La sostenibilidad de la deuda pública externa también está en riesgo

13 10 2019

Escuché con mucha atención la reciente entrevista televisiva que tuvo el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, quien, en casi toda su intervención, enfatizó en el financiamiento y la calidad de la inversión publica de Nicaragua. Esperé que se refiriera a la política fiscal de corto plazo, principalmente en cuanto a los resultados de la reforma “procíclica” de la Ley de Concertación Tributaria implementada a partir del 28 de febrero de este año, y su enfoque sobre la política del gasto público, principalmente el consumo público que se ve acompañado del potencial riesgo del financiamiento interno, al observarse una reducción del ahorro del presupuesto gubernamental, en porcentajes del producto interno bruto (PIB)  de 3.3% en 2017 a 2.0% en 2018 según cifras oficiales, y que podría ser menor en 2019 por la continua recesión económica y, en mi opinión, por el fracaso de la reforma tributaria. Pero no lo hizo.

Sin embargo, el ministro Acosta tocó el tema de la sostenibilidad de la deuda pública.

Comparto la aseveración del colega Acosta de que la administración del presidente Daniel Ortega, a través de la inversión pública, ha estado atendiendo en mejor forma a la gente cuando comparamos la eficiencia del gasto de reducción de la pobreza con la observada en las anteriores administraciones públicas, que se manifiesta con la expansión de las redes de suministro de agua y alcantarillado, de energía eléctrica, de carreteras y de los servicios de educación y salud. Basta mencionar que, con el aval técnico del Banco Mundial, el índice de pobreza cayó de 48.3% en 2005 a 21.3% en 2014, mientras que el índice de pobreza extrema se reducía de 17.2% a 8.3% entre esos mismos años.

También estoy de acuerdo con su crítica de que algunos economistas y políticos no gubernamentales han manifestado su preocupación por el nivel de endeudamiento de la administración publica actual sin hacer referencia al análisis de la sostenibilidad de la deuda, pero agrego que es necesario elevar el actual nivel de concesionalidad de contratación de la nueva deuda pública externa.

De acuerdo con cifras oficiales, el saldo de la deuda pública externa se elevó de US$4,556 millones en 2006 a US$5,950 millones en 2018, aunado a una condonación de US$3,433 millones, a un desembolso de nueva deuda externa de US$3,706 millones -que refleja un ritmo promedio anual de 285 millones-, y a un pago de amortizaciones a los acreedores externos del sector publico de US$1,081 millones en el período 2007-2018. Reitero, con esa información no estaríamos analizando adecuadamente la deuda pública externa de Nicaragua.

El saldo de la deuda publica externa correspondiente a 2018 incluye aproximadamente US$1,000 millones que no se han reestructurado con Costa Rica y Honduras en el marco de la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC), por lo cual no se amortiza ni se pagan intereses. No hay que olvidar dos cosas en este aspecto: el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue nombrado por el G-7 como coordinador de la Iniciativa HIPC, y la persistencia de problemas políticos entre el gobierno de Nicaragua y los gobiernos de los dos países antes mencionados que no han facilitado la conclusión de esa reestructuración técnica.

A finales de 2018, el perfil de la deuda pública externa era multilateral -el 70% del saldo total de esa deuda se contrajo, en orden de importancia, con: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Mundial (BM/IDA), otros organismos multilaterales y FMI-, por lo cual una gran parte de la deuda pública externa no se puede condonar y, por otro lado, no existen iniciativas de condonación de la deuda externa bilateral, es decir, la deuda contraída con países.

También se debe tener presente que Nicaragua volvería a clasificarse como un país muy endeudado en términos de producción si el cociente del saldo de la deuda pública externa entre el PIB es igual a o mayor que el 50%. A diciembre de 2018, dicho cociente fue igual a 45.4% y dadas las caídas importantes del PIB Real en 2019 y muy probablemente con menor intensidad en 2020, y con los importantes montos de deuda contratados con el BCIE, es casi seguro que alcancemos el límite tolerable de endeudamiento externo en el corto y mediano plazo.

También se debería tener presente que en mayo de 2015 el Banco Mundial (BM/IDA) clasificó a Nicaragua como un país de ingreso medio bajo, pero se encuentra en los niveles más bajos de esta clasificación que tiene un rango del Producto Nacional Bruto (PNB) Real Per Cápita de US$1,036 a US$4,085. Por este motivo, Nicaragua dejó de tener un elemento de concesionalidad de 35% en la contratación de la nueva deuda externa y en 2018 el país lo redujo a 10.3% en la contratación de nuevos préstamos multilaterales.

¿Qué significó a Nicaragua el haber perdido el nivel de concesionalidad de 35% por dejar de ser un país pobre en 2015? Tomando en cuenta el nivel promedio registrado en el período 2000-2015 y el nivel observado en 2018, el plazo de los préstamos multilaterales bajó de 31 años a 20 años, el número de años de gracia bajó de 12 años a 4 años y la tasa de interés se elevó de 2.1% a 4.1%.

