Un leve ajuste del gasto por la desaceleración tributaria

30 08 2013

Presentación1

Las proyecciones de la recaudación de impuestos del Gobierno Central siempre han sido subvaloradas desde la década de los noventa del siglo pasado, con el objetivo de reducir intencionalmente el gasto público en concepto de transferencias constitucionales y otras de orden legal, entre ellas el aporte estatal a las universidades, las transferencias a 153 alcaldías del país y las transferencias al Poder Judicial. Por ello, siempre he señalado que el servidor público más “destacado”, más “eficiente”, es el cobrador de impuestos, quien siempre supera la meta que la Asamblea Nacional le aprueba cada año.

Pero, ¿por qué en este año el aumento “inesperado” de los impuestos es levísimo y la reforma del presupuesto de este año es apenas el 30% del monto en que se ajustó el de 2012? De acuerdo con datos oficiales disponibles a esta fecha, en junio de este año la tasa de crecimiento promedio anual del desempeño productivo, que no es el del Producto Interno Bruto (PIB) Real sino el del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), es 5.3% mientras que al mismo mes del año pasado fue 4.2%; es decir, se ha observado una aceleración de 1.1 puntos porcentuales del IMAE, lo cual implica un aumento de la recaudación de impuestos porque hay más producción de bienes y servicios, en este caso del sector formal de la economía porque el Banco Central de Nicaragua (BCN) no recopila información de la economía subterránea del país para elaborar el IMAE.

Por otro lado, la tasa de inflación interanual de precios al consumidor (IPC) al mes de julio de este año fue 7.9%, mientras que la del mismo mes del año pasado fue 6.7%; o sea, hay más inflación, la presión inflacionaria se ha acelerado en 1.2 puntos porcentuales, lo que contribuye a recaudar más impuestos.

Gracias a más producción y más inflación en el transcurso de este año se ha logrado recaudar un poco más de impuestos que el año pasado –han informado la suma de C$973.3 millones-, pero ese modesto aumento no ha sido gracias a una menor tasa de inflación, como argumentara la asesora legal de la presidencia de la República, Claudia Curtis, cuando presentó la reforma del presupuesto nacional a la Asamblea Nacional, o a una “más acertada” proyección del cobro de impuestos al aprobarse el presupuesto de este año, como señalara el diputado Edwin Castro.

Hay aumento de la recaudación de impuestos, pero se ha desacelerado. La tasa de variación interanual de la recaudación de impuestos del Gobierno Central acumulada en el período julio 2012 a junio 2013 con respecto a la acumulada de julio 2011 a junio de 2012, arroja un crecimiento de 15.3% en el monto total de los ingresos tributarios, sustentado, en orden de importancia, por las alzas de 19.0% del impuesto sobre la renta (IR), 13.8% del impuesto del valor agregado (IVA), 12,7% del impuesto sobre las importaciones (DAI) y 11.2% del impuesto selectivo de consumo (ISC) liderado por el consumo de aguas gaseosas.

Sin embargo, esos aumentos relativos de los impuestos son menores que los registrados en el período inmediato anterior, es decir la variación interanual entre los períodos julio 2011-junio 2012 con respecto al de julio 2010-junio 2011. Se observa que han desacelerado la recaudación del total de impuestos en 6.4 puntos porcentuales, del IR en 5 puntos porcentuales, del IVA en 8.5 puntos porcentuales, del DAI en 11.5 puntos porcentuales y del ISC en 4.5 puntos porcentuales.

¿Por qué ha desacelerado la recaudación de impuestos? Existen varios factores que explican esos menores aumentos relativos tributarios, pero el principal es la desaceleración económica mundial que implica una menor demanda internacional de materias primas de parte de los países de economías avanzadas y, consecuentemente, una caída de los precios internacionales de los bienes primarios o commodities., como son, en el caso de nuestro país, los del café, azúcar, frijol, maní, productos lácteos y oro. Los precios de las exportaciones e importaciones disminuyen –y el de las exportaciones ha caído más que el de las importaciones- y, por lo tanto, desacelera la recaudación de los DAI (derechos arancelarios de importación).

