de bienes y servicios que la registrada en 2019?

No. En 2019, las decisiones de producción, inversión y consumo se alteraron por el conflicto político de abril de 2018, aún no resuelto, y por el impacto de la reforma tributaria de 2019, que aceleró tanto la tasa de caída de la producción como la tasa de inflación.

A esos dos graves problemas, se agregaron otros dos: en 2020, el COVID-19 desde marzo y los huracanes Eta e Iota en noviembre, que afectaron a la zona norte de la Costa del Caribe. Además, según cifra oficial, más de 88 mil emigrantes retornaron a Nicaragua desempleados por consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Por el lado del gasto, continuó cayendo la demanda interna de bienes y servicios finales, consumo e inversión, mientras que la demanda externa, el volumen de las exportaciones de bienes, disminuyó levemente.

En 2020 se espera, por lo tanto, una caída del producto interno bruto (PIB) real mayor que la observada en 2019.

El pronóstico de 2021

¿Se vacunará la mayoría de la población nicaragüense contra el COVID-19? 

No. La cobertura de la vacuna varía entre los países de altos ingresos y los países pobres, no hay acceso equitativo a las vacunas y no hay suficiente vacuna para todos.

¿Habrá crecimiento económico en un año electoral?

No. La salida de la economía del hoyo en que se encuentra será larga e incierta. No hay estímulos fiscales ni monetarios que impulsen esa salida. El pronóstico económico de corto plazo enfrenta serios obstáculos, tales como las interacciones del COVID-19, la recuperación económica más rápida en las economías avanzadas que en las economías emergentes y en vías de desarrollo, y un año electoral en el país que podría ser conflictivo. También hay que tomar en cuenta que la economía mundial volverá a caer en el primer trimestre de 2021, debido al resurgimiento de la pandemia.

La incertidumbre es mala para los negocios y la inversión. Se desacelerará la recuperación económica y el inicio de una recuperación económica será posible hasta que una gran parte de la población esté vacunada, es decir, cuando se aplaque la propagación del Covid-19, cuando haya confianza de regresar a los puestos de trabajo en las empresas y cuando los consumidores e inversionistas decidan gastar más. La brecha entre empresas grandes y pequeñas, entre empresas fuertes y débiles, será mayor.

¿Será reelegido el presidente  Daniel Ortega?

Sí. La oposición política aglomerada en la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y la Coalición Nacional está dividida, desunida, en continua confrontación y desconfianza, y ha perdido credibilidad entre la población. Así, a 10 meses y 7 días de la elección presidencial, esta oposición política no representa una seria amenaza a la alianza política en el poder.

Cuando alcancemos la normalidad, ¿la economía de Nicaragua será igual que antes?

No. Será necesario revisar y reformar las políticas públicas y tendremos que enfrentar decisiones morales.

Habrá que fortalecer la regulación estatal, porque ya aprendimos en los cuatro programas de ajustes macroeconómicos y reformas estructurales, suscritos entre Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI) e implementados entre junio de 1994 y diciembre de 2011, que una ideología que sirve a unos pocos a expensas de muchos debe dar paso a una basada en los valores democráticos y la prosperidad compartida.

El COVID-19 hizo más visible la inequidad de la distribución del ingreso. Con la cooperación internacional, que ahora es más crucial para el país, tendremos que enfrentar problemas globales, entre los que se destacan el cambio climático, las pandemias, la pobreza y la práctica de nuestras responsabilidades ciudadanas en una democracia. La vuelta a la normalidad no debe significar la vuelta al neoliberalismo, con su desacreditada creencia en una desregulación sin restricciones. Como he afirmado en varias ocasiones, junto a la mano invisible del Mercado debe estar la mano visible del Estado.





Impunidad de Eduardo Montealegre se debe a la retardación de justicia

30 12 2020

12.33 años = 148 meses = 4,502 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre

El 2 de diciembre de 2020, Eduardo Montealegre cumplió 4,502 días de ser impune por haber cometido injurias y calumnias al atribuirme públicamente los presuntos actos delictivos que él hizo como ministro de Hacienda y Crédito Público, al reestructurar entre julio y octubre de 2003 la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias ocurridas en 2000 y 2001 y al subastar entre mayo y agosto de 2003 los activos de los bancos liquidados.

Como es de conocimiento público, la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre violentó mis derechos humanos al afectar mi imagen, mi reputación profesional y mi honor, al tildarme en sus escritos de ser un defraudador del Estado de Nicaragua sin haber probado nada ante los tribunales de justicia.

El ex banquero, ex político y presunto delincuente Eduardo Montealegre continúa sobre la ley desde hace 12 años y 3 meses, porque las autoridades judiciales han retardado la aplicación de la justicia. En octubre de 2016, la Dra. Aba Luz Ramos Vanegas, declaró por los medios de comunicación, que mi caso contra Eduardo Montealegre Rivas era uno más de los 125 mil casos que se encuentran en el Complejo Judicial Central de Managua y que no existía Retardación de Justicia.

