La producción, el desempleo y la inflación en 2018

16 09 2018

De acuerdo con la dirección que muestra el desempeño de la producción de bienes y servicios del país en este año, se prevé que a finales de este septiembre Nicaragua entre técnicamente a una recesión económica; en otras palabras, el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral registrará una tasa de variación relativa negativa en dos trimestres consecutivos (el segundo y el tercer trimestres de este año) en relación con el PIB trimestral inmediato anterior.

Acompañados de un ciclo agrícola 2017/18 con buenos resultados y de un ciclo agrícola 2018/19 descuidado y bastante afectado por la crisis política que ha interrumpido los flujos normales de crédito y de insumos, entre los principales bienes y servicios que muestran caídas de producción en unidades físicas este año se destacan ajonjolí, tabaco, frijol, maíz, la matanza de ganado vacuno y de aves, la exportación de ganado en pie, leche cruda, carne de ganado vacuno, carne de pollo, leche pasteurizada, cemento, concreto premezclado, plata, arena, piedra cantera y los servicios gubernamentales, hoteleros y de restaurantes. Esas caídas se contrarrestan parcialmente con los aumentos, aunque desacelerados, de la producción de huevos, camarón, langosta, azúcar, aguas gaseosas, cervezas, gasolina, diesel, oro y los servicios comerciales, financieros, energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones.

La caída del PIB Real de Nicaragua en 2018 es pronosticada por Consultores para el Desarrollo Empresarial (COPADES) en 3.5%, mientras que el ingreso promedio por habitante se pronostica en el nivel de US$2,297 y tiende a reducirse en US$200 comparado al que se pronosticaba antes del 18 de abril de este año.

Sin embargo, todos los componentes de la demanda agregada tienden a caer en términos de volúmenes. En orden de importancia se contraerán la inversión fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) y el consumo de bienes y servicios finales, pero disminuye levemente las exportaciones netas de importaciones, es decir, el volumen de las importaciones cae más que el de las exportaciones.

Desde mayo del año en curso, ha desaparecido el principal flujo de recursos externos que facilitaba el aumento continuo de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), o sea, el flujo de inversión extranjera directa bruta que alcanzó el máximo de US$1,466 millones en 2017. Ahora, el flujo de recursos externos más importante es el de las remesas familiares al pronosticarse para 2018 en US$1,512 millones, en función de la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos que se acerca a 3% en 2018, pero aun así no logra evitar la caída del gasto de consumo de las familias.

En el mercado laboral, 1 millón 23 mil personas no generarán ingresos en este año, al destruirse 184 mil 200 puestos de trabajo y al aumentar el subempleo en sus dos formas tradicionalmente conocidas: sube el número de personas que trabajan menos de ocho horas diarias y también sube el número de personas que devengan un salario menor que el salario mínimo legal. La suma de la tasa de desempleo abierto y de la tasa de desempleo equivalente relacionado con el subempleo asciende a 27.6% de la población económicamente activa (PEA) y ésta es del orden de 3.7 millones de personas.

Hasta hace pocos años, el BCN proyectaba la tasa de inflación acumulada anual con una suma bastante cuestionable desde el punto de vista macroeconómico, que era igual a la tasa de devaluación anual de 5% más la tasa de inflación (objetivo) internacional prefijada en 2%, es decir, una tasa de inflación de 7% cuya representación gráfica era una línea horizontal en el mediano y largo plazo. Hoy el BCN pronostica la inflación en rangos que los varía en el transcurso del año y la última vez que lo actualizó lo elevó de [5.5%, 6.0%] a [7%, 8%].

Parece que el público ya no presta mucha atención a lo que dicen los funcionarios del BCN sobre el comportamiento y las expectativas de la inflación. Sorpresivamente, de acuerdo con los datos del BCN, se registró una deflación de los precios al consumidor de 0.08% en julio y otra deflación de los mismos precios de 0.24% en agosto, de tal forma que la inflación interanual, o sea, entre agosto 2007 y agosto 2008 fue igual a 4.95%, y la tasa de inflación acumulada en el año (de diciembre 2017 a agosto 2018) fue igual a 1.66%.

Es muy probable que esos funcionarios expliquen esas dos tasas mensuales de deflación consecutivas con el vigor contractivo de la política monetaria que impera desde 2016 para proteger la posición de las reservas internacionales, debido al desplome del crédito petrolero de Venezuela, pero no deberían obviar que, en este tiempo de crisis política, las empresas, grandes y medianas, aún no han perdido su poder de mercado, o sea, no han bajado los precios de los bienes y servicios producidos.

Al haber eliminado la suma polémica de las tasas de devaluación local e inflación internacional, el BCN tendrá que explicar mejor o tendrá que hacer más en el frente de las comunicaciones -por ejemplo, mediante campañas publicitarias o utilizar las redes sociales- para mantener la inflación interanual cercana a 6% y para que se puedan cumplir por sí mismas las expectativas inflacionarias teniendo en cuenta que las empresas suben los precios de sus productos anticipadamente cuando esperan aumentos de precios más rápidos y los trabajadores demandan salarios más altos cuando esperan una mayor inflación, lo que obliga a las empresas a subir los precios para mantener los márgenes, y así sucesivamente. Pero cabe recordar que el BCN no ha podido obtener ese rango inflacionario objetivo de [5.0%, 6.0%], porque en 2016 y 2017 la tasa de inflación sorpresivamente fue igual a 3.1% en cada uno de esos dos años.

