La necesidad de mejorar la información económica

2 07 2017

La dirección técnica, la calidad y la oportunidad son vitales para recopilar, procesar, criticar, mejorar, publicar, monitorear y actualizar la información económica  requerida para la estimación de los balances macroeconómicos del país, que facilita la evaluación y el pronóstico de la situación económica nacional, tomando en cuenta la compilación de los procedimientos metodológicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), principalmente los del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre la base de una sólida coordinación del sistema de información económica nacional, que implica el fortalecimiento de la responsabilidad estadística de las instituciones gubernamentales sectoriales, en esta forma el Banco Central de Nicaragua (BCN) podrá garantizar la información para la toma de decisiones presidenciales relacionadas con la política económica.

Desde hace varios años, esto ha sido señalado por Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), firma que dirige el suscrito, especialmente en el campo de las Cuentas Nacionales que facilita la información sobre la tasa de crecimiento económico anual del país, es decir, la variación relativa del Producto Interno Bruto (PIB) Real o en precios constantes, un indicador que en Nicaragua se estima oficialmente en rangos porcentuales en vez de un porcentaje puntual.

El dominio del personal técnico sobre las matemáticas aplicadas a la economía, una asignatura que ha sido abandonada en la mayoría de los recintos universitarios, de las estadísticas y de la econometría, así como de la teoría macroeconómica, es fundamental para determinar y corregir los desequilibrios macroeconómicos del país, entre los que figuran en forma relevante el exceso de la demanda interna sobre la oferta interna, el déficit comercial externo y el déficit del sector público.

La declaración final del FMI sobre la Consulta del Artículo IV de 2017 en Nicaragua  reconoció los avances en materia de información económica y la necesidad de continuar mejorando la calidad y la consistencia de la información y el alcance de las estadísticas macroeconómicas principalmente en el sector real, con su balance de oferta y demanda global, el sector externo, con su balanza de pagos, y el sector público con su balance fiscal y endeudamiento.

El FMI señaló los rezagos de las estadísticas de los volúmenes de producción de bienes y servicios relacionados con las Cuentas Nacionales, que requieren ser ajustadas. A esto se podría agregar la necesidad de reducir los sesgos que presenta el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) que elabora y publica el BCN con dos meses de rezago constante, un indicador que muestra la dirección del desempeño de la producción pero que no sustituye al indicador del PIB Real, porque no incluye, por razones metodológicas, el monto de los impuestos indirectos netos de subsidios, un componente del valor agregado sectorial.

En cuanto al sector externo, el FMI indicó que se debe mejorar la estimación del flujo bruto de la inversión extranjera directa (IED), que desde el año de 2011 se convirtió en la principal fuente de financiamiento del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. No obstante las estadísticas oficiales presentan a la IED tanto en términos brutos -flujo que ingresa al país y que se incluye, por el lado de la demanda global, en el gasto de inversión bruta- como en términos netos -igual al flujo bruto menos la salida de capitales reportada, que se incorpora en la cuenta de capital de la balanza de pagos-, aún no incorpora en su valor bruto la reinversión de las utilidades de las empresas extranjeras radicadas en el país.

En el escenario fiscal, el FMI aconsejó que se incluya en las cuentas del sector público consolidado a las universidades públicas y a 152 de las 153 municipalidades –sólo la Alcaldía de la Ciudad de Managua está incorporada en las estadísticas del sector público- e hizo la observación que los reportes financieros de las empresas públicas no son auditadas externamente o publicadas. El FMI también propuso que es necesaria la colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el BCN para estimar con mayor precisión el financiamiento externo e interno del sector público no financiero, incluyendo el monitoreo de la deuda pública interna tal como se hace en el presupuesto del Gobierno Central.

En relación con el mercado laboral, el FMI fue muy breve al afirmar que las estadísticas de dicho mercado son escasas. Por ejemplo, en la última publicación del Anuario Estadístico 1960-2016 del BCN se puede observar la indisponibilidad de los datos del total de ocupados por actividad económica desde el año de 2012, lo que impide analizar la productividad de la economía y, además, no se registran los datos para 2015 y 2016 de la población económicamente activa, la población en edad de trabajar, la población ocupada, la tasa de desempleo abierto y la tasa de ocupación. Cabe aclarar que están disponibles los datos de empleo de los asegurados activos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y de los salarios.

En conclusión, falta bastante que hacer en el campo de las estadísticas de la economía de Nicaragua. Compartimos la observación del FMI que es necesario regular la recopilación, la publicación y la calidad, incluso la temporalidad, de los datos económicos del país, para que las autoridades gubernamentales aprueben sus decisiones de política económica. Por su parte, el gobierno de Nicaragua tiene la responsabilidad de difundir la información económica con el propósito de que los agentes económicos, productores y consumidores, también puedan tomar sus mejores decisiones.





