Riesgos muy altos para Nicaragua en el corto plazo

14 10 2018

La semana pasada se realizó la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en la isla turística indonesia de Bali, Indonesia, en la cual las advertencias de ambas instituciones fueron un menor crecimiento económico mundial de 3.7% en 2018 y 2019 debido a: la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; dos acuerdos comerciales en el aire –la aprobación legislativa del nuevo acuerdo trilateral Estados Unidos-México-Canadá y la negociación de los términos del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido-; la menor inversión, producción manufacturera y comercio de las economías emergentes -ejemplos, Argentina con dos años de recesión, Irán enfrenta una segunda ronda de sanciones en noviembre, Brasil y Turquía-; y los riesgos del elevado endeudamiento global y el encarecimiento del financiamiento internacional tras años de masivos estímulos monetarios -la Fed ha elevado la tasa de interés en tres ocasiones hasta el rango de [2.0%, 2.5%]. Es muy probable que las malas noticias continúen aumentando.

En el caso de Nicaragua, el FMI redujo la tasa de crecimiento económico desde una subida de 4.7% hasta una caída de 4.0 en 2018 y proyectó otra caída de 1% para 2019. Para 2018 y 2019, el FMI también proyectó, en el mismo orden, un producto interno bruto (PIB) per cápita promedio anual de US$2,126.57 y US$2,141.38, una tasa de inflación de 7.05% y 6.96%; una tasa de desempleo abierto de 15.17% y 18.01%; un déficit fiscal en porcentajes del PIB de 3.61 y 3.68; y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, siempre en porcentajes del PIB, de 6.24 y 6.35.

Nuestro pronóstico de la caída del PIB Real de Nicaragua en Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), estimado en junio recién pasado en -3.5%, coincide bastante con las previsiones del FMI, -4.0%, del Banco Mundial, -3.8%, y The Economist, 3.4%. Fuera de este escenario macroeconómico del país, observamos al Banco Central de Nicaragua que mantiene una tasa de crecimiento positiva esperada de 1.0%.

Sin embargo, la previsión de la caída económica pronosticada por COPADES para Nicaragua en este año fue elaborada antes del anuncio de la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de la Ley S.3233 “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018”, aún sujeta a la aprobación por el plenario del Senado y de la Cámara de Representantes para que sea firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se prevé que la entrada en vigor de dicha ley sea en noviembre próximo.

Como es de conocimiento público, la Ley S.3233 contiene severas sanciones financieras para Nicaragua al restringirle el acceso a la cooperación oficial destinada al sector público, principalmente de origen multilateral y especialmente la proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y FMI. Sólo hay dos excepciones a la restricción de dicho financiamiento externo: la asistencia financiera o la asistencia técnica para necesidades humanas básicas o para promover la democracia.

Aún más, los representantes estadounidenses en cualquier entidad financiera internacional, principalmente en el FMI, trabajarán con otros donantes para desarrollar una estrategia de futuros compromisos y préstamos en función de la promoción de los derechos humanos. Esto pondría en riesgo el acceso de Nicaragua a la cartera de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se contrataron a partir del anuncio de la Nica Act en septiembre de 2016; además, impediría la suscripción de un programa de ajuste económico y de reforma estructural con el FMI.

Las otras sanciones de la Ley S.3233 están dirigidas a personas naturales y personas jurídicas, nacionales y extranjeras, funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua, o cualquier persona que actúe a nombre del Gobierno, que hayan violado los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018, que socaven procesos o instituciones democráticas, que hayan cometido actos -expropiación de activos públicos o privados para beneficio personal o fines políticos, corrupción relacionada con contratos del gobierno, soborno o hayan facilitado o transferido procedimientos de corrupción- y, finalmente, a quienes hayan arrestado o enjuiciado a una persona, incluida una persona o medio de comunicación que difunde información al público, principalmente debido al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o prensa.