Confío en que la justicia puede prevalecer sobre la impunidad. Eduardo Montealegre ha vivido 4,502 días de impunidad y está consciente de que es un “protegido” político, aunque cuando lo acusé se auto declaró un “perseguido” político.





La reforma tributaria rebasó la presión tributaria óptima

27 12 2020

El economista estadounidense Arthur Betz Laffer relacionó los ingresos tributarios o impuestos y la presión o carga tributaria, esta última representada por la razón macroeconómica Impuestos (T) con respecto al Producto Interno Bruto, T/PIB, es decir, la proporción de la producción de bienes y servicios que el Gobierno captura en concepto de impuestos.

Si la presión tributaria fuese 0% del PIB, los impuestos del Gobierno son iguales a cero, y si la presión tributaria fuese 100% del PIB, la recaudación tributaria también sería igual a cer porque nadie trabajaría para no ganar nada. Por consiguiente, ¿será cierta la premisa que una presión tributaria alta desincentiva el crecimiento económico y bajar la presión tributaria podría aumentar los impuestos al Estado? O al reducir los impuestos, ¿se aceleraría el crecimiento económico, habría más empleo, aumentaría la base de contribuyentes, crecería el consumo y se elevarían los ingresos tributarios?

La respuestas afirmativas a esas dos preguntas inyectaron popularidad a los argumentos de los economistas de la oferta, cuando  propuso un paquete al gobierno de Ronald Reagan, que redujo los impuestos personales y empresariales. Los argumentos de Laffer no dependían de la influencia de las reducciones de los impuestos en la demanda agregada, sino de la posibilidad de que una reducción de los impuestos llevara a los individuos a trabajar más. Se trata de una vertiente de la economía de la oferta.

El grupo de economistas que proponían la economía de la oferta argumentaban que la atención prestada a la demanda en la teoría macroeconómica ortodoxa impidió advertir el problema real de la economía de Estados Unidos. Ese problema era que las altas tasas tributarias y el exceso de regulaciones redujeron el incentivo a trabajar, ahorrar e invertir y, por lo tanto, lo que se necesita no eran estímulos a la demanda, sino mejores incentivos para estimular la oferta. Personalmente, no comparto esta propuesta de la economía de la oferta, muy probablemente por mi educación en la escuela keynesiana. El debate continúa.

A la relación entre los impuestos y la presión tributaria se le conoce como Curva de Laffer, la cual indica que a medida que subre la presión tributaria, o las tasas tributarias, el total de los impuestos recaudado aumentará inicialmente, pero después acaban siendo menores.

Eso le ocurrió a la reforma de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) aprobada el 28 de febrero de 2019. Entre sus efectos se distinguieron la aceleración de la caída de los volúmenes de producción de bienes y servicios, la aceleración de la tasa de inflación, la reducción del gasto de consumo de los hogares y del gasto de inversión privada, la contracción del crédito al sector privado (ya reducido por la fuga de los depósitos en el sistema bancario observada entre abril 2018 y marzo de 2019), la reducción de la liquidez, del capital de trabajo y de la tasa de rentabilidad de las empresas, la destrucción de puestos de trabajo formal, el aumento del subempleo y del desempleo, la expansión del mercado informal;provocó salida de capitales; incrementó el contrabando de bienes de la denominada “industria fiscal”, principalmente cigarrillos, o sea, provocó el crecimiento de la economía sumergida o ilegal. En ese escenario macroeconómico, no había duda que disminuiría la recaudación real (o en precios constantes) de la recaudación de impuestos.

De acuerdo con la Curva de Laffer para Nicaragua, en un escenario de recesión económica permanente desde el segundo trimestre de 2018, la presión tributaria más reciente es igual a 18.46% correspondiente al tercer trimestre de 2020 (aunque fue igual a 20.66% en el segundo trimestre de 2019 y a 19.02% en el primer trimestre de 2020), pero es mayor, aunque cercano, a la presión tributaria óptima que es igual a 18.12%. Por lo tanto, los impuestos no podían subir con la reforma de la LCT, lo que también es coherente con la contracción de la base de contribuyentes y la disminución de la presión tributaria a partir del tercer trimestre de 2019.

Debido a la persistente recesión económica desde el el tercer trimestre de 2018, una cuestión crucial que debe tomarse en cuenta es que a partir del punto óptimo, o sea, a partir de una presión tributaria de 17.94% del PIB, cualquier subida de la presión tributaria reduce los impuestos porque desestimula a las actividades económicas. Los contribuyentes dejarían de pagar impuestos y serían más rentables el contrabando, el fraude y el ocio, que la inversión o el trabajo. En otras palabras, con cualquier presión tributaria superior al 17.94%, una reducción de la presión tributaria incrementará los impuestos.

