Nicaragua frente al “precipicio fiscal” estadounidense

30 12 2012

Presentación1

En esta semana se ha observado mucha intransigencia entre los demócratas y los republicanos estadounidenses para resolver el problema del presupuesto federal, lo que provoca una gran incertidumbre sobre la economía de Estados Unidos.

El principal escollo sigue siendo el umbral de ingresos anuales por encima del cual se acabarán las exenciones impositivas aprobadas en el mandato de George W. Bush y que los demócratas quieren situar en los 250 mil dólares. John Boehner, líder republicano en la Cámara Baja, quiso la semana pasada ofrecer un plan con un umbral situado en 1 millón de dólares, pero no contó con el apoyo de facciones del partido conservador que no acceden a una subida de impuestos para reducir el déficit.

La pregunta crucial es si podrá el presidente Barack Obama cerrar la brecha fiscal con o sin el respaldo del Congreso y del Senado de Estados Unidos.

Sin ese respaldo, al comenzar el año de 2013 aumentaría los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital, los dividendos y el patrimonio a los niveles de finales de la década de los noventa del siglo pasado. Además, gran parte de las agencias federales, incluyendo el Pentágono, tendría masivos recortes en el gasto público.

El “precipicio fiscal” significa el fin de las prestaciones al desempleo para 2 millones de personas y el aumento automático de los impuestos de 700 mil millones de dólares a partir del 1 de enero de 2013, porque en esa fecha llegan a su fin los recortes de impuestos aprobados por el gobierno de George W. Bush, por lo que millones de familias verían reducidos sus ingresos automáticamente.

Millones de parejas casadas y que hagan una declaración de impuestos conjunta pagarán más impuestos sobre su renta, y se eliminarán varias exenciones a pequeñas y medianas empresas. Las familias norteamericanas con ingresos anuales entre 40 mil y 68 mil dólares podrían pagar 2 mil dólares más al año, según un informe del Tax Policy Center.

La economía de Nicaragua está expuesta a sufrir una caída a causa de que la economía estadounidense caiga, en una espiral descendente en el “precipicio fiscal” a partir del 1 de enero de 2013. El coeficiente de correlación del Producto Interno Bruto (PIB) Real de Nicaragua y el PIB Real de Estados Unidos es de 0.98, o sea el índice que mide la relación lineal entre ambas variables aleatorias cuantitativas es cercana a la unidad, lo cual indica una relación directa entre las dos variables: cuando una de ellas aumenta (el PIB Real de Estados Unidos), la otra también lo hace en proporción constante (el PIB Real de Nicaragua).

Cabe recordar que por la crisis mundial que surgió desde Wall Street en 2008 Nicaragua observó en 2009 una caída de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) Real que sumó 8 mil millones de dólares, perdió 31 mil empleos y 40 mil personas fueron llevadas a los juzgados por incumplir los pagos de las tarjetas de crédito para consumo.

Si el PIB Real de Estados Unidos cae un 1%, el PIB Real de Nicaragua caería 0.77% y, además, el flujo de remesas hacia Nicaragua disminuiría 0.64%, es decir en un monto de, al menos, 55 millones de dólares.

Si el PIB Real de Nicaragua cae 0.77%, la tasa de desempleo abierto aumentaría 1.2%; en otras palabras, el número de puestos de trabajo perdidos ascendería a 34,700; además, los ingresos tributarios disminuirían 0.98% y, si las autoridades no ajustaran el gasto gubernamental, en ese mismo porcentaje se expandiría el déficit fiscal.

La tarea de superar el “precipicio fiscal” muy probablemente será del nuevo Congreso, que podría reducir algunos impuestos y aumentar el techo de la deuda pública. Sin embargo, el verdadero golpe llegará con la política de ajuste presupuestario. En el terreno social, la principal batalla que le espera al presidente Barack Obama será la exigencia de la oposición republicana de recortar su programa de atención de salud universal. Además, de acuerdo con datos oficiales, la población de Estados Unidos superará los 315 millones de habitantes en 2013 y entre nacimientos, decesos e inmigrantes, la población aumenta al ritmo de un habitante cada 17 segundos.

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Los Personajes de Nicaragua de 2012 por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES)

26 12 2012

Presentación2

Porque han contribuido al bienestar y el progreso de la nación.

Hombres y mujeres cuya agenda es el servicio a los demás. 

Mujer del Año: Aminta Granera Sacasa, directora general de la Policía Nacional de Nicaragua, por su elección de presidenta de la Comisión de Jefes y Jefas, Directores y Directoras de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia, durante la XIX reunión ordinaria del organismo celebrada en Ciudad Panamá, un reconocimiento a los esfuerzos en el combate al crimen organizado y a la delincuencia común que libra Nicaragua de forma exitosa con su modelo de policía proactiva, preventiva y comunitaria.

Hombre del Año: Carlos Argüello Gómez, embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por su loable labor en el juicio limítrofe entre Nicaragua y Colombia.

Político del Año: Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua, por su holgura política con una oposición sin liderazgo ni dirección, su posición de estadista frente al conflicto territorial de Nicaragua con Colombia y Costa Rica, y su responsabilidad ejecutiva de haber minimizado los riesgos económicos y financieros del país.

