La crisis política está perjudicando la economía

29 07 2018

La producción de bienes y servicios de Nicaragua en 2018 será impactada por la crisis política, casi con la misma magnitud de su caída que observamos en 2009 por los efectos de la recesión económica mundial.

En este año, los productores de bienes agropecuarios y manufactureros, y de servicios financieros, comerciales, turísticos y de transporte, registrarán tasas negativas en el comportamiento de sus volúmenes de producción, se estancará la construcción y crecerá la producción de minerales metálicos y de energía eléctrica y agua potable.

Como la economía de Nicaragua es demasiado abierta porque el flujo comercial externo global, exportaciones e importaciones, es mayor que el producto interno bruto, el impacto esperado es un mayor déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y, consecuentemente, se traducirá en una mayor necesidad de financiamiento externo, a pesar de que la disminución del volumen de las importaciones tiende a ser mayor que la disminución del volumen de las exportaciones.

Debido a la incertidumbre de las familias, la demanda de bienes y servicios de consumo final se ha vuelto más precautoria que transaccional. El gasto de consumo se ha concentrado principalmente en alimentos, medicamentos y productos farmacéuticos, combustibles y servicios de telefonía móvil. Por el lado de la inversión, sólo se distingue la importancia de la construcción pública, ya que la construcción y la adquisición de maquinaria y equipo del sector privado, incluyendo la construcción de viviendas, han caído y, además, en términos generales, los productores han reducido los inventarios de materias primas, productos en proceso y productos terminados.

En este escenario de crisis, las empresas no han perdido su poder de mercado porque no se observan caídas de precios al consumidor para atraer clientes, aunque la tasa de inflación oficial acumulada en este año a junio es menor que la registrada en el mismo lapso del año pasado, pero es mayor que la tasa de aumento salarial del mercado formal acumulada en ese período. Sin embargo, el desplome de las ventas ha provocado el cierre de muchas microempresas y pequeñas empresas y, además, las empresas que continúan operando se han visto forzadas a que los trabajadores tomen sus vacaciones anticipadas.

Con esos desequilibrios macroeconómicos, se prevé la destrucción de un número importante de puestos de trabajo y, en consecuencia, un aumento notable de la tasa de desocupación -desempleo abierto más desempleo equivalente relacionado con el subempleo-. En el segundo semestre de este año, se espera que la tasa de inflación se acelere por el creciente precio internacional del barril de petróleo y, probablemente, por la insuficiente oferta de algunos productos.

Es obvio que con una caída del producto interno bruto también caerá la recaudación de impuestos y se expandirá el déficit fiscal debido a la inflexibilidad del gasto de consumo público. En el afán de contrarrestar la presión deficitaria del presupuesto gubernamental, es muy probable que las autoridades eliminen las exoneraciones y exenciones del impuesto de valor agregado (IVA) a las importaciones de materias primas y maquinaria y equipo de las actividades agropecuarias, pequeña industria manufacturera y pesca artesanal, tal como se previó en Ley de Concertación Tributaria, se revisen los subsidios y se evalúe el resultado de la supervisión de precios de transferencia.

La caída del producto interno bruto, junto con el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela observado desde mayo de 2016, también ha fortalecido la presencia de una política monetaria muy restrictiva, cuyo propósito es proteger la posición de las reservas internacionales brutas administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) y, así, garantizar la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. El menor producto interno bruto también restringirá el otorgamiento de crédito de las entidades financieras al sector privado y es posible que su crecimiento sea nulo en este año.

Las reservas internacionales están presionadas a la baja, por un lado, por la venta de divisas del BCN a las entidades bancarias para que puedan enfrentar los retiros de los depósitos en moneda extranjera y, por otro lado, por el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa. Desde enero de este año, el BCN comenzó a colocar Letras con plazos de un día y la mayor parte de las tradicionales subastas semanales de Letras del BCN se coloca en plazos de siete días, catorce día y un mes, lo cual demuestra el nivel de la desconfianza financiera. Adicionalmente, la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en moneda extranjera oscila alrededor del veinte por ciento diario, el doble de la tasa de encaje requerida por la ley.

