La evolución de la economía nicaragüense en 2018

10 12 2017

De acuerdo con los pronósticos económicos para 2018 de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), se  prevé que el producto interno bruto (PIB) real tenga un crecimiento de 4.4%, que es 1 punto porcentual menor que el de 2017, la tasa de inflación muestra el nivel de 6.1%, la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente (relacionada con el subempleo) se aproxima al 20% de la población económicamente activa (PEA), continúa deslizándose el tipo de cambio oficial con el ritmo anual de 5%, y los déficit gemelos, el fiscal y el de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en porcentajes del PIB se comportan con una conducta similar a la que se observa en este año, al mostrar los niveles de 0.9% y 7.2% respectivamente.

El crecimiento del volumen de bienes y servicios consumidos por las familias continuará desacelerando por la implantación de una política monetaria excesivamente restrictiva que comenzó a observarse desde mayo de 2016, provocada por el desplome del crédito petrolero de Venezuela que protegía la posición de las reservas internacionales del país, a lo cual ahora se suma el riesgo de la incertidumbre del inversionista extranjero por la probable emisión de la “Nica Act” o de la probable aplicación de la “Magnitsky Act”, y también por la muy probable revisión del “DR-CAFTA”.

Sin ninguna reforma del gasto público, el número de empleados en la administración gubernamental tiende a mantener su expansión anual tradicional de 3.0%, pero el crecimiento del volumen de bienes y servicios de consumo del sector público tenderá a desacelerar para poder dar cabida a la ejecución de nuevos proyectos de inversión en infraestructura económica financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y evitar una mayor presión de la emisión de dinero que debilite la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN). El gobierno de Nicaragua ha contratado nueva deuda pública externa al menos de US$785 millones con el BCIE en los últimos dos años.

El volumen de la inversión fija, es decir, los volúmenes de la construcción y de la maquinaria y equipo adquiridos tanto por el sector público como por el sector privado, constituirá el principal motor del crecimiento económico desacelerado que se espera en el país, sustituyendo al volumen de las exportaciones que fue el principal impulsor del crecimiento anual que rompió la barrera del 5% en 2017.

Gracias al comportamiento esperado de la inversión, la demanda interna, o sea, el total de los gastos de consumo y de inversión, mantendrá el próximo año un comportamiento similar al registrado en el año en curso, pero impulsada por la formación de capital real que de consumo de bienes y servicios finales.

El volumen de las exportaciones de bienes y servicios continuará aumentando, pero a un menor ritmo que el observado en 2017, siempre basado fundamentalmente en los resultados de la producción agropecuaria. Por su parte, dada una elasticidad de las importaciones de bienes y servicios con respecto al PIB igual a 1.6, el volumen importado tiende a incrementase, también en un menor ritmo que el de este año, en 8.1%.

Sin embargo, los economistas, en el proceso de formulación de la política macroeconómica, también debemos prever los riesgos o desafíos que enfrenta la economía nacional. Los economistas que laboran en las instituciones estatales, especialmente en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el BCN, basados en esas evidencias y también en las lecciones de la historia económica nacional e internacional, deben influenciar la toma de decisiones de los políticos, sin tratar de impresionar a los políticos antes de que se adopte cualquier política. Sería un craso error afirmar que en el corto plazo la economía nacional continuará avanzando sin tropiezos provocados por problemas políticos externos e internos.

Por ejemplo, entre esos riegos se destacan principalmente: la imposibilidad de sustituir el crédito petrolero muy concesional de Venezuela con un crédito petrolero semi concesional facilitado por otro país; las probables sanciones del gobierno de Estados Unidos provocarán incertidumbre entre los inversionistas extranjeros, lo cual aunado a la alta dolarización financiera del país podría desestabilizar al córdoba; la revisión del “DR-CAFTA”, dado el proteccionismo comercial de la administración estadounidense, pondría en jaque a la producción de textil-vestuario y arneses del régimen de zona franca con 84,161 puestos de trabajo (73% del empleo total en zonas francas) y US$649 millones (81% del valor total neto de la maquila); la política de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, disminuirá el flujo de remesas e incrementará la desaceleración de la tasa de crecimiento del gasto de consumo de las familias; y la nueva política fiscal de Estados Unidos, consistente en la reducción de las tasas tributarias directas y el aumento del gasto público en infraestructura económica y defensa militar, en un momento en que la primera economía del mundo está prácticamente en pleno empleo, impactará al resto del mundo con un dólar estadounidense más fuerte, una mayor inflación importada, la disminución de la inversión directa estadounidense y un financiamiento internacional más caro y más escaso. En un caso extremo, si todos esos riesgos coincidieran en el mismo año, el PIB Real de Nicaragua se estancaría.

Los políticos en la Asamblea Nacional aprobaron la semana pasada el Presupuesto General de la República de 2018, impresionados por los supuestos macroeconómicos oficiales del próximo año que la economía de Nicaragua crecerá 4.9% y la tasa de inflación será 5.0%, aunque no fueron informados sobre la elevada tasa de subutilización de la fuerza laboral y, probablemente, no analizaron las causas del desplome del gasto de inversión pública que se observa en este año.

