El riesgo-país de Nicaragua se elevó en junio de 2016

26 06 2016

Con tres recientes conflictos políticos observados en este mes, más políticos opositores que académicos han argumentado que habrán consecuencias económicas para el país.

Debido a la expulsión de dos funcionarios estadounidenses que llegaron al país a facilitar los procesos de certificación de las empresas que exportan a Estados Unidos, incluyendo a las del régimen de zona franca, ya se afectó la competitividad de las empresas radicadas en el país que exportan bienes hacia Estados Unidos, principal socio comercial que en 2015 adquirió el 37% del valor total de las exportaciones domésticas de bienes FOB de Nicaragua. Se requiere que las autoridades gubernamentales correspondientes resuelvan rápidamente este conflicto con sus homólogos estadounidenses para agilizar los trámites de exportación de las empresas.

Los otros dos conflictos no muestran afectaciones a la economía nacional, es decir, no trascienden de la esfera política, pero sí han elevado el riesgo-país de Nicaragua en 2016.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió el litigio judicial de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) afectó a Eduardo Montealegre Rivas y no al PLI. Si las cuatro facciones de este partido político se hubieran unificado con la conducción de su representante legal, Dr. Pedro Eulogio Reyes Vallejos, es bastante seguro que la Coalición Nacional por la Democracia dirigida por Eduardo Montealegre hubiese tenido una gran influencia en el perfil del PLI. Sin embargo, no sólo el dirigente sino también los integrantes de dicha Coalición y también sus diputados en la Asamblea Nacional no mostraron interés para reunirse con las nuevas autoridades legales del PLI.

Quienes se han opuesto a esta sentencia de la CSJ manifestaron que la economía nacional se vendría abajo por un recorte de la cooperación internacional, especialmente de origen multilateral. en un momento en que el crédito petrolero de Venezuela se ha reducido no sólo por el desplome de los precios del crudo y sus derivados sino también por las ingentes necesidades del pueblo venezolano.

La cooperación externa destinada al sector público de Nicaragua que podría estar sujeta a reducciones provocadas por conflictos políticos fue totalmente eliminada en 2009, debido a las denuncias de la oposición política de un fraude en las elecciones municipales de 2008.

Desapareció el apoyo presupuestario que osciló entre US$70 millones y US$80 millones en el bienio 2007-2008, en el que se distinguían donaciones de Finlandia, Holanda, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y Comunidad Europea, y préstamos de Alemania, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Este apoyo presupuestario, que no estaba asignado a proyectos específicos, consistía en divisas líquidas de libre disponibilidad, muy flexibles en su uso, para apoyar la estrategia de reducción de la pobreza y la mejora de la economía. En mayo de 2009 se agregó la suspensión de una donación de US$64 millones proveniente de la Cuenta Reto del Milenio, paradigma de la cooperación de Estados Unidos.

Otro financiamiento externo que no existe desde diciembre de 2011 es el préstamo trienal de US$123 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estaba relacionado con el Programa Servicio de Crédito Ampliado (SCA) 2007-2010, el cual fue extendido un año más. A partir de 2012, sin haberse suscrito un quinto programa de ajuste económico y de reformas estructurales, el FMI pasó a ser un consejero de confianza del Gobierno de Nicaragua. En marzo de este año, el FMI anunció el cierre de la oficina de su representante residente en el país el próximo 31 de julio, debido al éxito que ha tenido Nicaragua en la estabilidad de su macroeconomía y en su crecimiento económico.

El monto anual de la cooperación externa que recibe el sector público de Nicaragua ha oscilado entre US$505 millones y US$530 millones en el trienio 2013-2015, en su mayor parte, el 85%, en concepto de préstamos de divisas líquidas “atadas” a programas y proyectos del sector público. Los principales prestamistas son el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (AIF/BM), que han declarado que Nicaragua cumple todos los requisitos y usa eficientemente los recursos prestados. Cabe recordar que en marzo de 2012, la ex Secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, Sra. Hillary Clinton, ordenó la supervisión de los desembolsos de los préstamos del BID y del BM para Nicaragua, pero no pasó a más.

