El necesario consenso político para recordobizar la economía

La excesiva dolarización extraoficial que padece la economía de nuestro país –los depósitos en dólares registrados en el sistema financiero nacional representaron el 66.1% de la liquidez global el 31 de diciembre de 2013- provoca efectos adversos sobre la política macroeconómica y la estabilidad financiera debido a (i) la reducción o pérdida de control de la política monetaria, ya que el córdoba sin el apellido “con mantenimiento de valor” apenas domina el 22% del mercado; (ii) la pérdida del control de la política cambiaria, también deteriorada con la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas al tipo de cambio que impide al Banco Central de Nicaragua (BCN) reducir el todavía alto índice de sobrevaluación del córdoba; (iii) la pérdida de señoriaje, o sea, la capacidad del Estado para obtener ingresos valiéndose de su derecho a crear dinero; (iv) una probable crisis de liquidez, porque el prestamista de última instancia, el BCN,  puede financiar en moneda nacional en el caso de las corridas bancarias, pero no puede proporcionar fondos ilimitados en dólares, por lo cual los depositantes en moneda extranjera son más propensos al pánico; y (v) un aumento del riesgo cambiario por los potenciales descalces en dólares, es decir, la razón financiera activos/pasivos en moneda extranjera en los balances generales de los bancos comerciales.

Por esos problemas, las autoridades han comenzado a pensar en el fortalecimiento de la confianza en el córdoba, que significa dejar de depender del dólar estadounidense en la economía nicaragüense. Es obvio que el Presidente de la República no está obligado a buscar un consenso sobre la recordobización, porque el córdoba, según nuestra ley, es la moneda de curso legal, pero sí está obligado a lograr el consenso político con los agentes económicos, productores y trabajadores, inversionistas y consumidores, sobre cómo hacer la recordobización con el fin de precisar una efectiva movilización social alrededor de este tema.

El Presidente de la República también debe saber que no puede recordobizar la economía nicaragüense con “decretos ejecutivos de aplicación general en materia administrativa” (Artículo 146 de nuestra Carta Magna), porque promovería una mayor informalidad del mercado local economía, y ésta ya es excesiva al registrar el nivel de 79.4% en el tercer trimestre de 2013. A nadie se debe obligar a devolver sus dólares ni a nadie se le debería congelar sus cuentas en dólares, porque la recordobización debe ser voluntaria, es decir, no se deberían poner límites a los depósitos y los préstamos en dólares, ni imponer más impuestos sobre la intermediación en dólares, mucho menos forzar la conversión de dólares a córdobas. En otras palabras, no debe alterarse la libre convertibilidad del córdoba, columna central de la política macroeconómica de nuestro país.

La credibilidad en el córdoba tomará mucho tiempo por su historia de pobre desempeño monetario, cuando registró la cuarta hiperinflación del mundo en el Siglo XX con una duración de cuatro años. Además, los nicaragüenses aún tenemos una corta memoria inflacionaria. Entonces, ¿cómo podrían las autoridades nacionales, especialmente el presidente del Banco Central de Nicaragua, estimular la confianza del público en el córdoba?

Los formuladores de la política macroeconómica gubernamental  deben tener en cuenta dos cosas: (1) los riesgos de la fuga de capitales que destruiría el aparato productivo, la desintermediación financiera y la inestabilidad del sistema financiero nacional; y (2) con la estabilidad macroeconómica, tienen que demostrar a los agentes económicos los efectos de la dolarización (i) sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal y real, (ii) la administración de la deuda pública interna que se alejaría de la denominación en moneda extranjera y (iii) las normas prudenciales que internalicen los riesgos de la hoja del balance general.

Con la política monetaria se puede lograr una efectiva administración de la liquidez por parte del BCN, que (i) haría más atractivo al córdoba al reducir la volatilidad las tasas de interés activas de corto plazo, que no son fijadas por el mercado; (ii) la emisión de bonos a mediano plazo del BCN, una referencia para las tasas de interés, puede mejorar las señales de la política monetaria y desarrollar una curva de rendimiento; y (iii) el desarrollo de un mercado de divisas, con un nivel adecuado de las reservas internacionales en poder del BCN, garantizaría el acceso fácil a las divisas y disminuiría la necesidad de mantener las divisas por motivos de precaución.