Por otro lado, no se visualizan cambios en la política monetaria, que se ha centrado en desacelerar el crecimiento de la oferta de dinero para reducir la demanda de divisas y evitar el debilitamiento de la estabilidad macroeconómica, o sea, tratar de garantizar, en cualquier momento del año, de que el saldo de las reservas internacionales brutas administradas por el BCN sea, al menos, igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria.

Para lograr este objetivo, el BCN continuará subastando Letras en córdobas con mantenimiento de valor de muy corto plazo, e invitando a las instituciones financieras tanto a aumentar la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en córdobas que ya se ha aproximado al 30%, el doble de la tasa de encaje legal catorcenal, como a depositar “temporalmente”, en cuestión de pocos días, excedentes de encaje en moneda extranjera a finales de cada trimestre, especialmente al final de cada año.

Confiando en la evolución de los datos, pero no en la evolución de las instrucciones políticas, un buen banquero central tomaría las decisiones en lo que estiman que es mejor para la economía, pero la falta de sinceridad en el pasado podría tener un alto precio en el futuro.

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15 meses protegido por magistrados y jueces

6 12 2017

El 2 de diciembre de 2017, Eduardo Montealegre cumplió 15 meses de estar protegido por servidores públicos del Poder Judicial, que parecen servidores privados de un ciudadano que no sólo ha sido querellado por mí porque es un violador de los derechos humanos debido a su calumnia que me tildó como un defraudador del Estado de Nicaragua, y a sus injurias al asegurar que el estudio sobre la liquidaciones de cuatro bancos comerciales ocurridas en el país durante el bienio 2000- 2001, que realicé a solicitud de la Contraloría General de la República, se caracterizó por falta de profesionalismo.

La Fiscalía General de la República también acusó penalmente, junto a otras 38 personas, a Eduardo Montealegre por ser coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias en su calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público, al reestructurar, entre octubre y noviembre de 2003, la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias arriba mencionadas, y al aprobar las subastas de los activos de los bancos liquidados realizadas entre el 21 de mayo y el 25 de agosto de 2003.

Ante estas dos acusaciones, Eduardo Montealegre se escudó en la inmunidad que le confería su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, y no se presentó al llamado de los jueces.

El 5 de agosto de 2016, la Primera Secretaria de la Asamblea Nacional, Alba Palacios Benavidez, presentó a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) la comunicación oficial a los jueces del Sexto y del Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García respectivamente, que “el ciudadano acusado Eduardo Montealegre Rivas ya no ostenta la calidad de diputado de la Asamblea Nacional y en consecuencia ya no goza de inmunidad”. Frente a mi querella personal, politizada desde su inicio por el querellado, el Poder Legislativo había protegido a Eduardo Montealegre durante 8 años.

El 1 de septiembre de 2016, los dos jueces dictaron autos en que se ordenaba la realización de las correspondientes audiencias iniciales con fines de preliminar, que en derecho corresponde, para el 5 de septiembre de 2016. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2016, los dos jueces suspendieron las dos audiencias iniciales por “ajustes relacionados con la reciente implementación del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua” y por “saturación de agenda del despacho”. Entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre de 2016, ambos jueces no respondieron ninguna de mis cinco peticiones escritas para que reprogramaran la audiencia, aunque estaban obligados a proveer 48 horas después de recibir las peticiones, y a esta fecha no han procedido a convocarnos de nuevo. Con sus acciones, los dos jueces perpetúan una denegación de justicia sistemática al no mostrar ninguna intención de cumplir con su obligación constitucional, legal y laboral de tramitar las causas.

Con su displicencia, ambos jueces violaron mis derechos al debido proceso, cometieron negligencias en el cumplimiento de sus funciones y causaron una evidente retardación de justicia. El 6 y el 25 de octubre de 2016 presenté quejas formales con sus pruebas documentales al magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su calidad de Inspector Delegado y superior jerárquico de los dos jueces, porque, conforme a la ley, él puede “girar instrucciones generales de carácter procedimental”.

Sin embargo, el inspector delegado Gerardo Rodríguez me contestó en forma escrita que los dos jueces expresaron que, según la Ley 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua”, ellos “son independientes en su actuar y que no pueden actuar por orientaciones o recomendaciones de ningún superior” -sin ser abogado, creo que la Ley 260 no orienta la anarquía judicial- y agregó que los dos honorables jueces atenderán mis peticiones “de acuerdo con el tiempo disponible en la agenda del despacho en razón de la carga laboral, la cual es bastante alta”, pero no dijo cuándo. Las respuestas de los dos jueces fueron muy insultantes. Por último, el inspector delegado Gerardo Rodríguez ordenó “archivar las diligencias de mis quejas”, con lo cual también perpetuó la denegación de justicia en mi contra. Por supuesto, él sabe que justicia tardía no es justicia, y que obstruir el acceso a la justicia es también una violación al derecho humano.

