El polémico Informe de Empleo del INIDE

13 08 2017

Presentación1

El principal problema estructural del mercado laboral de Nicaragua es el subempleo. Aunque no gusten, los principales adjetivos calificativos del trabajo en Nicaragua son precario, informal y temporal. Precario, porque la mayor parte de los puestos de trabajo se distinguen por su poca tecnología y están ocupados por personas con poca escolaridad; informal, porque la mayoría de los trabajadores laboran en empresas que no tienen libros o apuntes de contabilidad; y temporal, porque casi la mitad de las personas subempleadas es visible, es decir, trabaja menos de ocho horas diarias, que es el número de horas establecido por el Código Laboral.

De acuerdo con datos disponibles del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) correspondientes al cuarto trimestre de 2012, el 76.2% del total de personas ocupadas trabajaba en establecimientos que no tenían registros contables. El nivel de este indicador, que muestra la informalidad del mercado laboral, se desconoce en el primer trimestre de 2017, porque no fue publicado en el reciente Informe de Empleo del INIDE que dio a conocer el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes.

La economía informal es un concepto bastante aproximado al de la economía sumergida, que es la realización de actividades que, aunque legales, se esconden a las autoridades para evitar el pago de impuestos y cotizaciones sociales o para evitar regulaciones y trámites administrativos, pero medir la economía sumergida es una tarea muy compleja. No hay que olvidar que anualmente al menos 135 mil jóvenes económicamente activos entran por primera vez al mercado laboral del país como personas desempleadas abiertas.

Aunque no es competencia del BCN sino del INIDE, el presidente del BCN no hizo referencia del porcentaje de la población económicamente activa (PEA) correspondiente a las personas que tienen problemas de empleo, o sea, el número de personas desempleadas más el número de personas subempleadas, es decir, que no trabajan cuarenta horas o más semanales (los subempleados visibles) o trabajan más de las horas establecidas y devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal (los subempleados invisibles). En el cuarto trimestre de 2012, último dato oficial disponible, 1,771,872 personas tenían problemas de empleo y representaban el 54.3% de la PEA.

El alto cargo responsable de la política monetaria del país enfatizó la tasa neta de ocupación de 96.0%, entendiéndose como personas ocupadas a las de 14 años y más de edad que, durante el período en que se hizo la encuesta, laboraron al menos una hora, o sin haber laborado tenían vigente su contrato de trabajo y se incorporarán al concluir la causa de su ausencia temporal. Lo discutible es que una persona que trabajó sólo una hora pueda ser considerada y registrada como una persona ocupada, en vez de ser clasificada exclusivamente como una persona subempleada visible. Cabe señalar que un subempleado invisible puede ser tomado en cuenta como una persona ocupada.

Otro dato que el presidente del BCN no mencionó, y que no fue publicado por el INIDE en su informe, es el número de personas ocupadas plenas, o sea, el total de personas de 14 años y más que reportaron haber laborado 40 horas o más semanales y su ingreso declarado es igual o mayor al salario mínimo legal de la rama de actividad económica. Se desconoce, pues, la tasa de ocupación plena del primer trimestre de este año. A manera de referencia, en el cuarto trimestre de 2012 la tasa de ocupación plena oficial fue igual a 45.7% de la PEA y, por consiguiente, el 54.3% de la PEA estaba desempleada abierta y subempleada.

Como otra referencia oficial, en ese mismo trimestre de 2012, y siempre en términos porcentuales de la PEA, el total de las personas ocupadas, que incluye a las personas subempleadas, era igual a 94.9% y el total de personas desempleadas abiertas era 5.1%. Para el primer trimestre de 2017, el presidente del BCN declaró que la tasa de ocupación es igual a 96.0% y la tasa de desempleo abierto es igual a 4.0%.