Por esas razones creo que las personas naturales y las empresas no están prestando atención o son indiferentes a la tasa de inflación que publica el BCN. Por consiguiente, los funcionarios del BCN tendrían que ser más explícitos para hacer uso de las expectativas inflacionarias como un instrumento de política con fines de estabilización, no deberían olvidar que gran parte de la población no está informada, y tendrían que hacer creíble y transparente la información económica que recopilan directa e indirectamente.

COPADES pronostica, sin tomar en cuenta las dos tasas de deflación oficiales de julio y agosto, que los precios al consumidor subirán 7.4% en 2018 en función del medio circulante, el precio internacional del barril de petróleo WTI y el coeficiente de inflación inercial. Talvez el BCN tendrá que actualizar de nuevo su rango inflacionario a [4.0%, 5.0%], a sabiendas que en septiembre el índice estacional del índice de precios al consumidor (IPC) nacional se ubica en el “valle” inflacionario.

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El rumor de la devaluación

9 09 2018

En tiempos de crisis política, no hay que dejarse llevar por noticias económicas falsas como la que se difundió en las redes sociales la semana pasada. La población se alarmó por una supuesta devaluación del córdoba, el congelamiento de los depósitos bancarios en moneda extranjera y su conversión en córdobas con el nuevo tipo de cambio establecido por la autoridad monetaria, que sería implementado el lunes 17 de septiembre.

En varias ocasiones he manifestado que el Banco Central de Nicaragua (BCN) es un rehén de su política cambiaria. Nunca va a lograr una devaluación real positiva, es decir, una depreciación del córdoba, para promover el esfuerzo exportador del país, debido a la existencia de la cláusula de mantenimiento de valor y a la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial. Devaluar el córdoba en este medio ambiente de precios en moneda local indexados con el precio de la moneda extranjera, el dólar estadounidense, sería echar leña a la hoguera de la inflación y, consecuentemente, se deterioraría rápidamente nuestra moneda de curso legal con un piso más alto de devaluación e inflación.

Para devaluar correctamente el córdoba, primero se requiere eliminar esa cláusula de mantenimiento de valor y esos mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio del córdoba con respecto al dólar. Esto obligaría a reformar la Ley No. 732 Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, mejor dicho, eliminar el artículo 38 de dicha ley orgánica, que dice así:

“En todo contrato podrá establecerse una cláusula por la cual las obligaciones expresadas en Córdobas mantendrán su valor con relación a una moneda extranjera. En este caso, si se produce una modificación en el tipo oficial de cambio del Córdoba con relación a dicha moneda, el monto de la obligación expresada en Córdoba deberá ajustarse en la misma proporción a la modificación operada”.

Así, desaparecería el córdoba con mantenimiento de valor en el sistema financiero nacional, que es una de las tres monedas que existen en el país, y se impondría sólo el córdoba, tanto para los depósitos como para los préstamos del público no bancario en el sistema financiero nacional.

Por su parte, la eliminación de los otros mecanismos de indexación de precios en córdobas en función del tipo de cambio oficial implicaría determinar la estructura de los costos de producción en córdobas, no en dólares como está hoy determinada, y especificar los componentes del costo total que corresponden a insumos nacionales, tales como materias primas procesadas en el mercado local, remuneraciones al trabajo, impuestos indirectos, depreciación de ciertos activos fijos (por ejemplo, la construcción de las plantas productivas) y utilidades brutas de las empresas, así como los que corresponden a insumos importados, o sea, los bienes y servicios importados, entre ellos los productos intermedios y la maquinaria y equipo. Esta reforma contable tomaría cierto tiempo, ya que estaría sujeta a la supervisión del ente público que norma la actividad económica a la cual pertenece la empresa.

En conclusión, una devaluación racional del córdoba demandaría la preparación de las condiciones para realizarla, porque si se hiciese en el escenario monetario actual, tal como lo deja a entrever la falsa noticia, estaría condenada al fracaso. Buscar una devaluación real del córdoba para corregir el grave desequilibrio comercial de la balanza de pagos equivalente a 20% del Producto Interno Bruto (PIB), imperante desde hace varias décadas debido a la sobrevaluación del córdoba (el córdoba vale más de lo que debería valer y el dólar vale menos de los que debería valer, por lo cual es más rentable importar que exportar), sería parte del largo proceso de la desdolarización o de la recordobización de la economía nicaragüense, pero este proceso de largo plazo no puede iniciarse en un ambiente de crisis política que pronto cumplirá cinco meses de existencia; no puede ser impuesto o forzado, sino voluntario mediante una política macroeconómica apropiada.

En relación con la parte final de la falsa alarma, el congelamiento de los depósitos bancarios en moneda extranjera y su conversión en córdobas con el nuevo tipo de cambio oficial, sería una medida peor que el control de cambio o que la puesta en vigor de un toque de queda temporal en la fuga de capitales en pánico, que eliminaría la libre convertibilidad del córdoba en dólares y destruiría la columna central del modelo económico actual del país. Esa medida monetaria y cambiaria desconocería la excesiva dolarización financiera que existe en el mercado interno, lo cual se ejemplifica con dos razones: el 75% del total de los depósitos se realiza con dólares y el 89% de la cartera de préstamos se entrega en dólares y el restante 11%, en córdobas con mantenimiento de valor que es un dólar disfrazado. Su efecto sería tremendamente negativo para la nación.