Lo cuestionable o discutible en cuanto a la sentencia de la CSJ es que fue emitida cinco meses antes de las elecciones presidenciales, un ejemplo más de retardación de la justicia en el país, lo cual ha provocado más ruido que exacerbación política a lo interno y, como ha sido una práctica usual de la oposición, denuncias en el exterior de un nuevo movimiento político “Ciudadanos por la libertad”, pero que no implican supuestos recortes de la cooperación internacional, mucho menos un embargo financiero multilateral, que conllevaría el error geopolítico de transformar el triángulo norte de Centroamérica en un rectángulo norte del istmo centroamericano.

El conflicto político de que no habrá observación internacional y, parece ser, ni nacional, sí podría tener consecuencias políticas desde el exterior, porque tomando en cuenta los resultados de la encuesta de M&R realizada entre el 25 de febrero y el 6 de marzo de este año el 83.2% de la población está de acuerdo con la observación nacional y el 77.5% de la población está de acuerdo con la observación internacional, para garantizar transparencia, credibilidad y confianza en el proceso electoral, legitimarlo y evitar el fraude. El riesgo extremo por el rechazo oficial de la observación electoral podría ser el desprestigio de las elecciones y la falta de legitimidad del candidato electo a Presidente de la República.

Otra encuesta de opinión, la de CID Gallup presentada el 25 de mayo recién pasado, resaltó que si en ese día fueran las elecciones, el Presidente Daniel Ortega ganaría a la oposición con un 57%, mientras que sus oponentes, Luis Callejas del PLI apenas obtendría 2% y Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 1%, y el 39% dejó la papeleta simulada en blanco, y aclaró que, dado que los candidatos de la oposición son nuevos, estos números pueden cambiar entre ese día y el 6 de noviembre. Además, el 45% de los entrevistados aprobó totalmente la gestión presidencial del líder sandinista (en septiembre de 2015 era 66%); el 38% algo la aprueba y el 17% no supo responder.

El candidato presidencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Comandante Daniel Ortega, tiene bastante holgura para ser reelecto el próximo 6 de noviembre no sólo por el desempeño económico del país, que se ha basado tanto en la inversión extranjera directa como en la deuda privada externa del suministro petrolero de Venezuela, sino también por una oposición política incapaz de unirse y sin una estrategia alternativa a la que él dirige desde hace 10 años.

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Un enfoque de políticas públicas sobre la pobreza del país

19 06 2016

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Siempre he tenido una opinión desfavorable sobre la medición de la pobreza en función del gasto de consumo por persona, sin importar cómo se financia ese gasto como lo establece la metodología del Banco Mundial, porque ese consumo, en unos casos sólo de alimentos para los pobres extremos o indigentes, y en otros casos de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, vestuario, transporte, educación y salud para los pobres, puede ser financiado con recursos que no son generados por las personas o las familias, sino a través de donaciones internacionales, transferencias estatales, remesas y premios de la lotería, entre otras fuentes de ingreso.

En octubre de 2015, especialistas del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y del Banco Mundial presentaron en el Banco Central de Nicaragua (BCN) un informe breve sobre la pobreza de Nicaragua en 2014, con base en los resultados de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV), concluyendo que el 29.6% de la población era pobre, es decir, la probabilidad de ser pobre en Nicaragua era igual a 30% en ese año.

En la presentación de los resultados de la EMNV sólo se mencionaron tres de las cinco Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población, otra metodología para la medición de la pobreza, que fueron el hacinamiento, los servicios insuficientes y la baja educación. Los funcionarios de ambas instituciones no se refirieron a la dependencia económica ni a la vivienda inadecuada, que son las necesidades más insatisfechas de la población en el mismo orden, de acuerdo con la base de datos de la EMNV disponible en la página web del INIDE, de la cual se desprenden todos los datos que se presentan a continuación.

Con base en la metodología de las NBI, en 2014 el 41% de 1,432,200 hogares nicaragüense es pobre y el tamaño promedio nacional de un hogar, según la EMNV, es igual a 4.34 personas; en otras palabras, 2,561,461 nicaragüenses no satisfacen sus necesidades básicas. Los pobres conocen bien su situación, pero la mayoría de los economistas tratamos de resolver la pobreza con una jerga que no es entendida por los pobres y la mayoría de los políticos, con sus ineludibles excepciones, no conocen la pobreza.

¿Cuáles son esas necesidades básicas insatisfechas y cómo impactan a la población del país? ¿Cuál sería el perfil de las políticas públicas para reducirlas?