Funcionario Público del Año: Iván Acosta Montalván, ministro de Hacienda y Crédito Público, por su acertado  profesionalismo en el discurso técnico-político sobre la política fiscal del país.

Líder Empresarial del Año: José Adán Aguerri Chamorro, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), por su destacada coordinación en la búsqueda del consenso de la Ley de Concertación Tributaria.

Empresaria del Año: Amalia Barrios Velásquez, gerente general del Banco Citibank de Nicaragua, por haber mantenido al Citi como el líder en calidad bancaria de Nicaragua, de acuerdo con el Ranking de la Banca Comercial de Nicaragua elaborado trimestralmente por COPADES.

Empresario del Año: Mauricio Zacarías Batres, productor de maní, gerente general de Desarrollo de Occidente, S.A. (DEOSA), directivo de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), por su excelente gestión para el  aumento del volumen de producción y exportación de maní.

Director Ejecutivo Empresarial: Mario Amador Rivas, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN) y presidente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), por los importantes aumentos del valor agregado de la industria manufacturera en general y del alto nivel de producción de azúcar de caña en particular.

○○○

Actividad Económica del Año: El azúcar de caña, por el crecimiento vigoroso de sus volúmenes de producción y exportación, resultante del aumento de rendimiento de la caña de azúcar.

Empresa del Año: El Puesto de Bolsa Inversiones de Centroamérica S.A. (INVERCASA), por su tenacidad en transformar la Bolsa de Valores en un instrumento para el crecimiento y el desarrollo económico del país, con el establecimiento del Fondos de Inversión Financieros (FIF) y Fondos de Inversión Inmobiliarios (FII).





Pensamientos económicos encontrados

25 12 2012

Presentación1

Muy interesante porque invita al debate, así es el artículo “La reforma tributaria es más de lo mismo y el desarrollo sostenible, un reto nunca asumido en nuestra historia” que aparece en la Revista Envío y recoge las observaciones de uno de mis colegas más respetados, el economista José Luis Medal, quien fue mi profesor de Principios de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y con quien siempre me ha agradado conversar estos tópicos económicos porque practicamos la teoría de escuelas diferentes: él, la neoliberal; yo, la keynesiana. Le respeto no sólo por haber sido uno de mis profesores de economía, sino también por la claridad de sus pensamientos y su tenacidad en demostrar que la política fondomonetarista es la que más conviene a Nicaragua.

Coincido con el profesor Medal en que el consenso tributario se llevó a cabo con un gran secretismo, yo diría que se trató de ocultarlo inútilmente a la nación porque los resultados de la negociación tributaria de los servidores públicos, Ovidio Reyes en la mesa técnica y Bayardo Arce en la mesa política, no sólo con los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) sino también con los representantes de Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME) y de los sindicatos, de izquierda y de derecha, tan pronto eran alcanzados se conocían fluidamente a través de mensajes, incluso masivos, por internet y en algunos medios de comunicación escritos.

Supe que los resultados parciales de la reforma tributaria llegaron hasta manos de un entrevistador de un programa televisivo matutino, que no pudo comentarlos por el burlado “secretismo”. Es de todos conocidos que los impuestos pertenecen a los contribuyentes y no son propiedad de las autoridades gubernamentales que los administran, por lo cual comparto la primera lección del colega Medal, que apunta claramente a una mayor transparencia de una política sobre los recursos que son del pueblo.

Sin embargo, discrepo con el profesor y colega cuando afirma que los legisladores “no jugaron más que un papel formal en este proceso” y que la rapidez de la aprobación de la Ley de Concertación Tributaria (LCT) “evidencia el carácter corporativista de nuestro sistema político”, por el consenso entre el gobierno y la élite empresarial.  Reitero que el consenso sobre la nueva ley tributaria no fue una exclusividad de dos partes sino de varias partes y, además, las funciones de la mal llamada oposición política que ocupa 28 curules en la Asamblea Nacional han sido y son de mutuo rechazo al gobierno al intentar demostrar, pero sin convencer, que al atrincherarse tiene poderío, a sabiendas que entre ellos mismos no se entienden. Ojalá, profesor Medal, que en la competitividad partidaria prevalezca algún día el factor propositivo y se hagan sentir los músculos de la razón, de la rectitud y de la estrategia.

No se puede también exigir correr cuando se gatea. Los economistas debemos tener en cuenta la madurez institucional de la administración tributaria cuando se escucha la crítica académica contra el sistema cedular del impuesto a la renta y sustituirlo de inmediato con el sistema de renta global, tal como lo recomiendan para Nicaragua el profesor Medal y, desde hace años, el especialista argentino Juan Carlos Gómez Sabaini.

