Por una política fiscal anticíclica

28 02 2021

En la semana pasada, el Banco Central de Nicaragua publicó el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) con una tasa de caída promedia anual de 2.5% en diciembre de 2020, que es equivalente a la caída del producto interno bruto (PIB) real en 2020, el límite inferior del rango de caída de [-1.5%, -2.5%] del PIB pronosticada por el BCN en noviembre recién pasado.

Tres años consecutivos de caídas anuales de la producción de bienes y servicios reflejan un desplome acumulado de 9.84%, por lo cual, técnicamente, aún no existe la depresión económica en el país porque la caída acumulada del PIB real en esos tres años no es de dos dígitos porcentuales, pero es muy cercana al 10.0%.

Las actividades económicas que han tenido un mayor impacto negativo causado por las tres crisis exógenas al sistema económico nacional -una de orden político interno en abril de 2018, otra de corte sanitario mundial en marzo de 2020 y otra por desastres naturales en noviembre de 2020- son, en orden de importancia, hoteles y restaurantes, construcción e intermediación financiera.

La evolución de la producción de bienes y servicios en el trienio 2018-2020 muestra una angustia económica que abarca a las empresas, los estratos de bajos ingresos de la población y toda la geografía del país, principalmente el norte de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). En ese trienio, nueve actividades económicas registraron disminuciones de sus volúmenes de producción. Sólo ocho actividades, que contribuyen con el 48% en la formación del PIB, tuvieron incrementos de sus volúmenes de producción, entre las que se destacan, en orden de importancia, explotación de minas y canteras, agricultura y pecuario. 

Las tres crisis han aumentado la pobreza y exacerbado la desigualdad y la precariedad al registrarse en 2020 un ingreso interno bruto per cápita promedio anual de US$1,850, bastante cercano al observado en el año de 2013. En el mercado laboral, se desconoce el número de personas que se han retirado de la población económicamente activa, se han destruido 200,000 puestos de trabajo del sector formal de la economía y el poder adquisitivo del salario promedio nacional del sector formal se deterioró 9.37% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020. De acuerdo con datos de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), en el año de 2020, con una población económicamente activa de 4 millones de personas, 1.3 millones de personas no generaron ingresos.

Inmersos en una recesión económica mundial, la inflación en Nicaragua ha dejado de ser un problema, una vez extinguida la aceleración que tuvo en 2019 causada por la sorpresiva reforma tributaria de febrero de ese año. En 2020, el índice de precios al consumidor subió 2.93% y el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico aumentó 1.67%.

Rápidamente, surge a la vista la principal necesidad que hoy tiene la economía nicaragüense. La pregunta es cómo la política fiscal podrá desarrollar la capacidad productiva de la economía para evitar tanto el desalineamiento de la condición de estabilidad macroeconómica (reservas internacionales brutas/base monetaria ≡ 2.5) como las futuras restricciones inflacionarias a medida que se recupere el nivel observado del PIB en 2017.

Hay que tomar en cuenta, primero, la solución del problema político imperante desde abril de 2018; segundo, el aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19, una tarea de los científicos de la salud pública, que es una condición necesaria para garantizar el crecimiento económico sostenible a largo plazo; y tercero, las limitaciones de la política monetaria, mejor dicho, la dinámica institucional y la capacidad del BCN, restringida a la estabilidad del córdoba y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, que obliga una efectiva coordinación de las política fiscal con la política monetaria.

La formulación de la política macroeconómica de Nicaragua ha sido bastante contractiva, al persistir la vieja ortodoxia de la contracción monetaria acompañada de una política fiscal pasiva, o también contractiva, con la esperanza de que el congelamiento, o también las disminuciones, del gasto público impulsarían la confianza del mercado, dada la creencia, también ortodoxa, de que la estabilidad cíclica de la economía está garantizada por el control de la inflación.

Con las tres crisis que tienen raíces exógenas a la economía del país, no podemos volver a las viejas formas de crecimiento económico, porque hay que generar empleo para 1.3 millones de personas que ahora están sin trabajo. Por consiguiente, la política monetaria debería ceder el primer plano a la política fiscal, con el propósito de aumentar el gasto de inversión pública y, consecuentemente, crear puestos de trabajo y generar ingresos, pero con reglas distintas.

La política fiscal sería activamente contracíclica, contraria al congelamiento del gasto público observado en los últimos tres años, porque sus objetivos específicos serían reactivar la demanda interna-o sea, el consumo y la inversión del sector privado- y resolver los problemas estructurales a largo plazo de la economía -por ejemplo, la seguridad social y el cambio climático-, con reglas claras para su conducción y coordinada con la política monetaria.

