Una dura ley

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, será demasiado dura.

Para resolver la crisis nicaragüense, esta ley persigue el objetivo de establecer negociaciones creíble entre representantes del Gobierno, la sociedad civil, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política mediadas por la Iglesia Católica para celebrar elecciones anticipadas con estándares democráticos, con observación internacional creíble, cesar la violencia perpetrada contra civiles por la Policía Nacional de Nicaragua y apoyados por grupos armados por el Gobierno, realizar investigaciones independientes sobre el asesinato de más de 277 manifestantes, porque las negociaciones aún no han producido un acuerdo.

En este sentido, la política de Estados Unidos apoya el estado de derecho y un Poder Judicial y un Consejo Electoral independientes en Nicaragua, un gobierno democrático en Nicaragua, elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles en Nicaragua, y los esfuerzos de anticorrupción y transparencia en Nicaragua.

El primer riesgo que aparece en esta ley afecta el acceso de Nicaragua a los recursos de la cooperación internacional, al instruirse al Director Ejecutivo de Estados Unidos en el Grupo del Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo para usar la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión de cualquier préstamo o asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua o a cualquier entidad para un proyecto en Nicaragua. Además, también instruye al Director Ejecutivo de Estados Unidos de cualquier otra institución financiera internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional, para trabajar con otros países donantes clave y desarrollar un enfoque coherente de políticas para futuras asistencias financieras al Gobierno de Nicaragua en una manera que promueva los derechos humanos. Estas restricciones no se aplicarán a cualquier asistencia financiera o asistencia técnica para necesidades humanas básicas o para promover la democracia.

Por consiguiente, en el corto y mediano plazo el riesgo sobre la economía consistirá en que el Gobierno de Nicaragua no podría desembolsar un monto promedio anual de US$640 millones provenientes principalmente de la cooperación proveniente de instituciones financieras internacionales. En términos concretos, se afectaría la inversión pública, no se crearían nuevos puestos de trabajo formales en la ejecución de proyectos y programas del sector público, se desalentaría la inversión privada, aumentaría el desempleo, el subempleo y la pobreza, y caería el Producto Interno Bruto de tal forma que el país transitaría de una recesión económica a finales de septiembre de este año a una depresión económica en 2019.

Un riesgo político que también es relevante en esta ley es que el Presidente de Estados Unidos, en términos generales, podrá determinar e imponer sanciones a cualquier persona extranjera, funcionario actual o anterior del Gobierno, o cualquier persona que actúe a nombre del Gobierno, de

• ser responsable o ser cómplice de ordenar, controlar, o dirigir o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, en alguna actividad a ser descrita a continuación,

• ser líder de una entidad que se ha, o cuyos miembros se han, comprometido en cualquier actividad a ser descrita posteriormente,

• una entidad que se ha, o cuyos miembros se han, comprometido en cualquier actividad a ser descrita a continuación y, por otra parte

• haber apoyado, patrocinado o proporcionado materialmente, a sabiendas, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de una actividad que será descrita

• una persona cuya propiedad e intereses en propiedad están bloqueados, o

• ser propiedad o controlado por, o haber actuado a sabiendas o pretender actuar en nombre o en representación de, directa o indirectamente, cualquier persona cuyas propiedades e intereses en propiedad estén bloqueados

en cualesquiera de las siguientes actividades descritas, a partir del 18 de abril de 2018:

• actos de violencia o de abuso o violación de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua;

• acciones o políticas que socaven procesos o instituciones democráticas;

• actos de corrupción de funcionarios actuales o anteriores, tales como la expropiación de activos públicos o privados para beneficio personal o fines políticos, la corrupción relacionada con contratos del gobierno, el soborno, la facilitación de procedimientos de corrupción, y el arresto o enjuiciamiento de una persona debido al ejercicio legítimo de la libertad de expresión o de prensa

Entre las principales sanciones se distinguen el bloqueo y la prohibición de todas las transacciones en todas las propiedades e intereses en propiedad de una persona determinada por el Presidente, y la denegación de una visa a, y exclusión de los Estados Unidos del extranjero que sea determinado por el Presidente de Estados Unidos, y la revocación cualquier visa u otra documentación del extranjero.