Es obvio que la reforma tributaria fortaleció la territorialidad del impuesto sobre la renta (IR), es decir, que el IR se aplicará a las rentas que se originan en nuestro territorio o provengan de sus vínculos con el exterior –ya sean del trabajo, de las actividades económicas y del capital-, pero Nicaragua aún no ha suscrito el intercambio de información tributaria con otro país, mucho menos que haya aprobado algún convenio para evitar la doble tributación. Sería conveniente que el Poder Ejecutivo proponga al Poder Legislativo la formalización de esos convenios, además de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) capacite a los cobradores de impuestos para que puedan ejercer esta nueva tarea.

Es tal la magnitud de la poca capacidad administrativa de los cobradores de impuestos, que la supervisión de los precios de transferencia, que el profesor Medal la califica como positiva, se implementará a partir de 2016. En otras palabras, la administración tributaria no está preparada para supervisar los precios que pactan dos empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial (una residente –la filial- con otra no residente –la matriz-) o a una misma persona (residente con la zona franca establecida en el país) para distribuirse utilidades entre ambas empresas, bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de forma tal que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos gravables. Y es sobre esto en que recaerá la supervisión tributaria, con el fin de evitar la evasión en el pago del IR.

Comparto la crítica de mi colega que las exoneraciones y exenciones tributarias han quedado intactas para los próximos dos años, por lo cual, en mi opinión, se retrasó la reducción de la tasa máxima del IR del 30% tanto para las rentas del trabajo como la también única para las actividades empresariales, desaprovechándose, así, una mayor atracción inversionista y un potencial mayor crecimiento económico en momentos de una desaceleración económica mundial. Era preferible haber armonizado la tasa tributaria sobre utilidades brutas con la de los países centroamericanos que oscila alrededor del 25%, mientras que en nuestro país se gravan con el 30% y en Guatemala con el 31%.

Sin embargo, invito al profesor Medal a que reconozca que las empresas establecidas en nuestro país en el régimen de zona franca, de acuerdo con los convenios de la Organización Mundial de Comercio (OMC) no se les puede gravar con impuestos sencillamente porque nuestro Producto Nacional Bruto (PNB) por habitante aún no ha arribado a los 1 mil dólares de 1990, mucho menos que se PNB per cápita se haya mantenido por tres años consecutivos, ya que en 2011 es apenas de 531 dólares de 1990 tomando en cuenta el nuevo sistema de cuentas nacionales recién estrenado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Fue por esto que el gobierno no gravó a las empresas de zona franca, aunque intentó hacerlo, como lo sugiere mi amigo y colega, cuando los servidores públicos presentaron la Propuesta de Concertación Tributaria en el auditorio del BCN en julio de este año. Y no es que se exoneran porque dan trabajo a 100 mil personas como dijera el profesor Medal, aunque las estadísticas oficiales arrojan un volumen de empleo promedio mensual de 100 mil 802 personas en el período enero-octubre de este año.

Una medida tributaria genera simultáneamente su aceptación y rechazo, dependiendo del agente económico que hable y reconociendo que en cualquier negociación cualquiera de las partes debe ceder para obtener algo. Debemos también aceptar los siguientes hechos de nuestro sistema tributario: (i) sin las bolsas agropecuarias el mercado agropecuario sería más informal de lo que es, aunque Daniel Artana, especialista tributario argentino, haya afirmado que es absurdo cobrar el IR según el canal de comercialización que se use; (ii) la tasa de retención definitiva de 10% sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital recae sobre el monto bruto, pero si esas rentas atribuibles al capital fuesen mayores al equivalente del 40% de la renta gravable de las actividades económicas se tendrían que integrar a estas últimas y, como lo sabe el profesor Medal, si fuese así estarían a buen recaudo al estar muy bien escudadas tributariamente del 30% flat que recaería sobre ellas;

La Ley de Concertación Tributaria (LCT) es más equitativa que la Ley de Equidad Fiscal (LEF) porque se observan algunos avances con: (i) la tabla progresiva del impuesto sobre la renta de las micros, pequeñas y medianas empresas; (ii) la tasa definitiva de 17% de los gastos pagados o acreditados por un contribuyente residente o un establecimiento permanente de una entidad no residente, a una persona o entidad residente en un paraíso fiscal; y (iii) la ampliación del monto de las ventas del régimen de cuota fija y la futura depuración de las filas de estos contribuyentes con la identificación de aquéllos que deberían estar pagando el IR de las actividades económicas. Pero la tan ansiada equidad tributaria también se vio obstaculizada cuando los legisladores desecharon la retención del 15% sobre una renta presuntiva de aquellos profesionales que evaden el pago del IR del trabajo.

Bien, pero esta reforma tributaria no será la última y ojalá se cumpla, estimado profesor Medal, la promesa del asesor económico y financiero presidencial, Bayardo Arce, que en 2013 se reformará el gasto público. Comparto con el colega economista que es necesario reducir las distorsiones del gasto público y creo que el podrá compartir mi opinión que es necesario reducir el consumo público y aumentar la inversión pública, no sólo para estimular un mayor crecimiento económico sostenible en el corto plazo sino también para  poder honrar el pago de la deuda pública externa en el largo plazo.

