¿Vivir para el PIB o el PIB para vivir?

El estímulo económico de 4 mil millones de córdobas, equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB), anunciado la semana pasada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), que estará en vigor entre el 1 de julio de 2020 y y el 30 de junio de 2022, corre el riesgo de financiar el gasto de consumo en vez de financiar exclusivamente la actividad económica nacional, o podría ser destinado a la compra de Bonos del Tesoro para financiar el déficit fiscal. Se puede suponer que el BCN no supervisará el cumplimiento del destino exclusivo que tiene este estímulo económico porque su comunicado no lo contempla, pero el BCN debe saber que con la exclusividad del crédito bancario no saldremos del del hoyo económico en que hemos caído.

Tal como lo señalé en un breve análisis de esta medida monetaria en la semana pasada, más importante que el estímulo es el objetivo de la autoridad monetaria de mantener el crédito al sistema bancario comercial en “córdobas”, eliminando la cláusula “con mantenimiento de valor” en su afán de reducir el costo del dinero y, por supuesto, influenciar a las tasas de interés “del mercado” hacia la baja, al disminuir de 5.25% a 4.5% la tasa de interés de los reportos monetarios a plazo de 1 día, e incluso podría disminuirla más, cercana a 1% o 2%, porque está recesión es más profunda que las conocidas después de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. El Banco Mundial estima que el 93% de los países ha caído en recesión en 2020, un récord máximo en la historia económica mundial.

Además, el uso exclusivo de este estímulo monetario no se alcanzará porque al shock de oferta causado por Covid-19, con el cierre temporal o definitivo de empresas debido a la suspensión temporal o definitiva de los trabajadores de sus puestos de trabajo, le sigue un shock de demanda por la reducción del ingreso de los agentes económicos -consumidores, empresarios y gobierno-. Impactados por  la incertidumbre política desde abril de 2018 y por la pandemia mundial desde marzo de 2020, el consumo y la inversión se han desplomado.

Los economistas sabemos que, en un clima de incertidumbre, los hogares y las empresas tienden a ahorrar lo más que se pueda por temor a lo que se avecina; en otras palabras, la demanda de dinero se vuelve más precautoria. Entonces, producir más en estos momentos en que se acelera la curva de personas contagiadas y la curva del número de personas fallecidas por Covid-19, ¿para qué servirá financiar más producción, para aumentar inventarios de bienes finales después de que han sido reducidos desde 2018? La crisis política local y la crisis sanitaria mundial arrojarán a la pobreza a 386 mil nicaragüenses en el trienio 2018-2020.

Sería más efectivo que el BCN comprara Bonos del Tesoro para financiar el gasto de salud necesario para proteger la vida de los nicaragüenses, con una muy baja tasa de interés y, además, con un plazo apropiado con el apoyo legislativo para que se modifique el requisito de que los bonos deben ser redimidos antes de que concluya el año fiscal en que fueron comprados.

Después de que se frene la propagación del virus, bienvenido el estímulo monetario para apoyar la reactivación de la producción de bienes y servicios, que sea bien diseñado por los encargados de formular la política económica con el propósito de reducir las desigualdades y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

Ese estímulo monetario podría tomar en cuenta, primero, la restricción que impone la persistencia de la crisis política, y segundo, la condición de que no tendremos una economía en pleno funcionamiento hasta que empleadores y empleados tengan la seguridad de que no existe un alto riesgo de contraer el virus en las empresas, sin olvidar que Covid-19 ha impactado principalmente a las familias más vulnerables, a las familias pobres, que constituyen aproximadamente el 29% de la población total del país en 2020. Los caminos para salir de las dos crisis extraeconómicas que tiene el país, con sus crisis económicas correspondientes, y aún sin la vacuna contra Covid-19, continúan siendo inciertos.