No hay que olvidar que la noticia de una devaluación de la moneda nunca es dada a conocer con varios días de anticipación, en este caso con 11 días antes de realizarse porque la comunicación de la falsa noticia está fechada el 6 de septiembre, 2018 , sino en el mismo día que se ejecute, y quien la da a conocer es el presidente de la República y el presidente del BCN, con base en la aprobación del Consejo Directivo del BCN.

Independientemente de que esa falsa noticia hubiese sido difundida por la izquierda o la derecha, o del centro en caso exista, del espectro político nacional, es un acto irresponsable que contribuye a maximizar la desconfianza de la población y a dañar más la situación económica del país.





Continúa vigente mi acusación personal a Eduardo Montealegre

2 09 2018

Han pasado 2 años en que el presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas sigue estando protegido por el máximo tribunal de justicia de Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Apelaciones de Managua y los Juzgados Sexto y Séptimo Local de lo Penal de Managua, a quien acusé el 27 de agosto de 2008 y el 11 de septiembre de 2011 por ser un violador de los derechos humanos al injuriarme y calumniarme en forma escrita al tildarme de defraudador del Estado de Nicaragua. Antes de estos últimos 2 años, estuvo protegido a lo largo de 8 años en la Asamblea Nacional al escudarse inapropiadamente en la inmunidad que le confería su cargo público de diputado.

Los servidores públicos que continúan protegiéndolo en el Poder Judicial son Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez, Virgilio Gurdián, Gerardo Rodríguez Olivas, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García.

Siempre insistiré en mi acusación personal formal de que Eduardo Montealegre Rivas es un violador de los derechos humanos, que con su presunta delincuencia afectó a los miembros de mi familia, y que delinquió contra mi persona cuando la Fiscalía General de la República lo acusó de ser coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias cuando en 2007, en su calidad de Ministro de Hacienda y Crédito Público, reestructuró la deuda pública por las liquidaciones bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001 y participó en las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados.

Eduardo Montealegre Rivas continúa estando realmente por encima de la Ley y no se inmuta de estarlo, pero es vergonzoso para el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cuyos miembros se han dedicado más a minimizar las presuntas delincuencias de Montealegre que al ideal de que nadie, ni siquiera un ex político o un ex banquero o un ex ministro, esté por encima de la ley.





Errores incomprensibles del Banco Central de Nicaragua

30 08 2018

Parece que el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) desconoce que en tiempos de crisis política, las política económicas no tienen los efectos esperados para resolver problemas económicos y financieros, y continúa cometiendo errores en forma consecutiva al haber declarado el presidente del BCN el 21 de agosto de 2018 que “estamos emitiendo los Títulos de Inversión (TIN) para depósitos mayores a 10 mil dólares, es decir, aquel depositante que retire plata de un banco privado la puede depositar aquí en el Banco Central, si eso es lo que quiere. … Es una opción de la persona que no se sienta segura en un banco y se quiera sentir más segura con títulos del Banco Central”.

La fuga de depósitos es producto de la desconfianza que existe en todos los agentes económicos, un efecto muy grave de la crisis política actual. No es una desconfianza en los bancos, sino una desconfianza general de los consumidores, productores e inversionistas en todos los ámbitos económicos, financieros y sociales. Por lo tanto, eliminar esa desconfianza generalizada requiere una respuesta política, no económica.

Pero el craso error de Ovidio Reyes fue haber anunciado que esos Títulos de Inversión, que se emitirán para depósitos mayores a 10 mil dólares tendrían tasas de interés para córdobas con mantenimiento de valor desde 4.5% a un mes hasta 8.0% a un año.

¿Quién sería el inversionista, quién sería la persona natural o la persona jurídica no financiera, que entregaría dólares al BCN para recibir córdobas con mantenimiento de valor cuando venciera el plazo del Título de Inversión? Nadie.

El 24 de agosto, tres días después, el BCN publicó en su página web que emitirá Títulos de Inversión en dólares con tasa de interés desde 3% a 1 mes hasta 6.50% a 1 año. Se avizora, pues, una guerra de tasa de interés hacia el alza, en un momento de recesión económica nacional que técnicamente se confirmará al concluir el mes de septiembre próximo, y esto exige la baja de las tasas de rendimientos del BCN. Esa baja no ocurrirá porque la crisis política ha elevado el índice de riesgo-país de Nicaragua.

La decisión del BCN de establecer las tasas de rendimiento de los Títulos de Inversión a 1 año plazo en casi 3 puntos porcentuales por arriba de la tasa de las Letras pagaderas en córdobas con mantenimiento de valor al mismo plazo, y en casi 1 punto porcentual la tasa de rendimiento de los Títulos de Inversión en dólares en 1 año plazo con respecto a la de los depósitos al mismo plazo en el sistema bancario, podría promover la fuga de los depósitos en ambas monedas de la banca y forzaría a las entidades financieras a subir sus actuales tasas pasivas y activas. La recuperación económica sería más cara.

Otra resolución del Consejo Directivo del BCN, publicada en La Gaceta el 24 de agosto de este año, provocó otro revuelo nacional.

Los cuatro miembros de dicho Consejo aprobaron la reforma del acápite d del Artículo 5 Operaciones de Cambio del BCN de las Normas Financieras del Banco Central de Nicaragua del 9 de agosto de 2018, que dice: Para la venta de USD, EUR u otras monedas extranjeras libremente convertibles, la tarifa que el Banco cobrará será definida, conforme ley, por el Presidente del BCN en un porcentaje superior al tipo de cambio oficial de la fecha valor, para lo cual éste deberá emitir las disposiciones administrativas respectivas (el subrayado es nuestro).

