La asistencia humanitaria multilateral y el crecimiento económico

31 01 2021
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Nicaragua ha obtenido un extraordinario respaldo financiero que provino principalmente de tres instituciones multilaterales en los meses de diciembre y enero recién pasados, consistente principalmente en préstamos para facilitar la respuesta gubernamental a la población del país sobre la prevención, la detección y el tratamiento médico por el contagio de la pandemia del COVID-19, atender a las poblaciones afectadas por huracanes Eta e Iota que azotaron la región del Caribe Norte del país, y mantener la estabilidad macroeconómica.

Sobre la base de la información oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la valoración preliminar de los daños causados por los dos huracanes ascendió a US$738.6 millones, lo cual incluye las  afectaciones a las actividades agropecuarias , embarcaciones de las microempresas y pequeñas empresas pesqueras, las actividades del turismo y del transporte terrestre, y la infraestructura económica y social, o sea, la red vial, viviendas y centros de educación y de salud.

Según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, en diciembre ingresaron préstamos externos por US$333.1 millones y donaciones externas por US$30.4 millones, para un total de US$363.5 millones, al cual se adicionó en enero un préstamo de US$80 millones del Banco Mundial para ayudar a financiar el gasto de emergencia y la recuperación del país en los sectores críticos de las comunidades más afectadas.

El gran total ascendió a US$443.5 millones.

El más importante organismo multilateral que asistió financieramente a Nicaragua en diciembre de 2020 fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), al prestar US$186.8 millones, de los cuales US$130 millones corresponden a Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente al 50% de la cuota de Nicaragua en el FMI, proporcionados a través de  dos instrumentos, la Facilidad de Crédito Rápido (RCF) equivalente a DEG 43.33 millones (aproximado a US$61.77 millones, o 16.7% de la cuota) y el Instrumento de Financiamiento Rápido (RFI) equivalente a DEG 86.67 millones (aproximado a US$123.55 millones o 33.3% de la cuota).

Con los recursos del FMI se garantizarán los requerimientos relacionados solamente con la pandemia del COVID-19, de tal manera que el programa de atención médica de emergencia recibirá US$74 millones y tendrá el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Además, un programa alimentario de emergencia recibirá US$19 millones y tendrá el acompañamiento del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Por su parte, en diciembre de 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con las autoridades nacionales, las agencias de las Naciones Unidas, el Grupo Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoyó con el financiamiento la ayuda humanitaria y las tareas de reconstrucción a los países afectados por los huracanes Eta e Iota (Guatemala, Honduras y Nicaragua) y la rehabilitación de la infraestructura afectada en El Salvador, Costa Rica y Panamá.

Por otro lado, el Banco Mundial, a través de la  Agencia Internacional de Desarrollo (AIF), el fondo del Banco Mundial para los países más pobres, aprobó en enero de 2021 un crédito de US$80 millones y se destinará, con la colaboración de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), a la emergencia y las necesidades de recuperación de Nicaragua después de la devastación causada por los huracanes Eta e Iota, y priorizará la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura y las viviendas públicas y comunitarias priorizadas, y la restauración de los ingresos de las poblaciones afectadas en actividades económicas críticas, con un enfoque en el sector de la pesca en pequeña escala.

Las tres instituciones financieras multilaterales, FMI, BM/AIF y BID, que aplican las sanciones financieras de la ley estadounidense NICA Act, exceptuando los préstamos y donaciones que se destinan a la ayuda humanitaria, facilitaron préstamos por US$320.2 millones.

Con esos recursos, el efecto de cortísimo plazo en la economía del país fue el aumento anual de US$814.5 millones del saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) administradas por el BCN, hasta US$3,211.9 millones, y el aseguramiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica al 31 de diciembre del año pasado, con un saldo de RIB igual a 2.56 veces el saldo de la base monetaria (BM, o emisión de dinero y depósitos de encaje en moneda nacional en el BCN). Sin el ingreso de esos recursos, el saldo de las RIB se hubiera aproximado a 2.37 veces, levemente inferior al mínimo establecido de 2.5 veces.