Además, la economía de Nicaragua, como la de los otros países centroamericanos, México y de algunas islas del Mar Caribe, está muy influenciada por el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que, según la Actualización del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el 24 de junio recién pasado, caerá 8% en 2020 y subirá 4.5% en 2021. Por otro lado, de acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, un poco más de 46 millones de personas -aproximadamente el 28% de la población económicamente activa- han solicitado los beneficios de desempleo.

Por consiguiente, en 2020 la economía estadounidense importará menos bienes intermedios y finales, se desplomará el monto de las remesas familiares y se reducirán en gran forma los flujos de inversión extranjera directa y de turismo provenientes de la primera economía del mundo, y todo esto podría ser peor si el país del norte enfrenta nuevas oleadas de Covid-19. A esto, debe agregarse una decreciente cooperación multilateral al sector público causada por las sanciones financieras de la administración estadounidense.

Creo que tendremos que regresar a un nuevo tipo de normalidad. Impulsar el crecimiento económico de Nicaragua dependerá en gran parte de las políticas fiscales y de las reformas estructurales que persiguen el aumento de la producción de las actividades económicas y la reducción de la tasa de desempleo y subempleo, tales como la ampliación de la infraestructura económica y social, la sostenibilidad de la seguridad social, la precariedad del mercado laboral, la inequidad de la distribución del ingreso, la reducción de los altos costos unitarios de producción, y el aumento de la productividad que abarca la educación técnica, el restablecimiento de la banca estatal de fomento a la producción y la transferencia de tecnología para microempresas y pequeñas empresas, entre otras.

No es el momento de discutir si la recuperación de la economía del país tendrá, para los optimistas, una «forma de V» o “una forma de U”, o para los escépticos si se recuperará en “una forma de W”, o para los pesimistas si se mantendrá en “una forma de L” o en “una forma de |” en el mediano plazo. En este momento, esa discusión es para los banqueros, centrales y comerciales, para establecer los supuestos de los escenarios del comportamiento de las variables macroeconómicas requeridos por las pruebas de estrés financiero y determinar la fortaleza de los bancos comerciales frente a la crisis.

Este es el momento para frenar la propagación de Covid-19; garantizar el consumo de subsistencia para las familias de los trabajadores, formales e informales, que han dejado de percibir ingresos; flexibilizar temporalmente la política de desconexión de los servicios públicos por no pago oportuno; regular los precios de bienes clave en caso de especulación o de acaparamiento; aumentar el gasto de salud pública en insumos y equipos médicos; modificar temporalmente la regulación prudencial de los bancos comerciales con el objetivo de adecuar las condiciones crediticias para enfrentar la pandemia mundial; otorgar períodos de 3 meses de gracia, prorrogables 3 meses adicionales, a todos los deudores  que lo soliciten y que califiquen, independientemente de la categoría de riesgo en la que esté clasificado el deudor; y evitar el deterioro de la cartera de préstamos mediante la autorización de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) a las entidades del Sistema Financiero Nacional de no disminuir las calificaciones y las provisiones de los deudores al nivel en que se encuentran al momento de la aprobación la resolución.    

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La caída económica es más grande de lo que se ha dicho

Una pregunta económica que me han formulado empresarios y consumidores en los últimos años es en cuánto tiempo alcanzaremos de nuevo el nivel de la producción de bienes y servicios que se registró en 2017, último año de crecimiento económico en la historia contemporánea del país. Trataré de explicarla ampliamente en este artículo.

Los científicos de la salud pública nos han enseñado que lo primero que se debe hacer antes de  reactivar la demanda agregada (o sea, el consumo, la inversión y las exportaciones) es contener la propagación del COVID-19. Para países como el nuestro, la política fiscal y la asistencia financiera internacional son requeridas para superar el shock de oferta o la recesión económica causada por el impacto del virus, que desaparecerá cuando las empresas que se mantuvieron funcionando reactiven su producción y cuando aquéllas que cerraron, y que no desaparecieron, inicien su reapertura, para lo cual requerirán estímulos económicos facilitados principalmente por la política monetaria y la política fiscal.

