Los 14 compromisos de Nicaragua con el FMI en el año de elecciones nacionales

De acuerdo con información contenida en la Carta de Intención que el Gobierno de Nicaragua presentó al Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fue aprobada el viernes 19 de noviembre recientemente pasado, COPADES identificó 14 compromisos adoptados por las autoridades gubernamentales vigentes desde octubre de 2010 hasta octubre de 2011. 

1. Mantener una política fiscal prudente, de tal forma que el presupuesto del Gobierno Central tiene un déficit de 1.5% del PIB, incluyendo 0.7% del PIB por el gasto electoral, después del registro de las donaciones externas. La masa salarial permanecerá constante en el nivel de 7.7% del PIB en 2011.
2. Publicar las opciones de reforma de la seguridad social en octubre de 2010.
3. Los incrementos del salario mínimo se mantendrán alineados con la inflación y el crecimiento económico.
4. El banco central mantendrá la tasa anual de 5% en el deslizamiento del tipo de cambio oficial.
5. El desarrollo gradual del mercado de la deuda interna y fortalecer la administración de la deuda pública.
6. El sexto reporte de la cooperación internacional, con datos hasta diciembre de 2010, deberá incluir información detallada de los usos de la cooperación externa, y se publicará a finales de marzo de 2011. El gobierno asegurará que el uso de esta ayuda no representará ningún riesgo fiscal.
7. Fortalecer la supervisión bancaria para mitigar los riesgos de una segunda ronda del deterioro del crédito bancario, particularmente en un escenario de caída de la rentabilidad bancaria, y monitorear los movimientos de los depósitos asociados con los flujos de la cooperación venezolana concentrados en dos bancos.
8. Elaboración de un estudio, con la asistencia del BID y el FMI, para evaluar el presupuesto que se asigna para puestos permanentes y temporales en el Gobierno central, incluidas las opciones para mejorar el sistema futuro, el cual deberá estar listo a más tardar en agosto del 2011.
9. Finalizar la auditoría del Presupuesto General de la República de 2009 a finales de junio de 2011.
10. Mejorar los mecanismos para monitorear y agilizar la devolución efectiva de los impuestos.
11. Mejorar la administración de la Unidad de los Grandes Contribuyentes.
12. La auditoría de los balances financieros del Banco Central de Nicaragua se publicarán en marzo de 2011.
13. Aprobar la Ley de Microfinanzas a más tardar a finales de noviembre de 2010.
14. La primera revisión de la extensión del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA) se realizará a mediados de abril de 2011, y la segunda revisión de la extensión del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA) se realizará a mediados de octubre de 2011.

Si el gobierno cumple esos 14 compromisos tendrá acceso en 2011 a un préstamo de 16 millones de dólares del FMI destinados exclusivamente a las reservas internacionales del Banco Central, que es un remanente del préstamo asociado con las revisiones IV y V del Programa SCA (o sea, que no hay nuevos recursos del FMI asociados con los 14 compromisos vigentes en la extensión de un año del Programa SCA), y también tendrá acceso a otro préstamo de 40 millones de dólares de libre disponibilidad, específicamente para apoyo presupuestario, facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ranking de la banca comercial privada de Nicaragua a septiembre de 2010

La junta directiva y los socios de un banco están interesados en la rentabilidad, la liquidez y la productividad del banco, con el propósito de determinar su competitividad en el sistema financiero.

Los depositantes y los usuarios de crédito y servicios financieros están dispuestos a seleccionar la entidad bancaria que muestre una mayor solidez y una mejor accesibilidad.

El índice de calidad bancaria es construido con 20 razones financieras asociadas con los cinco parámetros arriba señalados.

La rentabilidad toma en cuenta las razones financieras de la utilidad neta con respecto a los activos y el patrimonio, el margen financiero y el rendimiento de la cartera de crédito.

La liquidez es analizada con las disponibilidades de monedas nacional y extranjera con respecto a los depósitos en ambas monedas y la proporción de la cartera de corto plazo en la cartera de crédito bruta.

La productividad bancaria es medida principalmente con el otorgamiento de préstamos y la obtención de ingresos financieros, así como con la oferta de servicios no financieros, relacionados con los gastos administrativos.

La solidez de los bancos se fundamenta en su adecuación de capital, las reservas del banco para afrontar el comportamiento de la cartera de préstamos vencidos, y su cobertura contra riesgos cambiarios.

La accesibilidad de los bancos se basa en el número de prestatarios, la tasa pagada a los depositantes en cuentas de ahorro y a plazos y la importancia de los ingresos no financieros en relación con los préstamos.

El banco más rentable es el CITY porque su utilidad neta es igual a 1.67% de sus activos y a 11.38% de su patrimonio, posee el margen financiero más elevado del sistema, 26.85 puntos porcentuales, y el rendimiento de cartera más bajo, al representar sus ingresos financieros el 22.75% del monto de sus préstamos.

El banco con mayor liquidez es el BAC porque su liquidez total es igual a 38.29% del valor de sus activos, su liquidez en moneda local es igual a 50.05% del monto de sus depósitos en córdobas, su liquidez en moneda extranjera es igual a 48.75% del monto de sus depósitos en dólares, y su cartera de préstamos de corto plazo es igual a 11.34% del monto total de sus préstamos.

El banco con mayor productividad es LAFISE BANCENTRO debido a que su captación de depósitos es igual a 10.22 veces el valor de su patrimonio, es el segundo en eficacia en el manejo de la cartera -porque el monto de sus préstamos es igual a 15.46 veces el monto de sus gastos administrativos-, el segundo en eficacia en la generación de ingresos financieros -porque la utilidad financiera es igual a 1.04 veces el monto de sus gastos administrativos-, y, además, posee la más alta productividad de servicios, al representar sus ingresos no financieros (comisiones y otros ingresos operativos) 0.63 veces el monto de sus gastos administrativos.

De acuerdo con los tres índice anteriores de interés para los socios de los bancos, el banco más competitivo es el BAC.