Por lo tanto, la nueva contratación de deuda pública con el BCIE, que se aproxima a un millardo de dólares, con términos financieros no concesionales, obliga a una mejor administración de la deuda pública externa, porque, aunque con los recursos del BCIE se afronta el riesgo de las sanciones financieras de la NICA Act, hay que evitar el severo endeudamiento de la nación en el corto plazo, o sea, hay que evitar la mora en el pago de la deuda externa a futuras administraciones públicas si no se alcanzan oportunamente los objetivos de elevar la producción, la inversión doméstica y las exportaciones, y de atraer un importante ingreso bruto de inversión extranjera directa en el corto plazo, que en 2017 registró un máximo de US$1,510 millones.

Alcanzar todo esto en el corto y mediano plazo no es posible sin un Diálogo Nacional.





Aclaraciones sobre la economía de Nicaragua en 2019

8 10 2019

En la edición de Informe Pastrán del día viernes 4 de octubre fue publicada la siguiente noticia en un solo párrafo, que transcribo textualmente:

… RESERVAS INTERNACIONALES SUPERAN LOS 2,200 MILLONES DE DOLARES… Los analistas económicos, centros de pensamiento y analistas políticos erraron en sus proyecciones cuando pronosticaron que este año las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua se caerían y que la economía se derrumbaría hasta en un 10% del PIB… Contrario a ello, no solo se recuperan las exportaciones e importaciones, se mantiene estabilizada la inflación, sino además las reservas del país aumentaron, pasando hoy de 1,800 a 2,201.13 millones de dólares, confirmó el BCN… Las reservas internacionales con claves para mantener la estabilidad económica de un país…

Debido a los errores de los pronósticos económicos de corto plazo que se le atribuye, entre otros, a los analistas económicos, y tomando en cuenta que el único economista que ha expresado públicamente una caída del 10% del PIB en este año soy yo, solicité a mi amigo de antaño, el periodista Adolfo Pastrán Arancibia, que publicara mis observaciones sobre la noticia arriba mencionada con el ánimo de aclarar mi posición a los lectores de Informe Pastrán, A continuación, mis observaciones, que también transcribo textualmente:

  1. El perfil de la caída de 10% del PIB en este año lo establecí en el tercer trimestre de 2018; luego, en enero de 2019, con datos oficiales más actualizados, presenté la caída de 9.4% aún con el carácter de perfil y, posteriormente, como un pronóstico propiamente dicho, lo fijé en 8.7% en junio recién pasado.
  2. La importaciones, de acuerdo con datos oficiales, están desplomadas, porque su valor acumulado enero-abril de este año ha disminuido US$436 millones, y seguirán disminuyendo porque ha caído el consumo, la inversión y, por ende, la producción. Estimo que el volumen de las exportaciones, en el mejor de los casos, permanecerá sin variación alguna en 2019 con respecto a 2018.
  3. La inflación no ha permanecido estable, sino que se aceleró en tres puntos porcentuales con la reforma tributaria. Antes de dicha reforma, el nivel de la tasa de inflación interanual se aproximaba a 3%; después de la reforma, oscila alrededor del 6%.
  4. En este año, en relación con diciembre de 2018, el saldo de las reservas internacionales brutas nunca ha aumentado, como se afirma en tu Informe, de US$1800 millones a US$2,201.3 millones, porque entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 han caído US$60 millones.
  5. Una corrección adicional al contenido del párrafo: el saldo de las reservas internacionales brutas de US$1,806 millones, el más cercano al los US$1,800 millones señalado en tu Informe, se registró el 31 de enero de 2012.

El día de ayer, lunes 7 de octubre, Informe Pastrán publicó mis cinco observaciones relacionadas con la noticia económica arriba mencionada, por lo cual agradezco la gentileza del periodista Adolfo Pastrán Arancibia.

Aprovecho esta oportunidad para comentar brevemente las afirmaciones del presidente del Banco Central de Nicaragua sobre la economía del país, que fueron emitidas ayer lunes.

