La sobrevaluación del córdoba

La sobrevaluación del córdoba es un problema de vieja data, aparentemente muy complicado de resolver en una economía muy dolarizada extraoficialmente como es la de Nicaragua. Al 30 de junio de este año, el dólar estadounidense dominaba el 65.6% del mercado, mientras que el córdoba con mantenimiento de valor, un dólar disfrazado, dominaba el 10.5%. Abordaremos el problema de la sobrevaluación con la presentación de ocho conceptos de la política cambiaria, para facilitar la comprensión de este tema a los lectores que no son macroeconomistas.

1. La relación directa entre el córdoba y el dólar estadounidense es el tipo de cambio nominal, o sea, córdobas por un dólar estadounidense, publicado mensual y diariamente por el banco central, y que sólo sirve para administrar la deuda externa del país. La devaluación de la moneda local ocurre cuando el banco central sube el precio de la divisa en un sistema de tipo de cambio fijo. La revaluación es lo contrario de la devaluación.

2. El tipo de cambio real observado o de corto plazo es la relación entre los precios de los bienes exportables (o transables, destinados al mercado externo) y los precios de los bienes no exportables (o no transables, destinados al mercado local), que debido al efecto de otras variables, internas y externas, representa el equilibrio simultáneo entre el mercado interno y el mercado mundial. El tipo de cambio real, por ejemplo, bilateral con Estados Unidos en córdobas de 2006 por un dólar estadounidense de 2006 -también puede ser multilateral en función de los principales socios comerciales del pais-, es un buen indicador del grado de competitividad de los productos nicaragüenses en el mercado internacional, por lo cual es muy importante para analizar el saldo del balance comercial de la balanza de pagos, que en nuestro caso es deficitario.

3. El tipo de cambio de Nicaragua es deslizante o reptante, o sea, un tipo de cambio fijo con un deslizamiento pre-anunciado, que tiene como objetivo fijar el tipo de cambio real al buscar la minimización del diferencial entre la tasa de inflación local y la tasa de inflación internacional. Es una política cambiaria de corto plazo, pero en Nicaragua se mantiene desde el 10 de enero de 1993, desde hace 26 años y 6 meses, y no promueve el esfuerzo exportador doméstico del país.

4. Un aumento del tipo de cambio real, o sea, una depreciación real, significa que los bienes extranjeros se han encarecido en relación con los bienes nacionales. Los consumidores, nacionales y extranjeros, modificarán en parte sus gastos a favor de los bienes nacionales. En otras palabras, se ha incrementado la competitividad de los productos nacionales.

5. Una disminución del tipo de cambio real, o sea una apreciación real, significa que los bienes nacionales se han encarecido en relación con los bienes extranjeros; en otras palabras, se ha reducido la competitividad de los productos nacionales y refleja un posible aumento de los costos de producción interna de los bienes de exportación.

6. El tipo de cambio real de equilibrio o de largo plazo, que no es un valor fijo, proporciona un equilibrio interno y externo en la economía que es sostenible en el largo plazo, y no precisamente en el corto plazo. De acuerdo con la teoría, esa situación de equilibrio se alcanza cuando el mercado de bienes no transables está en equilibrio, el saldo de la cuenta corriente  de la balanza de pagos y la variación de las reservas internacionales netas son iguales a cero, la política fiscal es estable y hay equilibrio en el  mercado de capitales y de trabajo. Dado los niveles de competitividad, es posible mantener un flujo sostenible de capital externo que financie un déficit razonable de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

7. La sobrevaluación del tipo de cambio real indica que el tipo de cambio real observado o de corto plazo está por debajo del tipo de cambio real de equilibrio o de largo plazo. En esta situación, el precio de los bienes transables, expresado en términos de bienes no transables, es menor que lo necesario para obtener el equilibrio. Por lo tanto, los agentes económicos tienen un mayor incentivo para producir bienes no transables que bienes exportables o importables. Así, las exportaciones disminuyen, las importaciones aumentan, se profundiza el déficit en la balanza comercial, se desincentiva la inversión extranjera y se produce una fuga de capitales. Es el caso típico de Nicaragua. Un porcentaje de sobrevaluación de la moneda de dos dígitos es preocupante.

