La macroeconomía de Nicaragua, excelente y frágil

27 08 2017

Producción y desempleo

El comportamiento macroeconómico de Nicaragua en 2017 prácticamente ya está definido a esta altura del año. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real se aproxima a 5.8% impulsada, desde la oferta, por el sector agropecuario, la construcción y la intermediación financiera y, desde la demanda, por la inversión fija y las exportaciones.

El consumo de las familias dejó de tener su importancia, debido a la desaceleración del crecimiento del medio circulante, o sea, la oferta de córdobas sin mantenimiento de valor, que persigue el objetivo de reducir la demanda de importaciones y evitar un deterioro del saldo de las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua.

El PIB Nominal per cápita promedio anual tiende a subir hasta US$2,272, pero continúa siendo el más bajo de los países del istmo centroamericano. El desempleo abierto y el desempleo equivalente relacionado con el subempleo representa el 21.3% de la población económicamente activa, es decir, 677 mil personas no generarán ingresos en este año.

Sector externo

La política cambiaria reptante continúa mantenida con una tasa de deslizamiento anual de 5% del tipo de cambio oficial desde el año de 2004, y es la principal razón para explicar el alto déficit comercial externo equivalente a 15.2% del PIB. El valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB de US$2,925 millones se ve acompañado del valor de las importaciones domésticas de bienes CIF de US$6,543 millones, pero el ingreso esperado de remesas familiares por US$1,321 millones ayuda a reducir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos hasta 6.5% del PIB. Cabe mencionar que el valor neto de la maquila oscila alrededor de US$700 millones.

Esa brecha externa es financiada con un flujo bruto de inversión extranjera directa del orden de US$1,469 millones y con un monto de cooperación externa destinado al sector público de US$520 millones. Cabe mencionar que, entre la cooperación externa destinada al sector privado, se estima un monto anual del crédito petrolero aproximado a US$77 millones, debido al bajo precio internacional del petróleo, al bajo porcentaje del crédito sobre el valor de cada embarque de hidrocarburos y al menor volumen del suministro de petróleo y combustibles líquidos procedente de Venezuela.

El saldo “contable” de la deuda pública –“contable” porque aún incluye un monto pendiente de reestructuración de US$1,000 millones en el marco de la Iniciativa HIPC, adeudados a Costa Rica y Honduras-, aunque aumenta en valor hasta US$5,252 millones continúa disminuyendo como un porcentaje del PIB hasta 36.6%. Sin embargo, por primera vez en la historia económica reciente del país, el pago anual del servicio (intereses y amortizaciones) de dicha deuda rompe la barrera de los US$200 millones la sumar US$226 millones, el cual representa apenas el 6.1% del valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB y del valor neto de la maquila, siendo un índice muy atractivo para los inversionistas extranjeros directos.

Groso modo, mantener la estabilidad macroeconómica del país requiere el aumento anual de US$300 millones del saldo de las reservas internacionales brutas del BCN, que en el caso de no obtenerse obligaría al BCN a reducir, al menos, en C$3,000 millones el monto de la oferta de dinero o del medio circulante mediante las subastas de Letras, el aumento de la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en córdobas, y con la compra de dólares de parte del BCN en la mesa de cambios. El costo de esta política monetaria es la desaceleración de las tasas de crecimiento del PIB Real, del volumen del gasto de consumo privado y de la tasa de inflación de precios al consumidor. Al final del año, las reservas internacionales brutas en poder del BCN serían iguales a 2.48 veces el saldo de la base monetaria y a 5.06 meses de importaciones de bienes CIF.

Presupuesto gubernamental

En materia de política tributaria, la reforma estructural de la supervisión de los precios de transferencia, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2016, se comenzó a implementar el 1 de julio de 2017. El total de ingresos del Gobierno Central tiende a subir hasta el 18.4% del PIB, en el que la presión o carga tributaria es igual a 16.8% del PIB.

El total de gastos presupuestarios se aproxima a 19.8% del PIB. El gasto de consumo público aumenta 21.9% y el gasto de inversión pública absorbe el 22.0% del gasto total del presupuesto nacional al incrementarse apenas en 9.2%. El presupuesto aún no refleja un nivel de ahorro gubernamental de 3% del PIB y el déficit fiscal disminuye sólo 2 décimas porcentuales hasta 1.5% del PIB, siendo financiado con recursos concesionales de la cooperación oficial destinada al sector público, así como con la emisión de Bonos de la República hasta un máximo de US$100 millones.