  1. El BCN estima que el PIB caerá entre 3.5% y 4.5% en 2019, pero es necesario que se aclaren los supuestos y los riesgos, internos y externos, inherentes a esa caída de la producción, así como los asociados con los comportamientos de la producción por actividad económica. ¿Cómo fue estimada esa caída productiva si el BCN no dispone de los datos de la producción por actividad económica, lo cual se deja a entrever con el hecho de que no continuó publicando el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) desde marzo de este año? La economía no podrá volver a crecer por la vía del consumo de bienes y servicios finales, sino por la vía de la inversión, que requiere de una menor incertidumbre y un notable aumento de la actividad de la construcción.
  2. Imposible volver a crecer económicamente con tasas importantes de entre 4% y 5% en 2020 o en el mediano plazo, así lo demuestra nuestra historia económica. Es muy probable que la economía permanezca sin crecimiento alguno el próximo año. Con o sin diálogo nacional no es previsible un aumento de la producción de bienes y servicios, porque la desconfianza de los agentes económicos, consumidores, empresarios e inversionistas, e incluso el gobierno, aún persiste, y esto ayuda a explicar la caída del crédito y las altas tasas de interés que se aceleraron desde el BCN con los Títulos de Inversión en 2018, con las tasas de rendimiento de los Bonos de la República en 2019 y con el creciente índice de riesgo-país de Nicaragua, validado recientemente por Moody´s Investor.
  3. Aconsejo al presidente del BCN que maneje en una forma más apropiada el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB del país, cuyo valor anual nunca se ha aproximado a los tres millardos de dólares. Si dicho valor fuese US$5,400 millones, tal como lo dijera Ovidio Reyes, habría que aclarar que incluye el valor de las exportaciones brutas de la empresas de zona franca, cuyo monto total de US$2,870 millones en 2018 no quedó en el país, sino sólo US$415 millones, equivalente al 14.4% del valor bruto exportado, en concepto de los servicios de la maquila (salarios, servicios público y alquileres); el remanente, US$2,455 millones, fue destinado a los países de origen de dichas empresas.
  4. Siempre me he opuesto a provocar alarmas y complacencias económicas, especialmente en tiempos de crisis. Invito al presidente del BCN que admita la caída de US$36 millones del saldo de las reservas internacionales brutas en el transcurso de este año hasta el 30 de septiembre recién pasado.

Espero que con el arribo de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última semana de octubre, se logre realizar la evaluación económica de 2018, la cual no se ha hecho en el marco del Artículo IV, aunque tengo dudas de que se logre actualizar la evolución económica del país en 2019 porque, a lo mejor me equivoco, el BCN no tiene datos de la producción.





La última fotografía disponible del mercado laboral nacional

6 10 2019

El más reciente panorama del mercado laboral de Nicaragua fue presentado el 24 de mayo de 2019 por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE), un organismo estatal subordinado en su dirección al Banco Central de Nicaragua (BCN), con su Encuesta Continua de Hogares (ECH) del cuarto trimestre de 2018.

El INIDE publicó sólo siete indicadores laborales nacionales, a pesar de que muchos más están disponibles en la ECH, por lo cual podemos afirmar que tanto dejar de publicar como seleccionar lo publicable es igual de dañino para la toma de decisiones económicas. Además, la publicación de los siete indicadores que presentamos a continuación se basó en otras variables que no fueron publicadas, tales como la población económicamente activa (PEA), el total de personas ocupadas (PO) y el total de a población en edad de trabajar (PET).

El reporte del INIDE afirmó que, de cada 100 personas de la PET, que la clasifica como de 14 años y más de edad o la define como la oferta potencial de trabajo, sólo 72.1 personas pertenecieron a la PEA. ¿Por qué, desde hace muchos años, a tan temprana edad fijada por el Estado de Nicaragua, es decir, niños y jóvenes, muy probablemente sólo con educación primaria, son desatendidos por las políticas públicas sin tomar en cuenta el aumento de la productividad? La educación pública debería asegurar la adquisición del conocimiento de los niños y jóvenes, ampliando y mejorando la calidad de la cobertura de la educación, incluyendo la educación técnica media y superior, para lograr el aumento deseado de la productividad de los trabajadores y de la economía.   

Continuó el INIDE mencionando la tasa neta de ocupación (TNO), al indicar que de cada 100 personas de la PEA 94.8 personas de 14 años y más de edad estuvieron ocupadas, pero define como personas ocupadas a los que laboraron al menos una hora en el cuarto trimestre de 2018, o sea, incluye a las personas subocupadas (S), es decir, que no trabajan las ocho horas diarias (sub empleados visibles, SV), tal como lo manda el Código Laboral, o que devengan un salario mensual menor que el salario mínimo legal (subempleados invisibles, SI), cuyos valores y su total (SI + SV) también desconocemos. Además, el INIDE observó que el número total de personas de 14 años y más ocupadas representó el 68.3 de la PET, que es la tasa bruta de ocupación (PO/PET).

Aún inmersos en la crisis política que se inició el 18 de abril de 2018, el INIDE prosiguió señalando que en el cuarto trimestre del año pasado la tasa de desempleo abierto (PDA) fue 5.2% de la PEA, que es igual a 100% menos la TNO de 94.8% arriba mencionada. De acuerdo con este dato oficial, es insólito o increíble afirmar que Nicaragua se mantuvo en pleno empleo cuando su economía transitaba por el segundo trimestre de recesión a finales de 2018.

Pero a renglón seguido, el INIDE agregó que casi la mitad del total de personas ocupadas estuvo subempleada al afirmar que es del orden de 50.1%. Sugiero a los técnicos del INIDE y del BCN que, con base en los datos de la ECH, estimen la tasa de desempleo equivalente (asociada con el subempleo) en porcentajes de la PEA y la adicionen a la tasa de desempleo abierto para que tengan una idea del total de personas que no están generando ingresos, que es un indicador bastante correlacionado con el índice de pobreza del país. No hay que elevar cifras triunfalistas a los decisores de las políticas económicas, o sea, que debe existir la obligación técnica de reducir el margen de error en la toma de decisiones gubernamentales.