Otro efecto de la entrada de estos préstamos multilaterales en diciembre y enero recién pasados se podrá observar en el corto plazo. La mayor parte de los desembolsos de la cooperación internacional realizados por el sector público no financiero se destinan al gasto de inversión pública en infraestructura económica y social, es decir, a proyectos de red vial, hospitales, centros de salud y centros de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, lo que genera empleos e ingresos para la población.

La asistencia humanitaria a la población afectada por COVID-19, Eta e Iota también financiará proyectos de inversión pública en red vial, salud y educación y, además, en construcción de viviendas y maquinaria y equipo para pequeñas empresas pesqueras. Este gasto de inversión causará cierto empuje al crecimiento del empleo, de la producción, del ingreso y del consumo en 2021.

La evidencia empírica, sobre una muestra de 14 observaciones correspondientes al período 2006-2019, indica si los desembolsos de préstamos realizados por el sector público se incrementan 1%, el nivel de la producción de bienes y servicios aumenta 0.31%, pero con la aplicación de las sanciones financieras a Nicaragua se ha disminuido el monto de dichos desembolsos al desacelerarse su crecimiento de 45.3% en 2017 a 3.8% en 2018 y al caer 6.1% en 2019.

Tampoco debemos obviar que, en un año electoral, aún sin diálogo y sin convivencia entre los nicaragüenses, las incertidumbres de los agentes económicos continuarán robusteciéndose.





Cinco desafíos que enfrentamos para encauzar la economía

24 01 2021

El conflicto político de abril de 2018 que aún persiste, el desestímulo económico provocado por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de 2019, la pandemia del COVID-19 que se hizo presente en el país en marzo de 2020 y los impactos de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020 han dañado la economía de Nicaragua.

Siempre he sido de la opinión de que la economía no se dinamizará si no se restablece la confianza entre los agentes económicos (gobierno, consumidores, empresarios y comunidad internacional), lo cual demanda acciones exclusivamente políticas, y si no se aplica la vacuna contra el COVID-19 a toda la población. La convivencia entre los nicaragüenses es una condición inevitable para la recuperación del terreno económico perdido y el avance hacia el desarrollo económico del país, o sea, para que la economía funcione.

¿Cuáles son las áreas de la economía que están exigiendo la atención de los políticos, que hoy se encuentran enfrascados en la arena política de un año electoral? A continuación, presento algunas áreas de política económica que demandan la atención no sólo de las autoridades gubernamentales, sino también de la población.

El crecimiento económico

La economía está en caída libre desde el año de 2018. Aunque la cifra oficial indica una desaceleración de la tasa de caída anual del producto interno bruto (PIB) real en 2020, esto no significa que se está mejorando el desempeño productivo de las actividades económicas.

Según datos gubernamentales, en el trienio 2018-2020 se han destruido aproximadamente 200 mil puestos de trabajo del sector formal de la economía, que representan el 5% de la población económicamente activa del año de 2020. Al cerrarse el año de 2020, Nicaragua ya se encuentra en depresión económica porque la caída acumulada del PIB real con respecto a su nivel registrado en 2017 es de dos dígitos porcentuales, o sea, al menos 10%.

La reforma de la Ley de Concertación Tributaria

En términos estrictamente económicos, la reforma tributaria fue aprobada e implementada en el momento menos apropiado, cuando imperaba la recesión económica debido al conflicto político desde el tercer trimestre de 2018.

El cierre de empresas, principalmente las microempresas y las pequeñas empresas de las actividades de comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales, y las medianas y grandes empresas de las actividades de la construcción y de la intermediación financiera, aumentó el desempleo y el subempleo.

Las alzas de las tasas tributarias indirectas aceleraron la tasa de caída de la producción y la tasa de aumento de los precios al consumidor y, además, un crecimiento de la economía subterránea causado por el contrabando de bienes de la industria fiscal. La reforma tributaria no debería ser contractiva o procíclica, sino expansiva y anticíclica.