Teniendo en cuenta, primero, que se ha esfumado la inversión extranjera directa y, segundo, que se ejecuta alrededor del 30% de la inversión fija privada doméstica, ahora la inversión fija del sector público de desplomaría con la caída del financiamiento internacional, exceptuando la cooperación facilitada por Corea del Sur, China-Taiwán y Japón, que a lo sumo totaliza US$60 millones anuales. Este escenario draconiano implicaría que el gasto de inversión en construcción y maquinaria y equipo en Nicaragua tendría una reducción de 80% en 2019.

El impacto de ese comportamiento inversionista es pavoroso. Caerían estrepitosamente las actividades de la construcción en 75.7%, comercio en 13.1%, servicios financieros en 7.4%, industrias manufactureras en 6.3%, agropecuario y pesca en 5.5%, y energía eléctrica y agua potable en 4.3%. El PIB Real disminuiría 9.7% y el empleo directo en la construcción disminuiría en 69,980 personas, mientras que el empleo indirecto descendería en 90,308 personas, es decir, 160,198 puestos de trabajo serían destruidos por la caída del gasto de inversión en construcción.

Las familias recibirían menos ingreso como resultado del desplome inversionista, por lo que habría que igualar el gasto de consumo de los hogares con el nivel reducido de ingresos. En esta segunda ronda de efectos macroeconómicos, o sea con la menor inversión y con el menor consumo, continuarían cayendo las actividades de la construcción en 76.4%, comercio en 26.7%, servicios financieros en 19.9%, industrias manufactureras en 13.9%, agropecuario y pesca en 13.9%, y energía eléctrica y agua potable en 17.3%. El PIB Real disminuiría 20.0%. Una referencia: de acuerdo con datos oficiales, en 1979 el PIB Real cayó 26.5% y en 1988 también cayó 12.4%.

La situación económica es apremiante. Por este motivo, aconsejo al Presidente Daniel Ortega a que restablezca el diálogo nacional, a que emprenda las negociaciones políticas para resolver los problemas políticos e impedir el descalabro económico nacional. Y mientras más pronto aparezcan las respuestas políticas que resuelvan los problemas políticos, mejor para todos los nicaragüenses. El efecto de la Ley S.3233 no recae sólo en el Gobierno de Nicaragua, sino también sobre todos los nicaragüenses.

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El acceso a la justicia es un derecho humano

11 10 2018

25 meses al 2 de septiembre de este año, Eduardo Montealegre ha estado sobre la ley, al ser protegido por el Poder Judicial para no presentarse en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua y no responder a mi acusación de injurias y calumnias al imputarme la comisión de un hecho delictivo, como es la de ser un defraudador del Estado de Nicaragua, y de que mi investigación económica sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, solicitada por la Contraloría General de la República, contenía una serie de errores y dudaba de mi profesionalidad, lesionando mi derecho a la dignidad al menoscabar mi imagen, honra y reputación. Antes de agosto de 2016, Eduardo Montealegre fue también protegido por la Asamblea Nacional durante 8 años, al escudarse inapropiadamente con la inmunidad que le confería su cargo de diputado.

ºEn el Complejo Judicial Central de Managua, los defensores del presunto delincuente Eduardo Montealegre son el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua en su carácter de Inspector Delegado, y los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, mientras que en la Corte Suprema de Justicia lo defienden los magistrados Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial.

Estas autoridades judiciales han obstruido mi acceso a la justicia, han perpetuado la retardación de justicia, al mostrar que no tienen la mínima intención de cumplir con sus obligaciones constitucionales, legales y laborales para tramitar las causas que he demostrado y están contenidas en dos expedientes. La respuesta que he tenido de estos servidores públicos ha sido el silencio absoluto, por lo cual desistí de mi acusación, lo que no significa que he renunciado a la misma.

