La principal restricción económica: la baja escolaridad

15 10 2017

La economía de Nicaragua ha estado creciendo muy cercano al 5% anual durante los últimos tres años, dos años por encima de dicha barrera. Por el lado de la oferta, el crecimiento ha estado impulsado por los volúmenes de producción de las actividades agropecuarias, la construcción y el comercio, mientras que por el lado de la demanda el crecimiento ha descansado sobre los volúmenes de la inversión fija, las exportaciones y, sólo en un año, el consumo al registrarse el declive de la producción agroexportable en dos ciclos agrícolas consecutivos por el efecto del fenómeno de El Niño.

Las tasas de crecimiento son variaciones relativas, por lo cual no hay que obviar si la base de ese crecimiento es pequeña, mediana o grande. Aunque la tasa de crecimiento económico de Nicaragua es importante en el actual escenario internacional, desde el año de 2012 el país continúa participando con el 5.5% en la formación del producto interno bruto (PIB) del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá. Aún no hemos logrado un volumen importante de producción interna para cantar victorias, como la del pleno empleo de la economía del país manifestada recientemente por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes.

Esa tasa de crecimiento económico tampoco ha sido suficiente para reducir efectivamente el subempleo, el desempleo abierto y la pobreza de los nicaragüenses, una tarea más difícil de concluir cuando están ausentes las políticas públicas que buscan disminuir la inequidad tanto de la distribución del ingreso como de la carga tributaria, especialmente aquéllas políticas por la vía impositiva. Reiteramos que no existe un vínculo automático entyre crecimiento económico y reducción de la pobreza.

La educación de la población es crucial para aspirar a mayores niveles de crecimiento económico. De acuerdo con la base de datos de la VI Encuesta de Medición de Vida (EMNV) 2014, la tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más de edad era 13.2%; el 26.3% de los hogares del país observó la dependencia económica de 2 o más personas por cada ocupado con un jefe del hogar que tenía una escolaridad máxima de primaria incompleta; y el 9.5% de los niños de 6 a 14 años tenía una baja educación porque no asistía a la escuela.

Es también bastante difícil que la producción anual de bienes y servicios crezca más de 5% anual porque en 2014 el nivel de escolaridad promedio nacional de los nicaragüenses fue igual a 6.22 años de estudio. A duras penas, la población del país aprueba la educación primaria. La educación, y especialmente la técnica que en términos generales no existe, es fundamental para acelerar el desempeño productivo del país.

El bajo nivel educativo es más crítico en las zonas rurales que constituyen la base productiva nacional, en las cuales la escolaridad promedio es 4.31 años de estudio, aunque debemos reconocer que ningún país se ha desarrollado sobre la actividad agropecuaria sino sobre la industria manufacturera. Nuestro país necesita el desarrollo de la agroindustria. Sin embargo, en términos promedio, un pobre extremo rural estudia 2.76 años, un pobre no extremo logra aprobar 4.13 años y un no pobre tampoco se gradúa en educación primaria al tener una escolaridad de 4.92 años.

En cambio, la población radicada en las zonas urbanas no aprueba el tercer año de secundaria, antes denominado “el ciclo básico” de los estudios de secundaria para poder optar a un estudio técnico medio, al tener una escolaridad de 7.57 años de estudio. Siempre en términos promedio, un pobre extremo urbano no aprueba la educación primaria al tener una escolaridad de 4.09 años de estudio, un pobre no extremo no se gradúa en educación primaria al registra una escolaridad de 5.34 años y un no pobre aprueba el segundo año de estudios de secundaria al poseer una escolaridad de 7.97 años.

La situación de la educación es más alarmante en la Región Caribe, donde la población cuenta con 4.74 años de studio; le siguen las poblaciones, en orden ascendente, de la Región Central con 4.23 años; la Región del Pacífico, excluyendo el Departamento de Managua, con 6.70 años de estudio; y el Departamento de Managua, con 7.93 años. Sólo la población urbana del Departamento de Managua supera el promedio de los 8 años de estudio, pero no aprueba el tercer año de secundaria al tener una escolaridad de 8.07 años.

Con la suscripción de tratados de libre comercio, un mecanismo para potenciar el crecimiento y el comercio global, Nicaragua se ha puesto a competir con países que tienen 12 y 13 años de escolaridad, es decir, con poblaciones que se han graduado en la educación secundaria.