La reforma tributaria preanunciada para 2021 podría impulsar el crecimiento económico de Nicaragua y disminuir el desempleo, porque antes de su discusión y aprobación la recaudación efectiva es inferior a la recaudación óptima. Con la reforma se espera que el sector formal de la economía tenga una carga más liviana de impuestos.

Anexo Estadístico y Econométrico

Para estimar la Curva de Laffer para Nicaragua, se usaron datos trimestrales correspondientes al período I Trimestre de 2006 – III Trimestre de 2020 y de la forma funcional ln(ITRSA)= β1CT + β2CT2 + ϵ, donde

ln es logaritmo natural, ITRSA es los ingresos tributarios reales desestacionalizados,

CT es la presión o carga tributaria (o sea, el cociente al dividir los ingresos tributarios reales entre el PIB Real, ambos desestacionalizados) y

CT2 es la carga tributaria al cuadrado.

El resultado fue: ln(ITRSA) = 99.293190 – 276.7412CT2.

Todos los coeficientes fueron estadísticamente diferentes de cero, con un ajuste de 82.3688%. Al ser una función cuadrática, el punto óptimo puede ser calculado a través de la primera derivada de la función con respecto a la variable independiente, en este caso la presión tributaria, e igualándola a cero y despejando:

Presión Tributaria Óptima = -99.29319 / [(2)(-276.7412) = 0.1794 = 17.94%.           





¿Cuánto dinero extra necesita Nicaragua para alcanzar el PIB Potencial?

20 12 2020

El nivel máximo histórico del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua se observó en el año de 2017, al mostrar el valor de 186,134 millones de córdobas de 2006, según cifra oficial del Banco Central de Nicaragua (BCN), con una tasa de crecimiento de 4.6% con respecto a su valor registrado en el año de 2016.

En 2009, el ciclo económico tocó un “fondo” debido a la recesión económica mundial provocada por la quiebra de la banca de inversión en Wall Street y en 2019 tocó una “cima” debido al crecimiento de la oferta de factores de producción -tierra, trabajo, capital y empresario- y los nuevos conocimientos técnicos.

Tomando en cuenta la muestra de 12 observaciones de la serie del PIB Real correspondiente al período 2006-2017, se puede determinar que la tasa de crecimiento del PIB Potencial era 3.5%, pero el PIB Efectivo rozaba la tasa de crecimiento promedio anual de 4.2%.

A partir de 2009, una vez que el ciclo económico del país salió del “fondo” observado 2009, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB Efectivo aumentó hasta 5.2%, mientras que la tasa de crecimiento promedio anual del PIB Potencial tendía a disminuir hasta 3.1%.

La “cima” cíclica de la producción observada en 2017 reflejó una actividad económica mayor que la tendencia de la producción de bienes y servicios del país.

Los economistas saben que el PIB Potencial aumenta con el pleno uso de los factores de producción. Aumenta la población y el número de personas económicamente activas; se construyen nuevas empresas, aunque otras también desaparecen, y se adquieren maquinarias; se mejoran los rendimientos de los cultivos con el mejor uso de la tierra; se obtienen nuevos conocimientos y se aplican nuevas tecnologías. Aumenta, pues, el nivel tendencial del PIB, pero el pleno empleo de los factores de producción es un concepto económico, pero no físico.

El pleno empleo es un concepto económico porque los factores de producción no se utilizan plenamente. En términos económicos, el pleno empleo del trabajo se alcanza cuando la persona encuentra trabajo en tiempo razonable, y puede ser definido por una medida convencional, por ejemplo, cuando la tasa de desempleo es 5% -de acuerdo con la distribución normal estándar que se estudia en Estadísticas-; otro ejemplo es el del pleno empleo de la maquinaria y equipo o de las edificaciones industriales (stock de bienes de capital), que sólo se utilizan en menos horas del día.

El PIB Efectivo o el volumen de bienes y servicios producidos oscila alrededor de su nivel tendencial o del nivel de pleno empleo económico de los fatores de producción. Por consiguiente, existen expansiones cuando el PIB Efectivo está por encima de la tendencia de la producción o del PIB Potencial, y recesiones cuando está por debajo. Esas desviaciones cíclicas son llamadas brecha de la producción. Una larga expansión provoca presiones inflacionarias, mientras que una larga recesión provoca un creciente desempleo y subempleo.   

Aunque no tenemos indicadores confiables, comparables y oportunos  del bienestar económico de las familias, el impacto de la crisis en la economía de Nicaragua durante el trienio 2018-2020 se deja a entrever con la destrucción de 206,283 puestos de trabajo del sector formal que cotiza la seguridad social, el deterioro de 6.4% del poder adquisitivo del salario promedio del sector formal, una mayor desigualdad y un creciente índice de pobreza, pero el riesgo de hacer muy poco para reactivar la economía es grande debido al carácter contractivo de la política fiscal y de la política monetaria.   