Me llamó mucho la atención, ojalá no me equivoque, que el amigo y colega escribió sus tesis económicas combinadas con tesis políticas de izquierda –por supuesto tiene el derecho de hacerlo-, pero también dejó a entrever que es un defensor a ultranza de las políticas fondomonetaristas que se formulan con pensamientos políticos de ultraderecha –también tiene el derecho de pertenecer a una escuela del pensamiento económico-.  No obstante es un gran gusto debatir hipótesis y tesis económicas con el distinguido economista José Luis Medal.





La visión de COPADES sobre la economía de Nicaragua en 2013

19 12 2012

Presentación1

Los principales riesgos que tendrá la economía nicaragüense en 2013 serán los de una caída de los precios internacionales de las materias primas debido a su menor demanda internacional, una contracción del flujo de inversión extranjera directa y un menor respaldo presupuestario con recursos de la cooperación internacional, todo provocado por la desaceleración del crecimiento económico mundial. En este escenario económico internacional, se observan la recesión económica de la Eurozona, el lentísimo crecimiento de la economía de Estados Unidos, la deflación persistente en Japón, y la desaceleración de las economías emergentes, principalmente de China y Brasil.

Aunque Nicaragua suscriba el quinto programa económico trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2013, lo cual le garantizará desembolsar US$45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyo presupuestario y al menos US$20 millones del FMI para apoyo a la balanza de pagos, pronostico la continuación de la desaceleración de la tasa de crecimiento del PIB Real observada desde este año, 4.4%, hasta el nivel de 3.4% en 2013.

Desde el lado de la oferta, la producción tiende a aumentar en las actividades de la construcción y minería, seguidas de las actividades energía eléctrica y agua potable, agropecuarias, industria manufacturera y comercio que reflejan tasas de crecimiento desaceleradas. Por el lado de la demanda, el crecimiento económico estará fundamentado en las inversiones y las exportaciones. El nivel de la tasa de desempleo abierto es de 11.8% de la población económicamente activa, la cual aunada a la tasa de desempleo equivalente asociada con el subempleo indican un tasa de desocupación global de 24.1% de la población económicamente activa. En otras palabras, 780 mil personas no podrán generar ingresos el próximo año.

En el ámbito del sector externo, el total del valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB y del valor agregado de la maquila disminuirá US$54 millones hasta US$3,168 millones, con una expectativa de caída de 2% en el nivel de precios de las exportaciones y de un leve aumento de 4% en el volumen total exportado; por su parte, el valor de las importaciones CIF oscilará alrededor de US$5,561 millones y refleja un aumento de US$173 millones con respecto a valor observado en 2012. Asé, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos aumenta a US$966 millones y es igual a casi el 10% del PIB, tomando en cuenta que las remesas familiares asciendan a US$1,036 millones si la economía estadounidense crece a lo sumo 2.1% el próximo año.

El financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se logrará con un flujo de cooperación externa destinada al sector público, que tiende a incrementarse por la aprobación del quinto programa económico trienal con el FMI, de US$476 millones, mientras que el pago anual de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa se pronostica en US$122 millones; además se estima una asistencia financiera venezolana, registrada como deuda privada externa, del orden de US$590 millones que probablemente no sufrirá cambios importantes, mientras que el flujo de inversión extranjera directa se mantenga óptimamente en niveles cercanos a un millardo de dólares. El saldo de las reservas internacionales brutas tiende a disminuir US$126 millones hasta US$1,813 millones, que es equivalente a 3.9 meses de importaciones de bienes CIF (superior a los 3.8 meses acordados preliminarmente con el FMI) y 2.02 veces la base monetaria, que es inferior en 0.2 veces a la condicionalidad establecida con el FMI.

En el sector fiscal, con los efectos de la reforma tributaria a ser implementada a partir del 1 de enero de 2013 –entre los cuales se distinguen un aumento de apenas 1 décima porcentual del PIB en la carga tributaria del gobierno central y una aceleración adicional de 4 décimas porcentuales de la tasa de inflación acumulada anual, porque dará inicio el proceso de una de una mayor regresividad del sistema tributario que culminará en 2019 con una levísima expansión de la base de contribuyentes-, se prevé que los ingresos gubernamentales tiendan a crecer hasta el 18.2% del PIB y los gastos gubernamentales se mantengan en el nivel 18.0% del PIB. Así, el superávit fiscal, antes del registro de las donaciones externas, es de 0.2% del PIB, robusteciéndose un presupuesto nacional equilibrado que acusó un déficit fiscal de apenas 0.2% del PIB en 2012.

En relación con el mercado monetario, se prevé una caída anual de US$83 millones hasta US$925 millones en el saldo de las reservas internacionales netas “ajustadas” (RINAS) o propias del Banco central de Nicaragua (BCN). El medio circulante (M1) desacelerará su tasa de crecimiento hasta 10.0% y la relación Dinero/PIB (M1/PIB) será de un dígito, o sea 9.3% del PIB. El otro objetivo de la política monetaria es el de mantener la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial en 5%, por lo cual el tipo de cambio oficial nominal será de C$25.33 por US$1.00 al 31 de diciembre de 2013, mientras que en término promedio anual registrará el nivel de C$24.72.

