Las reiteradas intenciones de la política monetaria de Nicaragua

15 04 2018

Al concluir el primer trimestre de 2018, en Nicaragua la noticia económica más relevante ha sido el aumento de US$134 millones en las reservas internacionales brutas administradas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), que garantizan, por supuesto, la estabilidad del tipo de cambio reptante con un deslizamiento anual preanunciado de 5% y una volatilidad fija de 0.4% desde enero de 2004- y de una baja tasa de inflación interanual de 4.84% en marzo de este año.

El aumento de dichas reservas se logró con la compra neta de US$84 millones realizada principalmente en la mesa de cambios y con el incremento de US$31 millones en el saldo de encaje en moneda extranjera que los grupos financieros mantienen en el BCN. Cabe observar que la tasa de encaje catorcenal efectiva en moneda extranjera fue igual a 18.3% (del saldo total de estos depósitos en el sistema financiero nacional), 3 puntos porcentuales por arriba de la tasa de encaje legal.

Desde el año de 2012, Nicaragua no recibe cooperación externa para apoyo a la balanza de pagos ni para apoyo presupuestario, es decir, divisas líquidas de libre disponibilidad,  para aumentar reservas internacionales, incrementar el gasto social y reducir la pobreza, porque no suscribió un programa de ajuste económico y de reformas estructurales con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La cooperación oficial externa de US$51 millones que recibió el sector público no financiero se limita a divisas líquidas atadas a programas y proyectos, pero fue neutral para el aumento de susodichas reservas porque la autoridad monetaria pagó US$48 millones en concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa.

Sin embargo, el BCN continuó implementando su descalibrada tarea de continuar sacando córdobas de circulación observada desde mayo de 2016. La política monetaria es tremendamente contractiva e impide acelerar el crecimiento económico, ya que el objetivo primario es defender la posición de las reservas internacionales tras el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela.

Esa contracción monetaria se reflejó con la disminución de los activos internos netos del BCN del orden de C$2,881 millones, mediante la colocación neta de Letras subastadas por C$4,167 millones y la colocación de Letras con plazo de 1 día del orden de C$450 millones, esta última justificada por el BCN como “necesaria” para poder establecer un curva de rendimiento de corto plazo, o sea, desde 1 día hasta 1 año pasando por meses o por trimestres, pero deja a entrever la “preocupación” de que no se rompa la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica que establece un saldo de reservas internacionales brutas igual a 2.5 veces el saldo de la base monetaria. Al 31 de marzo, dicha condicionalidad se expresó con 2.84 veces.

Consecuentemente, la cantidad de córdobas que circulan fuera del sistema financiero nacional, o sea, los córdobas que se encuentran en las cajas de las empresas no financieras y en los bolsillos de los agentes económicos, que en macroeconomía se conoce como numerario, disminuyó C$814 millones entre el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, no obstante que en marzo se observó una mayor demanda estacional de dinero por el cese tradicional del trabajo en la Semana Santa.

En otros artículos económicos he señalado que la contracción monetaria que impulsa el BCN a lo largo de diez meses del año, excluyendo marzo y noviembre, obedece a que no se pudo encontrar a un sustituto de Venezuela para obtener un préstamo, ya no digamos muy concesional sino semi concesional, que facilitara proteger en vez de gastar las reservas internacionales con las importaciones de petróleo y sus derivados.  Actualmente, los dos principales suplidores de hidrocarburos que tiene Nicaragua son Estados Unidos y México y las compras se pagan en efectivo.

Así, la contracción del numerario es dirigida para reducir la demanda de divisas de los agentes económicos para realizar importaciones de bienes de consumo, materias primas y maquinaria y equipo, y esto trastoca los objetivos de la producción empresarial, así como la administración de los inventarios, y desacelera el crecimiento del gasto real en bienes y servicios de consumo final. Todo esto desacelera la tasa de crecimiento económico del país.