Con esos instrumentos de regulación de la liquidez, el BCN ha reducido significativamente la base monetaria, cuyo principalmente componente es la emisión de dinero. El BCN, con la venta de dólares, saca córdobas de la circulación; con mayor encaje en moneda extranjera introduce más dólares en sus arcas; y con una mayor tasa de encaje efectivo que el requerido sobre los depósitos en córdobas, que es similar a la de los depósitos en moneda extranjera, también saca más córdobas de circulación. Hasta ahora, el papel de la autoridad monetaria se ha reducido a uno aritmético, el de sumar reservas en el BCN y restar córdobas en el mercado, de tal forma que la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de venta del dólar en el mercado financiero se mantiene sobre, pero demasiado cerca, del uno por ciento.

Así que estamos inmersos en un nuevo entorno. Con la persistencia de la crisis política y con el escenario económico arriba descrito para finales de este año, es bastante fácil pronosticar que la economía de Nicaragua crecerá a un menor ritmo de su tasa de crecimiento potencial en 2019. Menor producción significa menos inversión, más desempleo, menos consumo, más pobreza, más presión tributaria, más presión inflacionaria, más déficit, más endeudamiento del sector público, menos liquidez. Todo esto sin tomar en cuenta los riesgos económicos externos, tales como la guerra comercial, es decir, la proliferación de aranceles, la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y el bloqueo financiero multilateral.

Por todo eso, reitero que la crisis en la política es la que debería preocuparnos y que su solución está en el diálogo, en la mesa del Diálogo Nacional.

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Recesión económica a la vista

22 07 2018

Demasiada optimista la declaración del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, de que “en las próximas semanas en el país se inicie una recuperación económica y se vuelva a la senda del crecimiento sostenido”, con un repunte en julio y agosto, y “un crecimiento de 1% del PIB” en este año.

En economía es muy fácil caer, pero demasiado difícil levantarse, porque no se trata de un juego de restar y sumar, mucho menos de un juego suma cero, sino de restablecer la confianza de los inversionistas para volver a crear empleos y  para atraer la inversión extranjera directa que, antes de la crisis política del 18 de abril, constituía la principal fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. No se trata de un juego de quitar y poner, porque también hay que restablecer la confianza de los consumidores que ahora demandan dinero con fines precautorios, al no saber cuántos ingresos recibirán dada la destrucción de los puestos de trabajo, ni cuántos pagos tendrán que efectuar dado el nivel de incertidumbre.

Sólo con la observación empírica, a esta fecha se puede prever que al concluir el tercer trimestre de este año el país caerá técnicamente en recesión económica. El año económico de Nicaragua se inicia con el ciclo agrícola a partir de mayo-junio, y este ciclo 2018/2019 observa descuidos e impactos con el suministro de insumos, el otorgamiento de préstamos y la toma de tierras, que se remontarán hasta el primer cuatrimestre del próximo año con la disminución de la oferta de productos agroexportables.

Por otro lado, la reforma del actual presupuesto gubernamental ya fue anunciada por el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, debido a los “atrasos (en la ejecución de programas y proyectos de inversión del sector público) por los tranques y la inestabilidad”, y agregó que “ni el Gobierno Central ni las alcaldías van a despedir personal y trabajadores”, por lo cual dio a entender que se mantendrá el gasto de consumo público no obstante su reconocimiento de que existe una “desaceleración económica”. Lo que se observa realmente es una caída económica y, con esa decisión política sobre el gasto gubernamental, se puede esperar una ampliación del déficit fiscal que podría superar el máximo tolerable del 3% del PIB.

Ante esa situación, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional adelantó la reforma tributaria, ya contemplada en la Ley de Concertación Tributaria en vigor desde el 1 de enero de 2013, que reduce las exoneraciones (del IVA) “en este momento en el que tenemos una caída importante de nuestras recaudaciones” y, además, la revisión de la Ley de Precios de Transferencia en vigor desde julio de 2017, cuyo resultado no ha sido el esperado.

Cabe anotar que la eliminación de las exoneraciones del IVA a las importaciones de materia prima, maquinaria y equipo del sector agropecuario, de la pequeña industria manufacturera y de la pesca artesanal provocará un aumento de los costos de producción y, por ende, de los precios al consumidor de productos de origen agropecuario, principalmente alimentos, y acelerará la tasa de inflación con el consecuente deterioro del poder adquisitivo del salario. Sin embargo, la eliminación de dichas exoneraciones obliga, por la equidad tributaria, a disminuir la tasa de este impuesto que es de 15%, sencillamente por la razón de que es alta debido a las exoneraciones existentes.  ¿Se disminuirá la tasa tributaria del IVA?