En consecuencia, junto a un perfil del precio promedio anual de un barril de petróleo WTI de US$93.7 en 2013, la perspectiva de la tasa de inflación acumulada anual (de diciembre a diciembre) es de 5.9%, tomando en cuenta las expectativas inflacionarias asociadas con la Ley de Concertación Tributaria –por ejemplo, el pago del IVA de 15% sobre los productos denominados como “delicatessen” por algunos servidores públicos, tales como arroz 98/2, azúcar refinada, café puro y algunos filetes de carne de res y de cerdo.

En el mercado laboral, la tasa de ajuste esperada del salario mínimo legal en 2013 será del orden de 10%, resultante de la suma de los dos tradicionales indicadores macroeconómicos observados en 2012: una tasa de crecimiento económico de 4.4% y una tasa de inflación acumulada anual (de diciembre a diciembre), 5.4%. Sin embargo, la tasa de variación relativa acumulada anual (de diciembre a diciembre) del salario promedio de la economía nacional será menor al pronosticarse en el nivel de 6% hasta C$7,523 en diciembre de 2013 y con una cobertura de 67% sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico.  Las tasas de interés continuarán con su tradicional rumbo errático que no las hace competitivas y son muy onerosas para garantizar un crecimiento económico sostenible.

En resumen, 2013 será un año bastante parecido al actual pero con un menor crecimiento económico. Sólo resta agregar la consabida e impopular confrontación política y los posibles conflictos sociales que elevarían el riego político del país con la reforma del fondo de pensiones de seguridad social; la reforma de la estructura financiera del sector de energía eléctrica con fijación de su tarifa basada en los costos de mediano plazo, la reducción de las pérdidas en su distribución y el mantenimiento de los subsidios a la familias pobres extremas; mejorar la calidad de la gobernabilidad en el país, analizar la política de empleo y salarios del sector público –estimo, como dijo el asesor económico y financiero del Presidente de la República, que en 2013 será necesario una reforma estructural del gasto público con el fin de mejorar el perfil y la posición de la inversión pública como facilitadora de un mayor crecimiento económico-; continuar mejorando la regulación y la supervisión bancaria; y, como ya es popular en las políticas fondomonetaristas, reducir la razón deuda pública con respecto al PIB. Feliz Navidad a cada uno de ustedes y apoyemos en 2013, desde donde nos encontremos, el avance de la nación en la búsqueda del progreso económico que reducirá el subempleo, el desempleo y la pobreza en el mediano y largo plazo.





Los estímulos tributarios a los productores

17 12 2012

Se reguló el otorgamiento de las exoneraciones tributarias

Un marco tributario ‘más amigable’, parte de la estrategia para atraer inversión local o extranjera en determinadas actividades económicas, construir la senda virtuosa incentivo-inversión-crecimiento para elevar el bienestar de la población, son frases gubernamentales que proliferan para justificar un beneficio o incentivo tributario, pero el formulador de la política fiscal, a veces, parece olvidar que las dificultades administrativas relacionadas con el monitoreo y el control del uso correcto de esos beneficios o incentivos tributarios pueden generar un ambiente propicio para el surgimiento de la corrupción por parte de los agentes intervinientes, llegando incluso a concentrar los beneficios en tan solo unos cuantos grupos. Si los impuestos recaen en los pobres, las exoneraciones tributarias benefician principalmente a los no pobres.

Entre los productores nicaragüenses, los exportadores nicaragüenses no reciben estímulos cambiarios debido al margen de sobrevaluación del córdoba imperante desde 1978 y que aún permanece en dos dígitos desde el año de 2005 y es igual a 15.0% en 2011, es decir, en ese año el córdoba valió 15% más de lo que debería valer, tomando en cuenta los nuevos datos de las razones macroeconómicas asociadas con el recién estrenado sistema de cuentas nacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN), cuyo año base es el de 2006.

Por la falta de esos estímulos cambiarios que conducirían a que Nicaragua aumentase el volumen de las exportaciones a una mayor tasa de crecimiento, la política macroeconómica se ha diseñado en impulsar el esfuerzo exportador por la vía de beneficios tributarios, o sea, por el lado del gasto tributario, que no es nada más que la concesión estatal de exoneraciones a los empresarios productores que destinan gran parte de su producción a los mercados externos y al consumo básico de la población.

A pesar de las exoneraciones tributarias que reciben los exportadores, cabe resaltar que el déficit comercial de la balanza de pagos continúa siendo muy alto y es igual a 2 mil 68 millones de dólares y equivalente a 22.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011.

La reforma tributaria garantizó el consenso de mantener los dos beneficios tributarios a los exportadores, pero su otorgamiento fue sujeto a un ordenamiento que se menciona a continuación.

1. Los exportadores acogidos a la Ley 382 “Ley de Admisión Temporal para el Perfeccionamiento Activo y de Facilitación de las Exportaciones y las actividades comerciales, pesqueras, industrial, artesanal y acuicultura se acreditarán a cuenta del impuesto sobre la renta (IR) anual el 25% del Impuesto Específico Conglobado a los Combustibles (IECC) pagado en la adquisición nacional del combustible usado como insumo en la producción.

