La solidaridad de las políticas públicas

El presidente Daniel Ortega solicitó la aprobación urgente de la Ley No. 898, Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor por la Asamblea Nacional de Nicaragua, para legalizar una transferencia del sector privado al presupuesto nacional, mal llamada “impuesto disfrazado” por algunos colegas economistas y por políticos, con el fin de aumentar el gasto de reducción de la pobreza, así como para disminuir la tarifa de energía eléctrica y pagar la deuda de los nicaragüenses con ALBACARUNA.

Los nuevos proyectos de reducción de la pobreza que entrarán al presupuesto nacional aún no han sido especificados por las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), pero una inquietud que surge a la vista, en el caso que la transferencia se canalizara por la vía de la inversión y no por la vía del consumo –por esta vía se gastaría rápidamente-, es si el MHCP tendrá la capacidad de gastar dicha transferencia del sector privado al sector público, que equivale al 35% del ahorro nacional generado por el menor precio internacional del fuel oil.

De acuerdo con la caída de 44.5% del precio Platt promedio mensual del barril de fuel oil No. 6, 3% de azufre, al pasar de US$97.73 en diciembre de 2013 a US$47.49 en febrero de 2015, observándose un máximo de US$105.25 en junio de 2014, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) estima, de acuerdo con la Ley No. 898, que todas las empresas radicadas en el país han ganado una competitividad de apenas 1.13%, que también es igual al 35% del ahorro nacional generado por el menor precio internacional del fuel oil.

Por consiguiente, la productividad de la economía nicaragüense o el Producto Interno Bruto (PIB) Real por persona ocupada plenamente -o sea, que trabaja 8 horas diarias y se excluye el desempleo equivalente asociado con el subempleo-, que en 2015, antes de la emisión de la Ley No. 898, se estimaba en 3 mil 487 dólares de 2006 (año base de las cuentas nacionales del país), se elevaría con dicha Ley hasta 3 mil 526 dólares del mismo año base.

En otras palabras, el costo total de producción de todas las actividades económicas de Nicaragua tiende a disminuir en 1.13% en este año, tomando en cuenta el desplome del precio internacional del fuel oil y la participación de 48% de la generación de termoelectricidad en el total de la generación de energía eléctrica en el país. Ganan más competitividad las empresas de las actividades de energía eléctrica, agua potable, caña de azúcar, manufactura del azúcar, minería, transporte, textil-vestuario, y construcción.

La ganancia de competitividad de las empresas radicadas en el país antes mencionada también equivale a la desaceleración de la tasa de inflación de precios al productor y, por ende, de los precios al consumidor de bienes y servicios finales, que, como se ha mencionado, será apenas de 1.13% en vez de, a lo sumo, 1.62% sobre la hipótesis que el 50% del beneficio nacional se asigna a la reducción de la tarifa de energía eléctrica y el otro 50% a la reducción de la deuda de los consumidores de energía eléctrica con ALBACARUNA, tal como fue propuesto por gremios y defensores de los consumidores en cierto momento.

Así, los consumidores no verán una mejoría importante con el poder de compra de sus salarios, a sabiendas que el salario promedio nacional del sector formal de la economía apenas se puede satisfacer la compra de los 23 alimentos de la canasta de 53 productos de consumo básico del país.

Según la Ley No. 898, el 30% restante del pastel del beneficio nacional resultante de la caída del precio internacional del fuel oil, ha sido asignado al pago de la deuda que tenemos con ALBACARUNA. Ojalá que se comience a cancelar el componente de dicha deuda que paga una tasa de interés del 8% anual.

La ley se aprobó rápidamente, no obstante los servidores públicos manifestaron una gran paciencia para observar durante tres meses el comportamientos de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles a partir de enero de este año, pero la ley se aprobó antes de que concluyera marzo, y esa prisa gubernamental ignoró la consulta necesaria con el empresariado y los asalariados, y no se honró el precepto constitucional del diálogo tripartito en un tema de gran trascendencia nacional.

La Ley No. 898 entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial. Cabe preguntarnos si el ahorro acumulado desde julio de 2014 hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley estará sujeto a la distribución propuesta por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, a manera de información, la caída acumulada desde el año pasado hasta febrero de este año de los precios internacionales, marcadores para Nicaragua, tanto del petróleo como de los combustibles, ha sido la siguiente: petróleo, 47.9%; fuel oil, 44.5%; diésel, 38.3%; gasolina super, 38.0%; y gasolina regular, 36.5%.

Sin embargo, en el mercado local los precios al consumidor de diesel y gasolinas, excluyendo los tres impuestos que pagamos los nicaragüenses en la compra de los mismos –o sea, el impuesto selectivo de consumo, el impuesto del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV) y el costo de regulación y fiscalización del Instituto Nicaragüense de Energía (INE)- han disminuido en el mismo período en la siguiente forma: diesel, 33.9%; gasolina super, 29.4% y gasolina regular, 29.4%.

Se puede notar, a groso modo, una caída de los precios locales de las dos gasolinas equivalente a 80% de la caída de sus precios internacionales, mientras que el precio local del diésel ha reflejado otra caída de 88% de su disminución en el mercado internacional. También cabe preguntarnos cómo se ha distribuido en el mercado local el 20% restante de la caída de los precios internacionales de las gasolinas y el 12% restante de la caída del precio internacional del diesel. ¿Han aumentado los costos operativos y administrativos? ¿O ha aumentado la tasa de rentabilidad de las empresas más importantes de la Actividad de Productos de Petróleo Refinado? Esto también es parte del ahorro nacional generado por el desplome de los precios del petróleo y de los combustibles, que COPADES estima en 2015 en aproximadamente 346 millones de dólares.