Con ese panorama educativo a la vista, el Presupuesto General de la República (PGR) de 2014 destinó el 2.8% del gasto total al Ministerio de Educación (MED), equivalente a US$322 millones y a US$221 por estudiante matriculado, bastante alejado del objetivo internacional establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de asignar el 7% del PIB a los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. Si se hubiera cumplido con dicha disposición internacional, en 2014 se habría asignado al MED el monto de US$832 millones, con lo cual se hubiera garantizado la matrícula plena y una educación de mejor calidad, requisito para resolver el problema estructural del bajo nivel de escolaridad de la población del país y mejorar el capital humano.

Nuestro talón de Aquiles para alcanzar más altos niveles de producción y, por ende, mejores niveles de vida para la población, es la falta de educación y, agregaría, con una educación de poca calidad. Con esos niveles educativos, es bastante improbable que podamos aspirar a tasas anuales de crecimiento del PIB Real de 8% y más, aunque todavía es posible que la economía nicaragüense logre a llegar al estadio de crecimiento de entre 6% y 7% anual.

Con una baja escolaridad promedio nacional no arribaremos a un puerto seguro del bienestar económico y social. El problema de la falta de educación o de la baja escolaridad no se resuelve en el corto plazo y su solución, con apropiadas políticas públicas, podría lograrse entre una y dos generaciones.

 

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En la economía de Nicaragua no hay pleno empleo

8 10 2017

Desde hace varias décadas, las encuestas realizadas por diversas firmas nacionales y extranjeras a la población nicaragüense han señalado que los tres principales problemas que agobian a los nicaragüenses son el desempleo, la carestía de la vida y la pobreza.

De acuerdo con la encuesta del Ministerio del Trabajo (MITRAB) dirigida a empresas de más de 20 trabajadores y afiliadas a la seguridad social, el salario nominal promedio anual del empleo formal de Nicaragua aumentó 7.2% durante el período 2008-2016. La muestra de datos se inicia en 2008 porque a partir de junio de 2007 el salario promedio mensual disminuyó al incorporarse en su cálculo los sueldos de maestros de escuelas administradas por iglesias, que son financiados con recursos de los contribuyentes.

En el mismo período arriba mencionado y siempre en términos promedio anual, la tasa de inflación de precios al consumidor nacional fue del orden de 5.6% y la tasa de devaluación oficial nominal fue igual a 5.0%. Al ser mayor la tasa de ajuste del salario nominal del empleo formal, 7.2%, que la tasa de inflación, 5.6%, el poder de compra de los trabajadores del sector formal se incrementó 1.5% promedio anual en dicho período.

En ese mismo lapso y siempre en términos promedio anual, el salario mínimo legal tuvo un ajuste salarial de 12.8% y observó un incremento de 6.8% en su poder adquisitivo.

El número de trabajadores activos que cotizan la seguridad social, de acuerdo con datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue igual a 857,219 en 2016, que representa, de acuerdo con datos de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), aproximadamente el 26% de la población económicamente activa del país (PEA).

Así como el saldo de dinero en córdoba es marginal en el mercado monetario del país al participar con el 20% en la liquidez global de la economía, el dato del empleo formal reportado por el INSS también es marginal en el mercado laboral del país. Cabe mencionar que el último dato oficial disponible de la PEA, 3 millones 187 mil personas, corresponde al año de 2014 y, por otra parte, se desconocen los datos de empleo por actividad económica desde el año de 2012. Así lo demuestra la página web del BCN.

Por lo tanto, se puede concluir que los encuestados que se quejan del desempleo, la carestía de la vida y la pobreza pertenecen en gran parte al sector informal del mercado laboral, cuyo tamaño se representaba en el último trimestre de 2012 con 72 personas ocupadas de cada 100 que laboraban en establecimientos que no tenían registros contables, que es el último dato oficial disponible sobre la informalidad laboral. Por otro lado, prevemos que cada año 130 mil jóvenes entran por primera vez al mercado laboral en búsqueda de un puesto de trabajo.

También se puede deducir que el principal problema estructural del mercado laboral de Nicaragua es el subempleo y no el desempleo. Una persona está subempleada si trabaja menos de 8 horas diarias -es el subempleado visible- o devenga un salario mensual menor que el salario mínimo legal en su actividad económica -es el subempleado invisible-. En el segundo trimestre de este año, según datos suministrados por Ovidio Reyes, el 43.7% de los ocupados está subempleado.

