¿Vivir para el PIB o el PIB para vivir?

28 06 2020

El estímulo económico de 4 mil millones de córdobas, equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB), anunciado la semana pasada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), que estará en vigor entre el 1 de julio de 2020 y y el 30 de junio de 2022, corre el riesgo de financiar el gasto de consumo en vez de financiar exclusivamente la actividad económica nacional, o podría ser destinado a la compra de Bonos del Tesoro para financiar el déficit fiscal. Se puede suponer que el BCN no supervisará el cumplimiento del destino exclusivo que tiene este estímulo económico porque su comunicado no lo contempla, pero el BCN debe saber que con la exclusividad del crédito bancario no saldremos del del hoyo económico en que hemos caído.

Tal como lo señalé en un breve análisis de esta medida monetaria en la semana pasada, más importante que el estímulo es el objetivo de la autoridad monetaria de mantener el crédito al sistema bancario comercial en “córdobas”, eliminando la cláusula “con mantenimiento de valor” en su afán de reducir el costo del dinero y, por supuesto, influenciar a las tasas de interés “del mercado” hacia la baja, al disminuir de 5.25% a 4.5% la tasa de interés de los reportos monetarios a plazo de 1 día, e incluso podría disminuirla más, cercana a 1% o 2%, porque está recesión es más profunda que las conocidas después de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. El Banco Mundial estima que el 93% de los países ha caído en recesión en 2020, un récord máximo en la historia económica mundial.

Además, el uso exclusivo de este estímulo monetario no se alcanzará porque al shock de oferta causado por Covid-19, con el cierre temporal o definitivo de empresas debido a la suspensión temporal o definitiva de los trabajadores de sus puestos de trabajo, le sigue un shock de demanda por la reducción del ingreso de los agentes económicos -consumidores, empresarios y gobierno-. Impactados por  la incertidumbre política desde abril de 2018 y por la pandemia mundial desde marzo de 2020, el consumo y la inversión se han desplomado.

Los economistas sabemos que, en un clima de incertidumbre, los hogares y las empresas tienden a ahorrar lo más que se pueda por temor a lo que se avecina; en otras palabras, la demanda de dinero se vuelve más precautoria. Entonces, producir más en estos momentos en que se acelera la curva de personas contagiadas y la curva del número de personas fallecidas por Covid-19, ¿para qué servirá financiar más producción, para aumentar inventarios de bienes finales después de que han sido reducidos desde 2018? La crisis política local y la crisis sanitaria mundial arrojarán a la pobreza a 386 mil nicaragüenses en el trienio 2018-2020.

Sería más efectivo que el BCN comprara Bonos del Tesoro para financiar el gasto de salud necesario para proteger la vida de los nicaragüenses, con una muy baja tasa de interés y, además, con un plazo apropiado con el apoyo legislativo para que se modifique el requisito de que los bonos deben ser redimidos antes de que concluya el año fiscal en que fueron comprados.

Después de que se frene la propagación del virus, bienvenido el estímulo monetario para apoyar la reactivación de la producción de bienes y servicios, que sea bien diseñado por los encargados de formular la política económica con el propósito de reducir las desigualdades y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Ese estímulo monetario podría tomar en cuenta, primero, la restricción que impone la persistencia de la crisis política, y segundo, la condición de que no tendremos una economía en pleno funcionamiento hasta que empleadores y empleados tengan la seguridad de que no existe un alto riesgo de contraer el virus en las empresas, sin olvidar que Covid-19 ha impactado principalmente a las familias más vulnerables, a las familias pobres, que constituyen aproximadamente el 29% de la población total del país en 2020. Los caminos para salir de las dos crisis extraeconómicas que tiene el país, con sus crisis económicas correspondientes, y aún sin la vacuna contra Covid-19, continúan siendo inciertos.

Además, la economía de Nicaragua, como la de los otros países centroamericanos, México y de algunas islas del Mar Caribe, está muy influenciada por el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que, según la Actualización del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el 24 de junio recién pasado, caerá 8% en 2020 y subirá 4.5% en 2021. Por otro lado, de acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, un poco más de 46 millones de personas -aproximadamente el 28% de la población económicamente activa- han solicitado los beneficios de desempleo.

Por consiguiente, en 2020 la economía estadounidense importará menos bienes intermedios y finales, se desplomará el monto de las remesas familiares y se reducirán en gran forma los flujos de inversión extranjera directa y de turismo provenientes de la primera economía del mundo, y todo esto podría ser peor si el país del norte enfrenta nuevas oleadas de Covid-19. A esto, debe agregarse una decreciente cooperación multilateral al sector público causada por las sanciones financieras de la administración estadounidense.

Creo que tendremos que regresar a un nuevo tipo de normalidad. Impulsar el crecimiento económico de Nicaragua dependerá en gran parte de las políticas fiscales y de las reformas estructurales que persiguen el aumento de la producción de las actividades económicas y la reducción de la tasa de desempleo y subempleo, tales como la ampliación de la infraestructura económica y social, la sostenibilidad de la seguridad social, la precariedad del mercado laboral, la inequidad de la distribución del ingreso, la reducción de los altos costos unitarios de producción, y el aumento de la productividad que abarca la educación técnica, el restablecimiento de la banca estatal de fomento a la producción y la transferencia de tecnología para microempresas y pequeñas empresas, entre otras.

No es el momento de discutir si la recuperación de la economía del país tendrá, para los optimistas, una “forma de V” o “una forma de U”, o para los escépticos si se recuperará en “una forma de W”, o para los pesimistas si se mantendrá en “una forma de L” o en “una forma de |” en el mediano plazo. En este momento, esa discusión es para los banqueros, centrales y comerciales, para establecer los supuestos de los escenarios del comportamiento de las variables macroeconómicas requeridos por las pruebas de estrés financiero y determinar la fortaleza de los bancos comerciales frente a la crisis.

Este es el momento para frenar la propagación de Covid-19; garantizar el consumo de subsistencia para las familias de los trabajadores, formales e informales, que han dejado de percibir ingresos; flexibilizar temporalmente la política de desconexión de los servicios públicos por no pago oportuno; regular los precios de bienes clave en caso de especulación o de acaparamiento; aumentar el gasto de salud pública en insumos y equipos médicos; modificar temporalmente la regulación prudencial de los bancos comerciales con el objetivo de adecuar las condiciones crediticias para enfrentar la pandemia mundial; otorgar períodos de 3 meses de gracia, prorrogables 3 meses adicionales, a todos los deudores  que lo soliciten y que califiquen, independientemente de la categoría de riesgo en la que esté clasificado el deudor; y evitar el deterioro de la cartera de préstamos mediante la autorización de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) a las entidades del Sistema Financiero Nacional de no disminuir las calificaciones y las provisiones de los deudores al nivel en que se encuentran al momento de la aprobación la resolución.    





La caída económica es más grande de lo que se ha dicho

21 06 2020

Una pregunta económica que me han formulado empresarios y consumidores en los últimos años es en cuánto tiempo alcanzaremos de nuevo el nivel de la producción de bienes y servicios que se registró en 2017, último año de crecimiento económico en la historia contemporánea del país. Trataré de explicarla ampliamente en este artículo.

Los científicos de la salud pública nos han enseñado que lo primero que se debe hacer antes de  reactivar la demanda agregada (o sea, el consumo, la inversión y las exportaciones) es contener la propagación del COVID-19. Para países como el nuestro, la política fiscal y la asistencia financiera internacional son requeridas para superar el shock de oferta o la recesión económica causada por el impacto del virus, que desaparecerá cuando las empresas que se mantuvieron funcionando reactiven su producción y cuando aquéllas que cerraron, y que no desaparecieron, inicien su reapertura, para lo cual requerirán estímulos económicos facilitados principalmente por la política monetaria y la política fiscal.

