El conflicto político y la pobreza en Nicaragua

15 07 2018

Presentación1

Desde 1993, cuando se comenzó a realizar los análisis sobre la pobreza en Nicaragua, con la información recopilada en las encuestas de medición de nivel de vida (EMNV), la proporción de la población con un ingreso menor a un dólar diario sirvió para caracterizar a los pobres en Nicaragua, y se utilizó como una medida del bienestar el consumo total de los hogares en lugar de los ingresos, según la metodología muy controversial del Banco Mundial.

Posteriormente, el indicador de la proporción de la población con ingreso menor a un dólar diario fue sustituido por el de la línea de pobreza general, definida como el nivel de gasto anual por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos diarios (línea de pobreza extrema), más un monto adicional para cubrir el consumo adicional de bienes y servicios no alimenticios esenciales, tales como vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y los de uso cotidiano en el hogar.

En la sexta EMNV de 2014, la última que ha tenido el respaldo técnico del Banco Mundial en Nicaragua a esta fecha, el valor de la línea de pobreza general se estimó en un nivel de consumo de C$17,011.47 (equivalente a US$386.10) por persona al año, o sea, US$1.71 por día.

Por su parte, el valor de la línea de pobreza extrema fue igual a C$10,523.92 (equivalente a US$200.15) por persona al año, es decir, el costo del nivel de consumo o de gasto total anual en alimentación por persona (o US$1.05 por día) necesario para satisfacer las necesidades mínimas calóricas diarias estimadas en 2,282 calorías promedio en 2014.  Los hogares con un consumo per cápita anual menor al valor de esta línea, se clasifican como pobres extremos.

Entre los efectos de la crisis política actual sobre la economía se podrá observar una mayor pobreza de la población del país, debido a un menor ingreso anual o a un menor nivel de Producto Interno Bruto (PIB) Real anual, que es  medido en millones de córdobas de 2006. Para pronosticar el índice de pobreza, tanto general como extrema, hemos relacionado la elasticidad de dicho índice con respecto al PIB Real.

Tomando en cuenta los índices de pobreza de las seis EMNV que se han realizado entre 1993-2014 y los datos oficiales del PIB Real anual en ese mismo período, se estimaron las dos elasticidades, las cuales expresan si el PIB disminuye 1%, el índice de pobreza general aumenta 0.57%, y el índice de pobreza extrema sube 0.89%.

Para 2018, el escenario macroeconómico pesimista de COPADES refleja una caída del PIB Real de 2.3% en 2018. De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el PIB Real creció 4.8% promedio anual entre 2014 y 2017, de tal forma que el índice de pobreza general disminuyó 2.9% promedio anual de 4.8% al pasar de 29.6% en 2014 a 27.1% en 2017, pero tiende a subir 1.4% en 2018 al reflejar el nivel de 27.5%. Siempre en términos promedio anual, 1 millón 755 mil personas serán pobres en 2018.

Siempre de acuerdo con el comportamiento de la tasa de crecimiento económico señalada anteriormente entre 2014 y 2017, la evolución del índice de pobreza extrema indica que disminuyó 8.4% promedio anual de 4.8% al pasar de 8.3% en 2014 a 6.4% en 2017, pero tiende a subir 4.0% en 2018 al reflejar el nivel de 6.6%; por lo tanto, 424 mil 300 personas serán pobres extremos en 2018.

Desde la última década del siglo pasado, se observa que la limitación más importante de la reducción de la pobreza de la población nicaragüense es la falta de una participación adecuada y de apropiación de la estrategia por parte de la sociedad civil, y su subordinación al programa económico de mediano plazo, pero hoy se agrega otra limitación: el conflicto político imperante desde el 18 de abril de este año. Las políticas económicas, fiscales y monetarias, generalmente no son evaluadas por los servidores públicos en su impacto sobre la población pobre del país antes de ser aplicadas. Además, las metas macroeconómicas tratan de ser cumplidas independientemente del nivel de pobreza del país.

Es obvio de que no existe una relación automática de causa y efecto entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. El crecimiento económico puede, en ciertas condiciones, conducir a una reducción significativa de la pobreza y, en otras, tener poco o ningún impacto sobre la pobreza. De ahí que el crecimiento pro-pobre continúa siendo un tema de candente actualidad en la Nicaragua de hoy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La crisis y la desconfianza

8 07 2018

Han transcurrido 82 días desde el inicio de la crisis política, aún no se visualiza su solución y aumenta el número de muertos, heridos y desaparecidos. La inseguridad es crítica y la condición del nivel de vida de la población se desgasta. Ahora la crisis es política, social, económica y financiera, y crece la desconfianza entre consumidores y productores, entre ahorristas e inversionistas.