De acuerdo con la distribución normal o de Gauss, o en “forma de campana”, que se estudia en Estadística, “aparentemente” la economía de Nicaragua se encuentra en pleno empleo, porque la tasa de desempleo abierto es menor que el 5% de la PEA, pero, con los datos del informe, es evidente que el 42.6% de los ocupados reportó haber laborado involuntariamente menos de 40 horas y manifestó estar dispuesto a laborar más horas a la semana, o haber laborado 40 y más horas a la semana y haber obtenido un salario menor que el salario mínimo legal de la rama de actividad económica respectiva.

Si el INIDE hubiese publicado los datos del total de personas ocupadas con la distinción de las personas ocupadas plenas y subempleadas, y del total de las personas desempleadas abiertas, la población en edad de trabajar (de 14 años y más), la población económicamente activa y la población desalentada de 14 años o más no económicamente activa que se cansó de buscar trabajo o no encuentra el trabajo que necesita, se habría evitado el señalamiento público del sesgo político de la declaración del presidente del BCN sobre la situación del mercado laboral del país.

Es obvio que el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua es inferior a su PIB de pleno empleo.  El crecimiento económico actual de Nicaragua, actualmente entre 4% y 5% anual según la versión oficial, ha sido insuficiente para reducir en gran parte el subempleo, el desempleo y la pobreza. Sin duda, los continuos aumentos requeridos del PIB Real se lograrán con un mayor gasto de inversión real fija, o sea, el gasto en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, que es la vía para crear puestos de trabajo decentes y elevar la productividad.

Unos consejos finales para el presidente del BCN: el INIDE debe participar a la población los resultados de sus encuestas, aunque dicha institución se encuentre subordinada al BCN; se requiere facilitar el fortalecimiento técnico del Ministerio del Trabajo (MITRAB) en los asuntos del empleo y los salarios del país; y al personal directivo y técnico del BCN le compete las políticas monetaria, cambiaria y financiera, así como el cuido de la credibilidad técnica de la autoridad monetaria del país.





Perfil de la Economía de Nicaragua 2018

6 08 2017

El economista Néstor Avendaño presentará el miércoles 16 de octubre de 2017 a las 8:00 a.m., en el Salón “Club Lounge” del Hotel Crowne Plaza, el Seminario de Actualización Empresarial “Perfil de la Economía de Nicaragua 2018”, una herramienta importante en la elaboración del presupuesto empresarial del próximo año porque analiza aspectos relevantes de cinco riesgos políticos externos y el comportamiento de la oferta y la demanda global, la balanza de pagos, las finanzas públicas, moneda y banca y los macro precios. El valor de admisión es de US$80 y con precios preferenciales para empresas que envíen tres y más ejecutivos. El cupo es limitado y a los interesados favor llamar al 2270-0385 o escribir a la dirección electrónica corozco@copades-nic.com

Presentación1





Tres falacias sobre las minas de oro en Nicaragua

6 08 2017

La Explotación de Minas y Canteras de Nicaragua es una actividad económica “motor”, o sea, es una actividad impulsora del crecimiento económico del país. Esta conclusión se puede obtener con la aplicación de procedimientos científicos económicos relacionados con la Matriz de Insumo-Producto (MIP) de Nicaragua 2016, de tamaño 14×14, elaborada y publicada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), específicamente a través del cálculo de los Índices de Rasmussen que facilitan el análisis estructural de la producción de bienes y servicios.

Sin embargo, la rama de la minería metálica nicaragüense ha estado sujeta a una serie de críticas desde hace varios años, aparentemente sin asidero académico y, además, no muy cercanas a la realidad, que rayan desde su poca contribución a la economía y los escasos beneficios a los trabajadores mineros, hasta el deterioro de los recursos naturales. Por estos motivos, con base en datos oficiales del país, presentamos un análisis que trata de contrarrestar las cualidades negativas que se le han atribuido inapropiadamente a la explotación de minas del país.