Sin embargo, muchos trabajadores estarán nerviosos cuando retornen a las empresas por el temor al contagio, y mayor será su preocupación si aún no se dispone de la vacuna contra el COVID-19. Con una lenta reinserción de la fuerza laboral en la economía no se podrá alcanzar el pleno empleo en el corto y mediano plazo, que, para un país como el nuestro, consiste en que, a lo sumo, el 5% de la población económicamente activa (PEA) se encuentre en desempleo y en búsqueda activa de empleo.

Sin embargo, por aspectos metodológicos internacionales, es irónico afirmar que la economía de Nicaragua estaba en pleno empleo en el cuarto trimestre de 2019. En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) informó que la tasa de desempleo abierto fue 4.9% en el trimestre antes mencionado. Siempre he insistido que el INIDE debería publicar la tasa de desempleo equivalente resultante del subempleo, que afectó, según la cifra oficial, al 49.5% del total de personas “ocupadas”, que debería ser el porcentaje de las personas “económicamente activas”.

Si tomamos en cuenta las estadísticas económicas anuales de Nicaragua publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el gasto de inversión bruta fija real, o en precios de 2006, se desplomó 20% en 2018, y si en 2019 hubiese crecido 20% parecería que hubiese recuperado su valor registrado en 2017, es decir, el nivel que existía antes de darse el desplome de 2018. Pero no es así; las matemáticas no funcionan así. 

La caída de 20% de 55,641 millones en 2017 a 44,463 millones en 2018 en millones córdobas de 2006 del gasto de inversión bruta fija seguida de un aumento de 20% lo hubiese llevado al nivel de 55,395 millones en 2019, que aún sería inferior al monto registrado en 2017, y si la caída hubiese sido mayor, por ejemplo 50%, con un aumento seguido del 50% resultaría un monto más alejado del registrado en 2017. A manera de información, las cuentas nacionales indican que el gasto de inversión bruta fija volvió a desplomarse 26% en 2019.

Ahora que el BCN abandonó el análisis de la dirección, a la baja o al alza, del índice mensual de actividad económica (IMAE) en términos promedio anual y ha desplegado con bastante ánimo la evaluación trimestral del sector real de la economía, los resultados son bastante extraños porque los economistas observamos los datos anualizados del PIB, o sea, cuál sería la variación relativa de la producción de bienes y servicios durante un trimestre si se mantuviera durante un año.

En los últimos años normales que hemos tenido en la economía del país, esa observación funciona bastante bien. De acuerdo con las estadísticas trimestrales oficiales, si el PIB de Nicaragua crece  0.25% en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre, el crecimiento del PIB anual sería aproximadamente igual a 5%, pero a partir de 2018, con los impactos del problema político, y desde 2020, con los impactos de la pandemia mundial, Nicaragua estaría produciendo menos bienes y servicios en el segundo trimestre en relación con lo producido en el primer trimestre de los últimos tres años.

Por ejemplo, en 2018 la caída de 9.4% del PIB real en el segundo trimestre con respecto al primer trimestre se tradujo en una reducción anualizada de 3.8%, mientras que en el mismo trimestre de 2019 la caída de 3.4% se tradujo en una disminución anualizada de 3.3%.

Si entre los impactos del COVID-19 se observara que en 2020 la caída del PIB del segundo trimestre fuese, por ejemplo, 10% con respecto al primer trimestre, debido a los números de la anualización el BCN informaría que el PIB del segundo trimestre cayó 5%.

Cuando el PIB trimestral comience a crecer una vez contenida la propagación del virus, habrá que tener cuidado con la lectura de la tasa de crecimiento interanual, porque la producción aún estaría por debajo de donde comenzó la caída. Los datos trimestrales pierden significación cuando el patrón de caída que observamos desde 2018 sea sustituido con un patrón de crecimiento positivo continuo.