Antes del 18 de abril, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) había pronosticado una tasa de crecimiento de 4.4% de la producción de bienes y servicios de este año. Todavía no incursionamos en un escenario económico pesimista, pero podemos afirmar que ya se perdió el optimista y nos encontramos frente a un panorama económico que podríamos calificar de probable y negativo, siempre y cuando la solución del problema político en la mesa del Diálogo Nacional se logre alcanzar antes del próximo mes de septiembre.

El actual panorama económico de Nicaragua para 2018, que corre el riesgo de un mayor deterioro a partir de septiembre próximo (después de la cosecha de “primera” del ciclo agrícola 2018/2019), se caracteriza principalmente por:

  1. Una caída del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 0.8%, con drásticos impactos en producción de las actividades agrícola, pecuaria, industria manufacturera y comercio, hoteles y restaurantes.
  2. Una tasa de desempleo abierto de 13.0% y una tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo de 13.1%, en total 26.1% de la población económicamente activa. Se destruyen 98,700 puestos de trabajo y, tomando en cuenta el ejército de desempleados, 928,000 mil personas no generarían ingresos en este año.
  3. Una tasa de inflación cercana a 10%, no sólo espoleada por el mayor precio del barril de petróleo, sino también por la escasez de productos y la especulación.

Con esos indicadores económicos clave, se prevé que disminuirá 5.0% el volumen de las exportaciones y 2.6% el volumen de bienes y servicios de consumo final adquiridos por las familias, no obstante el ingreso de las remesas esperado en US$1,512 millones; aumentará el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos hasta el 8% del PIB, por la mayor caída del valor de las exportaciones que la del valor de las importaciones; subirá el déficit fiscal a casi el límite tolerable de 3% del PIB, por la menor recaudación de impuestos y la inflexibilidad del gasto de consumo público; la política monetaria se volverá más contractiva, es decir, se reducirá el crecimiento de la oferta de dinero a menos del 5% anual para tratar de garantizar la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor; y la caída de las reservas internacionales brutas administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) también se neutralizará con el desembolso de la “Línea para Apoyar la Gestión de Liquidez de los Bancos Centrales de los Países Fundadores del BCIE”, US$200 millones por país, contratada desde el año de 2009 y renovada anualmente, que surgió con la crisis financiera internacional provocada por la quiebra de la banca de inversión de Wall Street (Nicaragua desembolsó los primeros US$50 millones el 27 de junio de este año).

En esta situación, adquiere particular importancia la desconfianza de los depositantes en el sistema financiero nacional, que ha sido exacerbada por economistas, influenciados con imperativos políticos, y servidores públicos del ámbito financiero, que con su cuestionable conducta transgreden la ley. A partir del 12 de abril recién pasado, fecha en que se registró el saldo máximo de US$4,115 millones en los depósitos en moneda extranjera, se ha observado una fuga de US$626 millones hasta el 3 de julio, o sea, una disminución de 15.2% con respecto a ese saldo máximo y equivalente a 15.6 días de producción de bienes y servicios del país. En 2 meses y 12 días, el saldo de esos depósitos ha retrocedido al nivel registrado hace 3 años, específicamente julio de 2015.

Para enfrentar esa salida de los depósitos, desde el 15 de mayo de este año las entidades bancarias comenzaron a comprar dólares en la mesa de cambios del BCN, y hasta el 4 de julio el banco de los bancos les había vendido US$352 millones, concentrándose el 75% de dichas compras en los tres bancos más grandes del sistema, es decir, BANPRO, LAFISE BANCENTRO y BAC. Ovidio Reyes, presidente del BCN, ejemplificó estas operaciones como un ejemplo de la libre convertibilidad.

Esa venta de dólares disminuyó el saldo de las reservas internacionales brutas administradas por el BCN, pero también redujo la base monetaria (las entidades bancarias compran los dólares con córdobas), lo cual ha ayudado al BCN a mantener la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, o sea, que el monto de las reservas internacionales brutas sea al menos igual a 2.5 veces la base monetaria, y al 4 de julio era igual a 2.9 veces, y su máximo fue 3.2 veces el 17 de abril.

En el transcurso del año (hasta el 4 de julio), las reservas internacionales brutas han caído US$102 millones hasta US$2,655 millones, una cifra aproximada a la de noviembre de 2017, debido a la venta de dólares del BCN al sector privado y al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa, mientras que el saldo de la base monetaria se ha reducido C$4,137 millones principalmente por la venta de divisas del BCN al sector privado y las colocaciones de Letras del BCN.