El endeudamiento público interno continúa disminuyendo, tanto en monto como en porcentaje del PIB. Al 31 de diciembre de 2017, se pronostica que el saldo de la deuda pública interna es del orden de 6.3% del PIB al totalizar US$901 millones, mientras que el pago de intereses y amortizaciones de esta deuda tiende a aproximarse a US$1,084 millones, cifra que incluye las amortizaciones de la deuda interna del BCN y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), e iguala el 44.9% del monto anual de impuestos recaudados por el Gobierno Central. Se espera que el problema financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sea abordado después de las elecciones municipales del 5 de noviembre de este año.

Moneda y banca

La política monetaria continúa siendo más de lo mismo: aumentar entre US$200 millones y US$300 millones el saldo de las reservas internacionales en las arcas del BCN, mantener la tasa de devaluación anual de 5% y lograr una tasa de inflación anual de un dígito, que será menor que la prevista de 6.3%, porque la liquidez primaria continúa creciendo a la mitad de su ritmo tradicional.

El saldo de crédito del sistema financiero nacional al sector privado muestra una tasa de crecimiento anual de 19.0% y representa el 40.5% del PIB. Por consiguiente, los agentes económicos del sector privado que radican en el país aún mantienen un nivel de endeudamiento normal con las instituciones financieras en el mercado local.

Lo bueno, lo regular y lo malo

En conclusión, en 2017 lo bueno de la economía de Nicaragua es más crecimiento económico, una baja presión inflacionaria y la disminución del déficit fiscal.

Lo regular es una mayor vulnerabilidad de la posición de las reservas internacionales brutas del BCN provocada por el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela, que aunada a la desaceleración del crecimiento de la oferta de dinero podría provocar un menor crecimiento de la producción.

Lo malo es un mayor riesgo potencial externo con la muy probable aprobación de la iniciativa “NICA Act” en el Congreso de Estados Unidos, el proteccionismo comercial y la política de inmigración anunciados por el gobierno de Estados Unidos, y la MAGAnomics del presidente Donald Trump (MAGA: Make America Great Again), que afectarían los flujos de inversión extranjera directa, remesas familiares y la cooperación oficial recibida por el país a partir de 2018.

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Eduardo Montealegre no se cansa de estar agazapado

25 08 2017

Desde el 2 de septiembre de 2016, sin tener inmunidad porque ya no era diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Montealegre continúa siendo protegido por el Poder Judicial ante mis acusaciones en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua por sus graves injurias y calumnias, que él escribió irresponsablemente en el diario La Prensa y en una supuesta carta de disculpa personal, que no sólo provocaron daños y perjuicios morales y económicos a mi persona sino también a los miembros de mi familia.

Me calumnió al tildarme de ser un defraudador del Estado de Nicaragua, lo cual lesionó mi dignidad y menoscabó mi imagen, reputación y honor; y me injurió al asegurar que el estudio sobre la liquidaciones bancarias de los años 2000 y 2001, solicitado por la Contraloría General de la República, es falto de profesionalismo, y en el cual él aparece como uno de los implicados en la reestructuración de la deuda pública por dichas liquidaciones y en las subastas de los activos de los cuatro bancos liquidados.

El querellado Eduardo Montealegre pronto cumplirá un año de mantenerse agazapado y cubierto con el manto protector extendido por los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, quienes suspendieron abruptamente la audiencia inicial del 5 de septiembre de 2016; por el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, en su calidad de Inspector Delegado, por violar mis derechos al debido proceso y mi derecho al acceso a una justicia pronto y efectiva; y por los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Ramiro Aguilar García, Alba Luz Ramos Vanegas, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón, quienes no respondieron mi queja formal que les presenté dos veces por la evidente retardación de justicia y la negligencia de los dos jueces penales y del magistrado Inspector Delegado.

Los nicaragüenses saben que desde octubre de 2008 la Asamblea Nacional recibió la primera solicitud judicial para la desaforación del entonces diputado Eduardo Montealegre, pero éste gozó de la protección del Poder Legislativo durante ocho años. Se distinguieron en esta primera protección Wilfredo Navarro, cuando fungió como primer secretario de la Asamblea Nacional, quien hizo cumplir la orden de los liberales de no desaforar por ningún motivo al diputado acusado; Alba Azucena Palacios, también ex primera secretaria de la Asamblea Nacional, quien cerró mi acceso a dicho Poder del Estado y trató de politizar mi demanda personal; y 46 cartas públicas que escribí al ex presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez (q.e.p.d.), con copia a los otros seis  miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en las que pedí se cumplieran las dos solicitudes judiciales para la desaforación del diputado querellado, sin obtener respuesta.

