Evitemos un mayor deterioro económico y social

10 11 2018

A estas alturas del año, no se puede visualizar ni un anémico crecimiento económico del país en 2019. Si el descalabro económico de Nicaragua en 2018 fue provocado y agravado por razones exclusivamente políticas, entonces, teórica y prácticamente, no se puede anteponer la economía a la política. Primero habría que buscar la solución política y luego pasar a la solución económica. En el actual escenario nacional, la política económica no juega ningún papel para resolver los problemas y desequilibrios económicos.

Las decisiones de los agentes económicos están severamente afectadas tanto por el malestar político como por los contradictorios anuncios de los servidores públicos, que formulan y aplican la política macroeconómica del país, principalmente la del ámbito monetario.

Los intentos de la autoridad monetaria de aumentar la comisión de venta del dólar a la banca comercial, así como la transmisión telefónica a la banca comercial de solicitar con 48 horas de anticipación cualquier compra de divisas o cualquier transferencia de la banca comercial al exterior indicando el monto y el porqué, han disparado la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar estadounidense en el mercado financiero. En las ventanillas de la banca comercial, esa brecha ya alcanzó un máximo de 2.32 por ciento, mientras que la brecha correspondiente a la compra de la divisa en el mismo mercado registra un mínimo de 0.02 por ciento.

Consecuencia de la creciente  brecha bancaria para la venta del dólar al público no bancario es la presencia de tipos de cambio múltiples y, por consiguiente, su efecto negativo en la inversión extranjera directa, de por sí ya alicaída por la incertidumbre de los inversionistas extranjeros del sector real de la economía.

Continuaron los desvaríos de la autoridad monetaria al tratar de desplazar los depósitos del público en la banca comercial hacia la banca central, sin importarle que estaba debilitando al sistema financiero nacional. Con ello, la banca central trató de que los supuestos ex depositantes del sistema financiero compraran Títulos de Inversión, tanto en moneda local como en moneda extranjera, con atractivas tasas de rendimiento que no se habían observado en momentos de un buen desempeño económico nacional.

Era obvio suponer, mejor dicho, aceptar la gran desconfianza de los inversionistas financieros al observarse que la banca central sólo colocaba el 89 por ciento de sus Letras en córdobas con mantenimiento de valor subastadas semanalmente con plazos de 7 días, 14 días y 1 mes. Al restar importancia a la evolución de las operaciones de mercado abierto en un ambiente de crisis política, y a pesar de haberse establecido la colocación de Letras a plazo de 1 día a partir de enero de este año, la banca central cometió el infantilismo de hacer un anuncio fracasado de esos Títulos de Inversión.

Por la misma senda transitan los Bonos de la República aprobados por la Asamblea Nacional en la reforma del presupuesto nacional de este año, con un monto de C$12,190.6 millones equivalentes a US$385.8 millones, para financiar un mayor déficit fiscal como porcentaje del producto interno bruto (PIB) resultante de la reducción del monto de los impuestos ante la caída de la producción de bienes y servicios, y esta última espoleada por la crisis política.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recurrió a emitir, por primera vez, Bonos en euros por un valor de €105 millones, equivalentes a C$3,836.4 millones, a finales de septiembre recién pasado. La emisión de esos bonos ya está autorizada en la Bolsa de Valores de Nicaragua, pero se desconocen los potenciales inversionistas. Permanece, pues, latente la incertidumbre inversionista financiera, tanto doméstica como extranjera.

Por otro lado, para el corto plazo, o sea, 18 meses en el ámbito económico, no podemos hablar de una ilusoria recuperación económica del país, aún más con el ciclo agrícola 2018/2019 muy afectado en las actividades de exportación, que también impactará el crecimiento económico en 2019. Dicho sea de paso, el PIB real caerá, al menos, 4% en este año, con una economía en recesión a partir de octubre recién pasado.

Por consiguiente, la tarea política principal es evitar la depresión económica de Nicaragua en 2019,  por el riesgo externo de la aplicación, ya que se da por un hecho la aprobación, de la Ley  de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 en el Congreso de Estados Unidos.

Por esa razón, urge la negociación política para contener el actual deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población en general y de los más pobres en particular. La experiencia de los nicaragüenses acumulada en la década de los ochenta apunta a la negociación política mediada por la Iglesia Católica, pero el tiempo apremia.