Aconsejo a los depositantes que deben tener presente la excesiva dolarización financiera para evitar mayores problemas con la fuga de los depósitos. Los depósitos en moneda extranjera financian gran parte de los préstamos en moneda extranjera, por lo cual una aceleración de dicha fuga provocaría la iliquidez en los bancos y la imposibilidad de obtener el monto total de sus depósitos. Eviten el pánico financiero y no permitan que ciertos imperativos políticos continúen deteriorando su confianza en las entidades financieras.

 





La protección estatal a un violador de los derechos humanos

3 07 2018

Mis dos querellas personales en contra del ciudadano impune Eduardo Montealegre, un violador de los derechos humanos por sus irresponsables injurias y calumnias de que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua, que presenté en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua el 27 de agosto de 2008 y el 11 de febrero de 2011, continúan teniendo validez legal.

El acusado Eduardo Montealegre fue protegido por el Poder Legislativo durante ocho años consecutivos, escudado en el mal uso de la inmunidad de su cargo de diputado. Como es de conocimiento público, los ex primeros secretarios de la Asamblea Nacional Wifredo Navarro y Alba Palacios Benavidez fueron los primeros servidores públicos que obstaculizaron mi acceso a la justicia.

¿Por qué el Poder Judicial ha protegido a Eduardo Montealegre durante los últimos veintidós meses?

El 1 de septiembre de 2016, tanto el acusado Eduardo Montealegre como yo, el acusador, recibimos cédulas judiciales de notificación de convocatoria a la audiencia inicial con fines de preliminar para el 5 de septiembre de 2016 a las 11:30 a.m. en el Juzgado Séptimo Local de lo Penal de Managua y a las 2:00 p.m. en el Juzgado Sexto Local de los Penal de Managua, pero al día siguiente, el 2 de septiembre, los dos jueces suspendieron simultáneamente dichas convocatorias.

Han pasado 668 días y los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García aún continúan “esperando” que reparen las fallas del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua.

Han pasado 621 días y el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas, en su calidad de Inspector Delegado, superior jerárquico de los jueces, no ha girado sus instrucciones generales de carácter procedimental a los dos jueces, sólo respondió que atenderán mis peticiones “de acuerdo con el tiempo disponible en la agenda del despacho en razón de la carga laboral, la cual es bastante alta, así como también la programación de asignación de Salas”, y resolvió “el archivo de las presentes diligencias”. Seguro ya olvidó mi solicitud porque no impone el orden entre sus subordinados.

Han pasado 612 días desde que la Presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, dijera públicamente al responder a los periodistas sobre mi caso, de que en el país “no hay impunidad, las cifras lo dicen claramente, ese es un caso entre 125 mil casos que se llevan en el país”. Estimo que  mi caso no requiere un juicio complejo, porque se limita a que el querellado Eduardo Montealegre se retracte tal como manda la ley y resarza los daños morales y económicos que han trascendido a mi familia.

Han pasado 598 días y los magistrados que integran el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, guardan silencio ante mis quejas presentadas por la retardación de justicia en contra de los dos jueces y el inspector delegado arriba mencionados.

Los siete servidores públicos del Poder Judicial antes mencionados y el presunto delincuente Eduardo Montealegre saben que nunca renunciaré a mi demanda personal que está en manos de los dos jueces. La impunidad y la retardación de justicia deberían ser desterradas del Poder Judicial, en aras de imperio de la Ley y del fortalecimiento del estado de derecho. Ningún ciudadano debería estar sobre la ley, mejor dicho, al margen de la ley.





¿Vendrá el FMI a Nicaragua en agosto próximo?

1 07 2018

El 6 de febrero de este año, al concluir la visita del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Nicaragua, la misión sugirió al gobierno realizar la Consulta del Artículo IV entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre próximo, incluyendo como temas analíticos relevantes la reforma energética y la inclusión financiera.

El ahora consejero económico del gobierno desde enero de 2012, tras la decisión gubernamental de no suscribir el quinto programa de ajuste económico y reforma estructural, vendría al país para evaluar el desempeño económico de Nicaragua en 2017 y la actualización de la proyección macroeconómica de corto y largo plazo del país, con la prevalencia de problemas estructurales importantes tales como los de la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la inefectividad de la política cambiaria para reducir el severo déficit comercial externo, la excesiva dolarización extraoficial, la baja productividad de la economía y la alta inequidad de la distribución del ingreso, entre otros.