Lo problemas estructurales de la economía

La pandemia ha puesto al descubierto la desigualdad de la distribución del ingreso, la falta de educación técnica y la expansión de un gran sector informal, todo esto vinculado a otros dos problemas estructurales, como son la seguridad social y la baja productividad de la economía que han existido durante décadas. La solución de estos problemas es posible sólo en el largo plazo, que empieza hoy, mejor dicho, que debió haber empezado ayer.

Reevaluar el sistema bancario

Inundados de liquidez, los bancos han observado un leve aumento de los depósitos del público no bancario, una caída de la cartera de préstamos, una gran reducción del número de prestatarios, un aumento de la cartera en riesgo, un incremento de las provisiones por pérdida de la cartera, una creciente adecuación de capital, un mayor margen financiero, una alta tasa de interés activa real (tasa nominal menos tasa de inflación) de corto plazo -que encarece los préstamos-, una baja tasa de interés pasiva real de ahorro -que obstaculiza la captación de fondos- y una notable reducción de la tasa de rentabilidad que aún es positiva. Se requiere un acuerdo político para que la banca comercial reemprenda su apoyo financiero a la producción y la demanda interna (consumo e inversión).

Hay que reconocer que la vida normal ha sido desviada por el COVID-19. Por eso, también será necesario considerar, primero, la posibilidad de otorgar, al menos, un trimestre de gracia, prorrogable si es necesario, a los deudores del sistema financiero nacional que lo soliciten, demuestren la necesidad y califiquen, independientemente del nivel de riesgo del prestatario, y trasladen el pago de capital e intereses que corresponde a este período hasta el final del plazo del préstamo y, segundo, la autorización de la reestructuración de créditos tendientes a la modificación de tasas de interés, plazos y cuotas, sin que se disminuya la calificación del prestatario.

Apoyar a las MIPYMEs

En marzo de 1998 fue cerrado el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), un banco estatal que financiaba principalmente la producción agropecuaria del país y a las pequeñas y medianas empresas. Sería conveniente reflexionar sobre el restablecimiento de la banca estatal de fomento a la producción, un instrumento de la política económica que facilitaría el alcance de las metas de producción e inversión, con crédito y transferencia de tecnología, de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs).

En conclusión, 2021 será un año de inusual incertidumbre, porque a los cuatro problemas mencionados al inicio de este análisis se agregará el ciclo económico político, por ser un año de elección presidencial, y la propagación más acelerada de una nueva cepa del COVID-19, aumentando los riesgos para la salud, el crecimiento económico, la estabilidad política y la estabilidad social. No hace falta decir que la incertidumbre es mala para la producción, la inversión y el consumo.





Las propuestas de reajuste del salario mínimo

17 01 2021

El jueves 14 de enero de este año se instaló la Comisión Nacional del Salario Mínimo en la sede del Ministerio del Trabajo (MITRAB) para aprobar el incremento nominal del salario mínimo legal de 2021, que entrará en vigor a partir de marzo de este año. Las instituciones representadas en la mesa de negociación fueron el gobierno, principalmente a través del MITRAB, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y los sindicatos de trabajadores.

Sobre la próxima tasa de ajuste del salario mínimo, ya se pronunciaron la Central Sandinista de Trabajadores (CST), con un mínimo de 5%, la Central Sandinista de Trabajadores-José Benito Escobar (CST-JBE), que demanda 10%, y las PYMEs, con 0% porque no existen condiciones económicas para incrementar el salario mínimo.

La Ley de Salario Mínimo ordena que, en cada año, la tasa de reajuste anual de dicho salario sea igual a la suma de la tasa de inflación anual de los precios al consumidor (IPC) nacional, estimada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) -y en la práctica, también por el Banco Central de Nicaragua (BCN)- y de la tasa de crecimiento anual de la producción de cada actividad económica, un dato preliminar estimado por el BCN, ambas correspondientes al año inmediato anterior.  La práctica indica que el monto anual del ajuste es entregado en dos partes en cada semestre, específicamente en los meses de marzo y octubre.