Eduardo Montealegre dejó de ser inmune y sigue siendo un impune, y es una carga del Poder Judicial porque él es un presunto violador de los derechos humanos. A pesar de que Eduardo Montealegre ha gozado de la protección de dos Poderes del Estado, tengo siempre la confianza que algún día tendrá que responder por sus presuntos delitos penales.

 





El polémico Informe de Empleo del INIDE

13 08 2017

Presentación1

El principal problema estructural del mercado laboral de Nicaragua es el subempleo. Aunque no gusten, los principales adjetivos calificativos del trabajo en Nicaragua son precario, informal y temporal. Precario, porque la mayor parte de los puestos de trabajo se distinguen por su poca tecnología y están ocupados por personas con poca escolaridad; informal, porque la mayoría de los trabajadores laboran en empresas que no tienen libros o apuntes de contabilidad; y temporal, porque casi la mitad de las personas subempleadas es visible, es decir, trabaja menos de ocho horas diarias, que es el número de horas establecido por el Código Laboral.

De acuerdo con datos disponibles del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) correspondientes al cuarto trimestre de 2012, el 76.2% del total de personas ocupadas trabajaba en establecimientos que no tenían registros contables. El nivel de este indicador, que muestra la informalidad del mercado laboral, se desconoce en el primer trimestre de 2017, porque no fue publicado en el reciente Informe de Empleo del INIDE que dio a conocer el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes.

La economía informal es un concepto bastante aproximado al de la economía sumergida, que es la realización de actividades que, aunque legales, se esconden a las autoridades para evitar el pago de impuestos y cotizaciones sociales o para evitar regulaciones y trámites administrativos, pero medir la economía sumergida es una tarea muy compleja. No hay que olvidar que anualmente al menos 135 mil jóvenes económicamente activos entran por primera vez al mercado laboral del país como personas desempleadas abiertas.

Aunque no es competencia del BCN sino del INIDE, el presidente del BCN no hizo referencia del porcentaje de la población económicamente activa (PEA) correspondiente a las personas que tienen problemas de empleo, o sea, el número de personas desempleadas más el número de personas subempleadas, es decir, que no trabajan cuarenta horas o más semanales (los subempleados visibles) o trabajan más de las horas establecidas y devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal (los subempleados invisibles). En el cuarto trimestre de 2012, último dato oficial disponible, 1,771,872 personas tenían problemas de empleo y representaban el 54.3% de la PEA.

El alto cargo responsable de la política monetaria del país enfatizó la tasa neta de ocupación de 96.0%, entendiéndose como personas ocupadas a las de 14 años y más de edad que, durante el período en que se hizo la encuesta, laboraron al menos una hora, o sin haber laborado tenían vigente su contrato de trabajo y se incorporarán al concluir la causa de su ausencia temporal. Lo discutible es que una persona que trabajó sólo una hora pueda ser considerada y registrada como una persona ocupada, en vez de ser clasificada exclusivamente como una persona subempleada visible. Cabe señalar que un subempleado invisible puede ser tomado en cuenta como una persona ocupada.

Otro dato que el presidente del BCN no mencionó, y que no fue publicado por el INIDE en su informe, es el número de personas ocupadas plenas, o sea, el total de personas de 14 años y más que reportaron haber laborado 40 horas o más semanales y su ingreso declarado es igual o mayor al salario mínimo legal de la rama de actividad económica. Se desconoce, pues, la tasa de ocupación plena del primer trimestre de este año. A manera de referencia, en el cuarto trimestre de 2012 la tasa de ocupación plena oficial fue igual a 45.7% de la PEA y, por consiguiente, el 54.3% de la PEA estaba desempleada abierta y subempleada.

Como otra referencia oficial, en ese mismo trimestre de 2012, y siempre en términos porcentuales de la PEA, el total de las personas ocupadas, que incluye a las personas subempleadas, era igual a 94.9% y el total de personas desempleadas abiertas era 5.1%. Para el primer trimestre de 2017, el presidente del BCN declaró que la tasa de ocupación es igual a 96.0% y la tasa de desempleo abierto es igual a 4.0%.

De acuerdo con la distribución normal o de Gauss, o en “forma de campana”, que se estudia en Estadística, “aparentemente” la economía de Nicaragua se encuentra en pleno empleo, porque la tasa de desempleo abierto es menor que el 5% de la PEA, pero, con los datos del informe, es evidente que el 42.6% de los ocupados reportó haber laborado involuntariamente menos de 40 horas y manifestó estar dispuesto a laborar más horas a la semana, o haber laborado 40 y más horas a la semana y haber obtenido un salario menor que el salario mínimo legal de la rama de actividad económica respectiva.