El acápite d del Artículo 5 Operaciones de Cambio del BCN de las Normas Financieras del Banco Central de Nicaragua aprobadas el 11 de julio de 2007 decía: Para la venta de USD por córdobas, el precio que el BCN cobrará será un uno por ciento (1%) superior al Tipo de Cambio Oficial fijado para la fecha valor correspondiente. Para el cálculo se deberán utilizar seis (6) decimales.

Once años después, el 24 de agosto de 2018, con el grave problema económico y financiero de la fuga de los depósitos en moneda extranjera observada desde 12 de abril recién pasado, el presidente del BCN, en este caso Ovidio Reyes, borró con esa reforma el 1% de comisión de venta del dólar a las entidades financieras y se adjudicó la discrecionalidad de fijar el porcentaje sobre el tipo de cambio oficial para vender la divisa estadounidense a los dos clientes del BCN, el sistema financiero nacional y el sector público no financiero. Imagino que esa discrecionalidad será la misma para esos dos clientes.

Esa decisión obedece al hecho de que la pérdida de reservas internacionales administradas por el BCN es causada por la venta de divisas del BCN al sistema bancario comercial que tiene que enfrentar la fuga de los depósitos en dólares del público no bancario. Esto pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, porque el saldo de esas reservas no es infinito, las ventas de dólares tienen un límite, y el saldo de la reservas brutas no pertenece al BCN.

Del saldo de las reservas internacionales brutas en el BCN, debe preservarse el 37% que pertenece al sector privado, principalmente al público no bancario en conceptos de encaje efectivo y fondo de garantía para los depósitos en moneda extranjera, y en concepto de Letras pagaderas en dólares emitidas por el BCN; adicionalmente, debe mantenerse el 5% del saldo de esas reservas porque corresponden a los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinados al fortalecimiento de la posición de las reservas internacionales del país.

Por consiguiente, el BCN con las reservas internacionales netas ajustadas (RINAs) tiene que atender la compra de divisas de las entidades bancarias ahora incrementadas por la fuga de depósitos, el componente importado de los proyectos y programas del sector público financiados por la cooperación oficial y el pago de la deuda pública externa. El saldo de las RINAs en el BCN es US$1,417.4 millones al 28 de agosto del año en curso.

El 27 de agosto el BCN tuvo que confirmar en dos notas de prensa que se mantenía inalterada la tarifa de 1% por comisión por venta de divisas realizada por la autoridad monetaria, que todas las tarifas bancarias serán establecidas por el presidente del BCN y que se mantenía la política del tipo de cambio reptante con un deslizamiento anual de 5% que es dictada por el Consejo Directivo del BCN. ¿Por qué Ovidio Reyes tuvo que aclarar esas tres cosas? De entrada, el impacto de la resolución publicada en La Gaceta fue la caída de US$22 millones del saldo de los depósitos en moneda extranjera en ese mismo día.

El presidente del BCN, con la reforma, había obviado publicar la nueva tarifa, lo cual suscitó la sospecha de que ese porcentaje sería inestable al reconocer implícitamente que la fuga de los depósitos en dólares se mantiene, aunque ha desacelerado. Cualquier tarifa por arriba del 1% significaría, sin duda alguna, un aumento del precio de compra de la divisa de las entidades financieras en el BCN, y ese aumento sería trasladado al tipo de cambio para la venta de la divisa en el mercado financiero, es decir, el público no bancario tendría que pagar una mayor cantidad de córdobas por un dólar. Fue correcta la apreciación de la población que el córdoba se devaluaría, pero esto se observaría directamente en el mercado financiero e indirectamente en el mercado negro, sin afectarse el mercado oficial porque se mantiene el deslizamiento anual de 5% del tipo de cambio oficial.

Consecuencia de lo anterior sería la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero, también la brecha con el mercado negro, el alza de los costos de producción de bienes y servicios y de la tasa de inflación de los precios al consumidor, y por tanto el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de la población.

Se elevarían los riesgos económicos y financieros por la presencia de tipos de cambio múltiples, que ahuyenta a la inversión extranjera directa, y por el desequilibrio de los precios relativos, sencillamente porque sólo una persona determina, con discrecionalidad exclusiva, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar no sólo en el Banco Central sino también en el mercado financiero.

La Resolución CD-BCN-XXXV-1-18 publicada en La Gaceta continúa sin ninguna modificación después de las dos aclaraciones que hiciera Ovidio Reyes, y mientras no se derogue se mantendrá la incertidumbre cambiaria.





Bonos, Títulos y Riesgos Sistémicos del Sistema Financiero Nacional

26 08 2018

Preservar la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero ha sido una función del Banco Central de Nicaragua (BCN). Ahora, esa función será desempeñada por un “Comité de Estabilidad Financiera (CEF) establecido por la Ley No. 979 “Ley de Creación de los Bonos para el Fortalecimiento de la Solidez Financiera y del Comité de Estabilidad Financiera”.

Entre los miembros del CEF, aparece el Fondo de Garantía de los Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE), que se limita exclusivamente a cobrar y pagar, sólo pagar en el caso del colapso de una entidad financiera supervisada, la garantía de un máximo de US$10,000 por depositante, y el monto de dichas garantías asociadas con los depósitos en moneda extranjera, depositadas en el BCN, asciende a US$174 millones al 23 de agosto del año en curso.