1 La minería metálica es una actividad económica “isla”. Esta afirmación ha sido una de las falacias más importantes de los que se oponen a esta actividad económica. Una actividad económica “isla” presenta una poca o casi nula capacidad para arrastrar a otras actividades relacionados con ella, por la vía de la demanda de productos intermedios o insumos o materias primas, ni reacciona frente al efecto de arrastre provocado por las variaciones de la demanda de otras actividades económicas.

La producción de oro y de materiales para la construcción son actividades económicas “base”, porque el efecto de otras actividades económicas sobre la producción de oro, piedra cantera y arena, tales como energía eléctrica y servicios de comercio, contables y financieros, es mayor que el arrastre promedio de la economía del país, es decir, tiene un efecto de arrastre “hacia atrás importante; sin embargo, el efecto de arrastre de la producción de oro sobre otras actividades económicas, el efecto de arrastre “hacia adelante”, es inferior al arrastre promedio de la economía, o sea, el oro no es un insumo muy demandado por otras empresas. En conclusión, tanto la producción de oro como la de materiales de construcción pueden considerarse como “estratégicas” para Nicaragua, porque pueden crear estrangulamientos del sistema de actividades económicas.

De acuerdo con la MIP 2006, el 66.1% del valor bruto de producción del oro y de la plata se deja en el mercado local a través de la compra de insumos nacionales, el pago de las remuneraciones a los trabajadores, el pago de impuestos indirectos y el ingreso mixto (salarios y utilidades) de productores artesanales de oro. Por consiguiente, el 33.9% del valor bruto de producción de oro y plata queda fuera del país, a través de la compra de insumos importados, el gasto de la depreciación de los activos fijos y las utilidades brutas.

Por otro lado, las ventas de insumos de origen minero metálico a las otras actividades económicas del país no son significativas, porque apenas representan el 7.0% del valor bruto de producción de oro y el 3.7% del valor bruto de producción de plata. Por lo tanto, se destina el 85.8% y el 7.2% del valor bruto de producción de oro a la exportación y a los inventarios en ese mismo orden, y el 97.3% del valor bruto de producción de plata a la exportación porque en 2006 se registró una disminución de inventarios de este rubro del orden de 1.0% de su valor bruto de producción.

2 La minería metálica posee una gran área de la superficie terrestre del país y produce muy poco. Esta afirmación ha sido muy apresurada, porque al 3 de abril de 2017, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que Nicaragua tiene una superficie de 130,375.5 km2, del cual el espacio terrestre es 119,005.4 km2, y la superficie disponible para la minería, o sea, aptas para la explotación de minerales metálicos y no metálicos, es 58,949.3 km2. Además, el MEM ha restringido una superficie de 33,133.2 kma la minería, porque es un área protegida por sus recursos naturales.

De la superficie terrestre con vocación minera, el MEM ha concesionado 9,376.3 km2 a la minería metálica y 651.6 km2 a la minería no metálica, pero esas concesiones no implican que se encuentren en explotación. Las dos empresas de la minería metálica operando actualmente en Nicaragua, la canadiense B2Gold y la colombiana HEMCO, apenas mantienen en producción una superficie de 349.37 km2, que representa el 0.3% del espacio terrestre nacional y el 3.7% de la superficie concesionada a la minería metálica.

Con esa área muy pequeña en explotación, en 2016 las dos empresas mineras -con 5,600 trabajadores directos que tienen una remuneración (salario y prestaciones) promedio mensual por trabajador equivalente a US$933, y con una inversión extranjera directa de US$917.8 millones acumulada en el período 1991-2016, que representa el 7.4% del flujo bruto de la IED en ese período, incluyendo la exploración petrolera y excluyendo la reinversión de utilidades de las empresa mineras metálica- produjeron 267 mil 284 onzas troy de oro y 681 mil 683 onzas troy de plata, y el oro se posicionó como el tercer rubro exportador más importante del país al reflejar el valor FOB de US$317.9 millones, superado sólo por la carne de ganado vacuno y el café.