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Las limitantes internas de la economía de Nicaragua

Aunque la macroeconomía de Nicaragua en 2014 estuvo muy bien, pero también es bastante frágil, su situación interna está muy complicada por sus visibles y profundos problemas estructurales sociales y económicos.

De acuerdo con la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), la población nicaragüense, aunque muestra una tasa de crecimiento anual proyectada para 2015 de apenas 1.2%, es el tercer país centroamericano, después de Guatemala y Honduras, que muestra una alta concentración de la población de 14 años de edad y menos, pero posee el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del istmo centroamericano en 2014, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al ocupar la posición 132 entre 187 países y territorios (Panamá ocupa el lugar 65).

Ese bajo IDH de Nicaragua hace que dependa más del financiamiento externo -el flujo anual de recursos externos, según Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) equivalió al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014-, y restringe el crecimiento potencial de su economía, que es del orden de 3.8%, la tercera tasa más alta de la región junto con Honduras y precedida por Panamá (6.5%) y Costa Rica (4.8%), pero es insuficiente para resolver los problemas del subempleo, el desempleo y la pobreza de la población nicaragüense.

La regulación pública y su efecto en la calidad para hacer negocios en Nicaragua es la más baja en Centroamérica y su desarrollo competitivo está bastante descuidado, lo cual afecta el crecimiento económico de nuestro país en el largo plazo. Esto puede ejemplificarse, primero, con el Índice “Doing Business 2015” al ocupar Nicaragua el lugar 119 entre 189 países (Panamá ocupa el lugar 52) y, segundo, con el “Índice de Competitividad Global 2014-2015” que ubica a Nicaragua en la posición 99 entre 144 países, el penúltimo del istmo centroamericano porque Honduras ocupa la posición 100 (Panamá ocupa el lugar 48).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2012 Nicaragua mostró el segundo índice de criminalidad más bajo de la región centroamericana, con 11 homicidios por cada cien mil habitantes, solo antecedido por Costa Rica con 9 (el más alto corresponde a Honduras con 90), lo cual no afecta su capacidad para atraer inversiones al representar el flujo de inversión extranjera directa (IED) el 12.3% del PIB en 2014.

Sin embargo, según el “Índice de Percepción de Corrupción 2014” publicado por Transparencia Internacional, Nicaragua ocupa la posición 133 (cuanto mayor es el lugar, mayor es la percepción de corrupción) entre 175 países (Costa Rica ocupa el lugar 47), lo cual no es favorable para nuestro país.

Con base en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondientes a 2014, Nicaragua también muestra el nivel más bajo de ahorro interno en el istmo centroamericano al ser igual a 7.7% del PIB (Panamá con 19.0%), pero gracias al uso del ahorro externo reflejado en un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 11.3% del PIB nuestro país alcanzó un nivel de inversión equivalente al 19.0% del PIB, el cuarto nivel más alto de la región centroamericana (Panamá alcanzó el 29.8% del PIB).

Todos estos problemas estructurales no ayudan a Nicaragua para que aproveche, en el corto y mediano plazo, los beneficios del desplome de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles, así como la mayor demanda de bienes y servicios de Estados Unidos.

Esos beneficios, tales como una reducción de los costos de producción, menores tarifas de energía eléctrica y agua potable, tarifas más bajas de transporte de carga y de pasajeros, una menor tasa de inflación y una mayor demanda (consumo e inversión) en el mercado interno, están ahora restringidos por una mayor apreciación del córdoba provocada tanto por la decisión política de postergar la reducción apropiada de los precios de los combustibles líquidos y de la energía eléctrica, como por el actual fortalecimiento del dólar que ahora compra más euros y yenes, encarece y hace menos competitivos a los productos estadounidenses y debilita las exportaciones y el crecimiento económico de la primera economía del mundo, lo cual provocaría una desaceleración del crecimiento económico esperado por Nicaragua en este año.

Pero el córdoba no se devaluará más del 5% anual previsto en 2015 debido al encarecimiento del dólar, porque el Banco Central de Nicaragua (BCN) es un rehén de su tipo de cambio reptante que desde hace 22 años está acompañado por una cláusula de mantenimiento de valor que impide enfrentar estos choques externos.

Mensajes a los servidores públicos

La macroeconomía de Nicaragua está muy bien, pero también es frágil por una serie de problemas estructurales y de artificios macroeconómicos que la hacen aparecer con una gran solidez, incluso al vistazo de los servidores públicos que sólo se refieren a los logros de la estabilización macroeconómica, que se manifiestan con una tasa de inflación baja y un tipo de cambio estable.