2. El crédito tributario del 1.5% del valor FOB exportado se acreditará a los anticipos o al IR anual del exportador que traslade en efectivo o en especie la porción que le corresponde en base a su valor agregado al productor o fabricante, y se ajustará con la base expuesta en el Cuadro 1.

Los exportadores, existentes o nuevos, podrán acogerse a este beneficio delimitado siempre que presenten proyectos de inversión que aumenten exportaciones, productividad empresarial, empleo o tecnología, previo aval de la entidad competente. Cuando el proyecto sea aprobado para el exportador, el calendario de beneficios se aplicará una vez que venza el período de maduración del proyecto, período durante el cual también tendrá derecho a este crédito tributario, personal e intransferible a terceros

Se exceptúan de este beneficio tributario, las exportaciones de empresas del régimen de zona franca, de minas y canteras; las exportaciones de madera hasta la primera transformación; las reexportaciones sin perfeccionamiento activo; las exportaciones de chatarra; y las reexportaciones de bienes previamente importados al país.

Se reguló el otorgamiento de las exoneraciones tributarias1

Para el resto de productores, se mantuvo el beneficio a los que se desempeñan en los sectores agropecuario, de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMEs) industrial y pesquera, es decir, la exoneración de impuestos de las enajenaciones de materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, partes y accesorios, mediante lista taxativa que serán publicadas en La Gaceta, aplicados individualmente a cada productor, acorde con los siguientes plazos y tasas tributarias en concepto del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) indicados en el Cuadro 2.

Estos productores podrán acogerse a los beneficios delimitados por el calendario arriba mostrado, pero podrán continuar gozando dichos beneficios si presentan proyectos que mejoren sus indicadores de productividad, exportaciones, empleos o absorción de nuevas tecnologías, avalados por las autoridades competentes.

El calendario de beneficios se aplicará una vez que venza el período de maduración del proyecto, período durante el cual también tendrá derecho a las exoneraciones establecidas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) otorgará la exoneración con la extensión de un certificado de crédito tributario por el valor de los derechos e impuestos, que será personal, intransferible y electrónico. Si se incumplieran los indicadores comprometidos, se suspenderán los beneficios establecidos.

La inversiones mínimas en hospitales están sujetas a exoneraciones del DAI, ISC e IVA en la enajenación e importación de bienes para su construcción, equipamiento y puesta en marcha, aprobadas por el MHCP y el Ministerio de Salud (MINSA), si son equivalentes a 350 mil dólares en los departamentos de Chinandega, León, Granada, Managua, Masaya, Carazo y Rivas; a 150 mil dólares en la Regiones Autónomas y Río san Juan; y a US$200 mil dólares en el resto del país.

Finalmente, los beneficios tributarios a medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, en especial los locales y comunitarios, se exoneran de impuestos con dos criterios: los grandes contribuyentes tienen derecho hasta un 2.5% sobre sus ingresos brutos declarados del período fiscal anterior y los demás contribuyentes tendrán derecho hasta un 5% sobre los ingresos brutos del período fiscal anterior.

En conclusión, con la Ley de Concertación Tributaria, aunque mantiene invariables todas las exoneraciones y exenciones hasta hoy concedidas por un lapso de dos años, dio un paso en ordenar el otorgamiento futuro de estos beneficios tributarios y estableció un plazo para los mismos en función de que cada sujeto exonerado presente un proyecto que demuestre que el beneficio está asociado con el crecimiento económico del país, mediante el logro de uno o más de los cuatro objetivos antes mencionados, con el incremento de (1) la productividad empresarial; (2) el volumen de las exportaciones; (3) el número de personas empleadas por la empresa y (4) el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la empresa. Por consiguiente, las exoneraciones y exenciones serán evaluadas y dejarán de ser eternas

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y los servidores públicos normaron, pues, el privilegio legal de excluir del pago de un impuesto un hecho realizado por un sujeto natural o jurídico pasivo, así como el privilegio establecido por ley y por la cual un hecho económico no está afecto al impuesto. Este fue otro paso en dirección correcta de la Ley de Concertación Tributaria.





La reforma tributaria estimuló a la Bolsa de Valores

16 12 2012

Presentación1

“Lo más difícil de comprender en el mundo es el impuesto sobre la renta”, dijo Alberto Einstein. Por supuesto que el genio en física tenía razón. En el análisis económico, renta es un concepto que alude al ingreso generado sin esfuerzo y, por ende, candidato a ser gravado, cuando no expropiado; tiene, pues, un significado muy preciso, que no siempre es tenido en cuenta por quienes se ocupan y discuten la política económica.

Para David Ricardo, economista inglés, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico, y uno de los más influyentes junto a Adam Smith y Thomas Malthus, el origen de la renta está en el hecho de que cada agricultor cultiva primero las parcelas más fértiles y luego las menos fértiles; para Johann Heinrich von Thünen, economista alemán muy conocido por su teoría de la localización o de ubicación, sobre la geografía rural-urbana, que algunas parcelas están más alejadas que otras de las ciudades, donde viven los consumidores. El aumento de la demanda de alimentos invita a cultivar tierras menos fértiles o ubicadas en zonas marginales. Como el mayor precio necesario para que esto ocurra es recibido por todos, una porción del ingreso de los propietarios de las tierras más fértiles o de las más cercanas se origina en la renta.