A más tardar 180 días después de la fecha de promulgación de esta Ley, y anualmente después, el Secretario de Estado someterá a la aprobación de los comités del Congreso apropiados un informe certificando si el Gobierno de Nicaragua está tomando pasos efectivos para la solución negociada a la crisis de Nicaragua. Si el Secretario de Estado certifica a los comités adecuados del Congreso que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas, el Presidente puede renunciar a la aplicación de las restricciones por un período de no más de un año comenzando en la fecha de la certificación.

Reitero que es necesario continuar el Diálogo Nacional que se encuentra suspendido desde el 23 de mayo de este año. Se requiere una efectiva respuesta exclusivamente política para contener y revertir el deterioro económico y social de Nicaragua.

El BCN obstruye el acceso a la información monetaria diaria

En silencio, sin ningún comunicado, sin ninguna resolución colegiada, el Banco Central de Nicaragua (BCN) dejó de publicar en su página web los indicadores monetarios diarios de Nicaragua. La última publicación disponible corresponde a la del 6 de septiembre recién pasado. Esto es otro craso error del presidente del BCN, Ovidio Reyes.

Antes el BCN había dejado de publicar, por ejemplo, varios indicadores de producción y del mercado laboral, porque sus funcionarios no tenían  acceso a la información generada por otras instituciones públicas. En esa ocasión sugerí públicamente al Presidente de la República que fortaleciera políticamente al BCN para que pudiese recopilar, procesar, criticar y publicar la información económica del país para garantizar la apropiada decisión de las políticas económicas gubernamentales y de los agentes económicos del país.

Ahora es el BCN que provoca la obstrucción a la información diaria que se produce en dicha institución, que demuestran la existencia de una política monetaria muy restrictiva para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor y que no está sujeta al sigilo bancario.

Esa información está relacionada con: la evolución del balance monetario; el estado de resultados (pérdidas y ganancias) del banco; las causas de la reducción de la base monetaria, principalmente de la emisión de dinero; la deuda pública interna emitida la autoridad monetaria; las tasas de encaje efectivas, es decir, los porcentajes de los depósitos en monedas local y extranjera que los grupos financieros depositan en el BCN; la posición de las reservas internacionales administradas por el banco y las causas de su variación; el flujo de la cooperación oficial al sector público; el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público; la oferta de dinero y los depósitos de ahorro y a plazos en moneda local y los depósitos en moneda extranjera; la compra y venta de divisas en el mercado con el público en el mercado de cambios; y los tipos de cambio del mercado oficial y del mercado financiero para la compra y la venta de divisas con sus respectivas brechas cambiarias.

La no disponibilidad de la información pública no puede justificarse porque no hay gobierno sin estadísticas y sin debate público a partir de las estadísticas. La decisión del BCN de no publicar información monetaria conduce a que los agentes económicos mal interpreten la evidencia macroeconómica, de por sí progresivamente frágil desde el 18 de abril recién pasado, o a tomar malas decisiones; en otras palabras, obstruir el acceso a la información pública arriba detallada debilita más al mercado monetario y financiero.

Con ese tipo de conducta, el BCN deterioró más la confianza y la certidumbre de los agentes económicos -consumidores, productores e inversionistas-. Los dos anuncios de Ovidio Reyes realizados en la penúltima semana de agosto recién pasado, avalados por el Consejo Directivo de la autoridad monetaria, no fortalecieron sino que debilitaron más al sistema financiero nacional, ya golpeado por la fuga de los depósitos en moneda extranjera y en moneda nacional provocada por la crisis política del 18 de abril de este año.