Por eso, desde hace varios años el BCN se ha encerrado en el círculo de la proyección de la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) Real de entre 4.5% y 5.0%, una proyección demasiado “optimista” para el presidente del BCN, Ovidio Reyes, no obstante que esa variación de la producción es insuficiente para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza.

El cumplimiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica del país ha inducido al BCN, en el transcurso de los últimos años, a sacar temporalmente de circulación un monto en córdobas equivalente a US$100 millones, a solicitar a las entidades financieras excedentes de encaje en moneda nacional que elevan la tasa de encaje efectiva a niveles cercanos de 30% -la tasa de encaje legal es 12% diario y 15% catorcenal-, y a comprar entre US$50 millones y US$100 millones en la mesa de cambios.

En conclusión, todo éxito tiene un costo, aún en política económica. La estabilidad macroeconómica de Nicaragua se mantiene gracias a una desaceleración del crecimiento de la producción, principalmente aquélla destinada al mercado interno.

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TABLA DE ASEGURADOS ACTIVOS EN LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS EN 2017

13 04 2018

TRABAJADORES ACTIVOS COTIZANTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CENTROAMÉRICA





TABLA DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA

9 04 2018

Nota: Se corrigieron las tasas de cotización del empleador y del empleado correspondientes a Honduras, porque en el artículo anterior sólo se mostraba el Régimen del Seguro de Previsión Social/Pilar de Capitalización Colectiva (IVM).

A las tasas anteriores se agregaron las tasas del Régimen del Seguro de Atención de la Salud/Pilar Contributivo, del Régimen del Seguro de Cobertura Laboral y del Régimen del Seguro de Previsión Social/Pilar Complementario de Cuentas Individuales Profesionales.

Agradecemos su comprensión al respecto.

Presentación1

 

 





Sobre el salvataje del INSS y la política fiscal

8 04 2018

Entrevista de Trinchera de la Noticia al economista Néstor Avendaño, presidente de COPADES

¿Qué piensa de las medidas que barajan los técnicos del BCN para “salvar” a la Seguridad Social (aumento a las cotizaciones obrero-patronales, congelamiento del monto de las pensiones, entre otras)?

Antes de todo, no son los técnicos del Banco Central de Nicaragua (BCN) sino los del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) los que propongan y expliquen la propuesta gubernamental para el salvataje del INSS, apoyados por supuesto, por los técnicos de finanzas públicas que se encuentran en el BCN. Estimo que el conocimiento, la calidad técnica y la experiencia de los asuntos fiscales y de seguridad social están presentes en el MHCP y el INSS.

Las medidas que se están discutiendo en el BCN -deberían hacerse en el MHCP- son contradictorias con el objetivo macroeconómico de evitar la desaceleración del crecimiento económico del país. El efecto de la tasa de cotización de seguridad social es similar al de un impuesto directo, en este caso sobre el salario bruto de los trabajadores y la planilla de las empresas, implicando costos a estos agentes económicos, aunque al cierre del año fiscal estas prestaciones laborales por seguridad social se deduzcan del pago del impuesto sobre la renta.

Una mayor tasa de cotización -los servidores públicos proponen 22.5% para los empleados y 7.0% para los trabajadores con la “extravagancia” de eliminar el techo salarial sujeto a la cotización, es decir, aplicar ambas tasas al salario devengado- afectará en una forma más contundente a la micro, la pequeña y la mediana empresas, y, en términos generales, reducirá el poder adquisitivo de los salarios y la rentabilidad de las empresas, desestimulará la inversión extranjera directa y la inversión doméstica, y generará pérdidas de empleos formales y un mayor volumen de empleo informal y de subempleo, esto último principalmente entre los jóvenes, los 120,000 nuevos desempleados que anualmente ingresan por primera vez al mercado laboral del país.

Los servidores públicos deberían tener presente que Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica y del Caribe, tiene la más alta tasa de cotización del empleador de 19.0% entre los países centroamericanos, seguida por la de Costa Rica de 14.33%, la segunda economía más importante del istmo después de la de Panamá.