En 2019 no se ajustó el salario mínimo porque en 2018 la producción cayó 4.0% y la tasa de inflación fue 3.9% (-4.0 + 3.9 = -0.1), excepto en las empresas del régimen de zona franca donde el ajuste fue igual a 8.2%.

En 2020, la Comisión Nacional del Salario Mínimo aprobó la entrega del reajuste anual de 2.6% en marzo, al haberse observado en 2019 una tasa de caída preliminar de la producción de 3.5% y una tasa de inflación de 6.1% (-3.5 + 6.1 = 2.6); posteriormente, el BCN informó que la caída de la producción fue 3.9% en 2020.

Ahora, ¿cuál podría ser el reajuste del salario mínimo en 2021? Veamos la suma algebraica de las variaciones relativas de la producción y de los precios al consumidor correspondientes a 2020, de acuerdo con los anuncios de los servidores públicos del BCN y del INIDE.

En 2020, según el INIDE, la tasa de inflación anual fue 2.93%; por su parte, la moda del BCN para proyectar el comportamiento de la producción anual, o del Producto Interno Bruto (PIB) Real, es con un rango que se fijó recientemente en una caída de entre 1.5% y 2.5%. Por lo tanto, el reajuste del salario mínimo caería en otro rango de entre 1.43% (= -1.5 + 2.93) y 0.43% (= -2.5 + 2.93). ¿Qué opinarán los trabajadores, cuando conozcan que el reajuste máximo, según la ley, es apenas de 1.43% en 2020? Veamos qué podría ocurrir si se buscara más información económica adicional.

La ley indica que una referencia para fijar el salario mínimo es el costo de la canasta de consumo básico que estima el INIDE. Excluyendo el salario mínimo pagado en las empresas de zona franca, la cobertura del promedio simple del salario mínimo sobre el costo de dicha canasta se elevó de 47.4% a 48.6% de febrero a marzo de 2020, pero en diciembre de este año esa cobertura se redujo a 47.3%, lo cual refleja la pérdida de 1.3 puntos porcentuales en esa cobertura salarial. En diciembre recién pasado,  la canasta de consumo básico alcanzó el valor de C$14,526.34 y el ajuste salarial requerido para restablecer la cobertura registrada en marzo de 2020 sería igual a C$188.84, o sea, un aumento de 2.75% del salario mínimo. Esta variante sería más atractiva para los trabajadores que el ajuste máximo de 1.43% que se desprende de la metodología establecida en la ley.

Otra variante para determinar la tasa de reajuste está en función del deterioro del salario mínimo mensual durante el período marzo-diciembre de 2020. Señalo diciembre de este año porque es el último mes de la muestra de datos oficiales que disponemos hoy. Podría ser enero de 2021, pero deberíamos esperar la publicación de los datos del IPC y de la CCB de ese mes, probablemente hasta mediados de febrero próximo.

Entre marzo y diciembre del año pasado, la tasa de inflación acumulada fue 2.73%, mientras que el salario mínimo mensual por actividad económica y su promedio simple permanecían “congelados”. Por eso, el salario mínimo real, o poder adquisitivo dl salario mínimo, o el volumen de bienes y servicios que una persona puede comprar con el salario mínimo, se deterioró 2.65% entre marzo y diciembre del año pasado. Por lo tanto, el reajuste salarial requerido para restablecer en diciembre de 2020 el salario mínimo real registrado en marzo de 2020 es igual a 2.73%, que se obtiene con el cociente al dividir 1 entre (1 – el deterioro del salario real), en este caso = [(1 / (1 – 0.0265)] = 2.73%, un resultado muy cercano al estimado en función de la cobertura sobre el costo de la canasta de consumo básico, que fue igual a 2.75%.   