El problema surge porque se habla de renta financiera, petrolera o agropecuaria, sin prestarle la debida atención al hecho de que en cada uno de dichos sectores existen costos y riesgos. El producto interno bruto (PIB) no cae como maná del cielo, sino que lo generan los productores, personas de carne y hueso, quienes hacen de su generación su modo de vida. Como bien decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, “no es la benevolencia del carnicero y del cervecero de quienes debemos esperar alimentos y bebidas”.

El sector financiero no tiene nada de renta en el sentido técnico, y menos aún cuando la tasa de interés es notoriamente inferior a la tasa de inflación bien medida, o se invierte en títulos valores de la hacienda pública. Por ejemplo, en Nicaragua a noviembre de este año la tasa de interés pasiva a 1 mes plazo es de 1.15% con el consabido mantenimiento de valor (hay que sumarle 5 puntos porcentuales correspondientes a la tasa de devaluación anual), mientras que la tasa de inflación interanual, es decir de noviembre 2011 a noviembre 2012, es de 6.16%; por otro lado,  la tasa de rendimiento ponderada anual de los títulos valores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastados el 12 de diciembre es de 6.5%.

En la actualidad, Los Indignados, ya conocidos mundialmente, dicen que los mercados no funcionan porque no son eficaces ni transparentes; el sistema político no corrige las fallas del mercado; ergo, los sistemas político y económico son injustos. La democracia y la economía de mercado son cuestionadas, y sectores como el financiero (el sistema sanguíneo) y el mercado de trabajo (el sistema nervioso) están afectados por una profunda desconfianza de la mayoría.

Como suele suceder, el cobrador de impuestos o el técnico de la hacienda pública, con su afán de maximizar los ingresos para las arcas del Estado, trata de establecer medidas tributarias sin valorar los efectos perversos en el desarrollo económico y la generación de riqueza.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en las discusiones de la reforma tributaria, al darse la pretensión gubernamental de establecer una tasa de retención definitiva de 0.25% sobre las transacciones con títulos valores, una medida que no se aplica en ningún país centroamericano, aunque el asesor económico y financiero presidencial, Bayardo Arce, anunció el objetivo de armonizar las tasas tributarias con las de los países del istmo, cuestión que no se logró en esta reforma, excepto la tasa del impuesto sobre la renta en el largo plazo, es decir, una tasa máxima de 25% hasta 2020.

El impuesto pretendido a las transacciones financieras, conocido como Tasa Tobin -por el nombre del economista que lo ideó, el premio Nobel James Tobin, que fue profesor de la Universidad de Yale- es importante porque grava las ganancias especulativas del capital golondrino, o “hot money”, obtenidas por grandes inversionistas financieros que envían sus capitales a un país para comprar deuda gubernamental o títulos valores empresariales que operan en las bolsas de valores, antes de que sea reenviado a sus países de origen o a paraísos fiscales para acelerar su rentabilización.

Para que esa tasa tributaria sea eficaz requiere, antes de todo, su establecimiento en la mayoría de los países de la región, pero, reitero, ninguno la tiene. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Bolsa de Valores de Nicaragua (BVDN) lograron detener la aplicación de esta medida tributaria, porque demostraron que las transacciones de títulos valores o de bonos caerían estrepitosamente con el traslado de la inversión financiera a otros países del istmo, desaparecerían tanto la liquidez para la deuda pública como las emisiones de papel comercial de corto plazo, no se realizarían transacciones con títulos valores extranjeros y se imposibilitaría la integración de la BVDN con la bolsas de valores centroamericanas.

Consecuentemente, y en consenso, se estableció la exención de tributos fiscales y locales a todas las transacciones bursátiles en las bolsas de valores, pero se reiteró que los intereses y las ganancias de capital están afectas con la retención del 10% al pago del impuesto sobre la renta, así como la renta obtenida por la venta, concesiones, comisiones y servicios devengados y percibidos por personas naturales o jurídicas.

Además, se tasó con el 0.25% a los títulos valores emitidos del Estado que no contengan cupones de intereses explícitos y que sean vendidos por personas gravadas con la retención del 10% sobre las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, a personas que están exentas de esa retención, por ejemplo, las instituciones financieras reguladas que integran dichas rentas en su totalidad como rentas de actividades económicas.

Sin embargo, el consenso tributario sobre los puestos de bolsa también buscó cómo hacer más dinámicas las transacciones bursátiles, al adoptarse un régimen fiscal similar al de Costa Rica para la creación de fondos de inversión financieros (FIF) –con inversionistas masivos en Bolsa- y fondos de inversión inmobiliarios (FII) –con inversionistas colectivos en bienes raíces, o sea, que financian la construcción especialmente de viviendas-.

De acuerdo con datos presentados por la BVDN, a marzo de 2012 en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica 41 mil 756 inversionistas financieros en 14 Administradoras de Fondos de Inversión habían canalizado 2 mil 630 millones de dólares y contaban con activos inmobiliarios valorados en 942 millones de dólares.