No sólo el precio sino también el volumen de las exportaciones ha disminuido, que han dejado de ser el motor principal del crecimiento económico del país, y esto ha afectado el pago del IR de los exportadores; hoy la inversión privada, principalmente la extranjera directa, es la impulsora del crecimiento económico del país, pero parte de los inversionistas foráneos están exentos del pago del IR. Por esto desacelera el pago del impuesto sobre la renta de las actividades económicas

Por otro lado, aunque la inflación importada ha disminuido, la mayor presión inflacionaria reciente deterioró el poder adquisitivo del salario promedio nacional –excepto el de las personas que devengan el salario mínimo porque han recibido un ajuste salarial consecutivo anual de dos dígitos desde 2005 hasta este año-. Esto ayuda a explicar la desaceleración de la recaudación del IVA, ya que la moda de los otros salarios formales es ajustada con el 5% con que se devalúa el córdoba, pero la tasa de inflación acumulada anual, excepto la observada en 2009, ha sido mayor que la devaluación anual en los últimos cuatro años incluyendo el actual. Cabe agregar que sólo se elevó la recaudación del impuesto selectivo de consumo de combustibles, un resultado ya esperado con el aumento del 7.7% interanual del precio del transporte en julio de este año, porque no existe una ley que regule la formación de los precios de las gasolinas y el diesel.

Aunque el monto del ajuste de los impuestos es modesto y menor que el del año pasado, apenas equivalente a 0.4% del PIB esperado en este año, es justo reconocer que se asigna principalmente al gasto social, seguido en orden de importancia por el del área gubernamental, y el de la defensa, orden público y seguridad del país. Sin embargo, aún no sabemos si la reforma presupuestaria aumentará más el consumo público que la inversión pública, y de ser así se profundizaría el problema estructural presupuestario que surgió con el sinceramiento del gasto público en 2008, cuando se detectó que de cada 100 córdobas gastados por el Gobierno Central 80 se destinan al pago de remuneraciones, compra de bienes y servicios de consumo e intereses de la deuda gubernamental y apenas 20 se asignan al gasto en construcción y adquisición de maquinaria y equipo. Este problema impide el crecimiento económico sostenible del país.

Ojalá que ese problema estructural de las finanzas públicas se comience a resolver en el corto plazo, con una reforma o con una política del gasto público que apoye el crecimiento económico del país, tal como lo prometiera para 2013 el asesor económico y financiero presidencial Bayardo Arce, cuando presentó la Ley de Concertación Tributaria en el auditorio del Banco Central de Nicaragua en julio de 2012. Por el avance del calendario, es obvio que la promesa no se cumplió, pero revisar la estructura del gasto público es urgente y necesario.





En el rescate del INSS

26 01 2013

Presentación1

Salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no es nada menos que salvar a la economía de Nicaragua. La famosa “reingeniería financiera” para llevar a cabo el salvataje de una institución no funciona en el caso de la seguridad social de Nicaragua, porque en nuestro país lo que impera es la inseguridad social. Esto puede demostrarse con datos oficiales a noviembre de 2012, con el número de trabajadores activos asegurados promedio anual de 621 mil 632 personas, quienes representaron aproximadamente el 19% de la población económicamente activa (PEA) y el 22% de los ocupados y subempleados en nuestro mercado laboral.

El INSS no podrá levantarse, como argumentan algunos políticos de la así llamada oposición, con el hecho que el gobierno le pague la deuda equivalente a 569 millones de dólares registrados al 30 de junio de 2012, o como dijera otro político en el poder,  que discutamos este asunto hasta en 2020 porque el escenario de quiebra del INSS se dará en 2021. También es muy criticable la afirmación de oponerse a la propuesta de la reforma de pensiones de seguridad social sin presentar alternativas, es decir, oponerse por oponerse porque la reforma va contra la clase trabajadora, como ha sido manifestado por una organización partidaria en los medios de comunicación del país.

La obligación de conceder una pensión mínima de las personas que hoy la demandan, por no haber cumplido los requisitos para tener opción a una pensión del INSS, es del Estado, más específicamente del Presupuesto General de la República y, en términos institucionales, es una obligación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y no del INSS. Le aconsejo a los adultos mayores que enrumben su demanda desde las aceras del INSS a la aceras del MHCP, que elabora el presupuesto nacional, y de la Asamblea Nacional, que aprueba dicho presupuesto.

Volcar hacia el INSSS la demanda de la pensión mínima reclamada justamente por los adultos mayores significaría acelerar la quiebra financiera del INSS. La pensión mínima se basa en el salario mínimo legal y éste se ha multiplicado por 2.5 veces entre 2006 y 2012, pero lo reprochable es la afirmación del mismo político en el poder de “que puede haber acuerdos entre los adultos mayores y el Gobierno, pero si no existen fondos, no habrá resultados”, porque una obligación estatal no se evade.