La última variante del reajuste del salario mínimo para 2021 es que sea de orden estrictamente político. La tasa de ajuste salarial sería una incógnita antes de su anuncio, al ser el ciclo económico un reflejo del calendario del año electoral. La teoría del ciclo económico político sugiere disminuir el desempleo y el subempleo antes de las elecciones, pero la adopción de una política monetaria expansiva, sólo tomando en cuenta las elecciones, provocaría pequeños aumentos en la producción y grandes efectos inflacionarios. Se prevé que en Nicaragua las expectativas inflacionarias continúen aplacadas el próximo año, pero las tasas de desempleo y subempleo son altas, al no haber disminuido en el trienio 2018-2020.

En conclusión, acorde con la teoría económica, sugiero que la tasa de reajuste del salario mínimo sea 2.75% o se aproxime al 3%, no muy alejado de la propuesta de 5% de la CST. Veremos que aprobará la Comisión Nacional del Salario Mínimo a más tardar dos meses calendario a partir de su instalación, o sea el 14 de marzo próximo.





El COVID-19 y la industria bancaria de Nicaragua

10 01 2021

¿Cómo ha impactado la pandemia a las entidades bancarias, grandes y pequeñas, radicadas en el país entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020?

El ritmo de producción de la actividad de servicios bancarios es un indicador que ayuda a explicar el comportamiento de la economía del país, como lo son también otros indicadores, por ejemplo, el volumen consumido de energía eléctrica y la recaudación de impuestos con tasas tributarias estables y eliminada la tasa de inflación. Si aumenta el crédito bancario, se el desempeño productivo se robustece por la vía de la inversión o por la vía del consumo.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) promedio anual de la Actividad Intermediación Financiera y Servicio Conexos correspondiente a octubre de 2020, la producción de servicios financieros se ha desplomado 17.3%, que supera a la caída de 15.5% observada en octubre de 2019.

Aunque la rentabilidad de capital (ROE) de los bancos comerciales es igual a 16.2% en noviembre de 2020, alta en tiempos de varias crisis, las utilidades netas han caído 12.9% porque los bancos aumentaron 10.1% sus reservas o provisiones para enfrentar las pérdidas crediticias actuales y los problemas futuros de los préstamos. La proporción de la cartera de crédito en riesgo con respecto al saldo total de la cartera de crédito se incrementó de 12.5% a 16.9%. El crédito en riesgo incluye los créditos vencidos, reestructurados, reprogramados y en cobro judicial.

Sin embargo, el tamaño del colchón para riesgos, que es el cociente de la suma de las reservas de cartera más el patrimonio entre el total de la cartera de crédito vencida, se redujo al pasar de 18.02 a 17.75, pero la solidez de las entidades bancarias se fortalece al incrementarse la adecuación de capital (capital/préstamos, principalmente) de 19.48% a 20.16% (la norma legal es 10%). 

Cabe mencionar que la tasa de rentabilidad neta del capital en noviembre de 2020 está sesgada por los tres bancos grandes: BAC, 25.5%; LAFISE BANCENTRO, 27.8%; y BANPRO, 17.2%. Los tres bancos pequeños tienen una tasa de rentabilidad de capital menor que 5%: BDF, 4.1%; AVANZ, 1.6%; y FICOHSA, 1.4%. La reducción agregada de las utilidades netas de los seis bancos fue igual a C$361.8 millones.    

En cuanto a los préstamos, la cartera de crédito neta o el monto de la cartera de crédito bruta menos el monto de la provisión por las pérdidas crediticias disminuyó 3.9%, pero el margen entre las tasas activas y pasivas ponderadas, en monedas extranjera y local, aumentó hasta 7.5 puntos porcentuales en noviembre de 2020, mayor que el margen de 5.4 puntos porcentuales registrado en noviembre de 2019. Caen los préstamos y sube el spread de los bancos, o sea, la diferencia entre la tasa de colocación de crédito y la tasa de captación de ahorro.