El primer anuncio de Ovidio Reyes fue el de la emisión de los Títulos de Inversión del BCN, con tasas de interés atractivas que invitaban a una escalada del precio del dinero -el Banco Avanz ya está ofreciendo el 10% anual a los depósitos desde US$1,000 a plazos de 12 y 24 meses-, con el agravante de que también invitaba a que el “depositante que retire plata de un banco privado la puede depositar aquí en el Banco Central, si eso es lo que quiere. ¿En qué? En los Títulos de Inversión… Es una opción de la persona que no se sienta segura en un banco y se quiera sentir más segura con títulos del Banco Central.” Un buen banquero central preserva la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero.

El segundo anuncio del presidente del BCN eliminó el 1% del tipo de cambio oficial en concepto de comisión para la venta del dólar, que se estipulaba en el acápite d del Artículo 5 “Operaciones de Cambio del BCN” de las Normas Financieras del Banco Central de Nicaragua aprobadas el 11 de julio de 2017, y dejó la definición de dicha comisión exclusivamente al presidente del BCN. Esto fue aprobado en una resolución del Consejo Directivo del BCN, que fue publicado el diario oficial La Gaceta.

En dos notas aclaratorias emitidas en un mismo día -el lunes 27 de agosto de este año-, el presidente del BCN afirmó que el Consejo Directvo del BCN mantenía la tarifa o comisión por venta de divisas en 1% y la política cambiaria vigente y la tasa de deslizamiento anual de 5%, y ratificaba que el tipo de cambio diario del córdoba con respecto al dólar se continuará publicando en la segunda quincena de cada mes y corresponderá al tipo de cambio vigente para el mes siguiente.

Sin embargo, ya había provocado un pánico cambiario por una inesperada devaluación del córdoba en el mercado financiero, lo cual aceleró la fuga de los depósitos en moneda local y en moneda extranjera con la consecuente reducción del saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (RINAs) administradas por el BCN. Cabe agregar que el Consejo Directivo del BCN no mandó a retirar su resolución publicada en La Gaceta.

El artículo 73 de la Ley Orgánica del BCN dice que “los directores, funcionarios y empleados del Banco Central, estarán obligados a guardar sigilo sobre las informaciones, documentos y operaciones de naturaleza reservada o privada, que tengan conocimiento en virtud del ejercicio de sus funciones”. Es obvio que los datos monetarios de un país no son privados ni reservados y deben estar disponibles al público para facilitar la toma de decisiones de los consumidores, productores e inversionistas.

La imagen institucional del BCN fue afectada por las declaraciones, afirmaciones y resoluciones apresuradas del Consejo Directivo y del presidente del BCN. Sin duda alguna, la cuestionable dirección de la política monetaria, dictada en la penúltima semana de agosto, elevó el riesgo económico derivado del creciente riesgo político imperante en el país.

La producción, el desempleo y la inflación en 2018

De acuerdo con la dirección que muestra el desempeño de la producción de bienes y servicios del país en este año, se prevé que a finales de este septiembre Nicaragua entre técnicamente a una recesión económica; en otras palabras, el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral registrará una tasa de variación relativa negativa en dos trimestres consecutivos (el segundo y el tercer trimestres de este año) en relación con el PIB trimestral inmediato anterior.

Acompañados de un ciclo agrícola 2017/18 con buenos resultados y de un ciclo agrícola 2018/19 descuidado y bastante afectado por la crisis política que ha interrumpido los flujos normales de crédito y de insumos, entre los principales bienes y servicios que muestran caídas de producción en unidades físicas este año se destacan ajonjolí, tabaco, frijol, maíz, la matanza de ganado vacuno y de aves, la exportación de ganado en pie, leche cruda, carne de ganado vacuno, carne de pollo, leche pasteurizada, cemento, concreto premezclado, plata, arena, piedra cantera y los servicios gubernamentales, hoteleros y de restaurantes. Esas caídas se contrarrestan parcialmente con los aumentos, aunque desacelerados, de la producción de huevos, camarón, langosta, azúcar, aguas gaseosas, cervezas, gasolina, diesel, oro y los servicios comerciales, financieros, energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones.