3 La minería metálica destruye el medio ambiente. Esta particularidad no es exclusiva de la minería. Cualquier proceso productivo afecta el medio ambiente. Así se podría opinar de la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la industria manufacturera, la construcción de la red vial, la generación de energía eléctrica, entre otras actividades económicas.

Las empresas mineras han prevenido la contaminación de los suelos en el procesamiento de extracción de oro y plata, con una adecuada infraestructura tecnológica. Además, han contribuido en los siguientes ámbitos de los distritos mineros: construcción de viveros de plantas forestales y frutales, reforestación, ferias para la protección de recursos naturales; preservación de las cuencas fluviales; realización de campañas educativas para el manejo de desechos y limpieza de la comunidad, recolección de basura y de productos para reciclaje y construcción de vertedero y relleno sanitario; capacitación en educación ambiental a colaboradores y estudiantes para su conversión en promotores ambientales; acceso al agua potable, tratamiento de aguas residuales y ampliación de ductos residuales; eliminación progresiva del uso de la leña para cocinar, sustituyéndola con gas butano; y  fortalecimiento de la seguridad física de los trabajadores, incluyendo a sus familias, y del medio ambiente relacionados con la pequeña minería, por medio del apoyo técnico orientado a mejorar la productividad, acompañado con proyectos factibles para las cooperativas.

Finalmente, falta agregar una preocupación compartida por el Estado, las empresas mineras y las comunidades de los distritos mineros: Las minas explotan recursos que no son renovables y tienden a agotarse. Para evitar la emigración, el desempleo y la pérdida del bienestar de la población de las comunidades mineras con el cierre de una explotación minera, es necesaria la formulación e implementación de planes de desarrollo local para los municipios mineros.





El FMI y su propuesta de política cambiaria y competitividad para Nicaragua

23 07 2017

En años recientemente pasados, la proyección oficial de la tasa de inflación anual de Nicaragua que realizaba el Banco Central de Nicaragua (BCN) había sido la simple suma aritmética de la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial, o sea, el piso inflacionario, y de la tasa de inflación anual de los países de economía avanzada, es decir, la inflación importada.

Esa curiosa proyección inflacionaria, cuya gráfica era una línea recta con un nivel constante de 7% en el corto y largo plazo, se explicaba con la tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial y la tasa de inflación internacional anual de 2%. Sin embargo, en los años de 2015 y 2016 la tasa de inflación anual fue igual a 3.05% y 3.13% respectivamente dada la disminución de los precios internacionales de los bienes primarios, principalmente el petróleo, mientras que en el primer semestre de este año la presión inflacionaria acumulada es del orden de 1.99%. El BCN abandonó el curioso método del cálculo inflacionario y adoptó un rango inflacionario anual, que usualmente fue entre 6% y 7% y para el año de 2017 es entre 5.5% y 6.5%.

Al tener Nicaragua una economía muy abierta -en precios constantes, para 2016 la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios no factoriales representó el 109% del Producto Interno Bruto (PIB)-, el país no puede enfrentar los choques externos de los términos de intercambio que ponen en riesgo la competitividad empresarial y, además, al tener una economía muy dolarizada extraoficialmente acompañada de toda la gama de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio no dispone de instrumentos sólidos de política monetaria. En ese entorno, la política cambiaria del BCN, cualquiera que sea, es inefectiva porque no puede establecer un tipo de cambio real que promueva el esfuerzo de los exportadores y nos aleje del grave déficit comercial externo, otra línea recta de la economía que oscila alrededor del 20% del PIB anual desde hace muchos años.

Por esas razones, es bastante discutible la opinión de la misión técnica del FMI de que el tipo de cambio reptante es el ancla de las expectativas inflacionarias, ya que el anclado fue el tipo de cambio real al minimizar el diferencial entre la tasa de inflación local y la tasa de inflación internacional. El mantenimiento de un tipo de cambio reptante corresponde sólo al corto plazo, pero en Nicaragua ha estado vigente desde el 10 de enero de 1993.

