Los riesgos de la economía continúan acumulándose

25 03 2018

Desde el año de 2016, la política económica de Nicaragua, principalmente su componente monetario, se ha administrado con cuestionadas disposiciones que conducen a señalar que la macroeconomía se ha vuelto muy frágil, mientras que su componente fiscal ha guardado un pronunciado descanso que se explica, muy probablemente, por la realización de las campañas políticas para elegir autoridades nacionales y municipales en el transcurso de los últimos dos años.

Por su parte, el régimen cambiario reptante, que funciona sólo en el corto plazo, se ha mantenido desde el 10 de enero de 1993, mientras que la tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial ha permanecido congelado desde el 1 de enero de 2004, sin dar lugar a la gradual reducción de dicha tasa de deslizamiento que propicie el establecimiento de un régimen de bandas cambiarias, el cual está funcionando en el resto de países centroamericanos que tienen moneda propia. Además, el Banco Central de Nicaragua (BCN) es un rehén de su política cambiaria debido a la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio y por la nula volatilidad del tipo de cambio oficial nominal, que es igual a casi 0%.

Dos riesgos exógenos se presentaron en el ámbito económico de Nicaragua desde hace dos años, como son (i) el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela, que al mantenerse con todo su vigor contribuyó a garantizar la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria, y (ii) el proceso de aprobación de la NICA Act en el Congreso de Estados Unidos que pone en riesgo la inversión extranjera y el acceso a préstamos multilaterales muy concesionales, a los cuales se agregó (iii) la aplicación, por parte del gobierno de Estados Unidos, de la Ley Magnitsky Global en diciembre de 2017, que puede afectar a personas jurídicas y naturales de Nicaragua. También se observa desde 2013 un riesgo interno muy importante, como es el creciente déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Para mantener la estabilidad macroeconómica, a través del manejo de dos saldos monetarios en manos del BCN, uno el de las reservas internacionales brutas y el otro el de la base monetaria compuesta principalmente por la emisión de córdobas, se han observado acciones de política monetaria atípicas para que el primer saldo fuese igual a o mayor que 2.5 veces el segundo saldo.

Por ejemplo, al final de un trimestre o de un año, se han depositado en el BCN, por escasos días, decenas de millones de dólares en concepto de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera en las instituciones del sistema financiero nacional, elevando la tasa de encaje catorcenal “efectiva” hasta niveles cercanos al 20%, mientras que la tasa legal catorcenal es 14%; o se han depositado en el BCN excedentes de encaje en córdobas, elevando la tasa de encaje “efectiva” a niveles cercanos al 30%; o la “profundización” de las operaciones de mercado abierto, mediante colocaciones de Letras Estandarizadas del BCN con plazo de 1 día, porque el 85% de las subastas tradicionales de Letras del BCN se concentran en plazos de 7 días, 14 días y 1 mes, lo cual manifiesta cierta desconfianza entre los inversionistas financieros.

Por otro lado, en el ámbito de las finanzas públicas, y de acuerdo con las comunicaciones oficiales públicas, se puede concluir que casi nada se ha formulado o aprobado en las esferas gubernamentales. No se logró reducir la alícuota máxima de 30% a 25% del impuesto sobre la renta ni se pudo eliminar las exenciones o exoneraciones del pago del impuesto del valor agregado (IVA); no se logró confeccionar el “colchón” fiscal equivalente a 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) para acumular reservas fiscales y enfrentar los impactos de los riesgos económicos; y no se ha iniciado el ajuste de las finanzas del INSS, que tiene más ribetes estructurales que administrativos.

Otros tres riesgos externos asociados con la política fiscal y comercial de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, harán presencia en el escenario económico de Nicaragua:

  • la reducción del impuesto sobre la renta corporativa de 35% a 21% en Estados Unidos, que facilitará la repatriación de utilidades y de capitales de empresas estadounidenses radicadas en el resto del mundo hacia Estados Unidos, lo cual provocará una disminución del flujo de inversión extranjera directa;
  • el aumento de US$1,291 millones del gasto federal en infraestructura económica y defensa en un momento en que la economía estadounidenses está casi en pleno empleo, lo cual apreciará al dólar, aumentará la inflación -tanto la estadounidense como la importada-, hará más agresivas las alzas de la tasa de interés de la Fed para contrarrestar las presiones inflacionarias en la primera economía mundial, y hará más caro y más escaso el financiamiento externo; y
  • los impactos de la guerra comercial declarada por Estados Unidos a China, que elevará los aranceles de las importaciones estadounidenses -hasta ahora, 30% sobre los paneles solares, 25% sobre el acero, 20% sobre grandes lavadoras residenciales y 10% sobre el aluminio-, y perjudicará la recuperación económica a través de menos importaciones, menos exportaciones y más desempleo.