Con la política financiera se podría considerar (i) la imposición de requerimientos de reservas más altos sobre los depósitos en dólares y más bajos para los depósitos en córdobas; (ii) el cobro de una prima de riesgo más alta en los depósitos en dólares que participan en los sistemas de garantía de depósitos; y (iii) la ampliación de la base de reservas obligatorias a las instituciones financieras no bancarias que participan en la intermediación en dólares, tales como compañías de leasing, o para los acreedores sin cobertura. En este escenario, aparece el instrumento estatal del Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS) reformado recientemente.

Con la política cambiaria se introduciría una banda con un tipo de cambio más flexible de dos vías, que desalentaría la dolarización financiera, es decir, disminuiría la proporción de los depósitos en dólares con respecto al saldo total de los depósitos, 72.7% en diciembre de 2013, y la proporción de los préstamos en dólares con respecto al saldo total de la cartera de préstamos, 91.4% en esa misma fecha, lo cual conduciría al desarrollo del financiamiento de cobertura. De acuerdo con la evidencia empírica, en Nicaragua una creciente volatilidad del tipo de cambio disminuye más los depósitos en dólares que los préstamos en dólares.

Con la política fiscal se mantendría un bajo déficit presupuestario sin ningún artificio macroeconómico –como el registro del crédito petrolero venezolano en la deuda privada de Nicaragua-, que reduciría la necesidad de financiamiento externo y la dolarización de los pasivos del Gobierno. Al haber desaparecido la cláusula de mantenimiento de valor, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el BCN emitirían bonos en córdobas indexados a la tasa de inflación (esta indexación se eliminaría con sumo cuidado posteriormente), con lo cual se fortalecería la desdolarización del presupuesto nacional y se fomentaría el mercado para la emisión de bonos en córdobas.

La Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN) podría ofrecer oportunidades flexibles de inversión alternativa a los crecientes depósitos en dólares del público no bancario en el sistema financiero nacional, que ya rompieron la barrera de los 3 millardos de dólares en marzo de 2014 y, consecuentemente, apoyaría la demanda de instrumentos de largo plazo en córdobas.

Por supuesto que un paso previo a la implementación de las políticas de mercado para la recordobización de la economía es la eliminación de todos los mecanismos de indexación de precios en córdobas al tipo de cambio y, obviamente, se necesitará la construcción de la credibilidad monetaria a través de reformas institucionales y, principalmente, del fortalecimiento de la capacidad técnica y financiera del BCN.

Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un proceso de recordobización? En mi opinión, el Gobierno de Nicaragua, con su denominada desdolarización de la economía, pretende lograr tres objetivos de largo plazo: (i) restablecer una efectiva política monetaria, que sea coherente y ojalá que también sea independiente; (ii) restablecer una política cambiaria eficaz para reducir el grave déficit comercial externo que fue igual a 20.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013; y (iii) establecer las condiciones requeridas para emprender la reducción del índice de la sobrevaluación del córdoba en el largo plazo, que en 2013 registró el nivel de 20.9%, según la firma Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) dirigida por este servidor.

 

La economía y la ética

Nicaragua dista mucho de ser un país con una institucionalidad sólida y competente, a prueba de todo tipo de soborno y sin tolerancia a la corrupción legalizada. En el Siglo XVI, el fraile italiano Luca Paccioli, matemático italiano y conocido como Padre de la Contabilidad, afirmó que “no hay almuerzo gratis, siempre hay un debe y un haber”, un axioma real en el Siglo XXI.