Los principales retos de política económica señalados por la misión técnica fondomonetarista en febrero recién pasado fueron la ampliación del margen de maniobra fiscal y la consolidación de la posición de las reservas internacionales por los riesgos externos que ya se visualizaban, entre los que se destacaban las políticas migratoria, comercial y monetaria de Estados Unidos, la posible aprobación de la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, conocida como Nica Act, en el Senado de Estados Unidos, y la caída drástica de la cooperación petrolera de Venezuela, que de acuerdo con cifras oficiales se desplomó al nivel de US$30.9 millones en 2017.

El FMI continuó insistiendo en reformas tributarias, pero poco o casi nada propuso para una reforma del gasto gubernamental que conduzca a un mayor ahorro y a un mayor espacio para la inversión pública, factor fundamental para acelerar el crecimiento económico del país. Aconsejó crear un “colchón” fiscal con la eliminación de algunas exenciones del impuesto de valor agregado (IVA), el mejoramiento de la entrega de los subsidios a la electricidad, la aplicación efectiva de la supervisión de los precios de transferencia y el fortalecimiento de la administración tributaria. Además, en el ámbito del sector público, recomendó el restablecimiento de la sostenibilidad de las finanzas del INSS a largo plazo.

En cuanto a los asuntos financieros y bancarios, el personal técnico del FMI alentó que se asigne la regulación y la supervisión financiera de las cooperativas de ahorro, y que se continuaran adoptando las recomendaciones pendientes del Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GEFILAT) de 2017. Finalmente, la misión técnica pidió el cumplimiento del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas de 2001 y la compilación y la divulgación de las estadísticas de la deuda pública de las municipalidades y de las empresas públicas.

¿Cuál será el escenario económico de Nicaragua que encontrará la misión del FMI en agosto, después de la crisis política del 18 de abril de este año? Con seguridad, totalmente distinto, hacia la baja, al que previó en sus proyecciones para 2018.

Para este año, el FMI proyectó en febrero recién pasado una tasa de crecimiento de 4.7%; una tasa de inflación acumulada de 6.3%; un déficit del sector público consolidado, antes de donaciones, de 4.1% del PIB; un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 7.7% del PIB; un aumento del crédito al sector privado de 15.9%; un incremento de la oferta de dinero de 13.8%; un saldo de las reservas internacionales brutas a fin de año, excluyendo el Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE), de US$2,667 millones; un saldo de la deuda pública externa e interna de 42.6% del PIB; y un saldo de la deuda privada externa de 40.9% del PIB. Ese panorama económico ya no existe para finales de este año.

Con los supuestos de que la crisis política, con sus efectos sociales y económicos, se mantenga hasta el mes de agosto próximo, o sea, tenga una duración de 136 días, y de que a partir de septiembre se inicien las reformas políticas y la reconstrucción económica del país, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronostica que el escenario económico probable se caracterizará por una caída del PIB Real de 0.8%, una tasa de inflación de 10.0% y una tasa de desempleo abierto y equivalente relacionado con el subempleo de 26.1% de la población económicamente activa (PEA), es decir, un aumento de 98,700 desempleados.

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se eleva hasta 8.0% del PIB no obstante el ingreso de US$1,512 millones en remesas familiares; con la menor recaudación de impuestos del gobierno central y la inflexibilidad a la baja del gasto de consumo gubernamental, el déficit fiscal se aproxima a 2.7% del PIB, muy cercano al límite superior tolerado de 3.0%; y se mantiene la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica mediante una política monetaria muy restrictiva, una mayor liquidez en divisas del sistema financiero nacional con el uso de la línea de crédito de US$200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y la ampliación de la liquidez en moneda extranjera a las entidades financieras con la reciente reforma de la política de encaje del Banco Central de Nicaragua (BCN) , que redujo su tasa diaria de 12% a 10% y mantuvo la tasa de 15% asociada con un menor lapso de tiempo, que pasó de 14 días a 7 días.

Es imposible que el FMI acepte discutir con las autoridades gubernamentales un programa “stand-by”, mucho menos un programa de ajuste económico y de reforma estructural, en un ambiente de inseguridad física y jurídica. Si no se logra alcanzar pronto un gran acuerdo en la mesa del Diálogo Nacional, ya se pueden prever otros problemas económicos, tales como el severo descuido del ciclo agrícola 2018/2019; una mayor destrucción de puestos de trabajo formal; la mayor informalidad del mercado laboral; la ampliación de la brecha cambiaria entre el mercado oficial y el mercado negro; una mayor caída del gasto de consumo de las familias; una mayor reducción de los volúmenes de exportación de bienes; el deterioro progresivo de la confianza de los consumidores, los productores y los inversionistas; peores déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos;  y la creciente corrida de los depósitos en dólares del sistema bancario comercial.