Sin embargo, muchos trabajadores estarán nerviosos cuando retornen a las empresas por el temor al contagio, y mayor será su preocupación si aún no se dispone de la vacuna contra el COVID-19. Con una lenta reinserción de la fuerza laboral en la economía no se podrá alcanzar el pleno empleo en el corto y mediano plazo, que, para un país como el nuestro, consiste en que, a lo sumo, el 5% de la población económicamente activa (PEA) se encuentre en desempleo y en búsqueda activa de empleo.

Sin embargo, por aspectos metodológicos internacionales, es irónico afirmar que la economía de Nicaragua estaba en pleno empleo en el cuarto trimestre de 2019. En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) informó que la tasa de desempleo abierto fue 4.9% en el trimestre antes mencionado. Siempre he insistido que el INIDE debería publicar la tasa de desempleo equivalente resultante del subempleo, que afectó, según la cifra oficial, al 49.5% del total de personas “ocupadas”, que debería ser el porcentaje de las personas “económicamente activas”.

Si tomamos en cuenta las estadísticas económicas anuales de Nicaragua publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el gasto de inversión bruta fija real, o en precios de 2006, se desplomó 20% en 2018, y si en 2019 hubiese crecido 20% parecería que hubiese recuperado su valor registrado en 2017, es decir, el nivel que existía antes de darse el desplome de 2018. Pero no es así; las matemáticas no funcionan así. 

La caída de 20% de 55,641 millones en 2017 a 44,463 millones en 2018 en millones córdobas de 2006 del gasto de inversión bruta fija seguida de un aumento de 20% lo hubiese llevado al nivel de 55,395 millones en 2019, que aún sería inferior al monto registrado en 2017, y si la caída hubiese sido mayor, por ejemplo 50%, con un aumento seguido del 50% resultaría un monto más alejado del registrado en 2017. A manera de información, las cuentas nacionales indican que el gasto de inversión bruta fija volvió a desplomarse 26% en 2019.

Ahora que el BCN abandonó el análisis de la dirección, a la baja o al alza, del índice mensual de actividad económica (IMAE) en términos promedio anual y ha desplegado con bastante ánimo la evaluación trimestral del sector real de la economía, los resultados son bastante extraños porque los economistas observamos los datos anualizados del PIB, o sea, cuál sería la variación relativa de la producción de bienes y servicios durante un trimestre si se mantuviera durante un año.

En los últimos años normales que hemos tenido en la economía del país, esa observación funciona bastante bien. De acuerdo con las estadísticas trimestrales oficiales, si el PIB de Nicaragua crece  0.25% en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre, el crecimiento del PIB anual sería aproximadamente igual a 5%, pero a partir de 2018, con los impactos del problema político, y desde 2020, con los impactos de la pandemia mundial, Nicaragua estaría produciendo menos bienes y servicios en el segundo trimestre en relación con lo producido en el primer trimestre de los últimos tres años.

Por ejemplo, en 2018 la caída de 9.4% del PIB real en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre se tradujo en una reducción anualizada de 3.8%, mientras que en el mismo trimestre de 2019 la caída de 3.4% se tradujo en una disminución anualizada de 3.3%.

Si entre los impactos del COVID-19 se observara que en 2020 la caída del PIB del segundo trimestre fuese, por ejemplo, 10% con respecto al primer trimestre, debido a los números de la anualización el BCN informaría que el PIB del segundo trimestre cayó 5%.

Cuando el PIB trimestral comience a crecer una vez contenida la propagación del virus, habrá que tener cuidado con la lectura de la tasa de crecimiento interanual, porque la producción aún estaría por debajo de donde comenzó la caída. Los datos trimestrales pierden significación cuando el patrón de caída que observamos desde 2018 sea sustituido con un patrón de crecimiento positivo continuo.

Una lectura más apropiada del PIB trimestral sería compararlo con los niveles del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2017: la caída acumulada hasta el primer trimestre de 2020 sería 13.5%. Sin haberse registrado el impacto de COVID-19 en el sector real de la economía nicaragüense al final del primer trimestre de 2020, nos encontramos en un hoyo cuatro veces de profundo que la caída de la producción provocada por la recesión económica mundial de 2008-2009.

Así evitaríamos la lectura anualizada del PIB de cada trimestre y tendríamos una idea más cercana a la realidad económica en que nos encontramos. No debemos impresionarnos por un cambio porcentual anualizado muy elevado que se dará cuando los trabajadores tengan la confianza de no contagiarse con el virus al regresar a sus puestos de trabajo o a su nuevo empleo. Y ese momento aún no ha llegado.





Los espejismos y las trampas en la economía

14 06 2020

Un economista no puede demostrar la variación, ya sea una subida o ya sea una caída, de la producción de bienes y servicios sólo con la mención del comportamiento (sube y baja) del valor agregado de cada una de las actividades económicas, o del comportamiento de los componentes de la demanda interna, diferenciando el sector público y el sector privado, como son los gastos de consumo e inversión, o el de la demanda externa, como es la exportación.

Un economista debe fundamentar el comportamiento del producto interno bruto (PIB) real con los datos de los volúmenes de producción de los principales rubros de bienes y servicios de cada una de las actividades económicas del país, y cómo se distribuye esa producción en la inversión pública y privada en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, en el consumo de los hogares y del gobierno, y en los volúmenes de los principales bienes de exportación. A esto se agrega la importación de productos, componente de la oferta global junto al PIB.

Desde febrero de 2019, los nicaragüenses desconocemos los datos mensuales de los volúmenes físicos de producción de bienes y servicios que se reflejan en el nivel del índice mensual de actividad económica (IMAE) y éste ya está publicado hasta marzo de 2020. Además, aún no se publica el informe anual y el anuario estadístico de 2019 del Banco Central de Nicaragua (BCN), que nos ilustraría con la radiografía de la situación macroeconómica del país, por lo cual se desconoce el estado de la balanza de pagos, mejor dicho, el déficit externo y los flujos de las remesas, la cooperación oficial al sector público y al sector privado, la inversión extranjera directa y el pago de la deuda externa. También se desconocen los valores de variables clave del mercado laboral, tales como la población económicamente activa, el empleo formal y los salarios por actividad económica, y la magnitud de la informalidad laboral. Cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) publicó sendos informes trimestrales y el informe anual de la ejecución del presupuesto gubernamental de 2019. 

Con la indisponibilidad de la información arriba señalada, un economista no puede aseverar ante la nación de que el país ya salió de la recesión económica en el primer trimestre de 2020, a la que entró al concluir el tercer trimestre de 2018. Faltan los soportes estadísticos.

También existen otras particularidades de la economía nicaragüense que invitan a señalar de que aún está presente la recesión económica. A continuación, resalto las más importantes.

La economía informal de Nicaragua es muy grande. Aproximadamente el 18% de la población económicamente activa contribuirá a la seguridad social en 2020, por lo cual la informalidad laboral abarca a casi al 80% de la fuerza laboral del país. Cabe recordar que la política crediticia no funciona en el mercado informal. 

