Las propuestas de reajuste del salario mínimo

17 01 2021

El jueves 14 de enero de este año se instaló la Comisión Nacional del Salario Mínimo en la sede del Ministerio del Trabajo (MITRAB) para aprobar el incremento nominal del salario mínimo legal de 2021, que entrará en vigor a partir de marzo de este año. Las instituciones representadas en la mesa de negociación fueron el gobierno, principalmente a través del MITRAB, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y los sindicatos de trabajadores.

Sobre la próxima tasa de ajuste del salario mínimo, ya se pronunciaron la Central Sandinista de Trabajadores (CST), con un mínimo de 5%, la Central Sandinista de Trabajadores-José Benito Escobar (CST-JBE), que demanda 10%, y las PYMEs, con 0% porque no existen condiciones económicas para incrementar el salario mínimo.

La Ley de Salario Mínimo ordena que, en cada año, la tasa de reajuste anual de dicho salario sea igual a la suma de la tasa de inflación anual de los precios al consumidor (IPC) nacional, estimada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) -y en la práctica, también por el Banco Central de Nicaragua (BCN)- y de la tasa de crecimiento anual de la producción de cada actividad económica, un dato preliminar estimado por el BCN, ambas correspondientes al año inmediato anterior.  La práctica indica que el monto anual del ajuste es entregado en dos partes en cada semestre, específicamente en los meses de marzo y octubre.

En 2019 no se ajustó el salario mínimo porque en 2018 la producción cayó 4.0% y la tasa de inflación fue 3.9% (-4.0 + 3.9 = -0.1), excepto en las empresas del régimen de zona franca donde el ajuste fue igual a 8.2%.

En 2020, la Comisión Nacional del Salario Mínimo aprobó la entrega del reajuste anual de 2.6% en marzo, al haberse observado en 2019 una tasa de caída preliminar de la producción de 3.5% y una tasa de inflación de 6.1% (-3.5 + 6.1 = 2.6); posteriormente, el BCN informó que la caída de la producción fue 3.9% en 2020.

Ahora, ¿cuál podría ser el reajuste del salario mínimo en 2021? Veamos la suma algebraica de las variaciones relativas de la producción y de los precios al consumidor correspondientes a 2020, de acuerdo con los anuncios de los servidores públicos del BCN y del INIDE.

En 2020, según el INIDE, la tasa de inflación anual fue 2.93%; por su parte, la moda del BCN para proyectar el comportamiento de la producción anual, o del Producto Interno Bruto (PIB) Real, es con un rango que se fijó recientemente en una caída de entre 1.5% y 2.5%. Por lo tanto, el reajuste del salario mínimo caería en otro rango de entre 1.43% (= -1.5 + 2.93) y 0.43% (= -2.5 + 2.93). ¿Qué opinarán los trabajadores, cuando conozcan que el reajuste máximo, según la ley, es apenas de 1.43% en 2020? Veamos qué podría ocurrir si se buscara más información económica adicional.

La ley indica que una referencia para fijar el salario mínimo es el costo de la canasta de consumo básico que estima el INIDE. Excluyendo el salario mínimo pagado en las empresas de zona franca, la cobertura del promedio simple del salario mínimo sobre el costo de dicha canasta se elevó de 47.4% a 48.6% de febrero a marzo de 2020, pero en diciembre de este año esa cobertura se redujo a 47.3%, lo cual refleja la pérdida de 1.3 puntos porcentuales en esa cobertura salarial. En diciembre recién pasado,  la canasta de consumo básico alcanzó el valor de C$14,526.34 y el ajuste salarial requerido para restablecer la cobertura registrada en marzo de 2020 sería igual a C$188.84, o sea, un aumento de 2.75% del salario mínimo. Esta variante sería más atractiva para los trabajadores que el ajuste máximo de 1.43% que se desprende de la metodología establecida en la ley.

Otra variante para determinar la tasa de reajuste está en función del deterioro del salario mínimo mensual durante el período marzo-diciembre de 2020. Señalo diciembre de este año porque es el último mes de la muestra de datos oficiales que disponemos hoy. Podría ser enero de 2021, pero deberíamos esperar la publicación de los datos del IPC y de la CCB de ese mes, probablemente hasta mediados de febrero próximo.

