Los desaciertos de Ovidio Reyes en la Asamblea Nacional

14 04 2019

En su reciente comparecencia en la Asamblea Nacional para rendir el informe económico del año pasado, el economista Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, minimizó las  pérdidas monetarias y contradijo las tendencias del desempeño productivo del país observados en 2018, que fueron provocadas por la crisis política del 18 de abril de ese mismo año. Veamos por qué.

En el ámbito monetario, el economista Reyes minimizó el desplome de las reservas internacionales brutas (RIB) administradas por el banco central, al comparar los saldos de esas reservas al 31 de diciembre de 2017 y de 2018, US$2.757.8 millones y US$2,261.1 millones respectivamente, y al “olvidar” el máximo de las RIB observado en abril del año pasado. Tomando en cuenta ese máximo registrado el 27 de abril, que fue igual a US$2,992.6 millones, entre esta fecha última fecha y el 31 de diciembre el desplome de las RIB fue del orden de US$731.0 millones, mayor que su reducción anual de US$496.6 millones mencionada por el señor Reyes.

La principal causa de la caída de US$731.0 millones de las RIB fue la venta de divisas del banco central a los bancos comerciales en la mesa de cambios por US$838.0 millones, para que la banca comercial pudiera afrontar la fuga de US$1,080.3 millones de los depósitos en moneda extranjera. En junio del año pasado se observó el máximo de esa venta de dólares en términos promedio diario, que fue igual a US$10.9 millones, y se desaceleró hasta US$2.8 millones en diciembre. Cabe recordar que el presidente del banco central dijo públicamente el 21 de agosto del año pasado, que “aquel depositante que retire plata de un banco privado los puede depositar aquí directamente en el banco central … ¿En qué? En los Títulos de Inversión”. Esta afirmación volvió a acelerar la fuga de los depósitos.

Es obvio que un buen banquero central debería contribuir al fortalecimiento del sistema financiero nacional, pero no debilitarlo, con más razón en momentos de crisis. La colocación de Títulos de Inversión fue apenas de US$0.2 millones, pero no pudieron ser colocados en moneda nacional, un resultado esperado por la incertidumbre política y la desconfianza de los inversionistas financieros.

En relación con el comportamiento de la producción, Reyes señaló el crecimiento positivo del desempeño productivo de las actividades agropecuarias y de la industria manufacturera, así como las caídas de la construcción y de la generación de servicios, principalmente comercio, hoteles, restaurantes e intermediación financiera, y que el banco central ha facilitado reportos monetarios con plazos de 1 día a 7 días en moneda local para proveer liquidez al sistema bancario y también para apoyar el financiamiento a la producción con reportos que tienen plazo de 6 meses.

Cabe aclarar que esa liquidez en córdobas a través de dichos reportos, que totalizó C$7,922.9 millones al 31 de diciembre del año pasado, está relacionada en gran parte con la fuga de los depósitos en moneda local observada en la banca comercial, la cual ascendió a C$12,466.8 millones entre el 12 de abril y el 31 de diciembre del año pasado. La severa caída de los depósitos en moneda local, como siempre he señalado, no provocó serios trastornos al banco central porque es el ente emisor del córdoba, un caso muy distinto a la iliquidez en dólares porque las reservas internacionales son limitadas y el país no tiene acceso a préstamos externos de apoyo a la balanza de pagos y de apoyo presupuestario, al no existir un programa de ajuste macroeconómico y de reforma estructural suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde enero de 2012.

Sin embargo, Ovidio Reyes no aclaró de que el crecimiento de las actividades agrícolas en 2018 estuvo influenciado por el buen desempeño productivo del ciclo agrícola 2017-2018 y, además, de que al menos el 40% de la producción de un ciclo agrícola se registra en el segundo año del mismo ciclo, es decir, que al menos el 40% de la producción del ciclo 2017-2018 se registró en 2018. Esta sería una de las principales razones del crecimiento de 3.3% de la producción agrícola en 2018,  que estuvo acompañado de una caída de 5.4% de la producción pecuaria mientras la producción industrial manufacturera crecía apenas 1.1%, según cifras del banco central.

Además, no se puede asegurar que la reactivación económica del país está a la vista. La dirección de la tasa de crecimiento interanual del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) promedio mensual, estimado por el banco central, muestra una continua caída desde mayo hasta diciembre de 2018, es decir, la economía cae en picada desde hace ocho meses y entró en recesión en el tercer trimestre de 2018. Es insólito afirmar que las perspectivas económicas son positivas, a sabiendas que el funcionamiento de la mesa del Diálogo Nacional es bastante lento, pero aún si ya hubiese la solución política, la economía no reaccionará al mismo ritmo que la política.