Una lectura más apropiada del PIB trimestral sería compararlo con los niveles del PIB correspondiente al cuarto trimestre de 2017: la caída acumulada hasta el primer trimestre de 2020 sería 13.5%. Sin haberse registrado el impacto de COVID-19 en el sector real de la economía nicaragüense al final del primer trimestre de 2020, nos encontramos en un hoyo cuatro veces de profundo que la caída de la producción provocada por la recesión económica mundial de 2008-2009.

Así evitaríamos la lectura anualizada del PIB de cada trimestre y tendríamos una idea más cercana a la realidad económica en que nos encontramos. No debemos impresionarnos por un cambio porcentual anualizado muy elevado que se dará cuando los trabajadores tengan la confianza de no contagiarse con el virus al regresar a sus puestos de trabajo o a su nuevo empleo. Y ese momento aún no ha llegado.

Los espejismos y las trampas en la economía

Un economista no puede demostrar la variación, ya sea una subida o ya sea una caída, de la producción de bienes y servicios sólo con la mención del comportamiento (sube y baja) del valor agregado de cada una de las actividades económicas, o del comportamiento de los componentes de la demanda interna, diferenciando el sector público y el sector privado, como son los gastos de consumo e inversión, o el de la demanda externa, como es la exportación.

Un economista debe fundamentar el comportamiento del producto interno bruto (PIB) real con los datos de los volúmenes de producción de los principales rubros de bienes y servicios de cada una de las actividades económicas del país, y cómo se distribuye esa producción en la inversión pública y privada en construcción y adquisición de maquinaria y equipo, en el consumo de los hogares y del gobierno, y en los volúmenes de los principales bienes de exportación. A esto se agrega la importación de productos, componente de la oferta global junto al PIB.

Desde febrero de 2019, los nicaragüenses desconocemos los datos mensuales de los volúmenes físicos de producción de bienes y servicios que se reflejan en el nivel del índice mensual de actividad económica (IMAE) y éste ya está publicado hasta marzo de 2020. Además, aún no se publica el informe anual y el anuario estadístico de 2019 del Banco Central de Nicaragua (BCN), que nos ilustraría con la radiografía de la situación macroeconómica del país, por lo cual se desconoce el estado de la balanza de pagos, mejor dicho, el déficit externo y los flujos de las remesas, la cooperación oficial al sector público y al sector privado, la inversión extranjera directa y el pago de la deuda externa. También se desconocen los valores de variables clave del mercado laboral, tales como la población económicamente activa, el empleo formal y los salarios por actividad económica, y la magnitud de la informalidad laboral. Cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) publicó sendos informes trimestrales y el informe anual de la ejecución del presupuesto gubernamental de 2019. 

Con la indisponibilidad de la información arriba señalada, un economista no puede aseverar ante la nación de que el país ya salió de la recesión económica en el primer trimestre de 2020, a la que entró al concluir el tercer trimestre de 2018. Faltan los soportes estadísticos.

También existen otras particularidades de la economía nicaragüense que invitan a señalar de que aún está presente la recesión económica. A continuación, resalto las más importantes.

La economía informal de Nicaragua es muy grande. Aproximadamente el 18% de la población económicamente activa contribuirá a la seguridad social en 2020, por lo cual la informalidad laboral abarca a casi al 80% de la fuerza laboral del país. Cabe recordar que la política crediticia no funciona en el mercado informal. 

Desde hace muchos años, el subempleo ha sido el principal problema estructural del mercado laboral, pero las estadísticas laborales lo incluyen en la categoría de las personas ocupadas, aunque el subempleado trabaje 1 hora diaria. Y por este problema estructural, la productividad de los factores de producción tiende a caer y a estancarse, al observarse que durante el período 2006-2019 la productividad disminuye con un ritmo promedio anual de 1.06%.