El principal problema estructural es la baja productividad de la economía imperante con una tendencia declinante desde hace 35 años, lo cual implica que la producción anual de bienes y servicios debe crecer entre 6% y 7% anual para reducir en 1 punto porcentual la tasa de subutilización global de la fuerza laboral y, consecuentemente, avanzar efectivamente en la reducción de la pobreza. Los muy bajos ingresos de la población se vinculan con el subempleo, que afecta al 50% de las personas ocupadas, el bajo nivel de escolaridad de la población de 7 años de estudio, y la informalidad de la economía, que se aceleró en los últimos años al pasar de 64% en 2006 a 80% en 2014, es decir, 8 de cada 10 empresas radicadas hoy en el país no cuenta con registros contables, por lo cual no pagan el salario mínimo legal ni impuestos, mucho menos seguridad social.

Dos artificios macroeconómicos saltan a la vista. Uno de ellos es la obstinación de que un país pobre como Nicaragua –aunque ya clasificamos como país de ingreso medio bajo, pero entre los más bajos- tenga un presupuesto equilibrado, es decir, un déficit fiscal igual a 0% del PIB; sin embargo, el crédito petrolero de Venezuela, que ayuda a mantener una posición estable de las reservas internacionales en el Banco Central de Nicaragua (BCN), se registra como una deuda privada externa con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en los últimos dos años dicho crédito ha variado entre 4% y 5% de Producto Interno Bruto (PIB) y tiende a caer a 2% del PIB en 2015.

Al FMI le interesa el cumplimiento de la meta, no los medios para alcanzarla, no obstante Maquiavelo afirmaba que el fin justifica los medios. Es una realidad que el sistema financiero nacional cuenta con más reservas que el BCN y esto da lugar a otro artificio macroeconómico relacionado con el aumento de las reservas internacionales brutas en manos del BCN, principalmente en la última semana de cada año, cuando los banqueros depositan en las arcas de dicha autoridad monetaria un importante excedente de encaje sobre los depósitos en dólares para cumplir el objetivo que el saldo de esas reservas internacionales sea igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, aunque en la primera semana del año nuevo ese excedente retorna a las cajas de la bancos comerciales.

Otro problema estructural tan importante como el de la productividad de la economía es el gran déficit de la balanza comercial de la balanza de pagos del país, que desde finales de la última década del siglo pasado oscila muy cercanamente al 20% del PIB. Esto ayuda a demostrar que la política del tipo de cambio reptante del país, que es de corto plazo pero que se ha mantenido a lo largo de 22 años y con un deslizamiento anual de 5% en los últimos 11 años, no sirve para reducir el déficit comercial externo, peor aún con la prevalencia de la cláusula de mantenimiento de valor que convierte al BCN en un rehén de su política cambiaria. Consecuentemente, el índice de sobrevaluación del córdoba es mayor que un dígito, haciendo más atractiva la importación que la exportación de bienes y profundiza el déficit comercial y el endeudamiento externo, aunque debemos reconocer que los flujos de inversión extranjera directa y de remesas familiares son las principales fuentes del grave desequilibrio comercial con el exterior.

Asociado con el problema estructural de la política cambiaria, surge el problema estructural de la política monetaria, que tampoco sirve en un escenario muy dolarizado extraoficialmente. El BCN se ve impedido de ejercer una sólida política monetaria basada en la tasa de interés, y no en la tasa de devaluación oficial y la tasa de inflación de Estados Unidos cuya suma, irónicamente, es la tasa de inflación anual programada por el BCN. La política monetaria del banco de los bancos y del gobierno no es efectiva porque se enfrenta a tres monedas en el mercado local, que en orden de importancia son el dólar, el córdoba con mantenimiento de valor (un dólar disfrazado) y el córdoba –esta última domina apenas el 21% del mercado-, y esa inefectividad es más evidente con la exagerada dolarización financiera de Nicaragua: en dólares y en córdobas con mantenimiento se registran el 100% de los préstamos y el 87% de los depósitos en el sistema financiero nacional. Por consiguiente, la política financiera no existe en el BCN, ya que se le dejó exclusivamente al mercado, que se refleja con una tasa de interés real negativa para los ahorristas y un alto costo real de endeudamiento para financiar el capital de trabajo.

Por estas cosas del manejo de la macroeconomía, le digo a nuestros servidores públicos que no nos alegremos con la tasa de crecimiento económico insuficiente entre 4% y 5% -el presidente del BCN, Ovidio Reyes, dijo que en 2015 la tasa de crecimiento económico de Nicaragua será entre 4.5% y 5.0%, pero creo que esa tasa no incluye los efectos del inicio de la ejecución del proyecto hidroeléctrico TUMARÍN-; que por “mantener” un presupuesto casi equilibrado no cometamos de nuevo el error de llamar a Moody´s Investor a que califique mejor la deuda soberana de nuestro país, sencillamente porque aún no tenemos capacidad de pago en el mercado financiero internacional ni hemos concluido la reestructuración de un tercio de la deuda pública externa con pocos países que no son miembros del Club de París en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (PPME o HIPC por sus siglas en inglés); y que el gobierno convoque no sólo a empresarios y trabajadores, sino también a las universidades y a organismos de la sociedad civil especializados en asuntos económicos para diseñar políticas públicas que den respuestas a mejorar la productividad de la economía, la competitividad de las empresas y corregir otros problemas estructurales, así como hacer más eficientes a las políticas macroeconómicas de nuestro país.

Reitero que la macroeconomía está muy bien, pero también es frágil.