Debido al irrespeto y a la falta de ética profesional de los tres funcionarios judiciales arriba mencionados, el 11 y el 13 de noviembre de 2016 interpuse quejas con sus pruebas documentales en contra de ellos en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián. No recibí ninguna respuesta y hasta hoy continúan guardando silencio. Sin embargo, aún suena el eco de las palabras públicas de la magistrada Alba Luz Ramos, quien dijo que mi caso contra Eduardo Montealegre Rivas era uno más de los 125 mil casos que se encuentran en el Complejo Judicial Central de Managua y que no existía retardación de justicia.

Por todas estas razones, el 13 de marzo de 2017 desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial, pero nunca dejaré de reclamarla, a sabiendas que la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre está muy marcada nacional e internacionalmente en el ámbito de los derechos humanos. Tengo la seguridad que un día tendré acceso a la justicia, cuando los servidores del Poder Judicial acaten el imperio de la ley, respeten a los ciudadanos y tengan ética profesional.





La tasa del impuesto a la renta corporativa en Estados Unidos y Nicaragua

3 12 2017

En la madrugada del sábado 2 de diciembre, el Senado de Estados Unidos aprobó con varias enmiendas la reforma tributaria de la Administración Trump con 51 votos a favor, de todos los republicanos menos uno -el del senador Bob Corker de Tennessee por la ampliación de los déficit presupuestarios-, y 49 votos en contra -todos los demócratas, que la llamaron un regalo inaceptable para las empresas y los ricos-.

Entre las modificaciones más relevantes del código tributario estadounidense aprobadas por el Senado, que aún deben ser reconciliadas con la versión aprobada por la Cámara de Representantes, se distinguen las siguientes: la reducción de la tasa de impuesto sobre la renta de las corporaciones de 35% a 20% a partir de 2018, el establecimiento de la tasa superior del impuesto sobre la renta individual en 39.6% con 4 grupos impositivos, la eliminación de la deducción de gastos médicos y de la exención personal, un crédito tributario por hijos de US$1,600 por niño, la eliminación de la deducción de la tasa de interés del préstamo estudiantil, y la extensión de la exención del impuesto sobre la herencia a US$11 millones con la derogación de este impuesto en 2025.

El Presidente Donald Trump ha manifestado que la reducción del 35% al 20% del impuesto sobre la renta corporativa hará que las empresas de Estados Unidos sean más competitivas en el mercado internacional, se crearán más empleos, la economía estadounidense crecerá en una forma sostenida y más rápida, y se generarán más ingresos.

Supongamos que esto sea cierto, aún en este momento en que la economía estadounidense está muy cerca del pleno empleo, pero, debido a esa cercanía, esta ley tiene el riesgo que el beneficio económico señalado por el Presidente Donald Trump sea modesto y se desvanezca con el tiempo.

Por ese motivo, cabe preguntarnos: ¿Aumentará el déficit del presupuesto federal? ¿Se incrementará la deuda pública en gran forma? ¿Se acelerarán las alzas de la tasa de interés de la Fed debido al creciente déficit? ¿Crecerá el ahorro de los empresarios o la inversión de las corporaciones con la mayor ganancia de los empresarios? ¿Se incrementarán los salarios con el recorte de los impuestos?¿Aumentará más la productividad con la reducción de los impuestos? ¿Generará esta reforma tributaria una mayor inequidad en la distribución del ingreso?

La reducción de la tasa tributaria sobre la renta corporativa de 35% a 20% facilitará a las empresas subsidiarias estadounidenses, que están localizadas en el resto del mundo, a repatriar utilidades y capitales acumulados a sus casas matrices en territorio estadounidense, porque la reforma también ha  reestructurado las normas internacionales de impuestos a las empresas. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las empresas estadounidenses mantienen aproximadamente US$3 billones en el extranjero para evitar pagar los impuestos de los Estados Unidos.

Los países que tienen necesidad de atraer flujos de inversión extranjera directa (IED), como Nicaragua que ha logrado remontar su tasa de crecimiento económico anual de, al menos, 5% desde hace dos años, gracias a un flujo bruto anual de IED que se aproxima a 1 mil 500 millones de dólares, podrían verse afectados por la reducción de 15 puntos porcentuales de la tasa sobre la renta corporativa estadounidense.

Actualmente, en Nicaragua la tasa del impuesto sobre la renta de las actividades económicas es 30%, que es pagada por todas las empresas radicadas en el país excepto las del régimen de zona franca, mientras que en Estados Unidos es 35%.

Una empresa subsidiaria estadounidense radicada en Nicaragua está desalentada para repatriar utilidades o capitales acumulados a su casa matriz en Estados Unidos, porque ese flujo de renta corporativa estaría sujeto a una penalidad de 5%, porque la tasa de este impuesto en Estados Unidos es 5 puntos porcentuales mayor que la tasa del impuesto sobre la renta de las actividades económicas en Nicaragua.