Las reglas fiscales deberían reescribirse para permitir una política anticíclica más activa y un desempeño gubernamental más importante en la inversión pública, o sea, en el gasto de capital del presupuesto nacional,  de lo que ha estado de moda en el trienio 2018-2020, en un nivel menor que el 5% del PIB.

La recuperación de la producción debería garantizar no sólo su estabilidad cíclica sino también la sostenibilidad de la economía. Se necesita, pues, una reforma del gasto público.





Flexibilizar las normas prudenciales y disminuir el costo del dinero

21 02 2021

En el Foro IV FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA NACIONAL “La Economía y la Intermediación Financiera”, realizado en el Hotel Hilton Princess Managua el jueves 18 de febrero del año en curso, nos llamó la atención que varios participantes externaron su preocupación por la reforma a la Ley 842 “Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores”, debido al riesgo de que el sistema financiero nacional fuese expulsado de la globalización financiera mundial por un supuesto reingreso al sistema bancario nacional de las personas naturales y jurídicas nicaragüenses que han sido sancionadas con dos leyes estadounidenses, Global Magnitski Act y Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA Act). Esto no es posible. Ambas leyes no extienden la sanción a los familiares del sancionado.

Reiteramos que, con base en la reforma aprobada de la Ley 842, los bancos comerciales que habían expulsado a los familiares, tanto por consanguinidad como por afinidad, de las personas naturales sancionadas tienen que ser readmitidas en dichas entidades. Sin ningún asidero legal, les habían suspendido el acceso a los servicios financieros, se excedían en contra de lo que está mandado en las dos leyes antes mencionadas, y, cabe recordar, que los bancos, por ley, tienen la obligación de investigar el origen lícito o ilícito de las transacciones financieras de cualquier persona con montos de diez mil dólares y más. La pena no trasciende de la persona sancionada.

Sería conveniente que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) aclarara esta situación al público no bancario y aplacara esa incertidumbre de los agentes económicos, que fue exacerbada con su carta dirigida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional con fecha del 28 de enero recién pasado.  

Resonó en el auditorio la propuesta de creación de la banca estatal de fomento a la producción, una banca de desarrollo que el país necesita urgentemente, una banca que facilite la penetración de los servicios financieros en el territorio y la profundización financiera, la captación de depósitos y el acceso a préstamos, pero los participantes propusieron que cada miembro directivo del banco de fomento tuviese un seguro de fidelidad para que fuese supervisado y se evitara la corrupción y la asignación de crédito a personas relacionadas, esto último ya prohibido por la ley.

Otras personas que asistieron al Foro manifestaron que con la presencia de una banca estatal de fomento de la producción se podría usar eficientemente los préstamos de instituciones financieras internacionales destinados a la producción y, por qué no, a la inversión de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), cuestión que no es posible desde las entidades bancarias convencionales, y que la banca estatal de fomento y la banca privada se complementarían, pero no competirían entre sí. Esto fue ejemplificado por los participantes con un préstamo reciente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para las MIPYMEs, que fue intermediado por la banca comercial privada del país, pero no pudo ser asignado debido a que los funcionarios bancarios aconsejaron a los potenciales prestatarios que no les recomendaban ese préstamo debido a que se solicitaba bastante información y los requisitos para optar al crédito eran muy altos. La banca estatal de fomento a la producción llenaría ese vacío que existe en el mercado financiero, afirmaron los participantes.

En forma unánime, los participantes estuvieron de acuerdo con la necesidad de que la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) flexibilice las normas prudenciales porque nos encontramos en tiempos de crisis, con el propósito de no perjudicar la calidad de la cartera de crédito ante la necesidad de reprogramación de los pagos de intereses y amortizaciones financieras y, adicionalmente, que los bancos disminuyan las elevadas tasa de interés para préstamos en córdobas con mantenimiento de valor a 1 año plazo, de un promedio ponderado de 10.31% registrado en diciembre de 2020 a una tasa de interés comprendida en el rango de 7% a 9% en 2021.