8. Una moneda subvaluada, como el yuan, es una moneda que se deprecia al resultar menos cara en relación con otras monedas. Una moneda sobrevaluada, como el córdoba, es una moneda que se aprecia al resultar más cara en relación con otras monedas.

Pasemos ahora a la evidencia empiríca de la sobrevaluación del córdoba.

En 2006, actual año base de la economía, Nicaragua tenía 8 países socios comerciales y cada uno de ellos ponderó por encima del 3% en el comercio global del país, que es igual suma del valor de las exportaciones de bienes FOB más el valor de las importaciones de bienes CIF. En orden de importancia, esos países fueron Estados Unidos, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Honduras y Japón, que representaron el 69.3% del comercio global de Nicaragua en 2006.

Nuestra moneda de curso legal, el córdoba, que apenas domina el 23.9% del mercado al 30 de junio del año en curso, observó el máximo porcentaje de sobrevaluación de 83.38% en 1987, año en que se inció la hiperinflación que duró 4 años, Ese porcentaje de sobrevaluación se redujo hasta 18.89% en 2018, gracias a las políticas de estabilización macroeconómica y de reforma estructural de la economía emprendidas a partir de 1989.

El porcentaje de sobrevaluación del tipo de cambio real observado en 2018 disminuyó 3.52 puntos porcentuales en relación con su nivel registrado de 22.41% en 2017, debido exclusivamente al desplome de 69.26% del flujo neto de capitales. Cabe agregar que otras dos variables fundamentos contrarrestaron parcialmente esa reducción de la sobrevaluación, al disminuir 3.81% el índice de la relación de términos de intercambio, o sea, el cociente resultante de dividir el índice de precios de la exportaciones entre el índice de precios de las importaciones, y al caer 3.8% el Producto Interno Bruto (PIB) Real, una variable proxi a la del progreso tecnológico.

Tomando en cuenta el pronóstico económico de COPADES para 2019, una caída del PIB Real de 9.4%, un flujo neto de capital de US$675 millones que representa apenas el 5.7% del PIB y una disminución de 2.1% del índice de la relación de términos de intercambio, el porcentaje de sobrevaluación del córdoba tiende a elevarse de 18.89% en 2018 a 23.96% en este año, muy cercano a su nivel registrado en 2012. El córdoba vale más de lo que debería valer, está más sobrevaluado o más apreciado.

La política monetaria ha sido más efectiva que la política fiscal para reducir la sobrevaluación del tipo de cambio real observado o de corto plazo. La tendencia creciente de la base monetaria a partir de mayo de 1991 es muy leve, mientras que el déficit fiscal ha sido sobre financiado con importantes flujos de recursos externos que han sobrevaluado al córdoba. Por su parte, la política cambiaria ha sido la menos efectiva para reducir la sobrevaluación del tipo de cambio real de corto plazo, tanto por las inconsistencias entre la política fiscal expansiva y la política monetaria contractiva, como por la presencia de mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al tipo de cambio oficial nominal.

Las variables fundamentos, que contribuyen a apreciar el tipo de cambio real de equilibrio o de largo plazo y, consecuentemente, a reducir la sobrevaluación del córdoba en el corto plazo son, en orden de importancia, la tasa de crecimiento del PIB Real, y la mejoría del índice de la relación de precios de intercambio. En cambio, el flujo neto de capitales deprecia el tipo de cambio real de equilibrio en el largo plazo y aumenta la sobrevaluación del córdoba en el corto plazo.

Para reducir el porcentaje de sobrevaluación del córdoba y, por ende, reducir el alto déficit comercial externo del país, se recomienda incrementar la competitividad mediante una educación de mejor calidad, incluyendo la educación técnica; transferir tecnología a las MIPYMEs con incentivos de la política fiscal –la moratoria fiscal, que consiste en no pagar impuesto sobre la renta por un período determinado, o la depreciación acelerada, que acelera la inversión en el corto plazo- y con incentivos de la política monetaria –la creación de un fondo especial de desarrollo ejecutada por una efectiva banca estatal de fomento para la facilitación de préstamos concesionales-; mejorar y ampliar la infraestructura económica (red vial, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y servicios portuarios); y mejorar la calidad de los empresarios, medida en términos “schumpeterianos”, es decir, empresarios con espíritu emprendedor, impulsores del proceso de avance tecnológico que genera el desarrollo económico y los avances sociales.