La caída del PIB Real de Nicaragua en 2018 es pronosticada por Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES) en 3.5%, mientras que el ingreso promedio por habitante se pronostica en el nivel de US$2,297 y tiende a reducirse en US$200 comparado al que se pronosticaba antes del 18 de abril de este año.

Sin embargo, todos los componentes de la demanda agregada tienden a caer en términos de volúmenes. En orden de importancia se contraerán la inversión fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) y el consumo de bienes y servicios finales, pero disminuye levemente las exportaciones netas de importaciones, es decir, el volumen de las importaciones cae más que el de las exportaciones.

Desde mayo del año en curso, ha desaparecido el principal flujo de recursos externos que facilitaba el aumento continuo de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), o sea, el flujo de inversión extranjera directa bruta que alcanzó el máximo de US$1,466 millones en 2017. Ahora, el flujo de recursos externos más importante es el de las remesas familiares al pronosticarse para 2018 en US$1,512 millones, en función de la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos que se acerca a 3% en 2018, pero aun así no logra evitar la caída del gasto de consumo de las familias.

En el mercado laboral, 1 millón 23 mil personas no generarán ingresos en este año, al destruirse 184 mil 200 puestos de trabajo y al aumentar el subempleo en sus dos formas tradicionalmente conocidas: sube el número de personas que trabajan menos de ocho horas diarias y también sube el número de personas que devengan un salario menor que el salario mínimo legal. La suma de la tasa de desempleo abierto y de la tasa de desempleo equivalente relacionado con el subempleo asciende a 27.6% de la población económicamente activa (PEA) y ésta es del orden de 3.7 millones de personas.

Hasta hace pocos años, el BCN proyectaba la tasa de inflación acumulada anual con una suma bastante cuestionable desde el punto de vista macroeconómico, que era igual a la tasa de devaluación anual de 5% más la tasa de inflación (objetivo) internacional prefijada en 2%, es decir, una tasa de inflación de 7% cuya representación gráfica era una línea horizontal en el mediano y largo plazo. Hoy el BCN pronostica la inflación en rangos que los varía en el transcurso del año y la última vez que lo actualizó lo elevó de [5.5%, 6.0%] a [7%, 8%].

Parece que el público ya no presta mucha atención a lo que dicen los funcionarios del BCN sobre el comportamiento y las expectativas de la inflación. Sorpresivamente, de acuerdo con los datos del BCN, se registró una deflación de los precios al consumidor de 0.08% en julio y otra deflación de los mismos precios de 0.24% en agosto, de tal forma que la inflación interanual, o sea, entre agosto 2007 y agosto 2008 fue igual a 4.95%, y la tasa de inflación acumulada en el año (de diciembre 2017 a agosto 2018) fue igual a 1.66%.

Es muy probable que esos funcionarios expliquen esas dos tasas mensuales de deflación consecutivas con el vigor contractivo de la política monetaria que impera desde 2016 para proteger la posición de las reservas internacionales, debido al desplome del crédito petrolero de Venezuela, pero no deberían obviar que, en este tiempo de crisis política, las empresas, grandes y medianas, aún no han perdido su poder de mercado, o sea, no han bajado los precios de los bienes y servicios producidos.

Al haber eliminado la suma polémica de las tasas de devaluación local e inflación internacional, el BCN tendrá que explicar mejor o tendrá que hacer más en el frente de las comunicaciones -por ejemplo, mediante campañas publicitarias o utilizar las redes sociales- para mantener la inflación interanual cercana a 6% y para que se puedan cumplir por sí mismas las expectativas inflacionarias teniendo en cuenta que las empresas suben los precios de sus productos anticipadamente cuando esperan aumentos de precios más rápidos y los trabajadores demandan salarios más altos cuando esperan una mayor inflación, lo que obliga a las empresas a subir los precios para mantener los márgenes, y así sucesivamente. Pero cabe recordar que el BCN no ha podido obtener ese rango inflacionario objetivo de [5.0%, 6.0%], porque en 2016 y 2017 la tasa de inflación sorpresivamente fue igual a 3.1% en cada uno de esos dos años.