La economía y el futuro de la gente de Nicaragua

Nicaragua tendrá un mejor desempeño de la economía de Nicaragua en este año que el registrado el año pasado. El desempeño productivo será mayor, gracias a la construcción, las actividades agropecuarias, la industria manufacturera y el comercio, por el lado de la oferta, y la inversión fija y las exportaciones, por el lado de la demanda. La tasa de inflación será menor, no obstante sigue subiendo la tarifa de la energía eléctrica y los precios locales de los combustibles no reflejan el desplome de sus precios internacionales marcadores para Latinoamérica. La tasa de desempleo abierto comenzará a disminuir por el ímpetu del gasto inversionista y la puesta en marcha de varios proyectos.

Estos mejores resultados económicos descansan en tres principales supuestos externos: la economía de Estados Unidos crecerá más en este año, por lo cual se incrementarán las exportaciones de bienes nicaragüenses a ese país, las remesas familiares y el flujo de la inversión extranjera directa provenientes de la primera economía del mundo, y la afluencia de turistas estadounidenses a Nicaragua; el crédito petrolero de Venezuela se mantendrá, pero disminuirá el porcentaje de la factura que determina el monto del crédito; continuarán cayendo los precios internacionales del petróleo y sus derivados, dada la estrategia árabe saudita de eliminar la sobreoferta de crudo en el mercado mundial –un mensaje para nuestros servidores públicos: entre el 31 de diciembre de 2014 y el 13 de marzo de 2015, el precio del barril de crudo WTI (West Texas Intermediate) ha caído 15.8%, al pasar de US$53.27 a US$44.84 respectivamente-; y se inicia la ejecución del proyecto hidroeléctrico TUMARÍN, que adicionará un punto porcentual al crecimiento económico de este año.

A lo anterior, se agregan dos principales supuestos internos: el Banco Central de Nicaragua (BCN), con la colaboración de los grupos bancarios del país, mantendrá la estabilidad macroeconómica, o sea, una presión inflacionaria baja y un tipo de cambio estable, pero este último es casi una farsa por la progresiva dolarización financiera del país –a finales del año pasado, en el sistema financiero nacional el 87.6% del total de los depósitos y el 100% de los préstamos se registraban en dólares y en córdobas con mantenimiento de valor-; y no se prevén reformas estructurales de la economía que incomoden a la población en un año preelectoral.

Los riesgos siempre están al acecho por una nueva desaceleración económica mundial. La economía estadounidense es la que más crecerá en este año, mientras que la Eurozona y Japón continuarán evitando caer en la recesión económica. China desacelera su tasa de crecimiento hasta 7% entre los países de las economía emergentes, pero todos ellos están expuestos a la apreciación del dólar, a la alza de tasas de interés en Estados Unidos y al más escaso y caro flujo de financiamiento externo. Otro riesgo externo para nuestra economía es la agudización del problema venezolano. Y en el ámbito interno, sólo percibimos el riesgo del conflicto social asociado con las protestas de la población radicada en el área de construcción del Proyecto Desarrollo Integral del Gran Canal de Nicaragua y, con bastante probabilidad, el conflicto por el alto costo de la vida debido a la decisión política de no disminuir adecuadamente la tarifa de la energía eléctrica y los precios locales de los combustibles.

Ese último riesgo interno es resultante del hecho que el beneficio nacional de la caída de los precios de los combustibles no se entrega plenamente a la población. El menor valor de la importación de petróleo y combustibles disminuirá el déficit comercial externo de bienes y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos; disminuirá las necesidades de financiamiento externo, no sólo por un menor crédito petrolero sino también por la disminución de los precios internacionales de otras materias primas (o commodities) provocada por la caída del precio del petróleo; el Producto Interno Bruto (PIB) Real podría crecer más si gran parte del beneficio nacional continúa concentrándose en las utilidades brutas de la cadena importación-producción-distribución de hidrocarburos, en vez de concentrarse exclusivamente en una reducción del valor de las importaciones de bienes CIF; se reducirán los costos de producción de todas las actividades económicas por las menores tarifas de energía eléctrica, agua potable y transporte de carga; disminuirán las tarifas de transporte de pasajeros y de electricidad para el consumo domiciliar; se desacelerará la tasa de inflación; se asignarán menos recursos presupuestarios a los subsidios del consumo familiar de 150 Kwh o menos de electricidad y del transporte de pasajeros en autobuses urbanos de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino; y podríamos pagar en un menor plazo la deuda contraía con ALBACARUNA por el congelamiento de la tarifa de energía eléctrica en 2011.

Sin embargo, el principal problema que persiste desde hace varias décadas en la economía de Nicaragua es la gran subutilización de la fuerza laboral: 786 mil personas no generarán ingresos en este año, porque se encontrarán, al menos, en una de estas tres situaciones: desempleadas, trabajando menos de ocho horas diarias y devengando un salario mensual menor que el salario mínimo legal. El mercado interno está muy descuidado, lo cual se puede ejemplificar con el siguiente resultado con base en datos oficiales: en diciembre de 2014, el salario promedio nacional de C$8,337 equivale al costo de los 23 productos alimenticios de la canasta de consumo básico.

Las autoridades gubernamentales, los empresarios y los trabajadores tienen los grandes de retos de formular e implementar un modelo de crecimiento económico pro-pobre, es decir, un crecimiento económico que esté acompañado por una disminución en valor absoluto de la pobreza y por una distribución del ingreso a favor de los pobres, pero con una medida adecuada de la pobreza, sin caer en la trampa de la definición uni-dimensional de la pobreza, por ejemplo en términos de consumo como se estila en la actualidad en nuestro país.

