Los riesgos sobre la economía de Nicaragua y los consejos del FMI

7 05 2017

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que evaluó recientemente la situación económica de Nicaragua en el marco de la consulta de Artículo IV correspondiente a 2017, enfatizó que el principal riesgo de origen interno es el creciente déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que agotará sus reservas en efectivo en 2019, y que los principales riesgos de origen externo son la reducción de la cooperación petrolera de Venezuela y la amenaza de la iniciativa “NICA Act”, presentada en el Congreso de Estados Unidos el 4 de abril de 2017.

El FMI dejó siete consejos al gobierno para resolver el problema de la insostenibilidad financiera del INSS, de los cuales seis apuntan a resolver problemas estructurales del ente asegurador. Comparto este enfoque que estuvo prácticamente ausente en la reforma del INSS realizada en 2013, no obstante podría generarse un rechazo social.

El aumento de la longevidad es el principal argumento para incrementar la actual edad de jubilación de 60 años a 65 años, tomando en cuenta las mejoras de la salud de la población y la mayor esperanza de vida al nacer. Las personas que por primera vez entran al mercado laboral y a la seguridad social podrían estar sujetas a una mayor edad de jubilación, incluso en términos progresivos acorde con las mayores esperanzas de vida.

El ajuste de las pensiones debería ser una función del índice del costo de la vida, o sea, de la tasa de inflación de los precios al consumidor, en vez de la tasa de ajuste del salario mínimo legal para las pensiones mínimas, aprobada por decreto presidencial en 2015 para las personas que no completaron las 750 cotizaciones mínimas para optar a una pensión, o la tasa de devaluación del córdoba en el mercado oficial para las pensiones ordinarias.

¿Es viable continuar aumentando la cotización patronal y laboral propuesto por el FMI? Probablemente no, porque la reforma del INSS de 2013 ya elevó la tasa de aporte del empleador a la seguridad social de 16% en 2013 a 19% en 2017, mientras que el trabajador aporta el 6.25% y el Estado lo hace con el 0.25%. Sería más adecuado un mayor aporte estatal al INSS para financiar el gasto del INSS y el traslado de las pensiones mínimas y especiales del presupuesto del INSS al Presupuesto General de la República.

Las propuestas de reducir las prestaciones otorgadas, una reforma estructural, y de recortar y racionalizar los gastos operativos y de salud, especialmente los de salud, una reforma administrativa, deben tener presente el cuidado de no afectar las prestaciones de la mayoría de trabajadores que han trabajado a tiempo completo durante toda su vida.

En cuanto a los riesgos externos mencionados por el FMI, es muy improbable que se pueda encontrar una nueva fuente alterna de financiamiento a la de Venezuela, tanto en sus montos como en su alta concesionalidad. Por ejemplo, México ha estado enfrentando problemas económicos debido a la política económica de la Administración Trump, caracterizada por el proteccionismo comercial, las restricciones sobre los inmigrantes, la reducción de la tasa del impuesto sobre la renta a las actividades económicas y del trabajo, y el aumento del gasto público en infraestructura económica y defensa. Más lejano, Rusia, afectada por los bajos precios internacionales del petróleo, ha observado la disminución de su Producto Interno Bruto (PIB) en los años de 2015 y 2016 y se espera que aumente alrededor del 1% en el mediano plazo a partir del año en curso.

La disminución del préstamo petrolero de Venezuela, resultante de la caída de los precios del barril de crudo WTI, del menor porcentaje del valor de cada embarque de petróleo o de combustibles líquidos en concepto de préstamo, y del desplome del volumen de hidrocarburos suministrado, redujeron la protección de la posición de las reservas internacionales brutas oficiales del país y, consecuentemente, afectó a la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica, es decir, que el saldo de dichas reservas sea al menos igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria.

A lo anterior, se agrega el riesgo político de la “Nica Act”. Para amortiguar uno de los impactos de esa iniciativa del Congreso estadounidense, desde el tercer trimestre del año pasado el Gobierno de Nicaragua comenzó a contratar préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinados principalmente a la construcción de infraestructura económica y social, recursos que no son concesionales como los facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) y cuyas nuevas contrataciones estarían expuestas a la oposición de los representantes estadounidenses en ambas instituciones multilaterales. Por supuesto que la aprobación de la “NICA Act” afectará la inversión extranjera directa, que en 2011 se convirtió en la principal fuente de financiamiento externo del país.

Para enfrentar esos riesgos, tanto interno como externos, a los cuales se adicionó el de los efectos del cambio climático y los desastres naturales, el FMI recomendó “crear gradualmente amortiguadores fiscales por alrededor del 1.6% del PIB en el curso de los próximos dos años”, mediante el aumento de la recaudación tributaria –difícil por el mantenimiento de las exenciones y exoneraciones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)-  y “la mejora de la composición y la eficiencia de los gastos” –es necesaria una reforma del gasto público para enfrentar el impacto de una decisión política externa sobre la economía del país-.