Hoy las universidades no enseñan ética a los futuros profesionales de la economía, finanzas, administración de empresas, contadores públicos y técnicos de mercados, y esto se traduce en severos riesgos para las naciones. Ejemplos de esos riesgos en el plano internacional son la desregulación insana del sistema financiero con sus consecuencias catastróficas hasta este día, cuando aún el mundo no se ha levantado de la recesión mundial originada en Wall Street en septiembre de 2008; el gasto por bonificaciones descomunales a ejecutivos de instituciones financieras que vivían del oxígeno de los contribuyentes y que continúan oponiéndose a las reformas que se necesitan para evitar otro colapso; lo más reciente, Christine Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, dijo que las 85 personas más ricas del mundo controlan igual riqueza que la mitad más pobre del mundo.

Aquí en Nicaragua también hay muchos ejemplos de privilegios y favores financiados con los recursos de la población. 39 acusados del sector público y del sector privado por la Fiscalía General de la República por los desmanes valorados en casi 500 millones de dólares que cometieron en contra del presupuesto nacional por las liquidaciones de 4 bancos en 2000 y 2001, no han sido juzgados porque Eduardo Montealegre Rivas, el acusado No. 26 de esa lista, se escudó inapropiadamente en la inmunidad que le confiere su cargo de servidor público y, además, no ha sido desaforado por la Asamblea Nacional; su hermano, Álvaro Montealegre Rivas, emitió títulos valores ilícitos en el país y los defraudados desconocen si podrán recuperar sus inversiones financieras millonarias, mientras que el acusado goza de “casa por cárcel”; servidores públicos desconocen las sentencias de ineludible cumplimiento emitidas por la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el Procurador General de la República, Hernán Estrada, para no honrar una indemnización a un grupo de productores de café representados por los señores Buenaventura Gutiérrez Rizo y Norma Estela Rizo Gutiérrez; un puesto de cambio de divisas ubicado en el aeropuerto internacional, Global Exchange, reduce en 25% el margen del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio que ofrece al turista, sin que el comprador de córdobas sepa el valor del tipo de cambio oficial y el Banco Central de Nicaragua guarda silencio; y el más reciente ejemplo, el que vive el empresario Milton Arcia que reclama sus derechos sobre una propiedad que tenía en el Malecón de Managua. Agrego las 29 cartas que he escrito al Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, sin respuestas, para que la Asamblea Nacional inicie el proceso de desaforación de Eduardo Montealegre Rivas y responda a mi querella personal por sus graves injurias y calumnias escritas por él en contra de mi persona.

No es el mercado libre sino las licencias libertinas y perversas que destruyen el marco regulador del Estado, por lo que hay que recordar que la ética sí importa y, por consiguiente, hay que hacer valer que junto a la Mano Invisible del Mercado debe estar la Mano Visible del Estado. Es por esto que los nicaragüenses debemos actuar y proponer, porque no hay que separar a la economía de la ética. El cambio nunca viene solo, por lo cual hay que demandar a las universidades que las enseñen a fondo, aunque hayan eliminado el año de estudios básicos, porque en la vida hay mucho más que los cálculos de costo-beneficio que la teoría económica estrechamente enseña en la formulación y evaluación de proyectos. Los profesionales de las ciencias económicas, de acuerdo con sus análisis de costos y beneficios, escogen la opción que genere la mayor utilidad,  pero no reflexionan si la opción es o no es correcta, si es buena o es mala, si fortalece o deteriora la dignidad de las personas.

En Nicaragua se necesitan políticos y funcionarios públicos honestos que antepongan el bien colectivo al provecho propio, que con sus servicios políticos armonicen la economía y la moral. Reitero el ejemplo que está a la cabeza de todos, como es el de Eduardo Montealegre Rivas: Si los diputados de la Asamblea Nacional fuesen electos uninominalmente y no por “plancha” con el dedo del caudillo de la organización partidaria, él no sería un presunto delincuente como lo es hoy gracias a su abuso de la inmunidad, sino que sería un delincuente o un inocente, y diría, con bastante probabilidad, que él no estaría ocupando un escaño. No es posible que un cargo público esté ocupado por un impune evidente en escándalos morales y financieros, por un violador de los derechos humanos.