No es aconsejable una devaluación nominal del córdoba para reducir su sobrevaluación, sino avanzar con una mejor disciplina fiscal en el saneamiento de las finanzas públicas, para lo cual es necesario la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, mantener una emisión de dinero responsable, reducir el déficit cuasifiscal y avanzar en la ejecución de las reformas estructurales pendientes.

Con los avances de las medidas arriba señaladas, si aún se mantuviese algún rezago importante del tipo de cambio real observado con respecto a su nivel de equilibrio, se podría proceder a realizar una devaluación nominal del córdoba que se traduzca en una devaluación real efectiva, pero esto implicaría realizar primero el desmantelamiento de todos los mecanismos de indexación de precios en córdobas con respecto al tipo de cambio.

El dilema de la dolarización oficial de la economía versus la recordobización o la desdolarización de la economía tendrá que afrontar la reducción de la subvaluación del dólar estadounidense o la reducción de la sobrevaluación del córdoba. En cualquiera de ambas situaciones, los formuladores de las políticas económicas deberán dejar un valor apropiado de la moneda, local o extranjera, que promueva el esfuerzo exportador del país para reducir el amplio y tradicional déficit comercial externo cercano a 20% del PIB.

Caen las importaciones por la menor demanda interna

Finalizando la tercera semana de julio de este año, sólo se conocen los datos oficiales de comercio exterior correspondientes al período enero-abril del año en curso. El valor total de las importaciones de bienes CIF del país en el período enero-abril de 2019 totalizó US$1,565.0 millones, un monto que es 25.2% inferior al registrado en el mismo período de 2018.

En términos generales, las empresas de la construcción observan las mayores caídas de volúmenes de insumos importados; las empresas agropecuarias perciben las mayores caídas de volúmenes importados de maquinaria y equipo; los consumidores reducen sus gastos en la adquisición de bienes de consumo no duraderos provenientes del exterior; y las empresas generadoras de electricidad cuentan con mayores volúmenes importados de fuel oil. El gobierno central recauda menos impuestos sobre las importaciones.  

Bienes de consumo

En tiempos de crisis, los consumidores reducen sus gastos y aumentan sus ahorros, de tal forma que la demanda de bienes de consumo se concentra en productos de primera necesidad, que equivale a decir que la demanda de dinero es exclusivamente precautoria, lo cual puede ejemplificarse con el comportamiento del volumen de las importaciones de dichos bienes: muestran una reducción de 3.9%, pero caen más los de consumo duraderos, 25.6%, que los de no duraderos, 3.9%.

Entre los bienes de consumo final duraderos aumenta el volumen de llantas y neumáticos, pero los consumidores demandan menos artículos para uso doméstico, tales como televisores, refrigeradoras, planchas eléctricas, celulares, cocinas, camas, máquinas de coser, muebles metálicos de oficina, lámparas de mano, candados y juguetes; sólo aumentan los volúmenes importados de radios y grabadoras.

También se nota que los consumidores encuentran menores volúmenes importados de alimentos, tales como arroz, frijoles, leche evaporada, mantequilla, zanahorias frescas, naranjas frescas, tomates frescos y tomates preparados, medicamentos y productos farmacéuticos, vestuario y calzado, licores, cervezas en lata, vinos, cigarrillos, periódicos, revistas, pero aumentan los volúmenes importados de cebolla, maíz para palomitas, cuadernos, libretas, fósforos, lápiz de grafito, libros, materiales educativos, desodorantes y shampoo.

Bienes intermedios

En tiempos de crisis, los empresarios se ven obligados a disminuir su producción por la incertidumbre del mercado y la menor demanda de bienes y servicios de los agentes económicos, consumidores, inversionistas y gobierno.

El volumen de los bienes intermedios o materias primas o insumos de origen importado y destinados a las actividades económicas del país han observado una reducción de 41.0%; sin embargo, la mayor caída de estas importaciones se registra en la Actividad de la Construcción, 68.7%, y le siguen, en orden descendente, la Actividad Agropecuaria, 31.9%, y la Actividad Industrial, 16.1%.