Otro miembro del CEF es la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), pero las microfinancieras no captan depósitos del público. Es bastante razonable la presencia de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), el ente supervisor de las entidades del sector financiero del país, aunque cabe recordar que el presidente del Consejo Directivo de la SIBOIF es el presidente del BCN. También integra el CEF el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que emitirá los Bonos para el Fortalecimiento de la Solidez Financiera a pesar de que aún el único banco comercial del sector público, el Banco de Fomento a la Producción (BANCO PRODUZCAMOS) tampoco capta depósitos del público.

La Ley No. 979 señala que los Bonos del MHCP arriba mencionados serán estandarizados y desmaterializados, y emitidos en dólares estadounidenses, pero pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor indexados con el tipo de cambio oficial del córdoba con respecto al dólar estadounidense; tendrán un plazo máximo de 25 años, pero el plazo y la tasa de interés serán determinados por el MHCP; y podrán ser colocados directamente o subastados.

Sin embargo, el presidente del BCN, Ovidio Reyes, junto al Ministro del MHCP, Iván Acosta, en conferencia de prensa del 21 de agosto recién pasado, afirmó que los Bonos no son instrumentos que vayan a ser transados en el mercado primario de valores, sino que van a ser entregados al Banco Central para el respaldo de sus líneas de asistencias financieras, o para el respaldo de los depositantes, o para el respaldo de las condiciones contempladas dentro de la Ley del FOGADE. Si el MHCP entrega los Bonos directamente al BCN, ¿por qué se indica en la ley que podrían ser subastados?

Con el respaldo de los Bonos del MHCP, el BCN podrá emitir Títulos de Inversión para ofrecerlos a las personas naturales y personas jurídicas no bancarias que no tengan confianza de mantener sus depósitos en las instituciones financieras, debido al problema “sistémico” que, en nuestra opinión, es provocado por la crisis política del 18 de abril.

El riesgo sistémico de las entidades bancarias es la fuga de los depósitos en moneda extranjera, provocado no por la desconfianza del público no bancario en las instituciones financieras, sino por la desconfianza que genera la crisis política imperante desde el 18 de abril de este año. Esta desconfianza, en este caso de los depositantes, se dio por el creciente riesgo político, que elevó el índice de riesgo-país de Nicaragua y disminuyó la calificación crediticia de Standard & Poor’s, Moody’s Investment y Fitch para Nicaragua. Es de sobra conocido que para resolver un riesgo político se requiere una respuesta política. La historia económica de nuestro país ya lo ha demostrado en varios momentos.

Con base en datos oficiales, desde el 12 de abril de este año, fecha en que se registró el saldo máximo de los depósitos en moneda extranjera de US$4,115.0 millones, se han fugado US$765.1 millones al 22 de agosto, con un ritmo de US$5.8 millones diarios.

Para enfrentar esa fuga de depósitos, la banca comercial comenzó a comprar divisas al BCN en la mesa de cambios desde el 15 de mayo. Al 23 de agosto, esas compras totalizaban US$469 millones y su monto promedio diario se ha desacelerado, a pesar de que en junio se oyeron voces que exacerbaron la intranquilidad de la población para que retirara sus depósitos de los bancos. Las ventas promedio diarias de dólares del BCN al sistema bancario fueron US$7 millones en mayo, US$11 millones en junio, US$6 millones en julio y US$3 millones en el transcurso de agosto. Entre mayo y agosto, US$7 millones diarios.

Por supuesto que el BCN toma los dólares que vende a los bancos comerciales de las reservas internacionales que administra. En este año, el saldo de las reservas internacionales brutas observa una caída US$278.9 millones al 23 de agosto, a pesar de que el BCN ha desembolsado US$100 millones (de un total de US$200 millones) facilitados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para solucionar dificultades transitorias de liquidez del sistema financiero nacional. Por consiguiente, la libre convertibilidad del córdoba, columna central de nuestro modelo económico, extendió el problema “sistémico” al BCN, La reducción de las reservas internacionales administradas por el BCN tiene un límite.

Los Títulos de Inversión serían emitidos por el BCN para recibir los depósitos de las personas naturales y de las empresas no financieras que no confíen en los bancos comerciales. Esto, en vez de fortalecer, debilitaría más a los bancos que están afectados por la fuga importante de los depósitos en moneda extranjera, la cual equivale a 20 días de producción de bienes y servicios del país en este año.

Esos Títulos de Inversión serán emitidos en dólares estadounidenses para depósitos mayores de US$10,000 (diez mil dólares) y pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, con plazos que van desde 1 mes con una tasa de 4.5% hasta 1 año con una tasa de 8.0%. Un depositante de un banco comercial, ya estresado por la incertidumbre política, con esta ley se transformaría en un inversionista financiero, pero nunca aceptaría invertir en dólares y recuperar su inversión con el rendimiento correspondiente en córdobas con mantenimiento de valor.