Adam Smith, el pensador escocés fundador de la Economía, fue un humanista, nunca un soberbio, y creo que no compartiría los ejemplos internacionales y nacionales obscenos referidos anteriormente. La economía y la ética no dejarían hacer ni dejarían pasar la perpetración, la perpetuación y la legitimación de posiciones de privilegio. No sólo en el plano internacional, con la caída de la banca de inversión de Wall Street, sino también en el plano nacional, con la caída de cuatro pequeños bancos comerciales de Nicaragua, el gobierno estuvo presto para socorrer a los operadores financieros y, desafortunadamente hasta esta fecha, se ha privilegiado el beneficio privado en detrimento de la confianza y el interés público.

En Nicaragua importa la relevancia de la desigualdad, la pobreza, el bajo nivel de escolaridad, el subempleo, el mercado informal, la manipulación del mercado financiero local, la manipulación en la formación de precios, el respeto a las leyes, la institucionalidad, los abusos del poder, y en todos estos temas la ética es muy importante. ¿No le parece, señor político?

Aún sin posibilidad de reducir el riesgo de la deuda soberana

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, en mi opinión el mejor economista con experiencia profesional que se encuentra actualmente en las filas gubernamentales, dijo recientemente en un encuentro con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) que el BCN aspira a que “Moody’s suba por lo menos un escalón o dos escalones” en la calificación de riesgo país”, o sea que se disminuya el alto riesgo de una calidad estable de crédito calificado en general “pobre”, para que Nicaragua pueda atraer más inversión fija (construcción y adquisición de maquinaria y equipo) y más inversión financiera (para financiar el déficit fiscal o la futura inversión pública).

Pero como economista, el colega Ovidio Reyes, que recién estrena un alto cargo del sector público y ha dejado de ser un asesor en finanzas públicas, no debe precipitarse ni adelantarse demasiado a los hechos, como le ocurrió recientemente con el tema de la desdolarización de la economía. En otras palabras, no debe generar expectativas entre los agentes económicos que no es posible concretarlas en el corto plazo.

Creo que Nicaragua aún no tiene capacidad de pago en el mercado financiero internacional para colocar deuda soberana sin ningún elemento de concesionalidad, es decir, bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) por un monto anual de 500 millones dólares, cifra dicha por el colega Reyes que es muy cercana al crédito petrolero promedio anual de 553 millones de dólares en los últimos cuatro años que nos ha facilitado Venezuela.

¿Cuáles son las razones por la que nuestro país aún no tiene capacidad de pago en la arena financiera internacional?

Comencemos primero por la variable más importante, la posición de las reservas internacionales oficiales del BCN. Al 31 de mayo recién pasado, el saldo de las reservas internacionales brutas era de 2 mil 76 millones de dólares, que garantizan la estabilidad macroeconómica al ser equivalentes a 2.63 veces el saldo de la base monetaria y a 4.2 meses de importaciones de bienes CIF esperadas en este año. Sin embargo, de ese monto 144 millones son “intocables” porque corresponden a préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI), destinados exclusivamente a fortalecer, yo diría aparentar, una buena posición de reservas; otros 523 millones de dólares corresponden al encaje sobre los depósitos en moneda extranjera del público no bancario en el sistema financiero nacional, que podrían ser “tocables” a menos que los banqueros radicados en el país realicen inversiones financieras en el BCN; y otros 123 millones de dólares pertenecen al Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE) en moneda extranjera que, por supuesto, ya estarían invertidos para que no sean reservas ociosas. Así, el sector público sólo tiene reservas propias (las llamadas RINAs, o sea, netas ajustadas) de 1 mil 286 millones de dólares, pero éstas tienen como principal origen la cooperación internacional para la ejecución de proyectos y programas de dicho sector y no pueden ser utilizadas para otros fines.

