El salario real y la productividad en la Construcción

El viernes de la semana pasada fui invitado por la Cámara de la Construcción de Nicaragua para exponer la situación del empleo, los salarios y la productividad de la Actividad de la Construcción. Para ello, me limité a los datos oficiales cuyas principales fuentes son el Ministerio del Trabajo (MITRAB), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y Banco Central de Nicaragua (BCN), con el propósito que las conclusiones tengan cierto interés para las autoridades gubernamentales de nuestro país. Las principales conclusiones que saqué de este análisis se presentan a continuación.

En 2013, la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) privada y pública, que sumó 2 mil 574 millones de dólares, apenas representó el 23% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción muy baja para asegurar un crecimiento económico sostenible de Nicaragua. La inversión extranjera directa participó con el 72% en la inversión fija del sector privado, una proporción que deja al margen el esfuerzo inversionista privado doméstico, que participó con el 28% en dicho gasto, muy por debajo del 73% observado en 2004.

En 2010 existían 274 empresas de la construcción radicadas en zonas urbanas del país, de las cuales el 73% se encuentran en el Departamento de Managua y el 82% son microempresas y pequeñas empresas, o sea, empresas que tienen entre 1 y 20 empleados. Sólo 15 empresas eran grandes, con  más de 100 empleados.

En el cuarto trimestre de 2012, 131 mil 888 trabajadores con un promedio de 7.4 años de escolaridad, laboraban en la actividad de la construcción, de quienes el 63% eran jornaleros y peones, y el 16% eran trabajadores por cuenta propia. Del total de trabajadores antes mencionado, el 71% estaba ubicado en domicilios.

El nivel de informalidad en la Actividad de la Construcción en el cuarto trimestre de 2012 puede ser enfocado desde varios ángulos: de 83 mil 635 obreros y peones, el 74% fue contratado en forma verbal; de los 131 mil 888 trabajadores, el 88% no estaba inscrito en la seguridad social, el 69% trabajaba en empresas que no llevan ningún registro contable o no saben si lo tenía, y el 68% no laboraba la jornada diaria completa o ganaba menos que el salario mínimo legal.

En términos promedio anual de 2013, en la Actividad de la Construcción el salario mínimo legal era 5 mil 529 córdobas y cubría el 53% de la canasta de consumo básico; el salario mínimo pagado en el mercado, 5 mil 426 córdobas; el promedio nacional, 7 mil 463 córdobas; y el de los asegurados activos, 7 mil 503 córdobas, que corresponde al promedio pagado principalmente por las empresas formales de la actividad, su brecha positiva con respecto al promedio nacional de la actividad fue 14% y cubría el 75% de la canasta de consumo básico.

El salario mínimo mensual pagado en la Construcción fue el mayor al ser comparado con el de las otras actividades económicas. Por ejemplo, fue 62% mayor que el pagado en la industria manufacturera y en los servicios comunales, sociales y personales, y 1% mayor que el de establecimientos financieros.

La productividad de la Construcción, estimada como el valor agregado real (en millones de córdobas de 2006) dividido entre el total de ocupados (que incluye el ejército de subempleados), o sea, la cantidad real de producto que dicho trabajador produce en un tiempo determinado, se desplomó 43% entre 1994 y 2000 y 73% entre 2003 y 2011, mientras que en ambos períodos el salario mínimo legal real, o sea, el salario monetario dividido entre el índice de precios al consumidor o la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede comprar con su salario mínimo, se elevó 246% y 153% respectivamente. Esto es bastante contradictorio con lo que señala la política económica neoliberal, de que el salario real tiene que igualar la productividad en un tiempo determinado y, si no es así, una empresa que compite en un mercado competitivo tendrá un incentivo para reducir su número de trabajadores hasta ajustar el total de sus salarios reales a su productividad.

En conclusión, la competitividad de las empresas formales de la Actividad de la Construcción está afectada por la competencia desleal de la empresas informales, que licitan con  menores costos debido a que no pagan el salario mínimo legal sino salarios a destajo, ni contribuyen a la seguridad social, ni cumplen con las otras prestaciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y el Convenio del Sector de la Construcción.