Finalmente, en cuanto al tema del crédito en tiempos de crisis, preocupa la afirmación de Reyes de  que la decisión del crédito para apoyo a la producción es exclusiva de los bancos comerciales. Primero, la banca comercial es una banca de consumo; segundo, la política financiera nacional debería estar influenciada por la autoridad monetaria. Desde 1994, la banca central es una entidad prestamista de última instancia, y sólo el crédito al sector público no financiero está prohibido.

Con su afirmación, Ovidio Reyes reconfirmó que el Estado ha perdido todos sus instrumentos para que los gobiernos puedan desarrollar sus estrategias económicas nacionales. Por ejemplo, la tasa de interés del banco central no influye en absoluto a las tasas de interés del sistema financiero nacional; no existe una banca estatal de fomento a la producción, en la cual se pueda aplicar una política de crédito dirigida, con la entrega simultánea del crédito y la tecnología, para elevar la productividad y la competitividad empresarial y, además, asegurar la recuperación del crédito; la reforma agraria de la década de los ochenta del siglo pasado, muy bien calificada por el Banco Mundial, desapareció; el país cuenta con muy buenas leyes para la protección del medio ambiente, pero no se aplican.

La fuga de los depósitos en moneda extranjera antes mencionada dejó a la vista el talón de Aquiles del sistema financiero nacional, o sea, se resintió la excesiva dolarización financiera, con el 73.66% del total de los depósitos en moneda extranjera y con el 88.54% del total de los préstamos en moneda extranjera a marzo de 2018, lo cual pone en riesgo la libre convertibilidad. En ese escenario de dolarización extraoficial excesiva, la política monetaria no funciona adecuadamente, ya que la moneda local es marginal y, además, no olvidemos que existen tres monedas en el país, al adicionarse el córdoba con mantenimiento de valor, un dólar disfrazado.

Peor situación cruza la política cambiaria, inhabilitada por la amplia diversidad de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial, aunque éste no es nada más que una referencia, tal como lo dijera Ovidio Reyes, quien también ha dejado a entrever que la tasa de crecimiento económico es solo un dato exógeno a la política monetaria.

Llegará el momento de resolver el dilema de dolarizar oficialmente la economía o desdolarizar la economía -yo le llamo recordobizar la economía-. Es una tarea para el futuro. Por el momento, el banco central se limita a contar cuántos dólares se encuentran en sus arcas y cuántos córdobas circulan en el mercado. Una tarea muy simple. Por eso estimo que el banco central podría ser reestructurado, porque, como un ente autónomo, también es un instrumento del Estado. Las crisis nacionales son resueltas por los Estados, pero no por los Mercados.

Anuncios




Con datos oficiales

7 04 2019

Cerró el telón oficial del comportamiento económico de Nicaragua en 2018.

Con datos oficiales preliminares, en 2018 cayó la producción de todas las actividades económicas excepto la de agricultura, minería, industria manufacturera, electricidad, agua potable, educación y salud, pero el producto interno bruto (PIB) se redujo 3.8% y en términos per cápita fue igual a dos mil veintiocho dólares, bastante cercano al registrado en 2015. Las actividades más golpeadas por la crisis política fueron el comercio, la construcción, hoteles y restaurantes, y la intermediación financiera.

La recesión económica imperante desde el tercer trimestre del año pasado provocó la destrucción de 157,923 puestos de trabajo que cotizaban la seguridad social. De acuerdo con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en diciembre 2018 sólo 755,874 personas cotizaban la seguridad social. En términos promedio anual, el empleo formal abarcó a 818,396 persona que representaron el 23.6% de la población económicamente activa. Por su parte, el poder adquisitivo del salario promedio de los trabajadores del Gobierno Central subió 2.5% en el año, mientras que el de los trabajadores del sector formal caía (a octubre) 0.9%.

La “silenciosa inflación”, influenciada por la “deflación” de julio y agosto, fue apenas 3.9% anual, cuya estabilidad se explica, según la banca central, principalmente con “las condiciones climáticas complementada con la menor presión de la demanda interna”. Es obvio que la tasa de inflación es un problema monetario y cabe señalar que la oferta de dinero, en término interanual, se contrajo 12.3% al 31 de diciembre de 2018 debido principalmente a la venta de divisas del banco central a los bancos comerciales para que éstos pudiesen afrontar la fuga de los depósitos en moneda extranjera de un mil ciento sesenta millones de dólares entre el 12 de abril y el 31 de diciembre, a pesar de que se observó la presión alcista de 32.6% del precio promedio anual del barril de petróleo WTI, que aumentó hasta US$67.47.