A medida que pasa el tiempo, los efectos de los riesgos externos e internos continúan acumulándose y no se observan las propuestas gubernamentales para enfrentarlos, excepto los avances notables en la contratación y los desembolsos de la cooperación internacional al sector público observada principalmente en 2017.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por el Sr. Fernando Delgado, ha estado aconsejando una serie de acciones de política fiscal y financiera desde hace un año, y varios colegas economistas, entre ellos el suscrito, también hemos presentado públicamente muchas recomendaciones que apuntan a la búsqueda de soluciones de los problemas arriba planteados.

Por estas razones, sugiero al Presidente Daniel Ortega que instruya al gabinete económico para que le presente un plan de acciones de política económica en el menor tiempo posible, sin olvidar que antes de las soluciones económicas está la solución de los problemas políticos, que deben ser resueltos por los nicaragüenses.

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Entre la desconfianza privada y el cuestionamiento público

18 03 2018

Desde hace seis años he escrito y dicho en varias ocasiones que la economía de Nicaragua avanza con un ritmo anual importante, incluso más de 5%, y que la economía no se detiene temporalmente, mucho menos retrocede, aún con el ruido político permanente en el país. Sin embargo, desde el año pasado he comenzado a cambiar de parecer.

En silencio, recientemente el Banco Central de Nicaragua (BCN) publicó la actualización de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 6.3% en 2011 y 6.5% en 2012, 4.9% en 2013, y 4.8% en 2014. Las tasas de crecimiento económico para cada año del trienio 2007-2009 son preliminares en los niveles de 4.8%, 4.7% y 4.9% respectivamente. Aconsejo al BCN que comunique a la nación que el crecimiento de la producción de Nicaragua ya rompió la barrera del 6% en 2011 y 2012, y que la economía creció casi 5% desde 2013 hasta 2017.

Desde el segundo semestre de 2016, los problemas políticos acechan el buen comportamiento económico de Nicaragua, y califico ese comportamiento como bueno porque no ha sido excelente al tomar en cuenta los datos preliminares del desempeño productivo del país publicados por el BCN, datos que han sido bastante cuestionados exclusivamente desde el ángulo técnico-institucional, es decir, sin ningún ribete político.

En una reciente conferencia económica que impartí a empresarios del sector privado, usé una analogía al comparar el PIB de Centroamérica con una pizza de diez rodajas. El aporte de Nicaragua al PIB del istmo equivaldría a la mitad de una rodaja de esa pizza, por lo cual es muy fácil concluir que la tasa de crecimiento económico promedio anual de 5.3% durante el período 2010-2017, muy aplaudida también por instituciones financieras multilaterales, es insuficiente no sólo por el aporte del país a la producción centroamericana, sino también para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza de los nicaragüenses.

El BCN continúa atascado en su pronóstico de crecimiento económico anual, al insertarlo, desde hace varios años, dentro de un abanico de posibilidades que van desde el 4.5% hasta el 5.0%, a priori una línea recta a sabiendas que la macroeconomía no es lineal y que las cuentas nacionales no se elaboran con base en modelos econométricos de “última generación”, como suelen decir ciertos colegas econometristas.

Las cuentas nacionales se sustentan en volúmenes de producción de las actividades económicas, que sean verificables a través de encuestas realizadas por las instituciones públicas normadoras de dichas actividades, no con pláticas entre funcionarios públicos y representantes de gremios de productores en las salas del BCN, y también con una política financiera interna de largo plazo que sea formulada y coordinada por la autoridad monetaria, pero ejecutada por las entidades financieras, con los objetivos de contribuir y garantizar una economía de pleno empleo mediante la ejecución y el desarrollo de proyectos de inversión privada, acorde con una estrategia de producción agroindustrial. Muy corta es la visión económica cuando la tasa de crecimiento económico proyectada por el BCN es un dato exógeno para predeterminar otras variables macroeconómicas.