Tener acceso a la justicia es también un derecho humano. Es muy fácil demostrar que los siete funcionarios judiciales arriba mencionados han violado mis derechos al debido proceso, mi derecho al acceso a una justicia pronto y efectiva, tomando en consideración que justicia tardía no es justicia. Ojalá que recapaciten, que me tengan como parte quejosa y me concedan la intervención de ley que en derecho corresponde.





FMI: La economía de Nicaragua se contrae 4% en 2018 y 1% en 2019

9 10 2018

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe “Perspectivas de la Economía Mundial octubre 2018”, proyecta una contracción de 4% en la economía de Nicaragua en 2018 y otra leve contracción de 1% en 2019, como resultado de las múltiples protestas antigubernamentales que han dejado muertos, detenidos y procesados.

Nicaragua, señala el organismo multilateral, ha dejado atrás la senda de la tasa de crecimiento económico de los últimos ocho años, cuando este indicador registró un mínimo de 4.4% en 2010 y un máximo de 6.5% en 2012.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) continúa manteniendo una expectativa de crecimiento de 1.0% en este año.

 

 

 

 





La situación económica de Nicaragua tiende a complicarse más en 2019

7 10 2018

Crecimiento económico, inflación y desempleo en 2018

Desde finales de junio de este año, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) revisó su pronóstico del crecimiento económico de Nicaragua para 2018, tomando en cuenta la clara señal de que el país caía en una recesión económica a partir del 30 de septiembre. La caída esperada del producto interno bruto (PIB) real de este año actualizada por COPADES es igual a 3.5%, muy cercana a las últimas previsiones de The Economist de -3.4% y del Banco Mundial de -3.8%. Probablemente, en la próxima semana conoceremos la proyección actualizada de la evolución del PIB de Nicaragua elaborada por el  Fondo Monetario Internacional (FMI), la cual prevemos estará fundamentada en el crecimiento económico positivo que aún mantiene el Banco Central de Nicaragua (BCN), aunque muy leve por arriba del 0% o del estancamiento.

Además, el BCN ha provocado otras sorpresas con sus últimas dos publicaciones de la tasa de inflación mensual, mejor dicho la tasa de deflación o caída de precios de 0.08% y 0.24% en los meses de julio y agosto recién pasados respectivamente, las que conducen a una tasa de inflación acumulada en el año del orden de 1.66%. Hasta esta fecha, no he observado que las grandes y medianas empresas radicadas en el país hayan perdido poder de mercado, o sea, que hayan iniciado un proceso de reducción de precios al consumidor, sacrificando rentabilidad, para mantener semiactivas las operaciones empresariales. COPADES estima que la tasa de inflación de 2018, influenciada por el creciente precio del barril de crudo WTI que ya ha vuelto a romper la barrera de los US$70, la contracción monetaria y las expectativas inflacionarias, hoy exacerbadas por los anuncios del BCN en agosto, alcance el nivel de 7.4%.

No hay que confundir el número de despidos en las empresas con el número de desempleados debido a la crisis política que aún impera en el país. COPADES pronostica que la tasa de desempleo abierto subirá este año hasta 14.1% y la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo subirá a 13.6%, es decir, 184,200 personas perderán su empleo en 2018, que sumadas al ejército de desempleados existente en el país arrojan un total de 1 millón 23 mil personas que no generarán ingresos en este año.

Las presiones externas recientes impactarían en 2019

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, que ya se encuentra en la agenda del Senado de Estados Unidos, obstaculizará el acceso de Nicaragua al financiamiento externo, principalmente el proveniente de las instituciones financieras multilaterales, al enfocarse en la promoción de los derechos humanos en el país, excepto en la asistencia financiera o técnica para necesidades humanas básicas o para promover la democracia. Habría, por supuesto, la imposibilidad de que el Gobierno de Nicaragua suscriba un nuevo programa de ajuste económico y reforma estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este riesgo afectaría a la economía de Nicaragua en 2019, a través del desplome de la inversión pública, que contribuye con el 7.6% en la formación del PIB, al cesar la ejecución de proyectos de infraestructura económica (caminos rurales, carreteras, puentes, red de distribución eléctrica, agua potable y alcantarillado), salud (construcción y equipamiento de centros de salud, casas maternas y hospitales), educación (construcción y equipamiento de centros escolares) y administración pública (fortalecimiento y equipamiento institucional).