Se podría depositar la confianza en el sector informal para que la economía del país se recupere, siempre que se eleve el nivel de escolaridad promedio de la población -estimada en 6.1 años de estudio-, y se implementen programas de educación técnica, transferencia de tecnología, apoyo de una banca estatal de fomento de la producción (que no existe), y reducción de la dependencia de las exportaciones de materias primas -en 2006, las exportaciones agropecuarias, pesqueras, mineras y las manufactureras de carne bovina y azúcar participaron con el 72.4% del valor total de las exportaciones de bienes FOB; en 2018, participaron con el 76.7%-. Estos problemas estructurales pueden resolverse en el largo plazo, no en el corto plazo, para poder concretar efectivamente la confianza del crecimiento económico en el actual sector informal.

Nicaragua, con una baja tasa de ahorro muy cercana al 24% del PIB en 2018, depende de los flujos de recursos externos -remesas, inversión extranjera directa y cooperación oficial (donaciones y préstamos) al sector público y al sector privado, excluyendo las exportaciones-, pero actualmente se observan serias limitaciones por las sanciones financieras internacionales, las salidas de capital debido al creciente riesgo político, y la recesión económica mundial causada por COVID-19. El flujo bruto de dichos recursos externos ha disminuido de 28% del PIB en 2017 a un aproximado (no oficial) de 23% del PIB en 2019 y cae a un estimado (no oficial) de 12% del PIB en 2020, y es equivalente a un tercio del monto de recursos obtenido en 2017. Hasta aquí las observaciones cualitativas.

Entonces, ¿cómo un economista podría afirmar que, en esas condiciones, Nicaragua ya salió de la recesión económica que arrastramos desde septiembre de 2018? Es muy difícil, prefiero decir imposible, afirmarlo en las condiciones antes descritas.

Ahora, una rápida mirada a la información oficial de las tasas de crecimiento interanual de la producción por actividad económica correspondientes al primer trimestre del año en curso. La pesca y acuicultura tiene el mayor crecimiento de 34.1%, pero apenas contribuye con el 0.9% en la formación del PIB, mientras que la agricultura muestra un escaso crecimiento de apenas 1.6% y aporta el 7.6% del PIB. La generación de electricidad cae 13.3%, lo cual es contradictorio con el aumento de 1.8% del PIB, pero se desconoce el dato de consumo de energía eléctrica; transporte y comunicaciones cae 4.5% y, en forma inesperada, el comercio sube 7.2%; y mientras el saldo bruto del crédito del sistema bancario caía interanualmente 4.9% en el primer trimestre de 2020, la producción de servicios financieros se desplomaba 20.2%.

Otra rápida mirada a las tasas de crecimientos de los componentes de la demanda interna en el mismo trimestre. Sorprende y es bastante discutible la caída de inventarios de 3,907.4 millones de córdobas constantes en el primer trimestre de 2020 al compararse con una caída anual de 2,399.4 millones de córdobas constantes en 2019. ¿Por qué no se publicó este dato en el enfoque del gasto del PIB, si se puede obtener al restar el valor de la formación bruta de capital fijo del valor de la formación bruta de capital? ¿Cayeron bruscamente los niveles de inventarios de bienes de consumo intermedio, de capital y de consumo final en manos de las empresas en el primer trimestre del año en curso, con el fin de propiciar un levísimo aumento de 0.5% del gasto de consumo individual de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, a sabiendas del creciente desempleo y subempleo, la ampliación de la informalidad en el mercado laboral y el congelamiento salarial, excepto el salario mínimo legal?

Un economista que ocupe un alto cargo en la administración pública debe contribuir con sus análisis para que el gobernante tome las mejores decisiones en política económica.

¿Sobrevivirá el cuento monetario al COVID-19?