Pero sobre todo lo anterior, lo más duro es la mayor pérdida de vidas humanas, el mayor número de personas heridas y desaparecidas, y los crecientes niveles de inseguridad física y jurídica. Por eso reitero que, con buena voluntad de todas las partes, en la mesa del Diálogo Nacional se podría evitar ese dantesco escenario.





Saber sumar y restar

24 06 2018

En medio de la creciente incertidumbre del escenario económico de Nicaragua en los últimos 68 días, espoleada por la crisis política imperante desde el 18 de abril de este año, la política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) entró al terreno de proveer más liquidez en córdobas y en dólares a las instituciones financieras, provocada por el creciente retiro de los depósitos del público no bancario, pero guardando con bastante celo la condicionalidad de que el saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) sea igual, al menos, a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, o sea, 2.5 veces la suma del saldo de dinero (córdobas) emitido por el BCN y del saldo de encaje sobre los depósitos en córdobas que los grupos financieros llevan al BCN.

Lo único que le interesa al BCN es la administración “adecuada” de las RIB para garantizar la estabilidad tanto del córdoba -nuestra moneda oficial apenas domina el 23% del mercado-, como de la tasa de inflación, que hoy se concentra en los gastos para la adquisición de alimentos, medicamentos, combustibles y servicio de telefonía celular.  Reitero la administración “adecuada”, porque al BCN, cuya ley no le mandata asegurar el pleno empleo, no le preocupa el costo de mantener la estabilidad macroeconómica, o sea, la desaceleración del crecimiento económico, incluso la recesión económica que se visualiza si persiste la inestabilidad política en el segundo semestre de este año, el desplome de la inversión real fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) y la destrucción de puestos de trabajo formal.

En un artículo económico que escribí anteriormente, había indicado que el máximo del saldo de los depósitos en dólares en las instituciones financieras se registró el 12 de abril del año en curso, con un total de US$4,115 millones. Con base en datos oficiales, entre esa fecha y el 20 de junio recién pasado se observó una caída de US$591 millones, igual a 14.4% del máximo antes mencionado y equivalente a 14 días de producción de bienes y servicios esperada antes de la crisis política en este año.

Para facilitar una mayor liquidez en dólares a las instituciones financieras, el BCN bajó la tasa de encaje legal diaria de 12% a 10% el 18 de este junio, lo cual significó en ese momento un monto de US$77 millones. Con esa reforma de la política de encaje legal, el BCN estaba enviando el mensaje a los depositantes que fortalecía la disponibilidad de dólares en las cajas de las empresas financieras. Ese mensaje hubiera sido más vigoroso si el BCN hubiese informado que los grupos financieros mantenían, en las arcas del BCN, un importante excedente de encaje sobre el monto requerido legalmente.

Al 20 de junio, ese excedente era de US$357 millones, que sumado al encaje requerido de US$360 millones arrojó un encaje observado de US$717 millones con una tasa de encaje efectiva de 19.9%, casi 10 puntos porcentuales por arriba de la tasa de encaje legal. Cabe aclarar que a medida que los depositantes retiran sus depósitos en dólares, el saldo de encaje en dólares observado también tendría que disminuir.

Sin embargo, el BCN persiste en continuar vendiendo dólares a los grupos financieros, con lo cual disminuye el saldo de las RIB. ¿Por qué?

Con la venta de dólares al sector privado en la mesa de cambios, el BCN recibe córdobas, es decir, al sacar córdobas del mercado disminuye la demanda de divisas de parte de los agentes económicos. En otras palabras, con su política monetaria contractiva, descalibrada en ciertos momentos, el BCN, disminuye el saldo de emisión de dinero y, por ende, el saldo de la base monetaria. Así, el BCN se siente aliviado al mantener a toda costa la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, pero a costa de una mayor desaceleración del crecimiento de la producción.

Al 21 de junio, las RIB habían caído US$99 millones en este año y su saldo de US$2,659 millones equivalía a 2.79 veces la base monetaria (M0), y ésta ha disminuido C$3,084 millones a la misma fecha antes mencionada. Por consiguiente, la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, RIB/M0, es igual a 2.79, que está por arriba del nivel mínimo de 2.5, con lo cual se puede demostrar que el BCN tiene un buen control contable sobre las reservas internacionales y la base monetaria.

Eso es lo único que puede hacer el BCN en este escenario económico crítico: manteniendo la libre convertibilidad, la autoridad monetaria debe saber sumar reservas y saber restar base monetaria, con las restricciones de un menor flujo de exportaciones de bienes y servicios, una fuerte reducción de la inversión extranjera directa y un creciente, pero aún controlable, déficit fiscal. Cabe agregar que la disminución prevista de los valores de las exportaciones y de la inversión extranjera directa en este año se neutralizará parcialmente por el flujo de la cooperación oficial multilateral destinado principalmente a la ejecución de proyectos de inversión pública.

