Mucha carga para una economía débil y muy frágil

Este mes de marzo será muy complicado para la economía nacional, porque desde el año pasado impera una política monetaria severamente contractiva para defender la débil posición de las reservas internacionales administradas por el banco central, y a partir del 1 de marzo se agregó una política fiscal que eleva la carga tributaria en un momento inapropiado debido al desplome de la producción, la inversión y el consumo desde abril del año pasado.

En resumen, la política macroeconómica gubernamental provocará en este año una aceleración de la tasa de inflación, una desaceleración del crecimiento económico, es decir, el fortalecimiento de la recesión económica, y un mayor desempleo y subempleo. Se observarán mayores costos de producción, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, la iliquidez en las empresas que, aunada a un menor capital de trabajo, podría cerrar muchas de ellas, y la mayor informalidad del mercado.

También se agregó la reforma del reglamento de la seguridad social a partir del 1 de febrero de este año y se adicionará el ajuste del salario mínimo legal el próximo jueves 7 de marzo. Demasiada carga para una economía muy débil y frágil, sin contar con recursos de la cooperación internacional para apoyo a la balanza de pagos y al presupuesto nacional. Las reformas estructurales y los ajustes económicos se realizan con los recursos disponibles, no con los recursos esperados.

Dos riesgos adicionales importantes aparecen en el escenario económico arriba descrito. Uno de orden interno, que es el menor acceso de la población, o sea, los consumidores, productores e inversionistas, a la información económica oficial, que es una responsabilidad del Estado.

Por ejemplo, no se presentan datos de la producción física de cualquier actividad económica desde octubre de 2018; las estadísticas laborales son comentadas muy someramente por servidores públicos ajenos al Ministerio del Trabajo y no se dispone de datos del número de empleados por actividad económica desde el año de 2012, ni se conoce el número de personas de la población económicamente activa desde el año de 2015; el banco central (BCN), en enero y febrero del año en curso, no ha publicado los datos de la (i)liquidez de la economía, la emisión de dinero, las reservas internacionales -que en un 50% corresponden al público no bancario y a las instituciones financieras internacionales que han facilitado préstamos de apoyo a la balanza de pagos del país, o sea, lo que he llamado, las reservas internacionales intocables-, y las brechas entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio para la compra y la venta del dólar en el mercado financiero; las estadísticas del presupuesto nacional y del comercio exterior están disponibles hasta el mes de noviembre del año pasado. Sólo los indicadores del mercado financiero se encuentran a mano del público hasta diciembre de 2018.

La disposición del banco central de no publicar la información económica oficial, que dicho sea de paso pertenece a todos los nicaragüenses,  profundiza la desconfianza entre los agentes económicos y el sector público y podría generar un mayor desequilibrio macroeconómico. Un buen banquero central, como dije en momentos álgidos de la crisis política en 2018, está obligado a fortalecer al sistema financiero nacional, no a debilitarlo, y por ello sugiero al presidente Daniel Ortega que oriente al presidente del BCN, Ovidio Reyes, a que publique la información económica que hoy mantiene como un secreto estatal para los consumidores, productores e inversionistas.

El otro riesgo es de orden externo. La probable aplicación en este mes de marzo de la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018” aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre del año pasado, podría afectar las relaciones interempresariales en las actividades de energía eléctrica y del sistema financiero del país y, además, a los servidores públicos que serían señalados como violadores de los derechos humanos. El efecto de este riesgo es una mayor incertidumbre y desconfianza de los inversionistas extranjeros y crecientes obstáculos para las empresas nicaragüenses en la colocación de productos de exportación en el mercado de Estados Unidos, el principal socio comercial del país que participa con el 40% en las exportaciones de bienes FOB y el 24% en las importaciones de bienes CIF del país, con el 20% en la inversión extranjera directa acumulada en Nicaragua durante el período 1991-2017 y con el 60% en el total de remesas recibidas en el país.

El propósito nacional es evitar un mayor deterioro económico y social de la población y minimizar los riesgos, internos y externos, que acelerarían ese deterioro. Por esta razón fundamental, estimo que es necesario apoyar el funcionamiento de la mesa del Diálogo Nacional, independientemente de la metodología que se aplicó para escoger a los representantes de las dos partes de este encuentro, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Gobierno de Nicaragua. Recientemente, según la ACJD, ya se acreditó la presencia de los representantes del Movimiento Campesino de Nicaragua, que no habían sido tomados en cuenta para el inicio del Diálogo.

Esta oportunidad para discernir sobre los problemas políticos nacionales es muy valiosa para los nicaragüenses, porque contendría el actual desgaste económico e impediría una mayor caída de la producción y del empleo. Ojalá que los participantes en la mesa del Diálogo Nacional logren establecer los acuerdos nacionales en el menor plazo posible.

Faltan tres meses para iniciar el año económico del país, que es el ciclo agrícola 2019/2020, pero, aunque sea atendido en una forma adecuada por las instituciones públicas y privadas, no impedirá que la producción de bienes y servicios continúe cayendo en 2019.

Todos los pronósticos optimistas apuntan a una caída del producto interno bruto de entre 1.0% y 1.3% en este año, siempre y cuando el Diálogo Nacional sea constructivo,  busque la normalidad del quehacer nacional, evite las sanciones financieras de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, e inicie el restablecimiento de la confianza de los agentes económicos, principalmente la del público en las entidades financieras del país, o sea, propicie el retorno de los depósitos que se han fugado del sistema financiero.