El tamaño del “colchón fiscal” podría ser mayor que el sugerido de 1.6% del PIB, un monto muy cercano al del déficit fiscal del año pasado y también igual a la mitad del déficit del sector público no financiero de ese mismo año. La principal restricción para iniciar la confección de ese “colchón fiscal” es la baja probabilidad de que las autoridades gubernamentales aumenten la presión tributaria en un año de elecciones municipales, pero cabría la sugerencia que cualquier aumento de los ingresos tributarios sobre la meta establecida para este año, como suele suceder en todos los años, en esta ocasión sea depositado totalmente en las cuentas gubernamentales en el BCN con el propósito de proteger la posición de las reservas internacionales, que serían impactadas por el shock de la “NICA Act”.

Felicito a los miembros de la misión técnica por su declaración sobre el comportamiento de la economía del país en 2016, sus comentarios sobre las perspectivas de las principales variables económicas en 2017, y los riesgos y las recomendaciones de política planteadas a las autoridades gubernamentales. También cabe destacar que el Presidente Daniel Ortega, en su respuesta a misión técnica del FMI, reconoció la amenaza política de la “NICA Act”, señaló la importancia de la cooperación venezolana para la economía nicaragüense pese a que ha disminuido, y subrayó la fortaleza del diálogo para garantizar la seguridad social a los nicaragüenses.





Los problemas del sistema de la seguridad social de Nicaragua

1 05 2017

El sistema de la seguridad social de Nicaragua es de reparto y solidario. En otras palabras, los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los beneficiarios de hoy solidariamente.

El primer problema del sistema de seguridad social de Nicaragua es su viabilidad financiera. Esta viabilidad financiera depende del cociente entre el número de trabajadores activos asegurados y el número de pensionistas, que en 2016, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fue igual a 4.44

Existen dos razones que explican la disminución de la proporción del número de personas activas aseguradas con respecto al número de pensionistas. La primera es que la longevidad de los nicaragüenses ha aumentado, porque la esperanza de vida se elevó de 45.4 años en el quinquenio 1955-1960 a 74.75 años en el quinquenio 2010-2015, lo cual implica que la población jubilada aumentó.

La segunda razón es que el crecimiento de la población nicaragüense se ha desacelerado, porque la tasa de fecundidad bajó de 7.5 hijos nacidos por mujer en edad fértil en el quinquenio 1955-1960 a 2.5 en el quinquenio 2010-2015, lo cual provoca que el cociente entre jóvenes y ancianos sea menor.

También es importante la relación de la renta de las personas que trabajan con respecto a las prestaciones de los pensionistas: un aumento de la productividad de la economía significa un aumento de la renta y que hay más renta para mantener a los pensionistas. Es por ello que el segundo problema del sistema de seguridad social del país se puede explicar con el muy bajo nivel de la productividad de la economía, es decir, un Producto Interno Bruto (PIB) Real promedio anual por persona ocupada muy bajo.

Al ser baja la tasa de aumento de la productividad de la economía de Nicaragua, la tasa de aumento de la renta también es insuficiente y agrava el problema presupuestario de la seguridad social, el cual se empeora con la inequidad de la distribución de la renta. Esto impide el restablecimiento de la viabilidad financiera del sistema de seguridad social

A los problemas estructurales de la disminución de la proporción de los trabajadores activos asegurados con respecto a los pensionistas y la baja productividad de la economía, se pueden agregar los de una cobertura de la seguridad social bastante limitada y el del bono demográfico que, según el colega Adolfo Acevedo, se extinguirá en 2030.

Aparentemente, el problema financiero del INSS es fácil de resolver, porque se trataría de aumentar las cotizaciones o reducir las prestaciones, o en términos generales, como diría un administrador de empresas, incrementar los ingresos y reducir los gastos. Sin embargo, no hay que olvidar que también se necesita resolver los problemas estructurales del INSS, con más razón si se aceptara la insuficiencia de las reformas paramétricas en el largo plazo.

Un primer grupo de propuestas ha girado siempre alrededor de la reducción del gasto, y dicha reducción no debería deteriorar la eficiencia del sistema de seguridad social. Entre estas medidas aparece el polémico ajuste de la fórmula para calcular las prestaciones calculadas sobre los salarios de los trabajadores durante 14 años y 4 meses con un techo máximo equivalente en córdobas a 1 mil quinientos dólares. Este ajuste es muy polémico, porque se basa en el aumento del número de años de cotización y en el rompimiento del techo salarial objeto de cotización, y fue rechazado en la reforma de la seguridad social del año de 2013.

El argumento de la mayor longevidad de los nicaragüenses, resultante de las mejoras de la salud y la mayor esperanza de vida al nacer, genera otro polémico ajuste que es el aumento de la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años. Las personas que por primera vez entran al mercado laboral y a la seguridad social podrían estar sujetas a una mayor edad de jubilación, incluso en términos progresivos acorde con las mayores esperanzas de vida. Por ejemplo, un joven nicaragüense de 18 años que ingresa por primera vez al mercado laboral tiene una esperanza de vida al nacer de 66 años.