Desde hace muchos años, el subempleo ha sido el principal problema estructural del mercado laboral, pero las estadísticas laborales lo incluyen en la categoría de las personas ocupadas, aunque el subempleado trabaje 1 hora diaria. Y por este problema estructural, la productividad de los factores de producción tiende a caer y a estancarse, al observarse que durante el período 2006-2019 la productividad disminuye con un ritmo promedio anual de 1.06%.

Se podría depositar la confianza en el sector informal para que la economía del país se recupere, siempre que se eleve el nivel de escolaridad promedio de la población -estimada en 6.1 años de estudio-, y se implementen programas de educación técnica, transferencia de tecnología, apoyo de una banca estatal de fomento de la producción (que no existe), y reducción de la dependencia de las exportaciones de materias primas -en 2006, las exportaciones agropecuarias, pesqueras, mineras y las manufactureras de carne bovina y azúcar participaron con el 72.4% del valor total de las exportaciones de bienes FOB; en 2018, participaron con el 76.7%-. Estos problemas estructurales pueden resolverse en el largo plazo, no en el corto plazo, para poder concretar efectivamente la confianza del crecimiento económico en el actual sector informal.

Nicaragua, con una baja tasa de ahorro muy cercana al 24% del PIB en 2018, depende de los flujos de recursos externos -remesas, inversión extranjera directa y cooperación oficial (donaciones y préstamos) al sector público y al sector privado, excluyendo las exportaciones-, pero actualmente se observan serias limitaciones por las sanciones financieras internacionales, las salidas de capital debido al creciente riesgo político, y la recesión económica mundial causada por COVID-19. El flujo bruto de dichos recursos externos ha disminuido de 28% del PIB en 2017 a un aproximado (no oficial) de 23% del PIB en 2019 y cae a un estimado (no oficial) de 12% del PIB en 2020, y es equivalente a un tercio del monto de recursos obtenido en 2017. Hasta aquí las observaciones cualitativas.

Entonces, ¿cómo un economista podría afirmar que, en esas condiciones, Nicaragua ya salió de la recesión económica que arrastramos desde septiembre de 2018? Es muy difícil, prefiero decir imposible, afirmarlo en las condiciones antes descritas.

Ahora, una rápida mirada a la información oficial de las tasas de crecimiento interanual de la producción por actividad económica correspondientes al primer trimestre del año en curso. La pesca y acuicultura tiene el mayor crecimiento de 34.1%, pero apenas contribuye con el 0.9% en la formación del PIB, mientras que la agricultura muestra un escaso crecimiento de apenas 1.6% y aporta el 7.6% del PIB. La generación de electricidad cae 13.3%, lo cual es contradictorio con el aumento de 1.8% del PIB, pero se desconoce el dato de consumo de energía eléctrica; transporte y comunicaciones cae 4.5% y, en forma inesperada, el comercio sube 7.2%; y mientras el saldo bruto del crédito del sistema bancario caía interanualmente 4.9% en el primer trimestre de 2020, la producción de servicios financieros se desplomaba 20.2%.

Otra rápida mirada a las tasas de crecimientos de los componentes de la demanda interna en el mismo trimestre. Sorprende y es bastante discutible la caída de inventarios de 3,907.4 millones de córdobas constantes en el primer trimestre de 2020 al compararse con una caída anual de 2,399.4 millones de córdobas constantes en 2019. ¿Por qué no se publicó este dato en el enfoque del gasto del PIB, si se puede obtener al restar el valor de la formación bruta de capital fijo del valor de la formación bruta de capital? ¿Cayeron bruscamente los niveles de inventarios de bienes de consumo intermedio, de capital y de consumo final en manos de las empresas en el primer trimestre del año en curso, con el fin de propiciar un levísimo aumento de 0.5% del gasto de consumo individual de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, a sabiendas del creciente desempleo y subempleo, la ampliación de la informalidad en el mercado laboral y el congelamiento salarial, excepto el salario mínimo legal?

Un economista que ocupe un alto cargo en la administración pública debe contribuir con sus análisis para que el gobernante tome las mejores decisiones en política económica.





¿Sobrevivirá el cuento monetario al COVID-19?

7 06 2020

El riesgo del cuento monetario, experimentado en el país desde la década de los noventa del siglo pasado, hoy está latente en la economía nicaragüense por tercer año consecutivo, tras tres años de caídas muy severas de la demanda interna, primero causada por un riesgo político y segundo, provocada por un riesgo de la naturaleza, como es COVID-19. El gasto de consumo está deprimido por el desempleo, el subempleo y el congelamiento de los salarios, excepto el salario mínimo legal, mientras que el gasto de inversión privada ha tocado fondo empujada por la incertidumbre política. Los consumidores y los inversionistas reducen el gasto en tiempos de crisis, es decir, ahorran, al prever la persistencia de los macroproblemas.

Y el cuento monetario se limita a “esterilizar” de dinero al mercado para lograr el aumento deseado de las reservas internacionales en las arcas de la banca central, con el fin de mantener estables al tipo de cambio y al índice de precios al consumidor. Exceptuando dos momentos locales de expansión monetaria observados en marzo o abril y en noviembre y diciembre, la autoridad monetaria ahora reduce la disponibilidad de dinero con el aumento de los depósitos del sector público no financiero en la banca central, los pagos de su crédito de corto plazo a la banca comercial, el encaje en córdobas o la proporción de los depósitos en córdobas que la banca comercial deposita en la banca central (la proporción efectiva siempre ha sido mayor que la legal) y la colocación de Letras sólo con plazo de 1 día, porque las operaciones de mercado abierto con mayores plazos hasta 1 año no funciona desde marzo de 2019.   

Menos córdobas circulando y más dólares guardados facilitan al banquero central opinar sobre la salud de la economía, pero su discurso no influye en la economía real porque la tasa de crecimiento económico es exógena en el cuento monetario, al garantizar exclusivamente la estabilidad de una baja tasa de devaluación y de una baja tasa de inflación, una tarea aritmética muy sencilla que se reduce a un saldo de reservas internacionales brutas igual, al menos, a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, constituida principalmente por el saldo de emisión de dinero. La ley orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN) no exige formular políticas monetarias y financieras tendientes a lograr el pleno empleo, que sería una grave restricción para impulsar la demanda interna una vez que sea controlada la expansión de COVID-19.

El ritmo de crecimiento de la producción de bienes y servicios depende de otras variables económicas que pueden estar fuera del modelo econométrico de la autoridad monetaria o, si estando presentes, no guardan una relación adecuada con el mercado. Por ejemplo, las tasas de interés pagadas a los depositantes o cobradas a los prestatarios por el sistema financiero nacional muestran una correlación casi igual a cero con la tasa de interés monetaria o interbancaria fijada por el banquero central en la emisión de Letras con plazo de 1 día o los reportos monetarios o crédito de corto plazo, ahora en córdobas sin mantenimiento de valor, que el BCN coloca en los bancos comerciales.

Las sanciones financieras internacionales, la drástica caída de la inversión extranjera directa y, más recientemente, la disminución de las remesas familiares, tienden a contraer el saldo de las reservas internacionales administradas por el BCN y también exponen a la estabilidad macroeconómica a un mayor riesgo. Por consiguiente, es probable que observemos una mayor reducción de la oferta de dinero o medio circulante en este año, lo cual provocará una mayor aceleración de la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) real.