Luego INIDE sumó el número de desocupados abiertos (que no conocemos) y el número de personas ocupadas (yo diría subempleadas, que tampoco conocemos) que desean trabajar más horas en otra ocupación o en otro lugar, y el total de esta suma la dividió entre la PEA y obtuvo que el 15.3% de la PEA presionó al mercado laboral con su demanda, directa o indirecta, de un puesto de trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial, lo que se conoce como tasa de presión general (TPGR). Si el INIDE hubiese estimado y publicado la tasa de desempleo equivalente antes sugerida y su suma con la tasa de desempleo abierto, se podría tener una idea más próxima de la angustiosa necesidad de la población que no genera ingresos por no encontrar un puesto de trabajo.

El INIDE concluyó su publicación de datos laborales nacionales con la estimación de la tasa de inactividad (TI) del orden de 27.9%, o sea, el porcentaje de las personas de 14 años y más que están inactivas con respecto a la población en edad de trabajar (I/PET).   

Se está desaprovechando la información laboral recopilada en la ECH del INIDE. Entre los datos relevantes no publicados podrían figurar la población no económicamente activa con y sin experiencia, la distinción de los desocupados como cesantes y aspirantes, el número de trabajadores ocupados plenos y de tiempo parcial, el número de ocupados con y sin seguridad social, el número de ocupados en establecimientos con y sin registros contables, el número de personas no económicamente activas desalentadas o que se cansó de buscar trabajo o no encuentra el trabajo que necesita, la tasa de dependencia igual a la resta de la población total del país menos la población ocupada con respecto al total de ocupados, y el índice de carga económica o el cociente de dividir la población no económicamente activa entre la población económicamente activa. Esta información es de vital importancia para las familias, los empresarios y el gobierno.

A pesar de que no se publican los datos oficiales del desempleo por actividad económica desde el año de 2012, estimo que el perfil actual de los desempleados nicaragüenses es el de una persona con estudios de secundaria, entre 14 y 24 años de edad, unido(a) o juntado(a) o casado(a), y se desempeña como empleado u obrero en las actividades, en orden de importancia, de comercio, construcción, agropecuaria, industria manufacturera y otros servicios.

El desempleo y la pobreza continúan siendo los principales problemas económicos de los trabajadores, aunque también es necesario recordar que, con base en datos del BCN, los trabajadores han resentido un deterioro de 11.2% del poder de compra de sus salarios durante el período octubre 2017-agosto 2019.





Un problema para la macroeconomía

5 10 2019

Hace una década, muchos economistas estadounidenses estimaron que el pleno empleo, o sea, el punto en el que casi todos los estadounidenses que quieren un trabajo pueden encontrar uno, se obtiene cuando la tasa de desempleo rondaba el 5%. Ahora, la estimación aproximada de la Reserva Federal (Fed) es del 4.2%.

Con once años continuos de crecimiento económico en Estados Unidos, el desempleo cayó a ese nivel de 4.2% hace dos años y ha disminuido aún más desde entonces y fue igual a 3.5% en septiembre recién pasado, sin que la inflación despegara, al continuar siendo, año tras año, inferior al objetivo inflacionario del 2% de la Fed: en comparación con agosto de 2018, el índice principal subió un 1,44%, igual que en julio, aunque la inflación subyacente se situó en el 1,77%, su nivel más alto desde enero. SE FORTALECE EL PLENO EMPLEO CON BAJA INFLACIÓN.

Con la tasa de desempleo estadounidense ahora en un nuevo mínimo de 50 años con pocos signos de aumento de la inflación, ¿estamos finalmente en pleno empleo? Los economistas no estamos  convencidos. La teoría económica que aprendimos nos dice que, si la economía realmente estuviese en pleno empleo, los salarios estarían aumentando más rápido a medida que los empleadores compitan por trabajadores más escasos ofreciendo salarios más altos. El salario promedio por hora aumentó un 2.9% para el período de 12 meses que finalizó en septiembre de este año, por debajo del 3.2% en cada uno de los tres meses anteriores, dijo el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en la semana pasada.

Como ustedes saben, el economista estadounidense William Phillips (1914-1975), influenciado por las teorías de J.M. Keynes, en 1958 reflejó en una gráfica la tasa de inflación y la tasa de desempleo de los Estados Unidos observadas en los últimos cien años (1861-1957) y obtuvo una curva negativa que reflejaba la siguiente hipótesis: a mayor desempleo, menor inflación, y viceversa, lo cual ahora ya no se mantiene.

Esa gráfica parte como base de que la cantidad de dinero en circulación, también conocida como “medio circulante o dinero”, tiene efectos significativos y reales sobre la economía a corto plazo. De esta manera, un aumento de esa masa monetaria hace que los ciudadanos gasten más al ver aumentados sus salarios nominales y puede dar lugar a un marco más favorable a la inversión. Todo ello, motivaría un crecimiento económico y la consiguiente creación de nuevos puestos de trabajo.