Las restricciones políticas externas sobre la inversión pública de Nicaragua provocaría el aumento del desempleo y del subempleo, el desestímulo a la inversión privada local y extranjera, la caída progresiva del PIB y del gasto de consumo de las familias, la disminución de la recaudación tributaria, el ajuste del gasto corriente del presupuesto nacional -el pago de remuneraciones y la compra de bienes y servicios de consumo para el funcionamiento de la burocracia gubernamental- y una mayor contracción del medio circulante o dinero para la defensa de una deteriorada posición de las reservas internacionales, que en este escenario sólo estaría apoyada en el flujo de las remesas familiares.

Por otro lado, el 4 de octubre recién pasado los medios de comunicación pública dieron a conocer el aviso de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a instituciones financieras estadounidenses -incluyendo, por supuesto, a los bancos corresponsales de los bancos radicados en Nicaragua- sobre el riesgo de posibles transferencias de activos de funcionarios públicos del Gobierno de Nicaragua, también incluyendo a familiares y allegados, producto del delito y de la corrupción pública y que podrían dirigirse a cuentas en Estados Unidos. En otras palabras, el aviso apunta a evitar el lavado de dinero o cualquier actividad sospechosa a través de esas cuentas.

Las instituciones financieras, no sólo de Estados Unidos sino también del mundo -incluyendo las nicaragüenses-, que son receptoras de los avisos de FinCEN, tendrán que elevar el nivel de control de las operaciones antes mencionadas, así como las de las empresas que tienen relaciones con entidades gubernamentales. Se podría esperar que los bancos corresponsales de los bancos radicados en el país restrinjan las transferencias internacionales y las operaciones de comercio exterior que tengan origen en Nicaragua.

Como usualmente he reiterado, la única vía de solución al problema político que ha impactado todas la esferas de la vida nacional, la social, la económica y la financiera, es el diálogo. Sin el diálogo, todos los planos de la vida nacional se complicarán con el transcurso del tiempo. El deterioro social, económico y financiero será mayor. Por esto, es importante retomar el diálogo a nivel nacional antes de que la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 llegue a las manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.





Una dura ley

30 09 2018

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, será demasiado dura.

Para resolver la crisis nicaragüense, esta ley persigue el objetivo de establecer negociaciones creíble entre representantes del Gobierno, la sociedad civil, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política mediadas por la Iglesia Católica para celebrar elecciones anticipadas con estándares democráticos, con observación internacional creíble, cesar la violencia perpetrada contra civiles por la Policía Nacional de Nicaragua y apoyados por grupos armados por el Gobierno, realizar investigaciones independientes sobre el asesinato de más de 277 manifestantes, porque las negociaciones aún no han producido un acuerdo.

En este sentido, la política de Estados Unidos apoya el estado de derecho y un Poder Judicial y un Consejo Electoral independientes en Nicaragua, un gobierno democrático en Nicaragua, elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles en Nicaragua, y los esfuerzos de anticorrupción y transparencia en Nicaragua.

El primer riesgo que aparece en esta ley afecta el acceso de Nicaragua a los recursos de la cooperación internacional, al instruirse al Director Ejecutivo de Estados Unidos en el Grupo del Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo para usar la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión de cualquier préstamo o asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua o a cualquier entidad para un proyecto en Nicaragua. Además, también instruye al Director Ejecutivo de Estados Unidos de cualquier otra institución financiera internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional, para trabajar con otros países donantes clave y desarrollar un enfoque coherente de políticas para futuras asistencias financieras al Gobierno de Nicaragua en una manera que promueva los derechos humanos. Estas restricciones no se aplicarán a cualquier asistencia financiera o asistencia técnica para necesidades humanas básicas o para promover la democracia.