Frente a COVID-19, las herramientas macroeconómicas parecen ser impotentes. La pandemia ha provocado una recesión mundial, muy distinta a las recesiones causadas por crisis financieras. La política monetaria parece ineficaz ante la realidad actual, porque la amenaza fundamental para la economía del país en este momento es la propagación del virus, un shock del mundo real, no de extravagancias financieras, mientras que la política fiscal se ha tardado en entregar dinero público, que equivale a la ampliación del déficit fiscal para fortalecer la atención de la salud pública. El mundo, mejor dicho, los países de economía avanzada y emergentes, nos ha enseñado que para frenar la propagación del virus será necesario un mayor dolor económico con las cuarentenas que mantienen a los trabajadores en casa, la limitación de viajes y la interrupción del comercio.

Estamos menos preparados para enfrentar este shock de oferta provocado por la biología. Si COVID-19 continúa siendo una amenaza, una menor tasa de interés activa para los productores y los consumidores no retornará a los trabajadores a las empresas ni a los consumidores a los centros comerciales y de entretenimiento, ni a los restaurantes. Una menor tasa de interés será necesaria para enfrentar el posterior shock de demanda, o sea, para reactivar la demanda interna, una vez frenado y controlado COVID-19.

Pero durante la presencia del severo y temporal shock de oferta en que nos encontramos, será necesario un mayor gasto público para defender la vida de los nicaragüenses, lo cual no implica el riesgo de acelerar la tasa de inflación, porque la pandemia mundial ha tirado los precios internacionales de las materias primas hacia abajo. A finales de este año, es bastante probable que nos referiremos a una tasa de deflación en vez de una tasa de inflación. Un ejemplo es el precio del barril de petróleo WTI, de referencia para Latinoamérica, que se cotizó en US$39.55 al cierre del viernes 5 de junio del año en curso, el cual refleja una caída acumulada de 36% en el transcurso del año.

En la fase del shock de demanda, la política fiscal, como la política monetaria, deberá ser expansiva para iniciar el proceso de recuperación económica del país por la vía de la inversión, un proceso que será largo porque el PIB Per Cápita promedio anual de 2020 estaría retrocediendo a un nivel cercano al de 2012, pero también requeriría la solución de los problemas políticos que afectan el desempeño económico del país desde 2018.

Los economistas debemos comprender a fondo los principales problemas económicos de la actualidad. Hay que eliminar los misterios que rodean a  las políticas monetarias. Insisto en que las tasas de interés influyan sobre la tasa de inflación, y no a la inversa como se observa en el mercado monetario interno. Los cambios en las tasas de interés deberían tener mucho que ver con la inflación y, por qué no, también con la deflación, para que el comportamiento de los consumidores y los productores sea estable.

Lo que diga el BCN debería ser un factor que influya en la economía, porque es el emisor del monopolio del córdoba. El BCN no debería ser un factor exógeno, como se observa hoy, porque reduce su papel a la descripción pasiva de lo que está ocurriendo en la economía y, más grave aún, por estar fuera de tiempo. Aún no se conoce el informe de la autoridad monetaria correspondiente a 2019 ni una gran cantidad de indicadores económicos que obligatoriamente debe publicar el BCN.

¿Qué pensarán las autoridades y supervisores económicos gubernamentales al respecto? El debate económico serio, constructivo, no movido por apasionamientos políticos, podrá contribuir a la formulación de la política macroeconómica que, con el COVID-19, se ha salido bastante del enfoque de la escuela neoclásica, pero poco del enfoque de la escuela keynesiana.





4,319 días de impunidad

4 06 2020

11.83 años = 142 meses = 4,319 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

Eduardo Montealegre cumplió el 2 de junio de 2020 4,319 días de ser el impune más famoso de la historia delictiva penal de Nicaragua. Continúa evadiendo la justicia gracias a la protección del Poder Judicial, desde dos juzgados penales hasta la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Tribunal de Apelaciones de Managua.

Si se efectuaran 95 juicios diarios en todos los juzgados penales del país, al 2 de junio de este año ya hubiesen sido realizados los 125,000 casos que se llevaban en el país, incluyendo mi acusación al ex banquero y ex político Montealegre Rivas, tal como lo declarara la presidenta del Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, el viernes 28 de octubre de 2016.

En el bienio 2016-2017 presenté las denuncias documentadas a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Bureau de la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria, de que Eduardo Montealegre es un violador de los derechos humanos.

Continúa estando sobre la ley, mejor dicho, al margen de la ley.





La moneda, la banca y la realidad

31 05 2020

Concluyó mayo de 2020 con el inicio de la fase cuatro de COVID-19 en el país, que se caracteriza por la aceleración de los números de casos contagiados y de muertes provocadas por el virus.

En el sector real de la economía, los problemas están a la vista.  Nuestro pronóstico económico para 2020, actualizado en abril recién pasado, indica que la producción de bienes y servicios tiende a caer 5.4%, con lo cual se destruirían 65 mil puestos de trabajo del sector formal; la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo subirían a 32.1% de la población económicamente activa;  el gasto de consumo de las familias se desploma 4.9%; y cae la confianza de los consumidores por las repercusiones económicas del virus.

En el sector monetario, las operaciones de mercado abierto, o colocación de títulos en córdobas con mantenimiento de valor emitidos por el Banco Central de Nicaragua (BCN), desde marzo de 2019  han dejado de ser un instrumento efectivo para la regulación de la liquidez -sólo funcionan las colocaciones de Letras con plazo de 1 día-, pero la autoridad monetaria continúa su infatigable tarea de reducir la base monetaria, principalmente el componente de la emisión de dinero, mediante el pago del crédito (o reportos) que la banca central ha otorgado a la banca comercial y el aumento de los depósitos del sector público no financiero (SPNF) en la banca central.

En los primeros cuatro meses del año en curso, 2 mil 730 millones de córdobas han retornado a las bóvedas del BCN, a pesar de que puso a circular 2 mil 424 millones de córdobas en el mercado debido a la compra de 97 millones de dólares, principalmente en la mesa de cambios. Por su parte, en el mismo período, la oferta de dinero o medio circulante se redujo 3 mil 418 millones de córdobas y su nivel actual de C$39,316 millones es muy cercano al registrado en abril de 2018. Como producto de la crisis política del 18 de abril de 2018, la dolarización extraoficial de la economía se ha reducido, pero continúa siendo excesiva, al disminuir la participación del dólar estadounidense en el total de los activos líquidos desde 69.1% en enero de 2018 hasta 63.4% en abril de 2020.

La reducción de la base monetaria contribuyó al fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales brutas administradas por el BCN, al aumentar US$267 millones, hasta US$2,665 millones, en el período enero-abril de este año.

De acuerdo con el balance de divisas de la banca central al 30 de abril recién pasado, las principales fuentes de recursos externos fueron: préstamos, US$121 millones; compras de dólares del BCN, US$97 millones; colocación neta de títulos en moneda extranjera emitidos por el BCN, US$66 millones; y aumento del saldo de encaje en moneda extranjera, US$23 millones. Estos ingresos de divisas fueron contrarrestados parcialmente por el pago US$99 millones en concepto de intereses y amortizaciones a los acreedores del sector público, y la disminución de US$19 millones del saldo de las cuentas corrientes del SPNF en el BCN, principalmente.  

La expansión de las reservas internacionales brutas y la contracción de la base monetaria facilitaron el cumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica: el saldo de dichas reservas fue equivalente a 2.87 veces el saldo de la base monetaria -el nivel mínimo es 2.5 veces-. Por lo tanto, el BCN continúa garantizando la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor y, por consiguiente, no se prevén riesgos de fuertes presiones inflacionarias ni de una mayor devaluación del córdoba.

