Un diputado olvidadizo

11 03 2015

Presentación1

En la página 11 de la edición No. 3691 de Trinchera de la Noticia del 10 de marzo de 2015 he leído que Eduardo Montealegre negó que su decisión de no correr como candidato a presidente de la República en 2016 tenga que ver con el juicio de los CENIs y que él cree que los inventos que muchos caen en la trampa y que se repiten a través de los medios se caen por sí solos, preguntándose finalmente dónde están los 700 millones de dólares del que se le acusa en el juicio.

Voy a refrescar la memoria de Eduardo Montealegre, un político que usa inapropiadamente la inmunidad de su cargo público, que no ejerce, y se vuelve un impune al no presentarse ante las autoridades judiciales no sólo por mis dos querellas personales debido a sus injurias y calumnias contra mí, sino también por la acusación penal que le hizo la Fiscalía General de la República por su presunta delincuencia cometida en 2003, cuando él ejercía el cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del Ing. Enrique Bolaños, al reestructurar la deuda pública por las quiebras de cuatro bancos que se dieron en 2000 y 2001, y al aprobar, como ministro y como miembro del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), las subastas de activos de los cuatro bancos liquidados.

A inicios de 2006, la Contraloría General de la República (CGR) me llamó para auxiliarla en el análisis de las liquidaciones de INTERBANK, BANCAFÉ, BAMER y BANIC, el primero y el tercero comprados por el BANPRO, el segundo por el BDF y el tercero por el BANCENTRO, tarea que realicé ad honorem a lo largo de un año. Lo que sigue a continuación es resultado de mis investigaciones sobre el comportamiento de Eduardo Montealegre Rivas, sin obviar que la CGR sólo investiga al empleado público.

Cuando Eduardo Montealegre reestructuró la deuda de US$230.6 millones por los CENIs/INTERBANK y los CENIs/BANIC redujo la descomunal tasa de rendimiento “dolarizada” de 21.43% que el abogado Noel Ramírez Sánchez, ex presidente del BCN, había establecido para los CENIs/INTERBANK hasta 8.30%, pero determinó el valor presente de la deuda de esos CENIS con una tasa de descuento de 7.4999% en vez de aplicar la tasa de rendimiento originalmente pactada de 21.43%, por lo cual infló esta deuda de los nicaragüenses en US$23.4 millones con la emisión de los nuevos papeles llamados Bonos Bancarios, con plazo de 10 años, que aún seguimos pagando con nuestros impuestos. Además, en esta reestructuración de CENIS/INTERBANK/BANIC aprobó la emisión de dos bonos cupón cero, uno a 5 años plazo y el otro a 10 años plazo, cuyo valor futuro fue igual a US$21.2 millones. El ex ministro de Hacienda llamó a esta parte de su operación como una “reingeniería financiera” que produjo un ahorro a Nicaragua en términos de valor presente, una afirmación que estimo es bastante descarada.

Cuando Eduardo Montealegre reestructuró la deuda de US$40 millones por los CENIs/BDF sólo autorizó la emisión de Bonos Bancarios, redujo la tasa de rendimiento originalmente pactada de 10.65% a 7.43%, pero diferenció plazos de redención de 1 año y 3 años a cada 50% del monto total reestructurado.

Cuando Eduardo Montealegre reestructuró la deuda de US$49.4 millones por los CENIS/BAMER, sólo se emitieron Bonos Bancarios pero elevó la tasa de rendimiento originalmente pactada de 7.93% a 8.29% y estableció un plazo de 10 años.

Se puede observar que la reestructuración de esta deuda pública interna no se efectuó en forma soberana sino en forma comercial. ¿Por qué Eduardo Montealegre aplicó plazos distintos, subió y bajó tasas de rendimientos, y reestructuró deudas con dos instituciones financieras acreedoras del extinto INTERBANK, ajenas al mandato presidencial de rescatar sólo a los depositantes? ¿Por qué infló la deuda de los nicaragüenses con su reingeniería financiera en el caso de los CENIs/INTERBANK? ¿Por qué no consideró que los Bonos Bancarios, emitidos en córdobas con mantenimiento de valor, fueron inversiones sin riesgo, porque no estaban sujetos a la creación de ninguna reserva? Por estas preguntas, en cierto momento declaré públicamente que Eduardo Montealegre tenía que aclarar algunos asuntos a la Nación y al Juez.