Ese juego de suma y resta tiene su límite. Ese límite está dado por el monto US$1,661 millones en concepto de reservas internacionales ajustadas (RINA), que corresponden al resultado del esfuerzo fiscal para aumentar las reservas internacionales administradas por el BCN.

Las RINA, que representan el 62% de las RIB, mostraron una caída de US$141 millones en el transcurso del año hasta el 21 de junio, mientras que las ventas netas de dólares del BCN al sector privado en la mesa de cambios, o sea, ventas menos compras, fue del orden de US$172 millones. Se puede concluir que la caída de las reservas internacionales se explica principalmente con las ventas de dólares del BCN a las instituciones financieras en la mesa de cambios.

No hay que esperar que la economía de Nicaragua se desplome. Entonces, la pregunta clave es: ¿En cuánto tiempo podría agotarse el saldo de la RINA de US$1,661 millones? Depende del tiempo en que se resuelva la crisis política en la mesa del Diálogo Nacional. Siempre confío en que el diálogo, honesto y constructivo, es la única vía para que los nicaragüenses podamos resolver el conflicto nacional. Mientras más pronto, mejor.





La avidez por la liquidez

17 06 2018

Desde hace varios años, las reiteradas comunicaciones oficiales sobre los aumentos de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y sobre la fortaleza de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país me ayudaron a acuñar la frase que “la macroeconomía estaba muy bien, pero es frágil”, pero la palabra “frágil” la cambié por “muy frágil” después del desplome del crédito petrolero de Venezuela a partir de mayo de 2016.

La salida de Venezuela del mapa de la cooperación oficial de Nicaragua eliminó el escudo protector de las reservas internacionales del país y puso en riesgo la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Desde ese momento, los anuncios del presidente del BCN, Ovidio Reyes, no mencionaban los factores que mantenían la estabilidad macroeconómica sin los recursos venezolanos, entre los que se destacaban la severa contracción de los córdobas que circulaban en el mercado y el flujo neto de la inversión extranjera directa, pero también se observaban los depósitos muy temporales, con plazos menores de una semana, de importantes montos excedentarios de encaje sobre los depósitos en dólares puestos en las arcas del BCN y, más recientemente, las también importantes compras de dólares del BCN al sistema financiero en la mesa de cambios. Cabe agregar que la ley faculta al BCN a comprar y vender moneda extranjera en la mesa de cambios.

El 15 de junio recién pasado, el BCN anunció dos cambios en la política de encaje legal que estarán en vigor a partir del 18 de junio, con los fines de “promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero” y “facilitar la administración de la liquidez diaria de las instituciones financieras”, pero el presidente del BCN no explicó las causas de la disminución de la tasa de encaje legal diaria de 12% a 10% ni de la reducción del plazo catorcenal a semanal para el cumplimiento de la tasa de encaje legal de 15%.

La disminución de la tasa de encaje legal diaria de 12% a 10% provee mas liquidez, tanto en dólares como en córdobas, a las instituciones financieras, porque en vez de que se cumpla el mandato de mantener en el BCN, al menos, el 12% del total de los depósitos en ambas monedas, ahora estarán obligadas a mantener, al menos, el 10%. Sin embargo, la tasa de encaje efectiva diaria de los depósitos en dólares era 19.3% al 13 de junio de este año, o sea, las instituciones financieras mantenían un excedente de US$279 millones en el saldo de encaje registrado en el BCN, monto que subiría en US$77 millones hasta US$356 millones con la nueva disposición monetaria.

Desde mayo y hasta antes del anuncio de la reforma de la política de encaje legal, el BCN sólo vendía y no compraba dólares a las instituciones financieras para garantizar el retiro de los depósitos en dólares del público no bancario. El 12 de abril de este año se registró el máximo de US$4115 millones del saldo de los depósitos en dólares en las instituciones financieras del país, y desde esa fecha hasta el 13 de junio ese saldo ha disminuido en US$534 millones hasta US$3581 millones; en otras palabras, la salida de depósitos en dólares en las entidades financieras ha sido igual al 13% del saldo máximo registrado en este año.

Por otro lado, antes de la crisis política del 18 de abril, el BCN había comprado US$94 millones a las entidades financieras en la mesa de cambios para “fortalecer” la posición de las reservas internacionales, pero desde mayo hasta el 14 de junio de este año el BCN sólo ha vendido US$232 millones a las instituciones financieras para facilitar el retiro de los depósitos en dólares del público no bancario. La venta neta de dólares del BCN causó una disminución del saldo de reservas internacionales brutas del orden de US$139 millones.

