Los nuevos consejos fiscales del FMI

1 07 2010

En espera de agosto de 2010 para que se efectúen las Revisiones IV y V del Programa de “Servicio de Crédito Ampliado” (SCA) suscrito entre el Gobierno de Nicaragua y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que expira en octubre de este año, los miembros de la misión técnica del organismo multilateral, que frecuentemente visitan a nuestro país, han comenzado a manifestar aceptaciones y rechazos de algunas medidas de política económica.

Tres cosas benignas dejó la recesión económica mundial en Nicaragua, que los jóvenes técnicos del FMI no enfatizan en su informe: una baja tasa de inflación de 0.9% por la acentuada caída de los precios internacionales del petróleo, alimentos y otras materias primas; una reducción de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 14% del PIB del déficit en cuenta corriente, porque los precios de los bienes importados cayeron 8% mientras que los precios de los bienes exportados disminuyeron 1%; y la leve disminución de 1.5% del volumen de producción de bienes y servicios, porque el PIB Real de Nicaragua es el más pequeño del istmo centroamericano al representar el 5% de la producción total de la sub región.

Además, el FMI no reconoce que las políticas fiscal, monetaria y financiera de Nicaragua en 2009 no fueron anti cíclicas, o sea que el país no pudo contrarrestar los efectos de la recesión económica mundial por la indisponibilidad de recursos externos, especialmente para apoyo presupuestario, lo cual provocó el ingreso de 65 mil personas al desempleo.

Sin embargo, los técnicos fondomonetaristas saludan los gestos gubernamentales de congelar el gasto total del presupuesto de 2009 en 2010, e implementar a partir del 1 de enero de 2010 una reforma tributaria a partir del 1 de enero de 2010, que busca el aumento de 45 millones de dólares en el monto anual de los impuestos, y el incremento de 15% a 16% de la tasa de contribución de los empleadores para la seguridad social, pero lamentan la entrega del bono salarial a los empleados del sector público que fue financiado con recursos venezolanos.

Por la entrega del bono salarial, los nuevos consejos del FMI son consolidar las finanzas públicas con el fin de garantizar la cobertura mínima de 2.2 veces de las reservas internacionales sobre la base monetaria, estabilizar la deuda pública y reducir, o al menos contener, los riesgos políticos de cara al próximo año de elecciones nacionales.

A pesar que el FMI reconoce la suspensión definitiva de las donaciones del Grupo de Apoyo Presupuestario y la necesidad de un mayor gasto en servicios sociales e infraestructura económica (inversiones públicas), hace un llamado a reducir la tendencia del endeudamiento gubernamental mediante un mayor ahorro del sector público, lo cual es contradictorio en un año pre electoral, en el cual se observa el ciclo económico político.

Ese ciclo es el reflejo del calendario del ciclo electoral, en el cual los encargados de la política económica tratan de responder al electorado con medidas que maximicen la probabilidad de reelegir al partido o alianza de partidos en el poder, valorando la inflación frente al desempleo y el momento óptimo para influir en los resultados electorales. En otras palabras, los políticos adoptan medidas económicas expansivas cuando se aproximan las elecciones, pero el consejo del FMI es que se reduzca el gasto público.

Para aumentar el ahorro del sector público, el FMI aconseja ampliar el número de contribuyentes o la base tributaria con la reducción de los incentivos tributarios, mejor dicho de las exoneraciones y exenciones en el pago de los impuestos; limitar el crecimiento de la planilla salarial con el establecimiento de una política salarial de mediano plazo y con un apropiado servicio civil; evaluar las transferencias establecidas en la Constitución de la República para la educación superior y el Poder Judicial; disminuir los subsidios generalizados del transporte y de la energía eléctrica; y mejorar la administración financiera del sector público con el fin de impulsar la productividad y los objetivos del gasto público.

Las decisiones soberanas del pueblo nicaragüense deben ser respetadas por los organismos internacionales. Reformar la Constitución de la República no debe ser sugerida por el FMI; la eliminación de exoneraciones y exenciones tributarias elevarían los precios al productor y al consumidor en un año electoral, lo cual confirma que el FMI no distingue el momento del ciclo económico político cuando brinda sus consejos; pedir la reducción de los subsidios en el consumo de energía eléctrica en los hogares que gastan mensualmente 150 Kwh y de los subsidios en el transporte de personas en autobuses en la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino, deja a entrever que el FMI cierra sus ojos ante la realidad que el 80% de la población de Nicaragua no satisface sus necesidades básicas.

Finalmente, los técnicos del FMI lamentan el atraso de la formulación de opciones para reformar el sistema de pensiones de seguridad social e instan a las autoridades gubernamentales a que sometan esas opciones a una consulta nacional en el menor plazo posible, con el fin de evitar el surgimiento del déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en 2018 y su colapso financiero en 2024. Aumentar el número mínimo de 15 años de contribución, elevar de 60 a 65 años la edad de jubilación, incrementar las tasas de contribución a la seguridad social y reducir los beneficios de la seguridad social es muy improbable en el actual momento del ciclo económico político.

Aconsejo a los técnicos del FMI que no pueden divorciar los momentos económicos de los momentos políticos, y que las medidas económicas restrictivas deben implementarse al comienzo de la gestión de una nueva administración pública, mas no en el momento en que la nación elige al Presidente de la República y a los diputados de la Asamblea Nacional.

En términos económicos, reitero a los jóvenes técnicos del FMI que las medidas económicas para reducir la inflación y aumentar el desempleo se podrían aplicar a partir del 10 de enero de 2012, cuando se inicia un nuevo mandato presidencial, pero se debe tomar en cuenta que desde hace muchos años, mejor dicho desde hace varias décadas, el principal problema que tiene la población nicaragüense es no poder encontrar un puesto de trabajo.


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