El hacinamiento se manifiesta en el 11.5% de los hogares urbanos, con 4 o más personas por cuarto para dormir, y en el 9.3% de los hogares rurales, con 5 o más personas por cuarto para dormir. El índice de hacinamiento nacional es  10.6%, o sea, 152,438 hogares están hacinados. Por consiguiente, es necesario ampliar la oferta de viviendas de interés social y facilitarlas no sólo con financiamiento a tasas de interés bajas sino también con el trabajo de las familias necesitadas bajo la dirección de ingenieros de instituciones públicas. La principal restricción en la solución de este problema es que 1,100,065 familias u hogares no son sujetas de crédito en el sistema financiero nacional, porque tienen un ingreso promedio mensual equivalente a US$301, resultante de un rango de [US$48, US$612] correspondiente a los primeros 75 percentiles de la población del país.

Los servicios insuficientes afectan más a la población rural que a la población urbana. El 85.8% de 574,719 hogares rurales no tiene inodoro o letrina y obtiene el agua de un río o un ojo de agua, mientras que el 4.3% de 857,481 hogares urbanos no posee inodoro o letrina o agua conectada a la red pública dentro o fuera de la vivienda. Se requieren más proyectos de inversión pública para el suministro de agua potable en las áreas rurales, al menos en áreas que tengan el potencial o las condiciones geográficas adecuadas, lo cual también demanda proyectos de reforestación y, con el concurso de la población rural, impulsar la construcción masiva de letrinas y sumideros con el propósito de disminuir el índice nacional de servicios insuficientes de 8.3%.

Una vivienda se considera adecuada si tiene dos combinaciones de materiales aceptables para pared-techo-piso, y con la presencia de un material aceptable o ninguno se considera inadecuada. A manera de ejemplo, una vivienda inadecuada tendría el suelo como piso, las paredes de ripios o cartón, o el techo de plástico. Según la EMNV de 2014, son inadecuadas el 13.3% de las viviendas urbanas, o sea, 113,819 viviendas, y el 7.1% de las viviendas rurales, o sea, 40,646 viviendas, de tal forma que el 10.8% de viviendas del país son inadecuadas.

En los hogares urbanos y rurales hay 373,010 niños de 7 años a 14 años de edad que no asisten a la escuela, es decir, el 9.5% de 3,936,982 niños en el rango de las edades antes señaladas y ese valor porcentual es el índice de baja educación, el cual expresa que nuestra niñez no recibe enseñanza primaria o secundaria. Cabe agregar que los datos de la EMNV ayudan a estimar que la tasa de analfabetismo de la población de personas de 5 años y más de edad es igual a 16.4%, y el nivel de escolaridad promedio nacional es 6.2 años de estudio.  Siempre hemos propuesto que la política pública en educación estaría dirigida a la ampliación de la calidad y la cobertura de la educación primaria, secundaria y técnica, esta última necesaria para la formación de la fuerza laboral, con el fin de apoyar el incremento de la productividad y la creación de empleos de calidad.

Con un jefe de hogar que tiene una escolaridad máxima de primaria incompleta, el 30.4% de la población rural tiene tres personas por cada ocupado y el 23.4% de la población urbana tiene más de 2 personas por cada ocupado, de tal forma que el índice de dependencia económica del país es igual a 26.3% de la población total del país. Mejor educación y un mayor nivel de escolaridad promedio nacional es el objetivo de la política pública para reducir la dependencia económica. Para una mejor educación, se requiere, disminuir el empirismo y una mayor capacitación de los maestros no empíricos, que implícitamente conlleva a aumentar su nivel salarial, y por lo tanto, aumentar el presupuesto para educación.

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De acuerdo con la EMNV de 2014, el coeficiente de Gini de la distribución del ingreso de Nicaragua se elevó de 0.46 en 2009 a 0.48 en 2014, pero no todos pueden ver el aumento de esta brecha porque la clase media disminuye y, simultáneamente, también se reduce la pobreza. En 2014, el 20% de la población de mayores ingresos del país capturó el 53.9% del ingreso total, mientras que el 20% de la población de menores ingresos sólo captó el 4.6% del ingreso total. Esto ayuda a ejemplificar que el índice de la desigualdad obstaculiza la reducción de la pobreza, no medida por los niveles de consumo como lo hace el Banco Mundial, sino por los niveles de ingreso de la población.