En el sector financiero, se observó que, en términos acumulado anual al 30 de abril, las entidades bancarias registraron un alza de 5.2% en el saldo total de los depósitos -los de moneda nacional disminuyeron apenas 0.6% y los de moneda extranjera aumentaron 7.6%- y una caída de 4.3% en la cartera de crédito neta.

Sin embargo, en este año el saldo total de los préstamos vencidos, reestructurados, prorrogados y en cobro judicial, como proporción de la cartera de crédito bruta se ha incrementado 1.68 puntos porcentuales, al pasar de 11.39% en diciembre de 2019 a 13.07% en abril de 2020. Entre diciembre de 2019 y abril de 2020, las tasas de interés activas y pasivas promedio implícitas han disminuido levemente, al pasar la primera de 14.5% a 12.8% y la segunda de 3.7% a 3.0%.   

Cabe destacar que los bancos continuaron elevando su liquidez, tanto en córdobas, equivalente a 37.8% del saldo de los depósitos en moneda local, como en moneda extranjera, igual a 52.1% del saldo de los depósitos en dicha moneda. En orden de importancia, los tres bancos con mayor liquidez son BAC, BANPRO y AVANZ.

En el transcurso del año, los seis bancos comerciales mantienen la tendencia creciente de las tasas de rentabilidad: al 30 de abril, la de capital es 6.51% y la sobre activos es 0.43%. En orden de importancia, los tres bancos más grandes son los más rentables, BAC, LAFISE BANCENTRO y BANPRO.

Todos los bancos registraron en abril una reducción de su eficacia en el manejo de la cartera con respecto a marzo. La cartera de préstamos fue igual a 38.86 veces el monto de los gastos de administración, pero la eficacia en la generación de ingresos financieros se mantuvo constante, al ser el monto de las utilidades financieras igual a 1.35 veces el total de los gastos de administración.  En orden de importancia, los tres bancos con mayor productividad son BDF, BAC y FICOHSA.

La solidez bancaria se mantuvo con una adecuación de capital que duplica su norma legal, al representar el capital el 20.2% de los activos en riesgo (principalmente la cartera de préstamos), mientras que el colchón para riesgos de todo el sistema bancario mostró una cobertura de las reservas de cartera y el patrimonio de 20.64 veces el saldo de los créditos vencidos. En orden de importancia, los tres bancos más sólidos son los bancos más grandes, BANPRO,  LAFISE BANCENTRO y BAC.

Siempre en orden de importancia, FICOHSA, BAC y AVANZ son los tres bancos más accesibles, lo que se explica con sus servicios al público al tener los mayores niveles de ingresos no financieros en relación con la cartera de préstamos, con el mayor número de clientes con respecto al saldo de los préstamos y con la relación de préstamos a depósitos. Cabe agregar que estos tres bancos ofrecen las mayores tasas de interés a los depositantes.

Entre los bancos más grandes, el BAC es el más competitivo y el más preferido, y entre los bancos más pequeños, el BDF tiene la mayor competitividad y FICOHSA tiene la mayor preferencia. Los tres bancos comerciales que tienen los mayores índices de calidad, en el mismo orden, son BAC, FICOHSA y BANPRO.

En conclusión, el mercado monetario y el sistema bancario se han fortalecido en el primer cuatrimestre de 2020, no hay síntomas de expansiones monetarias ni de inestabilidad del tipo de cambio, que mantiene un ritmo de devaluación anual de 3%, y de la tasa de inflación, que tendería a ser una deflación por el shock de oferta provocado por COVID-19, aunque el aumento del riesgo político ha disminuido el crédito y los depósitos en las entidades bancarias.

Pero los problemas en el sector real de la economía se agudizan. Los ingresos de la población disminuyen por el creciente desempleo, la producción de bienes y servicios continúa en caída durante tres años consecutivos, talvez tengamos algún crecimiento económico el próximo año, y la situación de la salud pública está tornándose crítica debido a la percepción que se tiene por el aumento de las personas contagiadas, la falta de una orientación clara a la población para frenar la propagación del virus y la indisponibilidad de la cooperación multilateral para afrontar la pandemia mundial en el país. Si la política monetaria se está administrando muy bien, creo que es necesaria una política fiscal adecuada para atender la salud de los nicaragüenses, que es mucho más importante que la estabilidad macroeconómica en un momento de emergencia nacional y que también ya está defendida por el shock de oferta provocado por COVID-19.





El desempleo y el subempleo en Nicaragua

24 05 2020

Al menos desde hace cuatro décadas, el subempleo ha sido el principal problema estructural del mercado laboral de Nicaragua. El problema del desempleo abierto, o sea, las personas económicamente activas (PEA) que no trabajan un minuto en el año, es un problema secundario. En cambio, los subempleados, dada la característica de informalidad empresarial del país, se distinguen por trabajar menos de ocho diarias, como lo ordena el código laboral, o devengar un salario mensual menor que el salario mínimo legal.

Las últimas estadísticas oficiales del mercado laboral, publicadas por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en marzo de 2020, corresponden al cuarto trimestre de 2019. Entre sus indicadores aparece la tasa de desempleo abierto de 4.9% (?), es decir, que de acuerdo con la distribución normal se podría afirmar, con el 95% de confianza, que en el país no existe el desempleo abierto, pero el 46.9% del total de las personas ocupadas está subempleada. En este último porcentaje se incluye a las personas que trabajan al menos 1 hora y a lo sumo 7 horas y menos de 60 minutos por día, o que tienen un salario mensual menor que el promedio simple del salario mínimo legal mensual de C$6,675.00, pero están registradas entre los ocupados, por lo cual la tasa de ocupación es igual a 95.1% (=100% – 4.9%) de la PEA.

Otra variable laboral sujeta a crítica, porque no se publica desde hace varios años, es la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo, en otras palabras, el porcentaje de la PEA que tiene deseos de trabajar horas adicionales y que es análogo a la búsqueda activa de empleo en la definición del desempleo abierto, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La tasa de desempleo equivalente puede ser adicionada a la tasa de desempleo abierto para aproximarnos al dato veraz del flagelo del desempleo en el país, o sea, para conocer el número de personas económicamente activas que no generan ingresos salariales en Nicaragua.

Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronosticó que en 2020, con una caída de 5.4% del producto interno bruto (PIB) real o en precios constantes,  198 mil trabajadores quedarán desempleadas o sin generar ingresos salariales en este año, de tal forma que la suma de la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo alcanzará el nivel de 32.1% de la PEA, que es bastante aproximada al máximo histórico de la subutilización laboral de 32.5% de la PEA registrada en 1993 con cuatro años consecutivos de estancamiento económico y con severas reformas estructurales sin una red de protección social. El ejército de desempleados tiende a alcanzar un promedio anual de 1 millón 274 mil personas en 2020.

Con el impacto del shock de oferta provocado por COVID-19 en Nicaragua, ya se observa el cierre de empresas y la suspensión temporal o definitiva de trabajadores, principalmente en las actividades de comercio minorista, restaurantes, hoteles, construcción, transporte, servicios personales tales como centros de belleza y peluquerías, lo cual está imponiendo una nueva realidad económica: mantener las empresas abiertas es tan difícil como cerrarlas, porque los costos son más altos para asegurar el número de trabajadores y clientes o porque el gasto de consumo de los hogares ha disminuido por el menor ingreso salarial y el período para frenar la propagación del virus no está definido. Las microempresas y pequeñas empresas, que tienen tasas de rentabilidad reducidas y menores niveles de liquidez, cada día están enfrentando una relación costo-ingreso incontrolable

Es muy probable que los trabajadores estarán muy nerviosos de ir a sus lugares de trabajo, debido a la aceleración del número de personas contagiadas que se ha observado a partir de la tercera semana de este mayo. Como lo he señalado en artículos anteriores, los que están en primera fila, los virólogos y los infectólogos, tendrán que frenar, aunque no detener, a COVID-19, y sin esta solución será muy difícil volver a restablecer y aumentar los niveles de empleo antes del surgimiento de la pandemia. En el trienio 2018-2020, 514 mil personas habrán cesado de trabajar en los sectores formal e informal de la economía.