En cuanto a la demanda interna, el gasto de consumo disminuyó 4.5% y el gasto de inversión se desplomó 23.6%. En la inversión fija, la construcción se redujo 16.0% y la adquisición de maquinaria y equipo se contrajo 26.1%. Con la crisis también se registró una desacumulación de inventarios de productos intermedios y finales, de consumo y de capital, al registrarse otro desplome de 73.0% en la variación de existencias.

Los déficit gemelos de la economía tuvieron resultados con distinta dirección, al reflejarse, en vez de un déficit, un superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 0.6% del PIB, y un déficit del sector público no financiero de 4.1% del PIB, del cual el déficit de las operaciones del Gobierno Central fue igual a 2.6% del PIB, pero debería agregarse 0.11% del PIB por el déficit cuasi- fiscal o pérdidas del banco central para tener una idea del déficit del sector publico consolidado, que ascendería a 4.21% del PIB.

El superávit de US$83.0 millones de la cuenta corriente de la balanza de pagos, producto de la crisis política, se puede explicar principalmente con las siguientes causas: (i) la caída de 2.6% del volumen de exportaciones de bienes y servicios no factoriales  fue menor que la reducción de 14.0% del volumen de importaciones de bienes y servicios no factoriales ; (ii) el ingreso de remesas familiares de US$1,501.2 millones, equivalente a 11.4% del PIB; y (iii) la reducción de 35.2% de los ingresos por turismo, al registrar el monto de US$544.4 millones.

El valor de las exportaciones de bienes FOB fue levemente inferior al registrado en 2017, al sumar US$2,516.9 millones; sin embargo, a nivel de productos, las caída más notable fue la del café al pasar de US$510.0 millones en 2017 a US$417.7 millones en 2018. Por otro lado, el valor de las importaciones de bienes CIF disminuyó 13.7% al totalizar US$4,829.4 millones, observándose la más severa contracción de 29.7% en la importación de maquinaria y equipo, principalmente en equipo de transporte, seguida por la disminución de 16.1% en la importación de bienes de consumo, especialmente de bienes duraderos

En la cuenta de capital de la balanza de pagos se destacó el bajo nivel del ingreso neto (ingresos menos salidas de capitales) de US$359.2 millones en concepto de inversión extranjera directa, que fue 53.5% menor que su saldo registrado en 2017, pero su ingreso bruto en 2018 totalizó US$1,055.5 millones, equivalente a 8.0% del PIB y fue 30.1% menor que el observado en 2017.

El déficit fiscal o del Gobierno Central, equivalente a US$340.6 millones, fue el resultado de una caída de 6.1% de la recaudación de impuestos -cuyo monto fue equivalente a US$2,039.7 millones- y del aumento de 1.2% del gasto corriente -cuyo monto fue equivalente a US$2,191.1 millones-, mientras que el gasto de inversión disminuyó 3.2%, hasta un monto equivalente a US$354.4 millones. El financiamiento de dicho déficit se basó en el retiro de los depósitos del Gobierno Central en el banco central, debido a las disminuciones de donaciones y préstamos externos y a la desconfianza de los inversionistas financieros en la adquisición de títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, la política monetaria pudo sostener sólo dos de sus tres objetivos. Se mantuvo la estabilidad del tipo de cambio, al devaluarse el córdoba en 5.0% anual, y la estabilidad del índice de precios al consumidor, al registrarse una tasa de inflación anual de 3.9%. El tercer objetivo, mejor dicho, el primero de los tres, no se sostuvo al observarse la caída de US$496.6 millones en el saldo de las reservas internacionales brutas administradas por el banco central. Sin embargo, gracias a la contracción monetaria antes mencionada, se logró mantener la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, al representar el saldo de dichas reservas internacionales, US$2,261.1 millones, 2.43 veces el saldo de la base monetaria (el mínimo es 2.5 veces) y 5.22 meses de importaciones de bienes CIF (el mínimo es 4 meses).

En cuanto al sistema financiero nacional, al 31 de diciembre de 2018, como producto de la crisis, los depósitos en monedas local y extranjera del público no bancario en el sistema financiero nacional sumaron C$127,434 millones (equivalentes a US$3,942 millones y los depósitos en dólares participaron con el 75.0%), mostraron una caída de 20.7% en el año e igualaron el 30.1% del PIB. La reducción de los depósitos condujo a una disminución del saldo de crédito facilitado por el sistema financiero nacional hasta el nivel de C$152,240 millones (equivalente a US$4,709 millones) y reflejó una caída de 8.9%, lo cual implicó que bajara 3.4 porcentuales del PIB al pasar de 40.2% del PIB en 2017 a 36.8% del PIB en 2018. El problema de la cartera crediticia fue el incremento de la proporción de la cartera de riesgo con respecto a la cartera total de 3.38% en 2017 a 8.39% en 2018 y, por otro lado, se observó el aumento del costo del crédito al elevarse la tasa de interés activa implícita de 11.1% en 2017 a 13.0% en 2018.