Con la negociación política se podría evitar más caídas de la producción, más desempleo y más pobreza, y fortalecer la confianza de los consumidores, productores e inversionistas.

Se podría detener las fugas de los depósitos del sistema financiero nacional y las pérdidas de reservas internacionales, que corren el riesgo de tener sólo la protección de las remesas familiares, pero gran parte de éstas se gastan en consumo de bienes y servicios finales.

Se podría, además, impedir una mayor endeudamiento público interno para financiar el gasto corriente del presupuesto nacional, porque aún suponemos que no se incurrirá en la emisión inorgánica de dinero, o sea, la emisión de córdobas sin respaldo en reservas internacionales.

Con la negociación política se podría, entonces, crear las condiciones necesarias para emprender la recuperación económica del país, pero el restablecimiento del ingreso nacional se lograría sólo en el largo plazo.

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10 años y 3 meses al margen de la ley

9 11 2018

El pasado 2 de noviembre, el querellado Eduardo Montealegre cumplió 27 meses de estar protegido por cinco magistrados del Poder Judicial (cuatro de ellos de la Corte Suprema de Justicia y uno de ellos del Tribunal de Apelaciones de Managua) y dos jueces del Complejo Judicial Central de Managua, para no responder a mi acusación personal por sus muy graves injurias y calumnias que escribió en el diario La Prensa y en una carta personal. Ocho años antes se volvió un impune al estar protegido por todos los miembros de dos Juntas Directivas de la Asamblea Nacional cuando él, como diputado, se  escudó inapropiadamente con la inmunidad que confiere ese cargo público.

Ya he demostrado públicamente que Eduardo Montealegre es un presunto delincuente por ser un violador de los derechos humanos y, además, como también es de conocimiento público, es un acusado de corrupción junto a otras 38 personas por la Fiscalía General de la República por ser coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de fraude,  y delito de tráfico de influencias cuando, siendo ministro de Hacienda y Crédito Público de la Administración del Ing. Enrique Bolaños, reestructuró la deuda pública interna proveniente de las liquidaciones bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001.

El exbanquero y expolítico querellado Eduardo Montealegre ya habrá comprobado que, aunque desistí de mi acusación por la retardación de justicia y la falta de respuesta de los servidores del Poder Judicial arriba señalados, nunca renunciaré a mi acusación personal. Tengo la confianza en que algún día tendré acceso a la justicia, que hoy la obstaculizan siete servidores judiciales ya conocidos, al violar mis derechos al debido proceso y mi derecho al acceso a una justicia pronto y efectiva.





Las dos señales positivas vistas por el FMI

3 11 2018

El profesor John Maynard Keynes dijo que “el auge, no la depresión, es el momento adecuado para la austeridad”, pero en el caso de nuestro país, en un momento de recesión económica la política fiscal ha reducido el gasto de inversión en 10% y el gasto corriente también ha caído con una menor tasa, apenas 1.5%.Sin embargo, el gasto gubernamental total inicial de este año era igual a 17.9% del producto interno bruto (PIB), mientras que el gasto reformado subió a 19.3% debido a la caída del PIB.

De acuerdo con las palabras del profesor Keynes, en momentos de una recesión económica se hubiese esperado un aumento del gasto de inversión pública, o sea, de un mayor espacio fiscal para la construcción pública, pero lo anterior ayuda a demostrar que la política fiscal no ha posibilitado la confección de un “colchón” fiscal para enfrentar los choques exógenos que resiente presupuesto nacional.

En su reciente visita al país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que una señal positiva en el contexto actual de Nicaragua era la contencion del gasto dada la disminución de los impuestos por la caída de la producción, pero la contención no ha sido efectiva: el déficit gubernamental, antes de la crisis política del 18 de abril, era igual a 1.3% del PIB, y con la reforma presupuestaria, dicho déficit, inmerso en la crisis, subió a 1.9% del PIB.

Para el financiamiento del déficit fiscal del presupuesto reformado de este año, se requiere la emisión de Bonos de la República por el monto de C$12,190.6 millones, equivalentes a US$377.5 millones, que en el caso de que no puedan ser colocados por la incertidumbre política existente conduciría a otra reforma presupuestaria consistente en una mayor reducción del gasto público.