Por esa razón, las empresas subsidiarias estadounidenses reinvierten, parcial o totalmente, sus utilidades en el país o las envían a otros países donde se encuentran sus direcciones regionales, que, por supuesto, se encuentran en países que tienen una menor tasa tributaria sobre la renta de actividades económicas que la de Nicaragua.

Ahora, con la próxima aprobación de la reforma tributaria de Estados Unidos, probablemente antes de que finalice este año, se puede afirmar que la tasa del impuesto sobre la renta de las corporaciones será 10 puntos porcentuales menor en Estados Unidos que en Nicaragua.

Este nuevo escenario tributario ya no penaliza la repatriación de capitales de las empresas subsidiaras estadounidenses a su país, sino que la estimula. Por consiguiente, se puede prever que la principal fuente de financiamiento internacional de Nicaragua, como es la inversión extranjera directa, que aún es mayor que el flujo de remesas familiares que arriban al país, tendería a disminuir en el corto plazo y desaceleraría el crecimiento de la economía nicaragüense.

El problema económico consistiría en cómo evitar la emigración de utilidades y de capitales de empresas subsidiarias estadounidenses desde Nicaragua a Estados Unidos, o la disminución de nuevas inversiones estadounidenses en el país. La respuesta sería disminuir la tasa de 30% del impuesto sobre la renta de las actividades económicas existente en el país a un nivel inferior al de 20% que pronto se aplicará en Estados Unidos. En el caso de que se mantuviese el diferencial actual de dicha tasa tributaria entre los dos países, la disminución de esta tasa en Nicaragua sería hasta el nivel de 15%, lo cual forzaría la eliminación de exoneraciones en el pago de otros impuestos para impedir un gran aumento del déficit fiscal.

Con la Ley de Concertación Tributaria, que está vigente en Nicaragua desde enero de 2013, se aprobó una disminución de la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas de 30% a 25%, 1 punto porcentual por año que sería ejecutada entre 2016 y 2020.

Esa reforma del impuesto directo a las empresas estaba acompañada de la eliminación de las exoneraciones del impuesto al valor agregado (IVA) sobre las importaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos de las actividades agropecuarias y de las MIPYME´s.

La tasa del IVA para dichas importaciones se elevaba desde 0% hasta 15% en un lapso de 5 años, de la siguiente manera: exonerado en los años 1 y 2; 0% en el año 3; 5% en el año 4; 10% en el año 5; y 15% a partir del sexto año. Hasta el año 3 se mantenía la exoneración del IVA.

Estas dos reformas no se han implementado en Nicaragua desde el año de 2016. Es bastante probable que el momento de revisarlas y aplicarlas se está acercando.





Como ha sido usual, la macroeconomía muy bien, pero muy frágil

26 11 2017

A un mes del cierre del año de 2017, el aguinaldo ha impulsado el gasto de consumo de las familias, que seguirá aumentando en diciembre por los préstamos personales y las tarjetas de crédito para consumo. El gasto de consumo de las familias en los últimos dos meses del año debería ser muy bien programado, sin olvidar también el ahorro, para que en 2018 se puedan enfrentar los gastos del año escolar y poder cumplir con las obligaciones financieras adquiridas a finales de este año.

Termina el año de 2017 con una desaceleración del crecimiento económico del país, aunque supera la barrera de 5%, debido principalmente a los aumentos importantes del volumen de bienes exportados y del gasto de inversión fija del sector privado, no obstante que la severa contracción de la liquidez en córdobas observada a lo largo del año, excepto en abril, desaceleró el aumento de la cantidad demandada de bienes y servicios de consumo final.

A pesar de la creciente expectativa inflacionaria en el segundo semestre de este año, que fue provocada por el alza del precio del barril de crudo WTI, que se situó en US$58.95 al cierre del viernes 24 de noviembre recién pasado, la presión inflacionaria de los precios al consumidor en 2017 se mantiene por debajo de la barrera del 5% debido a la política monetaria contractiva dirigida desde el Banco Central de Nicaragua (BCN).

La tasa de desempleo abierto se aproxima al 10% de la población económicamente activa (PEA) y la tasa de desempleo equivalente, resultante de la elevada tasa de subempleo, oscila alrededor del 15% de la PEA. En otras palabras, casi 900 mil personas no generan ingresos en este año.

Los desequilibrios macroeconómicos han disminuido. El déficit fiscal de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) está influenciado por la desaceleración del crecimiento de la recaudación de impuestos y la caída del gasto de inversión en construcción pública que se observó en los tres primeros trimestres de este año. Por su parte, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 6.5% del PIB pronosticado por COPADES ha sido posible por el valor creciente de las exportaciones domésticas de bienes FOB, el cual aún no se aproxima a los tres millardos de dólares anuales.