Entre marzo y diciembre del año pasado, la tasa de inflación acumulada fue 2.73%, mientras que el salario mínimo mensual por actividad económica y su promedio simple permanecían “congelados”. Por eso, el salario mínimo real, o poder adquisitivo dl salario mínimo, o el volumen de bienes y servicios que una persona puede comprar con el salario mínimo, se deterioró 2.65% entre marzo y diciembre del año pasado. Por lo tanto, el reajuste salarial requerido para restablecer en diciembre de 2020 el salario mínimo real registrado en marzo de 2020 es igual a 2.73%, que se obtiene con el cociente al dividir 1 entre (1 – el deterioro del salario real), en este caso = [(1 / (1 – 0.0265)] = 2.73%, un resultado muy cercano al estimado en función de la cobertura sobre el costo de la canasta de consumo básico, que fue igual a 2.75%.   

La última variante del reajuste del salario mínimo para 2021 es que sea de orden estrictamente político. La tasa de ajuste salarial sería una incógnita antes de su anuncio, al ser el ciclo económico un reflejo del calendario del año electoral. La teoría del ciclo económico político sugiere disminuir el desempleo y el subempleo antes de las elecciones, pero la adopción de una política monetaria expansiva, sólo tomando en cuenta las elecciones, provocaría pequeños aumentos en la producción y grandes efectos inflacionarios. Se prevé que en Nicaragua las expectativas inflacionarias continúen aplacadas el próximo año, pero las tasas de desempleo y subempleo son altas, al no haber disminuido en el trienio 2018-2020.

En conclusión, acorde con la teoría económica, sugiero que la tasa de reajuste del salario mínimo sea 2.75% o se aproxime al 3%, no muy alejado de la propuesta de 5% de la CST. Veremos que aprobará la Comisión Nacional del Salario Mínimo a más tardar dos meses calendario a partir de su instalación, o sea el 14 de marzo próximo.





El COVID-19 y la industria bancaria de Nicaragua

10 01 2021

¿Cómo ha impactado la pandemia a las entidades bancarias, grandes y pequeñas, radicadas en el país entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020?

El ritmo de producción de la actividad de servicios bancarios es un indicador que ayuda a explicar el comportamiento de la economía del país, como lo son también otros indicadores, por ejemplo, el volumen consumido de energía eléctrica y la recaudación de impuestos con tasas tributarias estables y eliminada la tasa de inflación. Si aumenta el crédito bancario, se el desempeño productivo se robustece por la vía de la inversión o por la vía del consumo.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) promedio anual de la Actividad Intermediación Financiera y Servicio Conexos correspondiente a octubre de 2020, la producción de servicios financieros se ha desplomado 17.3%, que supera a la caída de 15.5% observada en octubre de 2019.

Aunque la rentabilidad de capital (ROE) de los bancos comerciales es igual a 16.2% en noviembre de 2020, alta en tiempos de varias crisis, las utilidades netas han caído 12.9% porque los bancos aumentaron 10.1% sus reservas o provisiones para enfrentar las pérdidas crediticias actuales y los problemas futuros de los préstamos. La proporción de la cartera de crédito en riesgo con respecto al saldo total de la cartera de crédito se incrementó de 12.5% a 16.9%. El crédito en riesgo incluye los créditos vencidos, reestructurados, reprogramados y en cobro judicial.

Sin embargo, el tamaño del colchón para riesgos, que es el cociente de la suma de las reservas de cartera más el patrimonio entre el total de la cartera de crédito vencida, se redujo al pasar de 18.02 a 17.75, pero la solidez de las entidades bancarias se fortalece al incrementarse la adecuación de capital (capital/préstamos, principalmente) de 19.48% a 20.16% (la norma legal es 10%). 

Cabe mencionar que la tasa de rentabilidad neta del capital en noviembre de 2020 está sesgada por los tres bancos grandes: BAC, 25.5%; LAFISE BANCENTRO, 27.8%; y BANPRO, 17.2%. Los tres bancos pequeños tienen una tasa de rentabilidad de capital menor que 5%: BDF, 4.1%; AVANZ, 1.6%; y FICOHSA, 1.4%. La reducción agregada de las utilidades netas de los seis bancos fue igual a C$361.8 millones.    