Sin una política financiera de largo plazo, paradójicamente el BCN está impulsando operaciones financieras de muy, pero muy corto plazo, con las colocaciones de Letras con plazo de 1 día, que en mi opinión es un acto desesperado para sacar más córdobas de circulación en forma “descalibrada” con los fines de disminuir la demanda de divisas, proteger la posición de las reservas internacionales administradas por el BCN y garantizar la estabilidad macroeconómica, o sea, mantener un tipo de cambio estable y una presión inflacionaria baja y estable. Desde mayo de 2016, el BCN se encuentra sumido en la preocupación de mantener, a toda costa, un saldo de reservas internacionales brutas al menos igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria.

No creo que las operaciones de mercado abierto o las subastas de Letras del BCN con plazo de 1 día sean realizadas para determinar una curva de rendimiento de corto plazo, es decir, un plazo que varía desde 1 día hasta 1 año, porque el 85% de las otras subastas tradicionales de Letras del BCN se concentra en plazos de 1 semana, 2 semanas y 1 mes. Se observa, pues, cierta desconfianza de los inversionistas financieros en comprar papeles del BCN en córdobas con mantenimiento de valor con plazos mayores de 1 mes, la cual es provocada por la subida del riesgo político del país registrada desde el segundo semestre de 2016. Por otro lado, se agrega a lo anterior el hecho de que la colocación neta de Letras del BCN emitidas en dólares estadounidenses suma apenas US$24.1 millones en este año.

Los riesgos del pronóstico económico de Nicaragua en el corto y mediano plazo se han multiplicado. Nueve riesgos de origen externo y cuatro riesgos de origen interno acechan a la economía de Nicaragua desde hace poco más de un año. Los efectos de dos riesgos de origen externo ya son conocidos por el mercado, como son la imposibilidad de sustituir el préstamo petrolero de Venezuela y la aplicación de la Ley Magnitsky Global, y entre sus repercusiones se distinguen la desaceleración de los crecimientos de la oferta monetaria, del consumo de las familias y del PIB, y, además, la incertidumbre de los inversionistas.

Otros dos riesgos internos están ciernes, como son la incapacidad de crear un “colchón” fiscal para que las autoridades gubernamentales puedan enfrentar los riesgos, una tarea que depende de la reducción del gasto de consumo público, la eliminación de las exoneraciones y exenciones del impuesto del valor agregado (IVA), y la aplicación efectiva de la supervisión de precios de transferencia; el otro riesgo, la reducción del creciente déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), implica la realización de una reforma estructural, la cual, a la luz pública, no es aceptada por las autoridades gubernamentales.

Pero lo más importante de todo esto es que se necesita la disminución del riesgo político del país.





Cerró el telón de la mesa del salario mínimo legal

11 03 2018

Sin el consenso deseado entre empleadores y trabajadores, el Ministerio del Trabajo (MITRAB) fijó la tasa de ajuste anual de 10.4% para el salario mínimo legal que será entregado en dos semestres, es decir, 5.2% a partir del recién pasado 1 de marzo y 5.2% a partir del próximo 1 de septiembre del año en curso.

La decisión del MITRAB tuvo el estilo salomónico, al fundamentarla sobre el ajuste propuesto por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que lo elevó de 8.25% para un año (2018) a 10.4% anual para dos años consecutivos (2018 y 2019), y sobre el plazo de un año de los ajustes propuestos por los sindicatos, que tuvieron un mínimo inicial de 9.5% de la Cámara Nacional de la Micro y Pequeña Industria y Artesanía (CONAPI) y un máximo de 14.0% para los trabajadores del campo y de 13% para el resto de las actividades económicas de la Confederación General de Trabajadores independiente (CGT-i). La Central Sandinista de Trabajadores (CST) propuso un ajuste que no debía ser menor que 11% y el Movimiento de Unidad Sindical Nicaragüense propuso un aumento del 12%.

Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma consultora que dirige el suscrito, siempre ha manifestado que el ajuste anual del salario mínimo legal debe realizarse acorde con el espíritu de su ley, o sea, debemos respetar la ley, aunque no la compartamos. Si una de las partes que integran la mesa del salario mínimo legal no está conforme con esa ley salarial, puede presentar una nueva propuesta para su discusión y lograr su consenso en el marco del diálogo gobierno-empresarios-trabajadores, y enviar ese consenso a la Asamblea Nacional para su aprobación legal. Todo esto es posible con el diálogo, pero es imposible con la confrontación.

Hay que distinguir dos ajustes del salario, el nominal y el real.