El fantasma de la “NICA Act”

25 06 2017

Aunque el fantasma de la iniciativa “NICA Act” ha comenzado a flotar sobre el escenario de la economía nicaragüense, la estabilidad macroeconómica se ha fortalecido en el transcurso de este año gracias a la cooperación internacional recibida por el sector público y a la contracción de la cantidad de dinero que circula en el mercado local.

Esa iniciativa de ley que presentó la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen en julio de 2016 y de nuevo presentada por ella en la Cámara de Representantes en abril recién pasado, alterará más el balance del sector privado que el del sector público, debido a que los riesgos económicos se concentran más en la incertidumbre de los agentes económicos del sector privado, tanto inversionistas como consumidores, que en la indisponibilidad de recursos externos del sector público para financiar su gasto de inversión.

El efecto más grave de dicha iniciativa sería un declive de la inversión extranjera directa, principalmente la proveniente de los países con economías avanzadas, que en la actualidad se ha convertido en la principal fuente de recursos externos del país al relegar a un segundo plano la afluencia de las remesas familiares desde el año de 2011. La susodicha iniciativa también afectará el gasto de consumo de los estratos de la población de altos ingresos, que generalmente ahorra en momentos políticos críticos.

Entre los principales efectos que ya se observan entre los agentes económicos del sector privado del país, se puede distinguir la poca confianza inversionista financiera en la adquisición de Letras Estandarizadas subastadas semanalmente por el Banco Central de Nicaragua (BCN), no obstante esa conducta comenzó a generarse desde mayo de 2016 con el desplome del volumen de crudo suministrado con el crédito petrolero de Venezuela. Estos recursos crediticios también fueron impactados por las caídas tanto del precio internacional del crudo como del porcentaje del préstamo sobre el valor de la factura de cada embarque de hidrocarburos, todo lo cual se tradujo en una desaceleración de los depósitos en la instituciones bancarias del país.

Esta desconfianza de inversionistas financieros se puede ejemplificar con el hecho de que desde enero hasta el 21 de junio de este año el 81% del monto de las colocaciones de Letras del BCN corresponde a plazos de 7 días, 14 días y 1 mes, a pesar que la tasa de rendimiento de dichas Letras a un año plazo aumentó de 4.571% en mayo de 2016 a 5.25% en marzo de 2017.

La reducción del crédito petrolero de Venezuela también impactó la política monetaria al reducirse la liquidez en córdobas de la economía, porque desprotegió la posición de las reservas internacionales del país. El BCN se vio forzado a contraer la base monetaria, al reducir el saldo de emisión de dinero y al mantener un gran excedente de encaje en córdobas que los grupos financieros depositan en el BCN, con el propósito de desacelerar la demanda de importaciones de bienes y servicios y, consecuentemente, proteger las reservas internacionales. El anuncio de la iniciativa “NICA Act” también contribuyó a acelerar estos procesos, porque entre sus objetivos se encuentra la oposición de los directores estadounidenses en instituciones financieras internacionales a cualquier préstamo que solicite Nicaragua.

Desde mayo de 2016 se presentó una fuerte desaceleración del crecimiento interanual del saldo total mensual de los depósitos en córdobas en el sistema financiero nacional. Adicionalmente, la tasa de encaje efectiva catorcenal sobre los depósitos en córdobas se redujo, al pasar de 27.0% en 2015 a 22.0% en 2016 y a 21.3% en el transcurso del primer semestre de 2017, pero manteniéndose siempre por encima de la tasa de encaje legal o requerida que es 15%.

Por consiguiente, el multiplicador del dinero, que es igual al recíproco de la tasa de encaje, se ha mantenido en un nivel bajo, porque la tasa de encaje efectiva siempre ha sido mayor que la tasa de encaje legal. Por ejemplo, con la tasa de encaje legal catorcenal el multiplicador sería 6.7, y con la tasa de encaje efectiva fue igual a 3.7 en 2015, 4.6 en 2016 y 4.7 en el primer semestre de 2017. Este bajo multiplicador del dinero, aunado con las colocaciones de Letras de cortísimo plazo del BCN, también ayudó a explicar la desaceleración de la oferta de dinero y de demanda interna de bienes y servicios finales, es decir, de los gastos de consumo e inversión. Los bancos “crean” dinero cuando hacen préstamos y “destruyen” dinero cuando recuperan préstamos, pero además hay que tener en cuenta que casi el 80% de las empresas no cuentan con registros contables.

Mientras tanto, en la acera del sector público se inició el blindaje de las reservas internacionales brutas del BCN desde el cuarto trimestre del año pasado, al contratarse préstamos para la ejecución de proyectos de inversión por más de US$500 millones en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el transcurso de este año, el sector público ha recibido donaciones y préstamos externos “atados” a programas y proyectos por US$169 millones y ha comprado divisas al sector privado por un monto neto de US$30 millones, pero ha pagado US$100 millones en intereses y amortizaciones a los acreedores externos y, de acuerdo con el balance de divisas del BCN, se registró una disminución del saldo de encaje en moneda extranjera de US$19 millones.