El riesgo del cuento monetario, experimentado en el país desde la década de los noventa del siglo pasado, hoy está latente en la economía nicaragüense por tercer año consecutivo, tras tres años de caídas muy severas de la demanda interna, primero causada por un riesgo político y segundo, provocada por un riesgo de la naturaleza, como es COVID-19. El gasto de consumo está deprimido por el desempleo, el subempleo y el congelamiento de los salarios, excepto el salario mínimo legal, mientras que el gasto de inversión privada ha tocado fondo empujada por la incertidumbre política. Los consumidores y los inversionistas reducen el gasto en tiempos de crisis, es decir, ahorran, al prever la persistencia de los macroproblemas.

Y el cuento monetario se limita a “esterilizar” de dinero al mercado para lograr el aumento deseado de las reservas internacionales en las arcas de la banca central, con el fin de mantener estables al tipo de cambio y al índice de precios al consumidor. Exceptuando dos momentos locales de expansión monetaria observados en marzo o abril y en noviembre y diciembre, la autoridad monetaria ahora reduce la disponibilidad de dinero con el aumento de los depósitos del sector público no financiero en la banca central, los pagos de su crédito de corto plazo a la banca comercial, el encaje en córdobas o la proporción de los depósitos en córdobas que la banca comercial deposita en la banca central (la proporción efectiva siempre ha sido mayor que la legal) y la colocación de Letras sólo con plazo de 1 día, porque las operaciones de mercado abierto con mayores plazos hasta 1 año no funciona desde marzo de 2019.   

Menos córdobas circulando y más dólares guardados facilitan al banquero central opinar sobre la salud de la economía, pero su discurso no influye en la economía real porque la tasa de crecimiento económico es exógena en el cuento monetario, al garantizar exclusivamente la estabilidad de una baja tasa de devaluación y de una baja tasa de inflación, una tarea aritmética muy sencilla que se reduce a un saldo de reservas internacionales brutas igual, al menos, a 2.5 veces el saldo de la base monetaria, constituida principalmente por el saldo de emisión de dinero. La ley orgánica del Banco Central de Nicaragua (BCN) no exige formular políticas monetarias y financieras tendientes a lograr el pleno empleo, que sería una grave restricción para impulsar la demanda interna una vez que sea controlada la expansión de COVID-19.

El ritmo de crecimiento de la producción de bienes y servicios depende de otras variables económicas que pueden estar fuera del modelo econométrico de la autoridad monetaria o, si estando presentes, no guardan una relación adecuada con el mercado. Por ejemplo, las tasas de interés pagadas a los depositantes o cobradas a los prestatarios por el sistema financiero nacional muestran una correlación casi igual a cero con la tasa de interés monetaria o interbancaria fijada por el banquero central en la emisión de Letras con plazo de 1 día o los reportos monetarios o crédito de corto plazo, ahora en córdobas sin mantenimiento de valor, que el BCN coloca en los bancos comerciales.

Las sanciones financieras internacionales, la drástica caída de la inversión extranjera directa y, más recientemente, la disminución de las remesas familiares, tienden a contraer el saldo de las reservas internacionales administradas por el BCN y también exponen a la estabilidad macroeconómica a un mayor riesgo. Por consiguiente, es probable que observemos una mayor reducción de la oferta de dinero o medio circulante en este año, lo cual provocará una mayor aceleración de la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) real.

Frente a COVID-19, las herramientas macroeconómicas parecen ser impotentes. La pandemia ha provocado una recesión mundial, muy distinta a las recesiones causadas por crisis financieras. La política monetaria parece ineficaz ante la realidad actual, porque la amenaza fundamental para la economía del país en este momento es la propagación del virus, un shock del mundo real, no de extravagancias financieras, mientras que la política fiscal se ha tardado en entregar dinero público, que equivale a la ampliación del déficit fiscal para fortalecer la atención de la salud pública. El mundo, mejor dicho, los países de economía avanzada y emergentes, nos ha enseñado que para frenar la propagación del virus será necesario un mayor dolor económico con las cuarentenas que mantienen a los trabajadores en casa, la limitación de viajes y la interrupción del comercio.