Aunque la ley no mandata al Banco Central de Nicaragua (BCN) a que asegure el pleno empleo, recientemente su presidente, Ovidio Reyes, oficializó la noticia que la economía de Nicaragua está en pleno empleo al afirmar que en este año la tasa de desempleo bajó de 4.0% en el primer trimestre a 3.8% en el segundo trimestre, debido al “mayor dinamismo de la economía”.

En otras palabras, el presidente del BCN dio a entender que el mercado laboral de Nicaragua ya está ajustado. Por lo tanto, se esperaría que los salarios comiencen a subir porque todos los empleadores estarían demandando más trabajadores, pero esto no es cierto en el caso de nuestra economía por la gran informalidad del mercado laboral, el creciente número de subempleados y la poca participación del empleo formal.

La economía nicaragüense no está en pleno empleo. De acuerdo con datos de COPADES, la tasa de desempleo abierto se acerca a dos dígitos y la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo es igual a casi dos veces la tasa de desempleo abierto. En esta economía muy dolarizada extraoficialmente, donde casi todos los precios en córdobas se fijan en función del precio del dólar, sólo el salario mínimo legal ha crecido rápidamente, con una tasa de dos dígitos, desde el año de 2005, mientras que los salarios nominales del empleo formal han subido 1.5 puntos porcentuales por arriba de la tasa de inflación en los últimos 8 años.

Los salarios no han acelerado su crecimiento a medida que “disminuyó” el desempleo y se “alcanzó” el pleno empleo. El crecimiento salarial de la economía formal ha estado determinado por magnitud de la tasa de devaluación reptante que se ha mantenido constante en el nivel de 5% anual desde el año de 2004, sin tomar en cuenta la baja productividad de la economía y la creciente desigualdad salarial.

Comparto lo que la población encuestada afirma desde hace varias décadas: los tres principales problemas de los nicaragüenses son el desempleo, la carestía de la vida y la pobreza. Esos problemas se contrarrestarían con más producción y más generación de ingresos. En 2016, el PIB de Nicaragua participó apenas con el 5.5% en la producción total del istmo centroamericano, incluyendo a Panamá.

Con más y mejor educación -especialmente primaria, secundaria y técnica-, con más inversión privada, con la transferencia de tecnología a las micro empresas y a la pequeña empresa, con la presencia de una efectiva banca estatal de desarrollo, con más infraestructura económica -red vial y suministro de servicios públicos-, con políticas redistributivas del ingreso, la economía nicaragüense podrá alcanzar el pleno empleo.





Cómo y por qué el BCN contrae la liquidez en córdobas

1 10 2017

Después de haber disminuido en 3 mil 432 millones de córdobas el monto de córdobas que circula fuera del sistema financiero nacional entre enero y septiembre de este año, es decir, después de haber reducido la liquidez primaria en el mercado local, el Banco Central de Nicaragua (BCN) aún no ha explicado a la población cuál fue la causa que provocó esa tremenda contracción monetaria, equivalente a 114 millones de dólares, ni cuál es el objetivo que persigue, ya que la tasa de inflación interanual en agosto de este año, estimada y divulgada por la autoridad monetaria, ha permanecido en el nivel de 3.5% influenciada por la caída interanual de 0.7% de los precios al consumidor de alimentos y bebidas no alcohólicas, como resultado de una suficiente oferta de productos agropecuarios en dos ciclos agrícolas excelentes.

El balance monetario del BCN refleja la reducción de sus activos internos netos y el desplome de la cantidad de dinero en manos de los consumidores, conocida en la jerga económica como numerario.

Los activos internos de la autoridad monetaria muestran una muy pronunciada disminución de casi 8 mil millones de córdobas, debido principalmente (i) al aumento de los depósitos en moneda extranjera del sector público no financiero en el BCN, mientras que en el presupuesto nacional se puede constatar una disminución de 12% en el volumen de la construcción pública ejecutada entre enero y julio-; (ii) las inversiones financieras de entidades públicas, antes denominadas Títulos Especiales de Inversión y hoy conocidas como depósitos a plazos en el BCN; (iii) la disminución de la liquidez en córdobas en las cajas de los bancos comerciales; y (iv) la colocación neta (de redenciones) de Letras subastadas por el BCN. Esas cuatro variables monetarias ayudan a explicar la contracción del monto de dinero en córdobas que circula fuera del sistema financiero nacional.

Las contracciones de los activos internos netos del BCN y del numerario ayudan a explicar el aumento de 154 millones de dólares hasta 1 mil 660 millones de dólares en el saldo de las reservas internacionales netas ajustadas del BCN a finales del tercer trimestre del año en curso, de tal manera que el saldo de las reservas internacionales brutas de 2 mil 577 millones de dólares en poder del BCN es igual a 2.86 veces el saldo de la base monetaria, cifra superior al límite mínimo de 2.5 veces para garantizar la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad de una presión inflacionaria baja y la estabilidad del tipo de cambio.