Por estas razones, sugiero a las autoridades gubernamentales, como dicen los expertos en salud pública, que impulsen las medidas preventivas para evitar un mayor número de contagios, tales como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y guantes, y la limpieza frecuente de las manos.

El gobierno sabe muy bien que esta no es recesión económica convencional que requiere un estímulo económico, aunque no sea de base amplia como se observa en los países de economía avanzada. La misión es contener la pandemia y, si es posible en esta tarea de salud pública, aliviar la situación de los trabajadores que han quedado desempleados por COVID-19.

El alivio de dicha situación, tal como lo propuse en otro artículo económico fechado el 3 de mayo del año en curso, podría concretarse con una ayuda generosa gubernamental-empresarial mediante un crédito fiscal aplicable a los pagos del anticipo del impuesto sobre la renta del año fiscal de 2020 con el fin de facilitar a los empresarios los pagos de salarios a las personas suspendidas de sus puestos de trabajo -incluso reducir la jornada laboral y los salarios-, disminuir las tarifas de electricidad dado el desplome de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, flexibilizar temporalmente la política de desconexión de los servicios públicos por no pago oportuno y regular los precios de bienes clave en caso de especulación o de acaparamiento.





Los desafíos de la banca comercial privada de Nicaragua

18 05 2020

Los seis bancos privados radicados en Nicaragua, el séptimo está recién establecido en el país, tuvieron un crecimiento importante entre 2013 y 2017, cuando la economía nicaragüense se expandía a un ritmo promedio anual cercano a 5%, que se mantuvo hasta marzo de 2018. El estallido social del 18 de abril de 2018, con la consecuente incertidumbre y desconfianza de los agentes económicos, provocó caídas de 5.5% en 2018 y 16.6% en 2019 en la industria bancaria debido a la gran fuga de los depósitos en moneda extranjera, que totalizó US$1,384 millones entre el 12 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, y fue equivalente al 11% del producto interno bruto (PIB) de 2018.

Ahora en 2020, se ha sumado otra crisis, la gran recesión económica mundial causada por el virus COVID-19,  mucho mayor que la de 2008 cuando se derrumbó la banca de inversión de Wall Street. La economía de Nicaragua no se escapa del shock de oferta de la pandemia mundial en 2020. Con la correlación positiva de la economía nicaragüense con la economía estadounidense y la elasticidad de 0.972 de la producción del país con respecto a la producción de su principal socio comercial, comprobamos que en este año el PIB caerá 5.4%, la tasa de deflación o caída de precios al consumidor será del orden de 1.9% y la tasa de subutilización de la fuerza laboral, o sea, el desempleo abierto y el desempleo equivalente relacionado con el subempleo, subirá 4 puntos porcentuales hasta 32% de la población económicamente activa.

Los efectos de COVID-19 en la actividad económica de Nicaragua aún no se han observado con todo su vigor desde el 18 de marzo recién pasado, fecha de la aparición del virus en el país. La prudencia bancaria y la aversión al riesgo comienzan a reflejarse en una leve reducción interanual de la caída de los préstamos de 12.0% en febrero a 10.3% en marzo; por su parte, el aumento interanual de los depósitos se mantuvo en 3.43% en febrero y 3.56% en marzo, confirmándose el restablecimiento de la confianza del público, aunque no a los niveles previos a abril de 2018. Aún existe un desafío por superar, que es la sostenibilidad en un ambiente de restricciones necesarias para frenar la propagación del coronavirus con un indudable impacto económico severo. El aumento del desempleo reducirá el gasto de consumo y la demanda de dinero será más precautoria.

A finales de marzo de este año, todos los bancos presentan suficientes reservas de liquidez para atender las demandas y necesidades de los depositantes, así como el cumplimiento de sus obligaciones con los prestatarios. Dichos niveles de liquidez, expresados en proporción de los depósitos, son iguales a 35.5% en moneda nacional y 51.8% en moneda extranjera.

Desde marzo de 2019, el coeficiente de la liquidez en moneda extranjera mostró una tendencia creciente, a pesar de que el Banco Central de Nicaragua (BCN) comenzó a comprar dólares a los bancos a partir de abril de 2019, mientras que el coeficiente de la liquidez en moneda nacional reflejó una tendencia decreciente desde septiembre de 2019 debido a la mayor demanda de dinero para fines transaccionales, que fue impulsada por los factores de estacionalidad del medio circulante en los últimos dos meses del año, y al pago del impuesto sobre la renta que se deposita en los bancos a más tardar el último día de febrero y que el gobierno retira en marzo.

El shock de oferta provocado por COVID-19, que se manifiesta con el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo desde abril recién pasado, principalmente en las actividades de construcción de viviendas y edificaciones, comercio, hoteles, restaurantes y otros servicios comunales y personales, provocará una mayor reducción de los depósitos porque las personas que han perdido su empleo harán uso de sus ahorros. Esto no debe confundirse con una mal llamada fuga de depósitos, que tiende a provocar pánico entre la población.

Todos los bancos continúan teniendo una tasa de rentabilidad positiva, pero a un nivel más bajo. La disminución de la tasa de rentabilidad de capital se explica con el aumento de las provisiones por incobrabilidad que pasó, como porcentaje de la cartera bruta de préstamos, de 2.40% en marzo de 2018 a 4.78% en marzo de 2019, y en marzo de 2020 se elevó a 5.27%. Cabe señalar que la rentabilidad de capital del sistema bancario disminuyó de 40.2% en diciembre de 2017 a 21.2% en diciembre de 2019, pero son niveles superiores a la media de sus pares en la región centroamericana.

Se observa una gestión bancaria orientada a conservar la productividad bancaria, donde la reducción de los gastos administrativos ha sido determinante, pero aún existe un gran campo de acción. La eficacia en el manejo de la cartera de préstamos del sistema bancario en tiempos de crisis política, ha sido mantenida en marzo de 2020 casi en el nivel registrado antes de la crisis en marzo de 2018, es decir, el monto de los préstamos equivale a 53.2 veces el monto de los gastos administrativos. 

Inmersos en la crisis política interna y ahora afrontando la crisis de la pandemia mundial, los bancos han fortalecido su solidez, lo cual promueve la confianza del público no bancario en las entidades bancarias. Dicha solidez ha permanecido estable entre junio de 2019 y marzo de 2020, y es 6 puntos porcentuales mayor que la registrada a lo largo de 2017. La adecuación de capital en marzo de 2020 es igual a 19.7%, casi el doble de la norma establecida del 10%. En otras palabras, el capital de los bancos representa casi el 20% de los activos ponderados de riesgo, constituidos principalmente por la cartera de préstamos.

Entre marzo de 2018 y marzo de 2020, la cartera de préstamos de los bancos comerciales se ha reducido 25% y el costo del dinero se elevó de 11.53% en marzo de 2018 a 13.72% en septiembre 2019, pero ha disminuido a 12.56% en marzo de 2020. La menor concesión de préstamos y la mayor tasa de interés activa (promedio ponderada) se explica por los mayores riesgos políticos y económicos del país, que se manifiestan en el aumento de la cartera en riesgo (préstamos vencidos, prorrogados, reestructurados y en cobro judicial) de 2.72% a 11.52% de la cartera bruta de préstamos, y en el número de préstamos que observó un desplome de 542,970 al pasar de 1,619,305 a 1,076,335 en los últimos dos años.