La estrepitosa caída del volumen de la importaciones de insumos demandados por las empresas constructoras, que ahora muestran una gran capacidad de producción ociosa, se explica principalmente con las drásticas reducciones de cal apagada, cemento, ladrillos, angulares, láminas galvanizadas, láminas de fibro-cemento, láminas de acero en frío, láminas gyson, puentes con sus accesorios y tuberías para gasoductos.

Por su parte, los productores agropecuarios tienen un menor acceso a sulfato de potasio y fertilizantes, aunque han aumentado los volúmenes de pollitos vivos recién nacidos, huevos fértiles para la reproducción, productos veterinarios, semillas para la siembra e insecticidas y repelentes.

Por otro lado, los productores industriales tienen una menor disponibilidad de aceite crudo de palma y soya, avena en hojuela, cemento sellador para tubería, harina de maíz, harina de trigo preparada para pastel, hipoclorito de cloro y de calcio, láminas de acero, láminas de cartón corrugado, leche en polvo, malta a granel, refrigerantes, sebo de res para uso industrial, soda cáustica, trigo duro a granel y varillas de hierro

Petróleo y combustibles  

Menos producción, menos consumo y menos inversión implican menos consumo de combustibles. En el primer cuatrimestre de este año, Nicaragua importó 1,539.2 miles de barriles de petróleo con un precio promedio por barril de US$68.4. El volumen importado disminuyó 3.8%, el precio promedio bajó 5.9% y la factura petrolera de US$105.3 millones se redujo 9.5%.

En miles de barriles y con sus variaciones relativas en relación con el mismo período del año de 2018, las importaciones de los principales combustibles fueron: gasolina regular, 164.2 y -74.8%; diesel, 1,077.7 y -16.4%; solventes, 2.6 y -99.1%; aceites y grasas, 30.0 y -1.0%; gasolina super, 497.3 y +130.1%; y fuel oil, 661.6 y +185.1%. El país no importó energía eléctrica en el primer cuatrimestre de este año.

Bienes de capital

En tiempos de crisis, los inversionistas gastan menos en la ampliación de la infraestructura productiva y ahorran más. Los volúmenes de importaciones de maquinaria y equipo caen 42.3%, siendo los más afectados los de usos agropecuarios que se reducen en 67.6%, y le siguen en orden descendente los de uso para la actividad de transporte con una disminución de 55.3% y los de uso industrial con una caída de 30.1%.

Los productores agropecuarios tienen una menor oferta de tractores, máquinas para quebrar semillas y cortadoras de césped; los transportistas cuentan con una menor oferta de autobuses, microbuses, camionetas, camiones de volquete, automóviles tipo sedán, motocicletas y repuestos de automóviles; y los productores industriales tienen un menor acceso a equipos de rayos X,  aires acondicionados, equipo de refrigeración, computadoras y sus accesorios, máquinas y aparatos para la industria azucarera, máquina para cernir tierra y rompedor de concreto, selladora de bolsas, máquinas impresoras y máquinas montacargas.

Conclusión A medida que la crisis política continúe provocando las caídas de la producción y de la demanda interna, consumo e inversión, o sea, que el riego-país se acreciente, el volumen de los bienes importados mantendrá su tendencia declinante y, mientras su caída sea mayor que la del volumen de las exportaciones, escucharemos una ironía macroeconómica: el déficit comercial externo y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos disminuirán y podrán transformarse en superávit y, consecuentemente, el país tendría, aparentemente, menos necesidad de endeudarse con el resto del mundo. Después aparecería el colapso económico.

Notas económicas para el corto plazo

Es hora de comenzar a pensar en las perspectivas económicas del país para 2020, en un momento en que la indisponibilidad de información oficial, la incertidumbre política y la desconfianza de los agentes económicos dificultan la elaboración del pronóstico económico nacional.