El objetivo de aumentar la productividad en esta actividad, dicho sea de paso en todas las actividades económicas del país, es una responsabilidad compartida entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Los ajustes del salario real dependen de la tasa de aumento de la productividad, pero ésta no descansa exclusivamente entre los trabajadores, porque también está influenciada por la inversión tecnológica en las empresas y el mejoramiento de la infraestructura económica nacional, que es una responsabilidad gubernamental.

Por consiguiente, la competitividad empresarial está asociada con el  desarrollo gerencial para apoyar el aumento de la productividad y las políticas públicas dirigidas al fomento de la inversión privada doméstica, la promoción de la transferencia de tecnología a las microempresas y pequeñas empresas, la educación técnica media y superior de los trabajadores, el mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica (red vial y la generación de energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, telecomunicaciones y servicios portuarios) y la transparencia de las licitaciones públicas y privadas. Las instituciones públicas, como el MITRAB, INSS, Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Dirección General de Ingresos (DGI), entre otras, deberían fortalecer sus áreas de supervisión e inspectoría y no limitarse a la atención de las empresas formales históricamente revisadas.

Al Secretario de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Paul Oquist Kelley, que se encontraba en el auditorio, le sugerí que conciliara las relaciones entre el INIDE y el BCN, porque la autoridad monetaria insólitamente no ha publicado el empleo por actividad económica en los bienios 2001-2002 y 2012-2013, lo cual limita el análisis de la productividad. Además, le solicité que publicaran en la página web del INIDE todos los resultados trimestrales de la Encuesta Continua de Hogares, no sólo la última disponible –y también atrasada porque es la del último trimestre de 2012-, ya que al perderse la secuencia histórica de esta valiosa información pública se obstaculiza la formulación de  políticas públicas que contribuyan a resolver los problemas estructurales de nuestro mercado laboral. Cabe recordar que la información pública, cuya recopilación y procesamiento es pagado con nuestros impuestos, no es secreta, es de los nicaragüenses.

¿Más enfermos o sanos?

He leído con bastante interés la opinión cualitativa de varios profesionales, especialmente economistas y sociólogos, sobre el grave riesgo de la “enfermedad holandesa” que resultaría de la probable ejecución del megaproyecto “Desarrollo Integral del Gran Canal de Nicaragua” con el ingreso de un gran flujo de dólares por esa inversión extranjera en nuestro país. Esa enfermedad no es nada más que la apreciación del córdoba, la cual, de acuerdo con mis estimaciones, ha contagiado a nuestra moneda de curso legal en forma consecutiva desde 1978 hasta el presente y provoca otra complicación: el efecto de histéresis que se produce cuando las variaciones grandes y duraderas del tipo de cambio real introducen cambios en los patrones comerciales e influyen a largo plazo en el balance comercial de la balanza de pagos de nuestro país.

El córdoba, sin el apellido “con mantenimiento de valor”, se aprecia cuando es más caro al relacionarse con otras monedas, o sea, el valor del tipo de cambio real cae o se da una pérdida de competitividad internacional al incrementarse los costos de producción interna de los bienes exportables, produciendo efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento económico del país. En esa situación, los agentes económicos tienen un mayor incentivo para producir bienes no transables que bienes exportables o importables, por lo cual las exportaciones disminuyen, las importaciones aumentan, se profundiza el déficit en la balanza comercial, se desincentiva la inversión extranjera y se produce una fuga de capitales.

La sobrevaluación del córdoba no es algo extraño en la economía nicaragüense. Con su actual soberanía de 22% del mercado, el córdoba registró una sobrevaluación de 69% en 1988, al ser afectada por la cuarta hiperinflación del mundo en el Siglo XX entre los meses de abril de 1987 y 1991 –en 1988, la tasa de inflación acumulada anual del córdoba fue 33548%-; luego, el índice de sobrevaluación del córdoba se ubicó en 48% en 1991, cuando el 3 de marzo de ese año nuestra Nación escuchó una clase de “economía hidráulica” del entonces ministro de la Presidencia, Ing.  Antonio Lacayo, sobre el fin de la hiperinflación, queriendo demostrar la solidez del córdoba con la muleta de la cláusula de mantenimiento de valor al “transformar los tanques de agua sucia en tanques de agua limpia”, pero el córdoba aceleraba su apreciación en ese año; finalmente, en 2013 el índice de sobrevaluación disminuyó hasta 21%, es decir, el córdoba se depreciaba con sus altibajos pero valía 21% más de lo debía valer.

