Según la información oficial publicada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), los precios al consumidor han aumentado 2.8% durante los últimos ocho meses; esa es una tasa de inflación anualizada de casi 5% por el “efecto base”, y es equivalente al alza interanual del costo de la vida en agosto recién pasado, que es representada por la tasa de inflación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) de 4.98%. Por otro lado, el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico, cuyo valor en agosto de este año fue C$15,270.59, equivalente a US$433.11, se incrementó 5.71%.
Debo reiterar que las actuales cifras porcentuales anualizadas son más engañosas, porque estamos en períodos de cambios rápidos debido a los impactos provocados por el Covid-19 en la economía mundial. Por ejemplo, según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el producto interno bruto (PIB) real del segundo trimestre de 2021 subió interanualmente 16.7%, parece históricamente fuerte, pero en realidad se redujo 0.31% con respecto al primer trimestre de 2021 y también se redujo 2.67% con respecto al cuarto trimestre de 2020.
Además, el PIB real creció en junio de 2021 alrededor del 3.67%, subió 2.15% en mayo y apenas se incrementó 0.41% en abril, tal como lo indican las tasas de variación interanual del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) promedio anual. Los tres meses que componen el trimestre tuvieron crecimiento relativamente débiles. Tampoco olvidemos que las cifras trimestrales del PIB en córdobas de 2006, representan la cantidad promedio de producción durante un período de tres meses.
De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo (MITRAB), el salario promedio formal de la economía a junio de 2021, último dato disponible a esta fecha, fue igual a C$11,015.00, equivalente a US$313.46. Estimo que en agosto recién pasado ese salario se aproxime a C$11,018.00 (igual a US$312.50) y mostraría una cobertura de 72.2% del costo de la canasta de consumo básico. En agosto de 2020, dicha cobertura era 76.0%.
Así, se puede afirmar que la tasa de inflación del costo de la canasta de consumo básico es 7.3 décimas porcentuales mayor que la tasa de inflación del IPC y que el salario promedio formal de la economía ha visto reducida su cobertura sobre la canasta de consumo básico en 3.8 puntos porcentuales.
Es curioso el hecho de que en los últimos 3⅟2 años el salario promedio nacional del empleo formal registre un aumento acumulado de apenas 3.09%, al pasar de C$10,685.00 en diciembre de 2017 a C$11,015.00 en junio de 2021. Las empresas tienen bajas expectativas inflacionarias debido al desplome de la demanda interna de bienes y servicios finales, o sea, los gastos de consumo de parte de los hogares y de inversión ejecutada por los empresarios, por lo cual actúan como si la inflación actual se encuentra en una fase de descenso transitorio provocada por la alicaída demanda interna.
En cuanto a las estadísticas del mercado laboral del país elaboradas por el INIDE, en el segundo trimestre de 2021 la tasa neta de participación, o sea, el cociente de dividir el número de personas de 14 años y más ocupadas (aunque sea 1 hora en el día, dato que dejó de publicarse por actividad económica en 2011) entre el número de personas de la población económicamente activa (PEA, dato que dejó de publicarse en 2014) fue 94.9%, por lo cual la tasa de desempleo abierto fue apenas 5.1% (?!!). Tomando en cuenta la distribución normal, sería muy sorprendente la afirmación de que la economía de Nicaragua está prácticamente en pleno empleo, con un nivel de significación estadística de 5% y con una confianza de 95% (?!!).
Sin embargo, el informe laboral del MITRAB agrega que la tasa de inactividad, es decir, el cociente de dividir el número de personas de 14 años y más que están inactivas entre la población en edad de trabajar (PET), mostró el nivel de 33.5%, un porcentaje que es muy aproximado a la suma que estimo con las tasas de desempleo abierto y de desempleo equivalente relacionado con el subempleo. El INIDE estima que la tasa de subempleo es igual a 45.0% del total de la población ocupada.
En cuanto al número promedio anual de personas aseguradas activas que cotizan la seguridad social, entre 2017 y 2020 disminuyó de 914,196 (el 26.5% de la PEA) a 714,465 (el 18.0% de la PEA), con una destrucción acumulada de 199,731 puestos de trabajo formal en el trienio 2018-2020. En enero-julio de 2021, el número promedio anual de asegurados activos alcanzó el nivel de 752,463 personas, lo cual indica tanto el restablecimiento de 35,540 puestos de trabajo como la tarea pendiente de restablecer 164,191 puestos de trabajo formal para alcanzar el nivel promedio anual registrado en 2017.
El problema político interno de abril de 2018, la reforma procíclica de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de 2019, la presencia de la pandemia mundial del Covid-19 en marzo de 2020 y los riesgos del cambio climático con los huracanes Eta e Iota que azotaron el Caribe Norte del país en noviembre de 2020, impactaron al mercado laboral con los aumentos del desempleo y el subempleo y con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
El dilema macroeconómico de más inflación y menos desempleo o de más desempleo y menos inflación se resuelve, en nuestro caso, con la estrategia de que la inversión pública en infraestructura económica y social es necesaria para reconstruir la economía nicaragüense y generar puestos de trabajo directos e indirectos. Ese sería el primer paso, aumentar la inversión pública, como se observa en este año, en las zonas más desfavorecidas y llamadas “multiplicadoras altas”, para atraer y multiplicar a la inversión privada. Cabe agregar que la política monetaria no tiene la munición suficiente para estimular la economía del país en el corto plazo.
Si continuara el mantenimiento de una austeridad fiscal, de una política fiscal muy restrictiva, tal como se notó con un déficit fiscal bastante cercano al 1% del PIB durante el trienio 2018-2020, y con un aumento en 2019 de la carga tributaria en casi 2 puntos porcentuales del PIB, hasta 17.5% del PIB, perjudicaría más a la economía y no se podría reducir la deuda pendiente con los desempleados y subempleados del país.
La disminución de la alta tasa de desempleo abierto y de desempleo equivalente relacionado con el subempleo, en otras palabras, la disminución de la tasa de subutilización de la fuerza laboral del país, será la señal de que estamos saliendo del hoyo económico en que hemos caído y de que las políticas públicas están reduciendo la pobreza de la población nicaragüense. Para ello, se necesita el activismo fiscal. Hay que evitar la desaceleración de la recuperación económica, pero para que sea vigorosa será necesario que una gran parte de la población esté vacunada contra el Covid-19 y que se resuelva el problema político nacional.