Pero ahora, la Curva de Phillips ya no se sostiene en la economía estadounidense, porque se observa una baja inflación con pleno empleo. Esto nos obliga, a los economistas y a los banqueros centrales, a repensar los viejos modelos basados en un umbral teórico de desempleo en el que la economía está en equilibrio y la inflación no sube ni baja.





Evitemos la alarma y la complacencia macroeconómica

29 09 2019

Si me preguntaran cuándo terminará la recesión en que se encuentra la economía del país desde el tercer trimestre de 2018, contestaría “no sé”. Es muy arriesgado poner una fecha para que se dé un estancamiento o un levísimo aumento de la producción, porque el desempeño productivo se activará cuando se revierta la curva de caída de la confianza o la curva creciente de la desconfianza de consumidores, productores y gobierno, o sea, cuando la nación revierta su actual conducta precautoria. Para lograr esa reversión, como siempre lo he reiterado, es necesario un diálogo nacional.

Al referirnos a la recesión debemos evitar la alarma para impedir que se acelere la tasa de caída de la producción, pero también debemos evitar el triunfalismo o la complacencia por no reconocer la necesidad del diálogo nacional para iniciar la solución del problema económico. Es muy difícil que la economía nicaragüense vuelva a crecer en el corto plazo sobre la base de las micro y pequeñas empresas, como pregonan ciertos colegas, entre ellos algunos responsables de la política macroeconómica, porque ese sector empresarial, que representa alrededor del 80% del total de empresas radicadas en el país, está muy afectado por el mercado informal al no contar con registros contables sencillos y al acoger una elevada proporción de personas subempleadas que se aceleró con la destrucción de puestos de trabajo formales desde abril de 2018.

El lenguaje de la economía son los números y los gráficos, pero aún con la ausencia de una gran parte de datos oficiales de la producción, el mercado laboral y las transacciones económicas, comerciales y financieras del país con el resto del mundo, a lo cual se agregan los datos rezagados del presupuesto gubernamental y del mercado monetario y cambiario, se puede afirmar que la economía continúa postrada porque:

  • los volúmenes de producción de las actividades de la agricultura, la construcción, el comercio, los hoteles y restaurantes, y la intermediación financiera están deteriorados;
  • las tasas de desempleo, tanto abierto como equivalente resultante del subempleo, son altas;
  • los salarios están congelados;
  • los gastos de consumo e inversión continúan en picada;
  • las reservas internacionales administradas por la banca central, aunque han disminuido, mantienen la estabilidad macroeconómica, pero su posición es muy frágil;
  • y el déficit fiscal se aproxima a su límite tolerable, equivalente a 3% del producto interno bruto.

Tenemos que reconocer que las autoridades gubernamentales no han recurrido a la emisión inorgánica de dinero, o sea, no se han emitido córdobas sin el respaldo de las reservas internacionales para financiar los desequilibrios financieros internos. Sin embargo, habría que evitar la jactancia de que se observa un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se explica con el desplome de las importaciones, el estancamiento de las exportaciones y el aumento de las remesas, y de que la tasa de inflación es baja, aunque se haya acelerado con la fallida reforma tributaria, porque la demanda interna de bienes y servicios finales se ha desplomado por la incertidumbre.

En este escenario económico, los servidores públicos encargados de la política macroeconómica, deberían implementar la reflación, que es una combinación de recesión con inflación; en otras palabras, con los instrumentos de la política fiscal y la política monetaria, las autoridades económicas deben impulsar la demanda interna, o sea, el consumo y la inversión, para salir de la recesión y evitar la deflación o la caída de los precios al consumidor. No hay que olvidar de que el peligro de la deflación es que las empresas obtienen menores ingresos y frenan la creación de empleo.

Ese impulso deseado se puede dar con una disminución de los impuestos, pero el 28 de febrero de este año se dio el aumento de tasas tributarias y de tasas de retención del impuesto sobre la renta, así como la eliminación de exoneraciones del impuesto al valor agregado a las importaciones de materias primas y maquinarias del sector agropecuario, que redujeron más la alicaída demanda interna de bienes y servicios finales; también, por esta vía se puede aumentar el gasto público, el de inversión mas no el de consumo, pero la cartera de proyectos inversión pública está expuesta a fuertes restricciones de financiamiento externo multilateral.