Entre 1980 y 2013, Nicaragua ha recibido un flujo total de cooperación oficial pública y privada, remesas familiares e inversión extranjera directa (IED) aproximado a 40 mil millones de dólares, similar a la cifra preliminar del costo del megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua, pero de ese monto sólo el 40% ingresó al país como divisas líquidas de libre disponibilidad, que son las que provocan la “enfermedad holandesa”. El 60% restante de ese flujo de recursos correspondía a divisas líquidas atadas a la ejecución de programas y proyectos.

¿Adquirirá una escala verdaderamente masiva la sobrevaloración del córdoba con las entradas de capital por la ejecución del Gran Canal de Nicaragua? Esto preocupa a mi colega Adolfo Acevedo, uno de los pocos distinguidos economistas de nuestro país; sin embargo, lo que deberíamos preguntarnos es cuánto sumará el ingreso de divisas líquidas que se utilizará para realizar los pagos internos, ya sea en concepto de sueldos y salarios o compras de bienes y servicios intermedios para la ejecución de dicha mega obra. Con la información conocida hasta ahora, no tenemos idea alguna al respecto.

Sin embargo, según cifras preliminares presentadas por el Grupo HKND –aún desconozco el significado de estas siglas, pero supongo que HK significa Hong Kong- para ejecutar el proyecto se importarán totalmente 4 millones 460 mil toneladas de acero, 5 millones 258 mil toneladas de combustible y 243 millones de toneladas de asfalto y, además,  se importará la mayor parte de 14 millones 153 mil toneladas de cemento y 149 millones 89 mil toneladas de piedra y arena. También casi el total de las remuneraciones pagadas a los formuladores del proyecto ha quedado fuera del país y así también quedarán las remuneraciones pagadas a la dirección de la ejecución del proyecto y su personal administrativo.

Otro economista muy capaz, Carlos Muñiz, aseveró que tenemos que minimizar la “enfermedad holandesa”, pero eso no es factible con el régimen cambiario reptante que existe en el país, la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio, la presencia de la cláusula de mantenimiento de valor y, principalmente, por los graves problemas estructurales que tiene el mercado de bienes y servicios y el mercado laboral de la economía nicaragüense, tales como los bajos rendimientos productivos, la escasa transferencia de tecnología a las microempresas y pequeñas empresas, la insuficiente inversión pública en infraestructura económica, el bajo nivel de escolaridad de la población, el tremendo subempleo y desempleo abierto y la gran informalidad del mercado. Por todo eso, a lo cual se suma la falta de independencia de los Poderes del Estado y una gran debilidad de la institucionalidad en el sector público, el Banco Central de Nicaragua (BCN) es un rehén de su política cambiaria porque no puede devaluar el tipo de cambio real para promover la competitividad de las empresas exportadoras y reducir el grave déficit comercial externo del país. Por lo tanto, es poco probable la minimización de la “enfermedad holandesa”.

El político de turno en el poder debe decidir si mantiene una baja inflación, lo cual ineludiblemente está acompañado con un gran desempleo y subempleo, características  actuales de la economía nicaragüense, o decidir por un bajo desempleo y subempleo a través de la inversión, que también estará ineludiblemente acompañado por una mayor presión inflacionaria, tal como sucederá con la actual estrategia gubernamental de facilitar la ejecución de megaproyectos de inversión, tales como TUMARÍN, la refinería de petróleo y el pretendido Gran Canal de Nicaragua. Esa inflación no podrá ser mitigada con las subastas de Letras de Letras Estandarizadas del BCN, sencillamente porque el mercado doméstico se sobrecalentará con los niveles de liquidez resultantes de la ejecución de la carrera inversionista.