El conjunto de entidades bancarias continuó manteniendo una apropiada tenencia de liquidez a final de año, al reflejar sus disponibilidades con respecto a sus activos el 20.97% en 2017 y el 20.90% en 2018, y registró la disminución de 7 décimas porcentuales en la tasa de rentabilidad al reflejar su utilidad neta el nivel de 1.58% de sus activos (ROA) al 31 de diciembre de 2018. También cabe señalar todos los bancos están sólidos, al mostrar una adecuación de capital que pasó de 13.74% en 2017 a 17.21% en 2018, siendo sus límites mínimos legales 10% diario y 15% semanal

Tomando en cuenta la situación actual del país, está latente el riesgo de un mayor deterioro de los resultados económicos de 2019, debido a la lentitud de las negociaciones en la mesa del Diálogo Nacional, la posible aplicación de sanciones financieras internacionales y la poca atención que se está dando al inicio del año económico en el país, como lo es el ciclo agrícola 2019-2020. Es necesario restablecer el diálogo económico entre los empresarios con las entidades sectoriales y globalistas del Gobierno de Nicaragua.





“Pronóstico del Índice de Riesgo-País de Nicaragua 2019”

3 04 2019

Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) le invita a participar en el  Seminario de Actualización Empresarial “PRONÓSTICO DEL ÍNDICE DE RIESGO-PAÍS DE NICARAGUA 2019”, en el cual se abordarán los pronósticos de los riesgos político, económico y financiero, de gran interés para inversionistas y empresarios. Este Seminario se realizará en el Salón “El Lago” del Centro de Convenciones Crowne Plaza el miércoles 24 de abril de 2019 de 8:30 a.m. a 12:00 md. Debido a que el cupo es limitado, para reservar su participación y obtener información sobre este evento, por favor llamar al 2270-0385 o escribir a corozco@copades-nic.com

copades





Sugerencia de un programa de emergencia económica nacional

31 03 2019

La economía continúa en picada, por la permanente y creciente desconfianza de los agentes económicos, el sobrepeso de las tasas tributarias y de las tasas de interés y la ausencia de un diálogo económico entre gremios de productores e instituciones públicas correspondientes, es decir, entre agricultores y ganaderos con el Ministerio de Agricultura, entre industriales y comerciantes con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, entre banqueros y el Banco Central de Nicaragua, complementados con el diálogo entre los representantes de las grandes, medianas, pequeñas y micros empresas con la entidades públicas globalistas, tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para abordar problemas como los creados con la reciente reforma tributaria, o el Banco Central de Nicaragua para normalizar la política financiera y considerar el problema monetario provocado por la incertidumbre política y la excesiva dolarización extraoficial de la economía que se tradujo en una fuga masiva de los depósitos en moneda extranjera.

Por el lado de la negociación política en la mesa del Diálogo Nacional, que desde el inicio se caracterizó por su lentitud sofocante en la aprobación de la agenda de trabajo y por la falta de sagacidad política de varios de sus miembros, inesperadamente, sorpresivamente, apresuró sus pasos y el viernes 29 de marzo sus participantes aprobaron en forma “masiva” los acuerdos sobre los derechos y garantías ciudadanas, los derechos de concentración, manifestación y movilización pública, el cese de las detenciones ilegales de los ciudadanos que se manifiestan en contra del gobierno, la garantía del derecho de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, el desarme de paramilitares, las garantías procesales de exhibición personal y amparo, la garantía de los trabajadores para participar en las gestiones empresariales por medio de sus organizaciones de conformidad con la ley y el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad. Pero el sábado 30 de marzo se dio de nuevo un choque entre miembros de la Policía Nacional y la población.

Los participantes de la mesa del Diálogo Nacional aún no se han pronunciado en sus acuerdos sobre la justicia y las elecciones presidenciales anticipadas y es muy probable que lo hagan entre el lunes y miércoles de esta semana, tomando en cuenta que la fecha perentoria del funcionamiento de dicha mesa se amplió del 28 de marzo al 3 de abril del año en curso, lo que busca evitar las sanciones financieras internacionales ya conocidas en la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018” aprobada por el Congreso de Estados Unidos a finales del año pasado.