Todos podemos expresarnos, pero en una forma responsable. Ahora agrego la afirmación de un especialista en seguridad social, quien dijo que “las deudas que tienen las instituciones del Estado con el INSS” suman “más de 100 mil millones de córdobas, que podrían equivaler a 5 mil millones de dólares”. Tremendo saldo de deuda, ya que es equivalente al 52% del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua en 2012 y, por lo tanto, mayor que nuestra deuda pública con el resto del mundo.  Otro colega economista, que a inicios de la década de los noventa del siglo pasado se presentó en el Banco Central de Nicaragua (BCN) como representante de la Contraloría General de la República (CGR) para investigar el uso discrecional de 500 millones de dólares en concepto de Errores y Omisiones de la Balanza de Pagos de nuestro país, hoy sugiere revisar exhaustivamente el pago anual de 100 millones de dólares del INSS a las empresas médicas previsionales y propone crear la defensoría de los asegurados y designar un ombudsman (defensor del pueblo) nombrado por la Asamblea Nacional.

Aunque seguiremos escuchando más sugerencias novedosas y alarmantes sobre la reforma de la seguridad social, un tema que es mucho más importante que el de la política de estabilización macroeconómica o de una reforma tributaria, es conveniente abordar este tema con una visión de largo plazo que debió haber comenzado muchos años atrás.

Decía que salvar al INSS es salvar a la economía nacional, porque dentro de 30 años nuestra población entrará a un proceso de envejecimiento y con una bajísima productividad si nuestro país continúa funcionando como lo hace hoy. El PIB Real de Nicaragua crece en estos momentos porque anualmente más gente entra al mercado laboral, pero este bono demográfico desaparecerá porque es menor el número de niños y adolescentes en cada año que pasa. Esta transición demográfica generará presiones sobre el desarrollo futuro de nuestro país.

Los problemas fundamentales para rescatar a la economía nacional y al INSS son cómo formalizar nuestro mercado laboral y como elevar la competitividad empresarial. Ésos dos problemas se resuelven sólo en el largo plazo, pero es necesario comenzar a resolverlos. Formalizar la economía significa ampliar la cobertura de la seguridad social y aumentar la base de contribuyentes al presupuesto nacional; elevar la competitividad empresarial significa incrementar los salarios con base en la productividad, para aumentar las contribuciones a la seguridad social e incrementar el pago de impuestos al Tesoro nacional.

¿Cómo formalizar el mercado laboral? Un importante papel jugaría el sector privado formal, mediante sus gremios y organizaciones productivas para transferir conocimientos contables mínimos a las micro, pequeña y medianas empresas, a la inclusión de estas empresas en las organizaciones correspondientes y en el Registro de la Propiedad. Por supuesto, el Estado, como el gran coordinador nacional, tendría la tarea de aplicar la ley con el propósito de atraer y no de castigar a los agentes económicos.

¿Cómo elevar la competitividad empresarial? Con el fomento de la educación técnica media y superior, realizar más transferencia de tecnología a las empresas que no pueden comprarla, atraer empresas extranjeras y vincularlas a cadenas de producción locales, crear las posibilidades de financiamiento de largo plazo o para las inversiones, mejorar y ampliar la infraestructura económica del país (red vial, energía eléctrica, agua potable, alcantarillados, comunicaciones, servicios portuarios), mejorar la administración de la justicia, crear incentivos para que los productores mejoren su productividad, mejorar la calidad de los empresarios que arriesguen capital y reinviertan utilidades, mejorar la equidad tributaria, mejorar la calidad medioambiental del crecimiento económico, entre otras preocupaciones. Hay muchas tareas que realizar y urge especificar las medidas concretas para cambiar el actual modelo económico que no genera pobreza sino que funciona sobre la pobreza.

Por supuesto que será necesario modificar algunos parámetros de la seguridad social, pero no en la forma draconiana que se presenta en la propuesta que está en la página web del INSS, la cual refleja una simple proyección actuarial sin tomar en cuenta la presencia de dos grandes problemas arriba mencionados que aquejan a nuestra nación y nuestra economía. También será necesario formular un mecanismo para establecer la seguridad social para los trabajadores del campo, así como analizar el costo/beneficio del INSS y determinar si requiere alguna reforma institucional.