Otra razón que obstaculiza la colocación de deuda soberana nicaragüense son las pérdidas del BCN, que se explican exclusivamente con el pago de intereses y de mantenimiento de valor de las letras y títulos de deuda interna que emite para garantizar una presión inflacionaria baja y estable. Desde 1993 hasta 2013, las pérdidas del BCN suman 773 millones de dólares, a ser pagadas con nuestros impuestos para recapitalizar a la autoridad monetaria. Por supuesto, la quiebra técnica financiera del BCN no es responsabilidad de la actual administración pública, sino del abogado Noel Ramírez con su festival de bonos que emitió cuando dirigió al banco y le provocó pérdidas por 277 millones de dólares, sin incluir los daños provocados al presupuesto nacional por las liquidaciones bancarias que él dirigió en el bienio 2000-2001.

Una tercera razón es el déficit fiscal, que de acuerdo a cifras oficiales fue igual a 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013; Como reafirmaría el colega Ovidio Reyes, ese déficit es una muestra que Nicaragua tiene un presupuesto nacional casi equilibrado, una afirmación muy difícil de entender en un país con el 77% de su población que tiene ingresos sólo para sobrevivir. No hay que olvidar que, con el aval del FMI, el crédito de Venezuela, excluyendo la inversión extranjera directa de dicho país, que suma 2 mil 967 millones de dólares en el período 1997-2013, se registró como una deuda privada externa, a sabiendas que el petróleo es un bien público. Si esta deuda se contabilizara como una deuda pública externa, el déficit fiscal en 2013 sería igual a 6% del PIB, lo cual nos obligaría a tener un programa “sombra” con el FMI, es decir, sin ayuda financiera multilateral en divisas líquidas de libre disponibilidad, como es la situación actual del país por la decisión gubernamental de no suscribir el quinto programa económico trienal con el policía financiero internacional.

Una cuarta razón, que es la más grave de todas, es que en 2013 el déficit comercial externo de Nicaragua fue de 2 mil 280 millones de dólares e igual a 21% del PIB, explicado en gran parte por el índice de sobrevaluación de 20% del córdoba en 2013, estimado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma que este servidor dirige. Esto empujó a que Nicaragua se endeudara en términos netos en un monto de 1 mil 280 millones de dólares el año pasado, además de recibir 1 mil 78 millones de dólares en remesas familiares.

También se observan, no tan al margen, dos series macroeconómicas que demuestran los persistentes rasgos de vulnerabilidad e insostenibilidad de la deuda pública de Nicaragua y que obstaculizan escalar en la clasificación de la deuda soberana que realiza Moody´s Investor: el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública interna y externa representa el 36% de los ingresos tributarios, y el saldo de la deuda pública interna y externa, incluyendo el crédito de Venezuela, es igual a 76% del PIB, lo que nos lleva de nuevo, ahora como país de ingreso medio bajo, a la posición de un país severamente endeudado.Cabe señalar que el 35% de la deuda pública externa, aproximadamente 1 mil 600 millones de dólares, está pendiente de reestructuración con varios países que no son miembros del Club de Paris en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). En otras palabras, Nicaragua aún no se ha graduado en este proceso de condonación de la deuda externa.

Dos sugerencias para nuestros servidores públicos para que Nicaragua pueda aspirar a una mejor posición en el escalafón de las casas calificadoras de riesgo internacional: (i) aumentar la producción basada en una mayor productividad –porque apenas tiene un ingreso bruto anual promedio per cápita de 1 mil 780 dólares- y en una mayor formalidad del mercado laboral –el 76% de las empresas no tiene registros contables-, temas que ahora preocupan a los participantes en el diálogo gobierno-productores-trabajadores, y (ii) que el ministro del MHCP, Iván Acosta Montalván, quien tiene muchas hora de vuelo al exterior, dé inicio a la tarea institucional de reducir el tamaño de la “economía sombra” y, por ende, disminuir y sancionar la evasión en el pago del impuesto sobre la renta (IR) prometida por el gobierno con la Ley de Concertación Tributaria, que en 2010 fue equivalente, según cifras oficiales, a 375 millones de dólares, 46.4% del monto potencial del IR y 5.1% del PIB de ese año.