La otra señal positiva que vio el FMI fue el apoyo gubernamental al mantenimiento de la liquidez en las entidades bancarias. La iliquidez fue provocada principalmente por la fuga de los depósitos en moneda extranjera de US$974.1 millones entre el 12 de abril, fecha en que se registró el saldo máximo de US$4,115.0 millones, y el 30 de septiembre, al registrase el monto de US$3,140.9 millones. El monto de esa fuga de depósitos equivale a 25.2 días de producción de bienes y servicios del país en este año. Cabe agregar que el monto promedio diario de la caída de los depósitos en moneda extranjera en el período antes mencionado es US$7.5 millones

El apoyo gubernamental, en este caso, ha sido la venta de dólares del Banco Central de Nicaragua (BCN) a las entidades bancarias por el monto de US$690.5 millones entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre, lo cual ha provocado una reducción de US$668.6 millones en el saldo de las reservas internacionales administradas por el BCN.

Sin embargo, al 30 de septiembre recién pasado el BCN ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, al reflejar las reservas internacionales brutas un monto igual a 2.71 veces el saldo de la base monetaria (cuyo máximo fue 3.16 veces el 17 de abril de este año) y a 5.0 meses de importaciones de bienes CIF (la condicionalidad mínima es 4 meses).

Las reservas internacionales brutas administradas por el BCN han tenido una dirección de caída  a partir del 12 de junio del año en curso, por lo cual la estabilidad macroeconómica se ha mantenido porque (i) las importaciones de bienes de CIF muestran la misma dirección de caída debido a que la producción ha disminuido no sólo por el menor gasto de inversión, sino también por el menor gasto de consumo de los hogares por la prevalencia de una demanda de dinero precautoria, principalmente para la compra de alimentos, medicamentos, combustibles y cargas para teléfonos móviles, dado el alto nivel de incertidumbre y de desconfianza entre los agentes económicos y (ii) porque la base monetaria también muestra la misma dirección de caída debido principalmente a la compra de divisas realizadas por las entidades bancarias -compras que han tenido el auxilio parcial de los reportos monetarios facilitados por el BCN a los bancos comerciales- y a las subastas de Letras del BCN.

También se deben reconocer los esfuerzos que han realizado los siete bancos comerciales privados radicados en Nicaragua en estos momentos de crisis. Cada uno de estos bancos está sólido, porque sus adecuaciones de capital (igual a capital entre activos de riesgo, principalmente préstamos) superan la norma del 10%, es decir, que cada banco puede prestar hasta 10 veces el monto de su capital.

Sobre la base de información publicada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Privadas (SIBOIF) al 30 de septiembre de este año, se puede identificar, en orden de importancia, a los tres bancos con mayor

  • liquidez en moneda local (como porcentaje de sus depósitos en moneda local): AVANZ, FICOHSA y BAC;
  • liquidez en moneda extranjera (como porcentaje de sus depósitos en moneda extranjera): FICOHSA, BANCORP y BAC;
  • captación de depósitos (como porcentaje de su patrimonio): BANCORP, BANPRO y BDF;
  • eficacia en el manejo de la cartera (préstamos entre gastos de administración): BDF, BAC y LAFISE BANCENTRO;
  • tasa de interés activa: FICOHSA, AVANZ y BAC;
  • tasa de interés pasiva: FICOHSA, AVANZ y BDF;
  • mayor rentabilidad sobre activos: BAC, LAFISE BANCENTRO y BANPRO;
  • mayor rentabilidad sobre capital: BAC, BANPRO y LAFISE BANCENTRO;
  • índice de calidad bancaria: BAC, FICOHSA y LAFISE BANCENTRO.

Este desempeño de la banca comercial privada hubiese sido más potente frente a la crisis si no hubiese sido debilitada con los anuncios del BCN que aceleraron la fuga de los depósitos en moneda extranjera desde agosto recién pasado.

En conclusión, de las dos señales positivas vistas por el FMI, sólo puedo apreciar una que es el apoyo de las autoridades para el mantenimiento de la liquidez en los bancos comerciales, a lo cual agrego la resistencia de los bancos ante la desestabilización financiera que han afrontado en esta crisis política.

Aún en esas condiciones, con un índice mensual de actividad financiera que crecía apenas 1.4% promedio anual en agosto, la banca comercial privada observaba a finales de septiembre una reducción acumulada anual de 7.3% en el saldo de crédito en moneda extranjera y otra reducción acumulada anual de 4.8% en el saldo de crédito en moneda local con mantenimiento de valor.