Otra polémica medida de reducción del gasto es disminuir el monto de las pensiones de vejez, como porcentajes de los salarios devengados. El riesgo inherente a esta medida es que si las reducciones de las pensiones o de las prestaciones provocan dificultades económicas verdaderas, las personas tendrían derecho a prestaciones complementarias.

Otra vía de reducir el gasto es analizar el mecanismo de ajuste de las pensiones de jubilación, que históricamente han sido la tasa de devaluación nominal de 5% anual y la variación del salario mínimo legal para ajustar la pensión mínima. El mecanismo de ajuste apropiado es índice del costo de la vida, o sea, la tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional.

Por el lado del aumento de los ingresos, ya no es viable continuar aumentando los aportes del empleado y del empleador a la seguridad social. En este ámbito, lo único que cabría es proponer un aporte del Estado de Nicaragua al fondo de pensiones del INSS. Otra posible vía es que el INSS promueva la formación de ahorros para la jubilación y las pensiones, que están exentos de impuestos en Nicaragua.

Finalmente, entre las posibles políticas de reforma estructural para salvar al INSS de una debacle financiera en el futuro no es recomendable privatizar el sistema de seguridad social ni ni invertir los fondos de la seguridad social en acciones, porque preocupa el riesgo de las crisis de las bolsas, aunque si se invierten en títulos públicos aumenta los costos de endeudamiento del Estado y afecta al mercado privado de acciones.

En conclusión, la situación financiera del INSS continúa siendo un reflejo de los severos problemas estructurales del sector real (de la producción) y del mercado laboral (informal) de Nicaragua.





La importancia de las actividades económicas de Nicaragua

23 04 2017

El 12 de diciembre de 2014, el Banco Central de Nicaragua (BCN) presentó la Matriz de Insumo-Producto (MIP) 2006 de Nicaragua, cuya versión en función del número de industrias o actividad económica tiene un tamaño de 14×14 y puede ser encontrada en la página web de la autoridad monetaria.

De las 14 actividades económicas del país incluidas en dicha matriz, el 21% es actividad “isla”, el 29% es actividad “motor o impulsora”, el 36% es actividad “base” y el 14% es actividad “clave”. Esta identificación de las actividades económicas es posible gracias a Paul Rasmussen, uno de los exponentes de la metodología clásica de análisis estructural, que estimó los índices de Poder de Dispersión y Sensibilidad de Dispersión, también conocidos como Índices de Rasmussen.

La capacidad de una actividad económica para arrastrar a otras actividades relacionados con ella,  por la vía de la demanda de productos intermedios o insumos o materias primas, es conocida como encadenamiento “hacia atrás” o “efecto difusión”.

La capacidad de una actividad económica para estimular a otras actividades, por la vía de la demanda intermedia, o sea, que sus productos son demandados como insumos de las otras actividades económicas, es conocida como encadenamiento “hacia adelante” o “efecto absorción”.

Son actividades “islas” las de Gobierno General (gobierno central y alcaldías), Enseñanza y Salud (pública y privada), y Servicio Doméstico (que debía ser incluido en la Actividad de Otros Servicios de la MIP), porque muestran poco encadenamiento hacia atrás y hacia adelante. Estas 3 actividades económicas son poco importantes en la estructura productiva del país.

Son actividades económicas “motores o impulsoras” las de Minería, Construcción, Hoteles y Restaurantes, y Otros Servicios (comunales y personales), porque su efecto de arrastre “hacia atrás” es mayor que el encadenamiento promedio de la economía, pero su encadenamiento “hacia adelante” es inferior que ese encadenamiento promedio. En otras palabras, estas 4 actividades económicas tienen un mayor impacto sobre la economía que los impactos que se centran en ella.

Son actividades económicas “base o estratégicas” las de Agropecuario, Silvicultura y Pesca, Comercio, Transporte y Comunicaciones, Intermediación Financiera y Seguros, e Inmobiliarias y Servicios a las Empresas, porque su efecto de arrastre “hacia atrás” es inferior que el encadenamiento promedio de la economía, pero el encadenamiento “hacia adelante” es mayor que  dicho encadenamiento promedio. Estas 5 actividades económicas pueden estrangular la economía al ser sus productos muy demandados como insumos.

Son actividades económicas “clave” o actividades “motor y base” las de Industria Manufacturera y Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado, porque sus efectos de arrastre “hacia atrás” y “hacia adelante” son mayores que el encadenamiento promedio de la economía. Estas 2 actividades económicas producen insumos que son muy demandados e impulsan el crecimiento económico.

Se puede constatar, con información oficial correspondiente al año de 2016, que en la formación del Producto Interno Bruto (PIB) Real del país las actividades económicas “clave” participan con el  18.4%, las actividades económicas “base o estratégicas” con el 41.6%, las actividades económicas “motor” con el 26.9%, y las actividades económicas “islas” con el 13.1%.