El banco más sólido es el BAC al mostrar un monto de préstamos vencidos igual a 0.98% del monto total de su cartera de crédito bruta, al ocupar el tercer lugar en la  adecuación de capital con un 17.3% y un monto total de reservas de cartera y patrimonio igual a 25.61 veces el monto de la cartera vencida, y ocupa el primer lugar en las menores proporciones de liquidez en córdobas neta de depósitos en cuenta corriente en córdobas en relación con sus activos, igual a -4.42%, o sea que no está expuesto a riesgos cambiarios.

El banco más accesible es el CITI por tener 194,425 prestatarios (o sea, el 29.2% del total de prestatarios de crédito en la banca), al destinar el 75.02% de los depósitos a préstamos, al pagar una tasa de interés implícita anual de 3.49% sobre los depósitos de ahorro y a plazos en monedas local y extranjera, y al generar el segundo mayor volumen de servicios al público al registrar ingresos no financieros iguales a 6.13% del monto de préstamos.

De acuerdo con los dos índices anteriores de interés para los usuarios de los servicios bancarios, el CITI es el banco más preferido por el público no bancario.

Tomando en cuenta los índices de competitividad y de preferencia del público no bancario, el CITI ocupó el primer lugar en la clasificación de la calidad de la banca privada nicaragüense en septiembre de 2010, al mostrar un índice de 131.94 (Base: Banca Privada = 100). Para alcanzar el primer lugar entre los seis bancos privados existentes en el país a esa fecha, el CITI obtuvo el primer lugar en rentabilidad y accesibilidad, el cuarto lugar el liquidez y el quinto lugar en productividad y solidez.

Cabe destacar que el BANPRO retomó el lugar del banco más grande de Nicaragua en septiembre al registrar un valor total de activos de 1 mil 280 millones de dólares, por lo cual LAFISE BANCENTRO ocupó ese lugar sólo durante un trimestre. En relación con el sistema bancario comercial privado, el BANPRO posee el 31% de los activos totales, el 38% del total de depósitos en córdobas, el 29% del total de depósitos en dólares, el 26% de la cartera de crédito bruta, el 27% del patrimonio total, el 18% del total de prestatarios y el 20% del total de cuentas de los depositantes.

Finalmente, el CITI retomó el primer lugar del ranking de la banca comercial de Nicaragua en septiembre, cuatro trimestres después que fuera desplazado al segundo lugar por el BAC.

Diálogo y fraternidad entre nicas y ticos

Los nicaragüenses debemos alentar el diálogo para resolver el diferendo con la hermana República de Costar Rica sobre su denuncia en el uso y el dragado de nuestro Río San Juan, pero debemos evitar cualquier pretensión de contaminar políticamente nuestras relaciones económicas, comerciales, financieras y culturales que mantenemos con los costarricenses.

En 2010, Costa Rica, con 4.7 millones de habitantes, genera un Producto Interno Bruto (PIB) de 34,200 millones de dólares, un poco más de 5 veces el valor del PIB de Nicaragua, pero el ingreso per cápita promedio anual de un costarricense es de 7 mil 210 dólares, un poco más de 6 veces del nicaragüense, que es de 1 mil 115 dólares.

Sin embargo, se estima que aproximadamente 800 mil nicaragüenses radican temporal o permanentemente en Costa Rica, en busca de mejores oportunidades laborales y salariales, y también de empleo especialmente en el Área Metropolitana y la regiones Norte y del Caribe de ese país.

Ese dato del total de emigrantes nicaragüenses hacia la nación vecina del sur, que pertenece a nuestra gran familia centroamericana, es muy importante para la obtención de la producción y del elevado ingreso per cápita promedio anual, porque se estima una ocupación de 2 millones de personas en el mercado laboral costarricense y, con un gran supuesto que la mitad del número de  nicaragüenses emigrantes tiene un trabajo, fácilmente se podría afirmar que el 20 por ciento del empleo está ocupado por conciudadanos nuestros, que no compiten por empleo con los costarricenses debido a que el mercado laboral está muy segmentado: los nicas se emplean en puesto de trabajo que no son del agrado de los ticos, los nicas se emplean en actividades económicas que los ticos ya no quieren.

Nuestros emigrantes al país del sur trabajan en las actividades de agropecuarias, especialmente en los rubros exportadores tales como café, caña de azúcar, banano y ganado vacuno, la construcción, el empleo doméstico, la seguridad privada y el comercio. En otras palabras, los trabajadores nicaragüenses en Costa Rica contribuyen a generar el 40% del PIB, contribuyen a generar una producción de 14 mil millones de dólares y aportan a la seguridad social.

Se estima que el 60% de los emigrantes se ubica en zonas urbanas, donde hay más mujeres que hombres porque se dedican a los trabajos domésticos y al comercio, y el 40% en zonas rurales. La formación escolar del 65% de los emigrantes es de secundaria completa e incompleta. En la década de los ochenta del siglo pasado, escuché decir a un sociólogo costarricense que el perfil del emigrante nica le recordaba al costarricense de la década de los cincuenta; recientemente, escuché decir al embajador de Nicaragua en Costa Rica, Señor Harold Rivas Reyes, que la Señora Presidente Laura Chinchilla le comentó que su hija sabe el poema “Los Motivos del Lobo”, de nuestro gran Rubén Darío, porque su empleada doméstica es nicaragüense.  

Estos son momentos en los cuales debe imperar la razón y la cordura y deben rechazarse las muestras de  fuerza y de posiciones radicales que alimenten la discordia entre dos pueblos hermanos. Recientemente, también escuché decir a un político nicaragüense que deberían cerrarse las fronteras a los productos costarricenses, lo cual no es aconsejable ni ético para consumidores y productores en ambos lados del río.