La inconformidad política, mucho menos la inestabilidad política, no son señales adecuadas para realizar reformas tributarias. Aunque aparentemente se obvia la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en esos contextos son más prudentes las reformas del gasto público, principalmente aquéllas que conduzcan a elevar la productividad de los servidores públicos; en otras palabras, es preferible reducir el gasto de consumo público, incluso con reformas estructurales, que faciliten posteriormente un mayor espacio fiscal a la inversión pública para acelerar el crecimiento económico.

Y sobre la línea de recortar el gasto público, ahora aparece una propuesta de cuatro diputados de la Bancada de Unidad Liberal para anular las pensiones vitalicias que el Estado paga a los expresidentes y ex vicepresidentes de la República. En 2018, el pago presupuestado de las pensiones a 3 expresidentes y 5 exvicepresidentes totaliza un monto equivalente a 600 mil 416 dólares y a 0.004% del PIB esperado en este año, insuficiente para contener el alza del índice de pobreza. Una reforma estructural para reducir el gasto de consumo público no debería sólo apuntar a partidas presupuestarias, mucho menos sólo a una de ellas, sino también al tamaño del aparato gubernamental, comenzando por la reducción del número de magistrados en los cuatro Poderes del Estado.

Finalmente, el diputado Wálmaro Gutiérrez aseguró que continuará el diálogo entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, con la variante de que el espacio dejado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) será ocupado por los propietarios de las micro, pequeña y mediana empresas y por las cooperativas, “que producen el 47% del PIB”.

El diputado Gutiérrez debe tomar en cuenta que aproximadamente el 80% de los ocupados trabaja en empresas que no cuentan con registros contables, que el 43% de los ocupados está subempleado y que gran parte de las micro y pequeñas empresas están inmersas en el mercado informal y afectadas por el subempleo. Estos problemas dificultarían el funcionamiento adecuado del nuevo modelo y el logro de los objetivos de la política económica y del crecimiento económico, por lo cual los servidores públicos también deberían buscar un nuevo tipo de relación con la gran empresa privada.

Si las políticas públicas le hubiesen dado la debida atención gubernamental a esas unidades de producción que generan el 47% del PIB, seguramente serían menores los problemas estructurales de la economía informal y el subempleo.





El conflicto político y la pobreza en Nicaragua

15 07 2018

Presentación1

Desde 1993, cuando se comenzó a realizar los análisis sobre la pobreza en Nicaragua, con la información recopilada en las encuestas de medición de nivel de vida (EMNV), la proporción de la población con un ingreso menor a un dólar diario sirvió para caracterizar a los pobres en Nicaragua, y se utilizó como una medida del bienestar el consumo total de los hogares en lugar de los ingresos, según la metodología muy controversial del Banco Mundial.

Posteriormente, el indicador de la proporción de la población con ingreso menor a un dólar diario fue sustituido por el de la línea de pobreza general, definida como el nivel de gasto anual por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos diarios (línea de pobreza extrema), más un monto adicional para cubrir el consumo adicional de bienes y servicios no alimenticios esenciales, tales como vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y los de uso cotidiano en el hogar.

En la sexta EMNV de 2014, la última que ha tenido el respaldo técnico del Banco Mundial en Nicaragua a esta fecha, el valor de la línea de pobreza general se estimó en un nivel de consumo de C$17,011.47 (equivalente a US$386.10) por persona al año, o sea, US$1.71 por día.

Por su parte, el valor de la línea de pobreza extrema fue igual a C$10,523.92 (equivalente a US$200.15) por persona al año, es decir, el costo del nivel de consumo o de gasto total anual en alimentación por persona (o US$1.05 por día) necesario para satisfacer las necesidades mínimas calóricas diarias estimadas en 2,282 calorías promedio en 2014.  Los hogares con un consumo per cápita anual menor al valor de esta línea, se clasifican como pobres extremos.

Entre los efectos de la crisis política actual sobre la economía se podrá observar una mayor pobreza de la población del país, debido a un menor ingreso anual o a un menor nivel de Producto Interno Bruto (PIB) Real anual, que es  medido en millones de córdobas de 2006. Para pronosticar el índice de pobreza, tanto general como extrema, hemos relacionado la elasticidad de dicho índice con respecto al PIB Real.