En términos interanuales, la tasa de crecimiento del saldo total de la cartera de crédito bruta se desplomó de 12.8% en diciembre de 2017 a 0.2% en septiembre de 2018, y la cartera en riesgo como porcentaje de la cartera bruta se elevó de 2.8% a 7.7% en ambas fechas en el mismo orden.

Para normalizar la actividad económica del país, entre ellas el sistema financiero nacional, se requiere a priori una urgente negociación política que promueva la confianza de los agentes económicos, para luego pasar a diseñar y aplicar las políticas de ajuste y de reformas estructurales de la economía de Nicaragua. No veo otras opciones para impedir una tremenda caída de la economía nicaragüense.





Un presupuesto sujeto a riesgos políticos externos

28 10 2018

La propuesta del presupuesto nacional para 2019 trae ciertas señales que dejan a entrever la complicada situación económica del país.

Los supuestos macroeconómicos que utilizó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para formular el presupuesto nacional fueron:

  • una tasa disminución del producto interno bruto (PIB) real de 1%, un objetivo que aparentemente no considera ningún riesgo político externo o interno;
  • se mantiene la tradicional tasa de devaluación anual de 5%, lo cual está acorde con el principio de no alterar este precio líder de la economía cuando están a la vista serios problemas políticos; y
  • la tasa de inflación anual es del orden de 5.4%, lo cual supone que no habrán alzas importantes en los precios de los alimentos, bebidas no alcohólicas, medicamentos y productos farmacéuticos, y combustibles. Dicho sea de paso, existen previsiones mundiales de que los precios internacionales del petróleo podrían subir hasta entre US$90 y US$100 después del anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán que entrarán en vigor el 4 de noviembre de este año.

Veamos las señales presupuestarias para 2019 con respecto al curso del presupuesto reformado de 2018.

El monto total de la recaudación de impuestos, equivalente a US$1,938 millones, cae 5.5% debido principalmente a la caída esperada en el valor de las importaciones de  bienes CIF, por lo cual el IVA y el DAI sobre los productos importados reflejan las mayores caídas de entre 15% y 16%. La caída de la generación de ingresos, resultante de un menor nivel de producción, implicará que el impuesto sobre la renta también disminuya 4.5%. La carga tributaria en 2019 tiende a caer de 16.2% del PIB en 2018 a 14.6% del PIB en 2019

El gasto corriente, que está integrado por los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios de consumo para que el funcionamiento de la burocracia gubernamental, el pago de intereses de la deuda pública externa e interna y las subvenciones o transferencias, equivale a US$1,855 millones y muestra un leve aumento de 1.5%. Dicho sea de paso, el presupuesto contempla un ajuste salarial de 5% a los empleados del Gobierno Central.

El ahorro presupuestario cae 35%, lo cual introduce una fuerte restricción al financiamiento de los proyectos de inversión.

El principal indicador presupuestario que contribuye a la sostenibilidad del crecimiento económico del país y del empleo, que se han visto muy golpeados en 2018, es la inversión pública que tiende a caer 10.1% el próximo año. La actividad de la construcción ya está, por consiguiente, afectada en el presupuesto. También, dicho sea de paso, disminuiría la ejecución de proyectos relacionados con la red vial, construcción y equipamiento de centros de educación y de salud, y el fortalecimiento de instituciones estatales.

El déficit fiscal, antes del registro de las donaciones externas destinadas al presupuesto nacional, es equivalente a tiende a elevarse de 1.9% del PIB en 2018 a 2.3% del PIB en 2019, pero es financiado sólo en un 57% por recursos externos, o sea, con donaciones y préstamos netos de amortizaciones facilitados principalmente por instituciones financieras multilaterales.

¿Cómo se financia el 43% restante del déficit fiscal? Exclusivamente con emisión de deuda pública interna, equivalente a US$340 millones, levemente inferior al monto reformado de dicha emisión correspondiente a este año, que es del orden de US$386 millones. La variable de la emisión de deuda pública interna ha sustituido a la del aumento de las reservas internacionales, con el fin de mantener la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor nacional.