Entonces, ¿por qué el BCN contrae la cantidad de dinero que circula en el mercado?  Sencillamente para evitar que los agentes económicos, productores, consumidores y Estado disminuyan sus compras de dólares para importar bienes y servicios y, por consiguiente, evitar la caída de las reservas internacionales y se exponga a un severo riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

¿Qué provocó el riesgo de la caída de las reservas internacionales del BCN? El desplome de la cooperación petrolera de Venezuela. Cayeron el precio del barril de crudo WTI, el porcentaje del valor de cada embarque de petróleo y combustibles líquidos en concepto del préstamo, y los volúmenes del “oro negro” y de los combustibles líquidos suministrados por Venezuela. Es obvio que el principal beneficio económico que tuvo Nicaragua con la asistencia financiera de Venezuela fue proteger y fortalecer la posición de las reservas internacionales oficiales y, consecuentemente, fue el garante de la estabilidad macroeconómica del país.

Hoy, Nicaragua paga al contado el 72% del valor anual importado de petróleo y sus derivados, principalmente a Estados Unidos y México, mientras que en años recién pasados Venezuela suplía el 93% de los requerimientos anuales de hidrocarburos del país y el país sólo pagaba el 50% del valor de dichas importaciones.

Este riesgo sobre la estabilidad macroeconómica del país, o mejor dicho el riesgo de la disminución de las reservas internacionales del BCN, continúa latente. ¿Habrá otro país sustituto de Venezuela? Creo que no, porque el país sudamericano, en la mejor época, nos concedía un préstamo de 560 millones de dólares anuales en términos muy concesionales, es decir, con plazo de 23 años, 2 años de gracia y 2% de interés, términos financieros similares a los que no concedían las instituciones financieras multilaterales cuando Nicaragua era un país pobre y muy endeudado en términos de producción con sus acreedores internacionales.

Muy difícil que lo sustituya México, país que junto a Venezuela en el pasado han facilitado petróleo y combustibles a los países centroamericanos mediante el Convenio de San José, se encuentra con graves problemas económicos tras ser azotado por dos grandes terremotos y un huracán en este mes de septiembre y, además, está presionado por las políticas económicas, comerciales y migratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También se puede prever que el gobierno de Nicaragua no ha considerado a Rusia como un país suplidor de petróleo y combustibles, tanto por la distancia como por las restricciones económicas y financieras que enfrenta dicho país.

El riesgo que enfrenta las reservas internacionales no sólo está latente, sino que también puede agravarse con la muy probable aprobación de la “NICA Act” de parte del Congreso de Estados Unidos. Es obvio que la incertidumbre política afectará el flujo de inversión extranjera directa, que ahora es la principal fuente financiera no sólo del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, sino también del aumento de las reservas internacionales del país, por lo cual también es fácil prever que la “esterilización” de córdobas en el mercado local seguirá pujante en el corto plazo y mediano plazo.

Como en economía nada es gratis, con la desaceleración del gasto de consumo de las familias resultante de la contracción monetaria antes descrita también se desacelerará la tasa de crecimiento económico del país. Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma consultora que dirige el suscrito, previó que en este año la política monetaria desacelerará en 5 décimas porcentuales la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real. El pronóstico del crecimiento económico de COPADES para 2017 era 5.8% en julio recién pasado.





Hace un año dejó de ser inmune, pero continúa siendo impune

29 09 2017

El 2 de septiembre recién pasado, el ex banquero y ex diputado Eduardo Montealegre cumplió un año de estar protegido por el Poder Judicial de Nicaragua. El silencio del protector es tan elocuente que hace sentir al protegido la confianza de que no ha cometido ninguna delincuencia, a sabiendas que está acusado por ser un violador de los derechos humanos.

En el Poder Judicial han guardado silencio los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua en su calidad de Inspector Delegado, Gerardo Rodríguez Olivas, y los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial e Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián.

Los siete servidores públicos del Poder Judicial saben muy bien que el acusado Eduardo Montealegre, al usar inapropiadamente la inmunidad que le confería su cargo de diputado, fue protegido por el Poder Legislativo durante ocho años consecutivos por medio de los diputados Wilfredo Navarro, Alba Palacios Benavidez y René Núñez (q.e.p.d.) quien no contestó ninguna de las 46 cartas públicas, con copia a todos los miembros que integran la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que le remití para pedirle que procedieran a cumplir las dos solicitudes de dos jueces para desaforar al entonces diputado Eduardo Montealegre.