A groso modo, los productores costarricenses exportan bienes a Nicaragua por un valor anual de 300 millones de dólares, principalmente en cemento sin pulverizar, concentrados para la elaboración de gaseosas, pan, galletas, pasteles, barras de hierro, productos laminados planos de hierro o acero sin alear, aceite comestible de palma, harina de trigo, agua mineral o gaseada, medicinas, alimentos para animales, salsa de tomate, refrigeradoras, condimentos y sazonadores, compresas y tampones higiénicos, tubos y accesorios de tubería de plástico, bebidas a base de pulpas y leche, preparaciones alimenticias, esbozos (preformas) de envases para bebidas, abonos minerales o químicos, huevos fértiles para la reproducción, harina de maíz, jugos de frutas y hortalizas, margarina, pastas alimenticias y papel higiénico.

Por su parte, los productores nicaragüenses exportan bienes a Costa Rica por un valor anual de 100 millones de dólares, principalmente frijol rojo, harina de trigo, carne de ganado bovino, solventes minerales (varsol, exsson,), tubos y perfiles huecos de hierro o acero, naranjas, agua gaseada o mineral, arroz, plástico y manufacturas de plástico, perfiles de hierro y acero sin alear, pan, galletas, reposterías, melaza de caña, café oro, maní, cajas de papel o cartón corrugado, calzado, helados, alimentos para animales, ron, y cebollas amarillas.

Con el consejo político inapropiado de cerrar fronteras a los productos costarricenses, se afectarían la oferta de alimentos y la actividad de la construcción en los dos mercados, afectando especialmente a los consumidores de los dos países y a los trabajadores de la construcción en el mercado del país vecino.

También cabe recordar que el 25% del total de las remesas provienen de Costa Rica, o sea un monto anual aproximado a 200 millones de dólares que reciben los familiares de los nicaragüenses que han emigrado para trabajar en forma temporal, semi-permanente y permanente en nuestro vecino del sur. Cabe mencionar que el 5% de la población costarricense emigran principalmente hacia Estados Unidos, como lo hacen también los nicaragüenses, y envían remesas a sus familiares por un monto anual de 350 millones de dólares.

Por lo tanto, la política no debe contaminar nuestras relaciones económicas, comerciales, financieras y culturales con Costa Rica, porque el efecto de esa contaminación sería muy negativo para la población de los dos países.

Tan negativo en los aspectos importantes del comercio internacional como en los más populares, porque se suspendería la polémica si el gallo pinto es nica o es tico, aunque sabemos muy bien que ese plato es pinolero. Y no olvidemos que, pocos años atrás, un Presidente de Costa Rica vivió durante su niñez en Nicaragua.

La política monetaria y cambiaria de 2011

De acuerdo con las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para extender por un año más el plazo del Programa “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA), que expiró el 4 de octubre de 2010, las reservas internacionales brutas caerán US$20 millones hasta US$1,499 millones en el año de 2011, debido a una reducción gradual de la excesiva liquidez que mantiene los bancos comerciales en la actualidad, pero el saldo de dichas reservas será equivalente a 3.8 meses de importaciones de bienes CIF, excluyendo las importaciones de las empresas que gozan del régimen de zona franca.

Sin embargo, según el FMI y el BCN, para las cuentas monetarias se registrará una caída de US$40 millones en el saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (que es igual al saldo de las reservas brutas menos la suma de la deuda contraída con el FMI, el saldo de encaje efectivo sobre los depósitos en dólares y el saldo del fondo de garantía de los depósitos en dólares), debido a una reducción de los depósitos en dólares de los bancos en el BCN a medida que el crédito comience a recuperarse, lo cual estimo no es la causa de esa caída de las reservas.

Es muy probable que la caída de las reservas sea mayor que la preanunciada por las autoridades gubernamentales y el FMI, porque en los años de elecciones nacionales se observa una fuga de depósitos en dólares del sistema financiero nacional, que es alrededor de 5% del saldo total de dichos depósitos, por lo cual estimo que saldrán del país cerca de US$80 millones por la prevención de cualquier conflicto social derivado de los resultados electorales, mas no por el temor de una victoria de la izquierda política del país.

La política monetaria de 2011 será expansiva porque la caída de las reservas internacionales arriba mencionada está acompañada de un aumento de los activos internos netos del Banco Central de Nicaragua (BCN) por C$1,573 millones. La expansión de esos activos internos netos del BCN se explica con las pérdidas financieras y operativas del BCN, la redención neta de títulos valores emitidos por el BCN y activos (préstamos) externos netos que desembolsará la autoridad monetaria en el próximo año, pero será contrarrestada parcialmente por el aumento de los depósitos del Gobierno Central en el BCN y la amortización de la deuda por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001 que se aprueba anualmente en el presupuesto nacional, independientemente que esa deuda fue denunciada como ilícita por la Contraloría General de la República (CGR) y por lo cual la Fiscalía General de la República acusó penalmente a 39 personas que ocuparon altos cargos en el sector público, 20 de ellos en el BCN, que no han sido procesadas porque uno de los acusados se escuda en su inmunidad de diputado en la Asamblea Nacional.

En consecuencia, se programó un aumento de C$677 millones en el monto del numerario, o sea del dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, una buena noticia para la actividad comercial. Pero el BCN monitoreará la excesiva liquidez en poder de los bancos para evitar un repentino aumento injustificado de sus préstamos, cuyo saldo, según el BCN se mantendrá constante en el nivel de 31.3% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque yo pronostico que 2011 será el cuarto año de caída consecutiva del crédito bancario porque los banqueros no han pensado en lo impensable para salirse del atolladero de la excesiva liquidez. Es necesario que, en un diálogo con el BCN, los grupos financieros busquen y consoliden una política financiera activa a favor del crecimiento económico de Nicaragua, que aún no existe en el país. Cabe recordar que en un país pobre y aún muy endeudado en términos de producción, como lo es Nicaragua, un mayor crecimiento económico es posible a través de la inversión y no por la vía del consumo.

Las autoridades gubernamentales también se comprometieron en ampliar la supervisión de los bancos con el fin de mitigar una segunda ronda del deterioro del crédito, en un contexto de disminución de la rentabilidad bancaria, hoy sacrificada por la excesiva liquidez mantenida por los bancos. Además, el BCN monitoreará los depósitos asociados con el flujo de ayuda de Venezuela concentrados en dos bancos comerciales, así como los depósitos de las cooperativas financieras, particularmente aquellas que administran los fondos de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA).