En resumen, se ha fortalecido la estabilidad macroeconómica del país al elevarse entre diciembre de 2016 y junio de 2017 la condicionalidad del saldo de las reservas internacionales brutas del BCN con respecto a la base monetaria de 2.46 veces a 2.95 veces, así como la condicionalidad de las reservas internacionales brutas en meses de importaciones de bienes CIF, al pasar de 4.99 a 5.20 respectivamente. El costo de la estabilidad del tipo de cambio y de una presión inflacionaria baja y estable ha sido una desaceleración del crecimiento económico del país.

La confianza inversionista y la confianza de los consumidores son clave para mitigar los impactos de la “NICA Act”, pero esto exige el consenso de los partidos políticos para iniciar los procesos que conduzcan a una mayor transparencia electoral, al fortalecimiento democrático, a la independencia de los Poderes del Estado, al fortalecimiento del imperio de la ley, a la reducción de la corrupción y al respeto de los derechos humanos.





El Plan de Producción, Consumo y Comercio, y las metas de producción 2017

18 06 2017

De acuerdo con las metas del Plan de Producción, Consumo y Comercio Ciclo 2017-2018 presentado recientemente por las autoridades gubernamentales en el Banco Central de Nicaragua (BCN), la firma Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES) dirigida por el suscrito, tomando en cuenta que el 40% de la producción del ciclo agrícola anterior y el 60% de la producción del ciclo agrícola actual determinan la producción agrícola del año calendario, prevé tasas de crecimiento anual de la producción agrícola cercanas a 8% en 2017 y a 6% en 2018, mientras que la actividad pecuaria se aproxima a 3% y 5% respectivamente.

Compartimos las principales políticas del ciclo productivo 2017/2018, entre las cuales se distinguen la promoción de la productividad, no obstante se desconoce desde el año de 2012 el nivel de empleo, incluyendo el subempleo, en cada una de las actividades económicas, lo cual impide determinar el valor agregado real (o en precios constantes) sectorial por trabajador ocupado, así como la promoción de la competitividad, aunque no se propone cuáles serán las vías para la disminución de los costos unitarios de producción. Elevar la productividad de la economía no es una tarea exclusiva de las empresas, sino una tarea compartida entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.

La transferencia de tecnología para la producción agropecuaria y agroindustrial es otra política propuesta en el plan de producción, que es necesaria para generar más valor agregado y elevar la productividad y la competitividad empresarial, a lo cual también apunta la política del mejoramiento y de la ampliación de la infraestructura económica, especialmente en las zonas rurales. Siempre hemos sugerido que el crédito y la transferencia de tecnología se otorguen simultáneamente a los productores agropecuarios, la microempresa y la pequeña empresa para garantizar el aumento de la producción y la recuperación del crédito, en lo cual jugaría un rol muy importante el Banco de Fomento a la Producción. Sin embargo, en esta política cabe preguntar cómo se promoverá la educación técnica medio y superior y cuáles serán las políticas públicas –fiscales y financieras- que facilitarán la agro-industrialización del país.

También coincidimos en la necesidad de apoyar la política de producción más limpia, que reduzca los riesgos para la salud humana y ambiental y que proteja los recursos naturales, tales como el agua, los suelos y los bosques, y en la diversificación de la producción y el acceso a los mercados local e internacional.

El plan de producción concluye con la presentación de las metas productivas correspondientes a 2017 tanto de la pesca y acuicultura, que auguran un crecimiento de 2.5% en el volumen de captura de especies marinas, como de la minería, que refleja un aumento de 4.6% en la extracción de minerales metálicos, oro y plata, y de minerales no metálicos, principalmente arena, material selecto y piedra cantera.

En los ámbitos de los planes de producción sectorial, la intervención del BCN sería garantizar el adecuado flujo de información económica de los principales rubros de cada actividad económica o sector productivo, es decir, ser el ente coordinador del sistema de información económica nacional con el fin de elaborar el balance macroeconómico de la oferta y la demanda global. En otras palabras, el BCN no puede sustituir el papel de las instituciones gubernamentales sectoriales, sino que debe apoyar el fortalecimiento de cada una de ellas, entre las que figuran principalmente el Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio del Ambiente y de Recursos Naturales (MARENA), el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) y, además, el BCN, con ese mismo fin, debe continuar desarrollando las relaciones interinstitucionales con el Ministerio del Trabajo (MITRAB), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), la Dirección General de Ingresos (DGI), la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA), la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financiera (SIBOIF), el sistema financiero nacional y las alcaldías municipales.

El presidente del BCN no puede sustituir a los ministros y dirigentes de otras instituciones gubernamentales en cuanto a la coordinación de la elaboración de los planes de producción sectorial o por actividad económica. La responsabilidad del presidente del BCN se concentra en la política monetaria, la política cambiaria y la política financiera y, por esa razón, tiene la responsabilidad de avalar la información sectorial porque la política macroeconómica, incluyendo la política fiscal de la cual es responsable el ministro del MHCP, se basa en números, en razones macroeconómicas, entre los cuales el Producto Interno Bruto (PIB) es una de las variable clave para determinar la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos, -el déficit comercial externo, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y el déficit fiscal-, la liquidez, la carga de la deuda pública externa e interna, la carga tributaria, entre otros indicadores.