Nadie es pobre porque quiera serlo. La clave para reducir la desigualdad del ingreso, que puede provocar miedo a los que tienen más, es la educación y se necesita tener la voluntad política y la capacidad administrativa para establecer políticas sociales redistributivas que sean efectivas para toda la población. La actual administración pública ha logrado disminuir la pobreza extrema, pero hay que reconocer que la desigualdad y la falta de educación impiden a los pobres financiar sus proyectos productivos para convertirse en personas no pobres.

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Severa contracción en la circulación del córdoba

12 06 2016

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Aunque nuestra moneda oficial, el córdoba sin apellido por no decir córdoba sin mantenimiento de valor, apenas domina el 20% del mercado monetario del país, el dinero o medio circulante de la economía del país observa una severa contracción de C$3,930 millones en los primeros cinco meses del año con respecto a su saldo registrado el 31 de diciembre del año pasado.

En términos interanuales, es decir, entre mayo de 2015 y mayo de 2016, la tasa de crecimiento del dinero en circulación es apenas 2.8%, que usualmente se mantiene cada mes con aumentos que varían entre 16% y 23% interanual desde 2014, mientras que la tasa de inflación acumulada en ese mismo período es 3.7%. La pregunta obvia es, entonces, por qué se está dando esa “sequía” nominal y real en la liquidez primaria de la economía nicaragüense. Veamos primero las causas de esa reducción monetaria.

De acuerdo con datos oficiales hasta el 31 de mayo del año en curso publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN), éste ha comprado divisas a inversionistas extranjeros y al Sector Público No Financiero (SPNF) en un monto equivalente a C$2,035 millones, es decir, expandió la emisión de dinero en ese monto, pero también ha tenido que vender divisas al sector privado, representado por los grupos financieros radicados en el país, por un monto equivalente a C$4,134 millones, o sea, ha entregado parte de sus reservas internacionales y ha recibido córdobas para que los intermediarios financieros continúen atendiendo la demanda de divisas de los productores y los consumidores. En términos netos, por ambas operaciones de compra y venta de dólares, el BCN contrajo el saldo de emisión de dinero en C$2,098 millones.

Por otro lado, el BCN administra la liquidez en córdobas de la economía a través de dos instrumentos monetarios. Uno, las operaciones de mercado abierto con la subastas de Letras Estandarizadas semanales para los inversionistas financieros privados, entiéndase los banqueros, “esterilizando” dinero del mercado en un monto de C$2,184 millones, y con las colocaciones netas (de redenciones) de Títulos Especiales de Inversión, renombrados como depósitos a plazo del Gobierno Central en el BCN, dirigidas exclusivamente a instituciones públicas, sacando de circulación un monto de C$1,295 millones. Esos papeles o títulos del BCN son emitidos en córdobas con mantenimiento de valor, que al ser redimidos implica un pago de sus rendimientos que representaron el 51% de las pérdidas acumuladas del BCN de C$363 millones en los primeros cinco meses del año.

El otro instrumento de administración de la liquidez es la tasa de encaje legal de 12% diario y 15% catorcenal sobre los depósitos en córdobas, con la cual los grupos financieros mantienen un saldo de encaje en la bóveda del BCN de C$7,180 millones con una tasa de encaje efectiva diaria sobre sus depósitos en córdobas, con y sin mantenimiento de valor de 20.3%, indicando así un excedente de encaje de C$2,928 millones, que no generan gastos financieros a la autoridad monetaria porque no devengan intereses ni gozan de mantenimiento de valor. En el período enero-mayo, el encaje legal ha “esterilizado” C$3,705 millones del mercado monetario.

Finalmente, una última causa importante de la contracción monetaria que registra la economía del país en la actualidad es el aumento de C$684 millones en el saldo total de los depósitos del SPNF en el BCN.

El BCN, que por ley no tiene sigilo bancario, no publica las actas de su Consejo Directivo y, consecuentemente, la población, que con sus impuestos paga las pérdidas del Banco, desconoce la conducción de la política monetaria. Trataremos de identificar los motivos más importantes que han impulsado al presidente del BCN, Ovidio Reyes, a contraer la liquidez de la economía.