Con el auxilio de la MIP 2006 de Nicaragua también se puede precisar las líneas de producción para promover el crecimiento económico del país. Esto equivale a responder cuáles son los productos “isla” que podría ser transformados en productos “motor o impulsor” del crecimiento económico del país. La respuesta a esa pregunta valida la afirmación que es necesario generar más valor agregado a los productos primarios o agropecuarios de la economía nicaragüense. La estrategia industrial de Nicaragua es la agroindustria.

Entre los productos “isla” se distinguen, por ejemplo, café, ajonjolí, banano, frutas, frijol, soya, vegetales, hortalizas, tubérculos, pescado fresco o refrigerado, plata, yeso, sal, aceite vegetal comestible, tejidos de punto, prendas de vestir, papel, cartón, vidrio, y los servicios gubernamentales, de investigación y desarrollo y de educación y salud tanto pública como privada.

Entre los productos “motores o impulsores” se destacan, entre otros, sorgo, huevos, agua natural, carne de ganado bovino, carne de ganado porcino, carne de aves, filetes de pescado, langosta, camarón, melaza, leche pasteurizada, quesos, arroz oro, productos de panadería, aguas gaseosas, hielo, calzado, productos farmacéuticos, artículos de cerámica, construcción de viviendas y edificios, y los servicios de alojamiento, de transporte aéreo nacional, de correo y de cable.

Entre los productos “base o estratégicos” figuran principalmente maíz, arroz granza, pastos, ganado vacuno en pie, leche sin elaborar, troncos de madera, oro, materiales de construcción, harina de trigo, impresos, diesel, fuel oil, productos de plástico, cemento, productos metálicos y los servicios comerciales, de transporte terrestre de carga, financieros, de informática, contabilidad y auditoría, científicos y técnicos, culturales y deportivos, y de reparación de automotores.

Los productos “clave” o “motor y base” son escasos en la economía nicaragüense. Entre ellos se observan los siguientes: caña de azúcar, ganado porcino en pie, aves de corral, cueros y su procesamiento industrial, camarón y langosta refrigerados, electricidad, agua potable, azúcar de caña, alimentos balanceados para animales, madera aserrada y los servicios de construcción, suministro de comidas y bebidas, de comunicaciones y de seguros y reaseguros.

Estos breves comentarios sobre la identificación de actividades económicas y productos claves, motores, bases e islas de la economía de Nicaragua pueden ser útiles para los empresarios que tratan de conocer la estructura productiva del país con el fin de tomar decisiones inversionistas con base en un enfoque de demanda. También podrían servir a los formuladores de políticas públicas para acelerar el crecimiento económico del país.





Validando el PIB Real 2016 de Nicaragua

15 04 2017

Vuelven las preguntas y las dudas sobre la medición del Producto Interno Bruto (PIB) Real del país que recientemente publicó el Banco Central de Nicaragua en su página web, aunque aún no está disponible el anuario de estadísticas macroeconómicas que sostiene esa medición. Con más razón persiste la incertidumbre alrededor del cálculo de las cuentas nacionales del país, porque el BCN ha cambiado o “actualizado” las tasas de crecimiento económico del período 2012-2014 y muy probablemente las registradas antes de 2012.

Entre los principales indicadores macroeconómicos contenidos en el Informe Anual 2016 del BCN, la tasa de crecimiento económico de 2012 es 6.5%, que superó el 5.6% antes publicado; la de 2013 es 4.9%, que superó el 4.5% anterior; la de 2014 es 4.8%, que superó el 4.6% previo; se mantuvo constante la tasa de crecimiento de 4.9% para 2015, es decir, no fue “actualizada”, y se presentó, por primera vez, la de 4.7% para 2016. Es obvio que la tasa de crecimiento de 2011 también ha sido revisada, porque si dejáramos invariable el PIB Real de 2010, la tasa de crecimiento económico de 2011 sería del orden de 7.0%, un dato que sería bastante cuestionable por el elevado subempleo y la creciente informalidad del mercado laboral observados en ese año. Con esas actualizaciones, la tasa de crecimiento promedio anual de la economía nicaragüense sería del orden de 5.2% durante el sexenio 2011-2016, pero debemos esperar la publicación del Anuario de Estadísticas Macroeconómicas 1960-2016 del BCN para confirmarla.

Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma que dirijo en la tarea de asesorar en el ámbito económico a las principales empresas radicadas en el país, ha cuestionado desde finales del año de 2014 los principales resultados macroeconómicos publicados por el BCN. COPADES ha manifestado que Nicaragua entró al estadio de crecimiento económico de 5% a 6% anual desde el año de 2015. También hemos sugerido públicamente al presidente de la República, Daniel Ortega, que apoye políticamente al BCN en la recopilación, crítica y procesamiento de los datos de la producción sectorial necesarios para determinar con una mayor certeza el nivel del PIB. También hemos recomendado al BCN someter su estimación del PIB a ciertas pruebas de verificación con algunas variables económicas clave, con el fin de validar su valor y las razones macroeconómicas fundamentales, tales como el déficit en cuenta corriente, la carga tributaria, el déficit fiscal, la deuda pública y la liquidez como porcentajes del PIB. Debido a la calidad de los resultados macroeconómicos publicados en el Informe Anual 2016, COPADES reitera la sugerencia y la recomendación antes mencionadas.