Tomando en cuenta los índices de pobreza de las seis EMNV que se han realizado entre 1993-2014 y los datos oficiales del PIB Real anual en ese mismo período, se estimaron las dos elasticidades, las cuales expresan si el PIB disminuye 1%, el índice de pobreza general aumenta 0.57%, y el índice de pobreza extrema sube 0.89%.

Para 2018, el escenario macroeconómico pesimista de COPADES refleja una caída del PIB Real de 2.3% en 2018. De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el PIB Real creció 4.8% promedio anual entre 2014 y 2017, de tal forma que el índice de pobreza general disminuyó 2.9% promedio anual de 4.8% al pasar de 29.6% en 2014 a 27.1% en 2017, pero tiende a subir 1.4% en 2018 al reflejar el nivel de 27.5%. Siempre en términos promedio anual, 1 millón 755 mil personas serán pobres en 2018.

Siempre de acuerdo con el comportamiento de la tasa de crecimiento económico señalada anteriormente entre 2014 y 2017, la evolución del índice de pobreza extrema indica que disminuyó 8.4% promedio anual de 4.8% al pasar de 8.3% en 2014 a 6.4% en 2017, pero tiende a subir 4.0% en 2018 al reflejar el nivel de 6.6%; por lo tanto, 424 mil 300 personas serán pobres extremos en 2018.

Desde la última década del siglo pasado, se observa que la limitación más importante de la reducción de la pobreza de la población nicaragüense es la falta de una participación adecuada y de apropiación de la estrategia por parte de la sociedad civil, y su subordinación al programa económico de mediano plazo, pero hoy se agrega otra limitación: el conflicto político imperante desde el 18 de abril de este año. Las políticas económicas, fiscales y monetarias, generalmente no son evaluadas por los servidores públicos en su impacto sobre la población pobre del país antes de ser aplicadas. Además, las metas macroeconómicas tratan de ser cumplidas independientemente del nivel de pobreza del país.

Es obvio de que no existe una relación automática de causa y efecto entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. El crecimiento económico puede, en ciertas condiciones, conducir a una reducción significativa de la pobreza y, en otras, tener poco o ningún impacto sobre la pobreza. De ahí que el crecimiento pro-pobre continúa siendo un tema de candente actualidad en la Nicaragua de hoy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





La crisis y la desconfianza

8 07 2018

Han transcurrido 82 días desde el inicio de la crisis política, aún no se visualiza su solución y aumenta el número de muertos, heridos y desaparecidos. La inseguridad es crítica y la condición del nivel de vida de la población se desgasta. Ahora la crisis es política, social, económica y financiera, y crece la desconfianza entre consumidores y productores, entre ahorristas e inversionistas.

Antes del 18 de abril, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) había pronosticado una tasa de crecimiento de 4.4% de la producción de bienes y servicios de este año. Todavía no incursionamos en un escenario económico pesimista, pero podemos afirmar que ya se perdió el optimista y nos encontramos frente a un panorama económico que podríamos calificar de probable y negativo, siempre y cuando la solución del problema político en la mesa del Diálogo Nacional se logre alcanzar antes del próximo mes de septiembre.

El actual panorama económico de Nicaragua para 2018, que corre el riesgo de un mayor deterioro a partir de septiembre próximo (después de la cosecha de “primera” del ciclo agrícola 2018/2019), se caracteriza principalmente por:

  1. Una caída del Producto Interno Bruto (PIB) Real de 0.8%, con drásticos impactos en producción de las actividades agrícola, pecuaria, industria manufacturera y comercio, hoteles y restaurantes.
  2. Una tasa de desempleo abierto de 13.0% y una tasa de desempleo equivalente relacionada con el subempleo de 13.1%, en total 26.1% de la población económicamente activa. Se destruyen 98,700 puestos de trabajo y, tomando en cuenta el ejército de desempleados, 928,000 mil personas no generarían ingresos en este año.
  3. Una tasa de inflación cercana a 10%, no sólo espoleada por el mayor precio del barril de petróleo, sino también por la escasez de productos y la especulación.