Por esas razones creo que las personas naturales y las empresas no están prestando atención o son indiferentes a la tasa de inflación que publica el BCN. Por consiguiente, los funcionarios del BCN tendrían que ser más explícitos para hacer uso de las expectativas inflacionarias como un instrumento de política con fines de estabilización, no deberían olvidar que gran parte de la población no está informada, y tendrían que hacer creíble y transparente la información económica que recopilan directa e indirectamente.

COPADES pronostica, sin tomar en cuenta las dos tasas de deflación oficiales de julio y agosto, que los precios al consumidor subirán 7.4% en 2018 en función del medio circulante, el precio internacional del barril de petróleo WTI y el coeficiente de inflación inercial. Talvez el BCN tendrá que actualizar de nuevo su rango inflacionario a [4.0%, 5.0%], a sabiendas que en septiembre el índice estacional del índice de precios al consumidor (IPC) nacional se ubica en el “valle” inflacionario.

El rumor de la devaluación

En tiempos de crisis política, no hay que dejarse llevar por noticias económicas falsas como la que se difundió en las redes sociales la semana pasada. La población se alarmó por una supuesta devaluación del córdoba, el congelamiento de los depósitos bancarios en moneda extranjera y su conversión en córdobas con el nuevo tipo de cambio establecido por la autoridad monetaria, que sería implementado el lunes 17 de septiembre.

En varias ocasiones he manifestado que el Banco Central de Nicaragua (BCN) es un rehén de su política cambiaria. Nunca va a lograr una devaluación real positiva, es decir, una depreciación del córdoba, para promover el esfuerzo exportador del país, debido a la existencia de la cláusula de mantenimiento de valor y a la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial. Devaluar el córdoba en este medio ambiente de precios en moneda local indexados con el precio de la moneda extranjera, el dólar estadounidense, sería echar leña a la hoguera de la inflación y, consecuentemente, se deterioraría rápidamente nuestra moneda de curso legal con un piso más alto de devaluación e inflación.

Para devaluar correctamente el córdoba, primero se requiere eliminar esa cláusula de mantenimiento de valor y esos mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio del córdoba con respecto al dólar. Esto obligaría a reformar la Ley No. 732 Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, mejor dicho, eliminar el artículo 38 de dicha ley orgánica, que dice así:

“En todo contrato podrá establecerse una cláusula por la cual las obligaciones expresadas en Córdobas mantendrán su valor con relación a una moneda extranjera. En este caso, si se produce una modificación en el tipo oficial de cambio del Córdoba con relación a dicha moneda, el monto de la obligación expresada en Córdoba deberá ajustarse en la misma proporción a la modificación operada”.

Así, desaparecería el córdoba con mantenimiento de valor en el sistema financiero nacional, que es una de las tres monedas que existen en el país, y se impondría sólo el córdoba, tanto para los depósitos como para los préstamos del público no bancario en el sistema financiero nacional.

Por su parte, la eliminación de los otros mecanismos de indexación de precios en córdobas en función del tipo de cambio oficial implicaría determinar la estructura de los costos de producción en córdobas, no en dólares como está hoy determinada, y especificar los componentes del costo total que corresponden a insumos nacionales, tales como materias primas procesadas en el mercado local, remuneraciones al trabajo, impuestos indirectos, depreciación de ciertos activos fijos (por ejemplo, la construcción de las plantas productivas) y utilidades brutas de las empresas, así como los que corresponden a insumos importados, o sea, los bienes y servicios importados, entre ellos los productos intermedios y la maquinaria y equipo. Esta reforma contable tomaría cierto tiempo, ya que estaría sujeta a la supervisión del ente público que norma la actividad económica a la cual pertenece la empresa.

