Sugerencias para rediseñar la política monetaria y financiera de Nicaragua

27 09 2014

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Agradezco la invitación que me hiciera el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), el amigo y colega Ovidio Reyes Ramírez, para que participara en la mesa de análisis de los retos de la política monetaria de nuestro país en el Seminario de Política Monetaria y Estabilidad Financiera realizado el 25 y 26 de septiembre de este año.

Entre las observaciones que dije e insinué a los distinguidos representantes gubernamentales, colegas nicaragüenses y expertos en la materia de Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI), debo destacar que no hay que rehuir a la formulación de una ruta crítica para restablecer el papel del BCN en la conducción de la política macroeconómica el país. El problema estructural que padece nuestra autoridad monetaria desde marzo de 1991, que se profundizó a partir del 10 enero de 1993, no se resuelve en el corto y mediano plazo, sólo en el largo plazo, pero las autoridades gubernamentales no deberían inhibirse en la preparación de las condiciones para que el BCN retome efectivamente la conducción de la política monetaria, cambiaria y financiera de Nicaragua.

La excesiva dolarización extraoficial de la economía nicaragüense ha provocado la reducción de la política monetaria, la pérdida de la política cambiaria y la ausencia de la política financiera. Creo que nadie duda que el régimen cambiario actual fue, es y, en el caso que las autoridades gubernamentales y los servidores públicos sostengan que la actual administración macroeconómica es eficiente, continuará siendo la principal causa de que el dólar estadounidense acreciente su participación actual de 66% en la liquidez global del mercado y de 73% en el total de los depósitos y 91% en el total de los préstamos del sistema financiero nacional, aunque también reconozco que, a pesar de la estabilidad macroeconómica que tiene el país, el córdoba no es atractivo por la desconfianza de los agentes económicos debido a su historia hiperinflacionaria.

El BCN no tiene política monetaria por la escasa participación de 22% del córdoba (sin mantenimiento de valor) en la liquidez global, aunque cumple el objetivo de mantener una presión inflacionaria baja y estable, que se mide en córdobas, alrededor del 7% anual, con el costo de acumular pérdidas de 773 millones de dólares relacionadas con el pago de intereses y del mantenimiento de valor de los títulos valores emitidos durante el período 1993-2013.

El BCN renunció a la política cambiaria al fijar diariamente el precio de la divisa desde el 10 de enero de 1993, con un régimen cambiario reptante que sólo es efectivo en un corto plazo, pero que continúa funcionando en Nicaragua a lo largo de 21 años. Dada la proliferación de mecanismos de indexación de los precios en córdobas con el tipo de cambio, encabezados con la cláusula de mantenimiento de valor, el BCN se volvió un rehén de su tipo de cambio reptante. En Nicaragua es más rentable importar que exportar, ya que el déficit comercial externo alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos 14 años, provocado en parte por un importante margen de sobrevaluación del córdoba, sólo es posible reducirlo con la depreciación del tipo de cambio real.

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El BCN no posee una política financiera, porque la eficacia del canal de la tasa de interés se diluye cuando la mayoría de las intermediaciones se realizan en dólares estadounidenses, de tal forma que la tasa de rendimiento de las Letras Estandarizadas que subasta semanalmente no influye sobre las tasas de interés del sistema bancario comercial del país, que hoy goza de la mayor tasa de rentabilidad entre los países centroamericanos gracias a su elevada tasa de intermediación financiera, es decir, al spread o la diferencia entre la tasa de interés de colocación de préstamos y la tasa de captación de fondos.

Los resultados macroeconómicos de Nicaragua son casi excelentes, pero también son muy frágiles. El mayor riesgo sistémico que enfrenta la estabilidad macroeconómica de Nicaragua es la ayuda petrolera de Venezuela, que hoy ha tomado forma con el Banco Corporativo (BANCORP). Además, la cooperación petrolera venezolana, que totaliza 2 mil 603 millones de dólares en el período 2007-2013, siempre se ha registrado como una deuda privada externa, lo cual ha creado la ficción o la ilusión de un presupuesto nacional casi “equilibrado” al reflejar un déficit fiscal de menos del 1% del PIB en los últimos tres años, incluyendo el actual, mientras que en el trienio 2011-2013, el crédito petrolero representó en términos promedio anual el 5.3% del PIB.