Por otro lado, la política cambiaria mantendrá la tasa de 5% anual del de deslizamiento del tipo de cambio oficial, un régimen cambiario reptante que en la práctica es el régimen de un tipo de cambio fijo con un deslizamiento preanunciado. Sin embargo, el FMI evaluó que el régimen cambiario reptante continúa estableciendo un piso relativamente alto para las expectativas inflacionarias y, junto con el alto grado de dolarización bancaria, limita la eficacia de la política monetaria.

Yo agrego que la política cambiaria es un rehén de la excesiva dolarización extraoficial de la economía nacional. De nada sirven los instrumentos de política cambiaria en el BCN por la presencia de una serie de mecanismos de indexación de los precios en córdobas con respecto al valor del dólar en el mercado financiero, especialmente la cláusula de mantenimiento de valor, que impide proteger a nuestra economía de los choques externos y obstaculiza la reducción del elevado déficit comercial que oscila anualmente alrededor del 30% del PIB. Tarde o temprano, las autoridades gubernamentales tendrán que “recordobizar” la economía o hacer un plebiscito para que la población acepte o rechace una dolarización oficial de nuestra economía. Suena cómico decir que en Nicaragua la inflación se mide en córdobas mientras que el dólar estadounidense domina el 66% de la liquidez global del mercado interno.

La política fiscal de 2011

La política fiscal de 2011 se basa en los lineamientos de políticas de ingresos, gastos y financiamiento del déficit fiscal contenidos en la propuesta de la Ley del Presupuesto General de la República de 2011, que entregara el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 15 de octubre para su discusión y aprobación.

En esa propuesta de ley, en el ámbito de la política de ingresos se destacan el fortalecimiento de la administración tributaria, la búsqueda de una mejor eficiencia y eficacia en la recaudación de impuestos, una mayor agilidad y facilidad y un menor costo del servicio tributario, la actualización y modernización del sistema de registro y control de los contribuyentes, el mejoramiento del proceso de recaudación, cobranza y fiscalización integral, la agilización del despacho y del control aduanero, y la reducción de la evasión tributaria y el contrabando aduanero.

Con una presión tributaria de 18.1%, es decir que el gobierno central capta en concepto de impuestos C$18.10 de cada C$100 producidos en bienes y servicios en 2010 -similar a la registrada en 2008 y se eleva hasta 18.5% en 2011-, esa política de ingresos estrictamente operativa es coherente con un año de elecciones nacionales, en el cual ningún partido político desea incurrir en el costo de discutir la reducción de exoneraciones y exenciones en el pago de tributos, la supervisión fiscal en la formación de los precios de transferencia y la reforma del fondo de pensiones de seguridad social, tres temas que se abordarán hasta en 2012.

Por el lado de la política de egresos, el gasto de funcionamiento fue ajustado con la tasa anual de 5% del deslizamiento del tipo de cambio oficial, excepto algunos programas prioritarios de educación y salud que fueron ajustados en 7%. El ajuste “mínimo” del gasto operativo, con la espera de una mayor presión tributaria en 2011, compensará la ejecución del gasto electoral que se estimó en 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) equivalente a US$44 millones, sin incluir el probable reembolso de US$13 millones a los partidos políticos que lleguen a ocupar escaños en la Asamblea Nacional. La masa salarial se ajustará en 9.5%, la cual ya incluye el monto anual del bono salarial financiado por Venezuela y es igual al monto del gasto electoral.

En los sectores económico y social, se observa la continuidad al bono productivo alimentario, al suministro de semilla mejorada par el apoyo a los programas de producción agroalimentaria; se mantiene la política de subsidios en el consumo de agua y energía eléctrica a jubilados, en el consumo de energía eléctrica en asentamientos vulnerables, y el subsidio al transporte colectivo de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino; y se garantiza la transferencia del 10% de los impuestos a las municipalidades, del 4% del gasto (o del ingreso) total a la Corte Suprema de Justicia y el 6% del ingreso total al Consejo Nacional de Universidades. Además, se continúa el apoyo a las MIPYMEs, la solución de conflictos de la propiedad, la entrega de títulos de propiedad, la demarcación y titulación de territorios de comunidades indígenas y el mejoramiento de la red vial para ampliar el acceso a servicios básicos y al mercado.

Nuestros servidores públicos se han empecinado en divulgar que el gasto social aumenta para 2011. Sin embargo, el volumen de transacciones presupuestarias (eliminando la inflación) del Ministerio de Salud disminuye 2.0% el del Ministerio de Educación apenas crece 0.3%, y en el área económica, es preocupante que el volumen de transacciones presupuestarias del Ministerio Agropecuario y Forestal se desploma 5.4% con respecto a 2010. Además, se propone elevar el gasto de reducción de la pobreza de US$875 millones en 2010 a US$888 millones en 2011, pero el  64% de este gasto es corriente (o de consumo) y sólo el 36% se invierte, y si no se revierte esa estructura de gasto será muy difícil reducir la pobreza del país.

La política en materia de seguridad y orden público, que propugna por mejorar el orden público y la seguridad ciudadana y proseguir la lucha contra el narcotráfico, contradictoriamente se altera porque el volumen de transacciones presupuestarias (reitero sin el efecto de la inflación) del Ministerio de Gobernación se reduce 7.3%, aunque que el del Ministerio de Defensa crece 19.3%.

La política de inversión pública sigue concentrada en los sectores de energía, salud, educación, protección social, agua y saneamiento, vivienda e infraestructura vial. Los proyectos de inversión pública a ser ejecutados están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo Humano, cuentan con el aval técnico (de acuerdo con la Ley 550) y se priorizan aquéllos que son de arrastre tanto en ejecución como en etapa de licitación que concluya en 2011. Pero el gasto de inversión pública, que se mantiene congelado en el nivel de 4% del PIB, está acompañado con la reducción de 9.9% del volumen de transacciones presupuestarias del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Cabe mencionar que se ha programado la construcción de 1,591 viviendas de interés social, con la modalidad de subsidio de ingresos moderados.