La economía de Nicaragua se encuentra en recesión desde el segundo trimestre de 2018 hasta el presente trimestre y se encontrará en depresión al cierre del año de 2020, porque la caída del PIB Efectivo que se ha acumulado en tres años consecutivos es de dos dígitos porcentuales, muy cercana a 13%.

¿Cuál es el monto de dinero que necesita Nicaragua para alcanzar el PIB Potencial de 2020?

La respuesta a esa pregunta puede fundamentarse en el tamaño de la “brecha de la producción”, que mide la diferencia  la producción potencial (lo que la economía es capaz de producir) y la producción efectiva (el nivel real de producción económica).

Sobre la base de los datos oficiales del PIB durante el período 2006-2019 publicados por el BCN, en 2019 la diferencia entre el PIB potencial y el PIB efectivo fue igual a 12,828.4 millones de córdobas de 2006, con  una brecha de 6.9% y equivalente a US$910 millones.

Si a esa muestra de datos oficiales agregamos la tasa de caída de 6.1% del PIB pronosticada por COPADES para el año de 2020, la brecha de producción sería 17,713.8 millones de córdobas de 2006, el PIB Potencial sería 9.9% mayor que el PIB Efectivo y equivaldría a US$1,274 millones. 

En conclusión, para que se pueda alcanzar el PIB potencial de 2020, aunque es inferior al PIB Efectivo de 2017, se requiere un rescate económico o un paquete de US$1,274 millones en 2021. ¿Será posible en un año electoral? Es bastante probable que no. 





Caída de la oferta y la demanda de bienes y servicios en tiempos de crisis

12 12 2020

Recientemente, el Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó la serie trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el tercer trimestre del año en curso. Entre los principales hallazgos cuantitativos relacionados con los volúmenes de bienes y servicios por los lados de la oferta y la demanda, podemos mencionar los siguientes.

La producción comenzó a caer desde el segundo trimestre de 2018 y tras acumular siete caídas trimestrales dio lugar al primer y único crecimiento positivo en el primer trimestre de 2020, pero volvió a caer en el segundo y tercer trimestres de este año.

Técnicamente, la recesión económica continúa persistiendo y, además, ya se aproxima el surgimiento de una depresión económica porque la variación relativa acumulada de la suma del PIB trimestral de los tres primeros trimestres de 2020 con respecto a la misma suma del período de 2017 es negativa en el nivel de 10.2%.

Se puede observar en ese período de esos dos años que las actividades económicas que han sufrido las mayores caídas son Construcción (-47.8%), Hoteles y Restaurantes (-42.9%), Intermediación Financiera (-33.0%), Transporte y Comunicaciones (-18.2%), Comercio (-16.0%), Electricidad (-12.5%) y Otros Servicios (-10.1%).

A un menor ritmo cae la producción de Silvicultura (-6.1%), Propiedad de Vivienda (-3.7%) e Industria Manufacturera (-3.4%).  Por su parte, sólo han crecido Agricultura (11.3%), Pesca y Acuicultura (7.2%), Agua (6.8%), Salud (6.6%), Explotación de Minas y Canteras (6.3%), Enseñanza (4.6%), Administración Pública y Defensa (2.6%) y Pecuario (0.1%). 

Menos producción, menos empleo. El nivel promedio de trabajadores activos cotizantes de la seguridad social en los primeros nueve meses de 2020 fue igual a 714,213 personas, un número que es 21.8% inferior al registrado en el mismo período de 2017. El empleo disminuye en todas las actividades económicas, pero las que reflejan las mayores caídas son las de Comercio y Construcción, con 43.9% y 42.7% en el mismo orden.

Por el lado de la demanda interna de bienes y servicios finales, siempre sobre la base de la suma trimestral y los años arriba mencionados, el gasto de consumo total cayó 7.3% mientras que el gasto de inversión fija se desplomó 39.5%, principalmente el ejecutado por el sector privado.

El gasto de consumo de los hogares se redujo 9.0%, influenciado por la demanda precautoria de productos, la disminución de los ingresos de las familias por el creciente desempleo y subempleo, la tasa de inflación promedio del orden de 15.1% que incluye el efecto de la reforma tributaria, y el deterioro acumulado de 5.6% del poder adquisitivo, a pesar de que el flujo de remesas aumentó 31.7% al pasar de US$1,019.6 millones a US$1,342.7 millones en los primeros tres trimestres de 2017 y de 2020.

En cambio, el gasto de consumo gubernamental, es decir, el pago de las remuneraciones de los empleados y la compra de bienes y servicios de consumo finales aumentó 1.3% en ese mismo período, lo que indica la implementación de una política fiscal restrictiva.