En cuanto a los préstamos, la cartera de crédito neta o el monto de la cartera de crédito bruta menos el monto de la provisión por las pérdidas crediticias disminuyó 3.9%, pero el margen entre las tasas activas y pasivas ponderadas, en monedas extranjera y local, aumentó hasta 7.5 puntos porcentuales en noviembre de 2020, mayor que el margen de 5.4 puntos porcentuales registrado en noviembre de 2019. Caen los préstamos y sube el spread de los bancos, o sea, la diferencia entre la tasa de colocación de crédito y la tasa de captación de ahorro.

Un indicador de la productividad bancaria, la eficacia en el manejo de la cartera de préstamos, medida como el cociente de la cartera préstamos bruta entre el total de gastos de administración, disminuyó muy levemente al pasar de 14.61 a 14.36, pero la eficacia en la generación de ingresos financieros, otro indicador de la productividad bancaria, estimada con el cociente de las utilidades financieras entre el total de gastos de administración, se ha estancado en el nivel de 1.32.

Por su parte, los depositantes han incrementado en 20.0% el saldo total de los depósitos en córdobas y en dólares y han inundado de liquidez a los bancos. La proporción de la liquidez total con respecto al saldo total de los depósitos se incrementó de 40.9% a 47.0% y es difícil prever que podrán hacer los bancos con esa excesiva liquidez. ¿Inversiones financieras o compras de títulos valores de largo plazo emitidos por instituciones públicas en un año electoral? Veremos.   

Con el comportamiento de los indicadores financieros antes descrito, se puede afirmar que la banca comercial aún refleja la recesión económica que se inició en el segundo trimestre de 2019, no obstante, las cifras oficiales preliminares de la economía real, o sea, de la oferta y la demanda de bienes y servicios finales, señalan que la producción ha comenzado a reactivarse en el segundo semestre de 2020.

Tomando en cuenta la suspensión de la contratación de préstamos concesionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA) contenida en la NICA Act, lo que se puede observar es que la economía real del país no ha recibido impulsos o estímulos de la política monetaria y de la política fiscal.

La defensa de la posición de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha sido posible con severas contracciones monetarias y, por otro lado, la aprobación de una reforma tributaria de la Ley de Concertación Tributaria en febrero de 2019 aceleró la tasa de caída del producto interno bruto (PIB) y la tasa de aumento de la inflación de los precios al consumidor en 2019.

Después, en 2020 llegaron la pandemia del COVID-19, que golpeó a la pequeña industria y al sector servicios, principalmente comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales, y dos huracanes, que asolaron la producción y la infraestructura económica y social del Caribe Norte. El dolor económico nacional no se ha atenuado. No cabe la duda de que el crecimiento económico del país se remontará con la vacuna contra el COVID-19.

Entre los noviembres de 2019 y 2020, la banca comercial cerró 28 sucursales y ventanillas y dejó operando 472 sucursales, de las cuales 200 se encuentran en Managua, y despidió a 428 empleados y el tamaño de la nómina se redujo a 8,805 personas.





Ayer y hoy en Nicaragua

3 01 2021

El legado de 2020

¿Cuál fue el impacto económico del COVID-19 en Nicaragua?

Los impactos del COVID-19 se sienten en todas partes, y su impacto económico es más profundo que cualquier recesión. Nicaragua ha salido más débil de lo que estaba antes de la pandemia. Se ha endurecido la relación entre el Estado y la sociedad. La economía ha caído por tercer año consecutivo.

La recesión económica, imperante desde el tercer trimestre de 2018, se transformó en depresión económica al concluir el año de 2020. Las actividades económicas más golpeadas son construcción, servicios financieros, comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales. El volumen de las importaciones de bienes cayó abruptamente.

Se cerraron empresas, aumentó el desempleo y el subempleo, y creció la pobreza. La desigualdad se hizo más visible, porque existe un mercado laboral más grande.

La inflación no ha sido un problema, debido al desplome del consumo y de la inversión en el mercado local, así como a la caída importante del precio internacional del petróleo. Sin embargo, hay congelamiento salarial y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios se arrastra desde 2018.