Al 14 de junio recién pasado, el saldo de las reservas internacionales brutas de US$2708 millones era equivalente a 2.73 veces el saldo de la base monetaria. La condicionalidad de la estabilidad macroeconómica exige, al menos, una equivalencia de 2.5 veces el saldo de la base monetaria, y no se visualiza un deterioro de dicha condicionalidad al saltar la tasa de encaje efectiva diaria sobre los depósitos en córdobas de 21.1% el 12 de junio a 26.1% el 13 de junio, lo cual restringe la compra de divisas, la realización de importaciones, el gasto de consumo y el crecimiento económico ya golpeado por la crisis política.

La venta neta de US$139 millones del BCN a las entidades financieras también ha logrado contener una brecha promedio entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero para la venta de divisas en 0.92% en mayo y en 1.26% en los primeros doce días de junio, aunque su promedio en los primeros cuatro meses del año fue igual a 0.37%. Sin embargo, aún podemos afirmar que en Nicaragua no se practica una política de tipos de cambio múltiples.

Finalmente, la reducción del plazo de 14 a 7 días de la tasa de encaje legal de 15% nos da a entender que la autoridad monetaria y la supervisora del sistema financiero nacional mantendrán una vigilancia más cercana sobre la disponibilidad de divisas en las entidades financieras, con el propósito de anticipar y evitar posibles problemas de iliquidez de divisas. No olvidemos que la economía de Nicaragua está muy dolarizada extraoficialmente, al dominar el dólar el 67% de la liquidez global del mercado local, el 75% del total de los depósitos del público no bancario y el  88% de la cartera de préstamos en las entidades financieras.

En conclusión, la reforma de la política del encaje legal está en la vía correcta, porque el BCN está facilitando una mayor liquidez en dólares a las instituciones financieras para responder adecuadamente a la mayor presión de los retiros de los depósitos en dólares provocada por la crisis política imperante en el país.

Cabe también recordar que Nicaragua tiene disponible un préstamo de US$200 millones en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para resolver problemas de iliquidez en el sistema financiero nacional, pero la solución efectiva de estos problemas pasa por la buena voluntad de los participantes en la mesa del Diálogo Nacional.





Las calificaciones del riesgo de Nicaragua

10 06 2018

El 8 de junio del año en curso,  Standard & Poor´s (S&P) confirmó la calificación soberana de largo plazo B+ y la calificación soberana de corto plazo B de Nicaragua, pero redujo su perspectiva de estable a negativa.

En otras palabras, S&P mantuvo la calidad dudosa y baja de la deuda soberana de Nicaragua, o sea, que la compra de un bono emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se considera una inversión sino una especulación de riesgo, mientras que la degradación de estable a negativa por los efectos de la crisis política sobre la economía y las finanzas ha dejado a la deuda soberana del país de cara a la calificación C, es decir, de cara al riesgo de que existe la posibilidad de no honrarla o pagarla.

Sin conocer los supuestos económicos y financieros de S&P, compartimos la opinión de que se ha desacelerado el crecimiento económico del país, pero discrepamos en la magnitud de esa desaceleración. En nuestra opinión, el desempeño productivo de bienes y servicios en el mercado local ya entró al plano negativo en este año, -0.8%, mientras que la agencia de calificación aún mantiene una tasa de crecimiento positiva de 1.5% para 2018.

Permanece descuidado el ciclo agrícola 2018/2019 y se desploma el turismo, el comercio y el transporte; se caen el gasto de consumo de las familias y el gasto de inversión privada por la desconfianza de los consumidores y los inversionistas; y también caen los volúmenes de bienes y servicios exportados e importados por la menor producción, la imposibilidad del libre tránsito de las mercancías en el territorio nacional y la contracción monetaria persistente desde mayo de 2016 para defender la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), al perderse su escudo con el desplome del crédito petrolero de Venezuela.

Una sorpresa del análisis reciente del S&P es que mantiene constante la tasa de desempleo de 2017 en 2018, es decir, en el nivel de 3.7% de la población económicamente activa (PEA), lo cual da a entender que la economía de Nicaragua está en pleno empleo no obstante la grave crisis política que impera en el país desde hace 54 días. Se prevé que, acorde con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) Real en este año, se destruirán al menos 98,700 puestos de trabajo formal, lo cual implica una tasa de desempleo abierto y equivalente asociado con el subempleo del orden de 26.1% de la PEA.