Si el INIDE hubiese publicado los datos del total de personas ocupadas con la distinción de las personas ocupadas plenas y subempleadas, y del total de las personas desempleadas abiertas, la población en edad de trabajar (de 14 años y más), la población económicamente activa y la población desalentada de 14 años o más no económicamente activa que se cansó de buscar trabajo o no encuentra el trabajo que necesita, se habría evitado el señalamiento público del sesgo político de la declaración del presidente del BCN sobre la situación del mercado laboral del país.

Es obvio que el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua es inferior a su PIB de pleno empleo.  El crecimiento económico actual de Nicaragua, actualmente entre 4% y 5% anual según la versión oficial, ha sido insuficiente para reducir en gran parte el subempleo, el desempleo y la pobreza. Sin duda, los continuos aumentos requeridos del PIB Real se lograrán con un mayor gasto de inversión real fija, o sea, el gasto en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, que es la vía para crear puestos de trabajo decentes y elevar la productividad.

Unos consejos finales para el presidente del BCN: el INIDE debe participar a la población los resultados de sus encuestas, aunque dicha institución se encuentre subordinada al BCN; se requiere facilitar el fortalecimiento técnico del Ministerio del Trabajo (MITRAB) en los asuntos del empleo y los salarios del país; y al personal directivo y técnico del BCN le compete las políticas monetaria, cambiaria y financiera, así como el cuido de la credibilidad técnica de la autoridad monetaria del país.





Perfil de la Economía de Nicaragua 2018

6 08 2017

El economista Néstor Avendaño presentará el miércoles 16 de octubre de 2017 a las 8:00 a.m., en el Salón “Club Lounge” del Hotel Crowne Plaza, el Seminario de Actualización Empresarial “Perfil de la Economía de Nicaragua 2018”, una herramienta importante en la elaboración del presupuesto empresarial del próximo año porque analiza aspectos relevantes de cinco riesgos políticos externos y el comportamiento de la oferta y la demanda global, la balanza de pagos, las finanzas públicas, moneda y banca y los macro precios. El valor de admisión es de US$80 y con precios preferenciales para empresas que envíen tres y más ejecutivos. El cupo es limitado y a los interesados favor llamar al 2270-0385 o escribir a la dirección electrónica corozco@copades-nic.com

Presentación1





Tres falacias sobre las minas de oro en Nicaragua

6 08 2017

La Explotación de Minas y Canteras de Nicaragua es una actividad económica “motor”, o sea, es una actividad impulsora del crecimiento económico del país. Esta conclusión se puede obtener con la aplicación de procedimientos científicos económicos relacionados con la Matriz de Insumo-Producto (MIP) de Nicaragua 2016, de tamaño 14×14, elaborada y publicada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), específicamente a través del cálculo de los Índices de Rasmussen que facilitan el análisis estructural de la producción de bienes y servicios.

Sin embargo, la rama de la minería metálica nicaragüense ha estado sujeta a una serie de críticas desde hace varios años, aparentemente sin asidero académico y, además, no muy cercanas a la realidad, que rayan desde su poca contribución a la economía y los escasos beneficios a los trabajadores mineros, hasta el deterioro de los recursos naturales. Por estos motivos, con base en datos oficiales del país, presentamos un análisis que trata de contrarrestar las cualidades negativas que se le han atribuido inapropiadamente a la explotación de minas del país.

1 La minería metálica es una actividad económica “isla”. Esta afirmación ha sido una de las falacias más importantes de los que se oponen a esta actividad económica. Una actividad económica “isla” presenta una poca o casi nula capacidad para arrastrar a otras actividades relacionados con ella, por la vía de la demanda de productos intermedios o insumos o materias primas, ni reacciona frente al efecto de arrastre provocado por las variaciones de la demanda de otras actividades económicas.

La producción de oro y de materiales para la construcción son actividades económicas “base”, porque el efecto de otras actividades económicas sobre la producción de oro, piedra cantera y arena, tales como energía eléctrica y servicios de comercio, contables y financieros, es mayor que el arrastre promedio de la economía del país, es decir, tiene un efecto de arrastre “hacia atrás importante; sin embargo, el efecto de arrastre de la producción de oro sobre otras actividades económicas, el efecto de arrastre “hacia adelante”, es inferior al arrastre promedio de la economía, o sea, el oro no es un insumo muy demandado por otras empresas. En conclusión, tanto la producción de oro como la de materiales de construcción pueden considerarse como “estratégicas” para Nicaragua, porque pueden crear estrangulamientos del sistema de actividades económicas.