Habría que analizar un poco más si el tipo de cambio reptante podría agravar el impacto de un riesgo externo sobre la producción, las exportaciones y la competitividad, tal como lo declara el FMI en la Consulta de Artículo IV de 2017. A simple vista, la posición de las reservas internacionales oficiales está expuesta al riesgo con el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela y con la iniciativa “NICA Act” en el Congreso de Estados Unidos que, en caso sea aprobada, afectaría a la principal fuente actual de recursos externos del país, como lo es el flujo bruto de la inversión extranjera directa que representó el 10.9% del PIB en 2016.

La dolarización extraoficial, que ofrece una protección contra la inflación del córdoba y disminuye el riesgo que una devaluación cause una corrida bancaria, además de que los depósitos de ahorro y a plazos en córdobas gozan de mantenimiento de valor, también puede desestabilizar al córdoba si no se garantizan las condicionalidades de la estabilización macroeconómica de que el saldo de las reservas internacionales brutas en las arcas del BCN sea igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria y a 4 meses de importaciones de bienes CIF. Sin instrumentos sólidos de política monetaria, la estabilidad del tipo de cambio y de una baja inflación se ha logrado desde mayo de 2016 con una fuerte desaceleración de la tasa de crecimiento de la liquidez en córdobas sin mantenimiento de valor, la moneda oficial del país que apenas domina el 20% del mercado monetario local.

Finalmente, muy bien señala el FMI que la competitividad podría ser afectada por riesgos externos, tales como la fortaleza del dólar, las crecientes tasas de interés internacionales y los cambios de la política macroeconómica de la administración de Estados Unidos, y recomienda fortalecer la competitividad empresarial en el mediano y largo plazo mediante la diversificación  de productos y mercados para reducir la dependencia externa, el mejoramiento de la infraestructura, el aumento de la inversión en capital humano, el fortalecimiento de la calidad de las instituciones y la reducción de los cuellos de botella en la capacitación de la fuerza de trabajo, con el objetivo de elevar el crecimiento económico potencial del país. A lo anterior se podría agregar la transferencia de tecnología a las micro empresas y pequeñas empresas, el logro de un mayor impulso digital tanto en el sector privado como en el sector público, y el fortalecimiento del aún banco estatal de fomento a la producción.

Sin embargo, en este ámbito no comparto la opinión fondomonetarista de que “los salarios en Nicaragua siguen siendo los más competitivos de toda la región de Centroamérica”, porque significaría oficializar la pobreza del país; al contrario, con una mejor y mayor cobertura de la educación técnica y con la creación de puestos de trabajo decentes se impulsaría el aumento de la productividad y del salario real.





El FMI y su propuesta de política monetaria y financiera para Nicaragua

16 07 2017

Frente a los actuales riesgos externos de la economía de Nicaragua, el costo de mantener la estabilidad macroeconómica, además de las pérdidas del Banco Central de Nicaragua resultantes del mantenimiento de valor de la Letras subastadas y del mayor rendimiento que tendría que pagar a los inversionistas financieros locales, sería la desaceleración de la tasa de crecimiento económico del país.

A mayo de este año, los dos indicadores de la dolarización financiera de Nicaragua muestran que en el sistema financiero nacional los préstamos en dólares representan el 89.1% del total de la cartera de préstamos y ha sido facilitada a deudores que no tienen ingresos en dólares, mientras que los depósitos en dólares representan el 75.4% del saldo total de los depósitos. La excesiva dolarización extraoficial de la economía nacional se refleja en el hecho que el total de los depósitos en dólares participa con el 70% en la liquidez global de la economía.

En ese escenario monetario y financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su declaración final de la Consulta de Artículo IV de 2017 identificó tres riesgos para la solidez del sector bancario: las alzas de la tasas de interés internacional, que haría más caro y más escaso el crédito, aunque Nicaragua no está plenamente integrada al mercado financiero internacional; la fortaleza del dólar, que provocaría una mayor inflación importada con el encarecimiento de los productos estadounidenses; y la potencial disminución del monto de remesas familiares, con la casi segura suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), que vence el 8 de marzo de 2018, recién advertida por el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, lo que tensionaría al mercado laboral y reduciría el gasto de consumo familiar.

