Debemos continuar la disminución del riesgo-país

23 03 2014

Después del intento de que se imprimiera un carácter de ley a los decretos ejecutivos, se aprobó la reforma constitucional que se dictarán decretos ejecutivos de aplicación general en materia administrativa; sin embargo, esos decretos tendrán fuerza de ley cuando no existan leyes que se le opongan en el ámbito administrativo. Esto es un riesgo económico y financiero para las empresas y, por qué no también para los consumidores, por los niveles de discrecionalidad que aún impera entre los servidores públicos.

Desde febrero de este año he observado correcciones a dos de esos decretos, después de los reclamos del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, a las autoridades gubernamentales para que se corrigieran los intentos de cobrar el impuesto de valor agregado y el impuesto municipal de ingresos a las transacciones de bienes en los puestos de bolsa agropecuaria y de suspender la importación de ciertos agroquímicos en el país.

El tercer decreto ejecutivo que ahora se cuestiona porque violenta la Constitución de la República de Nicaragua es el del ajuste del salario mínimo legal para 2014 con fecha 17 de marzo de este año, que lo hizo retroactivo a partir del 1 de marzo recién pasado, por lo cual estimo que el Presidente de la República tendrá que enmendar por tercera ocasión este otro intento de nuestros servidores públicos tratando de quedar bien no sé con quién, en vez de fortalecer nuestro marco jurídico y nuestras instituciones públicas y, por lo tanto, consolidar la gobernabilidad y la certidumbre entre los productores, inversionistas, exportadores y consumidores de nuestro país. Es muy elemental que sólo en materia penal la ley o los decretos son retroactivos, si y sólo si benefician al reo.

Por estos problemas de “carácter general” en el área administrativa, sugiero al primer magistrado de nuestro país, el Presidente de la República Daniel Ortega, que sancione a nuestros servidores públicos que cometan crasos errores en este tema de emisión de decretos que se oponen a la Carta Magna y a las otras leyes de nuestro país. Preocupa que la empresa privada se desgaste con tantas apelaciones ya previstas en las distintas instancias del Poder Judicial por tantos “errores” de los servidores públicos cuyos efectos se sintetizan en un demérito de la alianza gobierno-empresarios-sindicatos, hoy elevada a rango constitucional y que ha facilitado la minimización de los riesgos económicos y financieros, así como la reducción gradual del riesgo político no obstante la poca efectividad de la así denominada oposición política, que prácticamente no existe ni cuenta con una estrategia alternativa al proyecto del poder político en el poder.

Es muy preocupante el irrespeto a la Constitución de la República de Nicaragua, a las leyes del país y al Poder Judicial por parte de los servidores públicos. Por ejemplo, la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional “ignora” las solicitudes de dos jueces penales para que el Poder Legislativo inicie el proceso de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre Rivas y responda por sus dos presuntas delincuencias de injurias y calumnias contra mí, que no tienen ningún vínculo político ni con sus funciones legislativas, ya que las dos querellas surgieron por la irresponsable conducta personal del diputado impune. Es conocido por los nicaragüenses que desde el 8 de mayo de 2012 he escrito 25 cartas al Presidente de la Asamblea Nacional para que incorporen en el Orden del Día las dos solicitudes judiciales antes mencionadas, pero a la fecha no tengo ninguna respuesta, ni positiva ni negativa.

Vemos el caso del hermano del diputado Eduardo Montealegre Rivas, de nombre Álvaro Enrique, que tiene casa por cárcel por las acusaciones de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de efectos de crédito y crimen organizado –ya suman un poco más de 5 millones de dólares- que le hace la Fiscalía General de la República, pero un nicaragüense que sea acusado de ladrón es puesto de inmediato en la cárcel. Decía el Papa Francisco que un ladrón se diferencia de un corrupto, porque este último le roba al pueblo y aunque después le regale a la Iglesia no será perdonado por Dios, pero el primero se salvará del infierno sólo con que se arrepiente de sus pecados, o sea, sus robos. También Eduardo Montealegre Rivas se escuda inapropiadamente con  la inmunidad de su cargo, evade la Justicia e impide el juicio a otros 38 acusados por el complot contra el Estado de Nicaragua con la emisión y reestructuración de la deuda pública interna por las liquidaciones bancarias de los años 2000 y 2001, y por la subasta de activos de los bancos liquidados, ésta última denominada “un caso que chorrea sangre” por las autoridades de la Contraloría General de la República.

Todos estos ejemplos no ayudan al resurgimiento económico de Nicaragua. Reitero que la corrupción y el irrespeto a nuestro marco jurídico, debilita el funcionamiento del Estado de Nicaragua, obstaculiza la notable tarea de la atracción de la inversión extranjera directa, cuyo ingreso bruto en 2013 fue 1.5 millardos de dólares estadounidenses y, consecuentemente, no se reduce la informalidad del mercado laboral ni el subempleo que afecta a más de la mitad de los trabajadores ocupados de nuestro país.

Es también bochornoso el hecho que los servidores públicos desconozcan sentencias de la Corte Suprema de Justicia, después que los reclamos de la población han cruzado todas las instancias judiciales hasta llegar a  casación en dicha Corte. Considero muy lamentables las palabras que me dijera el Procurador General de la República, el abogado Hernán Estrada, de que apelará una sentencia del Máximo Tribunal de febrero de 2007 que obliga a pagar los daños económicos desde el ciclo agrícola 1999/2000 a los productores Buenaventura Gutiérrez Rizo y Norma Estela Rizo Gutiérrez. El Procurador General de la República simplemente desconoce una sentencia del máximo tribunal de justicia del país. Es sobre estos asuntos, Señor Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, que usted debería intervenir para poner el orden entre los servidores públicos para que no continúen, con sus aberraciones jurídicas e incumplimiento de las leyes, provocando más daños a las personas en particular y a nuestra nación en general.

Muchos de nuestros servidores públicos se sienten servidos. Los altos cargos parecen enfermar el carácter de algunas personas que los ocupan. Su arrogancia y soberbia no les permiten razonar y, mucho menos, actuar acorde con las leyes y atender adecuadamente a los nicaragüenses desde sus puestos públicos. Da la impresión que mientras más duros se vuelven contra la población, más méritos acumulan en sus cargos. No debería ser así.  Nuestros servidores públicos deben honrar sus puestos de trabajo y atender a la población –porque con nuestros impuestos pagamos sus salarios-,  y cuando demuestran su posición de fuerza sin razón alguna, deterioran, indudablemente, la imagen del despacho del primer magistrado de nuestro país, el del Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra. 

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