Después de haber transitado con mucha libertad, yo diría rayando el libertinaje, el mercado financiero es objeto de una preocupación mundial por el lentísimo avance de las reformas para regularlo. Ahora, los sistemas financieros deben “apertrecharse” por la inestabilidad económica y financiera de las economías avanzadas, por ejemplo la Eurozona, Estados Unidos y Japón, que ya comienza a sentirse en los países de economías emergentes, tales como China, India y Brasil.
Recientemente, y con justa razón, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó no sólo sobre el empeoramiento de la crisis de la deuda pública de la Eurozona, sino también por el ya conocido “precipicio fiscal”, es decir, un problema de altos déficit fiscal y endeudamiento público, de Estados Unidos, principal socio comercial de los países centroamericanos, que el presidente Barack Obama propone evitarlo con el aumento de la presión tributaria a las familias estadounidenses de más altos ingresos, mientras que el candidato republicano Mitt Romney propone reducir los gastos, especialmente aquéllos dirigidos al bienestar social de la población estadounidense.
En 2011, Nicaragua exportó a Estados Unidos el 29% del valor total de las exportaciones de bienes FOB e importó de Estados Unidos el 17% del valor total de las importaciones de bienes CIF. En otras palabras, Estados Unidos participa con el 21% en el comercio global de Nicaragua. El riesgo de una mayor desaceleración del crecimiento económico estadounidense, peor si fuese una recesión, se manifestaría a través de dos vías en Nicaragua, un país de ingreso medio bajo pero aún muy endeudado con sus acreedores externos e internos.
La primera vía está relacionada con los mayores obstáculos en el acceso a recursos externos -principalmente, cooperación, inversión extranjera directa, inversión financiera y remesas-, que obligaría a un ajuste automático del consumo y la inversión. La segunda vía es la caída de los precios de los bienes primarios o materias primas –llamados commodities en el mercado internacional-, que provocaría un menor ingreso en concepto de exportaciones, un menor egreso en concepto de importaciones -principalmente por la muy probable caída del precio del petróleo- y, consecuentemente, una reducción transitoria del déficit comercial de la balanza de pagos acompañada de una baja tasa de inflación.
En ese escenario, Nicaragua no podría aplicar una política anti cíclica sencillamente porque no dispone de suficientes recursos presupuestarios para aumentar la inversión pública principalmente en proyectos de infraestructura económica, generar empleos y aumentar los ingresos de la población, aunque el presupuesto nacional goza de una excelente disciplina fiscal –ya es un presupuesto “equilibrado”– gracias a que los recursos de la asistencia financiera de Venezuela se registran en el movimiento de capital privado de la cuenta de capital de la balanza de pagos del país.
Lo que nos quedaría por hacer sería, pues, mitigar los efectos de ese probable choque externo que podría ocurrir en 2013. En la mitigación de los efectos de ese choque aparece la necesidad de fortalecer la supervisión bancaria en nuestro país, ahora enfocada, creo, en la aplicación de las normas prudenciales de Basilea III.
La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) debería analizar los efectos de esos riesgos y las medidas de contingencia necesarias en el sistema financiero nacional. Habría que fortalecer a la SIBOIF en la formulación y aplicación de pruebas de estrés financiero o de resistencia financiera a cada institución que integra el sistema, con el propósito de elevar su vigilancia macroprudencial, mediante un Comité permanente especializado en este tema con el apoyo sólido de un equipo técnico, y en mejorar el marco regulatorio para enfrentar un empeoramiento de la crisis internacional.
En diciembre de 2011, al menos el FMI y el Banco Central de Nicaragua (BCN), no sé si participó la SIBOIF, realizaron pruebas de estrés financiero a cada uno de los bancos del país, pero los resultados no fueron publicados, a pesar del riesgo moral que conllevó la falta de conocimiento de esos resultados. Hoy es necesario continuar realizando esas pruebas para identificar los mecanismos de transmisión de esos riesgos, cuantificar y analizar los impactos, y determinar las medidas contingentes para mitigarlos. Sin embargo, se requiere definir los escenarios para pedir a los bancos, financieras, aseguradoras, puestos de bolsa y la Bolsa de Valores de Nicaragua la realización de esas pruebas.
El escenario base para la prueba de la desaceleración económica global es la versión oficial de las perspectivas macroeconómicas del país correspondiente a 2013, que podría caracterizarse, entre otras variables, con una tasa de crecimiento económico de 4.1%, una tasa de inflación acumulada anual de 7.3%, una tasa de devaluación nominal de 5%, una tasa de desempleo global -abierto y equivalente asociado con el subempleo- de 24% de la población económicamente activa y una tasa de rendimiento anual de 2% de las Letras subastadas por BCN, y todas esas variables se estresarían en otros dos escenarios de corte anual; por otro lado, se medirían los efectos del menor acceso a flujos de capital o el impacto del choque monetario en la liquidez del sistema financiero, con los supuestos de la contracción del financiamiento externo, la contracción del “fondeo” en dólares, la devaluación del córdoba y el incremento de la tasa de rendimiento anual de las Letras del BCN. En relación con el marco regulatorio, sólo basta agregar que la SIBOIF debe fortalecer las normas para regular a cada grupo financiero, a cada institución financiera y a cada producto financiero, que dicho de paso son pocos dado el estado incipiente del sistema financiero de Nicaragua.
Ninguna supervisión financiera debe ser subjetiva, tal como lo diera entender recientemente el presidente del Grupo Lafise, pero cabe recordar que los números que resulten de las pruebas de capacidad financiera o de estrés financiero hablarán por sí mismos con la mayor objetividad que podemos imaginar. Por supuesto, la interpretación correcta de esos números se basa en la debida consistencia teórica de las definiciones de las variables y de las razones financieras, y no como las perciben el regulador y los regulados.