Aún con el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), en Nicaragua no ha existido un debate nacional sobre el concepto de crecimiento económico pro-pobre, en el que se discuta y se apoye la competitividad empresarial, el restablecimiento de la educación técnica, la transferencia de tecnología a las MIPYME, la inversión en tecnología, la promoción de una estructura industrial diversificada y bien integrada, el mejoramiento de la calidad de los empresarios, la presencia de una sólida banca estatal de fomento, la conexión de las empresas nicaragüenses con la inversión extranjera directa, el mantenimiento y la ampliación de la infraestructura económica del país, el cuido del mercado interno, el mejoramiento de la calidad ambiental del crecimiento económico, el fortalecimiento de la justicia, el logro de una mejor equidad tanto en la política tributaria como en la asignación del gasto público, y una efectiva política de redistribución del ingreso.

Un diputado olvidadizo

En la página 11 de la edición No. 3691 de Trinchera de la Noticia del 10 de marzo de 2015 he leído que Eduardo Montealegre negó que su decisión de no correr como candidato a presidente de la República en 2016 tenga que ver con el juicio de los CENIs y que él cree que los inventos que muchos caen en la trampa y que se repiten a través de los medios se caen por sí solos, preguntándose finalmente dónde están los 700 millones de dólares del que se le acusa en el juicio.

Voy a refrescar la memoria de Eduardo Montealegre, un político que usa inapropiadamente la inmunidad de su cargo público, que no ejerce, y se vuelve un impune al no presentarse ante las autoridades judiciales no sólo por mis dos querellas personales debido a sus injurias y calumnias contra mí, sino también por la acusación penal que le hizo la Fiscalía General de la República por su presunta delincuencia cometida en 2003, cuando él ejercía el cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del Ing. Enrique Bolaños, al reestructurar la deuda pública por las quiebras de cuatro bancos que se dieron en 2000 y 2001, y al aprobar, como ministro y como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), las subastas de activos de los cuatro bancos liquidados.

A inicios de 2006, la Contraloría General de la República (CGR) me llamó para auxiliarla en el análisis de las liquidaciones de INTERBANK, BANCAFÉ, BAMER y BANIC, el primero y el tercero comprados por el BANPRO, el segundo por el BDF y el tercero por el BANCENTRO, tarea que realicé ad honorem a lo largo de un año. Lo que sigue a continuación es resultado de mis investigaciones sobre el comportamiento de Eduardo Montealegre Rivas, sin obviar que la CGR sólo investiga al empleado público.

Cuando Eduardo Montealegre reestructuró la deuda de US$230.6 millones por los CENIs/INTERBANK y los CENIs/BANIC redujo la descomunal tasa de rendimiento “dolarizada” de 21.43% que el abogado Noel Ramírez Sánchez, ex presidente del BCN, había establecido para los CENIs/INTERBANK hasta 8.30%, pero determinó el valor presente de la deuda de esos CENIS con una tasa de descuento de 7.4999% en vez de aplicar la tasa de rendimiento originalmente pactada de 21.43%, por lo cual infló esta deuda de los nicaragüenses en US$23.4 millones con la emisión de los nuevos papeles llamados Bonos Bancarios, con plazo de 10 años, que aún seguimos pagando con nuestros impuestos. Además, en esta reestructuración de CENIS/INTERBANK/BANIC aprobó la emisión de dos bonos cupón cero, uno a 5 años plazo y el otro a 10 años plazo, cuyo valor futuro fue igual a US$21.2 millones. El ex ministro de Hacienda llamó a esta parte de su operación como una “reingeniería financiera” que produjo un ahorro a Nicaragua en términos de valor presente, una afirmación que estimo es bastante descarada.

Cuando Eduardo Montealegre reestructuró la deuda de US$40 millones por los CENIs/BDF sólo autorizó la emisión de Bonos Bancarios, redujo la tasa de rendimiento originalmente pactada de 10.65% a 7.43%, pero diferenció plazos de redención de 1 año y 3 años a cada 50% del monto total reestructurado.

Cuando Eduardo Montealegre reestructuró la deuda de US$49.4 millones por los CENIS/BAMER, sólo se emitieron Bonos Bancarios pero elevó la tasa de rendimiento originalmente pactada de 7.93% a 8.29% y estableció un plazo de 10 años.

Se puede observar que la reestructuración de esta deuda pública interna no se efectuó en forma soberana sino en forma comercial. ¿Por qué Eduardo Montealegre aplicó plazos distintos, subió y bajó tasas de rendimientos, y reestructuró deudas con dos instituciones financieras acreedoras del extinto INTERBANK, ajenas al mandato presidencial de rescatar sólo a los depositantes? ¿Por qué infló la deuda de los nicaragüenses con su reingeniería financiera en el caso de los CENIs/INTERBANK? ¿Por qué no consideró que los Bonos Bancarios, emitidos en córdobas con mantenimiento de valor, fueron inversiones sin riesgo, porque no estaban sujetos a la creación de ninguna reserva? Por estas preguntas, en cierto momento declaré públicamente que Eduardo Montealegre tenía que aclarar algunos asuntos a la Nación y al Juez.