Es muy probable que el presupuesto formulado para 2019 y presentado el 15 de octubre a la Asamblea Nacional para su aprobación sea alterado con la aplicación de la Ley S.3233 “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018” que se encuentra en la agenda del Senado de Estados Unidos para su aprobación. Esa ley impone restricciones sobre instituciones financieras internacionales relacionadas con Nicaragua, lo cual podría disminuir el monto del financiamiento externo previsto en la propuesta presupuestaria.

Un reducido financiamiento externo a la inversión pública, que estaría acompañado por una casi nula inversión extranjera directa y un desplome de la inversión doméstica privada, provocaría en 2019 un descenso de casi 10% del PIB Real; sin embargo, el aumento del desempleo provocaría una  disminución de los ingresos y, consecuentemente,  otra reducción del gasto de consumo de los hogares, lo cual incidiría en una segunda caída del PIB Real que la llevaría hasta 20%. La tasa de desempleo abierto se incrementaría, en porcentajes de la población económicamente activa, de 14.1% en 2018 a 23.3% en 2019.

La única forma para evitar este escenario económico draconiano es la negociación política para resolver los principales problemas políticos ya de todos conocidos, como son la realización anticipada de elecciones presidenciales y, por qué no, la liberación de los reos políticos, cuya mayoría son estudiantes universitarios. Es por ello que el diálogo es la única puerta de salida para contener el deterioro de la confianza de la población, en general, y de los agentes económicos y sociales, en particular.

 





Continúan las decisiones desacertadas del BCN

19 10 2018

Entre el 12 de abril de este año, fecha en que se registró el saldo máximo de los depósitos en moneda extranjera de US$4,115.0 millones en el sistema bancario comercial de Nicaragua, y el 30 de septiembre recién pasado, se observó una disminución de dichos depósitos del orden de US$971.1 millones hasta US$3,143.9 millones, o sea, una caída de 23.4% que es equivalente a 25 días de producción de bienes y servicios de Nicaragua.

Las muy cuestionadas afirmaciones del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, en los últimos días de agosto y su inesperada orden administrativa de no publicar los datos monetarios, financieros, cambiarios y de reservas internacionales del país, datos que pertenecen a la población nicaragüense y no a un exclusivo grupo de lectores, aceleraron la salida de los depósitos en moneda extranjera. En agosto esos depósitos cayeron US$76.5 millones, pero en septiembre se redujeron US$187.7 millones.

En términos promedio por día efectivo, la caída de esos depósitos pasó de US$2.5 millones en agosto a US$6.3 millones en septiembre, mientras que sus caídas mensuales eran de US$76.5 millones en agosto y de US$187.7 millones en septiembre.

A pesar de que el ritmo de la fuga de los depósitos en dólares, que había alcanzado un máximo en junio, ya había disminuido grandemente al final de la segunda semana de agosto, ahora el BCN parece que se ha propuesto elevar el nivel de incertidumbre entre los agentes financieros, es decir, entre el público no bancario y la banca comercial.

Una de las principales funciones del BCN es garantizar el fortalecimiento y el buen funcionamiento del sistema financiero nacional; sin embargo, la brecha entre el dicho y el hecho demuestra lo contrario. La indisponibilidad de los datos de nuestra economía no contribuye a fortalecer la confianza del público ahorrista y puede provocar fuertes especulaciones monetarias, financieras y cambiarias.

Es vox pópuli que el BCN decidió imponer a las entidades bancarias los procedimientos de solicitar en forma escrita con 48 horas de anticipación cualquier compra de divisas al BCN especificando el motivo de la compra, que se explica principalmente por la demanda de los depósitos en moneda extranjera, y solicitar en la misma forma y con el mismo número de horas de anticipación cualquier transferencia de moneda extranjera de los bancos comerciales al exterior especificando el motivo de la transferencia.

Esos dos procedimientos errados del BCN conducen a especulaciones relacionadas con el preludio del control de cambio, al hacer más engorroso el acceso a las divisas administradas por la autoridad monetaria. No es nada más que una restricción en el uso de las divisas administradas por el BCN, porque la banca comercial podría recibir respuestas positivas y negativas a sus solicitudes. Lo anterior podría reflejarse en el incremento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero y, consecuentemente, en un mayor precio de la divisa en el mercado negro.