Los ministros de las instituciones sectoriales económicas deberían reunirse con los gremios de productores relacionados con cada una de dichas instituciones y pasar la información a las autoridades del BCN. No es el presidente de la autoridad monetaria el que debe reunirse con todas las cámaras de productores. Esta confusión de responsabilidades no es nueva en el sector público. Cabe recordar que durante la administración del Dr. Arnoldo Alemán, el presidente del BCN, Noel Ramírez, tuvo notoriedad pública al coordinar la fijación y aprobación de la tarifa de transporte de pasajeros en autobuses urbanos de la Ciudad de Managua, una tarea que le correspondía al ministro del MTI.

Cuando hace pocos meses pedí públicamente al presidente Daniel Ortega que apoyara políticamente al BCN para recopilar, criticar, procesar y publicar la información económica nacional, así como la especialización técnica del personal que elabora las Cuentas Nacionales del país, se observaba una gran indisponibilidad de información económica sectorial. No se podía evaluar efectivamente la situación económica del país, mucho menos proyectar el desempeño económico en el corto, mediano y largo plazo, por lo que la autoridad monetaria tenía que recurrir a estimar los datos de producción de varias actividades económicas para poder presentar su informe anual al presidente del país.

Con el Plan de Producción, Consumo y Comercio Ciclo 2017-2018 se avanzó en la solución del problema de indisponibilidad de información, y sólo se observa la falta de datos anuales de la producción de servicios de telecomunicaciones desde 2010.

Sin embargo, la estimación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el BCN, cuyo último dato disponible es el correspondiente a marzo de este año, está restringida por la falta de datos mensuales de la producción de granos básicos y de bienes agroexportables, excepto caña de azúcar y banano; el acopio de leche desde septiembre de 2016; la matanza de ganado vacuno y la producción de la zona franca industrial desde enero de 2017; la generación y consumo facturado de energía eléctrica desde febrero 2017; y la producción pesquera y minera, la producción y consumo de hidrocarburos, la producción y consumo facturado de agua potable, el transporte de pasajeros, la carga acuática y aérea, y servicios postales y de correo expreso desde marzo 2017.

Felicitamos a las autoridades gubernamentales y a los representantes de los empresarios por el ordenamiento de las estadísticas de la producción de bienes y servicios del país. Con los datos del Plan de Producción, Consumo y Comercio 2017-2018, COPADES pronostica que el crecimiento económico de Nicaragua en 2017 será igual a 5.0%.





Los riesgos externos de la economía de Nicaragua

11 06 2017

Los tres riesgos de origen externo que enfrenta la economía nicaragüense en este año son (i) el escaso crédito petrolero de Venezuela, que debilita la posición de las reservas internacionales; (ii) la aprobación de la iniciativa “NICA Act” en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, que afectaría en mayor medida las cuentas del sector privado que las del sector público; y (iii) la política económica de la Administración de Donald Trump, caracterizada por una resistencia a la inmigración, el proteccionismo comercial, la disminución de los impuestos sobre la renta, el aumento del gasto público en infraestructura y defensa, y la liberalización financiera de Wall Street.

El primer riesgo es una realidad desde el año de 2016, cuando el monto del préstamo petrolero fue apenas de US$96 millones y suplió sólo el 28% del requerimiento anual de hidrocarburos del país.

El segundo riesgo, preanunciado desde el 22 de septiembre de 2016, en caso de no adoptarse medidas políticas para garantizar la transparencia electoral, la independencia de los poderes del Estado, el imperio de la ley, el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos, se prevén grandes problemas en ciernes por sus impactos en la confianza inversionista, la confianza de los consumidores, el balance del sistema financiero nacional y la estabilidad del córdoba.

El tercer riesgo, esbozado en la carrera electoral que ganó Donald Trump el 8 de noviembre de 2016, en caso de concretarse afectará a la economía mundial en el largo plazo, aunque en el corto plazo se podrá observar una aceleración del crecimiento económico de Estados Unidos y un fortalecimiento del dólar.

La política económica del presidente Donald Trump tiene que ser aprobada por los políticos en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, porque se concentra en la ley del presupuesto federal estadounidense. Sin embargo, al ser tan funestos los efectos de la política fiscal y comercial o arancelaria propuesta por la administración estadounidense, podría ser modificada por los políticos con el fin de evitar sus restricciones comerciales y económicas.

Si se aprobara el proteccionismo comercial con la imposición de aranceles a las importaciones de bienes realizadas por la primera economía mundial, se provocaría una guerra comercial porque los otros países, en reciprocidad, también impondrían aranceles a los productos de exportación estadounidenses.