Eduardo Montealegre es un connotado violador de los derechos humanos por sus graves injurias y calumnias contra mi persona que él escribió en el diario La Prensa y en una supuesta carta de disculpas, y, dicho sea de paso, también fue acusado junto a otras 38 personas por la Fiscalía General de la República de ser coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude,  y delito de Tráfico de influencias en el caso de la emisión y reestructuración de los Certificados Negociables de Inversión (CENIs) por las quiebras bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001, y también por las subastas de los activos de los bancos liquidados, que provocaron un gran daño al patrimonio nacional.

Debido a la muy cuestionable protección al presunto delincuente Eduardo Montealegre de parte de los servidores públicos pertenecientes a dos Poderes del Estado de Nicaragua, incluso después de que él perdió su escudo de inmunidad en agosto del año pasado, desistí de continuar pidiendo justicia al Poder Judicial porque los siete judiciales, principalmente el inspector delegado Gerardo Rodríguez Olivas que resolvió archivar mi queja, también violentaron mi derecho humano de tener acceso a la justicia, o sea, que han perpetuado la retardación de justicia y fortalecido la impunidad de Eduardo Montealegre.

Sin embargo, desistir de pedir justicia a estos servidores públicos no significa renunciar a mi acusación, la cual ahora es más grave que la que presenté hace nueve años porque el acusado ha provocado no sólo daños morales, sino también perjuicios económicos que han trascendido a los miembros de mi familia.

Ante la seguridad que tiene el presunto delincuente Eduardo Montealegre de no ser llamado a los dos juzgados penales donde lo he acusado, con la debida documentación que me ha entregado la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial desde el año de 2008, he tenido que denunciarlo en las secciones de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria.

El protegido por dos Poderes del Estado de Nicaragua también debe saber que nunca desistiré de señalarlo y denunciarlo públicamente por ser un violador de los derechos humanos, aunque él se jacte de estar sobre la ley. Los tiempos están cambiando y nadie desea ser reconocido por alguna delincuencia cometida, ya sea una violación de derechos humanos, ya sea un acto de corrupción, incluso si sea presunta.





El costo de la inclusión social en la educación en Nicaragua

24 09 2017

La educación, como ha sido reiterado un gran número de veces por organizaciones sociales no gubernamentales, académicos e instituciones internacionales, es la base del crecimiento y desarrollo socioeconómico de un país. La exclusión social en los ámbitos de la falta de acceso a la educación y la salud pública, y la exclusión del mercado, en el ámbito de la falta de acceso a la seguridad social, erosiona el orden democrático y provoca el riesgo del surgimiento de un Estado “degradado”.

En 2016, el tamaño de la economía nicaragüense se puede representar con un Producto Interno Bruto Nominal de US$13,231 millones y una población total de 6 millones 328 mil habitantes.

Sin la participación del Banco Mundial, asesor técnico gubernamental que garantiza la aplicación de la metodología bastante cuestionada de la línea de pobreza para estimar la pobreza, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y el Banco Central de Nicaragua (BCN) presentaron recientemente los resultados de la séptima encuesta de medición de nivel de vida de la población del país que se realizó en 2016, la cual arrojó el dato de que la probabilidad de ser pobre en Nicaragua es igual a 25%, o sea, 25 de cada 100 nicaragüenses son pobres.

En 2016, el 29.0% del gasto social y el 16.0% del gasto total del presupuesto gubernamental de Nicaragua se destinó al Ministerio de Educación, o sea un monto equivalente a US$408 millones, que en términos por habitante fue igual a US$64.

En diciembre de 1979, en una conferencia internacional de ministros de Educación auspiciada por la UNESCO en México, se adoptó el compromiso de los gobiernos de Latinoamérica de asignar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), pero no se cumplió. Después, en septiembre de 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retomó ese compromiso en la Cumbre del Milenio y fijó el año de 2015 como la meta de su cumplimiento.