Por consiguiente, en el corto y mediano plazo el riesgo sobre la economía consistirá en que el Gobierno de Nicaragua no podría desembolsar un monto promedio anual de US$640 millones provenientes principalmente de la cooperación proveniente de instituciones financieras internacionales. En términos concretos, se afectaría la inversión pública, no se crearían nuevos puestos de trabajo formales en la ejecución de proyectos y programas del sector público, se desalentaría la inversión privada, aumentaría el desempleo, el subempleo y la pobreza, y caería el Producto Interno Bruto de tal forma que el país transitaría de una recesión económica a finales de septiembre de este año a una depresión económica en 2019.

Un riesgo político que también es relevante en esta ley es que el Presidente de Estados Unidos, en términos generales, podrá determinar e imponer sanciones a cualquier persona extranjera, funcionario actual o anterior del Gobierno, o cualquier persona que actúe a nombre del Gobierno, de

  • ser responsable o ser cómplice de ordenar, controlar, o dirigir o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, en alguna actividad a ser descrita a continuación,
  • ser líder de una entidad que se ha, o cuyos miembros se han, comprometido en cualquier actividad a ser descrita posteriormente,
  • una entidad que se ha, o cuyos miembros se han, comprometido en cualquier actividad a ser descrita a continuación y, por otra parte
  • haber apoyado, patrocinado o proporcionado materialmente, a sabiendas, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de una actividad que será descrita
  • una persona cuya propiedad e intereses en propiedad están bloqueados, o
  • ser propiedad o controlado por, o haber actuado a sabiendas o pretender actuar en nombre o en representación de, directa o indirectamente, cualquier persona cuyas propiedades e intereses en propiedad estén bloqueados

en cualesquiera de las siguientes actividades descritas, a partir del 18 de abril de 2018:

  • actos de violencia o de abuso o violación de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua;
  • acciones o políticas que socaven procesos o instituciones democráticas;
  • actos de corrupción de funcionarios actuales o anteriores, tales como la expropiación de activos públicos o privados para beneficio personal o fines políticos, la corrupción relacionada con contratos del gobierno, el soborno, la facilitación de procedimientos de corrupción, y el arresto o enjuiciamiento de una persona debido al ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de prensa

Entre las principales sanciones se distinguen el bloqueo y la prohibición de todas las transacciones en todas las propiedades e intereses en propiedad de una persona determinada por el Presidente, y la denegación de una visa a, y exclusión de los Estados Unidos del extranjero que sea determinado por el Presidente de Estados Unidos, y la revocación cualquier visa u otra documentación del extranjero.

A más tardar 180 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, y anualmente después, el Secretario de Estado someterá a la aprobación de los comités del Congreso apropiados un informe certificando si el Gobierno de Nicaragua está tomando pasos efectivos para la solución negociada a la crisis de Nicaragua. Si el Secretario de Estado certifica a los comités adecuados del Congreso que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas, el Presidente puede renunciar a la aplicación de las restricciones por un período de no más de un año comenzando en la fecha de la certificación.

Reitero que es necesario continuar el Diálogo Nacional que se encuentra suspendido desde el 23 de mayo de este año. Se requiere una efectiva respuesta exclusivamente política para contener y revertir el deterioro económico y social de Nicaragua.





El BCN obstruye el acceso a la información monetaria diaria

23 09 2018

En silencio, sin ningún comunicado, sin ninguna resolución colegiada, el Banco Central de Nicaragua (BCN) dejó de publicar en su página web los indicadores monetarios diarios de Nicaragua. La última publicación disponible corresponde a la del 6 de septiembre recién pasado. Esto es otro craso error del presidente del BCN, Ovidio Reyes.