¿Qué piensa de las declaraciones del presidente del COSEP sobre una negociación tripartita y la aceptación de que los empresarios y trabajadores están dispuestos a pagar más al INSS?

La solución de los problemas financieros del INSS debería trascender de una negociación tripartita entre Estado-empresarios-trabajadores hacia una que involucre a la mayoría de los sujetos y organizaciones calificados para esta discusión, principalmente universidades, centros de pensamiento, sociólogos, economistas, entre otros.

En la reforma del INSS del año de 2014, el aporte de los empresarios se concentró principalmente en aumentar su tasa de cotización 3 puntos porcentuales, de 16% a 19%, y hoy vuelve a repetirse la historia del mismo aumento con 5 décimas porcentuales más, al proponerse en 22.5%. Uno de los principales problemas que tiene el INSS es su elevado gasto administrativo, por lo cual sería más conveniente concentrar el salvataje en la reducción de este gasto que es equivalente al 12% del Producto Interno Bruto (PIB), el doble de lo que estipula la legislación, 6% del PIB. Por esto, sugiero al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, tratar de minimizar el aporte empresarial, porque ya lo han maximizado en la reforma anterior.

Presentación1

Cabe recordar que el aporte de los trabajadores a la cotización de seguridad social se ha mantenido constante en el nivel de 6.25% desde el 1 de mayo de 2000, pero no sugiero aumentar esta cotización hasta 7.0% porque los recursos de la seguridad social son propiedad de los trabajadores, ellos no son los responsables de la mala situación financiera del INSS y, además, la mayoría de ellos devenga un salario que no les permite adquirir la canasta de consumo básico.

¿Por qué nadie está hablando de las reformas estructurales? ¿No son necesarias o las están evitando?

Aparentemente, el problema financiero del INSS es fácil de resolver, porque se trataría de aumentar las cotizaciones o reducir las prestaciones, según se desprende de la propuesta gubernamental que se está discutiendo en el BCN.

Sin embargo, existen problemas estructurales que afectan al INSS entre los cuales se distinguen la disminución de la proporción del número de trabajadores activos asegurados con respecto al número de pensionistas, la baja productividad de la economía, la baja cobertura de la seguridad social y el bono demográfico que se extingue en 2030.

Mi apreciación es que por asuntos estrictamente políticos no se han presentado propuestas de reformas estructurales. Ameritarían discusión los temas del traslado de las pensiones reducidas y de víctimas de guerra del INSS al Presupuesto General de la República, el aumento de la edad de jubilación dado el mejoramiento notable de los indicadores demográficos y de salud, el ajuste de las pensiones con el índice del costo de vida en vez de usarse la tasa de devaluación, que se aplica a la mayoría de las pensiones, o la tasa de crecimiento del PIB Nominal, que se aplica sólo a la pensión reducida.

¿Por qué hay que incluir en las negociaciones la reforma fiscal?

El traslado de las pensiones reducidas y de las víctimas de guerra obliga a una reforma del gasto público, con el propósito de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, la política del gasto del presupuesto nacional no debe confundirse con la reforma del INSS.

Un mayor gasto del Gobierno Central en concepto de pensiones que no le corresponden al INSS no es una incumbencia del INSS, sino del MHCP. Por esta razón, no es correcto negociar en “combo” una reforma fiscal y una reforma del INSS, aunque se reconozca que el actual problema financiero del INSS ya está provocando problemas al presupuesto nacional a través de la emisión de deuda pública interna para financiar el déficit del ente asegurador.

Una reforma fiscal no es una reforma tributaria, como suele ser enfocada por las autoridades gubernamentales. Pero también es necesario analizar y reformar el gasto público, evaluar la productividad del trabajador gubernamental, dar más espacio fiscal a la inversión pública para facilitar la aceleración del crecimiento de la producción en función de una estrategia económica ya establecida, concentrar los subsidios entre la población pobre, mejorar los servicios de educación y salud, corregir las desviaciones del endeudamiento público, entre otros aspectos de la política fiscal.