Sobre el supuesto de que las autoridades gubernamentales hubiesen asignado el 7% del PIB al gasto total del Ministerio de Educación (MED), el presupuesto nacional para los tres niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, hubiese ascendido a US$926 millones, pero el gasto registrado en la educación pública ejecutado por el MED fue igual a US$408 millones, igual a 3.1% del PIB. Por consiguiente, dicho gasto reflejó una brecha de US$518 millones equivalente a 3.9% del PIB, que es la brecha entre el presupuesto ideal y el presupuesto observado de educación pública en Nicaragua

El supuesto de la asignación del 7% del PIB al gasto público en educación preescolar, primaria y secundaria implicaría el alcance no sólo de la ampliación de la cobertura educativa, sino también del mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de la infraestructura del sector de la educación pública.

En conclusión, en 2016 se requería un presupuesto de US$926 millones para garantizar, primero, la matrícula para todos los niños y adolescentes en los tres niveles educativos administrados por el MED y, segundo, una educación de mejor calidad preescolar, primaria y secundaria, requisito fundamental para mejorar el capital humano que contribuya a resolver el problema estructural del bajo nivel de escolaridad de 6.1 años promedio en el país.

Esa brecha se puede explicar con el bajo nivel de la producción de bienes y servicios y los tamaños de la población del país arriba mencionados. En 2016, el PIB de Nicaragua apenas contribuyó apenas con el 5.5% en la formación del PIB del istmo de Centroamérica, incluyendo a Panamá; por otra parte, el PIB Per Cápita promedio anual de Nicaragua fue igual a US$2,091, el segundo más bajo de América Latina y el Caribe.

Hace falta en nuestro país una reforma integral del gasto público. Desde mediados de la década antepasada se han discutido tres reformas tributarias, pero los legisladores, al aprobarlas, no se preguntan ni preguntan a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en que se gastarán los nuevos impuestos recaudados por el Gobierno Central. La respuesta a esta pregunta debería ser concreta, específica, sin ninguna generalidad como la tiene el argumento de financiar el déficit fiscal.

También es necesario que la clase política del país logre un acuerdo duradero contra la exclusión social, es decir, facilitar el acceso a la educación pública y la salud pública, y contra la exclusión del mercado, o sea, facilitar la creación de puestos de trabajo decentes. Habría que cesar la hostilidad democrática, el fortalecimiento institucional, reducir la inequidad en la distribución del ingreso y de la carga tributaria, combatir la corrupción, mitigar los efectos del cambio climático y reducir la inseguridad alimentaria, aprovechar el bono demográfico y eliminar las barreras de exclusión política para los grupos de población vulnerable.

Sin embargo, para que nuestra nación pueda avanzar en esos campos, se requiere realizar una reforma integral del gasto público.





Siempre hay un debe y un haber

17 09 2017

El crecimiento de la demanda interna se debilita en este año, al desacelerar el gasto de consumo de las familias y al disminuir la inversión pública, no obstante, la inversión privada se ha robustecido.

La demanda externa, o el volumen de las exportaciones domésticas de bienes y servicios, es el factor principal del crecimiento económico del país, producto de dos formidables ciclos agrícolas consecutivos antecedidos por una sequía que también afectó a otros dos ciclos agrícolas.

El subempleo persiste como el principal problema estructural del mercado laboral, causa principal del alto nivel de subutilización de la fuerza laboral y la pobreza nacional, lo cual no puede ser ocultado aún con las aseveraciones del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, de que la tasa de desempleo es bastante baja, porque se podría inferir que la economía de Nicaragua ya se encuentra en pleno empleo.

No hay que olvidar que el índice de precios al consumidor del país es agrícola. La tasa de inflación se arrastra también en un nivel bastante bajo e inferior a la tasa de devaluación reptante, influenciada por los bajos precios de los alimentos resultante del desempeño notable de la producción agropecuaria y de la baja inflación importada desde hace dos años, pero recientemente los precios internacionales del petróleo aceleran por el aumento de la demanda tras los huracanes Harvey por Texas e Irma por Florida, así como por el mayor cumplimiento del acuerdo auspiciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reducir la oferta global.

Al cierre del primer trimestre del año en curso, se registró un leve superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, gracias al mayor volumen de las exportaciones, la disminución de los precios de los bienes importados y al mayor valor del flujo de las remesas.

Al cierre del primer semestre de este año, acompañado de un creciente financiamiento externo destinado al presupuesto gubernamental, se observó también otro leve superávit fiscal, resultante de una mayor recaudación de impuestos del Gobierno Central y de la caída del gasto de inversión pública.