La política de pago de la deuda gubernamental se fundamenta en honrar las obligaciones contractuales frente a los acreedores externos, que recibirán un pago equivalente a US$86 millones, y acreedores internos, que recibirán un monto equivalente a US$244 millones. Siempre eliminando la inflación, el volumen de pago de intereses y amortizaciones de la deuda gubernamental aumenta 10% en 2011.

En suma, el gasto total del presupuesto nacional para 2011, que incorpora el gasto electoral, es igual a 24% del PIB, apenas 0.2 puntos porcentuales mayor que el de 2010 que es igual a 23.8% del PIB.

La política de financiamiento del déficit fiscal (que es igual a 3.9% del PIB antes de las donaciones externas, 1.5% del PIB después de donaciones y 0.8% del PIB después de las donaciones externas y excluyendo el gasto electoral) mantiene una concesionalidad mínima de 35% para la contratación de nuevos préstamos externos; las donaciones externas, todas atadas a proyectos y programas públicos, suman US$190 millones; los préstamos externos totalizan US$190.8 millones, de los cuales US$40 millones corresponden a divisas líquidas de libre disponibilidad; y las nuevas colocaciones de Bonos del Tesoro de US$130 millones, con vencimientos de 2, 3 y 4 años, son para financiar el pago de amortizaciones de la deuda gubernamental interna y externa.

Una última noticia alentadora: el Fondo Monetario Internacional aceptó un “ajustador” que podría incrementar el gasto del presupuesto en 2011, sólo en el caso que el gobierno contrate nuevos préstamos para financiar exclusivamente proyectos de inversión hasta US$55 millones. La noticia que nos debería preocupar es la necesidad de reducir el porcentaje de subejecución de los proyectos de inversión pública, por lo cual se están pagando intereses sobre deuda externa desembolsada que permanece “ociosa” en el saldo de las reservas internacionales de la banca central.

El virus de la economía global

El virus que provocó el más grave problema económico mundial de la primera década del Siglo XXI fue la crisis hipotecaria, cuando los bonos hipotecarios estadounidenses, que fueron calificados como “tóxicos”, emigraron de Wall Street hacia los bancos de las economías avanzadas. La segunda mutación del virus fue la crisis financiera, que se inició con la caída y la desaparición de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que obligó a los congresos y parlamentos a la aprobación de rescates bancarios, por supuesto, con los impuestos de los contribuyentes. Luego el virus mutó por tercera vez en la crisis de la recesión económica, que hizo caer en 2% a la producción mundial en 2009 e impulsó la tasa de desempleo abierto hasta 8.3% en las economías avanzadas.

Con el llamado del Fondo Monetario Internacional (FMI) a los gobiernos de los países de economías avanzadas para que aplicaran estímulos fiscales o que aumentaran el gasto público con el fin de contrarrestar la caída de la producción mundial –lo cual fue hecho en una forma bastante tímida-, el virus se mutó por cuarta vez en una crisis fiscal (?), según el FMI por el elevado endeudamiento público interno resultante de esos estímulos fiscales. El FMI se camufló rápidamente en un defensor de la austeridad fiscal, ignorando aparentemente que una reducción deliberada del déficit fiscal conduce a una mayor desaceleración del crecimiento de la producción de bienes y servicios en el actual estadio de la economía mundial.

Por lo tanto, el policía financiero internacional aconsejó a todo el mundo reducir el elevado endeudamiento público interno, incluso en los países pobres y aún muy endeudados en términos de producción como es mi país, ya que su receta ortodoxa es común y la impone independientemente de la situación política y social de cada país. Cambiar esta cuestionable conducta del FMI significaría una verdadera reforma estructural del vigilante financiero internacional.

Fue un craso error del FMI el haber provocado la supuesta crisis fiscal, porque la política monetaria nunca ha salvado al mundo de una recesión económica, tal como lo demostró en su tiempo el Profesor John Maynard Keynes y, más recientemente, en su postrimería lo comentara el Profesor Milton Friedman. El notable economista inglés recomendó, y el notable economista estadounidense comentó, que frente al riesgo de una depresión el gobierno debe mantener el flujo de la demanda agregada –consumo, inversión y exportaciones- con su intervención estratégica en los mercados de bienes, monetario y financiero.

Después de esa aseveración fondomonetarista fatalista sobre los presupuestos nacionales, ahora el virus ha mutado por quinta vez en una crisis de divisas, que se ha potenciado con el reclamo estadounidense a China para que aprecie el renmimbi o el yuan, así como con el “relajamiento cuantitativo” (quantitative easing) de la Fed, que emitirá 600 mil millones de dólares para comprar bonos del Tesoro estadounidense y alcanzar la recuperación económica, pero lo más probable es que sólo sirva para presionar a la baja el tipo de cambio –una devaluación encubierta del dólar, dice China-, reducir las tasas de interés de largo plazo (las de corto plazo son casi cero y no facilitaron la reactivación de la economía), y disminuir el incentivo de acumular dólares estadounidenses.

El principal objetivo del “relajamiento monetario” es, pues, reducir el costo del financiamiento a largo plazo y estimular la demanda agregada. Teóricamente, las compras de bonos del Tesoro desplazarían el ahorro hacia instrumentos de crédito empresarial, aumentando la rentabilidad de los proyectos de inversión y el valor de los activos financieros e inmobiliarios. Esto tendría un efecto positivo en la riqueza de las familias, la confianza y el consumo. Sin embargo, el Profesor Ben Bernanke, presidente de la Fed, se esforzó en comunicar a los mercados que mantendrá el objetivo de una tasa de inflación anual de 2%. Por esto último creo que el “relajamiento monetario” no será muy exitoso, porque para salir airoso de los riesgos de la recesión y la deflación hay que generar más inflación. Cabe recordar que la película japonesa permanece fresca en la memoria de los japoneses y de los economistas.