El presidente del COSEP dice que debe retomarse la negociación de las exoneraciones. ¿Qué piensa de eso?

Es necesario retomar la eliminación de las exoneraciones del IVA a las importaciones agropecuarias, pequeña industria y pesca artesanal aconsejada por la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de 2017, cuyo objetivo es contribuir al establecimiento de un colchón fiscal equivalente a 1.6% del PIB para que el gobierno pueda enfrentar los nuevos riesgos de la economía, entre ellos la caída del préstamo petrolero de Venezuela.

Aunque la eliminación de las exoneraciones del IVA ya fue considerada en la Ley de Concertación Tributaria (LCT), sugiero a los empresarios que no teman la eliminación de dichas exoneraciones, cuyo impacto se trasladará a los precios al consumidor y generará una mayor presión inflacionaria. Los empresarios podrán volver a tener acceso a las susodichas exoneraciones si presentan al MHCP proyectos de inversión que cumplan uno los tres objetivos siguientes: aumento del empleo, aumento de las exportaciones y mejora tecnológica de la empresa, tal como se aprobó en la LCT.

También sugiero a los empresarios solicitar a las autoridades gubernamental que, por razones de equidad tributaria, se tendría que disminuir la tasa de 15% del IVA, debido a la eliminación de las exoneraciones.

Además, los empresarios también deber poner a discusión la reducción gradual de la tasa del impuesto sobre la renta (IR) de 30% a 25%, que se vinculó con la eliminación de las exoneraciones del IVA, con más razón ahora que la administración del presidente Donald Trump disminuyó la tasa de la renta corporativa estadounidense de 35% a 21%. Los servidores públicos discuten en el BCN reducir la tasa del IR de 30% a 27%, una disminución tímida si se deseara mantener la atracción de la inversión extranjera directa o estimular la reinversión de utilidades de las empresas estadounidenses radicadas en el país. No hay que olvidar que la principal fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos es la inversión extranjera directa.

 





Negociación de la deuda con Rusia fue una partida de ajedrez

3 04 2018

Entrevista de Trinchera de la Noticia al economista Néstor Avendaño, presidente de COPADES

El economista Néstor Avendaño fungió como asesor del ministro de Cooperación Externa, Erwin Krüger, en asuntos macroeconómicos y como consultor del Equipo Renegociador de la Deuda Externa de Nicaragua durante la administración de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro.

-¿Cómo se llega a la deuda con Rusia en los años 80? ¿En qué consistía?

La asistencia económica de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a Nicaragua tomó fuerza en el segundo quinquenio de la década de los ochenta del siglo pasado, después del embargo comercial establecido por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, puesto en vigor a partir del 1 de mayo de 1985, que prohibió la importación y exportación de productos entre ambos países y afectó al tráfico aéreo y marítimo entre Estados Unidos y Nicaragua.

Ese embargo comercial fue levantado el 13 de marzo de 1990 por el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, al ganar las elecciones presidenciales la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro, lo que coincidió con la declaración de Ronald Reagan sobre su relación con los implicados con el Irangate, cuando varios altos funcionarios de la administración estadounidense vendieron armas a Irán para desviar dinero a la contra.

Aunque la ex URSS sólo entregó donaciones a Nicaragua en el primer quinquenio de la década de los ochenta, dicho país fue el principal acreedor bilateral externo que tuvo Nicaragua en esa década.

-¿En qué términos fue negociada en los años 80?

La deuda con la ex URSS se concentró principalmente en materias primas, maquinaria y equipo, repuestos, alimentos y asistencia técnica. Anualmente, la ex URSS concedió préstamos a Nicaragua para facilitarle la disponibilidad de entre 250 y 300 toneladas de petróleo, tractores, camiones de carga, camiones para la actividad de la construcción, carros marca LADA, 300,000 toneladas métricas de trigo y 10,000 toneladas métricas de arroz, este último comprado en Italia. Cabe aclarar que la cooperación militar contratada con la ex URSS se manejó exclusivamente entre los ejércitos de ambos países y fue condonada por Rusia.