Antes el BCN había dejado de publicar, por ejemplo, varios indicadores de producción y del mercado laboral, porque sus funcionarios no tenían  acceso a la información generada por otras instituciones públicas. En esa ocasión sugerí públicamente al Presidente de la República que fortaleciera políticamente al BCN para que pudiese recopilar, procesar, criticar y publicar la información económica del país para garantizar la apropiada decisión de las políticas económicas gubernamentales y de los agentes económicos del país.

Ahora es el BCN que provoca la obstrucción a la información diaria que se produce en dicha institución, que demuestran la existencia de una política monetaria muy restrictiva para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor y que no está sujeta al sigilo bancario.

Esa información está relacionada con: la evolución del balance monetario; el estado de resultados (pérdidas y ganancias) del banco; las causas de la reducción de la base monetaria, principalmente de la emisión de dinero; la deuda pública interna emitida la autoridad monetaria; las tasas de encaje efectivas, es decir, los porcentajes de los depósitos en monedas local y extranjera que los grupos financieros depositan en el BCN; la posición de las reservas internacionales administradas por el banco y las causas de su variación; el flujo de la cooperación oficial al sector público; el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público; la oferta de dinero y los depósitos de ahorro y a plazos en moneda local y los depósitos en moneda extranjera; la compra y venta de divisas en el mercado con el público en el mercado de cambios; y los tipos de cambio del mercado oficial y del mercado financiero para la compra y la venta de divisas con sus respectivas brechas cambiarias.

La no disponibilidad de la información pública no puede justificarse porque no hay gobierno sin estadísticas y sin debate público a partir de las estadísticas. La decisión del BCN de no publicar información monetaria conduce a que los agentes económicos mal interpreten la evidencia macroeconómica, de por sí progresivamente frágil desde el 18 de abril recién pasado, o a tomar malas decisiones; en otras palabras, obstruir el acceso a la información pública arriba detallada debilita más al mercado monetario y financiero.

Con ese tipo de conducta, el BCN deterioró más la confianza y la certidumbre de los agentes económicos -consumidores, productores e inversionistas-. Los dos anuncios de Ovidio Reyes realizados en la penúltima semana de agosto recién pasado, avalados por el Consejo Directivo de la autoridad monetaria, no fortalecieron sino que debilitaron más al sistema financiero nacional, ya golpeado por la fuga de los depósitos en moneda extranjera y en moneda nacional provocada por la crisis política del 18 de abril de este año.

El primer anuncio de Ovidio Reyes fue el de la emisión de los Títulos de Inversión del BCN, con tasas de interés atractivas que invitaban a una escalada del precio del dinero -el Banco Avanz ya está ofreciendo el 10% anual a los depósitos desde US$1,000 a plazos de 12 y 24 meses-, con el agravante de que también invitaba a que el “depositante que retire plata de un banco privado la puede depositar aquí en el Banco Central, si eso es lo que quiere. ¿En qué? En los Títulos de Inversión… Es una opción de la persona que no se sienta segura en un banco y se quiera sentir más segura con títulos del Banco Central.” Un buen banquero central preserva la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero.

El segundo anuncio del presidente del BCN eliminó el 1% del tipo de cambio oficial en concepto de comisión para la venta del dólar, que se estipulaba en el acápite d del Artículo 5 “Operaciones de Cambio del BCN” de las Normas Financieras del Banco Central de Nicaragua aprobadas el 11 de julio de 2017, y dejó la definición de dicha comisión exclusivamente al presidente del BCN. Esto fue aprobado en una resolución del Consejo Directivo del BCN, que fue publicado el diario oficial La Gaceta.

En dos notas aclaratorias emitidas en un mismo día -el lunes 27 de agosto de este año-, el presidente del BCN afirmó que el Consejo Directvo del BCN mantenía la tarifa o comisión por venta de divisas en 1% y la política cambiaria vigente y la tasa de deslizamiento anual de 5%, y ratificaba que el tipo de cambio diario del córdoba con respecto al dólar se continuará publicando en la segunda quincena de cada mes y corresponderá al tipo de cambio vigente para el mes siguiente.