Estamos menos preparados para enfrentar este shock de oferta provocado por la biología. Si COVID-19 continúa siendo una amenaza, una menor tasa de interés activa para los productores y los consumidores no retornará a los trabajadores a las empresas ni a los consumidores a los centros comerciales y de entretenimiento, ni a los restaurantes. Una menor tasa de interés será necesaria para enfrentar el posterior shock de demanda, o sea, para reactivar la demanda interna, una vez frenado y controlado COVID-19.

Pero durante la presencia del severo y temporal shock de oferta en que nos encontramos, será necesario un mayor gasto público para defender la vida de los nicaragüenses, lo cual no implica el riesgo de acelerar la tasa de inflación, porque la pandemia mundial ha tirado los precios internacionales de las materias primas hacia abajo. A finales de este año, es bastante probable que nos referiremos a una tasa de deflación en vez de una tasa de inflación. Un ejemplo es el precio del barril de petróleo WTI, de referencia para Latinoamérica, que se cotizó en US$39.55 al cierre del viernes 5 de junio del año en curso, el cual refleja una caída acumulada de 36% en el transcurso del año.

En la fase del shock de demanda, la política fiscal, como la política monetaria, deberá ser expansiva para iniciar el proceso de recuperación económica del país por la vía de la inversión, un proceso que será largo porque el PIB Per Cápita promedio anual de 2020 estaría retrocediendo a un nivel cercano al de 2012, pero también requeriría la solución de los problemas políticos que afectan el desempeño económico del país desde 2018.

Los economistas debemos comprender a fondo los principales problemas económicos de la actualidad. Hay que eliminar los misterios que rodean a  las políticas monetarias. Insisto en que las tasas de interés influyan sobre la tasa de inflación, y no a la inversa como se observa en el mercado monetario interno. Los cambios en las tasas de interés deberían tener mucho que ver con la inflación y, por qué no, también con la deflación, para que el comportamiento de los consumidores y los productores sea estable.

Lo que diga el BCN debería ser un factor que influya en la economía, porque es el emisor del monopolio del córdoba. El BCN no debería ser un factor exógeno, como se observa hoy, porque reduce su papel a la descripción pasiva de lo que está ocurriendo en la economía y, más grave aún, por estar fuera de tiempo. Aún no se conoce el informe de la autoridad monetaria correspondiente a 2019 ni una gran cantidad de indicadores económicos que obligatoriamente debe publicar el BCN.

¿Qué pensarán las autoridades y supervisores económicos gubernamentales al respecto? El debate económico serio, constructivo, no movido por apasionamientos políticos, podrá contribuir a la formulación de la política macroeconómica que, con el COVID-19, se ha salido bastante del enfoque de la escuela neoclásica, pero poco del enfoque de la escuela keynesiana.

4,319 días de impunidad

11.83 años = 142 meses = 4,319 días de impunidad del presunto delincuente Eduardo Montealegre.

Eduardo Montealegre cumplió el 2 de junio de 2020 4,319 días de ser el impune más famoso de la historia delictiva penal de Nicaragua. Continúa evadiendo la justicia gracias a la protección del Poder Judicial, desde dos juzgados penales hasta la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Tribunal de Apelaciones de Managua.

Si se efectuaran 95 juicios diarios en todos los juzgados penales del país, al 2 de junio de este año ya hubiesen sido realizados los 125,000 casos que se llevaban en el país, incluyendo mi acusación al ex banquero y ex político Montealegre Rivas, tal como lo declarara la presidenta del Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, el viernes 28 de octubre de 2016.

En el bienio 2016-2017 presenté las denuncias documentadas a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Bureau de la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria, de que Eduardo Montealegre es un violador de los derechos humanos.

Continúa estando sobre la ley, mejor dicho, al margen de la ley.