Los consejos del FMI a las autoridades gubernamentales sobre la supervisión bancaria se concentraron principalmente en (i) el fortalecimiento de los instrumentos monetarios, los coeficientes obligatorios de liquidez y los requisitos de capital; (ii) la evaluación plena de los riesgos bancarios y la realización de las pruebas de estrés financieros a las entidades bancarias; y (iii) la supervisión a todas las instituciones que captan depósitos y a las microfinancieras.

En cuanto a los mercados financieros, el FMI propuso desarrollar la capacidad de las instituciones financieras para gestionar sus riesgos; mejorar la gestión de liquidez de corto plazo realizada por el Banco Central de Nicaragua (BCN) para mejorar los pronósticos de liquidez y las herramientas de gestión de liquidez de corto plazo; aumentar la inclusión financiera mediante una cuenta de ahorro simplificada, la facilitación de acceso a medios de pagos y el desarrollo de un plan nacional de educación financiera; y continuar la capitalización del BCN, cuyas pérdidas, dicho sea de paso, totalizan US$931 millones en el período 1994-2016.

Finalmente, en relación con el Régimen de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT), el FMI sólo enfatizó que se pusieran efectivamente en marcha las medidas preventivas antes de que concluya este año.

Sin embargo, los riesgos externos, ya mencionados por el FMI en sus consejos de la política fiscal, también afectan al mercado monetario y financiero. Por ejemplo, el desplome del crédito petrolero de Venezuela ha reducido el tamaño del escudo protector de las reservas internacionales del BCN, porque desde el año pasado se paga en efectivo el 70% del monto anual de la factura petrolera. Otro ejemplo de los riesgos externos sería la aprobación de la iniciativa “NICA Act” en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, y entre sus efectos se observaría la muy probable disminución del flujo bruto de la inversión extranjera directa proveniente de países de economía avanzada.

Lo único que podría hacer el BCN para enfrentar los efectos de estos riesgos externos sobre el mercado monetario sería sacar córdobas de circulación mediante las operaciones de mercado abierto, o sea, con las subastas semanales de Letras –aunque el 83% de sus colocaciones se concentra en papeles con plazos de 7 días, 14 días y un mes-, y mediante el aumento de la tasa de encaje legal efectiva sobre los depósitos en córdobas, que en la actualidad es 23.0% diario y 23.3% catorcenal. Con menos córdobas circulando en el mercado, el BCN restringiría la demanda de importaciones de los agentes económicos –productores, consumidores y Estado- y, consecuentemente, estaría protegiendo la posición de las reservas internacionales, pero provocaría una fuerte desaceleración del crecimiento económico del país, con sus conocidos impactos sobre el subempleo, el desempleo y la pobreza.

El BCN no podría recurrir a la devaluación del córdoba para defender las reservas internacionales oficiales, debido a la proliferación de una gran cantidad de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio. Si el BCN devaluara en estas condiciones, o sea, si acelerara la tasa de deslizamiento de 0.41% mensual o de 5.0% anual, deterioraría el escenario monetario con la aceleración de la tasa de inflación. No se garantizaría la estabilidad macroeconómica.

La cláusula de mantenimiento de valor en el sistema financiero no logró su cometido de promover la confianza del público para que depositara córdobas en las entidades bancarias en el momento en que el país salía de la cuarta hiperinflación del mundo en el Siglo XX. Las estadísticas monetarias actuales demuestran que apenas el 10% de la liquidez global corresponde a córdobas con mantenimiento de valor, que está registrado en los depósitos de ahorro y a plazos del sistema financiero.