Pero volvamos a la economía. Con nuestros datos de COPADES, ya que el BCN cesó la publicación de sus datos de producción en septiembre del año pasado, y tomando en cuenta los impactos de la incertidumbre política y de la reforma tributaria en vigor desde el 1 de marzo recién pasado, se corre el riesgo de la paralización del ciclo agrícola 2019-2020, aunada con la caída de la producción de agroexportación del ciclo agrícola 2018-2019, mientras que la actividad de la construcción se desploma y la actividad comercial continúa deprimiéndose, agravada por el creciente desempleo y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En este escenario probable de 2019, la producción de bienes y servicios tiende a caer 10.6%, la tasa de desempleo abierto más la tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo se aproxima al 36% de la población económicamente activa, o sea, el ejército de desempleados o de personas que no generan ingresos aumenta hasta 1 millón 380 mil personas, y la tasa de inflación anual alcanza la barrera del 8%.

Debido al deterioro progresivo de la economía observado a lo largo de un año, sugerimos a las autoridades nacionales la formulación y ejecución de un plan de emergencia económica. Su objetivo central sería proteger el nuevo año económico de Nicaragua, es decir, el ciclo agrícola 2019-2020, y mejorar el clima empresarial con el restablecimiento del diálogo económico y de la confianza inversionista. Las tareas inmediatas serían (i) la reducción del alza arbitraria de los costos de producción y, por ende, de los precios al consumidor, causadas por las tasas tributarias, las tasas de interés y las tasas de contribución de la seguridad social; y (ii)  la normalización de los flujos crediticios con el apoyo extraordinario de líneas de crédito de emergencia productiva facilitada por la banca central, incluso considerando el restablecimiento de una política de crédito dirigida para apoyar las actividades agropecuarias y los procesos productivos agroindustriales. Estos lineamientos de política de emergencia económica facilitarían contrarrestar la depresión económica, estimular la inversión y crear empleos. En estos momentos, aún estamos a tiempo de hacerlo, pero también se podría agregar que la crisis monetaria nos ha empujado a que analicemos y respondamos la pregunta ¿Dolarización Oficial o Desdolarización, mejor dicho, Recordobización?

Y no debemos obviar la atención de la política social a los más necesitados. Sugerimos que es necesario meditar en el ajuste del salario mínimo legal, porque los que tienen menos son los más castigados por el descalabro económico nacional. Por supuesto que esa tasa de ajuste sería de un dígito y comparto la opinión reciente de Roberto González, Secretario General del la Central Sandinista de Trabajadores (CST), de que dicho salario, en las circunstancias actuales, podría ajustarse con la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial que es igual a 5%. Pero esta crisis económica también obliga a revisar el actual mecanismo de ajuste de este precio de la fuerza de trabajo, por otro que tome en cuenta a la tasa de inflación y el nivel de la productividad de la economía, es decir, el PIB Real por persona ocupada plena o sólo por persona ocupada, esta última incluye a los subempleados, mas no la tasa de crecimiento del PIB Real como la aplica la Comisión Nacional del Salario Mínimo.

Dos acciones de emergencia adicionales para contrarrestar el deterioro de las condiciones del nivel de vida de la población pobre del país serían el aumento y la mejor calidad del gasto del gasto en educación y salud, pero estas acciones de política social requerirían de una reestructuración del gasto público, que pase, incluso, por el tamaño de los poderes del Estado, así como por la evaluación de la productividad de los servidores públicos.

Finalmente, el programa de emergencia económico propuesto, como cualquier otro programa económico que consideren las autoridades gubernamentales, debe basarse en los criterios de la libre convertibilidad del córdoba y de la estabilidad macroeconómica, pero esta garantía puede cumplirse si la negociación política entre los miembros de la mesa del Diálogo Nacional concilien sus puntos de vista sobre la agenda de trabajo y que ambas partes cumplan efectivamente los acuerdos que se adopten, con lo cual nos libraríamos de la amenaza de que se suspenda la cooperación oficial, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada al sector público. Cabe recordar que el 80% del gasto de inversión pública depende de los flujos de la cooperación externa principalmente la proveniente de las instituciones financieras multilaterales.





Un caso de anarquía judicial

30 03 2019

10.67 años = 128 meses = 3,895 días

Ese es el tiempo en que el presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas ha estado protegido por dos ex primeros secretarios del Poder Legislativo, Wilfredo Navarro y Alba Palacios, y por siete servidores públicos del Poder Judicial, entre los que se destacan Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial-Inspectoría Judicial, y Gerardo Rodríguez, Magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, en su calidad de Inspector Delegado.