A ese ex depositante y ahora inversionista financiero  le surgirían más dudas que lo podrían estresar mucho más de lo que ya está, al interrogarse si en el futuro la tasa de inflación sería mayor o menor que la tasa de devaluación -a julio de este año, en términos interanuales la tasa de inflación es 5.2% y la tasa de devaluación es 5.0%-; o si la brecha entre el tipo de cambio del mercado oficial (la del BCN) será reducida o amplia con respecto al precio de la divisa en el mercado negro, a sabiendas que era 0.23% en abril y subió hasta 1.21% en julio; o si el saldo de las reservas internacionales netas ajustadas (RINAS) administradas por el BCN será creciente o decreciente en el corto plazo, al tomar en cuenta que el 41% del saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) es intocable porque pertenece a los depositantes del sistema financiero nacional, a los inversionistas que han adquirido Letras del BCN emitidas en dólares y a dos organismos financieros multilaterales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCIE, que han facilitado préstamos para apoyo a la balanza de pagos.

Los rendimientos de los Bonos respaldarían las tasas de interés de los Títulos de Inversión y estas últimas podrían provocar una leve mejoría en la competitividad de las tasa de interés en el mercado local, sin alcanzarse los niveles que promueve el BCN. Ya se observa que las tasas de interés de los Títulos de Inversión, al ser más altas que las de las Letras subastadas por el BCN -por ejemplo, Letras a 1 mes plazo con 1.18%, y Letras a 1 año plazo con 5.23%-, forzarían la subida de las tasas de interés pasivas de las entidades bancarias y, consecuentemente, también las tasas activas, lo cual impactaría la demanda de crédito, de por sí ya muy altas en el mercado centroamericano. Además, las líneas de asistencia financiera con plazo de 1 año del BCN para la banca comercial tendrían una tasa de interés mayor que 8%, que es la que pagaría el BCN a las personas naturales y empresas no financieras que trasladarían sus depósitos de la banca comercial al BCN. En un escenario económico recesivo, ¿seremos espectadores de una guerra de tasas de interés?

La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento y el desarrollo económico del país, y se ha mantenido en estos tiempos de crisis política gracias a una muy severa política monetaria contractiva (en córdobas), que a veces he calificado como muy descalibrada antes de la crisis. Sin embargo, aún manteniéndose la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, y con la implementación de nuevas políticas macroeconómicas como la planteada por la Ley No.979, la atracción de la inversión extranjera directa, el aumento de la inversión de las empresas nicaragüenses, la creación de puestos de trabajo decentes y un mejor desempeño productivo no podrán ser garantizados si no se da una respuesta política para resolver esta crisis que ya dura un poco más de cuatro meses.

En conclusión, es urgente iniciar la tarea de restablecer la confianza de los agentes económicos, entre ellos los depositantes de las entidades financieras. Como aconsejé públicamente a la población a que no retiraran sus depósitos en el sistema bancario en junio de este año, ahora lo reitero porque la fuga de los depósitos en moneda extranjera podría provocar el colapso de la entidad bancaria, ya que sus depósitos están financiando la cartera de préstamos.

Nuestra economía está muy dolarizada extraoficialmente y, con el actual problema “sistémico”, esa supuesta bondad se ha transformado en un grave riesgo, porque el BCN sólo puede emitir córdobas. Así lo demuestran dos razones de dolarización financiera en Nicaragua: el 74% de los depósitos en el sistema financiero se realiza en dólares, pero el 89% de la cartera de préstamos se entrega también en dólares. La excesiva dolarización extraoficial, representada por el hecho de que los depósitos en moneda extranjera en las entidades financieras representan el 67% de la liquidez global del mercado, ha quedado en entredicho, peor aún si tomamos en cuenta la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial por un dólar estadounidense.





La crisis política, la reforma presupuestaria y la exclusión

19 08 2018

La reciente reforma presupuestaria del Gobierno Central, contractiva por el desplome de C$7,490 millones (US$237 millones) hasta C$73,311 millones (US$2,323 millones) en la recaudación anual esperada de impuestos, un resultado de la caída de la producción de bienes y servicios y de las importaciones, mostró que el gasto de educación y salud, tanto de consumo como de inversión, se redujo en un monto de C$2,338 millones (US$74 millones) con lo cual se acentuó la exclusión del Estado, que hoy se adiciona a la exclusión del Mercado al preverse una destrucción de 184,000 puestos de trabajo, producto de la crisis política del 18 de abril, mientras que la proporción de la población económicamente activa que cotiza la seguridad social ha disminuido de 25.6% en 2017 a 23.6% en 2018, con datos observados a junio de este año.

Las reducciones equivalentes a US$30 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud (MINSA) y de US$44 millones en el del Ministerio de Educación (MED) reflejarán no sólo las afectaciones a la calidad de ambos servicios, sino también un mayor porcentaje de la población que no tendrá acceso a un puesto o centro de salud y una mayor población en edad escolar primaria y secundaria no matriculada o que no asistirá a una escuela.

El criterio internacional de asignar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto de educación pública (excluyendo la asignación de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) a las universidades y centros de educación técnica superior) ha quedado bastante rezagado, al representar el nuevo gasto total aprobado para la educación pública el 3% del PIB en este año -Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronostica una caída de 3.5% del PIB Real en 2018-. Según la proyección del Banco Central de Nicaragua (BCN) de que el PIB Real crecerá 1% en el año en curso, implicará que el gasto de educación pública en los niveles preescolar, primaria y secundaria será menor que 3%.

El 70% de la reducción del gasto presupuestario se concentró en la inversión pública, según el gobierno por un menor grado de ejecución de algunos proyectos, actos de terrorismo y violencia, desfases en los procesos de licitación y en la adjudicación, licitaciones declaradas desiertas, problemas en el abastecimiento de materiales y contratación de personal y suspensión temporal de las obras por los tranques y la inseguridad.