Con esos indicadores económicos clave, se prevé que disminuirá 5.0% el volumen de las exportaciones y 2.6% el volumen de bienes y servicios de consumo final adquiridos por las familias, no obstante el ingreso de las remesas esperado en US$1,512 millones; aumentará el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos hasta el 8% del PIB, por la mayor caída del valor de las exportaciones que la del valor de las importaciones; subirá el déficit fiscal a casi el límite tolerable de 3% del PIB, por la menor recaudación de impuestos y la inflexibilidad del gasto de consumo público; la política monetaria se volverá más contractiva, es decir, se reducirá el crecimiento de la oferta de dinero a menos del 5% anual para tratar de garantizar la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor; y la caída de las reservas internacionales brutas administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) también se neutralizará con el desembolso de la “Línea para Apoyar la Gestión de Liquidez de los Bancos Centrales de los Países Fundadores del BCIE”, US$200 millones por país, contratada desde el año de 2009 y renovada anualmente, que surgió con la crisis financiera internacional provocada por la quiebra de la banca de inversión de Wall Street (Nicaragua desembolsó los primeros US$50 millones el 27 de junio de este año).

En esta situación, adquiere particular importancia la desconfianza de los depositantes en el sistema financiero nacional, que ha sido exacerbada por economistas, influenciados con imperativos políticos, y servidores públicos del ámbito financiero, que con su cuestionable conducta transgreden la ley. A partir del 12 de abril recién pasado, fecha en que se registró el saldo máximo de US$4,115 millones en los depósitos en moneda extranjera, se ha observado una fuga de US$626 millones hasta el 3 de julio, o sea, una disminución de 15.2% con respecto a ese saldo máximo y equivalente a 15.6 días de producción de bienes y servicios del país. En 2 meses y 12 días, el saldo de esos depósitos ha retrocedido al nivel registrado hace 3 años, específicamente julio de 2015.

Para enfrentar esa salida de los depósitos, desde el 15 de mayo de este año las entidades bancarias comenzaron a comprar dólares en la mesa de cambios del BCN, y hasta el 4 de julio el banco de los bancos les había vendido US$352 millones, concentrándose el 75% de dichas compras en los tres bancos más grandes del sistema, es decir, BANPRO, LAFISE BANCENTRO y BAC. Ovidio Reyes, presidente del BCN, ejemplificó estas operaciones como un ejemplo de la libre convertibilidad.

Esa venta de dólares disminuyó el saldo de las reservas internacionales brutas administradas por el BCN, pero también redujo la base monetaria (las entidades bancarias compran los dólares con córdobas), lo cual ha ayudado al BCN a mantener la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, o sea, que el monto de las reservas internacionales brutas sea al menos igual a 2.5 veces la base monetaria, y al 4 de julio era igual a 2.9 veces, y su máximo fue 3.2 veces el 17 de abril.

En el transcurso del año (hasta el 4 de julio), las reservas internacionales brutas han caído US$102 millones hasta US$2,655 millones, una cifra aproximada a la de noviembre de 2017, debido a la venta de dólares del BCN al sector privado y al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa, mientras que el saldo de la base monetaria se ha reducido C$4,137 millones principalmente por la venta de divisas del BCN al sector privado y las colocaciones de Letras del BCN.

Aconsejo a los depositantes que deben tener presente la excesiva dolarización financiera para evitar mayores problemas con la fuga de los depósitos. Los depósitos en moneda extranjera financian gran parte de los préstamos en moneda extranjera, por lo cual una aceleración de dicha fuga provocaría la iliquidez en los bancos y la imposibilidad de obtener el monto total de sus depósitos. Eviten el pánico financiero y no permitan que ciertos imperativos políticos continúen deteriorando su confianza en las entidades financieras.

 





La protección estatal a un violador de los derechos humanos

3 07 2018

Mis dos querellas personales en contra del ciudadano impune Eduardo Montealegre, un violador de los derechos humanos por sus irresponsables injurias y calumnias de que yo soy un defraudador del Estado de Nicaragua, que presenté en dos juzgados penales de la Ciudad de Managua el 27 de agosto de 2008 y el 11 de febrero de 2011, continúan teniendo validez legal.

El acusado Eduardo Montealegre fue protegido por el Poder Legislativo durante ocho años consecutivos, escudado en el mal uso de la inmunidad de su cargo de diputado. Como es de conocimiento público, los ex primeros secretarios de la Asamblea Nacional Wifredo Navarro y Alba Palacios Benavidez fueron los primeros servidores públicos que obstaculizaron mi acceso a la justicia.