La estabilidad macroeconómica ha sido garantizada por el BCN con el costo de la desaceleración del crecimiento económico. Las reservas internacionales brutas en manos del BCN han sido equivalentes, al menos, a 2.5 veces la base monetaria (2.6 veces actualmente) y, al menos, a 4 meses de importaciones de bienes CIF (5.3 meses actualmente), mediante la contracción del dinero que circula fuera del sistema financiero nacional, es decir, del numerario.

La contracción monetaria 2 mil 933 millones de córdobas al 23 de noviembre de este año ha sido realizada con los únicos dos instrumentos de la regulación de la liquidez que tiene el BCN: las subastas de Letras, mal llamadas operaciones de mercado abierto porque el 90% de las colocaciones se concentran en plazos de 1 semana, 2 semanas y 1 mes, y el aumento de la tasa de encaje efectiva hasta 25% sobre los depósitos en córdobas que los grupos financieros mantienen en el BCN, la cual es 10 puntos porcentuales superior a la tasa de encaje legal catorcenal y 13 puntos porcentuales mayor que la tasa de encaje legal diaria

Esta política monetaria muy contractiva, mucho más intensa que la observada en 2016, se puede explicar con el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela observado en el primer semestre del año en curso, al reducirse a US$21 millones y a 0.1% del PIB pronosticado por COPADES para 2017, la cual ha dejado sin un escudo protector a las reservas internacionales brutas disponibles en el BCN. Por esta razón, desde enero del año pasado la autoridad monetaria comenzó a disminuir la oferta de dinero, con caídas dramáticas del numerario en mayo y marzo de 2016 y con importantes desaceleraciones del crecimiento del numerario junio y octubre de 2017, con el objetivo de que los agentes económicos demanden menos divisas para importar bienes y servicios y, así, proteger la la posición de las reservas internacional y garantizar la estabilidad macroeconómica del país.

La menor disponibilidad de dinero entre la población del país desaceleró el crecimiento del gasto de consumo de las familias, afectó la programación de la producción y la administración de los inventarios en las empresas no financieras, principalmente aquéllas que ofrecen bienes de consumo masivo, tales como alimentos, bebidas, electrodomésticos, telefonía celular y combustibles líquidos, entre otros, y desaceleró el crecimiento económico esperado en el país.

Entramos al año de 2018 con el acoso de seis riesgos a la economía nacional, todos de origen externo pero motivados, en gran parte, por políticas económicas externas y, en parte, por problemas políticos internos. Desde un punto de vista económico, deberíamos prepararnos para lo peor y construir escenarios menos perversos para la población en general, pero el problema político interno debería ser resuelto por los políticos nicaragüenses en Managua y no en Washington.

Los formuladores de las políticas económica y social de corto y mediano plazo del país tienen que considerar los efectos de esos riesgos sobre sus proyecciones de la economía nicaragüense. Esos riesgos podrían concentrarse en la reducción de los flujos de recursos externos, la desaceleración del gasto de inversión privada, la disminución de las exportaciones del régimen de zona franca, la desaceleración del crecimiento económico, la salida de capital extranjero, la caída de las reservas internacionales oficiales, el aumento del desempleo y del subempleo, la disminución de los ingresos tributarios y la inestabilidad del córdoba.





Algunas pautas para la futura renegociación del DR-CAFTA

19 11 2017

De acuerdos con los niveles de importancia para Estados Unidos, el tratado de libre comercio DR-CAFTA es el tercero de la fila para que sea revisado en el corto o mediano plazo, después del NAFTA y del establecido bilateralmente entre Estados Unidos y Corea del Sur.

En relación con el DR-CAFTA, a la administración del presidente Donal Trump no sólo le preocupa el déficit comercial de 1 mil 829 millones de dólares que Estados Unidos tuvo en sus relaciones comerciales con Nicaragua en 2016, sino también los descensos del superávit comercial que Estados Unidos tuvo con Panamá desde 7 mil 862 millones en 2011 -un año antes de la entrada en vigor del acuerdo-,  hasta 5 mil 736 millones de dólares en 2016, y del superávit comercial que tuvo con Costa Rica desde 1 mil 742 millones de dólares en 2008 hasta 1 mil 565 millones de dólares en 2016. La fuente de estos datos es la División de Comercio Exterior de la Oficina de Censos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Las autoridades gubernamentales, los representantes de la empresa privada y los representantes de la sociedad civil de los países que suscribieron el DR-CAFTA deben prestar atención a la evolución de la renegociación y modernización del tratado de libre comercio de América del Norte (NAFTA), porque es muy probable que ya se están estableciendo algunas pautas de renegociación por parte de Estados Unidos con los representantes de los demás países que suscribieron el DR-CAFTA.

El presidente Donald Trump ha amenazado de abandonar el pacto comercial con el propósito de reducir sus déficit comerciales con México y Canadá, de 63,192 millones de dólares y 12,106 millones de dólares respectivamente en 2016.

Washington ha mostrado sus intenciones de eliminar el mecanismo de solución de controversias y ha insistido en que se enfocará en sus trabajadores de la actividad manufacturera y agrícola que han sido afectados por el NAFTA. México ha manifestado que la inconformidad estadounidense del déficit comercial se tendrá que hacer sobre la expansión del comercio, no sobre restricciones comerciales. Canadá ha dicho que quiere un tratado moderno y benéfico para todos.