El ajuste nominal o en precios corrientes, que es el más usual, teórica y empíricamente no es nada más que reconocer la inflación pasada, o sea, la tasa de inflación del índice de precios al consumidor (IPC). En 2017, la tasa de inflación del IPC fue 5.7%, según la cifra oficial estimada por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Sin embargo, la ley indica que el ajuste anual del salario mínimo legal (nominal o en precios corrientes) es igual a la suma de la tasa de crecimiento económico y de la tasa de inflación del IPC nacional correspondientes al año anterior. Al observarse en 2017 una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 4.9%, cifra oficial preliminar también estimada por el BCN, el ajuste nominal del salario mínimo legal debería ser 10.6% en 2018, que es dos décimas porcentuales mayor que la aprobada por el MITRAB. Dicho sea de paso, la ley también señala que el costo de la canasta de consumo básico puede ser tomado como una referencia para la fijación del ajuste del salario mínimo legal, y la tasa de inflación de dicho costo, según el BCN, fue 6.4% 2017, siete décimas porcentuales mayor que la tasa de inflación del IPC Nacional.

El ajuste real del salario, el que no se discute y es muy mencionado en la mesa del salario mínimo legal como el “poder adquisitivo” de dicho salario, observó un aumento de 2.6% en 2017 porque su ajuste nominal de 8.4% fue mayor que la tasa de inflación anual de 5.7%.

El ajuste real o en precios constantes del salario depende del comportamiento de la productividad del trabajo y ésta no depende exclusivamente de los trabajadores, sino también del Estado y de los empresarios, o sea, depende del progreso técnico y, consecuentemente, de la acumulación de capital real por trabajador. Preguntas clave para esta discusión serían, entonces, cuál es la variación de la cantidad de bienes por un trabajador ocupado pleno, o sea, de una persona que trabaja ocho horas diarias, y cuál es la variación de la cantidad de servicios producidos por un trabajador ocupado pleno, tomando en cuenta los ingresos y los gastos administrativos de la empresa.

No obstante que la tasa de crecimiento potencial de la economía de Nicaragua es 4.1% en el período 2006-2017, que es la tasa de crecimiento promedio anual del PIB Real, en ese mismo período la productividad del trabajo caía con una tasa promedio anual de 0.94% y el poder adquisitivo del salario mínimo legal subía con un ritmo promedio anual de 6.2%.

A mayor productividad, mayor salario real, nos dice la teoría económica, pero en Nicaragua esto no se cumple por la persistencia de algunos problemas estructurales de la economía de sobra conocidos, cuyas soluciones, aunque sean de largo plazo, pueden discutirse en el marco del diálogo gobierno-empresarios-trabajadores.

Tomando en cuenta los datos oficiales del país disponibles a la fecha, entre esos problemas estructurales se distinguen el nivel de escolaridad de 6.1 años de estudios de la población; el subempleo afecta al 42.6% de la población ocupada y aproximadamente la mitad de los subempleados devenga un salario mensual menor que el salario mínimo legal, lo cual es ilícito; no se ha restablecido el sistema de educación técnica media y superior; no existe una efectiva banca estatal de fomento que facilite simultáneamente el crédito y la tecnología a los productores que no son sujetos de crédito en la banca comercial convencional; y la gran inequidad de la distribución del ingreso, que se ejemplifica con el hecho de que 42.5% de la población del país no puede adquirir con todos sus ingresos todos los 23 productos alimenticios de la canasta de consumo básico.

Sí cabe destacar de que el Estado ha facilitado el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura económica, pero actualmente la inversión pública apenas participa con el 22% en el monto del gasto total del presupuesto nacional, limitando el alcance de un crecimiento económico acelerado y sostenible.

Por supuesto que existen más observaciones para lograr una adecuada ley de salario mínimo, entre las cuales podrían mencionarse la necesidad de relacionar el salario mínimo con el costo de los alimentos, o sea, con el costo de una canasta básica alimentaria que garantice la ingesta per cápita diaria de 2,455 kilocalorías, tomando en cuenta que el tamaño promedio actual de una familia es de 4.34 personas; determinar el patrón de consumo de la población rural y los precios al consumidor rural, que en la actualidad son desconocidos; especificar el valor de la alimentación que reciben los jornaleros agrícolas como parte adicional al salario mínimo legal; garantizar la seguridad alimentaria, desde la producción, pérdidas post cosechas y comercialización de alimentos hasta la manipulación de los mismos por parte de las familias; y, por supuesto, a un nivel macro, desarrollar un modelo económico pro pobre y reducir la inequidad de la distribución del ingreso.