Acusé al ciudadano Eduardo Montealegre Rivas en los juzgados Sexto y Séptimo Local de lo Penal de la Circunscripción Managua, el 27 de agosto de 2008 y el 11 de febrero de 2011 en el mismo orden, por los delitos de injuria, al lesionar mi imagen y reputación profesional al criticar mi estudio que sirvió de base a la Contraloría General de la República para pronunciarse sobre las liquidaciones bancarias de los años 2000 y 2001, y de calumnia, al tildarme de defraudador del Estado de Nicaragua, propagada con publicidad y ánimo ofensivo sin haber probado nada en los tribunales de justicia.

Desde el momento en que el acusado no ostentó su calidad de diputado de la Asamblea Nacional en agosto de 2016, con lo cual perdió la inmunidad en que se escudó a lo largo de ocho años, los jueces no tuvieron la mínima intención de cumplir con su obligación constitucional, legal y laboral de tramitar las causas de los dos expedientes, y la Inspectoría Judicial del Complejo Judicial Central de Managua ordenó “archivar las diligencias de mis quejas”. El 13 de marzo de 2017 desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial, pero nunca he dejado de reclamarla. Los magistrados y los jueces permanecen en silencio. Se han quedado en el silencio.

Con mi acusación personal a Eduardo Montealegre Rivas es fácil demostrar que existe la perpetuación de la retardación de justicia desde la Corte Suprema de Justicia hasta los juzgados. Aunque la Ley de Carrera Judicial mandata a los magistrados y jueces a evitar la retardación injustificada de los procesos, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial-Inspectoría Judicial no respondió a mi petición de que ordenara el procedimiento judicial a mi queja y mandara a los funcionarios quejados a rendir el informe que establece el procedimiento legal; el magistrado Gerardo Rodríguez, al dejarme sin ninguna oportunidad de justicia cuando le pedí únicamente la celeridad procesal, perpetuó la denegación de justicia en mi contra; y los dos jueces, María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, cometieron una evidente retardación de justicia y negligencias en el cumplimiento de sus funciones.

En conclusión, los dos servidores del Poder Legislativo y los siete servidores del Poder Judicial violaron mis derechos de acceso a la justicia y al debido proceso.

Denuncié a Eduardo Montealegre Rivas como un violador de los derechos humanos en la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Unión Interparlamentaria y la Internacional Liberal.





La confianza, clave en el funcionamiento de la sociedad y de la economía

24 03 2019

Preocupados los empresarios y los consumidores por la indisponibilidad de información económica y social, que les provoca desconfianza institucional y el riesgo de incurrir en errores en la toma de sus decisiones económicas. Sabemos que la economía no es una ciencia exacta, como la química o la física que tratan con la materia o la naturaleza, porque trata con seres humanos que ante situaciones iguales respondemos de distintas maneras y ante situaciones de incertidumbre mostramos una racionalidad limitada.

Desconocemos los datos de la producción de bienes desde noviembre de 2018; los datos trimestrales de empleo están disponibles al cuarto trimestre de 2017, pero las entidades públicas, la encuestadora y la recopiladora, no muestran la información primaria, como la población económicamente activa y los ocupados por actividad económica -un dato que no se conoce desde el año de 2012-, que demuestre la veracidad de las tasas del mercado laboral, principalmente de empleo, desempleo y subempleo. Los cálculos del producto interno bruto (PIB) trimestral, por los lados de la oferta y la demanda, se han paralizado en el segundo trimestre de 2018.

La evolución de la balanza de pagos está disponible hasta el tercer trimestre de 2018, pero, en forma dispersa, se conocen algunos de sus indicadores más o menos actualizados. Por ejemplo, los montos de cooperación oficial externa al sector público y al sector privado han sido publicados hasta el primer semestre; los datos de comercio exterior, hasta noviembre; las remesas familiares, hasta diciembre; y el saldo de la deuda pública externa y el pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público, hasta enero de 2019.

Sin lugar a dudas, se ocultan los indicadores del mercado monetario al haberse detenido su publicación hasta el 31 de diciembre del año pasado, lo cual hace suponer que se mantiene la fuga de los depósitos en moneda extranjera en varias decenas mensuales, que impactan hacia la baja a las reservas internacionales administradas por el banco central. Además, el banco también publica los indicadores financieros mensuales hasta diciembre del año pasado, aunque la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) da a conocer los observados en febrero recién pasado.

Está concluyendo el primer trimestre del año en curso y la información del presupuesto gubernamental está disponible al 30 de noviembre del año pasado, y si lo estuviera al 31 de diciembre podría ayudar a validar la tasa de caída de 4.0% del PIB Real que aún mantiene el banco central desde el tercer trimestre del año pasado.