Desde hace varias décadas persisten muchos problemas estructurales en nuestro mercado real (o de bienes y servicios), en el mercado laboral y en el presupuesto nacional, que deberían resolverse simultáneamente con los de los mercados monetario, cambiario y financiero de nuestro país, con los fines de acelerar el crecimiento económico, reducir el subempleo y disminuir la pobreza.

El tema central de la agenda gubernamental en materia económica debería ser el apoyo al incremento de la competitividad empresarial en todas las actividades económicas. Así, las políticas públicas buscarían la solución de los problemas de la baja escolaridad de la población, la falta de educación técnica media y superior, la casi nula transferencia de tecnología a las micro y pequeñas empresas, la poca diversificación de la producción de bienes, la baja calidad del empresariado medida en términos “shumpeterianos”, la ausencia de una efectiva banca estatal de fomento a la producción, la escasa conexión de las empresas extranjeras con las cadenas de producción locales, el bajo gasto de inversión pública en infraestructura económica y social que demanda la reestructuración del gasto público, el descuido del mercado interno que obstaculiza el bienestar social, las debilidades de la administración de la justicia, la permanencia de los problemas de la propiedad en conflicto, las inequidades de la redistribución del ingreso y de la carga tributaria, y la baja la calidad medioambiental del crecimiento económico, entre otras políticas.

En cuanto al tema de mi participación en el Seminario, los retos de las políticas monetaria y financiera de Nicaragua, propuse comenzar a preparar las condiciones para que (i) la política monetaria tenga un cambio creíble a un régimen de metas de inflación libre de la volatilidad del tipo de cambio; (ii) la política cambiaria sea más flexible, es decir, que el tipo de cambio se pueda mover en cualquier dirección dentro de una banda, que haría más evidente el riesgo cambiario e introduciría un desincentivo a la dolarización financiera; (iii) la política financiera, junto con normas prudenciales que hagan más resistente al sistema financiero nacional frente a la volatilidad del tipo de cambio, contribuya a promover la competitividad de las entidades financieras, internalizar los riesgos de la intermediación en dólares y proporcionar más espacio a la política monetaria; (iv) la política de la administración de la deuda pública facilite la reducción de la dolarización de los pasivos del gobierno con una efectiva dismunción del déficit fiscal; y (v) promover la confianza entre los inversionistas financieros con el establecimiento de mecanismos de indexación de precios con la tasa de inflación, y no con el tipo de cambio, lo cual implicará la revisión de las leyes monetarias, incluyendo la Ley Orgánica del BCN.

El largo plazo siempre se inicia en el presente y, con frecuencia, debió haberse iniciado en el pasado. El BCN no debería limitarse exclusivamente a garantizar la estabilidad del córdoba, hoy una moneda marginal en el mercado doméstico. No basta tener la inflación bajo control para que Nicaragua tenga crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, ya que sospecho que actualmente ni siquiera el FMI piensa en eso debido al escenario macroeconómico que se observa en los países de economía avanzada desde 2008: una baja inflación, un anémico crecimiento económico y un elevado desempleo.

Por eso también sugerí que el BCN tenga los mandatos sobre el pleno empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera; sin embargo, para cumplirlos necesitaría una reestructuración, o sea, habría que dotar a la autoridad monetaria de los instrumentos necesarios para realizar esas tareas, así como fortalecer su capacidad técnica. No dude, estimado lector, que restablecer la credibilidad en el córdoba tomará mucho tiempo, mucho más de lo que usted imagina.

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Para qué reformar el gasto público

21 09 2014

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Nicaragua tiene una economía mixta, al participar la empresa privada con el 89% en la formación del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el Estado, con una reducida frontera productiva  que le impuso el Consenso de Washington con el proceso de privatización desde la década de los noventa, se ha limitado a las actividades de educación, salud, generación y retransmisión de electricidad, provisión de agua potable y alcantarillado, recolección de basura, abastecimiento de granos básicos, correos, banca y seguros, construcción de red vial y medios de comunicación, con una participación del 11% en la producción de bienes y servicios del país.

Sin embargo, el Estado, como en todos los países, influye en la producción privada a través de los subsidios o subvenciones, las exenciones tributarias o gasto tributarios, los impuestos y los mecanismos de regulación. La competencia en algunos sectores económicos de nuestro país, tales como la energía eléctrica y las telecomunicaciones, ha sido promovida con la reducción de la regulación estatal, aunque dicha competencia aún no se visualiza en las actividades de la banca comercial y el transporte aéreo.