La demanda externa de bienes y servicios, o sea, las exportaciones, también han caído 5.6%. En valores FOB, las disminuciones más importantes se registraron en ganado en pie, azúcar, maní, camarón y café.

Las importaciones también se desplomaron 19.6%. En valores CIF, las disminuciones se observan principalmente en la maquinaria y equipo destinada a la agricultura y al transporte, los bienes de consumo duraderos, los combustibles y lubricantes, y las materias primarias para la construcción.

En conclusión, el exceso de la demanda interna (consumo e inversión) sobre la oferta interna (PIB) se contrajo 45.0%, en un monto equivalente de US$819 millones, al pasar de US$1,123 millones en los tres primeros trimestres de 2017 a US$304 millones en los tres primeros trimestres de 2020.

Con esa notable reducción del exceso de la demanda interna sobre la producción interna, las necesidades de financiamiento externo tendió a disminuir, lo cual también es compatible con las reducciones observadas en los déficit gemelos, es decir, un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, gracias al menor déficit comercial y al mayor ingreso de remesas, y un déficit fiscal bastante cercano al 0% del PIB, o sea, un presupuesto casi equilibrado gracias a una política fiscal bastante restrictiva tanto por el lado de los impuestos como por el lado del gasto.

Pero no hay que alegrarse ni ser triunfalista por la reducción del exceso de la demanda interna sobre la producción interna del país. Una vez que se restablezca la confianza y se elimine la incertidumbre de los agentes económicos, aumentará ese exceso de demanda interna y, consecuentemente, reaparecerá el déficit en cuenta corriente de la balanza de pago y aumentará, aunque sea levemente, el déficit del presupuesto gubernamental. En otras palabras, tendrá que aumentar el flujo de los recursos externos que ingresa al país.





Por qué son altas las tasas de interés para los prestatarios en Nicaragua

6 12 2020

Productores, inversionistas y consumidores, frecuentemente me preguntan el porqué las tasas de interés son muy elevadas en Nicaragua. Y en realidad, actualmente están muy altas en el mercado local, mientras que en el mercado internacional están muy bajas debido a la profunda recesión causada por la pandemia mundial del COVID-19.

Una respuesta muy amplia a esa pregunta, mejor dicho, una respuesta muy general desde el punto de vista académico, pero aplicada en la realidad por el Consenso de Washington, es la falta de credibilidad del neoliberalismo con su dogma de una plena desregulación sin restricciones, que muy bien se ejemplificó con la crisis financiera de 2008, cuando quebró la banca de inversión de Wall Street y provocó una severa recesión económica mundial.

Ahora, busquemos las respuestas más específicas a esa pregunta. Cuando las expectativas inflacionarias de la población o cuando la tasa de inflación esperada cae, las tasas de interés también caen. En el caso contrario, cuando la tasa de inflación se acelera a la subida, los inversionistas financieros prevén que el pago de su inversión se volverá más barato y exigen una tasa de interés más elevada para compensar esa pérdida por la mayor inflación.

En el caso de Nicaragua, las expectativas inflacionarias están bajas al registrarse oficialmente una tasa de inflación interanual de  2.69% en octubre de 2020,  debido a una demanda interna (consumo e inversión) deprimida por tres crisis que tienen orígenes no económico -crisis política interna desde abril 2018, crisis del COVID-19 desde marzo de 2020 y crisis por dos huracanes en noviembre de 2020-.

Sin embargo, a octubre recién pasado la tasa de interés nominal ponderada cobrada a los prestatarios de las entidades bancarias, para préstamos a 1 año plazo, fluctuó entre 10% y 12% para los préstamos en córdobas, por lo cual la tasa de interés real, es decir, la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación de la moneda local, saltó en este año de 5.36% en enero a 7.78% en octubre, lo cual obliga a preguntarnos por qué han aumentado significativamente si el consumo, la inversión, la producción y las importaciones se han desplomado desde 2018. El Banco Central de Nicaragua (BCN) ha comenzado a fijar tasas de interés en córdobas sin mantenimiento de valor más bajas sólo a corto plazo, pero no inciden en el comportamiento de las tasas de interés del mercado. 

A manera de información, en octubre de 2020 la tasa de interés nominal ponderada para los préstamos en dólares a 1 año plazo fue 10.8% y la tasa de inflación interanual del dólar fue 1.2%; por lo tanto, la tasa de interés real para la moneda extranjera fue igual a 9.6%.

La recesión económica que ha tenido Nicaragua desde el tercer trimestre de 2018 se está transformando en una depresión económica al cierre del año de 2020, porque la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) real acumulada en los últimos tres años es de dos dígitos, al caer 14%. Por consiguiente, otro factor que hace bajar las tasas de interés es la caída del PIB real porque reduce las nuevas inversiones fijas, o sea, menos construcción y menos adquisición de maquinaria y equipo. Al haber menos demanda de capital, las tasas de interés disminuyen.