En el caso de las subastas de los activos de los bancos liquidados, la CGR afirmó que era “un caso que chorrea sangre”. Considero que un ministro de Hacienda es un guardador de la cosa pública y debe protegerla, cosa que no hizo Eduardo Montealegre desde su silla en el Consejo Directivo del BCN. Veamos unos pocos ejemplos.

En licitaciones públicas, a sobre cerrado y al martillo en vez de usarse en estos casos el método apropiado que es el del precio base, se subastó la cartera de crédito (en libros) de US$151.6 millones en US$4.8 millones, con ganadores que manejaban información privilegiada porque ya habían adquirido o auditaban a los bancos liquidados; cada dólar de la cartera cafetalera fue vendida a un solo oferente en apenas 11 centavos de dólar con sus garantías hipotecarias; cada dólar de la cartera de la tarjeta de crédito y microcrédito fue vendido a un solo oferente en la irrisoria cantidad de 2.8 centavos de dólar; el terreno de tres manzanas con el edificio del extinto BANIC fue vendido en US$5.2 millones, cuando su valor de mercado se aproximaba a US$16 millones; 668 obras de arte fueron vendidas en 930 mil dólares, entre las cuales se distinguen obras de arte que forman parte del patrimonio nacional; se desconoció el destino del hardware y del software que automatizaban las operaciones de los cuatro bancos liquidados; y en dos subastas de vehículos sólo se obtuvo 152 mil dólares.

En conclusión, solo Eduardo Montealegre cree que todo lo que he descrito anteriormente es un invento que se cae por sí solo. No lo es, porque toda esa información está debidamente documentada en la CGR y, tengo entendido, también se encuentra en la Fiscalía General de la República y en un expediente en un juzgado local de los Penal de Managua, en el cual este político aparece, entre 39 acusados, como el acusado No. 26 en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias.

Por todo lo que descrito anteriormente no creo que Eduardo Montealegre sea un político pragmático y de principios. Tampoco creo que Nicaragua, un país en que abundan los pobres, vaya a tener algún día un presidente que sea banquero. Lo que sí creo es que Eduardo Montealegre simula ser un político para arroparse en la inmunidad que le confiere su cargo público que no ocupa para no enfrentar la justicia. El diputado Eduardo Montealegre, que no ejerce sus funciones, sabe que la inmunidad no es eterna y, talvez por esto, no pretende correr como candidato a presidente de la República.

Cuatro argumentos inexplicables

Es notable la persistencia de varios servidores públicos en tratar de explicar por qué los nicaragüenses no nos hemos beneficiado plenamente con la caída de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles líquidos observada desde junio de 2014. Nicaragua, por ser un país importador de hidrocarburos, ya obtuvo el bienestar de los menores precios de los combustibles desde hace 9 meses, pero los agentes económicos de nuestro país, el Estado, los productores y los consumidores, no lo perciben satisfactoriamente, ni en tiempo ni en forma. Solamente las empresas petroleras no se quejan de la baja de los precios internacionales, ya que sus márgenes no se ven afectados y el fenómeno se presta para unas ganancias extras “al suave” para decirlo en buen nica.

El primer argumento que se esgrimió para justificar la lenta reducción de los precios de los combustibles fue que Nicaragua había almacenado grandes cantidades de petróleo y derivados adquiridas a precios internacionales más altos. Nada más alejado de la realidad, ya que el país, aun suponiendo que toda su capacidad de almacenamiento esté en condiciones aceptables de operación, apenas puede cubrir 50 días del consumo nacional. La ley exige 10 días inventarios y ninguna empresa se arriesga innecesariamente a “inventariarse” cuando los precios están elevados. Mucho menos cuando detectan una tendencia a la baja.

Este primer argumento supone que Nicaragua cuenta con una gran capacidad de almacenamiento del oro negro y sus derivados, la cual estará al alcance hasta que el grupo chino CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) concluya la terminal de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar, que podrá almacenar 1 millón 80 mil barriles de combustibles. Se estima que a finales de este año concluya esta inversión y Nicaragua estrenará a inicios de 2016.

El segundo argumento consistió en que no se puede reducir la tarifa de energía eléctrica porque tenemos que cancelar una deuda de US$180 millones o US$200 millones, sin plazo y sin interés, que hemos contraído con ALBACARUNA, debido al congelamiento del precio de la energía eléctrica en 2011, cuando el precio del barril de bunker subió a un máximo de US$101.4 el 11 de abril de ese año.

Sin embargo, debido a que no existen plazos ni intereses de dicha deuda, los defensores de los consumidores y los gremios de los productores han manifestado que con el menor precio del barril del fuel-oil, principal insumo para generar termoelectricidad, se podría destinar parte del ahorro a pagar la deuda a ALBACARUNA y otra parte para reducir la tarifa de la energía eléctrica para los productores y las familias.

En 2014, el precio promedio mensual del barril de fuel-oil No. 6, marcador para Nicaragua, se desplomó 46%. Nicaragua consume aproximadamente 8 mil 500 barriles diarios de ese combustible, por lo que las plantas generadoras de termoelectricidad han ahorrado alrededor de US$35 millones entre noviembre de 2014 y enero de 2015, pero las tarifas de energía eléctrica no han bajado; al contrario, continúan subiendo.