En la otra cara de la moneda presupuestaria, sólo dos ministerios y dos Poderes del Estado de Nicaragua recibieron aumentos en sus asignaciones de recursos para consumir e invertir en este año. En orden de importancia, esos aumentos son los siguientes: Ministerio de Defensa, C$144 millones (US$5 millones), para pagos de primas por compra de dos fragatas para la protección de los recurso marinos y la soberanía nacional; Consejo Supremo Electoral, C$95 millones (US$3 millones), para gastos operativos; Asamblea Nacional, C$6 millones (US$0.2 millones); y Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, C$4 millones (US$0.1 millones).

El monto neto de las asignaciones mandatadas por la Constitución y de las subvenciones acusó una disminución de C$434 millones (US$14 millones). Se redujeron las asignaciones a las alcaldías, las universidades, los centros de educación técnica superior y la Corte Suprema de Justicia, y también se destacan las de cobro de impuestos a las importaciones, transmisión de energía eléctrica, servicios portuarios, promoción del turismo, protección y sanidad agropecuaria, mantenimiento de la red vial, viviendas de interés social, subsidio al consumo de energía eléctrica y al transporte en buses urbanos en Ciudad de Managua y Ciudad Sandino, y subvenciones a centros de religiosos.

Sin embargo, la reforma presupuestaria aumentó con montos importantes las asignaciones y subvenciones al cobro de impuestos al consumo, la inversión y la renta, la recopilación de estadísticas económicas y sociales, la promoción de inversiones y exportaciones, el ordenamiento de la propiedad, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y los subsidios al consumo de energía de los jubilados y del transporte a nivel nacional, este último recibido por PETRONIC.

Por su parte, el pago de intereses y comisiones de la deuda gubernamental interna y externa se redujo C$180 millones (US$6 millones) hasta C$5,187 millones.

Con la reforma a los ingresos y gastos del Presupuesto General de la República, el déficit fiscal antes del registro de las donaciones externas se elevó en C$1,550 millones hasta C$7,902 millones, equivalentes a US$250 millones.

El déficit fiscal es financiado con menos recursos externos. Debido a las reducciones, ampliaciones y reasignaciones del gasto presupuestario, disminuyeron tanto las donaciones externas en un monto equivalente a US$20 millones hasta US$89 millones, como los préstamos externos netos del pago de amortizaciones de la deuda gubernamental interna y externa en un monto equivalente a US$128 millones hasta US$159 millones.

Producto de lo anterior, el financiamiento interno neto del déficit fiscal pasó de ser contractivo en -C$6,216 millones (-US$197 millones) a expansivo, al subir hasta +C$1,136 millones (+US$36 millones). El signo negativo indica que este financiamiento era contractivo en C$5,080 millones en el presupuesto inicial aprobado en diciembre de 2017, o sea, ese monto negativo constituía un aumento de los depósitos del Gobierno Central en el BCN. Hoy, con la reforma, el signo positivo significa que este financiamiento interno es expansivo, es decir, constituirá una disminución de los  depósitos del Gobierno Central en el BCN

Además, el actual financiamiento interno neto expansivo también incluye el aumento de C$4,397 millones (US$139 millones) en la amortización de la deuda gubernamental interna: la reforma adelantó el pago de 16 cuotas anuales de la deuda histórica al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el aporte estatal de 2017 y las pensiones especiales del trienio 2015-2017.

El financiamiento interno del presupuesto gubernamental será soportado por el aumento de la emisión de Bonos de la República y Letras de la Tesorería de C$9,036 millones (US$286 millones), y por la disminución de los depósitos del Gobierno Central en el BCN del orden de C$2,096 millones (US$66 millones).

En conclusión, la recaudación de impuestos cae en un monto mayor que el del gasto total, se disminuye más el gasto de inversión que el gasto corriente en aras de proteger el empleo público, y también disminuyen las donaciones y los desembolsos de préstamos externos destinados al presupuesto nacional. Esto condujo a un aumento del déficit fiscal que será financiado, por un lado, con una mayor emisión de deuda pública interna y, por otro lado, con los recursos del Gobierno Central depositados en el BCN.

En la década de los ochenta del siglo pasado, la variable de cierre del modelo económico era la emisión de dinero, lo cual nos llevó a la cuarta hiperinflación del mundo en el Siglo XX. Desde 1994, la nueva variable de cierre fue la de las reservas internacionales, lo cual ha propiciado la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Hoy, en agosto de 2018, surge la hipótesis de que la deuda pública interna se convertirá en la nueva variable de cierre del modelo económico, lo cual conllevaría el riesgo de que el país pueda caer en un severo endeudamiento público, externo e interno, en términos de producción.

En la semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó la ley que autoriza al MHCP la emisión de Bonos de Estabilización Financiera, que en caso de que sea efectiva aumentará la deuda pública interna. Ojalá que se logre mantener la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública.

 

 





¿Estabilidad financiera con más deuda pública?

12 08 2018

El buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero del país siempre ha sido una función del Banco Central de Nicaragua (BCN), sin perjuicio de las normas prudenciales que la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) aplica a cada una de las entidades financieras, independientemente del tamaño y del giro de los negocios de dichas entidades.

