Qué persigue la reforma parcial de la Constitución (Segunda Parte)

10 11 2013

Como una ciencia social, la Economía persigue el bienestar de la población de un país en vez del bienestar de un pequeño grupo de privilegiados de una Nación, como lo es el ya famoso y reconocido 1% de la población de una gran mayoría de países de todo el mundo cuyas constituciones se declaran democráticas, y que en Nicaragua ese 1% se apodera al menos del 20% del ingreso nacional. En esta segunda ocasión, me referiré a la propuesta del Ejecutivo para reformar siete artículos de nuestra Constitución Política relacionados con la economía.

La función más amplia del Estado, “lograr el desarrollo humano sostenible”, está refrendada en el Artículo 98, “Función del Estado en la economía”, y es complementada con las de mejorar el nivel de vida y distribuir más justamente la riqueza. Para cumplir esas tres funciones, la reforma apunta muy bien en reiterar el protagonismo de las personas, las familias y las comunidades en la planificación del desarrollo humano y en la ejecución y control de los planes de desarrollo; facilitar la actividad productiva del sector privado en el marco de la gobernabilidad democrática y seguridad jurídica plena; facilitar el desarrollo del sector privado; y establecer el modelo del gobierno con todo el sector empresarial –micro, pequeña, mediana y grandes empresas- y los trabajadores.

Lo preocupante sería que esas tres funciones estatales se redujeran a simples enunciados y continuáramos observando no sólo el ir y venir de personas del sector público a la empresa privada en ambas direcciones, sino también la reducción del crecimiento económico y de la eficiencia por la desigualdad imperante, la influencia política de los más ricos para que los beneficios del crecimiento económico se concentren en la cima, y la abundancia de buscadores de rentas políticas que no presentan alternativas distintas a las planteadas por el Poder Ejecutivo.

Bastante tímido y un poco decepcionante es el último párrafo del Artículo 99, “Promoción de desarrollo integral. Formas de propiedad”, que enuncia la participación de todos los agentes económicos, público y privados para estimular “un amplio acceso al crédito, … que profundicen y amplíen el microcrédito hacia los sectores rurales y urbanos”. La timidez estriba en que el Estado no se pronunció específicamente por el restablecimiento de una efectiva banca de fomento –el banco Produzcamos es menos importante que una caja rural- y la decepción aparece por la ingenuidad gubernamental de que la mayoría de propietarios de microempresas y pequeñas empresas sea sujeto de crédito en el sistema financiero convencional. Permanece, pues, la incertidumbre de la disminución del costo del crédito y de la posibilidad de la entrega simultánea de la tecnología y del crédito.

Por otro lado, es positivo los señalamientos de la garantía estatal para la inversión extranjera y la consolidación de los derechos laborales en estas empresas, con especial énfasis en la ampliación de la infraestructura económica a través de proyectos de propiedad mixta, es decir, pública y privada, sin poner en riesgo la soberanía nacional, tal como lo indica el Artículo 100, “Inversión extranjera”. Además, el Artículo 103, “Economía mixta y función social de la propiedad”, garantiza también la seguridad del derecho de propiedad, cualquiera sea su forma, en Nicaragua, lo que fortalece la confianza de los inversionistas nicaragüenses y extranjeros, porque esa garantía es vital para el crecimiento económico como también lo es la libre convertibilidad del córdoba.

Lo novedoso y muy bien formulado del Artículo 101, “Participación de sectores productivos en la elaboración de planes económicos”, es que con el nuevo modelo de alianza gobierno-empresarios-sindicatos en los niveles nacional, local y regional, se buscará el consenso para aumentar la productividad de la economía mediante educación, capacitación, transferencia de tecnología, infraestructura económica y mejor organización empresarial. En esta importante tarea, que la podría denominar como la del rescate de nuestra economía, sólo tengo dos observaciones: primero, no dejar fuera de ese modelo de alianza el dialogo efectivo con las microempresas empresas y pequeñas empresas, que son dos sectores empresariales que concentran en gran forma la informalidad laboral y el subempleo y, segundo, evitar que los Consejos de Poder Ciudadano, mencionado específicamente por primera vez en este proyecto de reforma parcial de nuestra Constitución, sean utilizados para fines de confrontación partidaria, como lo hemos observado en nuestra reciente historia política, sino para garantizar los objetivos del desarrollo socioeconómico de nuestro país.

El megaproyecto del Gran Canal de Nicaragua, una idea actual que espera su factibilidad a finales del próximo año, que es apoyado por unos y vilipendiado por otros a sabiendas que nuestro país necesita acelerar su crecimiento económico para reducir el subempleo, el desempleo y la pobreza, provoca cierto sesgo indeseado al Artículo 102, “Recursos naturales y medio ambiente” al ser mencionado en su carácter legal con el voto del 60% del total de diputados. Es de mi opinión que el  Gran Canal de Nicaragua no es ni será el único megaproyecto que se podría ejecutar en nuestro país, por lo que sería conveniente no darle una mención particular ni concederle su legalidad particular en la Constitución, pero sería necesario establecer que la ejecución de cualquier megaproyecto requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional porque afecta los intereses de nuestra Nación.

La legalidad y la transparencia de las concesiones de explotación de servicio públicos básicos otorgados a la empresa privada son introducidas en el Artículo 105, “Servicios públicos”, exigiendo “para su operación criterios de eficiencia y competitividad, satisfacción de la población y cumplimiento de las leyes laborales”. Es indudable que estos dos aspectos de la generación de servicios públicos por parte de inversionistas privados serán respaldados por la población.

En conclusión, los avances que muestran estos siete artículos de la Constitución Política de nuestro país son el mejoramiento de la principal función del Estado en la economía al sustituir el desarrollo material con el desarrollo humano sostenible, el carácter constitucional de la alianza gubernamental-empresarial-sindical a lo largo y ancho del país, el fortalecimiento de la  garantía estatal y de la seguridad del derecho de propiedad de las inversiones extranjeras, el consenso de las políticas públicas de la alianza antes mencionada para elevar la productividad de la economía, y la transparencia del entorno legal de la concesión de explotación de servicios públicos a la empresa privada y sus resultados operativos.

Las principales dudas que dejan estos artículos son su aplicación efectiva por parte de los servidores públicos en el sentido que el crecimiento económico continúe fluyendo principalmente hacia la cima, engañados por la teoría del derrame que enriqueciendo a los de arriba se beneficia a toda la población; la timidez gubernamental al no especificarse el restablecimiento de la banca de fomento y la ingenuidad estatal que se amplíe el acceso al crédito a los agentes económicos que no son sujetos de crédito en el sistema financiero nacional; y el riesgo que los Consejos de Poder Ciudadano sean alejados de la concreción del consenso nacional de políticas públicas sectoriales, nacionales, locales y regionales y sean utilizados para confrontaciones partidarias como instituciones del sector público de nuestro país.

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