El desencadenamiento de una guerra comercial mundial llevaría a la economía mundial a una gran depresión como la de los años 30 del siglo pasado, los precios de los bienes importados se incrementarían y la tasa de inflación mundial se aceleraría. Reaparecería el fantasma de la estanflación, es decir, la caída de la producción con una elevada inflación.

En la actualidad, la economía de Estados Unidos prácticamente está en pleno empleo. En este año, la tasa de desempleo abierto de 4.3% en mayo y la tasa de inflación interanual de 2.2% en abril de la primera economía mundial así lo confirman.

En el corto plazo, las reducciones de las tasas tributarias sobre la renta de las actividades económicas y del trabajo, junto con los aumentos de la inversión pública y del gasto de defensa en una situación de pleno empleo, aumentarán la tasa de crecimiento económico, pero acelerarán la presión inflacionaria de Estados Unidos.

Para contrarrestar la mayor presión inflacionaria, el banco central estadounidense (Fed) se verá obligado a subir más agresivamente las tasas de interés que en este momento se ubican en el rango de [0.75%, 1.0%]. Esas alzas de las tasas de interés atraerán más capital extranjero a Estados Unidos y el dólar se fortalecería, es decir, el tipo de cambio del dólar se apreciaría más frente a las otras divisas duras, tales como el euro, la libra esterlina y el yen.

En consecuencia, el déficit comercial estadounidense se dispararía, porque los productos importados por Estados Unidos se abaratarían y los productos de exportación estadounidenses se encarecerían y, por lo tanto, los otros países, entre ellos el nuestro, tendrían una mayor inflación importada. Además, por las alzas de las tasas de interés también se encarecería el servicio de la deuda en economías con pasivos en dólares.

Finalmente, el 8 de junio recién pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la CHOICE Act que amplía las oportunidades financieras a los inversionistas y empresas, corta las pruebas de resistencia a las que la Reserva Federal somete cada año a los grandes bancos para determinar si tienen los colchones de liquidez necesarios para soportar una situación de estrés, y reduce las exigencias sobre la protección de los consumidores de servicios financieros.

Esta iniciativa legislativa republicana, aún pendiente del referendo del Senado para que entre en vigor, busca la desregulación financiera prometida por el presidente Trump y pretende modificar el reglamento de la Dodd-Frank Act. El riesgo de dicha iniciativa es que el escenario financiero global quedará más expuesto a la inestabilidad.

Los tres riesgos antes mencionados exigen la formulación de acciones políticas y medidas económicas y financieras que contribuyan a mitigar los efectos indeseados sobre el desempeño económico nacional. No obstante se observa una reacción gubernamental de diversificación de las relaciones económicas y financieras internacionales, pero aún insuficiente frente a los riesgos externos antes señalados.

 

 





Dinero, consumo y producción

4 06 2017

Cerró el mes de mayo con un menor riesgo económico y financiero que el observado en el primer trimestre del año en curso: aumentó el saldo de las reservas internacionales oficiales, continuó disminuyendo el saldo de la emisión de dinero y se fortaleció la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica.

El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) en las arcas del Banco Central de Nicaragua ascendió a 2 mil 554 millones de dólares. Esta es la variable de cierre del actual modelo económico del país, porque su aumento garantiza la estabilidad del tipo de cambio y de una presión inflacionaria baja. En mayo, este saldo de reserva internacional se incrementó en US$54.1 millones debido, principalmente, a los desembolsos de préstamos por US$75.0 millones y US$10.5 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el mismo orden, para financiar programas y proyectos del sector público. Esto facilitó el mejoramiento de la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica; en otras palabras, la razón macroeconómica del saldo de las RIB con respecto a la base monetaria pasó de 2.58 en abril a 2.81 en mayo, mayor que el 2.5 establecido por el BCN.

Entre enero y mayo de este año, el saldo de las RIB subió US$106 millones también influenciado por la compra neta de US$77 millones realizada por el BCN, pero se vio afectado por la disminución de US$42 millones del saldo de encaje en dólares mantenido por los grupos financieros en el BCN.

Para controlar la base monetaria en mayo, las colocaciones netas (de redenciones) de Letras subastadas por el BCN -las llamadas operaciones de mercado abierto (OMA)- sacaron de circulación 1 mil 239 millones de córdobas, mientras que los depósitos a plazo neto del Gobierno Central en el BCN -antes denominados Títulos Especiales de Inversión (TEI)- también contrajeron el  dinero de alto poder en 1 mil 104 millones de córdobas. Aunque estas operaciones se realizan en córdobas con mantenimiento de valor, continúa observándose la restricción de que un alto porcentaje de las colocaciones de Letras, el 91.3% en mayo, se concentran en plazos de 7 días, 14 días y 1 mes, y, por otro lado, las subastas de Letras en dólares no han sido efectivas. En los primeros cinco meses del año en curso, las OMA y los antes llamados TEI han esterilizado 3 mil 774 millones de córdobas en el mercado local de dinero.