El principal efecto del megaproyecto del Grana Canal de Nicaragua se registrará principalmente en la Cuenta de Oferta y Demanda Global, la Balanza de Pagos y el Balance de la Fuerza Laboral, pero con la escasa información existente sólo es un deseo poder evaluar sus efectos en la producción de bienes y servicios por actividad económica (tasa de crecimiento económico), el comportamiento del consumo final y de la inversión fija (construcción, maquinaria y equipo, con sus servicios profesionales, técnicos y de educación), el multiplicador de la inversión, el aumento de las importaciones sectoriales y las exportaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción, el crecimiento del ingreso nacional y su distribución, las variaciones del déficit comercial y del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, el flujo de divisas líquidas y de divisas atadas al proyecto, el aumento del empleo (directo, indirecto e inducido) con sus coeficientes sectoriales de empleo/producción y empleo/inversión, las alzas de los salarios, la nueva dinámica de la inflación, la expansión de la liquidez y la sobrevaluación del córdoba. Tan pronto los datos del proyecto estén disponibles, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), la firma que este servidor dirige, procederá a determinar estos efectos de este mega proyecto con el rigor científico económico-estadístico-econométrico requerido, pero con la restricción de la limitación de los datos que publique el Gobierno de Nicaragua.

La evaluación de los impactos de este megaproyecto en la economía de Nicaragua no podrá ser obtenida con la apropiada seriedad profesional en este año, sino hasta después que el Gobierno de Nicaragua y el Grupo HKND presenten a la Nación la estructura anual del gasto con sus modalidades de financiamiento anual, tanto en la etapa de construcción como en la etapa de operación del Gran Canal de Nicaragua.

 

Hay que pronosticar y no especular

Cualquier evaluación de los efectos económicos del megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua requiere un conocimiento pleno de las diversas etapas anuales de su construcción y del período específico de la ejecución de las otras inversiones conexas, como son la construcción de un lago artificial, dos puertos, una carretera en un territorio poco amigable, una zona de libre comercio, un aeropuerto y un complejo turístico. Se requiere también conocer la estructura del total del gasto de inversión, es decir, la construcción, la maquinaria y equipo, y los servicios profesionales y técnicos.

Con esa información se podría determinar los incrementos de la producción sectorial, que sería de los tres sectores sectores de la economía debido a los requerimientos directos, indirectos e inducidos de producción de bienes y servicios, mas no sólo de la construcción como han mencionado algunos dirigentes de la empresa privada. Esos aumentos de la producción de las actividades económicas del país, provocados por los incrementos de las inversiones anuales asociadas con este megaproyecto y sus sub proyectos, conducirá a pronosticar la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real, para lo cual será necesario estimar cuidadosamente el multiplicador de la inversión -que no permanecería constante- en una economía extremadamente abierta como es la de Nicaragua.

Este megaproyecto demandará importaciones de bienes y servicios corrientes y de capital, por ejemplo de la siderurgia, maquinaria y equipo, materiales de construcción, combustibles, productos informáticos y electrónicos, entre otros, lo cual conducirá a una expansión del déficit comercial externo del país, de por sí ya muy elevado. El financiamiento de la expansión de este grave desequilibrio externo, que impera desde hace varias décadas, sería el de los recursos que pondrían los inversionistas «anónimos» en este proyecto, lo cual perjudica la transparencia del megaproyecto. Además, se debe determinar también la generación de empleo resultante del aumento de las inversiones, para lo cual se deberán estimar los coeficientes de empleo/producción correspondientes a cada una de las actividades económicas del país. Todos estos cálculos hay que realizarlos para la primera fase del Proyecto del Gran Canal de Nicaragua.

En conclusión, en esa primera fase de este megaproyecto hay que evaluar con sumo cuidado, sin ninguna alegría política, los efectos del proyecto sobre las Cuentas de Oferta y Demanda Global, la Balanza de Pagos y el Balance de la Fuerza de Trabajo de nuestro país. Indudablemente, el PIB Real Per Cápita acelerará su tasa de crecimiento en este período.