Y enfatizaron que la disminución de las elevadas tasas de interés de los préstamos de corto plazo debería realizarse con la colaboración conjunta entre las entidades bancarias y las instituciones estatales, principalmente el Banco Central de Nicaragua (BCN), para determinar apropiadamente la magnitud del riesgo-país de Nicaragua, el riesgo de convertibilidad o de la capacidad de conversión del córdoba en dólares, el riesgo crediticio o de las pérdidas de crédito neto que han incrementado el índice de morosidad, el nivel del costo bancario y los impactos de otras variables monetarias que encarecen el costo del crédito, por ejemplo, las tasas de encaje legal de 15% catorcenal y de 10% diario, un  instrumento de regulación de la liquidez que en el mundo financiero moderno ha caído en la obsolescencia y que ha sido sustituido con las operaciones de mercado abierto, es decir, con la colocación de títulos valores emitidos por los bancos centrales.

Finalmente, todos los presentes se comprometieron a promover la propuesta de las políticas contenidas en “La Economía y la Intermediación Financiera”, desde este Foro IV FORTALECIENDO LA CONVIVENCIA NACIONAL y desde sus empresas.

En conclusión, el Foro IV fue muy rico en los aportes para desarrollar una política financiera que facilite el alcance del objetivo de estimular el crecimiento de la producción, la inversión y el consumo, la creación de empleos y la generación de ingresos, con un mejor desempeño de las entidades bancarias.

Se pudo constatar la necesidad nacional de reducir el riesgo-país, el riesgo de convertibilidad y el riesgo crediticio, y también se reconoció que el gobierno mantiene una apropiada política macroeconómica al mantener, en tiempos de crisis, la estabilidad del tipo de cambio y de una baja tasa de inflación.

Nuestro grupo de trabajo, que ya ha desarrollado cuatro Foros con una visión nacional, en forma constructiva y propositiva, agradecemos a los participantes su atención a la explicación de las debilidades y fortalezas del sistema bancario nacional y a las propuestas de política financiera y de tasa de interés para tiempos de crisis, y por sus aportes al enriquecimiento de las propuestas sobre este importante asunto económico y financiero nacional.

El grupo central de ocho profesionales, que desarrollamos estos Foros en pro del Diálogo y la Convivencia Nacional, presentará próximamente el Foro V relacionado con la Actividad de la Construcción.





Diálogo y Convivencia

14 02 2021

El impacto de COVID-19 sobre las economías emergentes y en vías de desarrollo, como las de Latinoamérica, Asia y África, ha sido menos severo que el impacto sobre las economías avanzadas, principalmente las de Estados Unidos, Japón, la Eurozona y Reino Unido.

Las cifras más recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) muestran que en 2020 la caída del producto interno bruto (PIB) real en las economías avanzadas fue del orden de 4.9% -en la Eurozona fue 7.2% y en Estados Unidos, 3.4%-, mientras que en las economías emergentes y en vías de desarrollo el PIB real disminuyó 2.4% -América Latina, 7.4%, y Asia, 1,1%-.

¿A qué se debe esa diferenciación del impacto de la pandemia? ¿Está más angustiada la población de los países ricos que la población de los países pobres? Creo que las caídas del empleo y de los ingresos  en los  países de ingresos bajos y medios, superan las caídas de la producción de los países ricos.

Tomemos el ejemplo de la economía de Nicaragua. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2020 el volumen de la producción de bienes y servicios o PIB Real disminuyó en el rango de [-1.5%, -2.5%], pero este dato oficial no captura la actividad del mercado informal de la economía nicaragüense, que es bastante grande. Al margen, creo que en la actualidad el BCN tampoco captura gran parte de la producción de las empresas que operan en el sector formal de la economía, por lo cual tiene que estimarla.

¿Cuál es el nivel de la actividad informal de la economía nicaragüense? De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nicaragüense de Información de Desarrollo (INIDE), al concluir el tercer trimestre de 2020 el 46.3% del total de personas ocupadas se encontraba subempleada, al trabajar menos de 8 horas diarias o devengar un salario mensual menor que el salario mínimo legal, que no cotizan la seguridad social. Pero el INIDE, desde hace varios años, dejó de publicar el dato del tamaño del mercado informal, o sea, el porcentaje del total de ocupados que labora en empresas que no tienen registros contables.

Recuerdo que, en el último trimestre de 2012, el dato oficial indicaba que el 76.2% de los ocupados se ubicaba en el mercado informal, y estimo que en 2021 el PIB Nominal per cápita promedio anual valorado en dólares estadounidenses, US$1,841, será muy cercano al registrado hace ocho años. El empleo en el sector formal de la economía también no se escapa de la reducción: En términos promedio anual, 200 mil trabajadores que cotizaban la seguridad social perdieron sus puestos de trabajo entre 2017 y 2020.