La mejor manera de medir el volumen de producción del sector público es, por razones técnicas, por medio del empleo. La única estadística disponible sobre la ocupación en el sector público de nuestro país es la del Gobierno Central, que en 2013 tuvo un nivel promedio anual de 120 mil 467 personas y representaron apenas el 4% del total de ocupados incluyendo a los subempleados.

La principal fuente de ingresos del presupuesto público corresponde a los impuestos. En 2013, la presión tributaria del sector público no financiero nicaragüense, incluyendo las cotizaciones de la seguridad social, fue igual a 20% del PIB, o sea, de cada 100 córdobas producidos el Estado se apoderó de 20 córdobas en concepto de impuestos y cotizaciones a la seguridad social, sin reflexionar sobre la presencia de la evasión tributaria que, según expertos en la materia, es igual entre 4% y 5% del PIB.

Por su parte, el gasto público total crece con el ritmo de la contratación de la burocracia estatal –la planilla del Gobierno Central se ha incrementado en 24 mil 171 personas en el período 2007-2013- y la compra de bienes y servicios de consumo para que la burocracia estatal funcione –independientemente de su productividad-, ya que los pagos de los intereses de la deuda pública han disminuido grandemente con las dos iniciativas de reducción de la deuda externa que sacaron a nuestro país de ese extraño club de países pobres muy endeudados en la primera década de este siglo. Como se sabe, la inversión pública fomenta la productividad futura de la economía, pero en 2013 sólo el 16% del gasto total del sector público no financiero de Nicaragua se destinó al gasto de inversión, un porcentaje bastante insuficiente para enfrentar las tareas de reducir la informalidad del mercado laboral, promover la inversión privada, aumentar la productividad  y fomentar la competitividad empresarial.

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El déficit global del sector público de Nicaragua, o sea, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos, se aproximó al 2% del PIB y al 8% de su gasto total en 2013, teniendo en cuenta que el presupuesto nacional no registra la asistencia petrolera anual de Venezuela que en ese año fue equivalente a 5% del PIB. Desde hace años, los servidores públicos tratan de reducir ese déficit con reformas tributarias, pero muy poco han hecho en la vía de reestructurar el gasto público con el fin de hacerlo más eficiente e imprimirle un sesgo pro inversionista que facilite el crecimiento económico sostenible del país.

Las fallas del mercado siempre han incentivado la intervención estatal y su más reciente ejemplo fue la gran recesión económica mundial de 2008-2009 provocada por la falta de regulación de la actividad financiera, pero los efectos de esa recesión aún se mantienen con las elevadas tasas de desempleo en las economías avanzadas.

Sin embargo, el Estado también comete fallas, al observarse en Nicaragua, por ejemplo, la crisis financiera de la seguridad social; el poco rigor en la aplicación de las leyes para proteger el medio ambiente; la imposibilidad de aplicar una política cambiaria pro exportadora de bienes domésticos, que se mantiene en gran parte con estímulos tributarios; la ausencia de una política financiera nacional coordinada por la autoridad monetaria; la depresión del mercado financiero local que duró 3 años y 5 meses, a pesar que no fue contagiado por la debacle de la banca de inversiones de Wall Street en septiembre de 2008; y el aumento permanente de la informalidad del mercado laboral.

El Estado está obligado a intervenir en el mercado para mantener el pleno empleo y reducir los peores aspectos de la pobreza, como son los problemas del subempleo y del desempleo, el bajo nivel de escolaridad de la población, la insuficiente educación técnica media y superior, la falta de viviendas, el hacinamiento en que vive la población y la falta de acceso al agua potable y servicios de alcantarillado. Pero la empresa privada, a la que corresponde el papel más importante de la economía, que es invertir y producir, puede actuar complementariamente con el Estado en la solución de estos problemas.

Nicaragua tiene dos formas de mantener o reforzar su competitividad internacional, mejorando la productividad de la economía y la competitividad de las empresas o manteniendo salarios reales tan bajos que permitan a empresas nacionales y extranjeras realizar beneficios, y por lo tanto competir, a pesar de su baja productividad. La segunda vía representa una especialización en la pobreza, y su viabilidad depende de la manutención de esa misma pobreza, aunque el 58% del gasto total del presupuesto nacional sea destinado a la estrategia de reducción de la pobreza, tal como es mostrado en el informe de liquidación del Presupuesto General de la República de 2013.