Maniatado por la cláusula de mantenimiento de valor y la presencia marginal del córdoba en el mercado, el BCN no puede aplicar políticas monetaria y cambiaria apropiadas para defender la posición de las reservas internacionales y garantizar la estabilidad macroeconómica del país. Por este motivo, la autoridad monetaria, sin contar con una política financiera nacional, se ve restringida a “esterilizar” dinero del mercado, o sea, saca córdobas de circulación con subastas de Letras a plazos que se concentran en treinta días o menos y con crecientes depósitos de encaje en córdobas y en dólares que los grupos financieros llevan al BCN, de tal forma que la tasa de encaje efectiva casi duplica la tasa de encaje legal.

Con menos córdobas circulando en el mercado, el BCN logra sus objetivos de (i) reducir la compra de divisas de los agentes económicos y, por ende, la demanda de importaciones, (ii) evitar la caída de las reservas internacionales expuesta a riesgo con el desplome del crédito petrolero de Venezuela porque hoy se paga en efectivo el setenta por ciento de las importaciones de hidrocarburos, provenientes principalmente de Estados Unidos y México, y (iii) garantizar la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria.

Como solía afirmar el fraile franciscano italiano Luca Paccioli, iniciador de la contabilidad moderna en 1494, “no hay almuerzo gratis, siempre hay un debe y un haber”. Desde mayo de 2016, la reducción de la oferta de dinero emprendida por el BCN ha desacelerado las ventas de bienes y servicios de consumo final, ha provocado problemas en la administración de inventarios de bienes intermedios y finales, y está desacelerando la tasa esperada de crecimiento económico del país.

En este escenario, las políticas públicas deben enfrentar los riesgos de la probable aprobación de la “NICA Act”, la expulsión a sus países de origen de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, el proteccionismo comercial anunciado por el Presidente Donald Trump, el posible examen de Estados Unidos a Nicaragua en el marco del tratado de libre comercio DR-CAFTA, los efectos de la política fiscal expansiva de la administración Trump en un momento en que la economía estadounidense está muy cercana al pleno empleo, y la promesa del Presidente Donald Trump de la liberalización financiera a Wall Street.

Sin embargo, lo más preocupante es el silencio del Presidente Daniel Ortega ante tantos riesgos, directos e indirectos, la mayoría de ellos de origen externo que interno, y entre estos últimos prevalecen casi exclusivamente los riesgos políticos. Los riesgos económicos y financieros se han minimizado, aunque algunos problemas estructurales se están profundizando, tales como la falta de certeza jurídica, el déficit financiero de la seguridad social, la baja productividad de la economía, el déficit comercial externo que prevalece desde hace varias décadas, la inequidad de la distribución del ingreso y la corrupción, entre otros.

El diálogo es la base de la convivencia pacífica. Gran parte del debate pendiente es exclusivamente político. Sin una debida atención a esos riesgos políticos, quedará desprotegido el sector privado al afectarse principalmente la confianza inversionista y los flujos de inversión extranjera directa, hoy el principal soporte del crecimiento económico





Impactos de las sanciones financieras de Estados Unidos a Venezuela

10 09 2017

Presentación1

Las sanciones financieras anunciadas el 25 de agosto del año en curso por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, a través del Departamento del Tesoro, prohíben transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), las transacciones en bonos y acciones propiedad del sector público venezolano, y los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela, como los enviados a Caracas por CITGO (Corporación Petrolera CITGO), filial de PDVSA, con seis refinerías, cuarenta y ocho terminales de abastecimiento y distribución, y seis mil estaciones de gasolina en la costa este de Estados Unidos, desde los años ochenta del siglo pasado. Estas sanciones excluyen al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana, pues no prohíben la exportación de crudo a Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro emitirá licencias con un período de liquidación de 30 días para permitir transacciones que, de otro modo, quedarían prohibidas por este decreto, entre ellas las vinculadas con la exportación y la importación de petróleo.

El decreto ejecutivo firmado por el Presidente Donald Trump indica que el gobierno de Venezuela ya no tiene acceso a una importante fuente de financiamiento externo y el gobierno de Estados Unidos protege su sistema financiero para evitar que se convierta en cómplice de la corrupción de Venezuela y del empobrecimiento que sufre el pueblo venezolano.

Esta es la cuarta ronda de sanciones que el Estados Unidos ha emitido contra el Presidente Nicolás Maduro y su círculo íntimo, incluyendo funcionarios gubernamentales y ejecutivos de PDVSA.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump impuso recientemente sanciones financieras y jurídicas contra el presidente Nicolás Maduro y una veintena de sus funcionarios y ex colaboradores, acusándolos de quebrantar la democracia, corrupción y violación de los derechos humanos.