La crisis de divisas con las devaluaciones competitivas –una guerra que será ganada por aquella moneda que se aprecie o se debilite más- puede provocar con bastante seguridad una sexta mutación del virus, la de la crisis comercial, como ocurrió en la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, lo cual sería mucho más grave para la economía mundial. Con esa última mutación reaparecería el proteccionismo a escala planetaria y sálvese quien pueda.

En conclusión, el frágil equilibrio de la economía mundial se ve amenazado por dos flancos: con la guerra de divisas protagonizada por Estados Unidos y China y que ya está arrastrando a otros países que comienzan a resentir la apreciación de sus monedas, y con la posible reaparición del proteccionismo. En resumen, tendremos un mundo con grandes desequilibrios comerciales, altas tasas de desempleo y una batalla entre las divisas mundiales con sus presiones especulativas en las monedas del resto de países.

Las recetas económicas para enfrentar estos problemas son bastante claras, pero con la decisión mundial que no se dará una carrera de devaluaciones competitivas entre los países. En la actualidad, Estados Unidos, con una deuda pública de 99% del PIB y un déficit fiscal de 7% del PIB, necesita reducir su dependencia del crédito y buscar un presupuesto equilibrado en el largo plazo; China, con el yuan un 40% por debajo de su valor real según analistas económicos, procuraría depreciar su moneda para exportar menos y atender el consumo de 1 mil 348 millones de habitantes; Japón proseguiría con sus tareas de eliminar el riesgo casi permanente de la deflación y sanear su sistema financiero, a las cuales se agrega la administración del envejecimiento de su población; la Eurozona podría replantear la severa reducción de su déficit fiscal, propiciar el estímulo del gasto público para el crecimiento económico y disminuir gradualmente su deuda pública de 87% del PIB; y el resto de países, de medianos y bajos ingresos, priorizar la inversión pública sobre el consumo público, y facilitar la inversión privada; y una última medida:  reestructurar el sistema financiero internacional, causante del virus que ha llevado todos estos problemas a todo el mundo.

Existen dudas que el FMI logre coordinar la aplicación de ese tipo de medidas, por lo cual tendrían que ser implementadas directamente por los países involucrados. Además, aunque veinte países (el G-20) contribuyen con un 80% en la formación del PIB del Mundo, y a sabiendas que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene 192 estados miembros en 2010, debería tomarse en cuenta que existen 172 países que se protegen como pueden de ese virus que ha mutado cinco veces hasta ahora, pero no son tomados en cuenta, mucho menos consultados, en la solución del problema económico global. Por lo tanto, el hecho internacional que 20 países se adjudicaron el derecho de resolver ese problema podría causar bastante polémica en el seno de la ONU, que sería más intensa si se llegara a observar la sexta mutación del virus.

Las reformas estructurales de la economía nacional en 2011

En un año electoral, con la necesidad de extender por un año más el cuarto programa trienal suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Programa «Servicio de Crédito Ampliado»(SCA) que expiró el 4 de octubre recientemente pasado, el Gobierno de Nicaragua estableció 10 medidas de política de reforma estructural con el propósito de continuar de la mano con el policía financiero internacional 12 meses más. En su mayoría esas medidas son más de índole administrativa que de reformas estructurales propiamente dichas, por lo cual estimo que no habrán tropiezos en implementarlas porque no requieren de la mutua colaboración que debiera existir entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo.

Las medidas de reformas estructurales del sector público para 2011 que suscribieron el Gobierno de Nicaragua y el FMI, se distinguen las siguientes: 

• Continuar reduciendo las pérdidas de distribución de energía eléctrica.
• Incrementar la oferta de generación de energía con recursos renovables en 490 MW entre 2011 y 2014.
• Reforzar el monitoreo del uso de la ayuda internacional y asegurar que no provoque contingencias fiscales.
• Implementar la nueva Ley de Contrataciones del Estado.
• Con la asistencia del FMI y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evaluar las contrataciones permanentes y temporales de empleo en el Gobierno Central.
• La Contraloría General de la República (CGR) concluirá la auditoría del presupuesto nacional de 2009 en junio de 2011.
• Mejorar los trámites del reembolso de los impuestos.
• Mejorar la administración de la unidad de grandes contribuyentes.
• La auditoría de los estados financieros del Banco Central de Nicaragua deben ser publicados en marzo de 2011.
• Aprobar la ley que regule a la industria de microfinancieras.

Puede observarse que esas tareas son permanentes más no estructurales para imprimir un mayor crecimiento económico de mejor calidad, excepto la de continuar ampliando la generación de electricidad con recursos renovables. La mayoría de ellas son obligaciones estatales, tales como auditar los resultados de la autoridad monetaria, que por ley la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) no puede realizar, y ésta última recientemente declaraba que no deseaba regular a las microfinancieras del país. Algo insólito que el servidor público al frente de la SIBOIF se oponga a público y a los agentes financieros que atienden las necesidades crediticias de la micro empresa y de la pequeña empresa, o de los agentes financieros que no son sujetos de crédito en el mercado financiero convencional.

O que la CGR audite el presupuesto nacional, pues para eso ha sido creada, para supervisar el gasto público y perseguir y ahora acusar a los servidores nuestros que causen daño al presupuesto nacional. Solicitarle a la Dirección General de Ingresos (DGI) que cumpla efectivamente con el reembolso de impuestos pagados por las universidades, las iglesias y el cuerpo diplomático acreditado en el país, no es nada más que una obligación del cobrador de impuestos, así como el mejoramiento de la administración tributaria. Concluir también en agosto de 2011 un estudio sobre el empleo en el Gobierno Central, que es necesario para buscar la austeridad, la eficiencia y la eficacia en las finanzas públicas, es una acción administrativa permanente.

Supervisar a las instituciones financieras es otra tarea permanente. Evitar sorpresas financieras asociadas con la caída de la rentabilidad bancaria por la reducción drástica del crédito en el mercado local es una responsabilidad de la política financiera, la cual parece que no existe en el país a pesar que la Asamblea Nacional aprobó recientemente la nueva Ley del Banco Central de Nicaragua que satisface su autonomía y su capitalización, después de acumular pérdidas superiores a 600 millones de dólares desde 1994.