La excesiva dolarización extraoficial de la economía nicaragüense es un problema potencial para la eficacia de la política monetaria del BCN, porque los agregados monetarios se vuelven más sensibles a los cambios en las expectativas de devaluación. El valor del dólar y los flujos de dólares que ingresan al país, que influyen más al ahorro y al crédito en nuestra economía muy dolarizada extraoficialmente, se encuentran fuera del BCN. En conclusión, esa excesiva dolarización extraoficial, que ha protegido a los agentes económicos contra la inflación de la moneda local, podría desestabilizar al córdoba.





La impunidad de Eduardo Montealegre

13 07 2017

Después de haber sido protegido por el Poder Legislativo durante ocho años y desde septiembre de 2016 por el Poder Judicial después de haber perdido la inmunidad que le confería su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, Eduardo Montealegre continúa destacándose como un violador de los derechos humanos y como uno de  los impunes más famoso de Nicaragua.

Sin duda alguna, en mi demanda judicial contra el ex banquero y el ex diputado Eduardo Montealegre, ampliamente conocida por los nicaragüenses, no sólo existe retardación de justicia sino también un proteccionismo a su presunta delincuencia de haber escrito y publicado graves injurias y calumnias contra mi persona en dos oportunidades, por haber politizado mi acusación personal.

Eduardo Montealegre, que se autodenomina un auténtico demócrata, continúa haciendo gala de su prepotencia y soberbia, así como de estar sobre la ley, sin reflexionar que él es uno de los ejemplos más recientes de la inseguridad jurídica prevaleciente en Nicaragua.

Desde fines del año pasado, he denunciado la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre, muy bien documentada con los principales documentos legales que he recopilado desde agosto de 2008 hasta diciembre de 2016, ante la Organización de los Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria, con el propósito de que las instancias de los derechos humanos de esas organizaciones internacionales conozcan cómo Eduardo Montealegre ha evadido la justicia y mantenido su impunidad en nuestro país.

El querellado Eduardo Montealegre, quien también está acusado por la Fiscalía General de la República por ser coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias, sabe muy bien que nunca desistiré de mis dos acusaciones por sus injurias y calumnias. Él sabe que continuaré denunciándolo en organismos internacionales que velan por los derechos humanos, donde permanecerá marcado de su presunta delincuencia mientras no se retracte en la misma forma que cometió su delito y resarza los daños provocados por su acción irresponsable.

Que no olvide Eduardo Montealegre que, aunque desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial de mi país, nunca dejaré de reclamarla.





El FMI y su propuesta de política fiscal para Nicaragua

9 07 2017

El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó tres riesgos que elevarían el gasto público de Nicaragua, como son la caída del financiamiento petrolero de Venezuela que deja sin financiamiento la reducción de la pobreza extrema, el problema financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que podría elevar la deuda pública interna, y la aprobación de la “NICA Act” que aumentaría los costos del financiamiento externo.

En momentos de crisis, ya sea por choques económicos o políticos externos o internos, la política fiscal es la más proclive a ser enmendada o reformada, presionando por la ampliación de la base tributaria y la consecución de recursos destinados al presupuesto nacional, el fortalecimiento de la administración tributaria, la mejor calidad del gasto público y la contención y disminución del déficit fiscal.

En la declaración final de la Consulta de Artículo IV de 2017, el FMI propone al gobierno de Nicaragua garantizar un déficit del sector público consolidado -es decir, el déficit del gobierno central, las alcaldías municipales, los entes autónomos y las empresas públicas- que no sea mayor del 2% del producto interno bruto (PIB), con el argumento de imprimir una “mayor transparencia y credibilidad de la política fiscal”.

Con esa postura, el FMI redujo en 1 punto porcentual el límite máximo tradicional del desequilibrio fiscal, lo cual podría ser una respuesta a las posibles limitaciones financieras o de la capacidad de endeudamiento del sector público del país, tales como el limitado aprovechamiento del mercado financiero internacional dada la capacidad de pago, o el incipiente desarrollo del sistema financiero local.