Un indicador de la productividad bancaria, la eficacia en el manejo de la cartera de préstamos, medida como el cociente de la cartera préstamos bruta entre el total de gastos de administración, disminuyó muy levemente al pasar de 14.61 a 14.36, pero la eficacia en la generación de ingresos financieros, otro indicador de la productividad bancaria, estimada con el cociente de las utilidades financieras entre el total de gastos de administración, se ha estancado en el nivel de 1.32.

Por su parte, los depositantes han incrementado en 20.0% el saldo total de los depósitos en córdobas y en dólares y han inundado de liquidez a los bancos. La proporción de la liquidez total con respecto al saldo total de los depósitos se incrementó de 40.9% a 47.0% y es difícil prever que podrán hacer los bancos con esa excesiva liquidez. ¿Inversiones financieras o compras de títulos valores de largo plazo emitidos por instituciones públicas en un año electoral? Veremos.   

Con el comportamiento de los indicadores financieros antes descrito, se puede afirmar que la banca comercial aún refleja la recesión económica que se inició en el segundo trimestre de 2019, no obstante, las cifras oficiales preliminares de la economía real, o sea, de la oferta y la demanda de bienes y servicios finales, señalan que la producción ha comenzado a reactivarse en el segundo semestre de 2020.

Tomando en cuenta la suspensión de la contratación de préstamos concesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA) contenida en la NICA Act, lo que se puede observar es que la economía real del país no ha recibido impulsos o estímulos de la política monetaria y de la política fiscal.

La defensa de la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha sido posible con severas contracciones monetarias y, por otro lado, la aprobación de una reforma tributaria de la Ley de Concertación Tributaria en febrero de 2019 aceleró la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) y la tasa de aumento de la inflación de los precios al consumidor en 2019.

Después, en 2020 llegaron la pandemia del COVID-19, que golpeó a la pequeña industria y al sector servicios, principalmente comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales, y dos huracanes, que asolaron la producción y la infraestructura económica y social del Caribe Norte. El dolor económico nacional no se ha atenuado. No cabe la duda de que el crecimiento económico del país se remontará con la vacuna contra el COVID-19.

Entre los noviembres de 2019 y 2020, la banca comercial cerró 28 sucursales y ventanillas y dejó operando 472 sucursales, de las cuales 200 se encuentran en Managua, y despidió a 428 empleados y el tamaño de la nómina se redujo a 8,805 personas.





Ayer y hoy en Nicaragua

3 01 2021

El legado de 2020

¿Cuál fue el impacto económico del COVID-19 en Nicaragua?

Los impactos del COVID-19 se sienten en todas partes, y su impacto económico es más profundo que cualquier recesión. Nicaragua ha salido más débil de lo que estaba antes de la pandemia. Se ha endurecido la relación entre el Estado y la sociedad. La economía ha caído por tercer año consecutivo.

La recesión económica, imperante desde el tercer trimestre de 2018, se transformó en depresión económica al concluir el año de 2020. Las actividades económicas más golpeadas son construcción, servicios financieros, comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales. El volumen de las importaciones de bienes cayó abruptamente.

Se cerraron empresas, aumentó el desempleo y el subempleo, y creció la pobreza. La desigualdad se hizo más visible, porque existe un mercado laboral más grande.

La inflación no ha sido un problema, debido al desplome del consumo y de la inversión en el mercado local, así como a la caída importante del precio internacional del petróleo. Sin embargo, hay congelamiento salarial y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios se arrastra desde 2018.

En tiempos de crisis, se reconfirma que la política macroeconómica implementada por las autoridades gubernamentales del país condujo a la depresión interna, o sea, al congelamiento salarial y a una baja tasa de inflación, incluso a una tasa de deflación o de caída de precios, para que la economía pueda reequilibrarse con la restricción de una severa contracción monetaria, pero con el costo de un creciente desempleo y subempleo.