Según datos del Centro de Trámites de Exportaciones (CETREX), la caída tanto del volumen como de los precios internacionales de las 20 principales materias primas o bienes intermedios del país indicaron una disminución de US$97 millones en las pretensiones de exportación en el período enero-mayo de este año. Esa caída aunada al aumento de US$91 millones en el valor de las importaciones de bienes CIF declarado por la Dirección General de Aduanas (DGA) para el período enero-abril del año en curso, conduce a un déficit comercial de US$188 millones. Cabe mencionar que sólo la importación de bienes de consumo no duraderos se incrementó en US$121 millones en dicho período y, por supuesto, que al dejar una gran cantidad de córdobas circulando en el mercado se provocaría una mayor demanda de importaciones y una caída o pérdida de reservas internacionales en manos del BCN.

Por lo tanto, el BCN estaría protegiendo la posición la posición de las reservas internacionales brutas que garantice su cobertura de 2.5 veces sobre el saldo de la base monetaria y de 4 meses de importación de bienes CIF. Con un aumento de US$30 millones en el transcurso del año, al 31 de mayo recién pasado las reservas internacionales brutas de US$2,522 millones eran equivalentes a 2.96 veces la base monetaria y a 5.16 meses de importaciones de bienes CIF. Por lo tanto, no hay riesgos de una inestabilidad macroeconómica.

Otro motivo es la reducción del monto del crédito petrolero de Venezuela, debido a la caída del precio internacional del crudo desde US$105.79 en junio de 2014 hasta US$47 en mayo de 2016, a la disminución del porcentaje del valor de la factura de cada embarque de crudo y de combustibles en concepto del crédito venezolano desde 50% hasta 30%, y al menor volumen de hidrocarburos entregado por Venezuela a Nicaragua.

Según datos de la DGA y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en enero-abril de este año el valor de las importaciones de petróleo y derivados fue igual a US$184 millones, de los cuales US$57 millones provinieron de Venezuela, es decir, el 31% del valor total importado de hidrocarburos en los primeros cinco meses del año actual –hace dos años superaba el 90%-. Además, ha sido de conocimiento público que la refinería PUMA radicada en Managua ha comenzado a importar hidrocarburos directamente desde Estados Unidos, país que participa con el 29% en el valor importado de este tipo de bienes. En suma, Guatemala, México y Estados Unidos participan con el 39% en el valor total importado de crudo y combustibles.

El principal beneficio que ha recibido Nicaragua con el crédito petrolero venezolano ha sido la protección de las reservas internacionales del país, que ha garantizado la estabilización macroeconómica, o sea, la estabilidad del tipo de cambio y una presión inflacionaria baja y estable. Al disminuir el monto del crédito petrolero, aumenta el monto del pago al contado de los embarques de crudo y combustibles, y el BCN se preocupa por la disminución de las reservas internacionales.

También se origina otra preocupación entre los empresarios, cuando observan la disminución de las ventas provocada por la menor liquidez en córdobas y se preguntan si hay señales recesivas en la economía nacional. A los miembros del Grupo Empresarial de Análisis (GEA) de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) le hemos aclarado la inexistencia de esos riesgos recesivos y la presencia de una severa administración temporal de la liquidez en córdobas, porque estamos saliendo de un ciclo agrícola tremendamente afectado por el fenómeno de El Niño, que provocó pérdidas de producción agropecuaria de al menos US$170 millones en 2015.

Sin embargo, el BCN debería aclarar oportunamente lo que está ocurriendo en el mercado monetario.





Carta 46 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

7 06 2016

6 de junio de 2016

Ingeniero

Santos René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Santos René Núñez Téllez:

Como es de su conocimiento, las dos querellas que interpuse en dos juzgados penales de Managua contra el diputado Eduardo Montealegre por sus injurias y calumnias escritas por él mismo contra mí el 31 de julio de 2008 y el 2 de febrero de 2011 están abiertas y sólo esperan que se cumplan las solicitudes de los jueces Lic. María Ivette Pineda y Lic. Henry Morales Olivares de que la Asamblea Nacional de Nicaragua proceda a desaforar a dicho diputado, para que responda ante las autoridades judiciales por su presunta delincuencia que trata de ocultar al abusar de la inmunidad que le confiere su cargo de diputado que no desempeña.