¿Por qué el Poder Judicial ha protegido a Eduardo Montealegre durante los últimos veintidós meses?

El 1 de septiembre de 2016, tanto el acusado Eduardo Montealegre como yo, el acusador, recibimos cédulas judiciales de notificación de convocatoria a la audiencia inicial con fines de preliminar para el 5 de septiembre de 2016 a las 11:30 a.m. en el Juzgado Séptimo Local de lo Penal de Managua y a las 2:00 p.m. en el Juzgado Sexto Local de los Penal de Managua, pero al día siguiente, el 2 de septiembre, los dos jueces suspendieron simultáneamente dichas convocatorias.

Han pasado 668 días y los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García aún continúan “esperando” que reparen las fallas del Sistema Automatizado de Control y Asignación de Salas del Complejo Judicial Central de Managua.

Han pasado 621 días y el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez Olivas, en su calidad de Inspector Delegado, superior jerárquico de los jueces, no ha girado sus instrucciones generales de carácter procedimental a los dos jueces, sólo respondió que atenderán mis peticiones “de acuerdo con el tiempo disponible en la agenda del despacho en razón de la carga laboral, la cual es bastante alta, así como también la programación de asignación de Salas”, y resolvió “el archivo de las presentes diligencias”. Seguro ya olvidó mi solicitud porque no impone el orden entre sus subordinados.

Han pasado 612 días desde que la Presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, dijera públicamente al responder a los periodistas sobre mi caso, de que en el país “no hay impunidad, las cifras lo dicen claramente, ese es un caso entre 125 mil casos que se llevan en el país”. Estimo que  mi caso no requiere un juicio complejo, porque se limita a que el querellado Eduardo Montealegre se retracte tal como manda la ley y resarza los daños morales y económicos que han trascendido a mi familia.

Han pasado 598 días y los magistrados que integran el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdián, guardan silencio ante mis quejas presentadas por la retardación de justicia en contra de los dos jueces y el inspector delegado arriba mencionados.

Los siete servidores públicos del Poder Judicial antes mencionados y el presunto delincuente Eduardo Montealegre saben que nunca renunciaré a mi demanda personal que está en manos de los dos jueces. La impunidad y la retardación de justicia deberían ser desterradas del Poder Judicial, en aras de imperio de la Ley y del fortalecimiento del estado de derecho. Ningún ciudadano debería estar sobre la ley, mejor dicho, al margen de la ley.





¿Vendrá el FMI a Nicaragua en agosto próximo?

1 07 2018

El 6 de febrero de este año, al concluir la visita del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Nicaragua, la misión sugirió al gobierno realizar la Consulta del Artículo IV entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre próximo, incluyendo como temas analíticos relevantes la reforma energética y la inclusión financiera.

El ahora consejero económico del gobierno desde enero de 2012, tras la decisión gubernamental de no suscribir el quinto programa de ajuste económico y reforma estructural, vendría al país para evaluar el desempeño económico de Nicaragua en 2017 y la actualización de la proyección macroeconómica de corto y largo plazo del país, con la prevalencia de problemas estructurales importantes tales como los de la inviabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la inefectividad de la política cambiaria para reducir el severo déficit comercial externo, la excesiva dolarización extraoficial, la baja productividad de la economía y la alta inequidad de la distribución del ingreso, entre otros.

Los principales retos de política económica señalados por la misión técnica fondomonetarista en febrero recién pasado fueron la ampliación del margen de maniobra fiscal y la consolidación de la posición de las reservas internacionales por los riesgos externos que ya se visualizaban, entre los que se destacaban las políticas migratoria, comercial y monetaria de Estados Unidos, la posible aprobación de la Ley de Condicionalidad de Inversión Nicaragüense, conocida como Nica Act, en el Senado de Estados Unidos, y la caída drástica de la cooperación petrolera de Venezuela, que de acuerdo con cifras oficiales se desplomó al nivel de US$30.9 millones en 2017.

El FMI continuó insistiendo en reformas tributarias, pero poco o casi nada propuso para una reforma del gasto gubernamental que conduzca a un mayor ahorro y a un mayor espacio para la inversión pública, factor fundamental para acelerar el crecimiento económico del país. Aconsejó crear un “colchón” fiscal con la eliminación de algunas exenciones del impuesto de valor agregado (IVA), el mejoramiento de la entrega de los subsidios a la electricidad, la aplicación efectiva de la supervisión de los precios de transferencia y el fortalecimiento de la administración tributaria. Además, en el ámbito del sector público, recomendó el restablecimiento de la sostenibilidad de las finanzas del INSS a largo plazo.