En una segunda fase del Proyecto del Gran Canal de Nicaragua se deberán evaluar sus costos de operación, de origen nacional e importado, así como los ingresos generados por los servicios que facilitan el tránsito interoceánico. Los ingresos que se obtengan por el funcionamiento del Gran Canal de Nicaragua, es decir, el aumento de las exportaciones de servicios no atribuibles a factores de producción, no se registrarán en la balanza de pagos de Nicaragua, porque quedarán en manos de los inversionistas por, al menos, 50 años y, a lo sumo, por 100 años, según decisión del concesionario. Indudablemente, el PIB Real Per Cápita desacelerará su tasa de crecimiento a partir del primer año de operaciones del megaproyecto, y el Ingreso Nacional Per Cápita desacelerará mucho más su tasa de crecimiento porque los ingresos de operación del Gran Canal, incluso si se registraran como egresos de servicios atribuibles a factores de producción, en este caso, repatriación de utilidades, quedará en manos de los inversionistas desconocidos entre el pueblo de Nicaragua.

Desafortunadamente, nuestro país sólo recibirá 10 millones de dólares en efectivo durante 10 años en concepto de contraprestación por el otorgamiento de las concesiones y otros derechos y , además, participará en los ingresos generados por los otros sub proyectos, con un monto de 1% del patrimonio de esos sub proyectos, porcentaje que será creciente a lo largo del tiempo -20% en y después del año 21, 30% en y después del año 31, y así sucesivamente hasta 99% en y después del año 91-. En el año 100, el Gran Canal pasaría a manos del Estado de Nicaragua.

Por consiguiente, las operaciones del Gran Canal de Nicaragua y del resto de los sub proyectos no provocarán un efecto importante en el incremento del PIB Real, ni del Ingreso Nacional, ni de las importaciones de bienes, ni de las exportaciones de servicios no atribuibles a factores de producción, en un lapso de 50 a 100 años. Lo que sí podría observarse es un empleo creciente en todas las actividades económicas del país resultante de la operación del proyecto, incluso con la operación de los sub proyectos, porque se demandaría, en gran parte, mano de obra no calificada. Por consiguiente, habría estimar los efectos del funcionamiento del Gran Canal de Nicaragua en la Cuenta de la Oferta y la Demanda Global, la Balanza de Pagos y el Balance de Fuerza de Trabajo del país, pero puedo anticipar que estos efectos no serán extraordinarios.

Es por ello que como economista responsable, me abstengo de opinar económicamente sobre el Proyecto del Gran Canal de Nicaragua, porque se desconoce la información relacionada con el gasto de inversión anual tanto del megaproyecto como de los sub proyectos. Los economistas serios no especulamos, como usualmente lo hacen los políticos, sino que pronosticamos con base en datos, con base en realidades, no influenciados por ideas y especulaciones.

Para los economistas no es difícil plantear los términos de referencia para evaluar los efectos de un megaproyecto. Eso se hace a lo sumo en semanas  y no en meses. Lo complejo es determinar esos efectos, evitando conjeturas y supuestos, como la afirmación del Sr. Paul Oquist, Ministro-Secretario Privado para Políticas Públicas de la Presidencia de la República, de que el crecimiento económico de Nicaragua se duplicará en 2018 y que el empleo formal se triplicará con la ejecución de este megaproyecto. Al final, como suele suceder, el pronóstico económico será más importante que la especulación política.

 

 

 

 

1992 sobrevive en 2014

El  9 de abril  de 1992 el Volcán Cerro Negro, uno de los más jóvenes y explosivos de Centroamérica, hizo erupción y por tres días la Ciudad de León y sus alrededores estuvieron baja una densa columna de gases, arena y cenizas. En ese entonces me desempeñaba como asesor del ministro de Cooperación Externa, Dr. Erwin Krüger, en la tarea nacional de condonación y reestructuración de la deuda pública externa, que a finales de 1992 sumaba 10 mil 792 millones de dólares y era equivalente a 35 veces el valor anual de las exportaciones de bienes  y servicios no factoriales y a 2.5 veces el Producto Interno Bruto (PIB).

