Nicaragua ha cumplido y amerita las dos dispensas estadounidenses

17 06 2012

La oposición política en Nicaragua se ha dejado a entrever más por sus comentarios sobre las dos dispensas (waivers) estadounidenses pendientes de entrega a nuestro país, como son las de la propiedad de ciudadanos estadounidenses y de la transparencia presupuestaria, que por su trabajo legislativo escaso y cuestionable. En fin de cuentas, por algo debe hacerse notar que existe, aunque no observo una oposición real en el escenario político actual de Nicaragua, ya que para estar sentada en los curules reconocieron la autoridad de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, pero también se negaron a quitar la inmunidad a un magistrado suplente, recientemente acusado por sus relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico, porque era un funcionario de facto.

Sin embargo, comparto el clamor nacional que se fortalezcan la gobernabilidad y la institucionalidad, se respete el Estado de Derecho y se corrijan las debilidades del Consejo Supremo Electoral de cara a la elección de 153 alcaldes el próximo 4 de noviembre, con el propósito supremo de vitalizar la economía a través de la inversión privada y avanzar más rápidamente en la reducción del subempleo y de la pobreza de los nicaragüenses.

Aún está fresca en la memoria de los nicaragüenses que en la anterior Asamblea Nacional (del período presidencial 2007-2011) se aprobó, sin que dicha oposición, presente en el hemiciclo, se “enterara” de la votación del decreto ejecutivo de mantener en sus puestos a los actos cargos de diversas instituciones estatales, entre ellas el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos.

Siempre he sido de la opinión que nuestra nación ha cumplido en la solución de los problemas de la propiedad que fue confiscada en la década de los ochenta, tal como lo ha mostrado el reciente informe del Procurador General de la República, Hernán Estrada, y de que el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene la voluntad política de proteger la propiedad privada. También he sido siempre de la opinión que no existe opacidad presupuestaria –si la hubiera, ya hubiese sido denunciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, porque en referencia al señalamiento de la oposición política que existe poca transparencia de la asistencia financiera de Venezuela se puede afirmar que está debidamente registrada en el movimiento de capital privado neto de la cuenta de capital de la balanza de pagos de nuestro país –fue admitida como una deuda privada externa por el policía financiero internacional-, y su uso es progresivamente detallado en los informes semestrales y anuales de la Cooperación Oficial Externa publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN).

El paradigma de la cooperación estadounidense, la Cuenta del Reto del Milenio, siempre estuvo expuesta al riesgo de no ser entregada si no se cumplían algunos requisitos, entre los cuales se distinguen los de la Buena Gobernabilidad con la evaluación del Banco Mundial sobre el control de la corrupción, la aplicación de la justicia, la transparencia y la efectividad gubernamental, mientras que Freedom House evalúa las libertades civiles y los derechos políticos. Por las denuncias de la oposición política de un fraude electoral en las elecciones municipales de 2008, a partir de 2009 se suspendieron las entregas de US$60 millones pendientes de la Cuenta del Reto del Milenio y de un préstamo anual cercano a US$25 millones del Banco Mundial (BM/IDA), que eran de divisas líquidas de libre disponibilidad para apoyo presupuestario; además, por esa misma denuncia, se suspendieron las donaciones del mismo tipo de divisas para apoyo presupuestario de diversos donantes europeos, entre los cuales se destacaba la Unión Europea. Pero Estados Unidos no puso en jaque los préstamos multilaterales de divisas líquidas atados a proyectos y programas del sector público concedidos por el BM/IDA ni los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con las denuncias de un fraude en las elecciones nacionales de noviembre de 2011, algunos opositores políticos que radican en el país han viajado a Estados Unidos y Europa a pedir que le suspendan la ayuda a Nicaragua, creyendo que con esa actitud afectarán al gobierno de Nicaragua sin meditar que el principal afectado es la nación nicaragüenses, los empresarios y los consumidores. Cabe mencionar que las donaciones de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) no han estado sujeta a esos criterios, y en el peor de los casos de que fuesen aplicados observaríamos la suspensión de una colaboración anual aproximada a US$20 millones y, de acuerdo con el precedente antes mencionado, no debería poner en jaque a la actual cooperación oficial del BM/IDA y del BID.

Como nicaragüense espero que las denuncias de la oposición política actual no provoquen severos daños económicos y sociales a nuestra nación. No sería justo que la recuperación económica del país se vea truncada por la conducta de un grupo minoritario de políticos, buscadores de rentas políticas -zancudos, les llaman en el argot político criollo-, que no se mantienen con el desempeño empresarial del país que tiene el afán de continuar reduciendo la pobreza.

Los partidos políticos opositores al gobierno están fragmentados y desunidos, sus miembros no se entienden ni confían entre ellos mismos y el supuesto líder de esa oposición, Eduardo Montealegre Rivas, escudado en la inmunidad que le confiere su cargo de diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) en la Asamblea Nacional, evade la justicia y no responde por sus presuntos delitos pendientes, entre los cuales figuran mis dos acusaciones por sus graves injurias y calumnias que él escribiera en el diario La Prensa –publicadas el 31 de julio de 2008- y en una supuesta carta de disculpas con fecha 2 de febrero de 2011  que hizo circular desde la dirección electrónica del movimiento político que lleva su nombre.

Ojalá que ese supuesto líder opositor político pudiese dar un ejemplo a nuestra nación de lo que significa ser un demócrata, un respetuoso de las leyes y de las instituciones, y un garante  Estado de Derecho. Su conducta y su presunta delincuencia común, que trata de asociarla con la de ser un  perseguido político,  demuestran lo contrario.

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