En tiempos de crisis, se reconfirma que la política macroeconómica implementada por las autoridades gubernamentales del país condujo a la depresión interna, o sea, al congelamiento salarial y a una baja tasa de inflación, incluso a una tasa de deflación o de caída de precios, para que la economía pueda reequilibrarse con la restricción de una severa contracción monetaria, pero con el costo de un creciente desempleo y subempleo.

Tomando en cuenta las referencias históricas, en esta ocasión, el gobierno rechazó una crisis de deuda que conduce a una alta inflación, como lo hizo en la década de los ochenta del siglo pasado. Hoy, las expectativas inflacionarias están bien ancladas.

¿Fue menor la tasa de caída de la producción de bienes y servicios que la registrada en 2019?

No. En 2019, las decisiones de producción, inversión y consumo se alteraron por el conflicto político de abril de 2018, aún no resuelto, y por el impacto de la reforma tributaria de 2019, que aceleró tanto la tasa de caída de la producción como la tasa de inflación.

A esos dos graves problemas, se agregaron otros dos: en 2020, el COVID-19 desde marzo y los huracanes Eta e Iota en noviembre, que afectaron a la zona norte de la Costa del Caribe. Además, según cifra oficial, más de 88 mil emigrantes retornaron a Nicaragua desempleados por consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Por el lado del gasto, continuó cayendo la demanda interna de bienes y servicios finales, consumo e inversión, mientras que la demanda externa, el volumen de las exportaciones de bienes, disminuyó levemente.

En 2020 se espera, por lo tanto, una caída del producto interno bruto (PIB) real mayor que la observada en 2019.

El pronóstico de 2021

¿Se vacunará la mayoría de la población nicaragüense contra el COVID-19? 

No. La cobertura de la vacuna varía entre los países de altos ingresos y los países pobres, no hay acceso equitativo a las vacunas y no hay suficiente vacuna para todos.

¿Habrá crecimiento económico en un año electoral?

No. La salida de la economía del hoyo en que se encuentra será larga e incierta. No hay estímulos fiscales ni monetarios que impulsen esa salida. El pronóstico económico de corto plazo enfrenta serios obstáculos, tales como las interacciones del COVID-19, la recuperación económica más rápida en las economías avanzadas que en las economías emergentes y en vías de desarrollo, y un año electoral en el país que podría ser conflictivo. También hay que tomar en cuenta que la economía mundial volverá a caer en el primer trimestre de 2021, debido al resurgimiento de la pandemia.

La incertidumbre es mala para los negocios y la inversión. Se desacelerará la recuperación económica y el inicio de una recuperación económica será posible hasta que una gran parte de la población esté vacunada, es decir, cuando se aplaque la propagación del Covid-19, cuando haya confianza de regresar a los puestos de trabajo en las empresas y cuando los consumidores e inversionistas decidan gastar más. La brecha entre empresas grandes y pequeñas, entre empresas fuertes y débiles, será mayor.

¿Será reelegido el presidente  Daniel Ortega?

Sí. La oposición política aglomerada en la Alianza Cívica, la Unidad Azul y Blanco y la Coalición Nacional está dividida, desunida, en continua confrontación y desconfianza, y ha perdido credibilidad entre la población. Así, a 10 meses y 7 días de la elección presidencial, esta oposición política no representa una seria amenaza a la alianza política en el poder.

Cuando alcancemos la normalidad, ¿la economía de Nicaragua será igual que antes?

No. Será necesario revisar y reformar las políticas públicas y tendremos que enfrentar decisiones morales.

Habrá que fortalecer la regulación estatal, porque ya aprendimos en los cuatro programas de ajustes macroeconómicos y reformas estructurales, suscritos entre Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI) e implementados entre junio de 1994 y diciembre de 2011, que una ideología que sirve a unos pocos a expensas de muchos debe dar paso a una basada en los valores democráticos y la prosperidad compartida.

El COVID-19 hizo más visible la inequidad de la distribución del ingreso. Con la cooperación internacional, que ahora es más crucial para el país, tendremos que enfrentar problemas globales, entre los que se destacan el cambio climático, las pandemias, la pobreza y la práctica de nuestras responsabilidades ciudadanas en una democracia. La vuelta a la normalidad no debe significar la vuelta al neoliberalismo, con su desacreditada creencia en una desregulación sin restricciones. Como he afirmado en varias ocasiones, junto a la mano invisible del Mercado debe estar la mano visible del Estado.