Ese mismo impulso se puede dar también con la disminución de la tasa de interés y con el  aumento controlado de la base monetaria para evitar una inflación galopante. Sin embargo, la banca central ya no puede colocar Letras con plazos mayores de una semana debido a la incertidumbre, por lo cual comenzó a colocar Letras con plazo de un día que han observado una tasa de rendimiento casi cuadriplicada y montos colocados reducidos casi a la mitad entre junio de 2018 y julio de 2019; además, el 24 de agosto de 2019 la autoridad monetaria emitió un nuevo título valor, denominado Título de Inversión, que elevó la tasa de rendimiento en el corto plazo y provocó alzas de las tasas de interés del sistema financiero nacional ya aceleradas por el creciente índice de riesgo-país. Adicionalmente, la banca central disminuyó en dos puntos porcentuales, de 15% a 13%, la tasa de encaje legal semanal sobre los depósitos en córdobas en un momento en que la tasa de encaje efectiva, casi 20%, era superior a la legal, pero, en vez de proveer liquidez para financiar el capital de trabajo de las empresas, facilitó el financiamiento del déficit fiscal a través de la adquisición de Bonos de la República que también ofrecieron mayores tasas de rendimientos a plazos de cinco y seis años.

Las acciones fiscales y monetarias en un escenario de recesión deben contribuir a generar una mayor demanda de bienes y servicios finales de parte de los agentes económicos y, consecuentemente, a promover el crecimiento económico y evitar la deflación, porque la mayor demanda provoca inflación, con lo cual se busca la expansión del ciclo económico.

Sin embargo, desde el año pasado las autoridades económicas del país han implementado políticas monetarias y fiscales contradictorias con la teoría y la práctica macroeconómica en un escenario de recesión económica, porque no están aumentando los puestos de trabajo, principalmente en el sector formal de la economía, y peor aún si el crecimiento de la producción no es estable ni sostenible a largo plazo. Para lograr esto, continúo creyendo que es necesario reemprender el Diálogo Nacional.





La oferta y la demanda de bienes y servicios en 2019

22 09 2019

La más reciente evaluación de la economía de Nicaragua en 2019 realizada por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) señala una severa caída de 8.7% del producto interno bruto (PIB), la cual hace que el ingreso per cápita promedio anual de los nicaragüenses retroceda hasta el nivel observado en 2013 al registrar un valor preliminar de US$1,824.

Las actividades económicas primarias -agropecuario, pesca y silvicultura- reducen su producción en 6% debido a que el ciclo agrícola 2018/2019 estuvo muy afectado por la falta de acceso de los productores al crédito y los insumos en la crisis de abril de 2018, mientras que el ciclo 2019/2020 fue golpeada por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria que entró en vigor el 28 de febrero de este año y elevó sus costos de producción, a lo cual se agrega la poca lluvia que afectó a la “siembra de primera” de arroz, frijol y maíz, porque no hubo siembra de sorgo.

Las actividades económicas secundarias -industria manufacturera, construcción y minería- disminuyen su producción en 20%. Esta caída se explica con (i) el dramático desplome de la construcción, tanto privada como pública, debido a la incertidumbre política-económica del sector empresarial y al lento desembolso del financiamiento multilateral de los proyectos de inversión pública, muy probablemente relacionado con las sanciones de la NICA Act; (ii) otra fuerte caída de la producción manufacturera resultante, en gran parte, del procesamiento de un menor volumen de productos agropecuarios y de materias primas para la construcción; y (iii) un crecimiento de la minería basado principalmente en la extracción de minerales metálicos, oro y  plata.

Las actividades económicas terciarias, o de servicios, observan un deterioro de 8% en su desempeño productivo. Las principales caídas se observan, en orden de importancia, en comercio, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, energía eléctrica y agua potable, y otros servicios comunales y personales.

El PIB en precios corrientes y valorado en dólares estadounidenses  tiende a caer US$2,702 millones con respecto al registrado en 2017 según COPADES, de los cuales US$726 millones corresponden al año de 2018, según dato preliminar del Banco Central de Nicaragua (BCN). Cabe señalar que, de acuerdo con datos oficiales, entre abril de 2018 y mayo de 2019 se han destruido 156,095 puestos de trabajo en el sector formal de la economía y, de acuerdo con COPADES, el saldo de la cartera de crédito del sistema financiero nacional destinado a productores y consumidores tiende a disminuir 4 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 40% en 2017 a 36% en 2019, y este último es igual al registrado en 2015.

Excluyendo el valor de las exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción, cabe destacar que el ingreso neto de recursos externos previsto por COPADES para este año de 2019 es US$766, mientras que en el más reciente año económico “normal”, 2017, el monto neto registrado fue US$2,772 millones. El flujo neto de la inversión extranjera directa, o sea, ingreso menos salida de capitales, por primera vez es negativo en 2019.

La segunda caída anual en forma consecutiva de la producción, que implica la persistencia de la recesión económica durante cinco trimestres consecutivos, está impactando fuertemente a la demanda interna de bienes y servicios, es decir, a los gastos de consumo de bienes finales e inversión que muestra una disminución de 15%.

La inversión es la que sufre la mayor caída, que es del orden de 24%, bastante cercana a la caída que observó en 2018. La economía del país volverá a crecer con el futuro ritmo inversionista, doméstico y extranjero, mas no por la vía del consumo como pregonan ciertos colegas. Las crisis políticas reducen el gasto de inversión privada y, consecuentemente, la producción y la importación de maquinaria y equipo, así como la construcción de edificaciones industriales, porque los empresarios no se exponen a pérdidas de capital aún con una estabilidad macroeconómica mantenida con reducciones progresivas de la oferta de dinero, lo que he llamado la “escasez” de córdobas que acelera la tasa de caída económica.