La coyuntura financiera nacional se está complicando por la cuestionada dirección del Consejo Directivo del BCN. La autoridad monetaria sólo puede emitir córdobas y, por otro lado, aunado al desplome de la inversión extranjera directa se visualizan severos riesgos en el acceso a los recursos de la cooperación internacional, por lo cual las reservas internacionales se apoyarían casi exclusivamente en las remesas familiares. Para evitar el aumento de los grados de restricción en el uso de la divisa y de la incertidumbre, es urgente que se emprenda una negociación política nacional para resolver los problemas políticos y poder estabilizar la desconfianza existente entre los agentes económicos y financieros. Reitero que continúo creyendo en el Diálogo Nacional.





Riesgos muy altos para Nicaragua en el corto plazo

14 10 2018

La semana pasada se realizó la reunión de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en la isla turística indonesia de Bali, Indonesia, en la cual las advertencias de ambas instituciones fueron un menor crecimiento económico mundial de 3.7% en 2018 y 2019 debido a: la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; dos acuerdos comerciales en el aire –la aprobación legislativa del nuevo acuerdo trilateral Estados Unidos-México-Canadá y la negociación de los términos del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido-; la menor inversión, producción manufacturera y comercio de las economías emergentes -ejemplos, Argentina con dos años de recesión, Irán enfrenta una segunda ronda de sanciones en noviembre, Brasil y Turquía-; y los riesgos del elevado endeudamiento global y el encarecimiento del financiamiento internacional tras años de masivos estímulos monetarios -la Fed ha elevado la tasa de interés en tres ocasiones hasta el rango de [2.0%, 2.5%]. Es muy probable que las malas noticias continúen aumentando.

En el caso de Nicaragua, el FMI redujo la tasa de crecimiento económico desde una subida de 4.7% hasta una caída de 4.0 en 2018 y proyectó otra caída de 1% para 2019. Para 2018 y 2019, el FMI también proyectó, en el mismo orden, un producto interno bruto (PIB) per cápita promedio anual de US$2,126.57 y US$2,141.38, una tasa de inflación de 7.05% y 6.96%; una tasa de desempleo abierto de 15.17% y 18.01%; un déficit fiscal en porcentajes del PIB de 3.61 y 3.68; y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, siempre en porcentajes del PIB, de 6.24 y 6.35.

Nuestro pronóstico de la caída del PIB Real de Nicaragua en Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), estimado en junio recién pasado en -3.5%, coincide bastante con las previsiones del FMI, -4.0%, del Banco Mundial, -3.8%, y The Economist, 3.4%. Fuera de este escenario macroeconómico del país, observamos al Banco Central de Nicaragua que mantiene una tasa de crecimiento positiva esperada de 1.0%.

Sin embargo, la previsión de la caída económica pronosticada por COPADES para Nicaragua en este año fue elaborada antes del anuncio de la aprobación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos de la Ley S.3233 “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018”, aún sujeta a la aprobación por el plenario del Senado y de la Cámara de Representantes para que sea firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se prevé que la entrada en vigor de dicha ley sea en noviembre próximo.

Como es de conocimiento público, la Ley S.3233 contiene severas sanciones financieras para Nicaragua al restringirle el acceso a la cooperación oficial destinada al sector público, principalmente de origen multilateral y especialmente la proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y FMI. Sólo hay dos excepciones a la restricción de dicho financiamiento externo: la asistencia financiera o la asistencia técnica para necesidades humanas básicas o para promover la democracia.

Aún más, los representantes estadounidenses en cualquier entidad financiera internacional, principalmente en el FMI, trabajarán con otros donantes para desarrollar una estrategia de futuros compromisos y préstamos en función de la promoción de los derechos humanos. Esto pondría en riesgo el acceso de Nicaragua a la cartera de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se contrataron a partir del anuncio de la Nica Act en septiembre de 2016; además, impediría la suscripción de un programa de ajuste económico y de reforma estructural con el FMI.

Las otras sanciones de la Ley S.3233 están dirigidas a personas naturales y personas jurídicas, nacionales y extranjeras, funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua, o cualquier persona que actúe a nombre del Gobierno, que hayan violado los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018, que socaven procesos o instituciones democráticas, que hayan cometido actos -expropiación de activos públicos o privados para beneficio personal o fines políticos, corrupción relacionada con contratos del gobierno, soborno o hayan facilitado o transferido procedimientos de corrupción- y, finalmente, a quienes hayan arrestado o enjuiciado a una persona, incluida una persona o medio de comunicación que difunde información al público, principalmente debido al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o prensa.