En términos macroeconómicos, 2019 ya expiró. Se conocen las afectaciones del ciclo agrícola recién iniciado -tales como alzas de costos de producción por presiones tributarias, mayores tasas de interés por el creciente índice de riesgo-país y el menor apoyo crediticio por la reducción de los depósitos -, la paralización de la construcción privada y el menor ritmo de la construcción pública, la continua caída de las actividades comerciales y financieras, el desplome del consumo de los hogares y de la inversión, la mayor caída de las importaciones que la de las exportaciones, el menor déficit comercial externo y el mayor déficit fiscal, la reducción de la cooperación internacional oficial al sector público y al sector privado, la escasez de córdobas que acelera la tasa de caída de la producción aunque desacelera la tasa de inflación y estabiliza el tipo de cambio, la mayor tasa de subutilización de la fuerza laboral y el creciente número de pobres. Esta es la antesala para distinguir lo que podría ocurrir en el ámbito económico en 2020, con un solo supuesto político: se mantiene o se extingue el diálogo nacional como un instrumento de corto plazo, o sea, se resuelve o persiste y crece el riesgo político imperante desde abril de 2018.

Comienza a visualizarse nuevos riesgos económicos internos en el corto plazo, especialmente en el ámbito fiscal. El saldo de la deuda pública externa rompe el límite tolerable del 50% del producto interno bruto (PIB), con lo cual volvemos a encontrarnos en ese extraño club de países severamente endeudados en términos de producción -aunque Nicaragua ya no es un país pobre, sino un país de ingreso medio bajo-, mientras que el pago  de intereses y amortizaciones a los acreedores externos del sector público, ya sesgado al alza por la contratación de préstamos no concesionales, tiende a romper el límite tolerable de 10% del valor de las exportaciones domésticas de bienes y servicios, incluyendo el servicio de la maquila.

Los efectos de esos dos desequilibrios macroeconómicos disminuirán más el ingreso de la inversión extranjera directa. Es fácil prever que en este año el flujo neto de dicha inversión, ingreso menos salida de capitales debidamente informada, será negativa por primera vez en el país.

El déficit del presupuesto gubernamental estará sujeto a la decisión política de recortar el gasto público, mejor dicho, el consumo gubernamental, porque la inversión pública ya ha sido recortada de facto por las sanciones financieras de la “Nica Act”, o a la decisión política de recurrir a la emisión de dinero para mantener el gasto de consumo. Cabe agregar que la emisión de títulos valores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya no funciona como una fuente de financiamiento del déficit fiscal, debido a la desconfianza de los inversionistas financieros.

Recortar el gasto de consumo público para administrar un adecuado nivel del déficit fiscal implica la generación de desempleo y la menor compra de bienes y servicios para que la burocracia estatal funcione, pero esto perjudicaría el ciclo económico político, que es un reflejo del calendario del ciclo electoral, al elevarse el malestar o la preocupación de la opinión pública por el continuo aumento del desempleo observado desde 2018. Por esta razón, los políticos y economistas de la administración gubernamental repiten el viejo estribillo de que es imposible recortar el gasto de consumo público porque se reducirían los gastos de salud y educación, en vez de analizar la posibilidad de la reducción del gasto corriente sobre la base de una evaluación rigurosa de la productividad de los empleados públicos. Si se llevara a cabo una reducción del gasto de consumo público, se debería evitar la asignación de un porcentaje del gasto idénticamente igual para cada una de las instituciones públicas, como sucedió en 1988, con la Operación “Berta”, o en 2001, con el Programa de Estabilización Macroeconómica “Vamos al Córdoba”. Es posible que algunas entidades gubernamentales requieran un aumento en vez de una disminución de sus gastos operativos.

Por otro lado, la segunda alternativa, la política de recurrir a la emisión de dinero para financiar el creciente déficit fiscal sería nociva, porque provocaría el aumento de la inflación, disminuiría la posición de las reservas internacionales administradas por la banca central y sería más frágil la estabilidad del tipo de cambio.

¿Cuál de esas dos alternativas de política económica sería escogida por las autoridades gubernamentales? Les aconsejaría reestructurar el gasto público. A la postre, esa es la medida económica que se impondría cuando ya se haya dado una presión inflacionaria galopante resultante de la emisión de dinero sin respaldo de las reservas internacionales oficiales, que ya fueron disminuidas por la caída de US$1,364 millones en los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario comercial durante el período abril 2018-mayo 2019.