Suponiendo que no es esa la vía deseada, el tema central de la agenda gubernamental en materia económica sería el apoyo al incremento de competitividad empresarial en todas las actividades económicas del país. Esto exige, entre otras cosas, ofrecer más educación técnica, realizar más transferencia de tecnología a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, crear incentivos para que los productores mejoren su productividad, atraer empresas extranjeras y vincularlas a cadenas de producción locales, crear posibilidades para financiamientos de largo plazo, continuar mejorando la infraestructura económica del país, mejorar la administración de la justicia y fortalecer tanto las instituciones públicas como la gobernabilidad.  La  cuestión es saber si esto se puede hacer de una forma que cree condiciones para un crecimiento económico pro-pobre.

La escogencia de la primera vía para incrementar la competitividad empresarial depende, pues, de una gran reforma del gasto público, aunque es difícil que se realice en el corto plazo, porque en 2015, al ser un año pre electoral, las decisiones de la política económica estarán subordinadas a las consideraciones políticas para la atracción de un mayor número de votantes. La discusión sobre la reforma del gasto público pudo haberse iniciado en 2013, tal como lo prometiera públicamente Bayardo Arce, asesor económico del Presidente de la República, cuando presentó la propuesta de la reforma tributaria conocida como “Ley de Concertación Tributaria” en el Banco Central de Nicaragua en julio de 2012.

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El Estado es el complemento del Mercado

15 09 2014

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Con la historia del pensamiento económico se puede comprobar que existen casos en que el mercado no funciona tan bien como lo afirman, sin demostrarlo, políticos, economistas, banqueros y financistas. En Nicaragua, las fallas del mercado son más visibles en el sistema financiero nacional que en cualquier otro mercado, ya que los seis bancos comerciales radicados en el país no muestran una aceptable eficiencia al no ser competitivos entre ellos mismos ni con la banca comercial del istmo centroamericano.

Excluyendo al Banco PRODUZCAMOS porque aún no opera como un banco, el sistema bancario comercial no funciona tan bien como lo insinuó el Ing. Juan Carlos Argüello, gerente general del Banco de Finanzas (BDF) y actual presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), al afirmar públicamente que el nuevo Banco Corporativo (BANCORP), que se especializará en el financiamiento de la inversión, hará “un poquito más de competitividad”, “no viene a afectar mucho” y vendría a complementar (el sistema financiero) si viene a financiar los proyectos que no estamos financiando nosotros”.

“Errar es humano”, decía Séneca, pero persistir en el error, al reafirmarse que la banca privada es competitiva y eficiente, requiere un esfuerzo especial, porque la equivocación es sistemática y escandalosa. Los productores no financieros de Nicaragua conocen muy bien el riesgo de contratar préstamos en la banca nacional para financiar su capital de trabajo, debido al aumento de  los costos de producción provocado por las elevadas tasas de interés activas que cobran los bancos del sistema, lo que resta competitividad a las empresas no financieras. También lo conocen los consumidores, debido al antecedente que en 2009 más de 40 mil tenedores de tarjetas de crédito para el consumo fueron llevados a los tribunales de justicia, porque no pagaron sus deudas al sistema bancario ante la caída anual de 6% del flujo de las remesas familiares provocada por Gran Recesión del bienio 2008-2009.

La mayoría de los economistas está de acuerdo en que la competencia conduce a la eficiencia económica, pero ésta aún no se observa en el mercado financiero local. Si el mercado financiero fuese competitivo, los bancos competitivos para decidir la cantidad de crédito que van a ofrecer igualan el beneficio marginal o adicional que obtienen al conceder un crédito más -que es la tasa de interés que perciben- y el costo marginal o adicional de concederlo; en otras palabras, que el beneficio marginal y el costo marginal sean iguales a la tasa de interés o el precio del dinero. Por otra parte, el consumidor financiero decide la cantidad de crédito al igualar el beneficio marginal o adicional que obtiene recibiendo un crédito más y el costo marginal o adicional de obtenerlo, que es simplemente el precio que tiene que pagar, es decir, la tasa de interés o el costo del crédito. Aunque podría ser probable que cada entidad del sistema bancario nicaragüense ya disponga de la estimación de las curvas de demanda y oferta de sus recursos crediticios, es bastante probable que no apliquen la condición que exige la eficiencia económica, o sea, que su beneficio marginal sea igual a su costo marginal.