Teniendo en cuenta, primero, que se ha esfumado la inversión extranjera directa y, segundo, que se ejecuta alrededor del 30% de la inversión fija privada doméstica, ahora la inversión fija del sector público de desplomaría con la caída del financiamiento internacional, exceptuando la cooperación facilitada por Corea del Sur, China-Taiwán y Japón, que a lo sumo totaliza US$60 millones anuales. Este escenario draconiano implicaría que el gasto de inversión en construcción y maquinaria y equipo en Nicaragua tendría una reducción de 80% en 2019.

El impacto de ese comportamiento inversionista es pavoroso. Caerían estrepitosamente las actividades de la construcción en 75.7%, comercio en 13.1%, servicios financieros en 7.4%, industrias manufactureras en 6.3%, agropecuario y pesca en 5.5%, y energía eléctrica y agua potable en 4.3%. El PIB Real disminuiría 9.7% y el empleo directo en la construcción disminuiría en 69,980 personas, mientras que el empleo indirecto descendería en 90,308 personas, es decir, 160,198 puestos de trabajo serían destruidos por la caída del gasto de inversión en construcción.

Las familias recibirían menos ingreso como resultado del desplome inversionista, por lo que habría que igualar el gasto de consumo de los hogares con el nivel reducido de ingresos. En esta segunda ronda de efectos macroeconómicos, o sea con la menor inversión y con el menor consumo, continuarían cayendo las actividades de la construcción en 76.4%, comercio en 26.7%, servicios financieros en 19.9%, industrias manufactureras en 13.9%, agropecuario y pesca en 13.9%, y energía eléctrica y agua potable en 17.3%. El PIB Real disminuiría 20.0%. Una referencia: de acuerdo con datos oficiales, en 1979 el PIB Real cayó 26.5% y en 1988 también cayó 12.4%.

La situación económica es apremiante. Por este motivo, aconsejo al Presidente Daniel Ortega a que restablezca el diálogo nacional, a que emprenda las negociaciones políticas para resolver los problemas políticos e impedir el descalabro económico nacional. Y mientras más pronto aparezcan las respuestas políticas que resuelvan los problemas políticos, mejor para todos los nicaragüenses. El efecto de la Ley S.3233 no recae sólo en el Gobierno de Nicaragua, sino también sobre todos los nicaragüenses.





El acceso a la justicia es un derecho humano

11 10 2018

25 meses al 2 de septiembre de este año, Eduardo Montealegre ha estado sobre la ley, al ser protegido por el Poder Judicial para no presentarse en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua y no responder a mi acusación de injurias y calumnias al imputarme la comisión de un hecho delictivo, como es la de ser un defraudador del Estado de Nicaragua, y de que mi investigación económica sobre las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001, solicitada por la Contraloría General de la República, contenía una serie de errores y dudaba de mi profesionalidad, lesionando mi derecho a la dignidad al menoscabar mi imagen, honra y reputación. Antes de agosto de 2016, Eduardo Montealegre fue también protegido por la Asamblea Nacional durante 8 años, al escudarse inapropiadamente con la inmunidad que le confería su cargo de diputado.

ºEn el Complejo Judicial Central de Managua, los defensores del presunto delincuente Eduardo Montealegre son el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua en su carácter de Inspector Delegado, y los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, mientras que en la Corte Suprema de Justicia lo defienden los magistrados Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial.

Estas autoridades judiciales han obstruido mi acceso a la justicia, han perpetuado la retardación de justicia, al mostrar que no tienen la mínima intención de cumplir con sus obligaciones constitucionales, legales y laborales para tramitar las causas que he demostrado y están contenidas en dos expedientes. La respuesta que he tenido de estos servidores públicos ha sido el silencio absoluto, por lo cual desistí de mi acusación, lo que no significa que he renunciado a la misma.

Tener acceso a la justicia es también un derecho humano. Es muy fácil demostrar que los siete funcionarios judiciales arriba mencionados han violado mis derechos al debido proceso, mi derecho al acceso a una justicia pronto y efectiva, tomando en consideración que justicia tardía no es justicia. Ojalá que recapaciten, que me tengan como parte quejosa y me concedan la intervención de ley que en derecho corresponde.