A febrero de 2015 ese mismo precio era de US$48 por barril. Juzgue usted, amigo lector, cuánto se ahorró en la generación termoeléctrica si se consumen alrededor de 8,500 barriles diarios, y se pagan US$53 dólares menos. Por otro lado, no sabemos exactamente cuánto adeudamos a ALBANISA ni cuánto hemos amortizado a esa deuda, la cual requiere una mayor transparencia porque no es una deuda privada.

Un tercer argumento presentado por nuestros servidores públicos es que debemos actuar con prudencia para realizar el ajuste de los precios de los combustibles y de las tarifas de energía eléctrica, porque el mercado del petróleo es muy volátil, bastante especulativo y muy influenciado por eventos geopolíticos, por lo cual nos han dicho que están observando cómo se comportan estos precios entre enero y marzo del año en curso, a sabiendas que desde mediados del año pasado, principalmente en el cuarto trimestre, la caída de los precios internacionales del petróleo arrastraron a la baja a todos los precios de los combustibles, incluso algunos de ellos con mayor intensidad que la caída del precio del petróleo, como los de las gasolinas y del fuel-oil.

La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de mantener su volumen de extracción de petróleo fue para lograr el objetivo de bajar los precios internacionales del petróleo, dada la sobre oferta y la menor demanda de crudo en el mercado mundial, causadas por el auge del esquisto en Estados Unidos y el menor crecimiento de la producción de bienes y servicios de casi todas las economías avanzadas y de las economías emergentes. Sería una pérdida de tiempo estar esperando u observando si el precio del barril de crudo WTI volverá a subir US$80 ó US$90, porque la actual guerra de precios internacionales de los hidrocarburos implica que Arabia Saudita trata no sólo eliminar la sobre oferta de crudo, sino también reducir la capacidad de producción (o de inversión) de los pozos estadounidenses, con los fines de impedir el resurgimiento de la sobreoferta, mantener el dominio árabe saudí en el mercado mundial del petróleo y subir posteriormente los precios internacionales del crudo y de los combustibles. Esta guerra de precios no es de corto plazo, y no olvidemos que en economía el corto plazo es igual a 18 meses.

Además, los servidores públicos ya saben que en 2014 se observaron caídas de precios internacionales de 39% del petróleo, 39% del diésel, 40% de la gasolina super, 44% de la gasolina regular y 46% del fuel-oil, mientras que los precios locales del diésel y las gasolinas, excluyendo los impuestos pagados por su consumo (el impuesto selectivo de consumo, el aporte al fondo de mantenimiento vial y el costo de fiscalización del INE) bajaron, con respecto a sus caídas en el mercado internacional, el 71% en el caso del diésel y el 61% en el caso de las gasolinas. Es decir, las caídas de estos precios no corresponden a su comportamiento en el mercado internacional.

El cuarto y más reciente argumento de los servidores públicos es que sería absurdo bajar la tarifa de energía eléctrica por la baja de los precios del crudo, porque ya existen tarifas para energía con recursos renovables (hidroeléctrica, eólica, geotérmica y biomasa) Esta afirmación ignora que en 2014 el 46% de la generación de electricidad provino de las plantas termoeléctricas; que un poco más del 50% de costo total de la generación de termoelectricidad corresponde al fuel oil; y que el precio del barril de fuel oil No. 6 pasó de US$91.89 en diciembre 2013 a US$49.76 en diciembre 2014. Actualmente en nuestro país, la generación de termoelectricidad es tan importante como la generación de energía eléctrica con recursos renovables, lo que implica que una reducción del precio de su insumo principal (el fuel-oil), debería redundar en una disminución del costo en la generación de electricidad con fuentes térmicas.

Sugiero a nuestros servidores públicos que no sigan empecinados en buscar más explicaciones para algo que ya ocurrió en el mercado internacional y qué aún no se ha dado plenamente en el mercado interno de Nicaragua. Entre los beneficios que estaríamos recibiendo se distinguen principalmente el ahorro de divisas, el menor déficit comercial externo, el menor endeudamiento externo (privado), la disminución de los costos de producción, las menores tarifas de energía eléctrica, agua potable y transporte de carga y de pasajeros, la mayor competitividad de las empresas radicadas en el país, la menor tasa de inflación, la posible, aunque leve, aceleración de la tasa de crecimiento económico, y la disminución del gasto gubernamental en concepto de subsidios al transporte de pasajeros en autobuses urbanos en la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino, y al consumo domiciliar de 150 Kwh o menos de energía eléctrica.

Un desgaste político tradicional

El ajuste del salario mínimo legal de 2015 fue fijado en una forma igual al de 2014  porque las partes empresariales y sindicales no llegaron a un acuerdo. El Ministerio del Trabajo, a través de la Dra. Alba Luz Torres Briones, Ministro del Trabajo, anunció los salarios mínimos de trece actividades económicas que estarán vigentes a partir del 1 de marzo hasta el 31 de agosto de este año y que varían en el rango de C$3,014.41 (más el valor de la alimentación) asignado los trabajadores agropecuarios a C$6,761.91 asignado a los trabajadores de las actividades de la Construcción y Establecimientos Financieros y Seguros, y dicho rango se elevará a C$3,187.43 y C$7,133.14 en el mismo orden a partir del 1 de septiembre próximo y estará vigente hasta el 28 de febrero de  2016.En resumen, de diciembre 2014 a diciembre 2015, el salario mínimo legal promedio simple se ha incrementado 11.1%, superior al 10.4% registrado en el mismo período del año pasado.