Que el triunfalismo no opaque los problemas económicos

3 03 2018

La economía de Nicaragua está transitando por terrenos inseguros, colmados de incertidumbres políticas y con pocas opciones para reducir los riesgos por la prevalencia de decisiones políticas que impiden enfrentarlos efectivamente, excepto que los servidores públicos ya tengan a mano un plan contingente para amortiguarlos.

Es cierto que Nicaragua muestra una de las tasas de crecimiento económico más altas del istmo centroamericano, 4.7% preliminar en 2017 y segunda más alta después de la de Panamá, pero esa tasa, aunque por arriba de la tasa potencial de 4.2%, es insuficiente para reducir el grave problema estructural del subempleo y de la pobreza; además, Nicaragua apenas participó con el 5.6% en la formación del Producto Interno Bruto (PIB) del istmo centroamericano en 2017, mientras que el PIB per cápita promedio anual de los nicaragüenses es del orden de US$2,170, pero es 5 veces menor que el de Costa Rica y 6 veces menor que el de Panamá. A todas luces, se ve la necesidad del desarrollo de la agroindustria.

Otro problema estructural es la dramática caída de la productividad de la economía, que cae con un ritmo promedio anual de 0.9% durante el período 2006-2017, tomando en cuenta el PIB Real por persona ocupada plena, es decir, incluyendo los trabajadores del sector formal y el empleo equivalente relacionado con el ejército de subempleados que laboran menos de ochos horas diarias. Es necesario aumentar la escolaridad promedio nacional que es de 6.1 años de estudio, restablecer la educación técnica media y superior, y poner a funcionar efectivamente una banca de fomento de la producción que entregue simultáneamente el crédito y la tecnología a los productores que no son sujetos de crédito en el sistema financiero convencional.

En sentido inverso, la tasa de inflación ha comenzado a acelerar por las alzas de los precios internacionales del petróleo y de los combustibles, a lo cual tiende a sumarse las subidas de la tasa de interés de la Fed que volverá al dinero más escaso y más caro en el mercado internacional. Además, el mayor gasto público de Estados Unidos recién aprobado por el Congreso en un momento en que su economía esta casi en pleno empleo provocará más inflación importada y, por otro lado, en esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su afán proteccionista comercial anunciará el arancel de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las importaciones de aluminio, lo cual azuzará una guerra comercial mundial que provocará más inflación y menos producción de bienes y servicios, o sea, una depresión mundial.

El volumen de las exportaciones domésticas de bienes (primarios) de Nicaragua se ha recuperado en los dos últimos años, pero su valor continúa por debajo de la barrera de los tres millardos de dólares, cercano a US$2,710 millones en 2017, aunque adicionando el valor bruto exportado por las empresas del régimen de zona franca se supera la barrera de cinco millardos; sin embargo, sólo el 16% del valor bruto exportado por las empresas de zona franca, equivalente a los servicios de manufactura sobre los insumos físicos importados por dichas empresas, queda en el país y el resto, el 84% queda en los países de origen de esas empresas. Otro riesgo que pende sobre las exportaciones de las zonas francas es la revisión del DR-CAFTA, al aparecer Nicaragua en una lista de 9 países que han firmado tratados de libre comercio y que han implicado déficit o superávit decreciente para Estados Unidos.

El peso de la deuda pública externa ha crecido como un porcentaje del PIB, al saltar de 38% en 2016 a 40% en 2017, colocándose a 10 puntos porcentuales del límite del severo endeudamiento, es decir, del 50% del PIB, sin tomar en cuenta la deuda petrolera con Venezuela que está registrada como una deuda privada externa. Para evitar que resurja el problema estructural de una elevada externa deuda pública, sólo queda la esperanza que el PIB aumente más aceleradamente que el nuevo endeudamiento externo, pero el PIB Real ya está mostrando señales de desaceleración desde el año pasado.

De acuerdo con los informes oficiales, desde el año pasado el sector público está contratando importantes montos de deuda no concesional, especialmente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo cual conducirá a una mayor carga del servicio de la deuda externa o del pago de intereses y amortizaciones a los acreedores externos, un indicador macroeconómico que en términos porcentuales de las exportaciones es una referencia para los inversionistas extranjeros.

Por el lado del endeudamiento público interno, ya golpeado por las quiebras bancarias del bienio 2000-2001 y por las confiscaciones de la década de los ochenta del siglo pasado, desde 2013 apareció el déficit de Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que acelera año tras año; debido a la manifiesta voluntad política de no realizar reformas estructurales a la seguridad social, es bastante probable que se acelere el saldo de la deuda pública con la emisión de bonos del Tesoro para evitar la iliquidez del INSS.