Tomando en cuenta las referencias históricas, en esta ocasión, el gobierno rechazó una crisis de deuda que conduce a una alta inflación, como lo hizo en la década de los ochenta del siglo pasado. Hoy, las expectativas inflacionarias están bien ancladas.

¿Fue menor la tasa de caída de la producción de bienes y servicios que la registrada en 2019?

No. En 2019, las decisiones de producción, inversión y consumo se alteraron por el conflicto político de abril de 2018, aún no resuelto, y por el impacto de la reforma tributaria de 2019, que aceleró tanto la tasa de caída de la producción como la tasa de inflación.

A esos dos graves problemas, se agregaron otros dos: en 2020, el COVID-19 desde marzo y los huracanes Eta e Iota en noviembre, que afectaron a la zona norte de la Costa del Caribe. Además, según cifra oficial, más de 88 mil emigrantes retornaron a Nicaragua desempleados por consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Por el lado del gasto, continuó cayendo la demanda interna de bienes y servicios finales, consumo e inversión, mientras que la demanda externa, el volumen de las exportaciones de bienes, disminuyó levemente.

En 2020 se espera, por lo tanto, una caída del producto interno bruto (PIB) real mayor que la observada en 2019.

El pronóstico de 2021

¿Se vacunará la mayoría de la población nicaragüense contra el COVID-19? 

No. La cobertura de la vacuna varía entre los países de altos ingresos y los países pobres, no hay acceso equitativo a las vacunas y no hay suficiente vacuna para todos.

¿Habrá crecimiento económico en un año electoral?

No. La salida de la economía del hoyo en que se encuentra será larga e incierta. No hay estímulos fiscales ni monetarios que impulsen esa salida. El pronóstico económico de corto plazo enfrenta serios obstáculos, tales como las interacciones del COVID-19, la recuperación económica más rápida en las economías avanzadas que en las economías emergentes y en vías de desarrollo, y un año electoral en el país que podría ser conflictivo. También hay que tomar en cuenta que la economía mundial volverá a caer en el primer trimestre de 2021, debido al resurgimiento de la pandemia.

La incertidumbre es mala para los negocios y la inversión. Se desacelerará la recuperación económica y el inicio de una recuperación económica será posible hasta que una gran parte de la población esté vacunada, es decir, cuando se aplaque la propagación del Covid-19, cuando haya confianza de regresar a los puestos de trabajo en las empresas y cuando los consumidores e inversionistas decidan gastar más. La brecha entre empresas grandes y pequeñas, entre empresas fuertes y débiles, será mayor.

¿Será reelegido el presidente  Daniel Ortega?

Sí. La oposición política aglomerada en la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y la Coalición Nacional está dividida, desunida, en continua confrontación y desconfianza, y ha perdido credibilidad entre la población. Así, a 10 meses y 7 días de la elección presidencial, esta oposición política no representa una seria amenaza a la alianza política en el poder.

Cuando alcancemos la normalidad, ¿la economía de Nicaragua será igual que antes?

No. Será necesario revisar y reformar las políticas públicas y tendremos que enfrentar decisiones morales.

Habrá que fortalecer la regulación estatal, porque ya aprendimos en los cuatro programas de ajustes macroeconómicos y reformas estructurales, suscritos entre Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI) e implementados entre junio de 1994 y diciembre de 2011, que una ideología que sirve a unos pocos a expensas de muchos debe dar paso a una basada en los valores democráticos y la prosperidad compartida.

El COVID-19 hizo más visible la inequidad de la distribución del ingreso. Con la cooperación internacional, que ahora es más crucial para el país, tendremos que enfrentar problemas globales, entre los que se destacan el cambio climático, las pandemias, la pobreza y la práctica de nuestras responsabilidades ciudadanas en una democracia. La vuelta a la normalidad no debe significar la vuelta al neoliberalismo, con su desacreditada creencia en una desregulación sin restricciones. Como he afirmado en varias ocasiones, junto a la mano invisible del Mercado debe estar la mano visible del Estado.