El consumo se desploma 13% y afecta principalmente a las familias, que reducen en dos dígitos porcentuales su volumen de bienes de consumo, principalmente por su demanda precautoria de bienes esenciales, como es la adquisición de alimentos, medicamentos, energía y agua potable, combustibles y comunicación por la vía de los teléfonos móviles. Las crisis políticas reducen el gasto de consumo y, consecuentemente, la producción y la importación de bienes de consumo, porque las familias ahorran para afrontar momentos más críticos. Además, los salarios, no sólo el mínimo legal, pero excepto los pagados en el régimen de zona franca, han perdido poder adquisitivo al permanecer congelados en 2019, mientras que la tasa de inflación acumulada en el período enero-julio del año en curso es 4.1%.

Por otro lado, el consumo público, es decir, el pago de las remuneraciones a los servidores públicos y la compra de bienes y servicios de consumo final para que burocracia estatal funcione, cae con un dígito porcentual, aunque el ahorro o balance en cuenta corriente del presupuesto del Gobierno Central tiende a disminuir, en porcentajes del PIB, de 3.3% en 2017 a 1.4% en 2019.

Finalmente, la demanda externa, o sea, el volumen de las exportaciones de bienes y servicios, muestra un estancamiento en 2019 con respecto al nivel registrada en 2018, no obstante disminuyen los volúmenes de exportación de azúcar, carne de ganado bovino, maní, frijol y, muy probablemente, café.

La oferta externa, o sea, el volumen de las importaciones de bienes y servicios, tiende  a mostrar una caída de 15%, muy cercana a la disminución que se observó en 2018, debido a las caídas progresivas de los gastos de consumo e inversión, y, por ende, de la producción interna.     

En conclusión, siempre observamos un exceso de demanda interna (consumo e inversión) sobre la producción interna (PIB). En 2017, dicho exceso era igual a 26%, bajó a 19% en 2018 y vuelve a mostrar una tendencia a la baja en 2019 al registrar el nivel de 10%. El 10% del PIB nominal valorado en dólares es igual a US$1,177 millones, pero el monto neto de recursos provenientes del resto del mundo (neto de amortizaciones de la deuda externa y de salida de capitales) es apenas de US$766 millones.

Por lo tanto, como suele suceder, siempre estará presente la estrategia de reducir importaciones mediante la contracción de la oferta de dinero o medio circulante y, así, proteger la posición debilitada de las reservas internacionales. La reducción del saldo de dinero (en córdobas) dependerá de posibles alzas de la tasa de encaje legal o de la tasa de encaje efectiva sobre los depósitos en moneda nacional y/o la colocación de títulos valores del BCN con plazos de un día, pero con mayores tasa de rendimientos, tal como se observó recientemente en la emisión de Bonos de la República de Nicaragua con plazos de 5 y 6 años de plazo. Continúan, pues, las operaciones aritméticas para garantizar la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor, pero con el costo de continuar acelerando la tasa de caída del PIB.





La política macroeconómica y el Diálogo Nacional

17 09 2019

Debido a la robusta desconfianza entre los agentes económicos del país, es decir, entre el Gobierno, los consumidores y los productores, que se desprende de la crisis política de abril del año pasado, no se pueden resolver los agobiantes problemas económicos que impiden acercarnos al plano positivo del crecimiento económico, entre los cuales se distingue rápidamente el desplome de la demanda interna de bienes y servicios caracterizado por una inversión pública con riesgos de financiamiento externo, una inversión privada reducida grandemente y un consumo de las familias deteriorado por el desempleo y el subempleo, aunque persiste un leve crecimiento del consumo público. Reitero que es necesario reactivar el Diálogo Nacional, a pesar de que con o sin diálogo la economía de Nicaragua volverá a caer en 2020, pero sería peor si no hubiese una búsqueda de acuerdos entre los nicaragüenses.

La fuga de los depósitos en moneda extranjera ha sido el talón de Aquiles del sistema financiero desde abril del año pasado. El BCN emite córdobas, pero nuestra moneda, de acuerdo con datos oficiales, es marginal en nuestro mercado monetario al participar apenas con el 24% de la liquidez total de la economía, pero el dólar, la moneda dominante, ha observado una caída de sus depósitos en la banca comercial del país del orden de US$1,446 millones entre el 12 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019. Dicho sea de paso, en el período abril 2018-julio 2019, los depósitos en córdobas disminuyeron C$12,708 millones, por lo que el BCN proveyó reportos monetarios a la banca comercial por C$5,188 millones para atender a los depositantes que retiraron sus córdobas entre mayo del año pasado y julio del año en curso.