Tampoco se conoce la versión oficial del comportamiento de la estabilidad macroeconómica en los tres primeros meses de este año, es decir, no se sabe cuántas veces la base monetaria equivale al saldo de las reservas internacionales brutas en poder del banco central, aunque conocemos, por investigaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), que la brecha diaria entre el tipo de cambio de venta del dólar en las ventanillas del mercado financiero y el tipo de cambio en el mercado oficial ha oscilado y permanece estable en el rango de [2.58%,  3.02%] desde el 2 de enero del año en curso.

La otra variable de la estabilidad macroeconómica, la tasa de inflación de los precios al consumidor, ha sido divulgada hasta enero de este año y, con bastante seguridad, conoceremos tardíamente el dato oficial del impacto de la reforma tributaria sobre el poder adquisitivo de los asalariados que se registre en este mes de marzo. Algunos precios líderes de la economía muestran retrasos importantes en su publicación en 2018: por ejemplo, hasta septiembre están disponibles los precios de los combustibles, de la energía eléctrica y del agua potable, y hasta octubre se conoce el salario promedio nacional del sector formal de la economía.

El desconocimiento de la información económica oficial nacional genera más desconfianza a los consumidores y productores, y una mayor desconfianza de los agentes económicos podría conducir a la aceleración del deterioro económico y social. La confianza es clave para el funcionamiento de la economía, pero no podemos obviar que la desconfianza surgió por problemas políticos en abril del año pasado. Hoy se ha perdido hasta la confianza en las instituciones políticas, sociales y económicas, lo cual se está manifestando en una incapacidad del Estado para generar iniciativas, inversiones y empresas. En realidad, ya hemos observado la implementación de políticas económicas que no contrarrestan la recesión económica, el cierre de empresas y la desaparición de los flujos de inversión doméstica y extranjera.

En el medio ambiente político, económico y social actual, las decisiones están dependiendo más de creencias, impulsos y emociones espontáneas que crean estados de pesimismo y de optimismo, en vez de expectativas o de probabilidades estadísticas. La crisis política ha creado un multiplicador de desconfianza que produce caídas sucesivas en el consumo y la inversión. Por ejemplo, el aumento de la desconfianza en la economía en 2018 redujo y encareció el crédito y aceleró la recesión, de la cual aún no hemos salido, y la actual desconfianza de los productores y los consumidores es una variable muy volátil que ayuda a pronosticar que la economía del país continuará cayendo.

La vía exclusiva para revertir este comportamiento es apoyar el funcionamiento de la Mesa del Diálogo Nacional y el alcance de los objetivos de su agenda. La solución de los problemas políticos es la llave para abrir las puertas de las políticas económicas necesarias para restablecer la confianza entre los consumidores, los productores y el Estado, e impulsar el crecimiento económico, atraer la inversión y reducir el desempleo, una tarea que es de mediano y largo plazo.

En otras palabras, es necesario reconstruir el multiplicador de confianza y crear el efecto demostración para reducir el pesimismo y evitar el miedo a la población, para que se tomen iniciativas personales o colectivas que generen efectos multiplicadores en el consumo y la inversión.

El banco central debería reconocer la creciente importancia de la confianza en la economía, especialmente en su fase recesiva como la que tenemos hoy, pero ocultar la información, principalmente aquélla que es de su incumbencia, empeora la desconfianza.

En cierta ocasión, Ovidio Reyes, presidente de la autoridad monetaria, dijo que “si no tenemos los datos (de los sectores), ¿qué hacemos? Pues los estimamos”. Pues lo invito a que medite sobre la publicación de los datos que no son de la incumbencia del banco central, y si no los tiene que sean estimados por los técnicos del banco central. Si los resultados obtenidos tuviesen un escaso intervalo de confianza, sería razonable que no sean publicados.





La recesión y la política de la tasa de interés del Banco Central de Nicaragua

17 03 2019

La recesión en que se encuentra la economía de Nicaragua desde el segundo trimestre de 2018 se está profundizando y corre el riesgo de transformarse en depresión en el corto plazo, y parece que no se están tomando medidas para evitar un colapso económico nacional. La desconfianza de los agentes económicos se robustece, la solución de los problemas en la Mesa del Diálogo Nacional se enlentece y los desequilibrios macroeconómicos podrían deteriorarse si se aplicasen las sanciones financieras internacionales ya preanunciadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

En tiempos de recesión económica es una imprudencia elevar la carga tributaria, o sea, subir las tasas tributarias, y la carga financiera, es decir, elevar las tasas de interés, en un país en que el número de microempresas y pequeñas empresas -muchas de ellas han sucumbido desde abril del año pasado- participaba con el 80% en el total de empresas y contribuía con el 40% en la formación del producto interno bruto. No se escapan las medianas y grandes empresas, porque se encuentran impactadas por la recortada liquidez, el menor capital de trabajo, el reducido acceso al financiamiento de corto plazo, la progresiva disminución de sus tasas de ganancia y la amenaza de cierre.