Hace 5 años, sin que sufrieran el contagio de los bonos hipotecarios “basura” que quebró a la banca de inversiones de Wall Street en septiembre de 2008 y provocó la Gran Recesión, los bancos comerciales radicados en Nicaragua atravesaron un período de 41 meses consecutivos de recesión económica, con una caída de 0.8% promedio mensual entre abril de 2009 y agosto de 2012 según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la Actividad Financiera elaborado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), mientras la economía de Nicaragua crecía a un ritmo promedio anual de 4.6% entre 2009 y 2012, de acuerdo con datos oficiales del Producto Interno Bruto (PIB) Real, también elaborados por el BCN. Este es un ejemplo de una falla del mercado financiero local y también es un ejemplo de la defensa de los economistas a las políticas neoliberales del Consenso de Washington –que fue enterrado por el G-7 en Seúl en septiembre de 2008-, y a la globalización financiera, al no tenerse en cuenta las serias complicaciones que habría en el mercado internacional.

La banca comercial de Nicaragua tiene el sesgo de financiar las necesidades de las familias, principalmente el consumo de bienes y servicios finales y la construcción de vivienda –el 73% de la cartera de préstamos se concentra en el comercio, vivienda, préstamos personales y tarjetas de crédito-, de tal manera que visitar la página web de cualquier banco comercial radicado en el país parece que se está visitando un centro comercial. Por otro lado, el BANCORP suplirá financiamiento de largo plazo a los productores, es decir, financiará proyectos de inversión rentables, y esperamos que lo haga con tasas de interés activas apropiadas en todas las actividades económicas, tales como, entre otras, generación de electricidad con recursos renovables, centros turísticos, sistemas de riego para las actividades agropecuarias, ganadería vacuna –de leche, de carne o de doble propósito- y la agroindustria, por lo cual no se observa alguna  complementariedad con la banca comercial privada.

El mercado es más sabio de lo que aparenta ser en el ámbito financiero de Nicaragua. De acuerdo con datos publicados por el BCN, en junio de este año entre los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Nicaragua tenía la mayor tasa de intermediación financiera, o sea la diferencia entre la tasa de interés de colocación de préstamos y la tasa de captación de fondos, de 10.5%, mientras que en Costa Rica era igual a 6.4%, y también tenía el mayor gasto administrativo, compartido con República Dominicana, de 61.7% del total de ingresos financieros, mientras que en Costa Rica era igual a 14.7%.

Los altos márgenes de intermediación financiera en el sistema bancario de Nicaragua podrían estar señalando prácticas no competitivas de los intermediarios financieros o elevados costos no financieros de operación. En una economía crecientemente globalizada, las utilidades de los bancos provienen cada vez más de intermediar eficientemente el ahorro financiero – es decir, con bajos costos no financieros y altos índices de cartera productiva- y no de extraer ganancias oligopólicas a los usuarios del crédito y a los depositantes. Los banqueros deberían preocuparse de la complaciente afirmación que la solidez de su banco o del sistema bancario depende en parte de la capitalización de las utilidades originadas en los altos márgenes de comercialización financiera.

Excluyendo la tarjeta de crédito para el consumo, esa irregular tasa de intermediación financiera se sostuvo en el primer semestre de este año con tasas de interés promedio ponderadas asociadas con el córdoba con mantenimiento de valor de 14.20% para préstamos y de 2.04% para depósitos, y con tasas de interés asociadas con el dólar estadounidense de 10.11% para préstamos y de 1.97% para depósitos, según datos del BCN. Aunque ciertos banqueros y financistas criollos sólo ven los montos absolutos de sus balances generales y estados de resultados, los valores de las dos razones financieras antes mencionados ayudan a demostrar la falta de competitividad del sistema bancario local del país.

Con transparencia hay más competencia y con competencia se reducen los beneficios. Siempre a junio de 2014, las razones financieras de la utilidad bruta (antes del impuesto sobre la renta) del sistema financiero de Nicaragua eran las más altas entre los países del SICA, al ser equivalentes a 28.7% del patrimonio promedio, 2.9% del activo promedio y 37.0% del total de los ingresos financieros, mientras que en Costa Rica eran equivalentes a 12.7%, 1.4% y 5.7% en el mismo orden. Con esas tasas de rentabilidad, el BANCORP no podrá facilitar el crecimiento económico sostenible por la vía de la inversión, que es la única vía para que un país con un crecimiento económico insuficiente, como es Nicaragua, pueda remontarse al desarrollo y al progreso económico.