Para que los bancos pudieran devolver los depósitos en dólares al público no bancario, que no estaban disponibles en dichas entidades por haber sido prestados a consumidores y productores, el BCN les vendió US$872 millones entre mayo de 2018 y julio de 2019, por lo cual el saldo de las reservas internacionales administradas por la autoridad monetaria disminuyó 27% hasta US$786 millones en ese mismo período. El BCN guardó en sus arcas los córdobas que los bancos comerciales le entregaron al comprar los dólares y, automáticamente y sin ningún esfuerzo, el BCN mantuvo la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Fue el resultado de simples operaciones aritméticas: dos restas y una división.

En el tiempo transcurrido de la crisis, al caer 30% el principal pasivo de los bancos, o sea, el saldo de los depósitos en dólares y en córdobas, también cayó 19% el principal activo de los bancos, es decir, el saldo de la cartera de préstamos en ambas monedas. Los banqueros también fueron afectados al reducirse casi a la mitad la tasa de rentabilidad de las entidades bancarias, al pasar de 18.7% del capital y/o 1.03% de los activos en junio de 2018 a 9.63% del capital y/o 0.61% de los activos en junio de 2019 y, debido al mayor desempleo y subempleo, la razón financiera de la cartera de préstamos en riesgo con respecto al total de la cartera bruta saltó de 3.29% en marzo de 2018 a 10.80% en junio de 2019. Sin embargo, las entidades bancarias fortalecieron su solidez entre las mismas fechas: la adecuación de capital se elevó de 13.86% a 21.58%, cuya norma legal es 10%, es decir, superando holgadamente la norma de que un banco puede prestar hasta 10 veces el monto de su capital.  

Con la escasez de córdobas y la reducción de los préstamos en dólares quedó sin resolverse el problema del crédito bancario para el financiamiento del capital de trabajo de las actividades económicas. Si se canalizara el crédito en una mayor proporción en moneda extranjera, se requeriría el retorno de los depósitos que se fueron del país, pero esto demandaría reducir los niveles de incertidumbre y desconfianza de los agentes económicos; en otras palabras, también se requeriría avanzar en el Diálogo Nacional.

Si se decidiera canalizar el crédito en córdobas (con mantenimiento de valor), habría que fortalecer la posición de las reservas internacionales, lo cual requeriría atraer los flujos brutos de inversión extranjera que antes de la crisis alcanzó el máximo de US$1,510 millones en 2017 y, además, asegurar el flujo de la cooperación oficial destinado al sector público que alcanzó un máximo de US$712 millones también en 2017; en otras palabras, se requeriría avanzar en el Diálogo Nacional.

Además, el Banco Central de Nicaragua (BCN) no incide en las tasas de interés del mercado, mejor dicho, en las tasas de interés fijadas por el sistema bancario comercial del país para promover el crecimiento de los volúmenes de producción de bienes y servicios, porque el coeficiente de correlación entre las tasas de rendimientos de los títulos valores emitidos por el BCN y las tasas de interés promedio ponderadas de la banca comercial es cercano a cero.

El BCN sólo se concentra en la aplicación de la política monetaria y de la política cambiaria para cumplir sus dos mandatos que le establece la ley: “la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos”. El artículo 4 de su ley orgánica lo limita a la formulación y ejecución de la política monetaria y cambiaria; por esa razón, el BCN no acuerda, mucho menos coordina, la política financiera nacional. Tampoco olvidemos que, en nuestro caso, el dato de la tasa de crecimiento económico del país es una variable exógena en la hoja del balance monetario del BCN.

Sin la solución del problema político nacional, la contracción persistente de la política monetaria continuará desacelerando la tasa de crecimiento de la economía, porque el crédito continuaría siendo restringido. Y, de nuevo, sin la solución de los problemas políticos, una expansión de la política monetaria cuando la economía está bastante débil podría tener efectos mínimos.

En conclusión, la política monetaria de nuestro país, con sus limitaciones, parece que se ha desgastado bastante. Se regula la liquidez con colocaciones de papeles del BCN con plazo de un día, pero sus montos han disminuido y su tasa de rendimiento se ha elevado; el BCN subió las tasas de rendimiento de los Títulos de Inversión, pero no ha logrado captar ni una decena de millones de dólares con dicho instrumento; el BCN redujo la tasa de encaje legal semanal de los depósitos en córdobas de 15% a 13%, cuando se observaba una tasa de encaje efectiva de 18.9%, lo cual facilitó financiar el déficit fiscal a través de la colocación de bonos del Tesoro con rendimientos que se elevaron en casi 2 puntos porcentuales hasta 11.72% con plazos de 5 y 6 años. Con todo esto, persiste la recesión económica.

Por consiguiente, entra la política fiscal en un momento bastante complicado. ¿Cómo serán sus medidas para evitar un mayor deterioro en 2020? Aún no se conoce la versión oficial de la evaluación de la reforma de la Ley de Concertación Tributaria, pero la economía requiere no sólo la disminución de las altas tasas tributarias por los momentos de debilidad económica, sino también del incremento del gasto de inversión pública, que ya está afectado por sanciones financieras internacionales. Sin embargo, también se necesitaría avanzar en el Diálogo Nacional.