Sin embargo, ya había provocado un pánico cambiario por una inesperada devaluación del córdoba en el mercado financiero, lo cual aceleró la fuga de los depósitos en moneda local y en moneda extranjera con la consecuente reducción del saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (RINAs) administradas por el BCN. Cabe agregar que el Consejo Directivo del BCN no mandó a retirar su resolución publicada en La Gaceta.

El artículo 73 de la Ley Orgánica del BCN dice que “los directores, funcionarios y empleados del Banco Central, estarán obligados a guardar sigilo sobre las informaciones, documentos y operaciones de naturaleza reservada o privada, que tengan conocimiento en virtud del ejercicio de sus funciones”. Es obvio que los datos monetarios de un país no son privados ni reservados y deben estar disponibles al público para facilitar la toma de decisiones de los consumidores, productores e inversionistas.

La imagen institucional del BCN fue afectada por las declaraciones, afirmaciones y resoluciones apresuradas del Consejo Directivo y del presidente del BCN. Sin duda alguna, la cuestionable dirección de la política monetaria, dictada en la penúltima semana de agosto, elevó el riesgo económico derivado del creciente riesgo político imperante en el país.





La producción, el desempleo y la inflación en 2018

16 09 2018

De acuerdo con la dirección que muestra el desempeño de la producción de bienes y servicios del país en este año, se prevé que a finales de este septiembre Nicaragua entre técnicamente a una recesión económica; en otras palabras, el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral registrará una tasa de variación relativa negativa en dos trimestres consecutivos (el segundo y el tercer trimestres de este año) en relación con el PIB trimestral inmediato anterior.

Acompañados de un ciclo agrícola 2017/18 con buenos resultados y de un ciclo agrícola 2018/19 descuidado y bastante afectado por la crisis política que ha interrumpido los flujos normales de crédito y de insumos, entre los principales bienes y servicios que muestran caídas de producción en unidades físicas este año se destacan ajonjolí, tabaco, frijol, maíz, la matanza de ganado vacuno y de aves, la exportación de ganado en pie, leche cruda, carne de ganado vacuno, carne de pollo, leche pasteurizada, cemento, concreto premezclado, plata, arena, piedra cantera y los servicios gubernamentales, hoteleros y de restaurantes. Esas caídas se contrarrestan parcialmente con los aumentos, aunque desacelerados, de la producción de huevos, camarón, langosta, azúcar, aguas gaseosas, cervezas, gasolina, diesel, oro y los servicios comerciales, financieros, energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones.

La caída del PIB Real de Nicaragua en 2018 es pronosticada por Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES) en 3.5%, mientras que el ingreso promedio por habitante se pronostica en el nivel de US$2,297 y tiende a reducirse en US$200 comparado al que se pronosticaba antes del 18 de abril de este año.

Sin embargo, todos los componentes de la demanda agregada tienden a caer en términos de volúmenes. En orden de importancia se contraerán la inversión fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) y el consumo de bienes y servicios finales, pero disminuye levemente las exportaciones netas de importaciones, es decir, el volumen de las importaciones cae más que el de las exportaciones.

Desde mayo del año en curso, ha desaparecido el principal flujo de recursos externos que facilitaba el aumento continuo de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), o sea, el flujo de inversión extranjera directa bruta que alcanzó el máximo de US$1,466 millones en 2017. Ahora, el flujo de recursos externos más importante es el de las remesas familiares al pronosticarse para 2018 en US$1,512 millones, en función de la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos que se acerca a 3% en 2018, pero aun así no logra evitar la caída del gasto de consumo de las familias.