En cuanto a los asuntos financieros y bancarios, el personal técnico del FMI alentó que se asigne la regulación y la supervisión financiera de las cooperativas de ahorro, y que se continuaran adoptando las recomendaciones pendientes del Informe de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GEFILAT) de 2017. Finalmente, la misión técnica pidió el cumplimiento del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas de 2001 y la compilación y la divulgación de las estadísticas de la deuda pública de las municipalidades y de las empresas públicas.

¿Cuál será el escenario económico de Nicaragua que encontrará la misión del FMI en agosto, después de la crisis política del 18 de abril de este año? Con seguridad, totalmente distinto, hacia la baja, al que previó en sus proyecciones para 2018.

Para este año, el FMI proyectó en febrero recién pasado una tasa de crecimiento de 4.7%; una tasa de inflación acumulada de 6.3%; un déficit del sector público consolidado, antes de donaciones, de 4.1% del PIB; un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 7.7% del PIB; un aumento del crédito al sector privado de 15.9%; un incremento de la oferta de dinero de 13.8%; un saldo de las reservas internacionales brutas a fin de año, excluyendo el Fondo de Garantía de los Depósitos (FOGADE), de US$2,667 millones; un saldo de la deuda pública externa e interna de 42.6% del PIB; y un saldo de la deuda privada externa de 40.9% del PIB. Ese panorama económico ya no existe para finales de este año.

Con los supuestos de que la crisis política, con sus efectos sociales y económicos, se mantenga hasta el mes de agosto próximo, o sea, tenga una duración de 136 días, y de que a partir de septiembre se inicien las reformas políticas y la reconstrucción económica del país, Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) pronostica que el escenario económico probable se caracterizará por una caída del PIB Real de 0.8%, una tasa de inflación de 10.0% y una tasa de desempleo abierto y equivalente relacionado con el subempleo de 26.1% de la población económicamente activa (PEA), es decir, un aumento de 98,700 desempleados.

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos se eleva hasta 8.0% del PIB no obstante el ingreso de US$1,512 millones en remesas familiares; con la menor recaudación de impuestos del gobierno central y la inflexibilidad a la baja del gasto de consumo gubernamental, el déficit fiscal se aproxima a 2.7% del PIB, muy cercano al límite superior tolerado de 3.0%; y se mantiene la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica mediante una política monetaria muy restrictiva, una mayor liquidez en divisas del sistema financiero nacional con el uso de la línea de crédito de US$200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y la ampliación de la liquidez en moneda extranjera a las entidades financieras con la reciente reforma de la política de encaje del Banco Central de Nicaragua (BCN) , que redujo su tasa diaria de 12% a 10% y mantuvo la tasa de 15% asociada con un menor lapso de tiempo, que pasó de 14 días a 7 días.

Es imposible que el FMI acepte discutir con las autoridades gubernamentales un programa “stand-by”, mucho menos un programa de ajuste económico y de reforma estructural, en un ambiente de inseguridad física y jurídica. Si no se logra alcanzar pronto un gran acuerdo en la mesa del Diálogo Nacional, ya se pueden prever otros problemas económicos, tales como el severo descuido del ciclo agrícola 2018/2019; una mayor destrucción de puestos de trabajo formal; la mayor informalidad del mercado laboral; la ampliación de la brecha cambiaria entre el mercado oficial y el mercado negro; una mayor caída del gasto de consumo de las familias; una mayor reducción de los volúmenes de exportación de bienes; el deterioro progresivo de la confianza de los consumidores, los productores y los inversionistas; peores déficit fiscal y en cuenta corriente de la balanza de pagos;  y la creciente corrida de los depósitos en dólares del sistema bancario comercial.

Pero sobre todo lo anterior, lo más duro es la mayor pérdida de vidas humanas, el mayor número de personas heridas y desaparecidas, y los crecientes niveles de inseguridad física y jurídica. Por eso reitero que, con buena voluntad de todas las partes, en la mesa del Diálogo Nacional se podría evitar ese dantesco escenario.