Ahora pasemos a la validación del PIB Real estimado por el BCN para 2016, con el auxilio de las variables clave de recaudación real (o en precios constantes de 2006) de los impuestos indirectos del Gobierno Central, el volumen del consumo de energía eléctrica en Mega Watt Horas (MWh) y, no obstante sea una variable secundaria por la informalidad del mercado laboral, el promedio anual de las personas activas cotizantes en el Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social.

En orden de importancia, con respecto al PIB Real existe correlación positiva casi perfecta entre las variables del consumo de MWh de energía eléctrica, 0.9923, el número promedio anual de ocupados activos asegurados en el INSS, 0.9914, y el monto real de la recaudación de impuestos indirectos del Gobierno Central (sin inflación, o sea, el monto nominal deflactado con el índice de precios al consumidor nacional), 0.9885. En otras palabras, cada una de las tres variables clave se mueve en la misma dirección del PIB Real, pero no involucra un supuesto implícito de causalidad.

Dada la casi perfecta relación lineal entre cada una de las variables clave (endógenas) y el volumen de la producción de bienes y servicios, PIB Real, (exógena), determinamos las elasticidades de cada una de dichas variables y el volumen de producción mediante una regresión log-log, con la corrección de la correlación serial si fuese necesaria, y con una muestra de datos correspondiente al período 1994-2015. Las elasticidades resultaron ser elásticas: un incremento de 1% en el volumen la producción de bienes y servicios conducirá  a un incremento de 1.25% en el volumen de consumo de energía eléctrica, a un incremento de 1.67% en el número promedio anual de personas activas aseguradas en el INSS y a un incremento de 1.15% en el monto real de impuestos indirectos del Gobierno Central.

Con los datos oficiales de las tres variables clave registrados para 2016, estimamos por tres vías la tasa de crecimiento económico del PIB Real de 2016: con el consumo de 3,297.5 miles de MWh de energía eléctrica, el PIB Real crece 6.43%; con 857.2 miles de personas activas aseguradas en el INSS, el PIB Real crece 6.48%; y con un total de impuestos indirectos de 18,864.5 millones de córdobas de 2006, el PIB Real crece 10.2%.  Ninguno de los tres resultados valida la tasa de crecimiento económico de 4.7% ni las principales razones macroeconómicas recientemente publicadas por el BCN y también anunciadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Tampoco se puede validar el valor del PIB Real con el volumen de consumo aparente de cemento, cuyos coeficientes de correlación y elasticidad con respecto al PIB Real son, en el mismo orden, 0.9366 (se aleja de la unidad) y 0.913 (es inelástica). Con el consumo aparente de 21,564.4 miles de quintales de cemento estimado por COPADES para 2016, el PIB Real crece apenas 3.22%. El volumen de producción de cemento aumentó, según COPADES, 4.93% en 2016, mientras que el BCN muestra una disminución de 0.1% en el valor agregado real de la Actividad de la Construcción, no obstante la creciente oferta de edificaciones verticales, principalmente destinadas a centros de negocios o al uso de oficinas, así como la dinámica inversión pública en construcción.

También se ha comprobado que el carácter preliminar del valor del PIB y de las principales razones macroeconómicas de Nicaragua abarcó, al menos 6 años dada la “actualización” de las tasas de crecimiento económico desde 2011 hasta 2015. Sin duda alguna, la calidad del análisis macroeconómico se ha complicado, por lo que vuelvo a sugerir al presidente del BCN, Ovidio Reyes, que preste más atención al personal encargado de elaborar las Cuentas Nacionales con los propósitos de fortalecer su especialidad técnica, de adiestrarlo en la recopilación, crítica y procesamiento de la información sectorial, y de mejorar su remuneración para transformarlos en profesionales de carrera en estos asuntos macroeconómicos.

Me olvidaba de agregar otra sugerencia al presidente del BCN: para el corto plazo, la estimación de las Cuentas Nacionales no requiere la construcción y la implementación de modelos econométricos de última generación. Nicaragua continúa siendo un país agropecuario y forestal, con un bajo índice de industrialización, una mayor participación de la producción de servicios y sólo cuatro actividades económicas han tenido cambios estructurales en sus procesos productivos: las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, comercio y servicios personales y comunales.





La inversión extranjera directa en Nicaragua

2 04 2017

Desde 1991 se restableció el flujo de la inversión extranjera directa (IED) en Nicaragua con un monto bruto anual de apenas 42 millones de dólares, atraído por el inicio de los programas fondomonetaristas de ajuste macroeconómico y de reforma estructural de la economía nacional con el legado del Consenso de Washington.