A finales de 1989, la deuda pública externa de Nicaragua ascendía a US$9,579 millones, que equivalía a casi 9 veces el Producto Interno Bruto (PIB) y a 31 veces el valor anual de las exportaciones de bienes FOB del país, y sólo pagaba US$65 millones anuales en concepto de intereses y amortizaciones a los acreedores externos, una cifra que era igual a 21% de las exportaciones de bienes FOB y a 6% del PIB. El perfil de la deuda pública externa era bilateral: el 68% correspondía a países, el 18% a la banca comercial, el 12% a instituciones financieras multilaterales y el 2% a proveedores. Así, Nicaragua tenía la ventaja de poder reestructurar la mayor parte de su deuda externa.

-¿Cómo surgen las negociaciones en los años 90?

Las negociaciones para la reestructuración de la deuda con la ex URSS, de ahora en adelante la denominaremos Rusia, se iniciaron en 1992, cuando Nicaragua estaba embarcada en un programa “Stand-By” del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La insistencia o la presión del FMI para que el gobierno de Nicaragua reestructurara la deuda externa con Rusia se debió al fuerte aumento de la mora que provocaba un gran déficit de la balanza de pagos del país, que alcanzó el nivel de 36% del PIB en 1989. Esto era un obstáculo para la atracción de la inversión extranjera directa.

-¿Cuáles fueron las etapas del proceso de renegociación? ¿En qué términos se negoció entre los gobiernos?

El primer paso de este proceso fue la conciliación del saldo de la deuda ente ambos países. Ese saldo debía tomar en cuenta el tipo de cambio del rublo con el dólar estadounidense estipulado en los contratos originales, incluyendo la capitalización del monto de intereses en mora. En esta forma, el primer monto total adeudado fue equivalente a US$2,937 millones a finales de 1990.

Por supuesto que se encontraron problemas en esta fase de la negociación. Por ejemplo, había que determinar un tipo de cambio adecuado para aplicarlo a la deuda denominada en rublos. Los términos originales de la contratación de esta deuda indicaban un tipo de cambio de 60 centavos de rublo por un dólar estadounidense, pero el rublo estaba muy devaluado en los momentos de la renegociación. El tipo de cambio era mayor de dos mil rublos por un dólar estadounidense. Otro problema era la documentación de la representatividad de Rusia en las negociaciones, con el fin de evitar futuros reclamos que pudiesen presentarse por parte de repúblicas de la ex URSS que no estaban representadas en estas discusiones.

Rusia continuó concediendo préstamos por US$320 millones a Nicaragua en los dos primeros años de la administración Barrios vda. de Chamorro. Al mes de abril de 1996, el saldo adeudado por Nicaragua se aproximaba a US$3,600 millones, que representaba el 35% del total de la deuda pública externa del país, sin incluir ninguna obligación en concepto de productos militares.

Se logró reducir el monto arriba señalado a US$3,444 millones, gracias al acuerdo de un tipo de cambio adecuado de rublos por un dólar estadounidense. En resumen, sobre la base de los términos del alivio de la deuda externa fijados por el Club de París, tras seis rondas de negociaciones Rusia condonó el 90% de ese saldo, por lo cual Nicaragua pagaría sólo US$344.4 millones en un plazo de 15 años con una tasa de interés igual a la LIBOR (London Interbank Offered Rate) más 0.4%, sujeta a los siguientes límites: piso, 4%; techo, 8%. Este acuerdo tuvo una concesionalidad especial: si algún país otorgara una condonación mayor de 90%, Rusia concedería ese mayor porcentaje de condonación al saldo de la deuda reestructurada.

Así concluyó Nicaragua la reestructuración de su deuda con Rusia el 8 de octubre de 1996, ya embarcados en el primer programa de ajuste económico y de reforma estructural con el FMI, conocido popularmente como ESAF por sus siglas en inglés (Enhanced Structural Adjustment Facility o Facilidad Ampliada de Ajuste Estructural). Puedo concluir que Rusia fue bondadosa en las negociaciones de la reestructuración de la deuda de Nicaragua.

