El viernes de la semana pasada fui invitado por la Cámara de la Construcción de Nicaragua para exponer la situación del empleo, los salarios y la productividad de la Actividad de la Construcción. Para ello, me limité a los datos oficiales cuyas principales fuentes son el Ministerio del Trabajo (MITRAB), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y Banco Central de Nicaragua (BCN), con el propósito que las conclusiones tengan cierto interés para las autoridades gubernamentales de nuestro país. Las principales conclusiones que saqué de este análisis se presentan a continuación.
En 2013, la inversión fija (construcción y maquinaria y equipo) privada y pública, que sumó 2 mil 574 millones de dólares, apenas representó el 23% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción muy baja para asegurar un crecimiento económico sostenible de Nicaragua. La inversión extranjera directa participó con el 72% en la inversión fija del sector privado, una proporción que deja al margen el esfuerzo inversionista privado doméstico, que participó con el 28% en dicho gasto, muy por debajo del 73% observado en 2004.
En 2010 existían 274 empresas de la construcción radicadas en zonas urbanas del país, de las cuales el 73% se encuentran en el Departamento de Managua y el 82% son microempresas y pequeñas empresas, o sea, empresas que tienen entre 1 y 20 empleados. Sólo 15 empresas eran grandes, con más de 100 empleados.
En el cuarto trimestre de 2012, 131 mil 888 trabajadores con un promedio de 7.4 años de escolaridad, laboraban en la actividad de la construcción, de quienes el 63% eran jornaleros y peones, y el 16% eran trabajadores por cuenta propia. Del total de trabajadores antes mencionado, el 71% estaba ubicado en domicilios.
El nivel de informalidad en la Actividad de la Construcción en el cuarto trimestre de 2012 puede ser enfocado desde varios ángulos: de 83 mil 635 obreros y peones, el 74% fue contratado en forma verbal; de los 131 mil 888 trabajadores, el 88% no estaba inscrito en la seguridad social, el 69% trabajaba en empresas que no llevan ningún registro contable o no saben si lo tenía, y el 68% no laboraba la jornada diaria completa o ganaba menos que el salario mínimo legal.
En términos promedio anual de 2013, en la Actividad de la Construcción el salario mínimo legal era 5 mil 529 córdobas y cubría el 53% de la canasta de consumo básico; el salario mínimo pagado en el mercado, 5 mil 426 córdobas; el promedio nacional, 7 mil 463 córdobas; y el de los asegurados activos, 7 mil 503 córdobas, que corresponde al promedio pagado principalmente por las empresas formales de la actividad, su brecha positiva con respecto al promedio nacional de la actividad fue 14% y cubría el 75% de la canasta de consumo básico.
El salario mínimo mensual pagado en la Construcción fue el mayor al ser comparado con el de las otras actividades económicas. Por ejemplo, fue 62% mayor que el pagado en la industria manufacturera y en los servicios comunales, sociales y personales, y 1% mayor que el de establecimientos financieros.
La productividad de la Construcción, estimada como el valor agregado real (en millones de córdobas de 2006) dividido entre el total de ocupados (que incluye el ejército de subempleados), o sea, la cantidad real de producto que dicho trabajador produce en un tiempo determinado, se desplomó 43% entre 1994 y 2000 y 73% entre 2003 y 2011, mientras que en ambos períodos el salario mínimo legal real, o sea, el salario monetario dividido entre el índice de precios al consumidor o la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede comprar con su salario mínimo, se elevó 246% y 153% respectivamente. Esto es bastante contradictorio con lo que señala la política económica neoliberal, de que el salario real tiene que igualar la productividad en un tiempo determinado y, si no es así, una empresa que compite en un mercado competitivo tendrá un incentivo para reducir su número de trabajadores hasta ajustar el total de sus salarios reales a su productividad.
En conclusión, la competitividad de las empresas formales de la Actividad de la Construcción está afectada por la competencia desleal de la empresas informales, que licitan con menores costos debido a que no pagan el salario mínimo legal sino salarios a destajo, ni contribuyen a la seguridad social, ni cumplen con las otras prestaciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y el Convenio del Sector de la Construcción.
El objetivo de aumentar la productividad en esta actividad, dicho sea de paso en todas las actividades económicas del país, es una responsabilidad compartida entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Los ajustes del salario real dependen de la tasa de aumento de la productividad, pero ésta no descansa exclusivamente entre los trabajadores, porque también está influenciada por la inversión tecnológica en las empresas y el mejoramiento de la infraestructura económica nacional, que es una responsabilidad gubernamental.
Por consiguiente, la competitividad empresarial está asociada con el desarrollo gerencial para apoyar el aumento de la productividad y las políticas públicas dirigidas al fomento de la inversión privada doméstica, la promoción de la transferencia de tecnología a las microempresas y pequeñas empresas, la educación técnica media y superior de los trabajadores, el mejoramiento y ampliación de la infraestructura económica (red vial y la generación de energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, telecomunicaciones y servicios portuarios) y la transparencia de las licitaciones públicas y privadas. Las instituciones públicas, como el MITRAB, INSS, Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Dirección General de Ingresos (DGI), entre otras, deberían fortalecer sus áreas de supervisión e inspectoría y no limitarse a la atención de las empresas formales históricamente revisadas.
Al Secretario de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Paul Oquist Kelley, que se encontraba en el auditorio, le sugerí que conciliara las relaciones entre el INIDE y el BCN, porque la autoridad monetaria insólitamente no ha publicado el empleo por actividad económica en los bienios 2001-2002 y 2012-2013, lo cual limita el análisis de la productividad. Además, le solicité que publicaran en la página web del INIDE todos los resultados trimestrales de la Encuesta Continua de Hogares, no sólo la última disponible –y también atrasada porque es la del último trimestre de 2012-, ya que al perderse la secuencia histórica de esta valiosa información pública se obstaculiza la formulación de políticas públicas que contribuyan a resolver los problemas estructurales de nuestro mercado laboral. Cabe recordar que la información pública, cuya recopilación y procesamiento es pagado con nuestros impuestos, no es secreta, es de los nicaragüenses.