El 31 de agosto de 2017, Nicolás Maduro fue el primer presidente latinoamericano incluido por el Departamento del Tesoro en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC). El 13 de febrero de 2017, el Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, también fue incluido en la lista OFAC, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le anuló su visa estadounidense, la confiscó propiedades y le prohibió realizar transacciones o comerciales con instituciones estadounidenses.

¿Afectan estas disposiciones del gobierno de Estados Unidos a las empresas o los productores nicaragüenses? En términos generales, no; en términos particulares, sí, sólo en el caso de que la empresa cuente con una participación de capital accionario de origen estadounidense de 50% o más y más, suscriba contratos, colabore o preste ayuda financiera a las empresas y personas venezolanas que estén en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, a menos que la OFAC la autorice o exima expresamente por ley. No hay un monto mínimo o máximo sujeto a las regulaciones.

Todas las personas estadounidenses deben cumplir con los reglamentos de la OFAC, incluyendo todos los ciudadanos de los Estados Unidos y residentes extranjeros permanentes (o sea, los que tienen una green card), independientemente de dónde se encuentren, todas las personas y entidades dentro de los Estados Unidos, todas las entidades constituidas en los Estados Unidos y sus sucursales fuera de Estados Unidos.

En Nicaragua, PDVSA es dueña del 51% del capital accionario de ALBANISA, por lo cual los ciudadanos y las entidades estadounidenses deben revisar todas las transacciones con ALBANISA para asegurar el cumplimiento de las sanciones de la OFAC.

¿Cuál es el riesgo que correrían esas personas jurídicas, principalmente entidades financieras, y personas naturales de origen estadounidense si no acataran las sanciones financieras anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela? Las sanciones de la OFAC prohíben generalmente las transacciones que involucren, directa o indirectamente, a una persona bloqueada o sancionada, sin autorización de la OFAC. La sanción se aplica aun cuando la persona bloqueada actúa en nombre de una entidad no bloqueada. Las personas estadounidenses podrían ser tratadas por el gobierno de Estados Unidos como narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas.

La inclusión de un funcionario del Gobierno de Venezuela en las listas de la OFAC no significa que el propio gobierno de Venezuela también esté bloqueado. Las prohibiciones se aplican sólo a las transacciones o tratos con los individuos y entidades cuyos bienes e intereses en la propiedad estén bloqueados.

Por ejemplo, una entidad bancaria con capital accionario estadounidense mayoritario o una persona estadounidense retiraría su apoyo financiero a personas o entes relacionados con el gobierno de Venezuela, no les concedería préstamos ni transarían bonos de PDVSA y del gobierno de Venezuela, ni cualquier título valor emitido por esas instituciones venezolanas después de junio de 2017.

¿Alguna entidad financiera radicada en Nicaragua estaría condicionada por las sanciones estadounidenses? En la actualidad, no, porque las participaciones mayoritarias de capital en los bancos privados radicados en el país corresponden a inversionistas nicaragüenses, colombianos, panameños, hondureños y venezolanos. El ultimo banco con capital estadounidense que estuvo radicado en el país fue Citi Bank, que vendió sus acciones a FICOHSA, un banco hondureño.

¿Cuáles serían los principales efectos sobre la economía de Venezuela? Las finanzas externas de Venezuela, ya afectadas por los bajos precios internacionales del petróleo, se deterioran más por las sanciones estadounidenses, por lo cual el gobierno venezolano, al entrar en default muy probablemente en octubre y noviembre de este año, tendrá que recurrir a un período de gracia de 30 días para honrar algunos bonos de deuda emitida por PDVSA y el gobierno y el Banco Central de Venezuela, que están en manos de bancos de inversión, tales como Goldman Sachs y Nomura, y en el fondo buitre Fintech. Esto obstaculizará o impedirá cualquier reestructuración de la deuda pública externa venezolana contraída durante el boom petrolero que duró hasta el año de 2012.

Como en el caso argentino, cuando cae el precio de los bonos se activan los fondos buitres y éstos comienzan a construir sus portafolios de deuda potencialmente en default. Ante la falta de pago de la deuda soberana, surgirán las demandas que tendrá el Gobierno de Venezuela en los tribunales internacionales.

En conclusión, las personas estadounidenses, jurídicas y naturales, deben tener el cuidado especial de no realizar negocios con entidades no bloqueadas en las que están involucrados, directa o indirectamente, individuos bloqueados o sancionados. Las personas estadounidenses no pueden celebrar contratos firmados por un individuo bloqueado.