El Secretario Privado para Políticas Nacionales del Gobierno de Nicaragua, Paul Oquist Kelley, causó un gran asombro entre la población en general y entre los economistas en particular al aseverar recientemente que se observó un aumento de 304,300 personas en la ocupación total del país en 2010 respecto a 2009, o sea una alza de 12.5% en el total de ocupados.
Tengo la seguridad que el secretario privado no se refería a la ocupación plena, o sea a las personas que laboran la jornada legal de 8 horas diarias o 40 horas semanales, y por lo tanto ignoró o pretendió ignorar que el principal problema en el mercado laboral de nuestro país es el subempleo; en otras palabras, minimizó la presencia de al menos 1 millón 200 mil nicaragüenses que tienen problemas de empleo, y entre estas personas se distinguen los que trabajan involuntariamente más horas que la jornada legal de 8 horas diarias porque perciben menores ingresos que el salario mínimo legal (los denominados subempleados invisibles), los que laboran involuntariamente menos tiempo de la jornada legal de 8 horas diarias y están dispuestos a trabajar (los llamados subempleados visibles) y los desempleados.
El aumento del número de subempleados no significa un aumento de los ocupados. La ocupación plena no es una preocupación fundamental de la política macroeconómica actual de nuestro país, porque en el ámbito monetario sólo existen dos responsabilidades del Banco Central de Nicaragua (BCN), como son las de velar por la estabilidad del córdoba y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, y su nueva ley no le confirió la obligación de garantizar el pleno empleo. Consecuentemente, no existe una efectiva política de financiamiento a las actividades económicas que sea coordinada por la autoridad monetaria.
Desde el punto de vista fiscal, la búsqueda de la ocupación plena tampoco es posible porque el gasto de inversión pública sufre del problema estructural de estar limitado al 30% del gasto total del presupuesto nacional más un reducido aumento de menos del 1% del PIB durante cada año permitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es uno de los llamados ajustadores del Programa “Servicio de Crédito Ampliado, sí y sólo sí el gobierno de Nicaragua logra desembolsar nuevos préstamos externos muy concesionales.
Por consiguiente, el secretario privado incluyó en esas cifras alegres a los nuevos ocupados que trabajan 1 hora, 2 horas ó 5 horas diarias porque no encuentran trabajo, y a los ocupados que trabajan 9 horas, 10 horas ó 12 horas diarias porque con su ingreso de la jornada legal no facilita el acceso de su familia a la canasta de 53 productos de consumo básico. Por supuesto que esta situación se explica con el hecho de que casi el 70% de los ocupados plenos y de los subempleados labora en establecimientos que no cuentan con registros contables.
El paradigma que el crecimiento económico reduce automáticamente la pobreza, como sostenían los ministros de los tres gobiernos anteriores, ya fue enterrado con el Consenso de Washington por los líderes de las economías avanzadas a finales de 2008, pero en Nicaragua continúa vivo gracias al FMI. Es necesaria la formulación e implementación de un nuevo modelo económico en nuestro país para reducir la pobreza de los nicaragüenses. El modelo actual no genera pobreza sino que funciona sobre la base de la pobreza.
La pobreza de Nicaragua es un resultado del gran número de subempleados y desempleados. De acuerdo con las más recientes cifras oficiales, en 2009 el 42.5% de la población era pobre y, dentro de ese porcentaje, el 14.6% de la población padecía de extrema pobreza, unos indicadores más creíbles que los publicados en el gobierno de Enrique Bolaños: en el período 2001-2005, si el Producto Interno Bruto crecía 1.0%, el índice de pobreza extrema aumentaba 1.03% y el índice de pobreza se elevaba 0.42%.
Coincido con mi colega y actual asesor financiero del Presidente Daniel Ortega, Francisco Mayorga, en que las políticas públicas de la actual administración han dado una gran importancia a la solución de los problemas económicos y sociales de los pobres de nuestro país, que no fueron privilegiados con las políticas de los gobiernos de la Sra. Violeta Barrios vda. de Chamorro y del Ing. Enrique Bolaños.
La evidencia empírica demuestra que durante el período 2005-2009 si el PIB creció 1% la pobreza extrema se redujo 1.86% y la pobreza disminuyó 1.45%. Sobre la base de este resultado y tomando en cuenta los problemas estructurales de las condiciones de la baja productividad de nuestra economía, el bajo nivel de escolaridad promedio nacional de nuestra población, la gran informalidad del mercado laboral y la escasa infraestructura tecnológica de la microempresa y de la pequeña empresa, para erradicar la pobreza extrema de Nicaragua el PIB Real de 2009 requeriría incrementarse en un 54%, lo cual en un plazo de 10 años implicaría, en términos promedio anual, que la producción de bienes y servicios aumente 4.9% y en un plazo de 5 años la producción de bienes y servicios crezca al ritmo de 11.4%. Esto sería un milagro económico. La visión del BCN compartida con el FMI sobre el crecimiento económico de Nicaragua en el período 2009-2016 es apenas de 4.0%.
La pobreza es un grave problema estructural que sólo se resolverá en el largo plazo, porque las tareas asociadas con su reducción no son de corto plazo, por ejemplo la educación técnica y la formalización del mercado laboral. Creo que los políticos necesitan normalizar sus ánimos en este año electoral, ya que deben ser cautos con sus promesas a la población porque ahora sí tienen la obligación de demostrar cómo lograrán sus objetivos socioeconómicos en el período 2012-2016. Creo que no hay lugar a más engaños.
Blog de Néstor Avendaño 
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