En resumen, las bajas expectativas inflacionarias de la población y la menor demanda de capital deberían presionar las tasas de interés de los préstamos hacia la baja. Pero esto no ocurre en Nicaragua.

Con las tres crisis antes mencionadas, los precios han caído. La tasa de inflación mensual de desaceleró y se transformó en una tasa de deflación o de caída de precios intermitente durante cuatro meses en este año; el tipo de cambio oficial redujo su tasa anual de deslizamiento de 5% a 3% y a 2%; el poder adquisitivo del salario promedio del sector formal se ha deteriorado desde el tercer trimestre de 2018 debido al congelamiento de los salarios nominales; la tasa de interés monetaria o interbancaria del BCN se ha reducido a un nivel cercano a 3%; la tasa de interés pagada a los ahorristas, con altibajos consecutivos, aceleró su disminución desde enero de este año hasta 2% en octubre; pero la tasa de interés asociada al córdoba y cobrada a los prestatarios, con sus altibajos, permanece por arriba del 10%.  

Reparar los daños de las tres crisis que hoy tiene Nicaragua no será una tarea fácil. Muchas empresas han quebrado o cerrado, el número de subempleados y desempleados ha crecido, la inequidad de la distribución del ingreso ha subido y la incertidumbre continúa afectando a los consumidores y a los inversionistas. Se requiere el restablecimiento de la confianza entre los agentes económicos.  

En conclusión, no debemos olvidar los tres factores relacionados con las tasas de interés: (i) la desregulación irrestricta promovida por el Consenso de Washington desde la década de los ochenta, pero en Nicaragua desde la década de los noventa, que la empuja hacia arriba; (ii) las expectativas inflacionarias de la población, que han bajado y deberían presionar a la tasa de interés a la baja; y (iii) la menor demanda de dinero y de capital, que ha caído y que también y debería presionar a la tasa de interés a la baja.





Efectos del ajuste cambiario

29 11 2020

Han transcurrido 21 años y 3 meses desde que una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso a las autoridades gubernamentales del país la sustitución del régimen de tipo de cambio reptante por un régimen de banda cambiaria, un esquema intermedio entre un régimen de tipo de cambio fijo y uno de flotación libre.  

El memorándum del FMI sobre políticas financieras y económicas de Nicaragua del 19 de agosto de 1999 señaló que «… el gobierno ha decidido reducir la tasa de deslizamiento cambiario con respecto al dólar e introducir una banda cambiaria. Esto ayudará a mantener la reducción de la inflación y facilitará el primer paso hacia un sistema más flexible de determinación de mercado del tipo de cambio». Sólo se redujo la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial de 12% a 9% el 11 de julio de 1999 y a 6% el 1 de noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, el nuevo régimen cambiario no se estableció en el año 2000 debido a la presión de un fuerte déficit fiscal y a la excesiva dependencia de las reservas internacionales de la emisión de títulos valores emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN), aunque se observaba una creciente intermediación del sistema financiero nacional y existía una libre convertibilidad de córdobas en dólares, pero el córdoba, sin el apellido de “con mantenimiento de valor”, sólo dominaba el 17% del mercado monetario. El dólar tenía una presencia de 64% en la liquidez global de la economía nicaragüense.

El BCN ya había realizado dos ajustes importantes en enero de 1996 para la adopción del régimen de banda cambiaria: la unificación de los mercados cambiarios oficial y financiero, con lo que se observó la plena libertad en las operaciones con divisas, y el funcionamiento de una mesa de cambios en el BCN, que ayudaría a la administración de la nueva política cambiaria.

En el segundo semestre de 2009 aún no se había logrado dos ajustes previos al establecimiento de la banda cambiaria: (i) disminuir el ritmo de crecimiento de la base monetaria, principalmente su componente de la emisión de dinero, con la reducción del déficit fiscal (del gobierno central) y del déficit cuasi-fiscal (de los entes autónomos), y entre éste las grandes pérdidas que acumulaba anualmente el BCN, y (ii) aumentar el ritmo de crecimiento de las reservas internacionales netas oficiales, que exigía eliminar la «fuente de vulnerabilidad» de la deuda de corto plazo emitida por el BCN. El punto de equilibrio entre ambos ajustes determinaría el «punto de partida» del tipo de cambio flotante entre la banda cambiaria.

El 1 de enero de 2004, la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio se redujo a 5% y así se mantuvo durante 15 años y 10 meses. El 1 de noviembre de 2019, el BCN redujo la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial de 5% a 3% y anunció recientemente que volvería a reducirla de 3% a 2% a partir del 1 de diciembre de 2020.