¿Qué anécdotas recuerda de ese proceso?

En los cuatro años de negociación con Rusia, fue muy fácil demostrar que Nicaragua tenía una limitada capacidad de pago, mejor dicho, una incapacidad de pago de sus obligaciones de deuda externa.

El pago del servicio (intereses y amortizaciones) de la deuda reestructurada con Rusia se sujetó al programa de ajuste económico y de reforma estructural suscrito entre Nicaragua y el FMI, mientras que el alivio en el pago de la deuda reestructurada se vinculó con el otorgado por el Club de París.

Tomando en cuenta los préstamos a la administración Barrios vda. de Chamorro, la condonación de la deuda de Nicaragua con Rusia representó una reducción del 98% de la deuda contraída por la administración Ortega.

En los términos del Club de París, la reducción de la deuda con Rusia representó el 100% de la deuda “pre-cut-off-date”, es decir, préstamos con vencimientos firmados antes de la fecha de corte que era el 1 de noviembre de 1988, la cual ascendía aproximadamente a US$3,077 millones. Y también representó el 34% de la deuda “post-cut-off-date”, préstamos con vencimientos firmados después de la misma fecha de corte, que totalizaban aproximadamente US$523 millones.

En octubre de 1996, en el mismo mes y año que se concluyó la reestructuración de la deuda con Rusia, salió al mundo la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés), impulsada por el Grupo de los 7 (G-7), o sea, una iniciativa de los países más ricos para perdonar la deuda de los países más pobres, que fue administrada por el FMI.

Rusia ingresó al Club de París en 1997.

El 23 de enero de 2004, Nicaragua arribó al Punto de Culminación “Flotante” de la Iniciativa HIPC, lo cual implicó que el Club de París condonara el 100% de la deuda de 43 países pobres muy endeudados del mundo.

Rusia tuvo que anular la deuda de Nicaragua pendiente de pago en el marco de la reestructuración alcanzada en octubre de 1996. En vez de mantener la condonación de 90% de la deuda reestructurada, Rusia tuvo que aplicar la concesionalidad especial de condonar el 100% de la deuda reestructurada de Nicaragua aún pendiente de cancelación. Nicaragua había honrado sus compromisos de pago a Rusia entre el 8 de octubre de 1996 y el 23 de enero de 2004. Habían transcurrido 7.4 años del plazo de 15 años para que Nicaragua cancelara el saldo de la deuda reestructurada.

En la actualidad, aún tenemos limitaciones en el endeudamiento externo, lo cual se puede demostrar con el bajo monto anual de intereses y amortizaciones pagado a los acreedores externos, que es equivalente al 7.7% de la suma del valor de las exportaciones de bienes FOB y del valor neto de la maquila.

Los préstamos muy concesionales contratados por Nicaragua desde 1990, principalmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA), tienen plazos entre 15 y 40 años, entre 5 y 10 años de gracia y tasas de interés entre 0.75% y 3.5%. Nicaragua ha mantenido la condicionalidad del elemento de concesionalidad de al menos 35% en la contratación de la nueva deuda pública externa del país, y necesita mantenerlo por muchos años más.





El impune Eduardo Montealegre continúa protegido por el Poder Judicial

2 04 2018

Siete servidores públicos del Poder Judicial continúan manteniendo la impunidad de Eduardo Montealegre desde hace 19 meses, porque obstruyen mi acceso a la justicia para que el querellado responda por su presunto delito penal de injurias y calumnias contra mi persona.