Ante la emergencia de la erupción volcánica, el ministro me indicó que consultara con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encontraba en la tarea particular de establecer el primer Programa ESAF 1992-1995 en Nicaragua,  si podíamos usar algunas divisas del Banco Central de Nicaragua (BCN) para financiar el gasto público de emergencia para atender a la población damnificada. Le dije que no era posible, a sabiendas que las divisas, incluso las facilitadas con el Programa Stand-By del FMI de 18 meses que se suscribió en septiembre de 1991, siempre han sido intocables para Nicaragua, porque están destinadas exclusivamente a “fortalecer” la posición de las reservas internacionales oficiales del país.

Con la insistencia del ministro, hice la consulta. El representante de la misión técnica del FMI me contestó que no podía aceptar la solicitud gubernamental, porque en la hoja del balance de divisas líquidas no se observaba el uso de divisas líquidas de libre disponibilidad para atender la emergencia provocada por la erupción del Cerro Negro. Una respuesta tajante que ya esperaba, ajena a cualquier sensibilidad social.

El recién pasado viernes 4 de julio de este año ocurrió algo similar en el BCN, esta vez sin erupción volcánica pero con la muy probable presencia del fenómeno climatológico “El Niño” en Nicaragua durante el segundo semestre de este año. “El gobierno sólo facilitará mecanismos para los ganaderos”, a quienes se les han muerto más de un mil reses y existen 170 mil cabezas de ganado vacuno en riesgo por falta de pasto y agua al enfrentar un bajo peso en el llamado corredor seco de Nicaragua, “porque no tiene recursos para dar respuesta a la crisis del sector”, tal como lo expresó el presidente del BCN, Ovidio Reyes.

Continúa potente el pensamiento monetarista en el quehacer macroeconómico de los servidores públicos, porque el fenómeno de El Niño, que ronda a nuestro país cada 4 años, no ha sido programado en el uso, mejor dicho, en la emisión de córdobas, mucho menos en la hoja de las intocables e indisponibles divisas líquidas en poder el BCN, por lo cual el gobierno sólo establecerá mesas de coordinación entre ministerios y ganaderos para comprar pastos y alimentos para el ganado.

Al BCN sólo le preocupa la estabilidad del córdoba y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, pero no toma en cuenta el pleno empleo y un mayor crecimiento económico porque eso supuestamente lo hace el Mercado. Demasiada ingenuidad aceptar que una estrategia nacional se le puede dejar al Mercado. Así se pensaba con el extinto Consenso de Washington, que no pudo sobrevivir con el libertinaje de los sistemas financieros en todo el mundo, principalmente con las actividades ilícitas que se dieron con la quiebra de la banca de inversión de Wall Street en octubre de 2008.

Con esos dos objetivos, la dirección del BCN sólo necesita saber contar cuántas reservas internacionales dispone la autoridad monetaria y cuántos córdobas ha emitido para mantener la estabilidad de precios y del tipo de cambio oficial. Es de sobra conocido que el BCN no tiene una efectiva política monetaria al estar frente a tres monedas en el mercado local –el dólar, el córdoba con mantenimiento de valor y el córdoba (este último sólo domina el 22% del mercado)-; su política cambiaria es inflexible –una línea recta en los últimos 10 años-, que aunada a la cláusula de mantenimiento de valor le impide corregir el grave déficit comercial del país; no posee una efectiva política financiera –se la dejó al Mercado-, que le impide atender necesidades nacionales como la que presentan hoy los ganaderos y mañana los productores de granos básicos, o diseñar un programa de financiamiento de las inversiones domésticas para facilitar el crecimiento y desarrollo económico del país, mientras que la pequeña banca privada nacional se especializa en financiar el gasto de las familias, especialmente el consumo con onerosas tasas de interés activas, y no promueve el ahorro financiero con sus negativas tasas pasivas reales.