En la tercera ronda realizada en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre, se concluyó el primer capítulo, que trata sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y se avanzó en la posibilidad, a solicitud de Canadá, de elevar la percepción de los salarios en México;  en lo relativo al capítulo 19 a la solución de controversias, en la manufactura con componente en Norteamérica, o sea las reglas de origen, así como en los temas de facilitación comercial, telecomunicaciones y comercio digital.

Sin embargo, Estados Unidos propuso limitar el acceso de exportaciones mexicanas y canadienses de frutas y hortalizas, cuando Estados Unidos esté en fase de producción, un tema calificado como inaceptable por el gobierno mexicano en vista de que va en contra de las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y del fundamento de libre comercio del NAFTA.

La cuarta ronda de negociación del NAFTA se realizó en Arlington, Virginia, del 11 al 17 de octubre de 2017, y por la complejidad de los temas las discusiones se extendieron a 7 días, en vez de 5 días como las tres primeras rondas. Antes de esta ronda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con sacar a su país del acuerdo trilateral.

En esta ronda, Estados Unidos propuso que cada cinco años se termine el NAFTA, salvo que los tres países prorroguen esta disposición, lo cual afectaría los planes de inversión de las empresas; que se limiten las exportaciones mexicanas y canadienses de frutas y hortalizas en las temporadas que sean producidas en territorio estadounidense; que se eleve el contenido regional para la producción de automóviles de 62.5 por ciento a 85 por ciento, y de las cuales el 50% sea estadounidense; que se elimine el capítulo 19 que abre la posibilidad de dirimir controversias ante paneles de arbitraje, lo cual es inviable para Canadá y México; y que se limite a un monto monetario, aún no dado a conocer, las ventas que pueden hacer las empresas de México y Canadá al gobierno de Estados Unidos, y que también en esa misma proporción se limiten las compras de los gobiernos mexicano y canadiense a las empresas de Estados Unidos.

Por su parte, Canadá no solo tocó los derechos laborales, sino que incluyó la cuestión salarial para empujar a México a que suba sus bajos salarios, que se traducen en una competencia desleal para empresas en Estados Unidos y Canadá, pero México insistió que las negociaciones giran en torno a mejorar los derechos laborales de los trabajadores y que los salarios son un tema de política interna que no está sobre la mesa.

La quinta ronda de negociaciones se realizará en México del 17 al 21 de noviembre de este año y los representantes de los tres países garantizaron que quieren llegar a un acuerdo en un tiempo razonable, por lo que la sexta ronda de negociación será en el primer trimestre de 2018. Los agentes económicos y sociales del país deben prestar atención a los avances y retrocesos que se observen en la renegociación del NAFTA, porque serán muy útiles cuando nos sentemos a renegociar el DR-CAFTA.





Leve impacto de la suspensión del TPS en la economía de Nicaragua

12 11 2017

Dos meses antes que concluyera el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para Nicaragua, que fue establecido por la administración del Presidente William Jefferson Clinton en 1999, que ha sido renovado cada 18 meses y que expira el 5 de enero de 2018, la administración del Presidente Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, anunció que ya no es necesario.

La decisión estadounidense afecta a aproximadamente a 5,349 mil nicaragüenses que han vivido en Estados Unidos durante casi dos décadas, después de que el Huracán Mitch devastara gran parte del territorio de Nicaragua, y tendrán 12 meses para que realicen una transición ordenada para su regreso al país.

Aunque la producción de bienes y servicios de Nicaragua ha mostrado un continuo crecimiento anual que supera el 4% desde el año de 2010, aún es insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza de los nicaragüenses por la baja productividad de la economía. A lo sumo, 890 mil nicaragüenses económicamente activos no generarán ingresos en 2017 porque no encuentran un puesto de trabajo, o trabajan menos que ocho horas diarias, o devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal.

Además, con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014 se puede demostrar que, con todos sus ingresos, el 40% de las familias no puede adquirir todos los 23 alimentos que integran la canasta de consumo básico oficial del país, el 62% de las familias nicaragüenses no puede comprar todos los 53 productos de dicha canasta y el 75% de las familias no puede obtener una vivienda de interés social mediante un préstamo hipotecario con una tasa de interés subsidiada por el Estado.

Por otro lado, de acuerdo con los datos oficiales del país, la infraestructura económica y social del país se ha ampliado y mejorado, pero la inversión pública apenas representa el 22% del gasto total del presupuesto nacional y no garantiza un crecimiento económico acelerado y sostenible en el mediano plazo -en el primer semestre de este año, el volumen de la inversión pública ha disminuido 12%-, mientras que la inversión fija del sector privado, es decir, los gastos en construcción y maquinaria y equipo, un motor principal del crecimiento de la producción, se aproxima actualmente al 26% del producto interno bruto (PIB), y cuyo componente de inversión extranjera directa oscila alrededor del 11% del PIB.