Por consiguiente, las caídas en el empleo y los ingresos en Nicaragua son severas, a pesar de que el INIDE también publica que la tasa de desempleo abierto, es decir, el porcentaje de la población económicamente activa que no trabaja, es apenas de 4.8%, una proporción que es similar a la de pleno empleo en un país con una crisis política interna y una crisis sanitaria mundial. El BCN nunca se ha pronunciado sobre cuál es el nivel de la tasa de desempleo en el pleno empleo -dicho sea de paso, su ley de creación no le obliga a pronunciarse al respecto ni a disminuir el desempleo-.

Con esa tasa de desempleo abierto de 4.8%, se podría afirmar que en Nicaragua no existe el desempleo si y solo si gran parte del mercado fuese formal, pero no lo es; sin embargo, esa baja tasa de desempleo abierto se explica con el supuesto metodológico de que las personas que trabajan al menos una hora diaria se consideran como parte de la población ocupada. Tremendo supuesto en un país pobre.

Desafortunadamente, el INIDE también dejó de publicar la tasa de desempleo equivalente, o sea, la tasa de desempleo resultante del subempleo, que podría adicionarse a la tasa de desempleo abierto para determinar el tamaño del ejército de desempleados que no generaron ingresos en el país en 2020. De acuerdo con estimaciones de Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), 1 millón 287 mil personas no generaron ingresos el año pasado, de una población económicamente activa de 3 millones 949 mil personas.

Se puede concluir, entonces, que la angustia económica provocada por COVID-19 es mucho más asfixiante en los países de ingresos bajos, como Nicaragua, y de países de ingresos medios. La caída del PB Real aumenta la ansiedad económica, pero ésta se agrava por la ansiedad provocada por COVID-19 y genera un comportamiento precautorio entre la población al disminuir el consumo de las familias y la inversión de los empresarios, y esto profundiza la caída del PIB Real.

Si el PIB Real cayese 2.5% en 2020, que es el máximo del intervalo de la caída del PIB pronosticada por el BCN para ese año, Nicaragua se encontraría en depresión económica desde el final del año pasado, porque la tasa de caída del volumen de producción de bienes y servicios en 2020 con respecto al de 2017 sería un porcentaje de 2 dígitos, 10%, tras tres caídas anuales consecutivas, después de 10 trimestres de recesión económica continua.

El profesor Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, dijo recientemente que no estamos sufriendo una recesión estándar, sino que sufrimos de una economía bloqueada, deliberadamente o porque la gente tiene miedo de hacer ciertas cosas. El problema real no es impulsar la economía, no es la actividad insuficiente. El problema es ¿cómo podemos hacer que la gente supere esto? Esto es más parecido, concluye el profesor, a un desastre natural en muchos aspectos que a una recesión convencional.

Comparto la opinión del profesor Krugman. La economía volverá a crecer cuando el COVID-19 esté domeñado, cuando desaparezca la elevada ansiedad y la gran incertidumbre entre la población. El ataque contra el COVID-19 es muy parecido al de una guerra militar y no deben escatimarse los recursos para ganar esa guerra. Pero tenemos la obligación de aunar los esfuerzos dispersos, no hundirnos en la confrontación, en el resentimiento y en la ira, porque el hoyo económico sería más profundo.

Nicaragua debe volver a ser un país “normal”, un país grande. Hay muchos daños, parecidos a los de un desastre, que debemos reparar, y después debemos prepararnos a ser menos vulnerables ante nuevas pandemias desconocidas y ante el impacto creciente del cambio climático, sin olvidar que las habilidades necesarias para administrar un negocio y las que se requieren para dirigir una nación son muy diferentes.

Diálogo y Convivencia son dos palabras que los nicaragüenses debemos honrar.





Una polvareda bancaria

7 02 2021

A lo largo de casi una semana escuchamos el ruido bancario por la propuesta de reformas y adiciones a la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias que data del 11 de julio de 2013, lo cual provocó más ruido político y una mayor incertidumbre a las familias y las empresas no financieras, las que desearon, en cierto momento, sacar sus depósitos de las entidades bancarias. Consultado sobre esto último, reiteré lo que siempre he aconsejado a los productores y consumidores: no saquen sus depósitos de los bancos, porque podrían quebrar a la banca comercial, no recuperarían el total de sus depósitos y se desplomaría la economía.