Es el Estado de Nicaragua y no es el BANCORP el que debería desempeñar un papel importante como complemento del mercado, especialmente del mercado financiero, pero ese papel siempre es un motivo de controversias. En septiembre de 2010, las entidades bancarias y la ASOBANP se ampararon en la Corte Suprema de Justicia antes de que el Instituto PROCOMPETENCIA se pronunciara sobre la denuncia que hizo la Asociación Red Nicaragüense de Defensa de los Consumidores (RNDC) por coludirse y ejercer prácticas anticompetitivas en la fijación de una sola tasa de interés de 50% a ser cobrada a los usuarios de las tarjetas de crédito para el consumo, tal como lo expresara un comunicado de la ASOBANP fechado el 31 de mayo de 2010.

La muy trillada expresión de que la tasa de interés es fijada por el mercado fue cuestionada en Nicaragua con la resolución de PROCOMPETENCIA al BDF con fecha de 15 de abril de 2011, de que cesara de inmediato esa práctica anticompetitiva con los otros bancos del sistema financiero nacional, por lo cual fue sancionado con el pago de una multa de 300 salarios mínimos promedio, y de que actuara de manera independiente en condiciones de libre competencia. La ASOBANP también fue sancionada en mayo de ese mismo año a pagar una multa de 100 salarios mínimos promedio y se le ordenó la cesación inmediata de cualquier tipo de recomendación a sus agremiados que pueda ser constitutiva de violación o trasgresión a las normas de competencia establecidas en la Ley 601 “Ley de Promoción de la Competencia” y su Reglamento.

Sin embargo, la muy trillada expresión reapareció más cuestionada el 20 de julio de 2011, cuando la Corte Suprema Justicia resolvió insólitamente en la sentencia 760-2011 que PROCOMPETENCIA no estaba facultada para conocer, instruir y resolver sobre la denuncia de RNDC, y que el superintendente de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) era la autoridad competente que debía realizar esas investigaciones. Públicamente, el superintendente Victor Manuel Urcuyo Vidaurre exclamó que la tasa de interés es fijada por el mercado, los grupos financieros elaboraron la propuesta de regulación del uso de las tarjetas de crédito para el consumo y el superintendente la aprobó.

Dados esos ejemplos cualitativos y cuantitativos, continúa siendo necesario debatir los límites morales del mercado, porque la Economía es una ciencia con profundo sentido moral. Por supuesto que el Estado tiene la obligación de la defensa de la soberanía del consumidor y de bajar los costos a la economía y a las familias con la promoción de una mayor competencia, incluyendo al sistema financiero nacional.

 

 





Bienvenido TUMARÍN

6 09 2014

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Debido a sus efectos positivos en los ámbitos económicos y sociales en nuestro país, siempre tuve una gran confianza en la ejecución del proyecto hidroeléctrico TUMARÍN por Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), integrada por las empresas brasileñas Eletrobras (estatal)  y el conglomerado Queiroz Galvão.

El monto de la inversión en este proyecto es de 1 mil 100 millones de dólares, destinados a la construcción de un área de embalse de 41 km2, una presa de 63 metros de altura, casa de máquinas y obras de conducción, que será concluidas en 4 años y la Licencia de Generación tendrá un plazo de 39 años, incluyendo el período de construcción, para que ambas firmas recuperen su inversión. Cumplido este plazo, TUMARÍN será entregado al Estado de Nicaragua en buen estado de operación, con la transferencia de la totalidad de las acciones sin que medie precio ni costo alguno o compromiso de ningún tipo.

TUMARÍN estará localizado en el Municipio La Cruz de Río Grande de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). La población rural de esta región, según la V Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) 2009, tiene un índice de pobreza extrema de 38.2% y un índice de pobreza no extrema de 30.7%. En otras palabras, casi 7 de 10 personas de dicha Región Autónoma se encontraban afectadas por la pobreza en 2009.

En ese mismo año y en términos per cápita promedio anual, la población rural de esa región autónoma tenía un ingreso de US$569 y un gasto de consumo de US$491, y entre sus necesidades básicas insatisfechas se distinguen los índices de hacinamiento de 33.8% (con 5 o más personas por cuarto), 71.2% de servicios insuficientes (sin fuente de agua adecuada y sin letrina), 5.2% de vivienda inadecuada (sólo con un material aceptable o ninguno), 37.2% de baja educación (al menos un niño de 7 a 14 años no asiste a la escuela), y 45.1% de dependencia económica (3 personas por cada ocupado en el hogar y el jefe tiene una escolaridad máxima de primaria incompleta).