Por su parte, el saldo de los depósitos en las entidades bancarias cayó 25% y el número de cuentas de depósitos disminuyó 122,849, como resultado de la fuga que se observó principalmente en los depósitos en moneda extranjera a lo largo de un año, entre abril de 2018 y marzo de 2019, pero desde marzo de 2019 hasta marzo de 2020 el número de cuentas aumentó 91,495, una recuperación del 74% de las cuentas perdidas, por la atracción de depositantes mediante una mayor tasa de interés pasiva (promedio ponderada) que oscila alrededor de 3.0%.

En conclusión, la gestión bancaria aún enfrenta retos, pero ha dado muestras de un eficaz manejo de los recursos del público, el cual ha demostrado su confianza en el cambio de tendencia hacia recuperación de los depósitos y el aumento de clientes a pesar de la crisis política interna. Ahora, el distanciamiento social ha motivado la aceleración de la tendencia global hacia el uso de las herramientas digitales y plataformas móviles como un nuevo instrumento estratégico de la Banca para mejorar la oferta y calidad de sus servicios frente a la crisis de COVID-19.

Esto facilitará la modernización necesaria para la bancarización del país, siempre que el público no bancario tenga sus préstamos y tarjetas de crédito disponibles en el mismo banco en que tenga sus depósitos, lo que contribuirá a racionalizar la red de sucursales y a que los usuarios de los servicios bancarios puedan hacer sus transacciones bancarias desde sus casas. Sin embargo, es de suma importancia la conservación adecuada del empleo y la garantía para recuperar la economía, una vez que se resuelva el problema sanitario que atraviesa el país.





¿Y después de COVID-19?

17 05 2020

Abundarán los reclamos y los cuestionamientos sociales, económicos y políticos después de que se logre frenar, controlar y erradicar a COVID-19, lo cual depende, en primera instancia, del cambio en el comportamiento de las personas, para intentar el restablecimiento de la “normalidad” con la reapertura de la economía, mejor dicho, del mercado, más específicamente, de las empresas.

Esos reclamos saltarán a la palestra mundial porque el coronavirus está desnudando las divisiones internas, las desigualdades económicas, las inequidades sociales y las fragilidades políticas.

En nuestro caso, los nicaragüenses reclamarán cómo emerger a un nuevo tipo de “normalidad”, que sea más equitativa y más justa, más cohesionados para garantizar el interés supremo, el interés nacional, el interés de la Nación. Por esta razón, será relevante la reconstrucción de los sistemas de educación y salud, la economía, las instituciones políticas, la dignidad humana y el respeto por la democracia.

Recientemente, se ha conocido públicamente que el Gobierno iniciará, con los partidos políticos legalmente establecidos, las negociaciones de las reformas electorales en julio próximo y el nombramiento de los magistrados del Consejo Supremo Electoral en octubre de este año, lo que puede considerarse como un primer paso para proteger la democracia y asegurar las elecciones libres y justas el 7 de noviembre de 2021.

Por otro lado, en el ámbito socioeconómico se observa un gran déficit de información oficial. Sin información no hay debate sobre las políticas económicas y sociales.

Sin la intención de proponer una estrategia alternativa de desarrollo para Nicaragua -no es el momento ni el lugar-, siempre he considerado la necesidad de discutir el significado, las posibilidades y las implicaciones prácticas de un crecimiento económico pro-pobre en  Nicaragua, sin olvidar el carácter multi-dimensional de la pobreza y sin caer en la trampa de la definición uni-dimensional de la pobreza, por ejemplo, en términos de consumo como lo hace el Banco Mundial.

En Nicaragua se han impulsado tres estrategias de reducción de la pobreza. La primera fue la Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP), presentada en la administración del Dr.  Arnoldo Alemán, pero se limitó a una supuesta relación automática entre el crecimiento del producto interno bruto y la reducción del índice de pobreza del país, enmarcada en programas de ajustes económicos y reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional que impedían fuertemente las posibilidades de intervención del Estado en favor de un crecimiento acelerado y de base realmente amplia. El índice de pobreza de Nicaragua se redujo de 50.3% en 1993 a 45.8% en 2001.

La segunda estrategia fue el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se transformó en Plan Nacional de Desarrollo Operativo (PNDO), formulados en la administración del Ing. Enrique Bolaños, sobre la base del concepto de competitividad y el desarrollo de ocho conglomerados (o clusters), lo que implicó, por lo menos, una conciencia de que el crecimiento económico que ahí se proponía no es pro-pobre. El índice de pobreza de Nicaragua se elevó a 48.3% en 2005.

La tercera estrategia fue el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), aprobada en la administración del Comandante Daniel Ortega, que mejoró la incidencia del gasto público en la reducción de la pobreza al potenciar la capacidad productiva de los más pobres y rescatar la gratuidad de los servicios de salud y educación. El índice de pobreza de Nicaragua se redujo a 29.6% en 2014.

Se puede afirmar que el PNDH se ha acercado más a los pobres. Las seis encuestas de medición de nivel de vida de la población realizada en Nicaragua durante el período 1993-2014 han tenido el aval técnico del Banco Mundial, pero el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso, que muestra el nivel de la inequidad de dicha distribución, apenas ha bajado de 0.54 en 1998 a 0.48 en 2014, de acuerdo con dichas encuestas.

Hay dos interpretaciones principales del concepto de crecimiento económico pro-pobre en la literatura (Rob Vos, 2004). La primera definición dice que es pro-pobre todo crecimiento que sea acompañado por una disminución en valor absoluto de la pobreza, medida de una forma apropiada, o sea, en el que los pobres ganen, en valor absoluto.

La segunda definición dice que es pro-pobre el crecimiento que conlleva cambios en la distribución del ingreso a favor de los pobres, o sea el crecimiento en que los pobres ganan más que lo que ganarían si todos los ingresos crecieran a la misma tasa (con esta definición podríamos también tener “contracción pro-pobre”, en una situación de contracción económica en la que los pobres perdieran menos que el resto de la población).

La primera de las dos definiciones de crecimiento pro-pobre antes mencionadas, junto a un concepto de pobreza absoluta, y por lo tanto con la línea de la pobreza, ha sido la más consistente con la forma en que es tratada la pobreza en las tres estrategias que se han aplicado en Nicaragua.

Una estrategia de crecimiento económico pro pobre en Nicaragua podría tomar en cuenta lo siguiente: aumentar la competitividad empresarial; ampliar la calidad y la cobertura de la educación primaria, secundaria y técnica; transferir tecnología a las micros, pequeñas y medianas empresas; cuidar la productividad y los salarios reales en el mercado interno; formular políticas favorables a la inversión en tecnología; mejorar y ampliar la infraestructura económica; atraer y conectar empresas extranjeras con empresas nicaragüenses; desarrollar la agroindustria; mejorar la calidad de  los empresarios; facilitar el crédito a la micro y pequeña empresa agropecuaria y agroindustrial; garantizar una mayor equidad de la política fiscal; aplicar políticas de redistribución del ingreso; reformar la administración de la justicia; evitar y concluir la solución de los problemas de la propiedad en conflicto; y mejorar la  calidad medioambiental del crecimiento económico. Podrá haber otros temas para un debate.