Sin embargo, la preocupación de algunos representantes de la derecha política sobre la ayuda venezolana ya dejó de molestar al FMI, debido a que se proseguirá el registro de la deuda externa, tanto pública como privada, se dará seguimiento detallado al uso de los recursos externos, entre ellos los provenientes de Venezuela, y se evitará que el uso de la asistencia financiera internacional no provoque riesgos a las finanzas públicas y al programa económico. En otras palabras, no deberán repetirse medidas similares a la del bono salarial por sus consecuencias presupuestarias.

Es fácil concluir que el Gobierno de Nicaragua cumplirá las «reformas estructurales» establecidas para 2011. Pero ya están previstas para 2012 la reducción de las exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos, la supervisión de la formación de los precios de transferencia y la búsqueda del consenso nacional para reformar el fondo de pensiones de seguridad social.

El aguinaldo de este año ronda los 328 millones de dólares

La población total de Nicaragua en 2010 es de 5 millones 816 mil habitantes.

La población económicamente activa (PEA) de Nicaragua es de 2 millones 356 mil personas, que representan el 40.5% de la población total del país.

COPADES estima que el desempleo global, que incorpora a los desempleados abiertos –que no trabajan ni un minuto en el año-  y las horas/hombre no laboradas por lo subempleados –que se conoce como desempleo equivalente asociado con el subempleo- es igual al 27.7% de la PEA.

Por diferencia, o sea la PEA menos el desempleo global- obtenemos que 1 millón 705 mil personas están plenamente ocupadas en este año, o sea que laboran ocho horas diarias. De ese total de ocupados plenos, el 6.3% se encuentra empleado en el Gobierno Central,  o sea 107 mil 500 personas. En otras palabras, el 93.7 del empleo en Nicaragua es generado por el sector privado

Por otro lado, el salario promedio mensual en nuestro mercado es, aproximadamente igual a un monto equivalente de 300 dólares. Cabe mencionar que el salario promedio de los trabajadores activos asegurados en el INSS es de 285 dólares.

COPADES también estima que el 50% del total de personas plenamente ocupadas pertenece al mercado laboral informal, o sea personas que laboran en unidades empresariales que no cuentan con registros contables o no cotizan la seguridad social.

Con plena seguridad, el 50% del total de personas plenamente ocupadas formalmente y reciben aguinaldo. Nos referimos a 853 mil personas –de ellas, 532 mil están aseguradas en el INSS- que recibirían con bastante seguridad un monto total de 256 millones de dólares.

Es obvio que los trabajadores por cuenta propia, los empleadores, los trabajadores familiares sin pago y los trabajadores no familiares sin pago, que suman 613 mil personas y representan el 40% de los ocupados plenos, no reciben aguinaldo,

COPADES también estima que el 30% del resto de trabajadores plenamente ocupados que se encuentran en el mercado informal, o sea 240 mil personas del sector informal también reciben aguinaldo por un monto total de 72 millones de dólares.

Por lo tanto, la masa de aguinaldo que saldría a circular este fin de año a partir del 25 de noviembre, como ha anunciado el sector gubernamental, es del orden de 328 millones de dólares.

Así, los comerciantes y los acreedores esperan en diciembre próximo el 5% del Producto Interno Bruto de este año.

La dureza de la política fiscal de 2011

En un año electoral, con pocas maniobras para aumentar los ingresos tributarios, aunque en 2011 se recaudarán los nuevos tributos directos provenientes de la reforma tributaria vigente a partir del 1 de enero de 2010, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) delineó en la propuesta del presupuesto nacional del próximo año una política de ingresos basada en acciones estrictamente administrativas, tales como mejorar la “eficiencia y la eficacia” en el cobro de los impuestos, fortalecer la administración tributaria, reducir la evasión fiscal y el contrabando aduanero, actualizar –como se intenta desde hace años- el catastro de los contribuyentes y agilizar el despacho y el control aduanero.

La política del gasto gubernamental fue exageradamente restrictiva en un año electoral y con la presencia de una gran cantidad de problemas resultantes de las inundaciones recientes, entre los que se destacan las emergencias de las poblaciones desplazadas de sus lugares de origen, la falta de viviendas y las enfermedades. El gasto de funcionamiento fue aumentado con la tasa anual de deslizamiento de 5% del tipo de cambio oficial, excepto el de los ministerios de Educación y Salud que se ajustaron con el 7%, con el fin de compensar el gasto electoral equivalente a 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual no incluye el reembolso a los partidos políticos que iguala el 0.2% del PIB. Con ese reembolso no propuesto para 2011, el gasto electoral nos cuesta 57 millones de dólares.

Con el gasto electoral presupuestado de 44 millones de dólares para 2011, el gasto total primario, que excluye el pago de intereses de la deuda gubernamental interna y externa, se mantiene constante como un porcentaje del PIB con respecto al presupuesto reformado de 2010, pero se mantienen la política de subsidios, el bono productivo alimentario, las transferencias mandadas por la Constitución y otras leyes, la honra de las obligaciones de la deuda gubernamental –entre ellas la ilícita y penalmente acusada deuda por las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001- y las prioridades inversionistas en energía, salud, educación, protección social, agua y saneamiento, vivienda e infraestructura vial.

El déficit fiscal, equivalente a 260 millones de dólares antes del registro de las donaciones externas, es de 3.9% del PIB –similar al de 2006 cuando se subejecutó el gasto de inversión pública en 2 puntos porcentuales del PIB-, y después del registro de dichas donaciones es igual a 1.5% del PIB, y también es igual a 0.8% del PIB sin el gasto electoral, lo cual demuestra un inadecuado entendimiento del concepto de sostenibilidad del déficit fiscal por parte de los formuladores de la política económica. Por ese error, no sólo se ha limitado sino también reducido el gasto social en términos reales o en términos porcentuales del PIB para el próximo año.