La caja de herramientas de las políticas monetarias y fiscales del país para enfrentar la crisis económica no funciona como se espera, porque el origen de esta crisis es exclusivamente de índole política. El banco central regula el medio circulante con Letras que tienen el plazo de 1 día, cuyas colocaciones han disminuido a pesar de que la autoridad monetaria elevó su tasa de rendimiento y, además, desde 1991 no puede devaluar el córdoba por la existencia de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio oficial, principalmente la cláusula de mantenimiento de valor. Es un banco para que funcione en una economía muy dolarizada extraoficialmente. Por otro lado, no se observa la existencia de estímulos fiscales para impulsar el crecimiento económico y reducir el desempleo, al haberse aplicado una reforma procíclica de la Ley de Concertación Tributaria que sólo aceleró la inflación en vez de una aumentar la recaudación de impuestos en términos de producción.  

A esos riesgos económicos internos que ya se aproximan se pueden sumar otros riesgos ya visibles en el escenario internacional. Las guerras comerciales de Estados Unidos con otros países, principalmente China, amenazan con la estanflación mundial, es decir, la desaceleración del crecimiento económico y el aumento de la inflación, que se está fortaleciendo con las restricciones a la inversión extranjera directa, la transferencia de tecnología y la migración; y entre los problemas geopolíticos, el más relevante es entre Estados Unidos e Irán, que podría provocar una escalada de los precios internacionales del petróleo que reducirían el consumo y la inversión por lo precios más altos de los combustibles. Existe, por lo tanto, el riesgo creciente de una recesión económica global y, por supuesto, afectará a la economía de Nicaragua.

La evaluación macroeconómica de la reforma la Ley de Concertación Tributaria

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) inició la evaluación del impacto microeconómico, o sea, a nivel empresarial, de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria aprobada el 28 de febrero de este año. Hoy tenemos el agrado de presentar a los consumidores, empresarios y formuladores de la política económica gubernamental la evaluación macroeconómica de dicha reforma, realizada por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES).

Cabe recordar que la ley reformada sujeta a evaluación es la Ley de Concertación Tributaria (LCT) aprobada en diciembre de 2012, que elevó la carga tributaria trimestral, o sea, la proporción de la producción que el gobierno central se apodera en concepto de impuestos, en 1.6 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 16.4% del PIB en el primer trimestre de 2012 a 18.0% del PIB en el primer trimestre de 2014, pero la carga permaneció constante en términos anuales al registrar el nivel de 15.0% del PIB en 2012 y 2013. Con la LCT, el máximo de la presión tributaria trimestral se ubicó muy cerca del 20% del PIB en el primer trimestre de los años 2016, 2017 y 2018, mientras que en términos anuales se elevó hasta 16.5% del PIB en 2017.

La reforma de la LCT del 28 de febrero de este año se concentró principalmente en los impuestos sobre el consumo (la racionalización del IVA y las mayores tasas tributarias del ISC y del IEC) y, en segundo plano, pero no mucho menos importante, en las mayores retenciones definitivas de las rentas de la actividad económica y de las rentas y ganancias de capital para los grandes y principales contribuyentes.

Es obvio que en un momento de recesión económica, que se ha mantenido durante tres trimestres consecutivos desde el tercer trimestre de 2018 y todavía persiste, la reforma de la LCT aceleró la caída de los volúmenes de producción de bienes y servicios en 0.9 puntos porcentuales; aceleró la tasa de inflación en casi 3 puntos porcentuales, por la vía de mayores costos de producción; desincentivó el gasto de consumo de los hogares y el gasto de inversión privada al menos en 4 puntos porcentuales; contrajo el crédito al sector privado, ya reducido por la fuga de los depósitos en el sistema bancario, en 0.8 puntos porcentuales del PIB, dada la creciente incertidumbre de los agentes económicos; redujo la liquidez, el capital de trabajo y la tasa de rentabilidad de las empresas; destruyó puestos de trabajo formal, aumentó el subempleo y el desempleo, y expandió el mercado informal; provocó salida de capitales; e incrementó el contrabando de bienes de la denominada “industria fiscal”, principalmente cigarrillos, o sea, provocó el crecimiento de la economía sumergida o ilegal. En este escenario macroeconómico, no hay duda que disminuirá el volumen de la recaudación de impuestos -se sabe que si el PIB de Nicaragua cae 1%, los ingresos tributarios caen 1.2%-, a pesar de que se observó y se mal interpretó un aparente aumento de los impuestos por la ilusión monetaria que ha dejado la mayor presión inflacionaria de marzo, abril y mayo recién pasados.