Cinco de esos servidores públicos son magistrados: Alba Luz Ramos, Juana Méndez Marvin Aguilar y Virgilio Gurdián, y Gerardo Rodríguez; y dos más son los jueces María Ivette Pineda Gómez y Donaldo Ignacio Alfaro García, quienes, aparentemente, continúan esperando que se reparen las fallas del sistema automatizado de control y asignación de salas de Complejo Judicial Central de Managua desde el 2 de septiembre de 2016, el argumento que me presentaron para suspender las dos audiencias iniciales que se habían programado para esa fecha. Por esta razón, el 13 de marzo de 2017 desistí públicamente de pedir justicia al Poder Judicial, pero nunca dejaré de reclamarla públicamente.

El presunto violador de los derechos humanos más connotado, el inmune más privilegiado y el impune más famoso del país, Eduardo Montealegre, también estuvo protegido a lo largo de ocho años por el Poder Legislativo, escudado con la inmunidad que le confería su cargo público de diputado de la Asamblea Nacional. Los servidores públicos que lo protegieron en primera instancia entre agosto de 2008 y agosto de 2016 fueron los primeros secretarios de dos juntas directivas de la Asamblea Nacional, los diputados Wilfredo Navarro y Alba Palacios.

En resumen, el querellado ex diputado violador de los derechos humanos ha tenido la protección de dos Poderes del Estado de Nicaragua durante 9 años y 7 meses, un lapso muy prolongado para la satisfacción de su ego y soberbia porque se cree -y lo creen- por encima de la ley, yo diría al margen de la ley, pero esa anómala situación en que se encuentra este presunto delincuente es producto del vergonzoso dogma de que los políticos criollos se protegen entre ellos mismos.

Por ese tiempo acumulado en que también han violado mi derecho al acceso a la justicia, denuncié la presunta delincuencia del ciudadano nicaragüense Eduardo Montealegre en la Organización de Estados Americanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, la Internacional Liberal y la Unión Interparlamentaria, con especial atención a las instancias de derechos humanos de dichos organismos internacionales.

Sencillamente, la Ley no puede ser atropellada por un impune y la conducta delictiva no puede ocultarse ante la Justicia. Las pruebas del presunto delito cometido por Eduardo Montealegre son suficientes. Sólo falta su presencia en dos juzgados, o sea, que el Poder Judicial no continúe protegiéndolo y fortalezca el Estado de derecho.





Los riesgos de la economía continúan acumulándose

25 03 2018

Desde el año de 2016, la política económica de Nicaragua, principalmente su componente monetario, se ha administrado con cuestionadas disposiciones que conducen a señalar que la macroeconomía se ha vuelto muy frágil, mientras que su componente fiscal ha guardado un pronunciado descanso que se explica, muy probablemente, por la realización de las campañas políticas para elegir autoridades nacionales y municipales en el transcurso de los últimos dos años.

Por su parte, el régimen cambiario reptante, que funciona sólo en el corto plazo, se ha mantenido desde el 10 de enero de 1993, mientras que la tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial ha permanecido congelado desde el 1 de enero de 2004, sin dar lugar a la gradual reducción de dicha tasa de deslizamiento que propicie el establecimiento de un régimen de bandas cambiarias, el cual está funcionando en el resto de países centroamericanos que tienen moneda propia. Además, el Banco Central de Nicaragua (BCN) es un rehén de su política cambiaria debido a la proliferación de mecanismos de indexación de precios en córdobas con el tipo de cambio y por la nula volatilidad del tipo de cambio oficial nominal, que es igual a casi 0%.

Dos riesgos exógenos se presentaron en el ámbito económico de Nicaragua desde hace dos años, como son (i) el desplome de la cooperación petrolera de Venezuela, que al mantenerse con todo su vigor contribuyó a garantizar la estabilidad del tipo de cambio y de una baja presión inflacionaria, y (ii) el proceso de aprobación de la NICA Act en el Congreso de Estados Unidos que pone en riesgo la inversión extranjera y el acceso a préstamos multilaterales muy concesionales, a los cuales se agregó (iii) la aplicación, por parte del gobierno de Estados Unidos, de la Ley Magnitsky Global en diciembre de 2017, que puede afectar a personas jurídicas y naturales de Nicaragua. También se observa desde 2013 un riesgo interno muy importante, como es el creciente déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Para mantener la estabilidad macroeconómica, a través del manejo de dos saldos monetarios en manos del BCN, uno el de las reservas internacionales brutas y el otro el de la base monetaria compuesta principalmente por la emisión de córdobas, se han observado acciones de política monetaria atípicas para que el primer saldo fuese igual a o mayor que 2.5 veces el segundo saldo.