La sostenibilidad del déficit fiscal se relaciona con la desaceleración del endeudamiento público, o sea con la reducción gradual del saldo de la deuda pública con respecto al PIB y, por lo tanto, debe descartarse la eliminación del déficit fiscal como sinónimo de dicha sostenibilidad. ¿Por qué? Sencillamente porque el pago de las amortizaciones de la deuda gubernamental está, como se dice en la jerga fondomonetarista, “debajo de la línea”; en otras palabras, se incluyen en el financiamiento neto del déficit, ya sea de origen externo o interno. Nos endeudamos para amortizar las deudas públicas externa e interna.

Esto se identifica fácilmente en la propuesta del presupuesto nacional del próximo. El déficit fiscal, como se mencionó anteriormente, es de 260 millones de dólares, el cual es financiado con donaciones y préstamos netos (de amortizaciones) externos de 300 millones, indicando un sobre financiamiento de dicho déficit de 40 millones de dólares. Entonces, ¿por qué el MHCP propone endeudarnos de nuevo con 130 millones de dólares ante los grupos financieros locales? Porque el Tesoro tiene que pagar las amortizaciones de su deuda interna, en este caso concentrada entre los tenedores de Bonos de Pago por Indemnización (BPI) y de Bonos del Tesoro, que a junio de este año ya se había colocado el monto de 130 millones de dólares aprobado por la Asamblea Nacional para financiar el déficit fiscal de 2010.  

Una negociación pragmática con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hubiese sido poner como piso de la negociación del presupuesto de 2011 el déficit fiscal de 2010 equivalente a 4.2% del PIB antes del registro de las donaciones externas más el gasto electoral de 0.7% del PIB, o sea un déficit presupuestario 4.9% del PIB en un año elecciones nacionales. Pero el FMI se impuso: redujo el déficit a 3.9% del PIB antes del registro de las donaciones externas. Y si este último porcentaje fue planteado por la contraparte técnica nicaragüense, pues ha dejado mucho que desear.

Con la ingenua alegría que en 2011 se estableció un “ajustador” para aumentar el gasto de inversión pública en un monto de 0.8% del PIB, o sea 53 millones de dólares sí y sólo sí el gobierno logra obtener ese monto con la contratación de nueva deuda externa concesional, los servidores públicos aceptaron la drástica reducción del déficit fiscal impuesta por el FMI. Pero esto no me preocupa, no por el hecho que el gobierno no pueda obtener ese nuevo desembolso, sino porque para qué endeudarnos más en estos momentos si se observa un alto porcentaje de subejecución de los proyectos de inversión pública –agravado por las intensas lluvias de este año- por lo cual Nicaragua está pagando intereses sobre montos de préstamos externos ociosos en las reservas internacionales del país. Y reitero, la sostenibilidad del déficit fiscal pasa por la reducción gradual del endeudamiento, ya sea externo o interno. Entonces, ¿por qué más deuda? Pues para pagar más deudas pero no para gastar más, por ejemplo en obras de infraestructura económica y social. La deuda pública de Nicaragua continúa siendo un problema estructural.

Los países ricos del mundo tienen un gran carga de sus déficit fiscales, que es uno de los efectos de la reciente recesión económica mundial. Para un país pobre y aún muy endeudado en términos de producción como sigue siendo Nicaragua, con grandes problemas socioeconómicos, es intolerable reducir su déficit fiscal después del registro de las donaciones externas a menos del 1% del PIB excluyendo el gasto electoral.

Hoy tengo más certeza en la proyección de los impuestos contenida en las propuestas presupuestarias, porque su monto anual siempre aparece subvalorado en cada septiembre, mientras que desconfío de la meta de un porcentaje del PIB en concepto del déficit fiscal después del registro de las donaciones externas, porque estás últimas están sujetas al riesgo de la gobernabilidad: pueden ser suspendidas por los donantes.

Ojalá logre mantenerse esa propuesta presupuestaria en un año eminentemente político. Ojalá que los formuladores de la política económica no se sometan a consideraciones fiscales que no toman en cuenta el fenómeno político nacional. Salvo que los recursos provenientes de la asistencia financiera de Venezuela estén disponibles para enfrentar los problemas nacionales de 2011.

Sin embargo, pudo haberse tenido una mejor negociación de la política fiscal con el FMI, porque el presupuesto de 2011 tiene como base el presupuesto de 2010 que sólo es la repetición de la película fiscal de 2009, la de un año de crisis económica.

Un agradecimiento

A los lectores de mi blog, agradezco su acceso a mis opiniones y comentarios económicos, a mi lucha contra la impunidad -que es el disfraz de ciertos políticos que gozan de inmunidad por sus cargos públicos y, peor aún, a los que no gozan de ese privilegio y actúan al margen de la ley-, en mi lucha para que nadie pueda sentirse superior a la Ley y ufanarse de ser un intocable en este Siglo XXI.

Como un economista, prometo a mis lectores que mantendré mi servicio social en una forma permanente, no sólo para explicar y plantear soluciones nuestros problemas económicos y sociales, sino también para contribuir en la formación de economistas responsables e íntegros que desarrollen sus métodos de razonamientos, sin sesgos partidarios, con una visión de nación que profundicen sus conocimientos sobre nuestra sociedad, conozcan los asuntos económicos de Centroamérica y del Mundo y sean votantes informados.

Además, uno de mis objetivos es seguir construyendo la escuela de que todos somos iguales ante la ley. En mi país, ningún potentado económico, ningún político debe suponer que tiene el derecho de pisotear la dignidad humana, violar los derechos humanos y burlarse de la Justicia de Nicaragua.

He de informarles, queridos lectores, que  29 mil 307 personas han visitado el blog de este servidor desde el 5 de marzo de marzo de este año y desde 44 países de África, América, Asia y Europa, a saber: Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Italia, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República de Corea, República Dominicana, Suecia, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

En octubre recientemente pasado, el número de visitas promedio diarias al blog fue de 175. Y desde marzo de este año, el blog «El Pensamiento de un Post-Keynesiano», el de ustedes y el de su servidor, ha tenido 117 visitas promedio diarias. 

Gracias, estimados lectores, por su confianza en mi persona.

Néstor Avendaño