En la literatura tributaria es muy conocida la Curva de Laffer, que representa la relación existente entre los ingresos fiscales y las presiones o tasas tributarias, dibujada por Arthur Betz Laffer para mostrar cómo varía la recaudación de impuestos al modificar las tasas tributarias, y que influyó en la aprobación de la Ley Fiscal de Recuperación Económica de Estados Unidos (Economic Recovery Tax Act) a principio de la década de los ochenta del siglo pasado, un paquete fiscal que propuso el gobierno de Ronald Reagan que redujo los impuestos personales y empresariales.

Debido a que se desconoce el punto óptimo de la recaudación de impuestos de Nicaragua, se vuelve compleja la demostración empírica de la existencia de la Curva de Laffer. Por supuesto que en Nicaragua nunca se ha obtenido, mucho menos superado, la presión tributaria óptima porque aún se observa la inequidad en la distribución de la carga tributaria y, por lo tanto, los expertos en política fiscal se entusiasman con la idea de que al elevar la tasa tributaria la recaudación aumentaría. COPADES, con base en datos oficiales, ahora ha vuelto a dibujar por segunda vez la Curva de Laffer para Nicaragua, de la cual podemos sacar las siguientes conclusiones.

1. La presión tributaria de Nicaragua registrada en el cuarto trimestre de 2018, 14.97% del PIB, se había desplomado 5.2 puntos porcentuales del PIB con respecto a su valor registrado en el primer trimestre del mismo año debido a la recesión económica resultante de la crisis política. Esta tasa tributaria de 14.97%, o de 15.0%, se puede ver también al final de la curva presentada en la primera gráfica “La Carga Tributaria Trimestral de Nicaragua”.

• La presión tributaria óptima de Nicaragua observada en el cuarto trimestre de 2018, antes de que se aprobara la reforma de la LCT, era 17.84%, por lo cual existía un espacio para elevar la tasa tributaria de 14.97% registrada en el cuarto trimestre de 2018, pero era contraproducente hacerlo en esos momentos por la profunda recesión económica imperante. Las cargas tributarias se elevan en momentos en que la economía se expande, no en momentos en que la economía se contrae. Una excesiva presión tributaria desincentivará la producción y bajará la demanda interna de bienes y servicios hasta un punto en el que la subida de los impuestos no podrá compensar esas caídas.

• La recesión económica redujo la carga tributaria óptima trimestral en 6.02 puntos porcentuales del PIB. El 30 de agosto de 2012, COPADES estimó que la presión tributaria óptima del país era igual a 23.86%, correspondiente al segundo trimestre de 2012, antes de que se aprobara la LCT, y esa tasa tributaria óptima nunca ha sido posible alcanzarla.  

El objetivo recaudatorio de la reforma de la LCT propuesto por las autoridades gubernamentales -una nueva captación de impuestos del orden de 3.0% del PIB en tres años- sería posible si, al menos, se hubiese mantenido la tasa de crecimiento económico promedio trimestral de 1.13% observada entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2018, pero en los últimos tres trimestres de 2018 el PIB Real ha caído 5.2%, 4.4% y 7.7%.

Debido a que la reforma de la LCT se puso en vigor en el momento de una fuerte recesión económica, y ésta aún no muestra señales de que desaparezca en el corto plazo, la presión tributaria óptima continuará disminuyendo al concluir el año en curso y el gobierno no podrá recaudar el rendimiento esperado en 2019, que es equivalente a 2.3% del PIB, o sea, un aumento de la recaudación de  impuestos igual a C$10,168.6 millones. Al contrario, en 2019 la recaudación de impuestos podría disminuir, a lo sumo, en 1 punto porcentual del PIB con respecto a la registrada en 2018 que fue igual a 15.6% del PIB.   