El otro instrumento de regulación monetaria, el encaje, o sea, los depósitos de encaje en córdobas en el BCN que según la ley es 12.0% del saldo total de los depósitos en moneda local del sistema financiero nacional, contrajo la base monetaria en CS$981 millones en mayo y en C$440 millones en los primeros cinco meses de este año. La tasa de encaje diaria efectiva registrada al 31 de mayo era 20.4%, con un monto total de encaje de 7 mil 901 millones de córdobas y un excedente de 3 mil 243 millones de córdobas.

En conclusión, la estabilidad de los precios al consumidor y el tipo de cambio se ha logrado mantener en este año y se ha fortalecido en mayo recién pasado, lo cual también se comprueba con la magnitud de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio para la venta del dólar en el mercado financiero, la cual, en promedio de los primeros cinco meses del año, es igual 0.72% y menor en 6 centésimas porcentuales que la registrada en el mismo período del año pasado.

La bondad de la estabilidad macroeconómica tiene un costo, que es la desaceleración del crecimiento de la liquidez primaria en córdobas, tanto fuera del sistema financiero nacional (numerario) como en el mercado local de dinero (medio circulante). Esa desaceleración del crecimiento del dinero (en córdobas) está influenciada por la drástica caída del préstamo petrolero de Venezuela que protegía la posición de las reservas internacionales oficiales, a lo cual hoy se suma la incertidumbre inversionista provocada por el riesgo político relacionado con la muy probable aprobación de la “NICA Act” en el Congreso de Estados Unidos.

En términos promedio desde enero 2016 hasta mayo de 2017 y a finales de cada mes, las tasas de crecimiento interanuales del numerario (córdobas que circulan fuera del sistema financiero nacional) como el monto del medio circulante (numerario y depósitos en cuenta corriente o M1A en córdobas) han experimentado una reducción de la mitad de sus tasas de crecimiento interanual registradas en 2015, es decir, desaceleraciones de 20% a 10% en el crecimiento del medio circulante y de 14% a 7% en el crecimiento del numerario.

Con las subastas de Letras del BCN en córdobas con mantenimiento de valor y con los excedentes de encaje en córdobas depositados en el BCN se persigue la reducción de la demanda de divisas y la disminución del valor de las importaciones de bienes y servicios; por lo tanto, se trata de evitar que el saldo de las reservas internacionales brutas disminuya y de garantizar la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, el impacto de la desaceleración del crecimiento de la oferta de dinero trasciende en el sector real de la economía, o sea, en la oferta y demanda global de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción. El gasto real de consumo o el volumen de bienes consumidos por las familias también desacelera su crecimiento o crece menos que antes, teniendo en cuenta que la informalidad afecta a casi el 80% del mercado local. Esa desaceleración se manifiesta actualmente en la adquisición de bienes y servicios de consumo masivo, tales como alimentos, bebidas, electrodomésticos, telefonía, artículos y útiles de oficina, entre otros

La desaceleración del gasto de consumo del sector privado también afecta las decisiones empresariales de corto plazo relacionadas con la producción y el mantenimiento de inventarios de materias primas,  productos en proceso y productos terminados. En consecuencia, tiende a desacelerarse el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real y a incrementarse el subempleo, no obstante la tasa de inflación se mantenga en un nivel bajo.

Cabe recordar que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento económico de un país y, en el caso particular de Nicaragua, la reducción de la actual incertidumbre inversionista será posible si disminuye el riesgo político.





Crecimiento económico y dependencia de la asistencia financiera internacional

28 05 2017

El crecimiento económico anual de Nicaragua ha estado muy cercano al 5% en el período 2011-2016. Así lo demuestra el Anuario de Estadísticas Macroeconómicas (1960-2016) recientemente publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). Cabe recordar que desde septiembre del año de 2013, Consultores Para el Desarrollo Económico Empresarial (COPADES) ha señalado que Nicaragua ya se apoderó del estadio de crecimiento económico anual de entre 5% y 6% anual.

Con base en datos oficiales del BCN, la apertura de la economía de Nicaragua es tremendamente abierta, porque supera el 100% del Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo, en 2016 la suma del valor en precios constantes de 2006 de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción fue equivalente a 109% del PIB Real. El volumen de las importaciones fue igual a 1.7 veces el volumen de la exportaciones de ese año y se mantiene el persistente desequilibrio del balance comercial externo de bienes y servicios, que en 2016 fue igual a 17.9% del PIB.

Presentación1

Excluyendo el valor de las exportaciones de bienes y servicios no atribuibles a factores de producción, el flujo total anual de recursos externos –que comprende remesas, inversión extranjera directa y cooperación oficial destinada al sector público y al sector privado- recibido por el país ha oscilado alrededor del 33% del valor del PIB, pero en 2015 y 2016 mostró una disminución hasta 28.4% y 27.0% respectivamente debido a la reducción del crédito petrolero de Venezuela desde un monto promedio anual de US$550 millones en el cuatrienio 2010-2013 hasta US$478 millones en 2014, US$301 millones en 2015 y US$93 millones en 2016.