Desde el 8 de mayo de 2012, fecha en que le remití mi primera carta pidiéndole la inclusión de las dos solicitudes judiciales antes mencionadas en el Orden del Día de la Junta Directiva del Poder Legislativo, le he manifestado que siempre persistiré en mi petición de que me faciliten mi derecho de tener acceso a la justicia y poder reclamar, tal como la ley manda, al diputado impune Eduardo Montealegre por su presunta delincuencia.

Espero su respuesta a esta carta número 46 que le escribo y siempre hago propicia la ocasión para reiterarle las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales.

Atentamente,

Néstor Avendaño Castellón

Economista

cc:   Iris Marina Montenegro Blandón, Primera Vicepresidenta

María Eugenia Sequeira Balladares, Segunda Vicepresidenta.

Gladys de los Ángeles Báez, Tercer Vicepresidenta.

Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria.

Loria Raquel Dixon Brautigam, Segunda Secretaria.

Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Tercer Secretario.

Archivo.





El problema de la baja productividad de la economía de Nicaragua

5 06 2016

De acuerdo con la teoría económica, la productividad es igual al Producto Interno Bruto (PIB) Real por trabajador ocupado.

En Nicaragua, según el Ministerio del Trabajo (MITRAB), aproximadamente el 48.3% de las personas ocupadas en 2013 estaba subempleada (último dato oficial disponible), es decir, trabajaba menos de 8 horas diarias o devengaba un salario menor que el salario mínimo legal. Este problema estructural del mercado laboral del país, que evoluciona a la par de la informalidad del mercado resultante de una alta concentración del ingreso, nos indica que es mejor medir la productividad como el PIB Real por trabajador ocupado pleno, o sea, por persona que labora las 8 horas diarias, según manda nuestro código laboral.

No existen obstáculos metodológicos para determinar el número de trabajadores ocupados plenos, porque el Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 1960-2015 del Banco Central de Nicaragua (BCN) no contiene datos oficiales del empleo para el año de 2015 ni cifras anuales de empleo por actividad económica para el período 2012-2015.

De acuerdo con estimaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), en 2015 la población económicamente activa (PEA) del país está compuesta de 3.3 millones de personas, que representan el 54% de la población total de Nicaragua. Con la Ley de Okun, que relaciona el crecimiento económico y las variaciones de la tasa de desempleo, COPADES estimó que en 2015 el 10.2% de la PEA está desocupado en forma abierta o no trabaja, y el subempleo equivalente, en otras palabras, las horas hombres no trabajadas por los subempleados, equivalen al 12.0% de la PEA. Por consiguiente, la tasa de subutilización de la fuerza laboral fue igual a 22% de la PEA el año pasado: 735 mil personas no generaron ingresos y 2.6 millones de personas son trabajadores ocupados plenos, que representan el 77.8% de la PEA del país.

Al dividir el PIB Real de 2015, publicado recientemente por el BCN, entre el total de personas ocupadas plenas arriba mencionado, se obtiene la productividad de la economía de Nicaragua de 64 mil 546 córdobas de 2006, la cual muestra una tasa de caída promedio anual de 1.16% en el período 2007-2015.

La caída de la productividad de la economía nicaragüense está validada con los hechos de que en 2013 el 77.4% de los ocupados (última cifra oficial disponible) trabajaba en empresas que no tenían registros contables, y en 2014, de acuerdo con la base de datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV), se puede precisar que la escolaridad promedio de los nicaragüenses es apenas de 6.2 años de estudio, el 9.5% de los niños de 6 años a 14 años de edad no asiste a la escuela primaria y el 26.3% de la población depende económicamente de un jefe de hogar con escolaridad máxima de primaria incompleta.

Desde hace varios años, COPADES ha propuesto políticas públicas que conduzcan a una mayor productividad de la economía, entre las cuales se distinguen las siguientes:

  • Ampliar la calidad y la cobertura de la educación pre-escolar, primaria, secundaria y técnica media y superior.
  • Transferir tecnología a las microempresas y pequeñas y medianas empresas, facilitar la renovación de la infraestructura tecnológica para las empresas productora de bienes y servicios en general, y formular políticas fiscales favorables a la inversión en tecnología.
  • Facilitar el crédito a las microempresas y pequeñas empresas agropecuarias y agroindustriales a través de una efectiva una banca de fomento estatal, aunque ésta ya es de propiedad mixta, estatal-privada.
  • Mejorar y ampliar la infraestructura económica, por lo que es necesario facilitar un mayor espacio fiscal a la inversión pública.
  • Vincular la inversión extranjera directa con las cadenas de producción locales, para generar más empleos y una mayor tasa de crecimiento económico.
  • Formular una política industrial orientada hacia la existencia de una estructura industrial diversificada y bien integrada, con empresas de grande, mediana y pequeña dimensión subcontratando, cooperando y compitiendo entre ellas.
  • Buscar una mayor equidad tributaria, que es compatible con la tarea estatal de la redistribución del ingreso.
  • Continuar mejorando la administración de la justicia, con los propósitos de reducir la inseguridad de las personas jurídicas y desarrollar el clima inversionista, o sea, fortalecer la confianza de los inversionistas nicaragüenses y extranjeros.
  • Elevar la calidad medioambiental del crecimiento económico del país.

En la actualidad, el avance tecnológico mundial se puede observar principalmente con las fuentes de energía alternativas más limpias, tales como la eólica y la solar, con el internet y las redes sociales, con los sistemas de préstamos y pagos automatizados, con la automatización de procesos productivos, y con el avance permanente de la biotecnología. Sin embargo, la productividad en Nicaragua no avanza lentamente, sino que retrocede.

El país necesita una mayor inversión privada y pública en capital real o físico, o sea, una mayor inversión en construcción, maquinaria y equipo, pero también es necesario ampliar la cobertura y la calidad de la educación de su población, que es bastante joven, porque es urgente elevar el crecimiento potencial de la economía. Por ejemplo, la inversión pública, aunque se está expandiendo en la red vial, la reconversión de la matriz de generación de electricidad y la construcción de hospitales y escuelas, apenas participa con el 22% en el gasto total del presupuesto nacional. También se necesitan políticas públicas que contribuyan a la reducción de los costos, por ejemplo, disminuir las tarifas de energía eléctrica con la revisión del pliego tarifario, facilitar la introducción de proyectos de riego en las actividades agropecuarias y aplicar el método de Precios Paridad de Importación para que se supervise, con base en el mercado libre, la formación de los precios internacionales de los bienes primarios, entre ellos los combustibles.

La baja productividad de la economía nicaragüense no es un problema exclusivo del Estado, sino que demanda la participación de los empresarios y los trabajadores, de todos los agentes económicos del país. Baja productividad significa bajos salarios y pobreza.





Una entrevista con Trinchera de la Noticia

1 06 2016

Trinchera de la Noticia, a través de su Director el periodista Xavier Reyes Alba, me entrevistó el 30 de mayo del año en curso sobre el destino y la necesidad del proyecto hidroeléctrico Tumarín, la bondad de un proyecto nacional de riego, el papel de la agricultura y la agroindustria en el desarrollo económico del país y el papel de la empresa privada ante estos desafíos económicos.

P. La suspensión temporal de Tumarín ¿significa el fin de un ciclo en que el país apostó a los megaproyectos para dar el salto económico tan esperado?

R. La suspensión temporal de Tumarín obedece a la falta de desembolso del préstamo brasileño para su ejecución, que incluso paralizó el préstamo previsto del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado a dicho proyecto. No puede considerarse como el fin de una aspiración de los nicaragüenses, ya que las autoridades gubernamentales tienen la capacidad de gestionar la búsqueda de nuevos inversionistas dado el carácter estratégico de este proyecto hidroeléctrico. En un país como Nicaragua, que tiene muchos recursos naturales renovables para generar electricidad, tales como la formidable red fluvial, la fuerte intensidad de los vientos y la presencia de volcanes activos, las plantas termoeléctricas constituirían una reserva presta a funcionar cuando las plantas hidroeléctricas, eólicas y geotérmicas se paralicen exclusivamente por eventos climatológicos.

P. ¿Por qué sigue siendo tan importante el proyecto hidroeléctrico en momentos que el país sigue horrorizado por el impacto de las sequías en las fuentes de agua (lagos, ríos y fuentes subterráneas)?