En recesión económica, sería un craso error que la tasa tributaria observada fuese mayor que la tasa tributaria óptima, porque el desestímulo de las actividades económicas sería más grande. La tasa tributaria observada se ubicaría a la derecha de la Curva de Laffer, donde los contribuyentes dejarían de pagar impuestos. Los agentes económicos obtendrían menor utilidades en sus trabajos e inversiones y decidirían reducir estas actividades y priorizar el ocio para evitar pagar el alto nivel de impuestos. La base tributaria tendería a disminuir. Por esta razón, aconsejamos al gobierno central que en estos momentos de recesión económica no aumente la tasa tributaria, porque generaría aumentos marginales decrecientes en la recaudación de impuestos.

Un último consejo a los formuladores de la política fiscal. El efecto de reducir el gasto público es procíclico como el impacto de elevar la presión tributaria en momentos de recesión económica, pero también se observa la insuficiencia de recursos gubernamentales agravada con la reducción de la cooperación oficial externa destinada al financiamiento de la inversión pública en el primer semestre de este año, la que persistirá, por lo menos, en el corto plazo. Por estas razones, recomendamos restructurar el gasto de corriente presupuestario, mejor dicho, el consumo público, sobre la base de la productividad laboral y, así, proteger el espacio reducido de la inversión pública. No hay que recurrir a la emisión de dinero para financiar el gasto público, porque hay que impedir una inflación galopante que golpee más el nivel de vida de los nicaragüenses.

Veremos cuál será el dictamen oficial del impacto de la reforma de la LCT puesta en vigor desde el 28 de febrero de 2019.

ANEXO ECONOMÉTRICO

ITRSA: Ingresos tributarios reales desestacionalizados, serie deflactada con el Índice de Precios al Consumidor Nacional (Base: 2006 = 100).                                                     

CT: Carga tributaria, ITRSA / PIBRSA, donde PIBRSA es el PIB Real (en millones de córdobas de 2006) desestacionalizado.                                                              

La ecuación estimada de la Curva de Laffer para Nicaragua es

ln(ITRSA) = 99.87823 – 279.9624CT²

Todas las variables son estadísticamente diferentes de cero, con un ajuste de 80.4%.

Al ser una función cuadrática, el punto óptimo puede ser calculado a través de la primera derivada de la función con respecto a la variable independiente.

En este caso, igualándola a cero y despejando, obtenemos:

Presión Tributaria Óptima = -99.87823 / [(2)(-279.9624)] = 0.1784 = 17.84%.

ANEXO ESTADÍSTICO

Dignidad versus Impunidad

10.92 años = 131 meses = 3,984 días ha permanecido impune Eduardo Montealegre Rivas, un presunto violador de los derechos humanos.

Es el tiempo que hoy, 2 de julio de 2019, cumple Eduardo Montealegre Rivas de burlarse de la justicia, al haber estado protegido por la Asamblea Nacional y continuar siendo protegido por el Poder Judicial después de que lo acusé en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua por injurias y calumnias.

Muy vergonzoso para un ex banquero y un ex político que perdió su reputación al escudarse con la inmunidad que le confirió su cargo de diputado y con declararse públicamente como un perseguido político cuando lo acuse en agosto de 2008. Después, al haber perdido su inmunidad por su salida intempestiva del Poder Legislativo, hoy es un protegido político de magistrados y jueces judiciales.

Pero el acusado no descansará de mi persistencia y tenacidad en proteger mi dignidad personal y profesional, hasta que lo alcance la justicia, que estimo será pronto. Al continuar huyendo de la justicia, su estigma de violador de los derechos humanos se fortalece y lo convierte en uno de los más connotados impunes de la historia judicial de Nicaragua.

La impunidad de Montealegre Rivas involucra actos y omisiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial, pero tengo la confianza de que sus presuntos delitos, su cuestionable conducta, serán castigados y estarán sujetos a una pena, que no incluye cárcel, y a una reparación de daños morales y económicos que trascendieron a los miembros de mi familia.