Por todo eso, rescatar al INSS significa rescatar a la economía nacional; es decir, urge cambiar el modelo económico actual.





Falsa humildad oculta pecado capital

28 09 2012

Muy lamentable la actitud de Eduardo Montealegre ante el Mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua del 26 de septiembre de 2012, porque sólo reconoce que ha cometido errores como miembro de un partido político y no como persona cuando estuvo en la silla de ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno y ahora como opositor al gobierno actual.

La soberbia, la arrogancia y la prepotencia de este diputado invalida su expresión de que “con gran humildad aceptamos que tenemos que mejorar, porque hemos cometido errores y porque es de humanos rectificar”. Tremenda falacia de Eduardo Montealegre que no respeta los derechos humanos, los viola y no rectifica tal como manda la ley, por sus graves acusaciones contra mi persona que debe demostrar ante el juez, pero huye de la Justicia, “escapa a la obligación de la ley”, a la vista pública al usar reiterada e inapropiadamente la inmunidad de su cargo de servidor público, mejor dicho al abusar de su cargo de servicio público, y alarga la fila de los nicaragüenses impunes.

Se nota también el oportunismo de este diputado, que ha sido acusado por la Fiscalía General de la República junto con otras 38 personas por daños cometidos al presupuesto nacional, al mostrar su acuerdo con el consejo pastoral que “lo importante es ver hacia el futuro, tomar conciencia de los grandes problemas que vive el país y comprometerse en la construcción de una sociedad más justa y democrática”. Con esa prestancia del diputado Eduardo Montealegre, observo su alevosía y ventaja al pretender ignorar sus presuntos delitos cometidos en las subastas de los activos de cuatro bancos liquidados en el país y en la restructuración de la deuda pública por las liquidaciones de cuatro bancos de la que aún el pueblo de Nicaragua tiene un pago pendiente de 177 millones de dólares más los intereses correspondientes.

Y si miramos más hacia el pasado, todavía está fresca en la memoria de los nicaragüenses la acción del ahora coordinador político del Partido Liberal Independiente (PLI) de quitar el vaso de leche escolar a los niños de educación primaria cuando fungió como ministro del Tesoro, con el fin de destinar los impuestos liberados del pago de la deuda externa con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados en enero de 2004 hacia el pago de la deuda ilícita y onerosa por el rescate de los depositantes en los cuatro bancos liquidados. Por esto, y por otras cosas más que están registradas en la historia económica de nuestro país, Eduardo Montealegre sólo quiere ver hacia el futuro para evadir su obligación de reparar los daños cometidos.





Pronóstico económico de Nicaragua para 2013

13 09 2012

El crecimiento económico mundial continuará siendo moderado en 2013. El menor crecimiento en las economías avanzadas, y particularmente en los mercados emergentes de mayor tamaño, se reflejará en menores presiones alcistas sobre los precios de materias primas en los mercados internacionales, incluyendo el petróleo. Si no se consolidan soluciones recientes para enfrentar y resolver la compleja situación fiscal y financiera de algunas economías de la Euro-Zona, habrá incertidumbre y mayor aversión al riesgo en mercados financieros internacionales.

Para la economía de Nicaragua, en 2013 hay riesgos en el acceso al financiamiento externo para el respaldo del presupuesto nacional y en la caída de los precios internacionales de las materias primas que nuestro país vende principalmente a Estados Unidos, Centroamérica, Venezuela y la Unión Europea.

La tasa de crecimiento económico de Nicaragua de 4.1% en 2012 tiende a desacelerar a 3.1% en 2013. Por el lado de la oferta, el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) Real se basa en las actividades agropecuarias y la construcción, mientras que por el lado de la demanda se fundamenta en la inversión y las exportaciones.

La alta tasa de desempleo global (el abierto y el equivalente asociado con el subempleo) se mantiene constante en 24.5% de la población económicamente activa (PEA) en 2013, es decir, 807 mil personas económicamente activas no generarán ingresos en 2013.

Mientras que en 2012, la tasa de inflación desacelera hasta 6.0% por la caída de los precios de los internacionales de las materias primas, en 2013 se remonta hasta 7.1% debido al mantenimiento de la tasa de devaluación anual de 5%, la expansión esperada de 14% del medio circulante y la expectativa inflacionaria provocada por la reforma tributaria, a pesar del supuesto que el precio internacional del barril de crudo WTI disminuye US$5 hasta US$90.