Sin embargo, el sector público del país ya se atrincheró frente a la amenaza de la suspensión de la contratación de préstamos multilaterales financiados con recursos estadounidenses, que está contemplada en la iniciativa “NICA Act”, porque el gobierno dispone de suficientes recursos ya contratados con las tres instituciones financieras multilaterales más importantes que apoyan la ejecución de la cartera de proyectos de inversión pública, como son, en orden de importancia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Mundial (BM/IDA). Desde el tercer trimestre del año pasado, Nicaragua emprendió en el BCIE una vigorosa contratación de préstamos no concesionales (que elevarán el costo de la deuda pública) destinados principalmente a la inversión en infraestructura económica, que a la fecha oscila alrededor de US$600 millones no concesionales.

Para enfrentar los tres riesgos del gasto público arriba mencionados, el FMI propone crear en dos años unos amortiguadores o colchones fiscales con un tamaño de 1.6% del PIB, mediante la eliminación de exoneraciones y exenciones fiscales, la racionalización de los subsidios y la puesta en práctica de la legislación tributaria internacional.

Una observación sobre estos consejos del FMI es que los colchones fiscales se confeccionan en tiempos de bonanza o en tiempos sin crisis. De los tres riesgos mencionados por el FMI, la reducción de la cooperación petrolera venezolana ya se concretó; otro, el de la insostenibilidad financiera del INSS ya está previsto o se está gestando; y el tercero, el de la “NICA Act” ya está en camino de ser aprobada en el Congreso de Estados Unidos.

Otra observación sobre el colchón fiscal es que su tamaño de 1.6% del PIB, es decir, US$240 millones en dos años, es insuficiente para enfrentar los riesgos que se podrían derivar de la incertidumbre inversionista privada, principalmente la extranjera directa (IED) que se origina en los países de economía avanzada y que representa el 47% del flujo bruto total de la IED acumulado en el período 1991-2016.

Señala el FMI que, además del alto nivel de evasión tributaria, están exentos del impuesto de valor agregado (IVA) los 53 productos de la canasta de consumo básica, libros, revistas, periódicos, medicinas y, por la Constitución, las universidades, las organizaciones religiosas y empresas sin fines de lucro, y según la Ley de Concertación Tributaria (LCT) aún están exentos los bienes intermedios (materias primas) y de capital de origen importado demandados por las actividades agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal.

El FMI sólo propuso mantener el IVA sobre pocos productos básicos que son más consumidos por los pobres, tales como arroz, frijol y maíz, y aplicar una tasa del IVA más baja, 5% en vez del 15%, a ciertos productos (sin identificar) de la canasta de consumo básico. Sin embargo, el FMI obvió que, de acuerdo con los datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de VIDA (EMNV), el 62% de las familias nicaragüenses con todos sus ingresos no puede adquirir todos los 53 productos de la canasta de consumo básico, aunque reconoció que “los salarios en Nicaragua siguen siendo los más competitivos de toda Centroamérica”, por ser los más bajos en la región. La competitividad empresarial se logra con más y mejor educación técnica, transferencia de crédito y tecnología, y mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica.

Finalmente, el FMI propone complementar la reducción de las exenciones del IVA con un gasto público más focalizado entre los pobres. Lo que se necesita es una reforma integral del gasto gubernamental, que conduzca a una reducción del consumo público que asegure una política fiscal anticíclica y, si es posible, facilitar, junto al aumento de los ingresos, parte del ahorro presupuestario con el fin de proveer un mayor espacio fiscal al gasto de inversión pública.

El crecimiento económico de Nicaragua, que ha transitado en un rango de 5% a 6% en los últimos tres años incluyendo el que está en curso, aún es insuficiente y menor que el requerido para disminuir el subempleo, el desempleo y la pobreza, debido a la baja productividad de la economía. Junto a una mejor educación y a la creación de puestos de trabajo decentes, se requieren no sólo medidas fiscales sino también monetarias, cambiarias, financieras y estructurales que refuercen el desempeño económico y social del país.