Según el análisis de riesgo-país de Nicaragua elaborado por COPADES para 2014, en nuestro país se han minimizado los riesgos económicos y financieros, con ciertos artificios macroeconómicos señalados anteriormente, pero el riesgo político, que ha disminuido de alto a moderado, hoy corre el riesgo de acrecentarse por la ausencia de una verdadera, efectiva y constructiva oposición política que ayuda a explicar holgadamente el creciente autoritarismo del partido político en el poder. También habría que trabajar para que Nicaragua muestre una mejor gobernabilidad al resto del mundo.

Carta 29 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Ing. René Núñez Téllez

5 de junio de 2014

Ingeniero

Santos René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Santos René Núñez Téllez:

Vuelvo a escribirle con el objetivo de que la Honorable Asamblea Nacional de Nicaragua dé cumplimiento a las solicitudes de dos jueces locales de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda y Lic. Henry Morales Olivares, para iniciar la desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas, a quien querellé por sus graves injurias y calumnias contra mi persona, porque se ha mantenido al margen de la justicia nicaragüense desde agosto de 2008.

Las dos solicitudes antes mencionadas se encuentran en la Agenda del Poder del Estado que usted preside, pero aún no se observa la voluntad política de la Junta Directiva para incorporarlas en el Orden del Día y poder facilitar mi derecho humano de tener acceso a la Justicia, defenderme y demostrar la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre Rivas.

Con la seguridad que usted leerá esta vigésima novena carta, le reitero mi solicitud ciudadana que la Asamblea Nacional respete los preceptos contenidos en los Artículos 5 y 26 de nuestra Constitución Política.

Atentamente,

 Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

cc:          Iris Marina Montenegro Blandón, Primera Vicepresidenta.

María Eugenia Sequeira Balladares, Segunda Vicepresidenta.

Gladys de los Ángeles Báez, TerceraVicepresidenta.

Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria.

Loria Raquel Dixon Brautigam, Segunda Secretaria.

Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Tercer Secretario.

Archivo.

En la búsqueda de la democracia verdadera

Ya es muy usual en nuestro país escuchar a representantes de partidos políticos opositores del Gobierno que en Nicaragua existe dictadura. Creo que están equivocados, porque los nicaragüenses no hemos olvidado los estragos de 40 años de dictadura de Somoza.

Desde el ámbito económico y social, lo que observo en el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra es un autoritarismo creciente, el cual puede explicarse en gran parte por la erosión y el deterioro que sufren los partidos de oposición política, que además de oponerse al Gobierno se oponen entre ellos mismos por mantener privilegios y réditos extraordinarios.

Sin partidos políticos sólidos, el proceso democrático se vuelve inevitablemente disfuncional. Por ejemplo, nuestra Nación desconoce el número de miembros de esos partidos políticos fragmentados, tales como el Partido Liberal Independiente (PLI), conocido como la segunda fuerza política del país porque con sus aliados tiene 24 diputados en la Asamblea Nacional, mientras que el Partido Liberal Constitucionalista cuenta apenas con 2 diputados –y hay 2 diputados más que dejaron las filas de la Bancada Democrática Nicaragüense y 1 diputado que dejó recientemente la bancada del FSLN que no pertenecen a ninguna bancada-. Esos 26 diputados frente a 61 de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no tienen capacidad de negociación política en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

El insuficiente crecimiento económico, el creciente subempleo y la persistente desigualdad de la distribución del ingreso son, en parte, reflejos de la calidad y de la fragmentación de los partidos políticos opositores, que hasta hoy han mostrado no sólo la incapacidad de elaborar un programa político alternativo al del FSLN, sino también la incapacidad de proponer, legislar y aprobar políticas públicas para contribuir a mejorar el nivel de vida de la población nicaragüense, ya no digo para alcanzar un óptimo social.

Tal es la falta de visión nacional de estos partidos políticos de oposición, que están convencidos de que si la situación económica del país se deteriora ellos obtendrían automáticamente un mayor capital político, es decir, una mayor probabilidad de llegar al poder. Parecen ignorar que si el barco nacional se hundiera, ellos también quedarían bajo el agua, aunque fuesen los primeros saltarines en buscar  tierra firme.