El valor de las exportaciones domésticas de bienes FOB más el valor neto de la maquila se incrementa 1.4% con un valor de US$3,013, pero el valor de las importaciones de bienes CIF superará los 6 millardos de dólares, de tal forma que el déficit comercial externo de US$3,101 millones, equivalentes al 37% del PIB y en gran parte explicado por la sobrevaluación de 19% del córdoba, se financia, en orden de importancia, con los flujos de inversión extranjera directa de US$1,100 millones, las remesas familiares de US$1,037 millones –con el supuesto que la economía de Estados Unidos crezca 2.3%-, la asistencia financiera de Venezuela de US$635 millones y la cooperación oficial destinada al sector público, hoy conocida como tradicional, de US$620 millones –si se suscribe el quinto programa económico trienal con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-.

Como un resultado de la carencia de donaciones de divisas líquidas de libre disponibilidad en el sector público, continúa acelerándose el saldo de la deuda pública externa al arribar a US$4,633 millones y al 56% del PIB, el cual incluye casi US$1,600 millones pendientes de reestructuración con la Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados (HIPC). Por otro lado, el pago del servicio contractual de la deuda externa de US$140 millones equivale a 4.7% del valor de las exportaciones, un indicador bastante atractivo para la inversión extranjera directa.

Empiezan a tomar forma nuevos problemas del sector monetario a partir de este año. Las reservas internacionales brutas podrían mostrar un aumento máximo alrededor de US$77 millones hasta US$2,074 millones, pero equivaldrían a 2.1 veces el saldo de la base monetaria a finales del próximo año, menor que las 2.2 veces condicionadas en los acuerdos con el FMI, no obstante los aumentos muy importantes y de cortísimo plazo de excesos de excesos de encaje sobre los depósitos en moneda extranjera que los banqueros depositan en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

En el sector fiscal, la reforma tributaria que se aplicará el próximo año impactará, en su primera ronda, en un aumento de la presión tributaria del Gobierno Central del orden de 4 décimas porcentuales del PIB hasta 20.9% del PIB. Los impuestos captados por el Gobierno Central disminuirán por el anuncio oficial que la alícuota máxima de 30% del impuesto sobre la renta (IR) disminuirá 1 punto porcentual anual hasta 25% para las actividades económicas y los asalariados y el aumento de la base exenta de 75 mil córdobas a 100 mil córdobas para las rentas del trabajo, pero los ingresos en concepto del IR también aumentarán por la propuesta de limitar los gastos deducibles de intereses por sobreendeudamiento, la introducción de regulaciones sobre precios de transferencia y las retenciones definitivas sobre los productos financieros, además de la esperada eliminación gradual de algunas exenciones y exoneraciones en el pago de tributos indirectos.

Ante la inquietud empresarial si el aumento de la presión tributaria podría provocar alguna contracción en el crecimiento económico del país, la respuesta es no porque, según mis estimaciones, la presión de impuestos más reciente es de 21.0% correspondiente al primer trimestre de 2012, la cual se encuentra en un punto inferior pero bastante cercano a la presión óptima de 23.9% que nunca se ha logrado alcanzar en el país, y que de hecho será cambiante y dependerá de las circunstancias económicas. Existe espacio tributario para esta reforma, sin el riesgo que desacelere el crecimiento económico del país.

Con un gasto público contenido, que es más de lo mismo –el pago más importante es a los acreedores internos y externos y continuamos endeudándonos para pagar la deuda-, el presupuesto nacional estará equilibrado, es decir, el déficit fiscal será igual a 0% del PIB, algo irónico en un país donde 1 millón 500 mil personas no encuentran un puesto de trabajo formal. Además debe tomarse en cuenta que que el monto anual de la asistencia financiera de Venezuela se aproxima a 7% del PIB y existe el riesgo que no tenga acceso (o disminuya, en el mejor de los escenarios) a dicha asistencia financiera; basta un ejemplo: el Bono Salarial a casi 170 mil empleados públicos que devengan bajos salarios tiene un costo anual aproximado a C$1,400 millones, o sea, US$60 millones, que son financiados con los recursos venezolanos.