Por otro lado, existen recursos presupuestarios para financiar el consumo público. Por ejemplo, el último aumento de este gasto fue el uso de nuestros impuestos para financiar el denominado bono salarial de los empleados públicos con un costo anual de 60 millones de dólares, inicialmente financiado con los recursos del crédito petrolero venezolano con fines estrictamente políticos partidarios. Otro ejemplo es que cada año, los diputados aprueban en la ley del presupuesto general de la República la emisión de Bonos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un monto de 100 millones de dólares destinados a financiar el pago de las amortizaciones de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), que están en poder de los confiscados de sus propiedades en la década de los ochenta del siglo pasado. Puede observarse, con esos dos ejemplos, que el consumo y la deuda pública del Gobierno Central gozan de una importante  prioridad en la política del gasto gubernamental, pero no hay recursos para emergencias nacionales.

Aunque lo reconozco como el mejor economista actual en las filas gubernamentales de nuestro país, el colega Ovidio Reyes mostró en su reunión con los ganaderos nicaragüenses el mismo sesgo que tienen las misiones técnicas del FMI que han visitado a nuestro país desde 1991. El BCN necesita reforzarse técnica, financiera y políticamente, por lo cual lo invito a reflexionar sobre un mejor desempeño de la autoridad monetaria que contribuya efectivamente al crecimiento económico con estabilidad macroeconómica de nuestro país.

Los 6 males de la economía de Nicaragua

Cinco males económicos fueron identificados recientemente por Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): la baja productividad, “bestia negra”, como dijo Gurría, que lastra el crecimiento del continente —en 20 años sólo registró un aumento del 1.6% frente al 3% de países como Corea del Sur, Turquía o Polonia—; la desigualdad, que hace de América Latina la región más injusta del mundo —el 20% más rico capta en promedio el 47% del ingreso total—; la informalidad en el empleo, que afecta al 55% de sus trabajadores —unos 130 millones de personas—; la escasa capacidad de recaudación fiscal —del 13.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1990 ha pasado al 20.7% ahora, muy lejos aún del 34.1% de media en los países de la OCDE— y la falta de inversiones en infraestructuras —una media de 2,5 puntos del PIB frente al 6 de los países asiáticos—, lo que dispara los costes de exportación en comparación con sus rivales comerciales.

Viendo a la economía de Nicaragua, se agregaría un mal más, en total seis, que son los siguientes.

1. La baja productividad, o sea, el PIB Real por persona ocupada, incluyendo a los subempleados, en 2013 fue igual a 4,891 córdobas de 2006 e inferior en 19% a la registrada en 1994, lo cual se explica con la escasa escolaridad promedio nacional –el nicaragüense aprueba sólo la educación primaria- y la escasa transferencia de tecnología a la microempresa y la pequeña empresa.

2. El grave déficit comercial externo, que igualó el 20.7% del PIB en 2013, causado principalmente por el índice de sobrevaluación del córdoba del orden de 20.9% de ese mismo año. En otras palabras, es más rentable importar que exportar porque el córdoba valió 20.9% más de lo que debería valer en 2013.

3. La desigualdad en la distribución del ingreso, porque en 2009 el 20% de la población con más altos ingresos se apoderó del 51.4% del ingreso nacional, mientras que el 20% de la población de más bajos ingresos apenas captó el 4.8% del ingreso nacional.

4. La informalidad del mercado laboral se refleja con el hecho que en el tercer trimestre de 2013 el 79.4% del total de trabajadores ocupados, incluyendo a los subempleados, laboran en empresas que no tienen registros contables. Además, el 48.3% del total de ocupados está subempleado, o sea, no trabajan las 8 horas diarias o devengan un salario menor que el salario mínimo legal.

5. La evasión en el pago de impuestos, que a groso modo se estima en un monto equivalente al 6% del PIB, es decir, un monto equivalente a 675 millones de dólares. Los impuestos recaudados por el gobierno central en 2013 equivalen a 14.7% del PIB.

6. La poca inversión en infraestructura económica, que se explica con la grave desproporción del gasto de inversión pública igual a 4.7% del PIB y a 22% del gasto total presupuestario, que es financiada con recursos de la cooperación internacional.