Ante este déficit de representación política del país, tomaron fuerza y presencia las organizaciones de la sociedad civil, que son necesarias para el desarrollo de la democracia aunque criticadas por algunos políticos debido a su creciente actividad. Siempre los políticos nicaragüenses se han ufanado de ser “superiores” frente a los ciudadanos y, además, “intocables” aunque se pongan al margen de la ley sólo porque ocupan puestos de poder y gozan de inmunidad, gracias al dedo del caudillo que sustituye a la decisión ciudadana de llevarlos a un curul. Por esta conducta, practican perennemente el adagio popular que dice “hoy por ti, mañana por mí”.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil parecen que están divididas no sólo por su heterogeneidad que les impide su transformación en una organización  plural y democrática, una habilidad que tienen los partidos políticos, que al estar atomizadas y dispersas no tienen un liderazgo natural que pueda aglutinarlas –se repite el problema de los partidos políticos- y son cuidadosas de no exponer públicamente sus luchas intestinas.

Será bastante difícil que los partidos políticos salgan de su agonía para que la democracia funcione. Incluso, aquéllos que ya perdieron su personería jurídica en las elecciones nacionales de 2001 todavía están vivos. Esa agonía no sólo se explica con sus pesadas cargas de la vieja política –el dedo del caudillo en vez del voto popular-, con sus resentimientos de hace más de tres décadas –sandinistas y no sandinistas- con la corrupción pública –los perjuicios al Estado y la Sociedad Nicaragüense, el tráfico de influencias, los fraudes y los delitos a la economía nacional-, y con la violación de los derechos humanos –bastante cuestionados por las personas y por la Nación-.

Esa agonía también se explica con el papel jugado por la Alianza del FSLN: (i) la calidad de su política social –en salud, educación y bienestar social- combinada con la permanente política económica neoliberal –contracción monetaria, presupuesto nacional equilibrado y aumento de reservas internacionales-, una mezcla rara que pondera la intervención estatal y las políticas de mercado, que reduce la confrontación Estado-Mercado aunque el Consenso de Washington ya fue sepultado en la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20) en Seúl, noviembre de 2010; (ii) su postura ante la penalización del aborto y su mayor tolerancia a los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua; (iii) su relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, que continúa siendo el principal socio comercial de Nicaragua y donde se origina gran parte de los flujos de remesas e inversión extranjera directa; y (iv) su relación incuestionable con el Ejército Nacional, que no supone ninguna amenaza para la estabilidad democrática de Nicaragua.

En Nicaragua necesitamos una nueva generación de políticos que privilegie la confianza y el interés público sobre cualquier interés personal, aunque éste no sea mezquino. Los políticos nicaragüenses de hoy son los mismos de ayer y de antier, que han hecho de la política su modus vivendum e impiden el arribo de una nueva generación de políticos jóvenes. «La política – dice el Papa Francisco -, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común» y ruega al Señor “que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres”.

Los Obispos de Nicaragua han propuesto con toda validez un diálogo transparente entre el Gobierno, los partidos de oposición y la sociedad civil para concretar un nuevo pacto social, pero ¿podría dialogar el Gobierno con una oposición política que prácticamente no existe o con organizaciones de la sociedad civil que se manifiestan aisladamente sin fortalecer la protesta social cívica ni emular a Los Indignados?

El Gobierno, sin ningún ápice de autoritarismo, debería facilitar el proceso natural de una nueva generación de políticos. El FSLN facilitó el surgimiento de la democracia en 1990, con la aceptación de su pérdida electoral, pero se ha estancado por las razones arriba mencionadas. Ahora tiene la oportunidad histórica de fortalecer la democracia y las instituciones públicas, que tanto hacen falta para resolver los problemas que enfrenta el desarrollo socioeconómico del país. Pero lo debe hacer junto a una oposición política real y constructiva, con el objetivo de que los políticos conduzcan a los nicaragüenses a un estadio superior de desarrollo.