En conclusión, una devaluación racional del córdoba demandaría la preparación de las condiciones para realizarla, porque si se hiciese en el escenario monetario actual, tal como lo deja a entrever la falsa noticia, estaría condenada al fracaso. Buscar una devaluación real del córdoba para corregir el grave desequilibrio comercial de la balanza de pagos equivalente a 20% del Producto Interno Bruto (PIB), imperante desde hace varias décadas debido a la sobrevaluación del córdoba (el córdoba vale más de lo que debería valer y el dólar vale menos de los que debería valer, por lo cual es más rentable importar que exportar), sería parte del largo proceso de la desdolarización o de la recordobización de la economía nicaragüense, pero este proceso de largo plazo no puede iniciarse en un ambiente de crisis política que pronto cumplirá cinco meses de existencia; no puede ser impuesto o forzado, sino voluntario mediante una política macroeconómica apropiada.

En relación con la parte final de la falsa alarma, el congelamiento de los depósitos bancarios en moneda extranjera y su conversión en córdobas con el nuevo tipo de cambio oficial, sería una medida peor que el control de cambio o que la puesta en vigor de un toque de queda temporal en la fuga de capitales en pánico, que eliminaría la libre convertibilidad del córdoba en dólares y destruiría la columna central del modelo económico actual del país. Esa medida monetaria y cambiaria desconocería la excesiva dolarización financiera que existe en el mercado interno, lo cual se ejemplifica con dos razones: el 75% del total de los depósitos se realiza con dólares y el 89% de la cartera de préstamos se entrega en dólares y el restante 11%, en córdobas con mantenimiento de valor que es un dólar disfrazado. Su efecto sería tremendamente negativo para la nación.

No hay que olvidar que la noticia de una devaluación de la moneda nunca es dada a conocer con varios días de anticipación, en este caso con 11 días antes de realizarse porque la comunicación de la falsa noticia está fechada el 6 de septiembre, 2018 , sino en el mismo día que se ejecute, y quien la da a conocer es el presidente de la República y el presidente del BCN, con base en la aprobación del Consejo Directivo del BCN.

Independientemente de que esa falsa noticia hubiese sido difundida por la izquierda o la derecha, o del centro en caso exista, del espectro político nacional, es un acto irresponsable que contribuye a maximizar la desconfianza de la población y a dañar más la situación económica del país.

Continúa vigente mi acusación personal a Eduardo Montealegre

Han pasado 2 años en que el presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas sigue estando protegido por el máximo tribunal de justicia de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Apelaciones de Managua y los Juzgados Sexto y Séptimo Local de lo Penal de Managua, a quien acusé el 27 de agosto de 2008 y el 11 de septiembre de 2011 por ser un violador de los derechos humanos al injuriarme y calumniarme en forma escrita al tildarme de defraudador del Estado de Nicaragua. Antes de estos últimos 2 años, estuvo protegido a lo largo de 8 años en la Asamblea Nacional al escudarse inapropiadamente en la inmunidad que le confería su cargo público de diputado.

Los servidores públicos que continúan protegiéndolo en el Poder Judicial son Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Virgilio Gurdián, Gerardo Rodríguez Olivas, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García.

Siempre insistiré en mi acusación personal formal de que Eduardo Montealegre Rivas es un violador de los derechos humanos, que con su presunta delincuencia afectó a los miembros de mi familia, y que delinquió contra mi persona cuando la Fiscalía General de la República lo acusó de ser coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias cuando en 2007, en su calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público, reestructuró la deuda pública por las liquidaciones bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001 y participó en las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados.

Eduardo Montealegre Rivas continúa estando realmente por encima de la Ley y no se inmuta de estarlo, pero es vergonzoso para el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuyos miembros se han dedicado más a minimizar las presuntas delincuencias de Montealegre que al ideal de que nadie, ni siquiera un ex político o un ex banquero o un ex ministro, esté por encima de la ley.