El argumento central de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP), presentado en una carta dirigida a los miembros de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto el 28 de enero del año en curso, fue que la reforma transgredía la autonomía de la voluntad de los contratos y la libertad contractual, que la determinación o la gestión de prevención de riesgos en la actividad financiera es exclusiva de los bancos, principalmente los riesgos de lavado de dineros, bienes o activos, y del financiamiento al terrorismo, y que sin los bancos corresponsales extranjeros el país no podría sostener los flujos de las exportaciones e importaciones, las remesas, las líneas de crédito y las marcas internacionales de las tarjetas de crédito.

Con esos términos, se estaba magnificando un caos económico y financiero de Nicaragua. Tomando en cuenta el rango del índice de riesgo-país, que es entre 0 y 100 puntos, o entre 0 y 10,000 puntos básicos, en el escenario descrito por ASOBANP ese índice para Nicaragua sería de 100 puntos o 10,000 puntos básicos. Se estaba anticipando la limitación de papel de la banca al mercado interno del país, algo insólito, diría algo increíble.

Desde hace varios meses había escuchado que las sanciones impuestas con las leyes estadounidenses Global Magnitsky Act y Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA Act) a personas naturales, estaban afectando no sólo a los sancionados en las entidades bancarias radicadas en Nicaragua, sino también a los miembros de las familias de los sancionados, es decir, a los familiares por lazos de consanguinidad y afinidad. Tengo que subrayar que las dos leyes estadounidenses sólo afectan a las personas sancionadas, a nadie más.

En ese caso, era lógico suponer que la reforma a la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias tenía el objetivo de hacer valer los derechos de los familiares de los sancionados. También era ilógico suponer que el gobierno pretendía que el país pasara de la lista gris a la lista negra impuesta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si trataba de introducir a los sancionados en el mercado bancario del país. Creo que el ruido bancario que surgió de la lectura de la reforma estuvo grandemente influenciado, mejor dicho, sesgado, por el pensamiento bancario.

El Código Penal de Nicaragua afirma que la pena no trasciende de la persona del delincuente. En este caso, aunque las dos leyes estadounidenses no tienen jurisdicción en Nicaragua, la globalización de las normas financieras, incluyendo a las del GAFI, obliga a las entidades bancarias radicadas en el país a suspender los servicios financieros a las personas sancionadas por las leyes estadounidenses, pero es muy, muy lógico suponer que las sanciones no trascienden de la persona sancionada por esas dos leyes en cuestión.

Sin embargo, la banca comercial se arroga el derecho de exclusividad para la determinación o la gestión de prevención de riesgos en la actividad financiera, principalmente los riesgos de lavado de dineros, bienes o activos, y del financiamiento al terrorismo, y estaría de acuerdo con esa afirmación si y sólo si ese derecho se ejerce en el marco de la ley.

La norma establece que las entidades financieras pueden investigar el origen de los fondos transados por el público no bancario si el monto supera la cantidad de US$10,000 (diez mil dólares estadounidenses) y con esa investigación el banco puede determinar o gestionar su prevención de riesgos. Si el origen de los fondos es lícito, el banco no tendría problemas legales, pero si fuese ilícito, con el previo aviso a las autoridades, caería el peso de la ley sobre el usuario de los servicios financieros.

Entonces, ¿por qué las entidades bancarias hacen trascender la sanción de las leyes estadounidenses a los familiares de los sancionados? Esto aún no ha sido comentado ni respondido por ASOBANP. Nadie puede estar por encima de las leyes.

Es lógico suponer que ningún funcionario de la banca comercial radicada en Nicaragua tiene la potestad de juzgar o de sancionar a personas que no han cometido algún delito, ni a un familiar de un sancionado con la Global Magnitsky Act o con la Nicaraguan Investment Conditionality Act. Un consejo que dejo a los banqueros, mejor dicho, a los socios de los bancos comerciales, es que las personas encargadas de aplicar las disposiciones legales para minimizar los riesgos del lavado de dineros, bienes o activos, y del financiamiento al terrorismo, posean ética profesional, conocimientos especializados en esos temas y autoridad moral.

Al final, la reforma comprometió a los bancos a notificar la cancelación o la suspensión de los contratos de bienes o servicios de forma verificable, justificadas legal y jurídicamente en los plazos establecidos por el ente regulador, y no podrán trascender a la persona afectada.

Siempre he sido de la opinión de que se proteja y fortalezca la actividad bancaria, y evitar de que se contagie de ruidos políticos.