En ese escenario macroeconómico, será demasiado difícil para los nicaragüenses que retornen al país poder encontrar un puesto de trabajo decente, al tomar en cuenta los severos riesgos que acechan a la economía nicaragüense en el corto y mediano plazo. Se  prevé que las autoridades gubernamentales, dada la insuficiencia de recursos presupuestarios, no podrán dar respuesta a la repatriación de tantos nicaragüenses, no sólo por el cese del Programa TPS sino también por la deportación de miles de nicaragüenses indocumentados que viven en Estados Unidos.

De acuerdo con el Censo de la Población de Estados Unidos de 2015, 256,000 inmigrantes nicaragüenses se reportaron, o sea, el 7.6% de los inmigrantes centroamericanos reportados. Supongamos que el 10% de los nicaragüenses reportados en el Censo corresponda al número de inmigrantes nicaragüenses indocumentados, es decir, 25,600 personas. A este número podríamos agregar a los 5,349 nicaragüenses que el Estatus de Protección Temporal frenaba su deportación.

Por consiguiente, de los 30,949 nicaragüenses expuestos a la deportación, suponemos también, grosso modo, que 3,000 nicaragüenses podrían ser deportados anualmente.

También se conoce que el 60% del flujo anual de las remesas proviene de Estados Unidos, el monto promedio mensual de cada transferencia proveniente de todos los países es US$190 y, al menos, el 90% del valor total de las remesas se destina al gasto de consumo de bienes y servicios finales.

El efecto anual de la política de inmigración de la administración del Presidente Donald Trump en la economía nicaragüense consistiría en una reducción de las remesas de US$7 millones remesas, que, al compararla con el flujo total del año en curso, US$1,361 millones, sólo significaría una leve disminución anual de 0.5%.

La elasticidad del PIB con respecto al flujo de remesas es igual a 0.068, es decir, si el monto de las remesas disminuye 1%, el PIB disminuye 0.068%.  Adicionalmente, con una disminución de 1% de las remesas, el gasto de consumo privado tendería a disminuir 0.269%. Es más sensible el consumo que la producción ante una caída de las remesas familiares.

En términos anuales, al reducirse 0.5% el monto anual de las remesas familiares, el PIB disminuiría 0.03% y el gasto de consumo de las familias decrecería 0.13%.

Sin embargo, tomando en cuenta la presencia del riesgo del desplome del crédito petrolero de Venezuela, y otros riesgos potenciales como la también probable aprobación de “NICA Act”, la revisión del “DR-CAFTA”, y la política fiscal y el proteccionismo comercial de la administración del Presidente Donald Trump, se prevén la ampliación de ciertos efectos macroeconómicos y el surgimiento de otros en el corto y mediano plazo, tales como:

  • la política monetaria contractiva que ya desaceleró el crecimiento del gasto de consumo de las familias en 2017, con el propósito de defender la posición de las reservas internacionales brutas oficiales depositadas en el BCN;
  • la incertidumbre inversionista que provocaría la desaceleración de crecimiento de la producción de bienes y servicios podrá provocar más subempleo y desempleo, así como problemas sociales;
  • el riesgo del aumento de la mora en el crédito para el consumo y gastos personales;
  • la apreciación del dólar estadounidense, una mayor inflación importada, la aceleración de las alzas de las tasas de interés internacionales y el encarecimiento del servicio de la deuda;
  • la revisión del tratado de libre comercio con Estados Unidos expone al riesgo a las las ramas de textil-vestuario y arneses del régimen de zona franca, las cuales generan 84,161 puestos de trabajo (73% del empleo total en zonas francas) y US$649 millones en concepto de valor neto de la maquila (81% del valor neto total); y
  • el riesgo de una guerra comercial que provocaría una nueva recesión que, en el peor de los casos, desembocaría en una gran depresión económica.




La desaceleración de la liquidez y de la producción

4 11 2017

Pasó la hoja de octubre en el calendario con una reducción acumulada en el año de 2 mil 33 millones de córdobas en el saldo del dinero que circula en los bolsillos de los agentes económicos y en las cajas de las empresas no financieras, conocido como numerario en el argot macroeconómico, lo cual afectó a los empresarios que destinan su producción al mercado interno, principalmente de bienes y servicios de consumo final.

Esta contracción de la liquidez primaria de la economía se puede atribuir principalmente a tres factores: (i) la colocación neta de Letras subastadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) del orden de 3 mil 811 millones de córdobas; (ii) el incremento de 1 mil 105 millones de córdobas del saldo de encaje en depositado por los grupos financieros en el BCN, que han elevado la tasa de encaje efectiva catorcenal hasta 21.3%, por encima de la tasa de encaje legal que es 15%;  y (iii) el aumento de 1 mil 408 millones de córdobas del saldo de los depósitos a plazo del Gobierno Central en el BCN.