Es más fácil expresar que lograr un crecimiento económico pro pobre. La primera definición de dicho crecimiento arriba mencionada se concentra exclusivamente en los pobres, pero la segunda definición asegura que cada por ciento de crecimiento del PIB conduce a una mayor reducción de la pobreza en países que tienen una gran desigualdad del ingreso. En Nicaragua, si el PIB crece 1%, el índice de pobreza disminuye 0.6%, sobre la base de una muestra de datos correspondientes al período 1993-2014. Y el crecimiento económico antes de la situación de crisis de hoy aún era insuficiente para reducir el desempleo, el subempleo y la pobreza.

Ojalá que algún día se debata el crecimiento económico pro pobre en Nicaragua.





Del “shock de oferta” al “shock de demanda”

10 05 2020

La semana pasada se acumularon malas noticias del comportamiento de la producción y del desempleo en los países de economía avanzada:

•             el alza semanal de 25% del precio del barril de crudo WTI, que se cotizó en US$24.74 al cierre del viernes, aunque en el año refleja una caída de 60% por la demanda lastrada por la pandemia del COVID-19, el efecto de los recortes de producción de los país de la OPEP y la falta de espacio de almacenamiento;  

•             la tasa de desempleo de 14.7% en Estados Unidos y 33 millones de estadounidenses han solicitado subsidios por desempleo al Estado en las últimas 7 semanas;

•             el comercio exterior de China cayó 4.9% en los primeros cuatro meses del año en curso;

•             Japón de cara a una gran depresión, al caer el gasto de los hogares 6% en marzo con respecto al año anterior;

•             la Eurozona en espera de una gran recesión, con una contracción económica prevista de 7.7% en este año;

•             el Reino Unido prevé la peor contracción económica, 14%, en 300 años;

  • la Organización Mundial de Comercio (OMC) señaló que el retroceso del comercio global en 2020 será de entre 13% y 32%, según los escenarios de contención del virus contemplados; y
  • la inflación se diluirá y se ”congelará”en niveles cercanos a 0%, hacia arriba o hacia abajo.

El peligro latente es que este escenario económico mundial en ciernes podría convertirse en una depresión mayor que la Gran Depresión de 1929.

A manera de referencia, la gran depresión de Estados Unidos de los años 30 del siglo pasado comenzó en 1928 con la caída de los precios agrícolas, estalló con el desplome de la bolsa de Nueva York el jueves 24 de octubre de 1929 (el jueves negro) y se prolongó hasta 1935.

La Fed no pudo rescatar a los bancos, principalmente al Banco de Nueva York, porque la ley lo limitaba al requerirse el respaldo en oro de ese crédito, la iliquidez quebró a 900 bancos y los depositantes perdieron 140 millardos de dólares. Se dio un control de precios con un intervencionismo agresivo, principalmente en el sector agrícola, el oro dejó de ser el patrón internacional monetario y la inversión pública no reactivó la economía estadounidense.

Entre 1929 y 1934, el producto interno bruto de Estados Unidos se redujo 66% y el comercio exterior estadounidense cayó 68%. El paquete de medidas económicas y sociales del presidente Franklin Delano Roosevelt, “el New Deal”, fue insuficiente: la bolsa de Nueva York volvió a caer 50% entre agosto 1937 y marzo 1938. Entre 1938 y 1940, la economía estadounidense se recuperó por el rearme para la II Guerra Mundial.

La causa de la Gran Depresión en la década de los 20 fue el gran endeudamiento barato de consumidores y empresarios cuando los precios cayeron y la demanda de productos disminuyó. Muchos redujeron su gasto corriente para mantener sus pagos y se redujo más la demanda, principalmente de la construcción y de servicios, y las empresas comenzaron a quebrar. Hubo despidos masivos y morosidad en los bancos, pánico entre los depositantes que retiraron sus depósitos, y múltiples quiebras bancarias. Los bancos supervivientes se hicieron más conservadores en sus préstamos y acumularon reservas de capital, se intensificó la deflación, se desarrolló un círculo vicioso y la espiral descendente se aceleró.

Siempre he sido de la opinión de que en asuntos de pronósticos económicos es muy válido describir el peor escenario en términos estrictamente científicos, tanto a la población en general como, sin adular ni vilipendiar a los políticos en particular, quienes aprueban las políticas públicas.

Ahora en 2020, la causa es distinta. Con los estragos provocados por la propagación mundial del COVID-19, más de 30 millones de estadounidenses han perdido sus empleos sin culpa propia, más pérdidas de puestos de trabajo están por venir y la recuperación total de la economía estadounidense muy probablemente se observará dentro de unos años.

El impacto de la actual recesión económica mundial sobre la economía nicaragüense se está canalizando a través de los bajos precios internacionales de la materias primas, la reducción de la circulación de dinero y la reducción de las importaciones. Por consiguiente, sube el desempleo y se estancan los salarios reales; disminuyen grandemente la construcción, el comercio y otros servicios; se reduce la recaudación de impuestos y esto podría incidir en una disminución del gasto público. El ingreso per cápita promedio nacional disminuye y la pobreza aumenta.

Nicaragua no está recibiendo recursos de las instituciones financieras multilaterales, principalmente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para financiar el gasto en salud pública y amortiguar el impacto del coronavirus, ese impacto que he denominado desde mediados de marzo de este año como el “shock de oferta” provocado por COVID-19, que se manifiesta principalmente en pérdidas de empleo, cierre de empresas y desplome de la oferta de bienes y servicios.

Ante la falta de recursos externos, al gobierno le quedan dos vías para resolver el problema: emitir más deuda pública interna y colocarla en los puestos de bolsa o emitir dinero. Es bastante dudoso que los inversionistas financieros, o sea, las entidades bancarias, compren en estos momentos títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) -al contrario, estarían dispuestos a solicitar reportos monetarios en córdobas sin mantenimiento de valor al Banco Central de Nicaragua (BCN) para financiar el ciclo agrícola que está comenzando-.

Por lo tanto, el gobierno estaría obligado a monetizar el déficit fiscal, es decir, estaría forzado a emitir dinero para financiar el gasto de salud pública y frenar la propagación de COVID-19, lo que elevaría el saldo de la deuda del Gobierno Central -en este caso, interna con el BCN-. El saldo total de la deuda pública, interna y externa, a diciembre de 2019 podría estar próximo a 60% del PIB en diciembre de 2019, pero no  hay que olvidar que la deuda externa del sector privado también es alta al aproximarse al 40% del PIB, porque incluye el préstamo petrolero de Venezuela. Agreguemos la deuda del sector privado con las entidades bancarias radicadas en el país, que iguala el 30% del PIB. Estamos muy endeudados en términos de producción, lo que dificultará la recuperación económica, o sea, la solución del “shock de demanda”, una vez superado el “shock de oferta”.

Observamos que el desempleo y el subempleo crecientes provocado por el cierre de empresas y la economía en picada, junto a la caída de los precios internacionales de las materias primas, nos empujarán a una situación deflacionaria, es decir, a una caída de precios al consumidor, lo cual elevará los riesgos económicos y financieros. Es mejor tener una inflación que una deflación.

Sin la solución del problema político que arrastramos desde abril de 2018, que impide el acceso a los recursos de las instituciones financieras internacionales, la política monetaria expansiva para resolver el “shock de demanda” acelerará la inflación, el producto interno bruto no crecerá con las tasas esperadas y los salarios se deteriorarán. Habrá más dificultades en la recuperación económica.