Un banquero sibilino

Cinco meses y siete días antes que el banquero Eduardo Montealegre Rivas simulara la venta de sus 9,078 acciones que aún tiene en el Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO), se creó en Panamá una sociedad anónima mercantil denominada Commercial View Corporation (CVC), con un capital social de apenas diez mil dólares dividido en cien acciones comunes al portador, y cada acción con un valor de cien dólares.

La empresa CVC, con duración perpetua, fue inscrita en el Registro Público de Panamá el 15 de noviembre de 2001, y fue la compradora de las acciones del banquero Eduardo Montealegre Rivas, a quien he acusado tanto por sus injurias y calumnias contra mí, como por los daños morales y económicos que ha cometido contra mi familia y mi persona desde el 31 de julio de 2008 hasta la fecha.

En ese noviembre de 2001, tres damas integraron el directorio de esa empresa panameña, con los cargos de presidente, tesorero, y secretario, otras dos damas fueron suscriptoras, y la fecha de su escritura fue la misma del registro de la empresa.

El 6 de diciembre de 2001, el ahora diputado acusado Eduardo Montealegre Rivas anunció públicamente en Managua que iba a vender todas sus acciones en el BANCENTRO para evitar cualquier suspicacia en el cargo público en que se desempeñó a partir del 10 de enero de 2002, el de ministro de Hacienda y Crédito Público en la administración del Ing. Enrique Bolaños. Sin embargo, dicho diputado acusado ya se había desempeñado como secretario de la Presidencia y como ministro de Relaciones Exteriores en la Administración del Dr. Arnoldo Alemán.

El 10 de enero de 2002, 3 meses y 10 días antes de la simulación de la venta de las 9,078 acciones antes mencionadas, y fecha coincidente con la del ascenso al poder del Ing. Enrique Bolaños, la empresa CVC inscribió una escritura en el Registro de la Propiedad de Panamá, en la cual otorgaba un poder general al Sr. Roberto José Argüello Osorio desde el 16 de enero de 2002.

Cinco meses y cinco días después que la empresa CCV fuera inscrita en el registro de Propiedad de Panamá, o sea el 20 de abril de 2002, el ahora diputado querellado vendió sus acciones al Sr. Roberto José Argüello Osorio.

El 10 de febrero de 2008, el Juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Áreas, tomó testimonio del Sr. Roberto José Argüello Osorio, como una prueba anticipada del juicio solicitado por el Fiscal Especial, Sr. Armando Juárez, en el caso de las liquidaciones bancarias de 2000 y 2001. El nombre del comprador de susodichas acciones aparecía en la Declaración de Probidad de Eduardo Montealegre Rivas.

Una curiosidad financiera se distingue rápidamente en las declaraciones de Probidad de Eduardo Montealegre Rivas correspondientes a 2004 y 2005, en las que informó a la Contraloría General de la República (CGR) que recibió dividendos del BANCENTRO correspondientes a 2003, porque aún no le habían cancelado la venta de sus acciones y hasta el año de 2006 no había sido cancelada. En otras palabras, el banquero vendió sus acciones al crédito. 

El acta levantada por el Sr. Victor Manuel Molina Mendoza, Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua (Suplente), quien fue el Juez Ejecutor del embargo preventivo de los bienes y valores del acusado Eduardo Montealegre en el BANCENTRO el 30 de abril de 2010, me ha ayudado a demostrar que las acciones fueron aparentemente cedidas a la empresa Commercial View Corporation en un acto simulado donde está por verse cuál es el destino de las utilidades de esas 9,078 acciones, las cuales estarían sujetas a garantizar cualquier perjuicio si resultare victorioso frente al juez en mi demanda por los daños morales y económicos, provocados y dirigidos por  el diputado acusado, que aparenta ser un respetuoso de la justicia pero que continúa escudado en su inmunidad.

Reitero que mi actuación se ha dado y se continuará dando dentro del marco de equilibrio y ecuanimidad y que ha sido consecuencia de la persecución y obstrucción que el acusado diputado y banquero Eduardo Montealegre ha emprendido, a través de sus múltiples influencias, para deteriorar el bienestar familiar y personal y, además, por tratar de dañar mi dignidad personal y profesional, lo cual trasciende a cada miembro de mi familia.