Sin embargo, ahora existe la preocupación gubernamental de crear un comité de estabilidad financiera integrada por el BCN, la SIBOIF y el Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE), que deberá identificar tempranamente las amenazas al sistema financiero y coordinar políticas y medidas para preservar la estabilidad financiera. Así lo manifiesta la Iniciativa de Ley de Creación de los Bonos de Estabilidad Financiera y el Comité de Estabilidad Financiera enviada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 7 de agosto recién pasado, solicitándose se le conceda el trámite de urgencia.

Un nuevo comité estaría sustituyendo al BCN para garantizar el cumplimiento de una función del BCN, y a un miembro del comité, el FOGADE, se le atribuiría la responsabilidad de evaluar, analizar e implementar acciones, mediadas y políticas para la estabilidad financiera del país. Cabe mencionar que la función actual del FOGADES es garantizar los depósitos del publico no bancario en las entidades financieras y restituirlos, con un máximo de diez mil dólares estadounidenses, en el caso de la liquidación forzosa de un miembro del Sistema de Garantía de Depósitos.

Este comité de estabilidad financiera tendrá, entre sus funciones, solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la emisión de Bonos de Estabilidad Financiera, que respalden no sólo las líneas de asistencias financieras del BCN a favor de las instituciones financieras supervisadas por la SIBOIF, sino también la cobertura de los depositantes.

De acuerdo con esta iniciativa de ley, el MHCP va a respaldar con una nueva deuda pública interna tanto las líneas de asistencias financieras del BCN como las operaciones que son competencia del FOGADE. La literatura macroeconómica y financiera contempla avales y respaldos del Tesoro de la Nación a instituciones públicas, pero 7 de los 8 bancos comerciales radicados en el país son del sector privado, y, cabe aclarar, un banco privado se puede transformar en un banco público sólo si ha quebrado y la SIBOIF nombra a una junta liquidadora para recuperar sus activos.

Agrega la Iniciativa que los Bonos de Estabilidad Financiera estarán denominados en dólares estadounidenses, pero pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, indexados con el tipo de cambio oficial, a plazos de hasta 25 años. En estos momentos de crisis política, por un lado, se observa una gran desconfianza de los inversionistas financieros, que son las entidades bancarias, al concentrar el 87% de las compras de Letras Estandarizadas subastadas por el BCN en plazos de 7 días, 14 días y 1 mes, emitidas en dólares y pagaderas en córdobas con mantenimiento de valor, mientras que las colocaciones de Letras del BCN a 1 día de plazo pagaderas en córdobas son más dinámicas para contraer la liquidez del mercado que las Letras subastadas y mantener la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica.

Por otro lado, también se ha observado la desconfianza de los depositantes del sistema financiero nacional con el retiro de los depósitos en moneda extranjera desde mediados de abril de este año, que se aceleró en junio y afortunadamente se desaceleró en julio y en el transcurso de agosto. En una economía excesivamente dolarizada extraoficialmente como es la de Nicaragua, la mayor parte de los depósitos en dólares es destinada a la cartera de préstamos en dólares, por lo cual una salida intempestiva de los depósitos podría provocar iliquidez en la entidad bancaria y conducirla a la quiebra. Por eso, reitero a los depositantes el consejo que les sugerí en junio recién pasado: no retiren sus depósitos en dólares, porque están prestados a los consumidores y productores, y corren el riesgo de recibir sólo un monto máximo de US$10,000 de parte del FOGADE. Pero la fuga de los depósitos en dólares ha provocado la caída de las reservas internacionales administradas por el BCN, porque éste ha tenido que vender divisas a los bancos comerciales para atender a los depositantes.

Por esas dos razones arriba mencionadas, es necesario el fortalecimiento de la confianza de los depositantes y de los inversionistas financieros, pero la respuesta debería ser política, en vez de una respuesta económica heterodoxa, que en el caso de ser aprobada debería ser de corto plazo porque provocará más deuda pública interna.

Junto a la iniciativa de ley sobre la estabilidad financiera del país, el 7 de agosto recién pasado la Asamblea Nacional también recibió la iniciativa de Ley de Modificación de la Ley Anual de Presupuesto General de la República de 2018, que incorpora la reducción de los impuestos resultante de la desaceleración del crecimiento de la producción y de la demanda interna, el mayor recorte del gasto de inversión que el del gasto de consumo del sector público para proteger el empleo en dicho sector, y, debido al aumento del déficit fiscal y al adelanto de pagos de la deuda histórica gubernamental con el INSS, vuelve a subir la deuda pública interna. Esta respuesta fiscal ortodoxa a los efectos de la crisis del 18 de abril debería ser de largo plazo, no sólo con reformas tributarias, como ha sido tradicional en la administración de las finanzas públicas, sino también con la reestructuración del gasto público para dar un mayor espacio fiscal a la inversión pública y garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico, del régimen fiscal y de la deuda pública.

Flexibilidad y responsabilidad son dos requisitos para garantizar el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero del país, pero el BCN debería ser muy competente desde el punto de vista técnico. La ética y la honestidad de los servidores públicos también son otros dos requisitos para proteger el acervo público, al recordar la historia económica de nuestro país relacionada con las liquidaciones de cuatro bancos comerciales en el bienio 2000-2001, y la reestructuración de esta deuda pública y las subastas de los activos de los bancos liquidados en 2003.

A partir del 28 de agosto próximo, lass conversaciones de los servidores públicos con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) seguramente serán bastante interesantes.