Esa severa contracción monetaria, que ha desacelerado casi a la mitad la tasa de crecimiento promedio mensual del numerario observada antes de 2016, fue contrarrestada parcialmente con la expansión monetaria provocada por las pérdidas acumuladas del BCN de 627 millones de córdobas, las cuales se financian con emisión de dinero y se explican con los gastos financieros relacionados principalmente con: (i) 112 millones de córdobas por redención de los bonos emitidos por las quiebras bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001; (ii) 221 millones de córdobas por los rendimientos de las Letras subastadas; y (iii) 236 millones de córdobas en concepto de intereses de los depósitos a plazo.

La política monetaria contractiva que se observa en este año contribuirá a la desaceleración de la tasa de crecimiento económico en 4 décimas porcentuales en este año, aunque esto no parece importarle a la autoridad monetaria porque no tiene el mandato de garantizar el pleno empleo en su ley constitutiva. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) real, es decir, de la producción de bienes y servicios en términos de volumen o valorada en precios constantes de 2006, año base de la economía del país, es un dato exógeno en el modelo monetario del BCN.

Por consiguiente, el BCN se ha excedido en el cumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica: las reservas internacionales brutas oficiales fueron iguales a 3 veces la base monetaria entre el 20 y el 26 de octubre, cuando su límite inferior es 2.5 veces.

Sin embargo, esa conducta monetaria no responde al objetivo del BCN de garantizar una presión inflacionaria baja y estable, porque en este año los precios al consumidor nacional han reflejado el aumento acumulado de 2.7% hasta septiembre. Los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas apenas subieron 0.12% en ese mismo período debido al mayor volumen de producción en los últimos dos años agrícolas, de tal manera que el índice de precios al consumidor de Nicaragua continúa siendo agropecuario porque la economía del país no muestra un alto grado de industrialización.

Entonces, ¿cuál es el apuro del BCN de reducir al máximo posible la oferta de dinero o de córdobas circulantes en el mercado? Esta estrategia monetaria observada desde inicios del año de 2016, con la impresionante caída del numerario en mayo de ese año, responde exclusivamente a salvaguardar la posición de las reservas internacionales en las arcas del BCN y, consecuentemente, garantizar la estabilidad del tipo de cambio sin alterar la libre convertibilidad del córdoba en dólares. Al contraerse la oferta de dinero, disminuyen la demanda de dólares y las intenciones de importación de bienes, y desaceleran las tasas de crecimiento esperadas del gasto de consumo de las familias y del gasto de inversión empresarial en acumulación de inventarios. En conclusión, disminuye el volumen de las transacciones en el sector real de la economía o del producto interno bruto, pero aumenta el saldo de las reservas internacionales brutas en poder del BCN.

Ese aprieto del BCN se basa en el hecho de la estrepitosa caída del crédito petrolero de Venezuela, que desde el monto anual de US$560 millones en el trienio 2011-2013 descendió a US$132.4 millones en 2016 y a US$21.1 millones en el primer semestre del año en curso e igual al 39% del monto correspondiente al primer semestre del año pasado. Visto desde otro ángulo, en el lapso de enero-agosto de este año, el BCN ha pagado en efectivo el 79% del valor de la factura de petróleo y combustibles principalmente a Estados Unidos y México, pero en 2013 pagaba al contado sólo el 11% del valor de dichas importaciones principalmente a Honduras y Estados Unidos.

El BCN no ha calibrado bien la administración de las reservas internacionales brutas oficiales. No sólo ha reducido significativamente el medio circulante en córdobas, sino que continúa forzando a las instituciones del sistema financiero nacional a realizar más depósitos de encaje en dólares por muy pocos días, una práctica monetaria bastante cuestionable que trata de “cumplir” y “elevar” la razón de la estabilidad macroeconómica arriba mencionada, con el propósito de aparentar una sólida administración de dichas reservas. Parece que al BCN no le interesa los medios sino los fines, pero esto no es nada más que un “autoengaño” institucional.

La economía de Nicaragua, aunque desacelera su crecimiento en la actualidad y también se prevé que continúe desacelerándose en el corto plazo, está bien, pero es frágil, con más razón si tomamos en cuenta los riesgos políticos y económicos, principalmente de origen externo, que se visualizan en el corto plazo. Aconsejo a los empresarios que elaboren sus presupuestos empresariales para 2018 teniendo en cuenta la probable evolución de la liquidez en córdobas.

En agosto de 2016, el BCN hizo la “Encuesta de Efectivo a Personas Naturales y Establecimientos con Actividad Económica” y detectó que “el 95.0 por ciento de las personas naturales y el 94.2 por ciento de los establecimientos con actividad económica utilizan córdobas” para realizar sus transacciones diarias, y “solamente el 4.2 por ciento de las personas naturales y el 7.1 por ciento de los establecimientos con actividad económica utilizan dólares”. Es un resultado obvio, porque el público no bancario deposita sus dólares en el sistema financiero nacional.

En cantidades apropiadas, la liquidez es a la economía, como el combustible al carro.