Finalmente, cabe recordar que está pendiente el consenso de otra reforma a ser implementada en 2013, la del fondo de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la seguridad social. Entre las once propuestas de reformas a la ley de seguridad social vigente, las más conocidas hasta hoy son las siguientes: aumentar la edad de 60 a 65 años para tener acceso a la pensión de vejez; incrementar el número de años de cotización de 14½ a 30; eliminar el techo salarial objeto de cotización de C$37,518; aumentar las tasas de cotización para los trabajadores desde 4% hasta un rango de [4.38%, 9%] y para los empleadores desde 7% hasta un rango de [7.77%, 15.7%]; reducir las cuantías de las futuras pensiones de vejez; reajustar los montos de las pensiones con la tasa de variación del salario promedio nominal de todos los trabajadores asegurados en vez de la tasa de devaluación oficial; introducir el ahorro individual al sistema de pensiones; y aplicar la ley reformada a los asegurados nacidos desde el 1 de enero de 1967.





El FMI debe respetar nuestra Constitución y las leyes del país

23 05 2012

“El hombre libre es el que interpreta el mundo por sí mismo, por su propia razón, sin encargar a otro, por miedo o pereza, de este placentero y angustioso oficio”

Mariano Fiallos Gil, Padre de la Autonomía Universitaria.

Era de esperarse. Hoy miércoles 23 de mayo a las 9:00 a.m., rectores, profesores y alumnos de las universidades que reciben la asignación del 6% del presupuesto nacional realizaron una marcha nacional en defensa de la Constitución de la República y de la Ley 89 “Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior”, y a favor del desarrollo humano con la discusión y aprobación apropiada de las reformas tanto tributaria como de la seguridad social.

La imprudencia de Marcello Stevão, jefe de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recientemente visitó a nuestro país, de sugerir a los diputados que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional de Nicaragua el recorte del 6% del ingreso total o del gasto total del presupuesto nacional a las universidades y, además, revisar cómo las universidades gastan esa asignación del 6%, provoco un repudio generalizado entre la Comunidad Universitaria, que consideró las palabras del representante del FMI como una “injerencia en políticas nacionales a favor de la educación”.

Un craso error cometido por el novel jefe técnico de la misión fondomonetarista fue no haberse reunido con los magníficos rectores que integran el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y discutir, explorar y dominar en mejor forma sus sugerencias, que, según él, le fueron manifestadas por expertos independientes. Es decir, Marcello Stevão fue supuestamente un portavoz de expertos nicaragüenses, pero hasta este día sólo conozco las declaraciones públicas del ex ministro de Educación Pública, Humberto Belli, quien afirmó que “la recomendación de los personeros del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la necesidad de revisar las asignaciones al Sistema de Educación en general, debe aprovecharse para que exista un diálogo nacional sobre el tema, incluida la conveniencia de reorientar el seis por ciento de las universidades”. Entonces, ¿quién recomienda a quién? ¿Quién es el decidor y quién es el mensajero? ¿Por qué se trastocan los papeles de oidor y hablador?

No deberíamos buscar padrinos, mucho menos extranjeros, para discutir y dirimir diferencias sobre aspectos legales y relevantes para nuestra nación que son exclusivos para los nicaragüenses. Muchas reformas estructurales que el FMI impuso en la década de los noventas y que fueron ejecutadas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembocaron en el fracaso y creo que esa fue una de las razones principales por las cuales se implementó la Iniciativa del Alivio de la Deuda Multilateral que impulsó en 2005 el entonces secretario del Tesoro británico, el Sr. Gordon Brown, quien posteriormente fue Primer Ministro de Gran Bretaña.

Stevão y Belli deberían comprender que en un país muy pobre como es Nicaragua no podemos cerrar un hueco abriendo otro, no podemos llevar beneficios a la población pobre provocando perjuicios a esa misma población; en cambio, deberíamos procurar aumentar el gasto de educación pública en todos los niveles, ampliando su cobertura y fortaleciéndolos cualitativamente. Y con ese propósito, los marchistas de este día respaldaron al gobierno porque éste ha sido desde 2007 el único que ha cumplido con el mandato constitucional de asignar el 6% del presupuesto a la educación universitaria en los últimos 22 años.

Por esos motivos, Marcelo Stevão se ganó la consigna estudiantil de “No a la injerencia del FMI”, porque al final de cuentas la población no supo si fue el proponente o el portavoz de la reducción de la transferencia constitucional del 6% del presupuesto a la educación superior y de la revisión sobre cómo se gasta ese aporte en las universidades. Como dijo el rector de la Facultad Multidisciplinaria de Carazo de la UNAN, el Maestro Pedro Aburto, “el FMI quieren tocar con la mano sucia la soberanía nacional, la Constitución de Nicaragua y el 6% que por  derecho les pertenece a los universitarios”.