Otra sorpresa del mismo análisis es que S&P mantiene casi constante la tasa de inflación promedio anual de 3.9% de 2017 en 2018, al elevarla al nivel de 4.0%. Con la crítica crisis política, la contracción monetaria no podrá mantener una baja presión inflacionaria, porque los precios al consumidor se elevarán con la escasez de bienes de consumo y la especulación en el mercado local. Sin considerar una presión de la demanda de dólares en el mercado negro, es bastante probable que la tasa de inflación promedio anual tenderá a acercarse a la barrera del 10.0% anual en 2018.

Por otro lado, coincidimos con S&P en el comportamiento esperado de los déficit gemelos de la economía nicaragüense en este año.

Con respecto a 2017, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos sube casi en 3 puntos porcentuales del PIB hasta 7.6%, según S&P, y hasta 8.0% del PIB, según COPADES (Consultores Para el Desarrollo Empresarial, firma que dirige el suscrito). Este déficit se podrá financiar exclusivamente con la cooperación oficial destinada al sector público no financiero, proveniente principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económico (BCIE) y Banco Mundial (BM/IDA), dado el desplome de la inversión extranjera directa.

El déficit fiscal es visto por S&P en 2.2% del PIB para el Gobierno General y es visto por COPADES en 2.7% del PIB para el Gobierno Central, este último provocado por un menor crecimiento de los ingresos tributarios y el mantenimiento del gasto gubernamental aprobado para este año. El financiamiento del déficit fiscal tendría que provenir de la emisión de una nueva deuda pública interna -ya fue aprobada una emisión equivalente a US$100 millones en el presupuesto gubernamental de este año-, con el fin de evitar riesgos en el mercado cambiario y mayores presiones inflacionarias si se financiara con emisión de dinero. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a finales de 2017 el saldo de la deuda pública externa e interna de Nicaragua fue igual a 45.7% del PIB, un nivel que ya se acerca al de un país severamente endeudado en términos de producción.

La macroeconomía, que ya no está bien, se encuentra en una encrucijada. En el ámbito monetario, la clave para mantener la estabilidad macroeconómica en el cortísimo plazo es impedir la emisión de córdobas y reducir la base monetaria, con los costos de una mayor desaceleración de la tasa de crecimiento económico y de un aumento de la tasa de desempleo. Por otro lado, en el ámbito fiscal el saldo total de la deuda pública se está convirtiendo en un severo problema, que podría minimizarse con la reestructuración, sinónimo de reducción, del gasto de consumo del sector público.

El informe de S&P no caracterizó el riesgo político, pero se limitó a mencionar las protestas públicas, los desacuerdos políticos y el posible empeoramiento de su evaluación de efectividad de la gobernabilidad de Nicaragua. Sin embargo, reconoció que “Las tensiones políticas son altas tras siete semanas de protestas contra el gobierno” y señaló que “una potencial resolución política rápida del estancamiento político dentro de los próximos meses podría contener el impacto negativo sobre la economía y las finanzas públicas de Nicaragua”, junto con otras medidas para “reducir las divisiones entre el gobierno y el sector privado” y “recuperar la confianza de los inversionistas sobre las políticas económicas”. Pero ¿dónde está la población de Nicaragua?

El riesgo político es más importante que el riesgo económico y que el riesgo financiero en la construcción de un índice de riesgo-país, y debería explicitarse para calificar la deuda soberana.

Actualmente, la mayoría de la población nicaragüense cuestiona y reprueba la capacidad y la habilidad del gobierno para permanecer en la oficina, los conflictos de autoridad sobre la Policía Nacional, la violencia arbitraria contra la población, la mayor delincuencia común, y el deterioro de las condiciones socioeconómicas ejemplificadas con el desempleo y la desconfianza de los consumidores.

Desde antes de la crisis política actual ya se observaban la parcialidad del sistema judicial, el debilitamiento del imperio de la ley, la falta de independencia de los Poderes del Estado, la falta de transparencia electoral, la corrupción, la inestabilidad de las reglas regulatorias, las presiones diplomáticas con sus sanciones, y la poca fluidez de las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica.

COPADES estima que, entre finales del año pasado y el momento actual del año en curso, el riesgo político ha pasado de un nivel moderado a un nivel alto. Además, en un escenario económico probable -aún no prevemos llegar al escenario pesimista, pero dependerá del tiempo en que se resuelva la crisis política-, el riesgo económico y el riesgo financiero pasan de un riesgo muy bajo a un riesgo bajo. Por consiguiente, el riesgo-país de Nicaragua se mantiene en un riesgo alto en 2018 y ojalá no transitemos hacia un riesgo muy alto en el corto plazo.

A pesar de todo lo anterior, sigo pensando que el diálogo es la mejor opción para resolver el conflicto nacional.