Con el dato preliminar de la IED para 2016 del orden de 1 mil 442 millones de dólares recién publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), en los últimos 26 años, o sea, entre 1991 y 2016, se ha acumulado un monto bruto de IED por 12 mil 343 millones de dólares, una cifra macroeconómica cercana a la del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal de 13 mil 230 millones de dólares correspondiente a 2016.

Desde el año de 2011, el flujo bruto anual de la IED ha sido más importante que el flujo de remesas familiares para financiar el elevado déficit comercial de bienes con el exterior, que siempre oscila alrededor del 20 por ciento del PIB. Este grave desequilibrio macroeconómico no se ha podido disminuir por la imposibilidad de la política cambiaria reptante imperante desde el 10 de enero de 1993 para lograr la depreciación del tipo de cambio real y establecer el estímulo cambiario al esfuerzo exportador, el cual es mantenido gracias al gasto tributario, es decir, a los estímulos tributarios mediante exoneraciones y exenciones en el pago de impuestos a los exportadores.

Visto desde el origen la IED, los primeros cinco países por importancia de los montos acumulados de IED son Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela y Panamá, de los cuales procede el 60 por ciento de ese total acumulado. Otros 60 países participan con el 40 por ciento en el total de la IED, entre los cuales sobresalen España, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Suiza y Suecia.

Por el lado del destino, el 55 por ciento del flujo bruto acumulado de IED se ha concentrado en los sectores productivos de bienes, entre los cuales se destacan la industria manufacturera, incluyendo las empresas del régimen de zona franca, y la generación de energía eléctrica y, por otro lado, el 45 por ciento se ha dirigido al sector servicios, principalmente en las actividades de telecomunicaciones y comercio.

La importancia de la IED estriba en contribuir a financiar la brecha externa, acelerar la tasa de crecimiento del PIB Real, disminuir el desempleo y garantizar la estabilidad macroeconómica del país. En la actualidad, los riesgos económicos y financieros de Nicaragua están muy bajos, pero el riesgo político provoca incertidumbre al haberse elevado desde el año pasado por las demandas de la población de un proceso electoral que se distinga por su transparencia, lo que ha promovido un diálogo entre las autoridades gubernamentales y la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), y por las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la falta de independencia de los Poderes del Estado.

Todos esos riesgos políticos afectan la atracción de la IED. Por ejemplo, la iniciativa de la “Nica Act”, que se aprobó sólo en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos el año pasado, si hubiese sido aprobada también por el Senado podría haber tenido un impacto negativo más importante en las decisiones inversionistas que en el financiamiento multilateral para la ejecución de proyectos y programas del sector público, pero no debemos olvidar que este riesgo continúa latente. Otro ejemplo sería un resultado inesperado del diálogo entre el Poder Ejecutivo de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA, que también podría conducir a una desaceleración importante de la IED debido a que Estados Unidos participa con el 20 en el flujo acumulado de la IED en el país. Ojalá que estos riesgos políticos sean disipados en el menor plazo posible.

Los riesgos económicos externos, que podrían afectar a la IED, están a la vista con la política comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El riesgo del proteccionismo comercial es la guerra comercial mundial resultante de la proliferación de aranceles a las importaciones de bienes, lo cual desaceleraría o estancaría el crecimiento de la producción mundial, en el mejor de los casos, o provocaría una nueva recesión mundial que podría desembocar en otra gran depresión económica, en el peor de los casos. Los precios de los bienes importados se incrementarían y la tasa de inflación mundial se aceleraría. En el mediano y largo plazo, el nuevo escenario económico mundial sería la estanflación, o sea, la caída de la producción acompañada de una elevada tasa de inflación. Ojalá que este riesgo económico externo se vea reducido a un supuesto que no se concrete en la realidad.

Varios economistas y políticos nicaragüenses afirman que Nicaragua atrae la IED por los bajos salarios de los trabajadores. Al no mejorarse la productividad y la competitividad de los productores, el mantenimiento de salarios reales bajos -o de un bajo poder adquisitivo de los salarios- implica que tal afirmación es una especialización de la pobreza. Esto último se puede ejemplificar con el hecho que el 62 por ciento de los hogares nicaragüenses, con todos sus ingresos, no puede adquirir los 53 productos de la canasta de consumo básico, de acuerdo con la base de datos de la VI Encuesta de Medición de Nivel de Vida (EMNV) de 2014, publicada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE).

Ojalá que las políticas públicas refuercen la competitividad internacional mediante el mejoramiento de la productividad y la competitividad empresarial, con más educación técnica, transferencia de tecnología a las empresas del país que no pueden adquirirla, atracción de empresas extranjeras y vincularlas a cadenas de producción locales, creación de posibilidades para financiamientos de largo plazo para promover las inversiones, continuar la ampliación de la infraestructura económica del país, crear incentivos para que los productores mejoren su productividad y mejorar la administración de la justicia. La  cuestión es saber si esto se puede hacer de una forma que cree condiciones para un crecimiento económico que favorezca a los pobres.