De acuerdo con la MIP 2006, el 66.1% del valor bruto de producción del oro y de la plata se deja en el mercado local a través de la compra de insumos nacionales, el pago de las remuneraciones a los trabajadores, el pago de impuestos indirectos y el ingreso mixto (salarios y utilidades) de productores artesanales de oro. Por consiguiente, el 33.9% del valor bruto de producción de oro y plata queda fuera del país, a través de la compra de insumos importados, el gasto de la depreciación de los activos fijos y las utilidades brutas.

Por otro lado, las ventas de insumos de origen minero metálico a las otras actividades económicas del país no son significativas, porque apenas representan el 7.0% del valor bruto de producción de oro y el 3.7% del valor bruto de producción de plata. Por lo tanto, se destina el 85.8% y el 7.2% del valor bruto de producción de oro a la exportación y a los inventarios en ese mismo orden, y el 97.3% del valor bruto de producción de plata a la exportación porque en 2006 se registró una disminución de inventarios de este rubro del orden de 1.0% de su valor bruto de producción.

2 La minería metálica posee una gran área de la superficie terrestre del país y produce muy poco. Esta afirmación ha sido muy apresurada, porque al 3 de abril de 2017, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que Nicaragua tiene una superficie de 130,375.5 km2, del cual el espacio terrestre es 119,005.4 km2, y la superficie disponible para la minería, o sea, aptas para la explotación de minerales metálicos y no metálicos, es 58,949.3 km2. Además, el MEM ha restringido una superficie de 33,133.2 kma la minería, porque es un área protegida por sus recursos naturales.

De la superficie terrestre con vocación minera, el MEM ha concesionado 9,376.3 km2 a la minería metálica y 651.6 km2 a la minería no metálica, pero esas concesiones no implican que se encuentren en explotación. Las dos empresas de la minería metálica operando actualmente en Nicaragua, la canadiense B2Gold y la colombiana HEMCO, apenas mantienen en producción una superficie de 349.37 km2, que representa el 0.3% del espacio terrestre nacional y el 3.7% de la superficie concesionada a la minería metálica.

Con esa área muy pequeña en explotación, en 2016 las dos empresas mineras -con 5,600 trabajadores directos que tienen una remuneración (salario y prestaciones) promedio mensual por trabajador equivalente a US$933, y con una inversión extranjera directa de US$917.8 millones acumulada en el período 1991-2016, que representa el 7.4% del flujo bruto de la IED en ese período, incluyendo la exploración petrolera y excluyendo la reinversión de utilidades de las empresa mineras metálica- produjeron 267 mil 284 onzas troy de oro y 681 mil 683 onzas troy de plata, y el oro se posicionó como el tercer rubro exportador más importante del país al reflejar el valor FOB de US$317.9 millones, superado sólo por la carne de ganado vacuno y el café.

3 La minería metálica destruye el medio ambiente. Esta particularidad no es exclusiva de la minería. Cualquier proceso productivo afecta el medio ambiente. Así se podría opinar de la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, la industria manufacturera, la construcción de la red vial, la generación de energía eléctrica, entre otras actividades económicas.

Las empresas mineras han prevenido la contaminación de los suelos en el procesamiento de extracción de oro y plata, con una adecuada infraestructura tecnológica. Además, han contribuido en los siguientes ámbitos de los distritos mineros: construcción de viveros de plantas forestales y frutales, reforestación, ferias para la protección de recursos naturales; preservación de las cuencas fluviales; realización de campañas educativas para el manejo de desechos y limpieza de la comunidad, recolección de basura y de productos para reciclaje y construcción de vertedero y relleno sanitario; capacitación en educación ambiental a colaboradores y estudiantes para su conversión en promotores ambientales; acceso al agua potable, tratamiento de aguas residuales y ampliación de ductos residuales; eliminación progresiva del uso de la leña para cocinar, sustituyéndola con gas butano; y  fortalecimiento de la seguridad física de los trabajadores, incluyendo a sus familias, y del medio ambiente relacionados con la pequeña minería, por medio del apoyo técnico orientado a mejorar la productividad, acompañado con proyectos factibles para las cooperativas.

Finalmente, falta agregar una preocupación compartida por el Estado, las empresas mineras y las comunidades de los distritos mineros: Las minas explotan recursos que no son renovables y tienden a agotarse. Para evitar la emigración, el desempleo y la pérdida del bienestar de la población de las comunidades mineras con el cierre de una explotación minera, es necesaria la formulación e implementación de planes de desarrollo local para los municipios mineros.