El estímulo que dio la reforma tributaria a la BVDN fue la promoción de esos Fondos de Inversión con el establecimiento de una tasa de retención definitiva de 5% sobre la renta bruta gravable, otra tasa de retención definitiva de 5% sobre la ganancia de capital generada por pasar a otro la propiedad o el derecho cualquier tipo de activo a o de un Fondo, y con la exención de las rentas percibidas y derivadas de certificados de participación emitidos por un fondo de inversión.

Con los Fondos de Inversión administrados en la BVDN se abre una posibilidad para apoyar el crecimiento económico sostenible, mejor dicho, para que el país aspire a una tasa de crecimiento mayor que la observada en los últimos años que supera el 4% anual.

Con ese estímulo a la BVDN también se garantiza una alternativa para los ahorristas, al observarse una mayor tasa de rendimiento con la adquisición de títulos valores de un Fondo de Inversión administrado en un Puesto de Bolsa, alrededor de 6% con mantenimiento de valor, que la tasa de interés devengada por un depósito de ahorro o a plazo en un banco comercial o en una institución financiera, que oscila alrededor de 1% con mantenimiento de valor en la actualidad

También cabe mencionar que, en materia de recaudación de impuestos, el modelo financiero elaborado por INVERCASA demuestra que los Fondos de Inversión Inmobiliarios (FII) generan más impuestos sobre la renta que las sociedades anónimas que administran bienes inmobiliarios.

En conclusión, la Ley de Concertación Tributaria facilitó una carga tributaria menos pesada a la bolsa de valores más pequeña de Centroamérica, como es la BVDN, y la volvió más competitiva y con una mejor integración con las bolsas de valores de la región al no gravar las transacciones bursátiles y las operaciones financieras, y sin impuestos municipales, como se observa en el resto de los países centroamericanos y Panamá.

Al final, tal como lo dijera el colega en una de sus propuestas, Gerardo Argüello, Gerente General de la BVDN, con la Ley de Concertación Tributaria se tiende a lograr “más Bolsa de Valores y más Impuestos”.





Veamos que en nuestro país impera la ley

12 12 2012

Managua, Nicaragua,

12 de diciembre de 2012

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

Licenciada

Alba Azucena Palacios Benavides,

Primera Secretaria

Junta Directiva de la Asamblea Nacional

Honorables Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez, y Señora Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Lic. Alba Palacios Benavides:

Como es del conocimiento de ustedes, en cinco cartas anteriores he solicitado al Señor Presidente de la Asamblea Nacional que se introduzca en el Orden del Día del Poder Legislativo las dos solicitudes de desaforación al diputado Eduardo Montealegre Rivas, emitidas por los jueces María Ivette Pineda el 6 de octubre de 2008 y Henry Morales Olivares el 15 de junio de 2011, para que responda el proceso jurídico dirigido en su contra por mis dos acusaciones penales por las infamias y calumnias escritas irresponsablemente de mi persona tanto en el diario La Prensa, publicadas el 31 de julio de 2008, como en una carta de disculpas que él también escribió e hizo pública desde la casa del movimiento político “Vamos con Eduardo” el 2 de febrero de 2011, a fin de que una comisión especial se pronuncie al respecto y continúe con el proceso judicial, trabado en espera de esa resolución.

Debo aclarar que este proceso desde ningún punto de vista responde a objetivos políticos de ningún color o ideología y el hecho de estar dirigido a un ciudadano que hace política no significa de ninguna manera que el proceso vertido en su contra sea político, sino que es personal y es por ello que acudí a los tribunales de justicia a solicitar la desaforación respectiva, la que me fue dada, precisamente para ubicar al político ante la Ley, en la condición de ciudadano en igualdad de condiciones a mi persona, la que fue agredida, ofendida, denigrada y vejada por una persona apañada en su condición de diputado.

Es de vital importancia que se resuelva a la mayor brevedad la solicitud de desaforación, para poder continuar con el proceso penal y poder hacer uso del derecho ciudadano motivado por ese máximo órgano del Poder Legislativo que ustedes sabiamente dirigen, como es el acceso a la justicia, el que por la espera de la resolución ha sido violentado y generado a mi persona, inclusive a mi familia, mayores daños morales y económicos, por lo que les insisto en que se proceda a introducir en el Orden del Día mi solicitud, la que sin duda es única y exclusivamente con la intención de que prevalezca la justicia y la ley, que está por encima de los seres humanos de cualquier nación, y que los nicaragüenses veamos que en nuestro país impera la ley y el respeto de sus derechos para todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza.

Por lo antes expuesto, y en gran parte reiterado en las cartas anteriores, les solicito la inclusión de las dos solicitudes judiciales antes mencionadas en el Orden del Día de la Asamblea Nacional a inicios de sus sesiones de trabajo en 2013.

Con la esperanza ciudadana de tener una pronta respuesta de ustedes, sólo me resta desearles un feliz año 2013.

Atentamente,

Néstor Avendaño Castellón

Economista

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