La política del banco central de subir las tasas de interés anuales de sus aparentemente atractivos Títulos de Inversión (TIN) tanto en moneda local con mantenimiento de valor hasta 8.0%, como en moneda extranjera hasta 6.5%, fue un fiasco, porque a finales de diciembre del año pasado sólo lograba colocar títulos por 200 mil dólares y, muy probablemente, no ha podido colocar más de esos papeles porque el presidente del banco, Ovidio Reyes, ha ordenado no publicar más datos monetarios y cambiarios generando más incertidumbre entre los inversionistas financieros. Con el alza de la tasa de rendimiento de esos papeles, el banco central estaba invitando a que las entidades financieras subieran sus tasas de interés para evitar, supuestamente, la caída de los depósitos, un craso error de la autoridad monetaria porque entre abril y diciembre del año pasado salieron US$1,080.3 millones y C$10,851.6 millones.

Antes de abril del año pasado, la tasa de interés anual que pagaba el banco central a los inversionistas financieros que participaban en las subastas de Letras era 5.2%. Para enfrentar la crisis del desplome de la producción, el banco central tenía la opción, como es usual en tales situaciones, de reducir las tasas de interés en al menos tres puntos porcentuales, pero actuó en dirección contraria a sabiendas que no tiene capacidad para incidir en la formación de las tasas de interés del sistema financiero nacional. Entonces, ¿por qué hizo esas locuras el banco central?

Ahora, el riesgo no es la aceleración de la inflación porque existe una descalibrada política monetaria que contrae la oferta de dinero para defender la debilitada posición de las reservas internacionales brutas administradas por el banco central, que se redujeron US$709.1 millones debido a la venta de US$838.1 que hizo a los bancos comerciales para que pudieran enfrentar la fuga de los depósitos en moneda extranjera entre mayo y diciembre del año pasado.

El riesgo es a la inversa, porque, si no se logra alcanzar oportunamente la solución a los problemas políticos en la Mesa del Diálogo Nacional, el gobierno no podría impulsar un estímulo fiscal agresivo para enfrentar una posible depresión económica, debido a que las sanciones financieras internacionales eliminarían gran parte de la cartera de inversiones públicas, que en un 80% depende de la cooperación internacional, y el banco central prácticamente estaría sin posibilidad para afrontar o detener o estabilizar una caída dramática de la producción.

Creo que en esa situación la autoridad monetaria sería capaz de aseverar que el tema del pleno empleo no es su asunto, sino sólo la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria, así como el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos.

El banco central no puede elevar más la tasa de interés, porque la economía nicaragüense continúa cayendo, aunque la baja tasa de inflación, casi ignorada en la Comisión Nacional del Salario Mínimo, comenzará a acelerarse en este mes de marzo por el impacto de mayores tasas tributarias sobre el consumo de bienes y servicios. Por consiguiente, el banco central continuará intensificando la reducción de la oferta de dinero para aplacar la presión inflacionaria, pero con el grave costo de desacelerar más el crecimiento económico, mejor dicho, con el gravísimo costo de acelerar la tasa de recesión económica.

El banco central debería comenzar a restablecer el dialogo con los representantes de las entidades financieras radicadas en el país, con los propósitos de fortalecer la confianza de los productores e inversionistas y flexibilizar la política de las tasas de interés en pro de los deseados crecimientos de la producción de bienes y servicios y de la demanda agregada, o sea, el consumo, la inversión y las exportaciones.

Si se profundizara más la recesión o si caemos en una depresión económica en el corto plazo, no veo posibilidades de que el banco central relaje su política, que ha consistido en “más de lo mismo” desde hace muchos años -no puede hacer otra cosa, porque es un rehén de su política cambiaria y de los mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial, comenzando con la cláusula de mantenimiento de valor incorporada en su ley orgánica- y actualmente no se observa ninguna medida para enfrentar ese riesgo, por lo cual esto también es otra imprudencia.

No hay que olvidar que si la gente se asustó grandemente, surgió una recesión, y si se asusta más de lo que está asustada, acelerará la recesión y podríamos desembocar en una depresión económica. El Diálogo Nacional se realiza con bastante lentitud y la economía se está encogiendo. Hace pocos días se agregó la resolución de la Unión Europea, en la cual pide la suspensión de la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, lo que afectaría el intercambio comercial entre el país y la Unión Europea.

Nicaragua continúa tambaleante.