El efecto más importante que se derivó del préstamo petrolero venezolano fue el blindaje de las reservas internacionales oficiales del país, o sea, de las reservas internacionales en poder del BCN, al contribuir en gran forma que el saldo de las reservas internacionales supere el nivel de 2.5 veces el saldo de la base monetaria, tal como lo establece la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica en el manejo de los asuntos macroeconómicos del país.

Ahora, frente al grave riesgo político-económico de la iniciativa “NICA Act” que se discute en el Congreso de Estados Unidos, podría continuar disminuyendo el ingreso de recursos externos que garantizan no sólo la estabilidad macroeconómica, así como la desaceleración de la tasa de crecimiento económico anual de al menos 5% que se observa en Nicaragua en los últimos seis años.

Con base en una muestra de datos comprendida entre 2007 y 2016, groso modo si el PIB Real de Nicaragua crece 1%, el flujo total de recursos externos (siempre excluyendo el valor de las exportaciones) aumenta 1.4%. Si aspiráramos a que la producción de bienes y servicios aumente 5% en 2017, sería necesario garantizar una entrada de recursos externos al país de US$3,813 millones, cifra que es 6.8% superior a la registrada en 2016, que fue igual a US$3,569 millones. En otras palabras, la búsqueda de recursos provenientes del exterior para financiar la brecha externa se incrementaría alrededor de US$244 millones con respecto al financiamiento externo total que se observó el año pasado. Continúa existiendo una alta correlación de 0.84 entre el crecimiento económico y la cooperación internacional en Nicaragua.

La anunciada oposición estadounidense a la contratación de nueva deuda externa de Nicaragua en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM/IDA) en el marco de la iniciativa “NICA Act”, ya amortiguada por el gobierno de Nicaragua con la contratación de nuevos recursos no concesionales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), también afectará los flujos de la inversión extranjera directa, principal fuente de recursos para defender la posición de las reservas internacionales, porque su monto anual equivale al 11% del PIB y el 20% del flujo bruto de esta inversión acumulada en el período 1991-2015 se origina en Estados Unidos. También es muy probable que el anuncio de la “NICA Act” ya está afectando las inversiones de los grupos financieros locales en adquisición de títulos valores del sector público y, además, provocando incertidumbres en el balance del sistema financiero nacional.

Por otro lado, en la semana pasada la administración del presidente Donald Trump propuso al Congreso de Estados Unidos el recorte de la ayuda exterior a Latinoamérica. Si se aprobara este presupuesto, la asistencia a Nicaragua disminuiría de US$10 millones en el año fiscal de 2016 a 200 mil dólares en el año fiscal 2017.

El monto anual de donaciones que recibió Nicaragua de la AID en el año calendario de 2016 totalizó US$19.4 millones, y el total de donaciones provenientes de Estados Unidos sumó US$41.2 millones. El recorte de la ayuda de la AID afectaría la ejecución de programas y proyectos relacionados con desarrollo municipal, desarrollo democrático, desarrollo institucional, medios, Familias unidas por su salud, Acción comunitaria para la lectura y la seguridad, Prevención de la transmisión de VIH/SIDA, Voces para Todos y Educación técnica vocacional para jóvenes en riesgo.

La cantidad de dólares estadounidenses que ingrese al mercado local podría continuar disminuyendo. Por ejemplo, el congresista republicano por Alabama, Mike Rogers, propuso establecer un impuesto del 2% sobre las remesas que se envían desde Estados Unidos a Latinoamérica para financiar la construcción del muro entre Estados Unidos y México. En Nicaragua, esto significaría una reducción aproximada de US$14 millones anuales, tomando en cuenta que el 55% del flujo total de remesas proviene de Estados Unidos.

Se observa una aparente tranquilidad entre los servidores públicos, pero el presidente Daniel Ortega conoce muy bien las lecciones económicas aprendidas por todos los nicaragüenses en la década de los ochenta del siglo pasado. Confiemos en la sentencia del profesor John Maynard Keynes: “Cuando piensas que va a suceder lo inevitable, surge lo imprevisto”.





Posible examen de Estados Unidos a Nicaragua en el marco del DR-CAFTA

21 05 2017

Presentación1

Nicaragua podría estar sujeta a un examen del Departamento de Comercio de Estados Unidos para determinar si en el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA entre ambos países, de corte multilateral pero negociado bilateralmente, la primera economía del mundo renunció a su política de “Compra estadounidense”, o sea, si con el acuerdo DR-CAFTA Estados Unidos es un perdedor neto en el mercado global de contratos públicos. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Censos, División de Comercio Exterior, el déficit comercial de Estados Unidos con nuestro país se incrementó de US$555,327,139 en 2006, un año antes de que el DR-CAFTA entrara en vigor, a US$1,828,962,471 en 2016, es decir, se multiplicó por 3.3 veces.