Por ejemplo, al final de un trimestre o de un año, se han depositado en el BCN, por escasos días, decenas de millones de dólares en concepto de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera en las instituciones del sistema financiero nacional, elevando la tasa de encaje catorcenal “efectiva” hasta niveles cercanos al 20%, mientras que la tasa legal catorcenal es 14%; o se han depositado en el BCN excedentes de encaje en córdobas, elevando la tasa de encaje “efectiva” a niveles cercanos al 30%; o la “profundización” de las operaciones de mercado abierto, mediante colocaciones de Letras Estandarizadas del BCN con plazo de 1 día, porque el 85% de las subastas tradicionales de Letras del BCN se concentran en plazos de 7 días, 14 días y 1 mes, lo cual manifiesta cierta desconfianza entre los inversionistas financieros.

Por otro lado, en el ámbito de las finanzas públicas, y de acuerdo con las comunicaciones oficiales públicas, se puede concluir que casi nada se ha formulado o aprobado en las esferas gubernamentales. No se logró reducir la alícuota máxima de 30% a 25% del impuesto sobre la renta ni se pudo eliminar las exenciones o exoneraciones del pago del impuesto del valor agregado (IVA); no se logró confeccionar el “colchón” fiscal equivalente a 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB) para acumular reservas fiscales y enfrentar los impactos de los riesgos económicos; y no se ha iniciado el ajuste de las finanzas del INSS, que tiene más ribetes estructurales que administrativos.

Otros tres riesgos externos asociados con la política fiscal y comercial de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, harán presencia en el escenario económico de Nicaragua:

  • la reducción del impuesto sobre la renta corporativa de 35% a 21% en Estados Unidos, que facilitará la repatriación de utilidades y de capitales de empresas estadounidenses radicadas en el resto del mundo hacia Estados Unidos, lo cual provocará una disminución del flujo de inversión extranjera directa;
  • el aumento de US$1,291 millones del gasto federal en infraestructura económica y defensa en un momento en que la economía estadounidenses está casi en pleno empleo, lo cual apreciará al dólar, aumentará la inflación -tanto la estadounidense como la importada-, hará más agresivas las alzas de la tasa de interés de la Fed para contrarrestar las presiones inflacionarias en la primera economía mundial, y hará más caro y más escaso el financiamiento externo; y
  • los impactos de la guerra comercial declarada por Estados Unidos a China, que elevará los aranceles de las importaciones estadounidenses -hasta ahora, 30% sobre los paneles solares, 25% sobre el acero, 20% sobre grandes lavadoras residenciales y 10% sobre el aluminio-, y perjudicará la recuperación económica a través de menos importaciones, menos exportaciones y más desempleo.

A medida que pasa el tiempo, los efectos de los riesgos externos e internos continúan acumulándose y no se observan las propuestas gubernamentales para enfrentarlos, excepto los avances notables en la contratación y los desembolsos de la cooperación internacional al sector público observada principalmente en 2017.

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por el Sr. Fernando Delgado, ha estado aconsejando una serie de acciones de política fiscal y financiera desde hace un año, y varios colegas economistas, entre ellos el suscrito, también hemos presentado públicamente muchas recomendaciones que apuntan a la búsqueda de soluciones de los problemas arriba planteados.

Por estas razones, sugiero al Presidente Daniel Ortega que instruya al gabinete económico para que le presente un plan de acciones de política económica en el menor tiempo posible, sin olvidar que antes de las soluciones económicas está la solución de los problemas políticos, que deben ser resueltos por los nicaragüenses.