Como ya lo había señalado en uno de mis artículos económicos del año pasado, el BCN se estaría preparando para eliminar el tipo de cambio reptante y establecer el tipo de cambio en una banda cambiaria. Creo que lo ha estado haciendo con las tímidas reducciones de la tasa de deslizamiento ya cercana al 0%, y si continuara con ese ritmo sólo le faltaría anunciar la reducción de 2% a 1%, ya que el 0% implicaría la presencia de un tipo de cambio fijo y el BCN se expondría a una reducción de las reservas internacionales, al tener que vender dólares a las entidades financieras autorizadas a un precio fijo. Por supuesto que el BCN nunca anunciaría una tasa de deslizamiento anual de 0%.

Según el BCN, la disminución de la tasa de deslizamiento se aprobó por la “política macroeconómica adecuada e indicadores macroeconómicos en recuperación después del impacto inicial de la pandemia mundial del COVID-19 durante el primero y segundo trimestres”, pero omitió el primer impacto de la crisis política interna de abril de 2018 y, ahora, se ha sumado el tercer impacto de los huracanes Eta e Iota que golpearon al norte de la Costa del Caribe y de varios departamentos de la región central del país y al departamento de Rivas.    

Los indicadores macroeconómicos en recuperación mencionados por el BCN son los siguientes:

(i)            el balance fiscal casi equilibrado, pero el gasto público ha permanecido congelado en los últimos tres años y el déficit fiscal, antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, ronda el 0% del PIB en el bienio 2019-2020, que en gran parte se explica con las sanciones financieras de la NICA Act y la disminución del gasto de inversión pública;

(ii)           el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos registrado en el bienio arriba mencionado no fue un resultado de una política del tipo de cambio real que disminuyera la  sobrevaluación del córdoba, pero, aparentemente, el BCN olvidó la incertidumbre política y la desconfianza de los agentes económicos persistente desde abril de 2018, que condujeron a severas reducciones en el consumo, la inversión fija, la producción de bienes y servicios y, consecuentemente, las importaciones, mientras aumentaba el flujo de las remesas;

(iii)          el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, es decir, la estabilidad de la tasa de devaluación anual de 3% y de una baja tasa de inflación, apenas de 0.86% acumulada en enero-octubre de este año, es producto de una política monetaria levemente expansiva en los primeros diez meses del año en curso, del ingreso de préstamos externos atados a proyectos y programas del sector público y de las compras de divisas del BCN a la banca comercial, que facilitó un saldo de las reservas internacionales brutas equivalente a casi 3 veces la base monetaria y a casi 8 meses de importaciones de bienes CIF; y

(iv)          la estabilidad del sistema financiero nacional, que se puede ejemplificar con la situación de las entidades bancarias al 31 de octubre del año en curso: una suficiente de liquidez equivalente a 26% del total de activos, una solidez fortalecida con una tasa de adecuación de capital de 20.5% (la norma legal es 10%) y una tasa de rentabilidad de capital de 15.1%, pero los depósitos aumentaron 9.6% y el saldo de la cartera de crédito neta se redujo 5.8% con respecto a los saldos registrados el 31 de octubre de 2019, mientras que la tasa de interés pasiva es 2.8% y la tasa de interés activa es 12.4%. 

La reducción de 1% del deslizamiento del tipo de cambio oficial tiende a provocar una disminución de 0.7% en la tasa de inflación anual prevista para 2021. Comparto la opinión del BCN de que la menor tasa de deslizamiento causará un reducción del costo del componente importado de la producción de bienes y servicios, pero no creo que ayudará a “recomponer el gasto agregado de toda la economía nacional” porque la demanda interna de bienes y servicios finales continúa deprimida por factores extraeconómicos.

La reducción de 1% de la tasa de deslizamiento del tipo de cambio oficial tampoco mejorará el poder adquisitivo de los salarios, porque entre marzo de 2018 y septiembre de 2020 el salario nominal promedio mensual del sector formal de la economía se incrementó apenas 2.72% y, en cambio, su poder adquisitivo o salario real se redujo 6.79%. Hubiese sido mejor que el BCN afirmara que el poder adquisitivo del salario reduciría su deterioro con la disminución de la tasa de deslizamiento del tipo de cambio.

Finalmente, el aumento de 1% a 2% de la comisión por venta de divisas del BCN a las instituciones financieras, autorizadas a partir del 26 de noviembre de 2020, expandirá levemente la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar en el mercado financiero, siempre que se continúe aplicando una política monetaria contractiva que evite una presión creciente en la demanda de divisas de los productores y consumidores. El nivel promedio de esta brecha saltó en la banca comercial de 0.92% el miércoles 25 de noviembre a 1.03% el viernes 27 de noviembre del año en curso.