Políticos honestos, no se dejen engañar

Siempre he advertido a los nicaragüenses, y lo continuaré haciendo, que no se dejen engañar o embaucar por personas que, aparentando ser honestos, rectos y honorables, se han desprestigiado por sus presuntos actos delictivos contra el Tesoro de la Nación y por sus presuntas violaciones a los derechos humanos. Todos esos actos delictivos son presuntos, porque esas personas se escudan con la inmunidad que les confiere el cargo público. Todos esos actos delictivos serían verdaderos, si esas personas no fuesen protegidas por otros políticos.

Me refiero de nuevo al presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas, reconocido por su soberbia y prepotencia, quien ahora desde su cargo de presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), hace un llamado a la unidad de la oposición política con “… los brazos abiertos, sin prepotencia y sin condicionantes”.

¿Cómo creer en esa falacia? Tremendo error cometerían los que crean en esas palabras, porque este diputado, que no se desempeña realmente en su cargo público sino que sólo nominalmente ocupa su curul para evadir la Justicia de nuestro país, siempre se ha caracterizado por su amoralidad e indecencia y por sus daños al Tesoro de la Nación.

Su famosa reingeniería financiera y su irresponsabilidad al no proteger los bienes nacionales en las subastas de activos de cuatro bancos liquidados, actos de corrupción que cometió en el transcurso del año de 2003, están muy frescas en la memoria de los nicaragüenses, y así también están en la memoria nacional su irrespeto a dos jueces penales, porque lo querellé por sus graves injurias y calumnias que él escribió contra mi persona y que fueron publicadas en el diario La Prensa del 31 de julio de 2008, y otras más que escribió en una carta fechada el 2 de febrero de 2011 que él escribió e hizo circular desde la dirección electrónica de su movimiento político.

Tan confusa es la conducta de esta persona, que de querellado se volvió querellante; de calumniador en calumniado; de diputado en juez al poner, dice él, una lápida a mis querellas que están muy vivas en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua; de soberbio en humilde; de ofensor en ofendido; de malicioso en ingenuo; de prepotente en tolerante; de mentiroso en sincero; de culpable ex ante en inocente ex post. Toda esta ardua tarea del susodicho diputado, que la ha realizado en forma pública, es por su afán de ocultar su presunta delincuencia.

Por todo esto, les digo a los políticos honestos, probos y honorables, que buscan la unidad de una oposición constructiva, que no se dejen engañar por el diputado impune Eduardo Montealegre Rivas.

Carta 30 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Ing. René Núñez Téllez

30 de junio de 2014

Ingeniero

Santos René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Santos René Núñez Téllez:

Siempre insistiendo en que la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional incluya en su Orden del Día las solicitudes de dos jueces locales de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda y Lic. Henry Morales Olivares, para iniciar el proceso de la desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas debido a sus graves injurias y calumnias contra mi persona, le escribo esta carta No. 30 con el firme propósito que los legisladores, servidores públicos nuestros, cumplan con su obligación de respetar la Constitución de la República de Nicaragua y defender el respeto de los derechos humanos de la población de Nicaragua.

Creo que es muy cuestionable el hecho que la Junta Directiva de este Poder del Estado de Nicaragua que usted preside mantenga silencio al no responder positiva o negativamente mi pedido ciudadano sobre la base de las dos solicitudes judiciales antes mencionadas, lo cual, implícitamente, se puede entender como una protección a un presunto delincuente como es el diputado Eduardo Montealegre Rivas, quien, abusando de la inmunidad que le confiere su curul, decidió ponerse al margen de la ley en vez de retractarse como lo manda nuestro Código Penal.

Con la seguridad que usted leerá esta trigésima carta, siempre le reitero mi solicitud ciudadana de que la Asamblea Nacional de Nicaragua respete los preceptos contenidos en los Artículos 5 y 26 de nuestra Carta Magna y me facilite mi derecho humano de tener acceso a la Justicia de nuestro país.

Atentamente,

 

Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

 cc:          Iris Marina Montenegro Blandón, Primera Vicepresidenta.

María Eugenia Sequeira Balladares, Segunda Vicepresidenta.

Gladys de los Ángeles Báez, Tercer Vicepresidenta.

Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria.

Loria Raquel Dixon Brautigam, Segunda Secretaria.

Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Tercer Secretario.

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