La competitividad de los bancos privados de Nicaragua en 2016

26 03 2017

Siempre que nos referimos a los bancos comerciales radicados en el país, tanto los análisis como las conclusiones se fundamentan en los datos publicados en la página web de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) de Nicaragua.

Al 31 de diciembre de 2016, Nicaragua tenía 7 bancos comerciales del sector privado –BANPRO, LAFISE BANCENTRO, BAC, BDF, FICOHSA, PROCREDIT y BANCORP, en orden de apertura al público- y 1 banco comercial de propiedad mixta (público-privado) -el Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS)*- que aún no capta depósitos del público, por lo cual no se incorpora al ranking de la banca comercial de Nicaragua.

Por sus activos, los tres bancos más grandes radicados en el país son, en orden de importancia, BANPRO, LAFISE BANCENTRO, BAC; el banco de tamaño mediano es el BDF y los bancos de tamaño pequeño son FICOHSA, PROCREDIT y BANCORP. Estos siete bancos cuentan con un patrimonio equivalente a US$805 millones, correspondiendo a los tres más grandes el 81% de dicho monto.

Con 1,461,607 de prestatarios y US$4,784 millones de préstamos, de este monto se ha destinado a la actividad comercial el 36%, a créditos personales el 20%, a préstamos hipotecarios el 13%, a la actividad industrial el 11%, a la actividad agrícola el 9% y a la actividad pecuaria el 2%. El 70.1% del crédito es otorgado en el Departamento de Managua.

La cartera de préstamos en riesgos, que incluye los montos vencido, prorrogados, reestructurados y en cobro judicial, así como el valor de los bienes recibidos en recuperación de crédito, apenas representa el 3% de la cartera de crédito bruta. En términos promedio ponderado, los préstamos tiene un plazo de 88 meses y una tasa de interés implícita de 10.8%.

En cuanto a los depósitos, su saldo total es equivalente a US$4,950 millones con 1,400,562 cuentas de depósitos en cuenta corriente, de ahorro y a plazos, y de ese total de cuentas, el 86% corresponde a depósitos de ahorro. Siempre en términos promedio ponderado, el plazo promedio de los depósitos es de 16 meses con una tasa de interés implícita de 2.6%. Por lo tanto, el margen financiero o diferencial de las tasas activas y pasivas es de 8.2 puntos porcentuales.

Todos los bancos están sólidos. La tasa de adecuación de capital legal –o sea, el capital con respecto a los activos en riesgo- es 10%, es decir, un banco puede prestar hasta 10 veces el monto de su capital. La más baja tasa de adecuación de capital es de 12.8% y corresponde  al BANPRO, mientras que la más alta es 26.6% y pertenece al BANCORP, seguido por el BAC con el 14.1%.

Para identificar el banco comercial más competitivo de Nicaragua, siempre recurrimos a tres parámetros financieros de importancia relevante para los socios y los miembros de las juntas directivas de los bancos, como son los índices de rentabilidad, liquidez y productividad. Cada uno de estos índices se estima con cuatro razones financieras.

Sorpresivamente, en 2016 LAFISE BANCENTRO fue el banco que tuvo el mayor índice de rentabilidad (108.6, Base: Banca Privada = 100), no obstante el banco líder en rentabilidad en el país ha sido FICOHSA, antes CITY y mucho más antes Banco Uno. En la historia de los ranking de la banca privada de Nicaragua elaborados por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), también han tenido el mayor índice de rentabilidad el BAC y el PROCREDIT.

LAFISE BANCENTRO fue el banco más rentable por primera vez, porque registró las mayores tasas de rentabilidad sobre capital y sobre activos, aunque fue el segundo banco con el menor margen financiero. Sin embargo, es curioso que para determinar el resultado del período de dicha entidad se incorporó el monto de 230 millones 99 mil 697 córdobas en concepto de resultado de la participación en subsidiarias y asociadas correspondiente a diciembre de 2016, que fue igual a 631 veces su monto registrado en noviembre de 2016, el cual ascendió a 364 mil 430 córdobas y se mantenía constante desde el 30 de junio de 2016, según el estado de resultados de dicho banco publicado por la SIBOIF.

El banco que tuvo el mayor índice de liquidez fue el BANCORP (177.38), porque fue el segundo banco con mayor disponibilidad de córdobas y el primer banco con mayor disponibilidad en dólares con respecto a sus depósitos en ambas monedas respectivamente, es decir, registró la mayor liquidez o disponibilidades en monedas nacional y extranjera como porcentaje de su activo total; además, fue el segundo banco con el mayor porcentaje de cartera de crédito de corto plazo.

El banco que tuvo el mayor índice de productividad fue el BANCORP (121.1), porque tuvo el mayor porcentaje de captación de depósitos con respecto a su patrimonio y la mayor proporción de sus ingresos no financieros con respecto sus gastos de administración -o sea, obtuvo la mayor productividad de servicios-, aunque ocupó el último lugar tanto en la eficacia en el manejo de la cartera –cartera de préstamos con respecto a los gastos administrativos- como en la eficacia en la generación de ingresos financieros -utilidades financieras con respecto a los gastos administrativos.