En el mercado laboral, 1 millón 23 mil personas no generarán ingresos en este año, al destruirse 184 mil 200 puestos de trabajo y al aumentar el subempleo en sus dos formas tradicionalmente conocidas: sube el número de personas que trabajan menos de ocho horas diarias y también sube el número de personas que devengan un salario menor que el salario mínimo legal. La suma de la tasa de desempleo abierto y de la tasa de desempleo equivalente relacionado con el subempleo asciende a 27.6% de la población económicamente activa (PEA) y ésta es del orden de 3.7 millones de personas.

Hasta hace pocos años, el BCN proyectaba la tasa de inflación acumulada anual con una suma bastante cuestionable desde el punto de vista macroeconómico, que era igual a la tasa de devaluación anual de 5% más la tasa de inflación (objetivo) internacional prefijada en 2%, es decir, una tasa de inflación de 7% cuya representación gráfica era una línea horizontal en el mediano y largo plazo. Hoy el BCN pronostica la inflación en rangos que los varía en el transcurso del año y la última vez que lo actualizó lo elevó de [5.5%, 6.0%] a [7%, 8%].

Parece que el público ya no presta mucha atención a lo que dicen los funcionarios del BCN sobre el comportamiento y las expectativas de la inflación. Sorpresivamente, de acuerdo con los datos del BCN, se registró una deflación de los precios al consumidor de 0.08% en julio y otra deflación de los mismos precios de 0.24% en agosto, de tal forma que la inflación interanual, o sea, entre agosto 2007 y agosto 2008 fue igual a 4.95%, y la tasa de inflación acumulada en el año (de diciembre 2017 a agosto 2018) fue igual a 1.66%.

Es muy probable que esos funcionarios expliquen esas dos tasas mensuales de deflación consecutivas con el vigor contractivo de la política monetaria que impera desde 2016 para proteger la posición de las reservas internacionales, debido al desplome del crédito petrolero de Venezuela, pero no deberían obviar que, en este tiempo de crisis política, las empresas, grandes y medianas, aún no han perdido su poder de mercado, o sea, no han bajado los precios de los bienes y servicios producidos.

Al haber eliminado la suma polémica de las tasas de devaluación local e inflación internacional, el BCN tendrá que explicar mejor o tendrá que hacer más en el frente de las comunicaciones -por ejemplo, mediante campañas publicitarias o utilizar las redes sociales- para mantener la inflación interanual cercana a 6% y para que se puedan cumplir por sí mismas las expectativas inflacionarias teniendo en cuenta que las empresas suben los precios de sus productos anticipadamente cuando esperan aumentos de precios más rápidos y los trabajadores demandan salarios más altos cuando esperan una mayor inflación, lo que obliga a las empresas a subir los precios para mantener los márgenes, y así sucesivamente. Pero cabe recordar que el BCN no ha podido obtener ese rango inflacionario objetivo de [5.0%, 6.0%], porque en 2016 y 2017 la tasa de inflación sorpresivamente fue igual a 3.1% en cada uno de esos dos años.

Por esas razones creo que las personas naturales y las empresas no están prestando atención o son indiferentes a la tasa de inflación que publica el BCN. Por consiguiente, los funcionarios del BCN tendrían que ser más explícitos para hacer uso de las expectativas inflacionarias como un instrumento de política con fines de estabilización, no deberían olvidar que gran parte de la población no está informada, y tendrían que hacer creíble y transparente la información económica que recopilan directa e indirectamente.

COPADES pronostica, sin tomar en cuenta las dos tasas de deflación oficiales de julio y agosto, que los precios al consumidor subirán 7.4% en 2018 en función del medio circulante, el precio internacional del barril de petróleo WTI y el coeficiente de inflación inercial. Talvez el BCN tendrá que actualizar de nuevo su rango inflacionario a [4.0%, 5.0%], a sabiendas que en septiembre el índice estacional del índice de precios al consumidor (IPC) nacional se ubica en el “valle” inflacionario.