“Estados Unidos primero” es el lema principal del presidente Donald Trump. “Compra estadounidense y contrata a estadounidenses” es el nombre de un decreto presidencial firmado por Donald Trump el 18 de abril, y está destinado, primero, a revisar el sistema de visados para evitar que pueda beneficiar a trabajadores extranjeros por encima de los estadounidenses enfocándose particularmente en los visados H-1B, con los cuales se contratan temporalmente a extranjeros en puestos de alta calificación relacionados con ciencias, ingeniería y tecnología, muchos de ellos procedentes de India y, segundo, a promover el uso de productos estadounidenses en los contratos para proyectos financiados por el gobierno federal.

A finales de abril recién pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, con fines proteccionistas, encargó al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de Estados Unidos buscar cualquier problema provocado por todos los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio internacional y por los acuerdos de inversión que se encontraban vigentes.

En esa ocasión, el presidente Trump enfatizó que los acuerdos comerciales deben incrementar el crecimiento económico, contribuir favorablemente al balance comercial y fortalecer la base manufacturera de Estados Unidos. Esa revisión evaluará cada acuerdo de libre comercio para determinar si está cumpliendo con ese estándar; en otras palabras, si Estados Unidos está siendo tratado equitativamente por sus socios comerciales.

El Secretario de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que su Departamento emitirá un reporte dentro de 180 días, en octubre de este año, en el cual se identificarán los problemas y sus posibles soluciones. Entre las violaciones, los abusos y prácticas desleales de los acuerdos comerciales y de inversión, o de las reglas de la OMC, se identificarán las que dañen a los trabajadores, ganaderos, productores manufactureros, empresas, derechos de propiedad intelectual, innovación o investigación.

Además, aunque el gobierno federal aún no ha tomado ninguna decisión, el Secretario de Comercio de Estados Unidos declaró que la Organización Mundial de Comercio (OMC) podría necesitar algunos cambios en sus estatutos, ya que Estados Unidos es “el mayor importador mundial”, y también expresó que la OMC es muy burocrática y tiene un “sesgo institucional” a favor de los exportadores y en contra de los países que están siendo “atribulados por importaciones indebidas”.

La OMC está integrada por 164 miembros y Estados Unidos, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos, tiene 20 acuerdos de libre comercio y 42 tratados de inversión bilaterales. La revisión encargada por el Presidente Trump examinará si esos acuerdos y tratados funcionan bien para Estados Unidos, y si la primera economía mundial está obteniendo los beneficios previstos en términos de empleos y crecimiento económico.

Con información oficial del Departamento de Comercio de Estados Unidos, desde que entró en vigencia cada acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y otros socios comerciales, la primera economía del mundo observó que sus superávit comerciales declinaron con 2 países, Panamá y Costa Rica; sus déficit comerciales se incrementaron con 3 países, Corea, Canadá y Nicaragua; y la economía estadounidense transitó de un superávit a un déficit comercial con 3 países, México, Israel y Jordania.

Comercio de Estados Unidos con países en el marco de Acuerdos de Libre Comercio

País

Año en vigor

Pre Acuerdo de Libre Comercio *

2016

Canadá

1989

-9,841,907,403

-12,106,120,421

Costa Rica

2009

1,741.757,272

1,564,752,685

Israel

1985

226,327,918

-9,009,350,878

Jordania

2001

243,437,386

-62,372,008

Corea

2012

-13,199,723,426

-27,666,002,563

México

1994

1,663,652,751

-63,191,939,200

Nicaragua

2006

-555,327,139

-1.828,962,471

Panamá

2012

7,862,266,419

5,736,337,812

*: Pre Acuerdo de Libre Comercio muestra los balances comerciales del año anterior a la entrada en vigor del acuerdo.

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina de Censos, División de Comercio Exterior.

Con base en cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), se puede concluir que el déficit comercial estadounidense con Nicaragua está influenciado por el valor de las exportaciones de 176 empresas establecidas en el régimen de zona franca, que en 2016 totalizó US$2,612.8 millones, pero de esta cifra se desconoce el valor exportado a Estados Unidos.

Por otro lado, siempre con base en datos oficiales, el valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB en 2016 sumó US$2,226.4 millones, de los cuales Nicaragua destinó el 42.4% a Estados Unidos, es decir, US$943.6 millones. Por su parte, el valor total de las importaciones de bienes CIF de Nicaragua en 2016 fue del orden de US$5,887.2 millones, de los cuales US$1,150.1 millones provino de Estados Unidos, o sea, el 19.1%. Por lo tanto, excluyendo el comercio de las empresas de zona franca, el déficit comercial (exportaciones FOB menos importaciones CIF) de Nicaragua con Estados Unidos fue igual a US$206.5 millones.

Así, el déficit comercial estadounidense con Nicaragua de US$1,829.0 millones señalado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos incluye, sin duda alguna, el comercio exterior de las empresas radicadas en las zonas francas del país. Veremos que dirá el dictamen del Departamento de Comercio de Estados Unidos.