En conclusión, al concluir el año de 2016 cinco bancos comerciales mostraron un índice de competitividad mayor que el del sistema bancario de Nicaragua (entre paréntesis, el índice en porcentajes, Base: Banca Privada = 100): BANCORP (111.5), FICOHSA (107.9), LAFISE BANCENTRO (103.5), BAC (102.6) y BANPRO (102.2). Le siguieron el BDF (96.0) y el PROCREDIT (89.4). Por razones obvias, es necesario señalar que el BANCORP es el banco más joven del sistema, al abrir sus operaciones al público el 6 de abril de 2015.

*: A la fecha actual, 25 de abril de 2017, el Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS) continúa siendo un banco estatal, aunque la ley de su reforma contempla que puede transformarse en un banco de propiedad mixta, con la incorporación de socios del sector privado.





Información para los usuarios de la banca comercial de Nicaragua al 31 de diciembre de 2016

26 03 2017

Solidez

BANCORP es el que tiene la mayor cartera corriente, o sea que prácticamente no tiene cartera vencida, con 100.00%. Le siguen LAFISE BANCENTRO y BANPRO.

FICOHSA tiene la mayor proporción de la cartera vencida, la cual es igual a 1.27%. Le siguen BDF, BAC y PROCREDIT.

 

BANCORP posee la mayor adecuación de capital, 26.56%. Le siguen FICOHSA y BAC.

BANPRO presenta la menor adecuación de capital, 12.77% (la norma establecida es 10%), seguido por LAFISE BANCENTRO, BDF y PROCREDIT.

 

LAFISE BANCENTRO tiene el mejor colchón para riesgos, ya que su reserva de cartera y su patrimonio es igual a 54.42 veces el monto de crédito vencido. Le siguen BANPRO y BAC.

BDF posee el menor colchón para riesgos, debido a que su reserva de cartera y su patrimonio es igual a 15.65 veces el monto de crédito vencido, seguido por FICOHSA y PROCREDT.   BANCORP no tiene créditos vencidos.

 

BAC muestra la mayor cobertura contra riesgos cambiarios, o sea la menor proporción de la liquidez en córdobas neta de depósitos a la vista en córdobas en relación con el activo total. Le siguen el LAFISE BANCENTRO y BANPRO.

FICOHSA tiene la menor cobertura contra riesgos cambiarios, seguido por BDF, PROCREDIT y BANCORP.

 

Accesibilidad

BANCORP ofrece más servicios al público, al representar sus ingresos no financieros el 21.45% del monto de la cartera de crédito bruta. Le siguen FICOHSA Y LAFISE BANCENTRO.

PROCREDIT ofrece menos servicios al público, al representar sus ingresos no financieros el 2.21% del monto de la cartera de crédito bruta, seguido por BDF, BANPRO y BAC.

 

BAC tiene más usuarios de crédito, con un total de 522,638 prestatarios, que representan el 35.76% de todos los clientes que obtuvieron préstamos en el sistema bancario. Le siguen  BANPRO y FICOHSA.

BANCORP tiene menos prestatarios, sólo 115 clientes, seguido por PROCREDIT, BDF y LAFISE BANCENTRO.

 

FICOHSA cobra la mayor tasa de interés anual sobre préstamos en córdobas y dólares, con el 16.00%. Le siguen PROCREDIT con el 15.44%, y BDF con el 10.60%.

BANCORP cobra la menor tasa de interés anual sobre préstamos en córdobas y dólares, con el 4.84%. Le siguen BAC con el 10.20%, LAFISE BANCENTRO con el 10.21% y  BANPRO con el 10.54%.

 

BAC registra el mayor número de cuentas de depósitos de ahorro y a plazos, con un total de 433,460. Le siguen BANPRO y LAFISE BANCENTRO.

BANCORP tiene el menor número de cuentas de depósitos de ahorro y a plazo, con 418. Le siguen FICOHSA, PROCREDIT y BDF.

FICOHSA paga la mayor tasa de interés anual sobre depósitos de ahorro y a plazo en córdobas y dólares, con el 4.59%. Le siguen PROCREDIT con el 2.93% y BDF con el 2.80%.

 

BANPRO paga la menor tasa de interés anual sobre depósitos de ahorro y a plazo en córdobas y dólares, con el 2.44%. Le siguen LAFISE BANCENTRO con el 2.506%, BAC con el 2.511% y BANCORP con el 2.58%.

 

BDF tiene la mayor relación de crédito financiado con los depósitos del público, con un 137.94%. Le siguen PROCREDIT y FICOHSA.

BANCORP tiene la menor proporción de crédito financiado con los depósitos del público, con un 28.25%. Le siguen  BAC, FICOHSA y PROCREDIT.