R. Es necesario continuar reduciendo el 49% de la generación bruta de electricidad proveniente de las plantas termoeléctricas y, consecuentemente, facilitar y garantizar un mayor crecimiento económico con protección del medio ambiente, el ahorro de divisas para el país y la disminución de la pobreza rural. Por ejemplo, en 2015  Nicaragua importó 1,285,446 barriles de fuel oil, combustible usado por las planta termoeléctricas, con un valor CIF de US$51,628,583 y, de acuerdo con datos la Encuesta de Medición de Nivel de Vida de 2014, las personas que viven en zonas rurales son casi 7 veces más pobres extremas y casi 3 veces más pobres que las personas que viven en zonas urbanas, y la región más pobre de país continúa siendo la Región Central, en la cual está ubicado este proyecto hidroeléctrico.

P. El presidente Ortega mencionó en un discurso un antiguo proyecto para irrigar, con aguas de los lagos, enormes áreas para cultivo. A su vez, su asesor económico, Bayardo Arce, urgió a los empresarios a industrializar las cosechas. ¿Perdió la ruta el gobierno de lo que debe hacerse en el campo de la producción agropecuaria?

R. Otro megaproyecto nacional es un Plan Nacional de Riego. Tengo entendido que con la asistencia técnica de China Taiwán se ha elaborado este proyecto, pero como es usual para un país que recientemente ha salido de ese extraño club de países muy pobres y endeudados, no tenemos el capital para construirlo. Este proyecto contribuiría a elevar los rendimientos agropecuarios, especialmente los de granos básicos que son anacrónicamente muy bajos, al registrarse en el cultivo de maíz 20 quintales por manzana y en el de frijol, 12 quintales por manzana.

Por otro lado, en el caso de Nicaragua, es necesario desarrollar la agroindustria, porque la historia económica mundial nos ha enseñado que ningún país se desarrolla, mucho menos progresa, económicamente sobre las actividades agropecuarias. Esto implica la necesidad por parte del gobierno de una política industrial orientada hacia la existencia de una estructura industrial diversificada y bien integrada, con empresas de dimensiones grande, mediana y pequeña subcontratando, cooperando y compitiendo entre ellas. Un instrumento importante de una política industrial en estos moldes son los incentivos a la sub-contratación de PYMEs nacionales. Se requiere, pues, de la acción concertada del Estado, los productores y los trabajadores, con un adecuado apoyo de la Comunidad Internacional y de inversionistas extranjeros.

P. ¿Volver al campo, con el antiguo lema de que Nicaragua debe ser el “granero de Centroamérica”, es aún el camino para salir de la miseria el atraso?

R. Con una producción de granos básicos que satisfaga, al menos, la demanda de los consumidores centroamericanos, no podremos salir de la pobreza rural. Salir efectivamente del subdesarrollo rural demanda varias acciones concertadas entre los agentes económicos del país, entre las cuales se destacan la cobertura y la calidad de la educación primaria y técnica media y superior; la entrega simultánea del crédito y la tecnología a los productores del campo, lo cual implica la presencia de una efectiva banca estatal o de propiedad mixta para crear también una cartera de préstamos de largo plazo dirigida a financiar los proyectos de inversión, entre ellos el necesario riego de los cultivos; el mejoramiento y la ampliación de la infraestructura económica, es decir, la red vial, la facilitación del acceso a la electricidad, al agua potable, el tratamiento de las aguas residuales y las telecomunicaciones; el mejoramiento de las facilidades portuarias; y, por supuesto, la industrialización de la producción agropecuaria y silvícola del país.

P. ¿Cuál es el papel de la empresa privada frente a estos desafíos?

R. Hay que tener en cuenta que una parte importante del empresariado nicaragüense, especialmente los propietarios de microempresas y pequeñas empresas, es de muy baja calidad, medida en términos ‘schumpeterianos’. La gran mayoría del empresariado busca una acumulación simple, la minimización de los riesgos, la protección del Estado y la búsqueda de barreras para impedir la entrada de nuevos competidores en su actividad económica. Se requieren empresarios de estilo moderno, como los entiende el economista austríaco Joseph Schumpeter, que sean innovadores, promuevan el desarrollo económico, arriesguen capital y reinviertan sus utilidades.

Finalmente, urge organizar programas de formación dirigidos tanto a nuevos empresarios como a los ya existentes. En esta formación podrían jugar un papel importante tanto el Estado como los gremios empresariales, posiblemente a través de esquemas de asociación pública-privada.