Ha vuelto a encenderse la luz amarilla del semáforo de los riesgos internacionales que acechan a Nicaragua. Las recientes sanciones de Estados Unidos a Venezuela, en términos generales, y la alusión de la posibilidad de un embargo a Nicaragua, en términos particulares, constituyen una seria advertencia de la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
La orden ejecutiva del presidente estadounidense determinó que “Todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (…) quedan bloqueados y no se pueden transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos”, “a la luz de la continua usurpación del poder por parte del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro y sus colaboradores” y citó como motivos “los abusos contra los derechos humanos”, “la interferencia contra la libertad de expresión” y “el intento de socavar la autoridad” del líder opositor Juan Guaidó, al que EE.UU. considera mandatario legítimo de Venezuela.
El presidente Trump impuso un bloqueo económico total. Según The Wall Street Journal, Estados Unidos sólo mantiene medidas de este tipo contra Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte, y también dice, citando a un funcionario del gobierno estadounidense, que la medida va encaminada a la imposición de un “embargo” contra Venezuela.
Por otro lado, el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró en la Conferencia Internacional sobre Democracia en Venezuela realizada en Lima, Perú, a inicios de agosto en curso, que el embargo funcionó una vez en Nicaragua y que volvería a funcionar, dejando de esta manera una posibilidad abierta para aplicar de nuevo esta medida de presión. El embargo comercial a Nicaragua fue impuesto junto con el embargo financiero el 1 de mayo de 1985 y duró 4 años y 8 meses. Cabe recordar que en 1985 el país tenía 3.7 millones de habitantes y en 2019 tiene 6.5 millones, y cabe agregar que la “NICA Act” ya activó las sanciones financieras provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM/IDA) y Fondo Monetario Internacional (FMI).
Un embargo comercial sería devastador para la economía nacional. Los datos oficiales más recientes del país indican que el 42.3% del valor anual exportado se destina a Estados Unidos, mientras que el 24.2% del valor anual importado proviene de Estados Unidos, o sea, el 30% del comercio global de Nicaragua se realiza con la primera economía mundial. Un embargo comercial afectaría a los consumidores, a los empresarios y al gobierno, debido a la escasez de bienes de consumo no duraderos -entre estos, alimentos, medicamentos, productos farmacéuticos y vestuario- y bienes de consumo duraderos -principalmente electrodomésticos, llantas y neumáticos-, de bienes intermedios o materias primas requeridos para la producción, y de bienes de capital o maquinaria y equipo utilizados para la ejecución de proyectos de inversión.
En ese escenario, la caída de la producción estaría más acentuada, en orden de importancia, en las actividades de transporte y comunicaciones, servicios bancarios, minería, comercio, agropecuario e industria manufacturera. Por el lado de la demanda de bienes y servicios, caerían, también en orden de importancia, los volúmenes de bienes de exportación, de bienes importados, de consumo familiar y de inversión en construcción y maquinaria y equipo; sólo tendería a aumentar el gasto de consumo gubernamental. La búsqueda de nuevos mercados internacionales no sería efectiva debido al desplome de la producción exportable. Junto a la caída de la producción, se destruirían más puestos de trabajo formal y continuaría aumentando el desempleo y el subempleo, todo lo cual impactaría con una tasa de pobreza galopante.
Con ese impacto, el producto (o ingreso) interno bruto por habitante promedio anual retrocedería, a lo sumo, 5 años más, que se adicionarían a los 7 años que ya ha retrocedido por el impacto de la crisis política del 18 de abril de 2018.
El tipo de cambio no aumentaría en el mercado oficial, pero se dispararía en el mercado negro y aceleraría la tasa de inflación, que también sería galopante, a pesar de que el banco central elevaría las tasas de encaje sobre los depósitos en moneda nacional, es decir, el porcentaje de los depósitos en córdobas que las entidades bancarias depositan en el banco central. La fuga de los depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario se reactivaría y si el banco central decidiese elevar la tasa de encaje legal de estos depósitos, con el objetivo de mantener el ya bajo nivel de reservas internacionales, provocaría la fuga de todos los depósitos en dólares del público no bancario.
En este escenario, en que no hay guerra como la que imperó en la década de los ochenta, la presión fiscal que resultaría de la caída de los impuestos y del aumento del gasto de consumo público -un aumento justificado con el estribillo ancestral de la inflexibilidad de dicho gasto, porque el de inversión ya habría disminuido por las sanciones financieras internacionales- activaría la emisión de dinero para financiar un creciente déficit fiscal, que ya no puede ser financiado con deuda pública interna, o sea, con bonos del Tesoro Nacional que no serían adquiridos por las entidades bancarias radicadas en el país, lo cual agregaría más puntos a la tasa de inflación. Se perdería la estabilidad macroeconómica, que se ha logrado mantener hasta hoy con el costo de acelerar la tasa de caída de la producción de bienes y servicios.
Aunque los saldos de la deuda pública externa e interna no reflejarían grandes incrementos, sus proporciones con respecto a un producto interno bruto deprimido se elevarían significativamente, de tal forma que Nicaragua, con la incapacidad de cumplir el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública externa, volvería a correr el riesgo de ingresar a ese extraño club de países pobres muy endeudados en términos de producción, con la severa restricción de que ya no existen iniciativas de condonación de la deuda externa entre los países de economía avanzada.
Independientemente de los pensamientos políticos y económicos, pero con responsabilidad, liderazgo y respeto, es necesario que la Nación encuentre un Camino en Unidad que saque al país adelante. Por estas razones, reitero que es necesario restablecer el Diálogo Nacional. Tenemos la obligación de evitar el retroceso y el deterioro económico y social de la población nicaragüense. Tengo la seguridad que el Diálogo Nacional es la oportunidad para producir lo mejor de lo mejor.
Blog de Néstor Avendaño 
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