Se agrega otra crisis a los nicaragüenses

22 11 2020

Los huracanes Eta e Iota, ambos clasificados como categoría 4, de un máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, impactaron el 3 y el 16 de noviembre en la misma ruta de las zonas históricamente empobrecidas del Caribe Norte de Nicaragua.

Es otra crisis devastadora de origen extraeconómico, o sea, el cambio climático, que se agrega al problema político de abril de 2018 y a la pandemia mundial del COVID-19 de marzo de 2020 y agrava la situación económica y social del país.

Un tercio de la población total de Nicaragua habita en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y en los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Madriz, Matagalpa y Rivas, es decir, aproximadamente 2,203,200 habitantes que estuvieron expuestos a fuertes vientos de 240-260 kilómetros por hora, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las actividades económicas que tuvieron más daños fueron la agricultura, la ganadería vacuna, la ganadería porcina, la avicultura, la silvicultura, el comercio y la propiedad de vivienda. Entre los principales rubros afectados por estos desastres naturales, se distinguen los siguientes: arroz, frijol, maíz, hortalizas, plátanos, leche, aves y huevos, ganadería vacuna y porcina, madera, café, tabaco habano y cacao. A lo anterior, se adiciona el valor de reposición de la infraestructura económica (red vial y puentes), de la infraestructura social (centros de salud y centros de educación primaria y secundaria) y viviendas (el 30% del total de viviendas del país estaban ubicadas en esas zonas, según el Censo Nacional de 2005).

Las regiones afectadas por ambos huracanes no tienen un alto índice de industrialización manufacturera, o sea, no tienen una gran capacidad instalada para procesar la producción agropecuaria o materias primas. También es bastante probable que no se hayan observado daños importantes en la captura y procesamiento de mariscos, en la extracción de minerales metálicos (oro y plata) y en la generación de servicios financieros.

Groso modo, sobre la base de los escasos datos oficiales relacionados con la geografía económica de Nicaragua, se podría afirmar en términos muy preliminares que el 20% de la producción de bienes y servicios del país, que es aproximadamente el aporte de la RAAN y los cinco departamentos en la formación del producto interno bruto (PIB) del país, también estuvo expuesto a los severos impactos de Eta e Iota, pero no todo fue destruido o alterado por los dos huracanes.

Tomando en cuenta el pronóstico del PIB elaborado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) de US$11,480 millones para 2020, antes de la ocurrencia de los dos huracanes, se podía esperar que el área hoy afectada aportaría US$2,300 millones en la formación del PIB de este año.

Con el supuesto de que los daños presentes y futuros en la RAAN y los cinco departamentos equivalen al 35% de su contribución anual a la producción de bienes y servicios, podríamos concluir en términos muy preliminares de que la suma del valor de los daños provocados por Eta e Iota se aproxima a US$800 millones, que se registrarán en 2020 y 2021 dada la periodicidad del ciclo agrícola.

Tenemos que evitar el pesimismo. La economía de Nicaragua se recuperará del conflicto político con las elecciones nacionales del 7 de noviembre de 2021, de la pandemia del COVID-19 con la aplicación de la vacuna a toda la población, y del desastre provocado por Eta e Iota, ¿con qué?, si tomamos en cuenta que la cooperación internacional, préstamos y donaciones facilitados por instituciones financieras internacionales y gobiernos de otros países, es necesaria, pero se requiere  unir y encauzar el gran esfuerzo nacional, de potenciar nuestras coincidencias, con los propósitos de detener y revertir el continuo deterioro económico y social que persiste desde 2018 y que nos ha llevado a una depresión económica, al observarse una caída acumulada de 13% en la producción de bienes y servicios en los últimos tres años. Un ejemplo de lo anterior: en 2020, el ingreso per cápita promedio anual de US$1,760 ha retrocedido 8 años.

En el menor plazo posible, debemos recuperar los niveles productivos observados en 2017, que fue el último año de los máximos históricos de crecimiento económico y de reducción de la pobreza, en una forma inclusiva, sin exclusión alguna, y al obtener de nuevo esa base sólida debemos emprender un crecimiento económico más dinámico y suficiente, con el debido cuido del medio ambiente, en una forma sostenible.

Los académicos y analistas debemos advertir a los políticos de todos los partidos que tomen más en serio los riesgos que conlleva el desplome de la producción, del empleo y del bienestar de la población. No basta el cumplimiento de la estabilidad del tipo de cambio -gracias a la política monetaria contractiva- y la estabilidad de los precios al consumidor -provocada por una demanda interna de bienes y servicios deprimida: menos consumo e inversión-, porque ya están profundizándose los daños estructurales de la economía, principalmente en el mercado laboral con la destrucción de puestos de trabajo formal.

Debemos alertar de estos riesgos para la salud, la vitalidad económica y la estabilidad social, incluso en un año electoral como es el de 2021, para proteger el bienestar de los nicaragüenses.  

Si fuese así, no todo será pérdida y tristeza.