Entre sus aciertos y desaciertos, felicito a Marcello Estevão

5 05 2012

Si es cierto lo que le atribuyen los medios de comunicación a Marcello Estevão, que “el Fondo Monetario Internacional valora que es importante que los tributos que se recaudan sean más orientados a los programas de inversión pública”, también puede ser cierto que Estevão , que recién estrena su cargo de jefe de la misión técnica del FMI en Nicaragua, ya recibió instrucciones superiores para variar las condiciones con que se asignan los aumentos de los ingresos tributarios sobre sus metas anuales programadas, estimadas tanto por el Gobierno de Nicaragua como FMI, en el presupuesto nacional que aprueba la Asamblea Nacional.

La mal llamada “sobre recaudación” de impuestos que hemos observado desde el primer Programa ESAF suscrito con el FMI en junio de 1994 –digo mal llamadas porque facilitaron la reducción del gasto público en concepto de transferencias mandadas por la Constitución y otras leyes- ha sido asignada en los últimos años al pago de la amortización de la deuda gubernamental interna y al incremento de los depósitos del Gobierno Central en el Banco Central de Nicaragua (BCN). Y esto lo debe saber muy bien Estevão, por lo cual lo felicito porque aparentemente la tasa de crecimiento económico ya no seguirá siendo una variable exógena al modelo fondomonetarista tradicionalmente aplicado en Nicaragua.

Con las condiciones anteriores de la asignación de la “sobre recaudación” de impuestos, el FMI  también lograba, por un lado, la disminución de la emisión de nueva deuda para pagar deuda, en este caso la emisión de Bonos de la República de Nicaragua por un monto equivalente a US$120 millones anuales aprobado por los diputados para cancelar obligaciones de las propiedades confiscadas y liquidaciones bancarias –estas últimas acusadas penalmente por el Estado de Nicaragua- y, por otro lado, el apoyo fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica, o sea el apoyo presupuestario para defender la posición de las reservas internacionales del BCN.

Cabe recordar que el problema estructural de que casi el 80% del gasto total del presupuesto nacional corresponde al gasto de consumo, pago de intereses de la deuda pública y transferencias corrientes -a las alcaldías, el Poder Judicial, las universidades y al mantenimiento de los subsidios de agua, energía eléctrica y teléfono a jubilados, los de energía eléctrica en barrios vulnerables y los de transporte colectivo urbano de Ciudad de Managua y Ciudad Sandino- fue heredado por la administración de Enrique Bolaños a la administración de Daniel Ortega en 2007, porque fue este último gobierno el que “sinceró” el gasto público pedido por el FMI al trasladar del gasto de inversión al gasto de consumo el pago de la planilla de asesores y consultores que era financiado con recursos de la cooperación internacional. Aplaudo desde ahora las palabras de Estevão para contribuir a resolver ese problema estructural de nuestro presupuesto nacional.

Además de evaluar la situación económica de Nicaragua a diciembre de 2011, el jefe de la misión técnica del FMI que visita a nuestro país manifestó que insistirán en revisar las exoneraciones y exenciones tributarias que reciben los sectores productivos, “especialmente del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

El joven y novel jefe de la actual misión técnica del FMI no debe obviar el hecho que Nicaragua continúa siendo un país pobre muy endeudado en términos de producción y, por lo tanto, tiene que obtener, exigido por el FMI, un elemento de concesionalidad mínimo de 35% en la contratación de la deuda externa. Por eso invito a Marcello Estevão a reflexionar que no puede aplicar el principio de neutralidad pura en el cobro de impuestos a los inversionistas y productores de un país que trata de salir de la pobreza, y también a recordar que el Consenso de Washington ya no funciona porque el cuento de hadas de la distribución de la riqueza ya quedó en el olvido, -al rebalsarse el vaso, hoy mitad lleno o mitad vacío, tal como lo quiera ver el espectador, no nos inundará de felicidad-.