La decisión ministerial se basa en lo que expresa la ley actual del salario mínimo, o sea, el ajuste del salario mínimo legal se realizará con la suma de la tasa de inflación acumulada anual (6.48%) y de la tasa de crecimiento económico (se deduce que es 4.62%, porque el Banco Central de Nicaragua sólo ha señalado que es entre 4.0% y 4.5%) que se registren en el año inmediato anterior, es decir, 11.1%,  limitando a una referencia el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico que observó en 2014 una tasa de inflación acumulada anual de 11.0% al registrar un costo mensual de C$12,253.65 en diciembre recién pasado.

Lo que es muy discutible del ajuste del salario mínimo, es la forma en que la ley, que fue aprobada el 31 de mayo de 2007, manda a hacerlo al determinarlo con la suma de dos tasas relativas, la de la inflación y la del crecimiento económico. Además, la ley también obliga a fijar el salario mínimo cada seis meses, lo cual sólo genera nuevas expectativas inflacionarias en el corto plazo y no agrega nada nuevo al ajuste fijado por la Ministro del Trabajo el viernes 27 de febrero, porque ya indicó cómo hacerlo a partir del 1 de marzo y del 1 de septiembre de este año, para volver a modificarlo hasta el 1 de marzo de 2016. En todos los países centroamericanos, sólo se realiza un ajuste anual del salario mínimo.

La ley, además, manda a realizar un reajuste automático del salario mínimo cada seis meses, que lo calificaría de teórico, al tomar en cuenta la tasa de inflación semestral de los precios al consumidor –un dato elaborado y publicado oportunamente el Banco Central de Nicaragua (BCN)- y el crecimiento real de cada actividad económica –un dato que nunca estaría disponible por el usual atraso que caracteriza a las estadísticas del Producto Interno Bruto (PIB) elaboradas también por el BCN-. Por lo tanto, se podría concluir que esta disposición de la ley sólo introduce un ruido inflacionario en la fijación del salario mínimo legal.

Cuando esta ley de salario mínimo fue aprobada, varios diputados pretendían legalizar el ajuste con la suma de tres tasas relativas: crecimiento económico, inflación y devaluación. Si esa pretensión hubiese sido aprobada, habría desconocido que la tasa de devaluación del córdoba ya está incorporada en la tasa de inflación de los precios de los bienes y servicios finales y, consecuentemente, habría contribuido a elevar más la tasa de inflación y a deteriorar en mayor forma el poder adquisitivo de los salarios.

Por otro lado, la misma ley reconoce que para fijar el salario mínimo legal hay que tomar en cuenta “la productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo”, pero parece que solo una de las partes, los empresarios, considera estas observaciones en las negociaciones de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, y la decisión ministerial aparentemente las ignora. En los últimos cuatro años, excepto 2013, la productividad de la economía cae y, en términos promedio anual acusa una reducción de 0.53%, por lo cual ha retrocedido el volumen de producción de bienes y servicios por persona ocupada ha caído 2.12% desde 2010 hasta 2 014.

La caída de la productividad de la economía de Nicaragua, que depende en parte de los cambios de los conocimientos incluyendo el aprendizaje por experiencia de los trabajadores, refleja que no ha habido mejora de la eficiencia con que trabajan los factores de producción, el trabajo y el capital.

La mitad de la población económicamente activa que está trabajando está subempleada, o sea, son personas que trabajan menos de 8 horas diarias como manda el código laboral o devenga un salario menor que el salario mínimo legal, cuestión que prohíbe la ley del salario mínimo legal. Por otro lado, el stock de capital, o sea, los edificios y la maquinaria, ha venido aumentando 5% promedio anual desde el año de 2006, principalmente por la inversión extranjera directa.

Sin embargo, el presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar, Sr. Luis Barbosa, ha mencionado públicamente que estaría dispuesto a revisar la mecánica del ajuste salarial siempre y cuando los empresarios aseguren la cobertura de la seguridad social a los trabajadores, tal como se logró en las negociaciones del salario mínimo de los trabajadores que laboran en las empresas del régimen de zona franca.

El problema estructural de la poca cobertura de la seguridad social –apenas el 21% de la población económicamente activa tiene seguridad social- no es un problema exclusivo de la parte empresarial, sino que es un problema nacional que requiere de un conjunto de políticas públicas y que también ha puesto en jaque a las finanzas del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS).

No hay que olvidar que la informalidad del mercado laboral se ha elevado desde 64% en 2006 a casi 80% en 2014, o sea, el 80% de las empresas radicadas en el país no tienen registros contables y, por lo tanto, no pagan la seguridad social ni impuestos. No hay duda que al referirnos a la informalidad del mercado laboral también nos estamos refiriendo a las empresas unipersonales, microempresas y pequeñas empresas, que no tienen suficiente infraestructura tecnológica, sus trabajadores no cuentan con suficiente educación técnica y no son sujetos de crédito en el mercado financiero local.

Es necesario discutir una reforma a la ley del salario mínimo en el seno de la Comisión Nacional del Salario Mínimo para ser presentada a la Asamblea Nacional de Nicaragua, una condición necesaria para proponer cualquier cambio en el mecanismo de fijación de este salario que es recibido entre 150 mil y 160 mil trabajadores en la actualidad.