Por otro lado, en el VIII Censo de Población y IV de Vivienda de 2005, se observó que la población del Municipio de La Cruz de Río Grande era de 23,284 habitantes, y por el tamaño de su población ocupaba el lugar 64 entre los 153 municipios del país. El total de viviendas era 4,447, de las cuales 3,762 estaban ocupadas y el promedio de personas por vivienda ocupada era de 6.2.

TUMARÍN contribuirá a desarrollar la economía local y a mejorar el bienestar de la población oriunda de los municipios Río Blanco, Paiwas y San Pedro del Norte, al planear una inversión de US$25.8 millones en la construcción de 350 viviendas para atender a la población desplazada del proyecto, que recibirá un pago apropiado de las tierras habitadas y, además, elevará su nivel de vida y bienestar con la construcción del nuevo Pueblo de Apawas, que tendrá un instituto técnico agropecuario para la capacitación de los productores de la zona, el mantenimiento de una zona de reserva forestal, la construcción de una carretera con una longitud de 51 Km con un valor de US$21.7 millones y una mejor distribución de energía eléctrica en la RAAS.

El escenario macroeconómico de nuestro país en el que se levanta TUMARÍN no es muy holgado y se caracteriza por: (i) un estadio de crecimiento económico anual con un rango entre 4% y 5%, insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza; (ii) una carga de la factura petrolera de US$1186 millones en 2013, que representó el 10% del PIB, el 21% del valor de la importaciones de bienes CIF, el 65% del saldo de las reservas internacionales netas del Banco Central de Nicaragua (BCN), el 49% del valor de la exportaciones domésticas de bienes FOB, el 72% de los ingresos tributaros recaudados por el Gobierno Central y el 212% de la cooperación oficial recibida por el sector público; y (iii) en 2013, la intensidad petrolera de Nicaragua fue igual al consumo de 991 mil 262 barriles de petróleo y de combustibles por cada 1 mil millones de Producto Interno Bruto (PIB) del país, la cual fue 2.2 veces más alta que la intensidad petrolera promedio del mundo, no obstante se ha incrementado la participación de la generación de electricidad con recursos renovables en el país desde 29.0% en 2007 a 52.4% en 2013.

Por el lado de la oferta, TUMARÍN, de acuerdo con la propuesta de reforma de la Ley 695 recién presentada por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su aprobación, tendrá una potencia de 253 MW y una capacidad media anual de generación de energía de 1184 GWH a partir de 2019, que representan el 20% de la potencia total instalada del país y 2.6 veces la capacidad instalada de generación hidroeléctrica del país en 2013. Por el lado de la demanda, TUMARÍN facilitará el consumo de 1184 GWH y sustituirá el 94% de la generación de energía termoeléctrica de 1927 MWH registrada en 2013.

Por otro lado, el principal efecto de TUMARÍN en la balanza de pagos de nuestro país será el ahorro anual de divisas por un monto de US$277 millones en precios de 2013, al sustituir con su generación de electricidad el consumo de 2,888,560 barriles de fuel oil con un precio CIF promedio anual de US$96.07 por barril observados en 2013. Ese ahorro de divisas equivaldría al 23% del valor de la factura de las importaciones de petróleo, combustibles y lubricantes, al 5% del valor total de las importaciones de bienes CIF, al 22% del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y al 2.5% del PIB del país, según cifras oficiales correspondientes a 2013.

Sin embargo, el efecto de la construcción de TUMARÍN en el mercado laboral será muy modesto, ya que, según la propuesta de reforma de la ley de este proyecto antes mencionada, generará 6000 puestos de trabajo directos e indirectos, que son equivalentes apenas a 0.2% de la población económicamente activa del país y al 1% de los trabajadores activos asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) observados en 2013.

En conclusión, el beneficio macroeconómico para Nicaragua por la economía de energía debido al cambio de matriz energética, es que una energía más barata aumentará la competitividad de la industria del país atrayendo inversiones domésticas y extranjeras, y aumentando el ingreso con el multiplicador del gasto de inversión; por su parte, el beneficio social será la extirpación de la pobreza en el Municipio de La Cruz de Río Grande. Se necesitaría otro TUMARÍN para que en el mediano plazo Nicaragua se independice efectivamente de los hidrocarburos para la generación de electricidad.