También invito al jefe de la misión técnica del FMI a meditar que el Estado de Nicaragua no debe dejar en manos exclusivas del Mercado la estrategia de reducción de la pobreza, la estrategia contenida en el Plan Nacional de Desarrollo Humano –que dicho sea de paso, insto a nuestros servidores públicos, especialmente a Paul Oquist, que la actualicen tan pronto sea posible para no atrasar la discusión del quinto programa económico con el FMI-, la equidad de la distribución del ingreso y de la presión tributaria, la protección del medio ambiente, la seguridad nacional, entre otros sectores clave relevantes de nuestra nación y economía. Por lo tanto, no aceptaría la insinuación fondomonetarista de eliminar las exoneraciones y exenciones en el pago de tributos con el simple objetivo teórico de “no provocar distorsiones en los precios relativos y, por ende, en la asignación de los recursos”. Sólo en los libros conozco la competencia perfecta.

Un desacierto de Marcello Estevão fue su insinuación que los recursos presupuestarios del Gobierno no se están usando en buena forma porque se subsidia el consumo de la tarifa a sujetos económicos que no lo necesitan. El jefe de la misión técnica debería saber (i) que el presupuesto nacional ya enfocó los subsidios a la población pobre, y en el consumo de energía a los que gastan mensualmente 150 Kwh o menos; (ii) el préstamo de ALBANISA, que yo califico como “genuino”, sin plazos y sin intereses, de US$52.4 millones que financió el 11.2% del ajuste de la tarifa de energía eléctrica en enero de este año, no es un subsidio ni una donación, y no provoca ningún contingente al presupuesto aunque lo paguemos, productores inversionistas y consumidores, cuando el país genere el 90% de energía eléctrica con recursos renovables dentro de 5 ó 10 años; y (iii) aunque como economista critico acciones gubernamentales populistas para atraer la atención del votante –a sabiendas que se hacen en todos los países, en unos con cierta diplomacia y en otros con cierto cinismo- he de reconocer que el préstamo genuino que financia, y creo que continuará financiando en un año de elecciones municipales, las alzas de la tarifa de energía eléctrica, ayuda a mantener la competitividad creciente de las empresas nicaragüenses en el exterior, a sabiendas que nuestra política cambiaria, donde ha fallado la insistencia del FMI, no logra reducir el gran margen de sobrevaluación del córdoba, y esto lo sabe muy bien Marcello Estevão.

Entonces, ¿por qué sacrificar el esfuerzo exportador de las empresas radicadas en nuestro país cuando el jefe de la misión técnica del FMI ya mostró su preocupación por elevar más nuestras tasas de crecimiento económico de 4.5% en 2010, 4.7% en 2011 y, según el pronóstico de COPADES, 4.1% en 2012? Felicito a Marcello Estevão y le deseo éxitos en su gestión de jefe de la misión técnica del FMI en Nicaragua; además, está muy bien su exigencia de que el INE actualice la tarifa de la energía eléctrica, porque es una condicionalidad de reforma estructural ya contemplada en las discusiones del programa económico con el FMI.





La ignorancia es atrevida, más si es supina

19 04 2012

Sorprendente y supina la declaración de Eduardo Montealegre de que Bayardo Arce, asesor del presidente de la Republica, por ser un asesor económico, no pueda opinar ni asesorar políticamente, a sabiendas que el asesor presidencial también es un experto político del FSLN, con mucha más experiencia que la que tiene el líder del movimiento político personal. Cualquier nicaragüense puede emitir su opinión y ser respetado, aunque esté equivocado, eso es democracia, pero la soberbia siempre se burla de la razón.

Sin embargo, sorprende mucho más el argumento estólido de Eduardo Montealegre que en el caso que el PLC sea convocado al diálogo nacional, tal como lo dio a entender el asesor presidencial, “no se van a elegir a hombres y mujeres honestos, respetuosos de la Leyes en las diferentes instituciones del Estado”, porque él es deshonesto, irrespetuoso de las leyes, evasor de la justicia, violador de los derechos humanos y abusador de la inmunidad que goza por su cargo de diputado, todo lo cual es de fácil demostración con la aritmética financiera.

El problema de los nicaragüenses no se reduce al plano político, sino también que es económico y social, que cruzan, entre otros, la gobernabilidad, la institucionalidad, el subempleo, el desempleo, la pobreza, la educación, la salud y la inseguridad, pero la miopía política del autonombrado líder de la oposición sólo persigue su objetivo de no comparecer el juzgado, acusado por la Fiscalía General de la República, para aclarar a la Nación y al Juez sus acciones inapropiadas en la reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones de 4 bancos y las subastas de los activos de esos bancos que se realizaron en el Banco Central de Nicaragua, las cuales golpearon económicamente al Presupuesto Nacional y a los nicaragüenses.