Tampoco se ha logrado construir un colchón presupuestario, mediante la reducción del gasto tributario y del gasto de consumo, que facilite cierta maniobra fiscal para amortiguar algunos impactos, especialmente de origen externo, que podrían provocar una desaceleración del crecimiento económico. Por consiguiente, se iniciarán las discusiones de la eliminación de las exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones de bienes intermedios y de maquinaria y equipo del sector agropecuario, pesca artesanal y micro y pequeña empresa manufacturera, y el porqué de la inefectividad de la supervisión de los precios de transferencia.

La condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y de una presión inflacionaria baja y estable, fue expuesta a un riesgo importante con el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela que escudaba la posición de las reservas internacionales brutas administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), lo cual ha provocado una reducción descalibrada de la cantidad de dinero que circula fuera del sistema financiero, una desaceleración del crecimiento del gasto de consumo familiar y otra desaceleración del crecimiento del PIB Real. Las operaciones de mercado abierto con un día de plazo, recién estrenadas por el BCN en enero de este año, son un reflejo de la desesperación monetaria para mantener un saldo de reservas internacionales brutas al menos igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria.

Finalmente, los riesgos de la aplicación de la Ley Magnitsky Global y la probable aprobación de la Ley “NICA” en el Senado de Estados Unidos generarán incertidumbre entre los inversionistas extranjeros, poniendo en jaque a los aumentos esperados en las reservas internacionales y al ritmo del crecimiento económico esperado.

Por estas razones, siempre he señalado que no existen políticas económicas per se que puedan parar o mitigar los impactos de esos riegos sobre la economía nicaragüense, que las respuestas deben ser políticas para resolver los problemas políticos de sobra conocidos por la población, y que el diálogo político debe realizarse en Managua y no en Washington. Si esto fuese posible, la política económica tendría un mayor margen para atenuar los efectos arriba mencionados. No olvidemos que a la fecha actual, la macroeconómía está bien, pero es muy frágil.





El acceso a la justicia es un derecho humano

1 03 2018

Ocho años, desde agosto de 2008, se mantuvo inapropiadamente escudado en la inmunidad que le confería su cargo de servidor público y fue protegido por altos cargos del Poder Legislativo, entre los que figuran Wilfredo Navarro, Alba Luz Palacios y los miembros de dos juntas directivas de ese Poder del Estado durante el período 2008-2016.

Un año y seis meses, desde el 2 de septiembre de 2016, sin inmunidad cuando fue expulsado de la Asamblea Nacional, hasta hoy continúa siendo protegido por algunos servidores públicos del Poder Judicial, específicamente los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García; el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, en su carácter de Inspector Delegado, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas; y los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial – Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia-, magistrados  Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián.

Me refiero al ciudadano impune Eduardo Montealegre, violador de los derechos humanos, quien me injurió y calumnió en forma escrita en medios públicos al tildarme como defraudador del Estado de Nicaragua el 31 de julio de 2008 y el 11 de febrero de 2011, quien además está acusado por la Fiscalía General de la República por ser coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, y por haber cometido los delitos de fraude y de tráfico de influencias en el caso de la emisión y reestructuración de los Certificados Negociables de Inversión (CENIs) por las quiebras bancarias ocurridas en el bienio 2000-2001, y en el caso de las subastas de los activos de los bancos liquidados, que provocaron un gran daño al patrimonio nacional.

En suma, 9 años y 6 meses han transcurrido desde que el querellado Eduardo Montelaegre cometió sus presuntos delitos no sólo contra mí, sino también contra mi familia, pero al gozar de la protección de dos Poderes del Estado me veo obligado a continuar denunciando sus presuntos delitos y exigiendo a las autoridades nacionales que no continúen violando mis derechos al debido proceso, ni cometiendo negligencias en el cumplimiento de sus funciones, ni causando retardación de justicia, ni perpetuando la denegación de justicia en mi contra, ni guardando silencio después de que se superaron las fallas del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua, que fue el argumento presentado por los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García para suspender las dos audiencias iniciales, por mi acusación personal contra Eduardo Montealegre, que habían sido programadas para el 2 de septiembre de 2016.

Eduardo Montealegre siempre continuará escuchando mis reclamos a los servidores públicos que lo protegen, porque nadie, mucho menos un presunto delincuente como él, puede estar por encima de la ley. Espero que nuestros servidores del Poder Judicial acaten el imperio de la ley, respeten a los ciudadanos y tengan ética profesional.