En el caso de las subastas de los activos de los bancos liquidados, la CGR afirmó que era “un caso que chorrea sangre”. Considero que un ministro de Hacienda es un guardador de la cosa pública y debe protegerla, cosa que no hizo Eduardo Montealegre desde su silla en el Consejo Directivo del BCN. Veamos unos pocos ejemplos.

En licitaciones públicas, a sobre cerrado y al martillo en vez de usarse en estos casos el método apropiado que es el del precio base, se subastó la cartera de crédito (en libros) de US$151.6 millones en US$4.8 millones, con ganadores que manejaban información privilegiada porque ya habían adquirido o auditaban a los bancos liquidados; cada dólar de la cartera cafetalera fue vendida a un solo oferente en apenas 11 centavos de dólar con sus garantías hipotecarias; cada dólar de la cartera de la tarjeta de crédito y microcrédito fue vendido a un solo oferente en la irrisoria cantidad de 2.8 centavos de dólar; el terreno de tres manzanas con el edificio del extinto BANIC fue vendido en US$5.2 millones, cuando su valor de mercado se aproximaba a US$16 millones; 668 obras de arte fueron vendidas en 930 mil dólares, entre las cuales se distinguen obras de arte que forman parte del patrimonio nacional; se desconoció el destino del hardware y del software que automatizaban las operaciones de los cuatro bancos liquidados; y en dos subastas de vehículos sólo se obtuvo 152 mil dólares.

En conclusión, solo Eduardo Montealegre cree que todo lo que he descrito anteriormente es un invento que se cae por sí solo. No lo es, porque toda esa información está debidamente documentada en la CGR y, tengo entendido, también se encuentra en la Fiscalía General de la República y en un expediente en un juzgado local de los Penal de Managua, en el cual este político aparece, entre 39 acusados, como el acusado No. 26 en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude, y delito de Tráfico de influencias.

Por todo lo que descrito anteriormente no creo que Eduardo Montealegre sea un político pragmático y de principios. Tampoco creo que Nicaragua, un país en que abundan los pobres, vaya a tener algún día un presidente que sea banquero. Lo que sí creo es que Eduardo Montealegre simula ser un político para arroparse en la inmunidad que le confiere su cargo público que no ocupa para no enfrentar la justicia. El diputado Eduardo Montealegre, que no ejerce sus funciones, sabe que la inmunidad no es eterna y, talvez por esto, no pretende correr como candidato a presidente de la República.





Carta 33 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Ing. Santos René Núñez Téllez

4 11 2014

4 de noviembre de 2014

 Ingeniero

Santos René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Santos René Núñez Téllez:

Vuelvo a escribirle para reiterarle mi petición que la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua incluya en el Orden del Día la solicitud de dos jueces de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda y Lic. Henry Morales Olivares, con el objetivo que se inicie el proceso de desaforación del diputado impune Eduardo Montealegre Rivas y responda por sus graves injurias y calumnias contra mi persona que difundió en el diario La Prensa el 31 de julio de 2008 y en una carta personal fechada el 2 de febrero de 2011.

El diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, debido a su arrogancia y prepotencia, se escudó en la inmunidad que le confiere su cargo y no se retractó tal como lo manda el Código Penal de la República de Nicaragua, es decir, que el Juez a solicitud del ofendido y a costa del querellado deberá ordenar la publicación de la retractación, de la sentencia de sobreseimiento o el acta del trámite de mediación en que consta la retractación o de un resumen de ella en el mismo medio de comunicación, en la misma forma, espacio, lugar y proporción en que se publicó, siempre y cuando el ofendido la acepte. El diputado Eduardo Montealegre Rivas ha provocado graves daños morales y económicos a mi persona, los cuales han trascendido a los miembros de mi núcleo familiar, por lo cuales también tendrá que responder en su debido momento.

Es por eso que le solicito haga del conocimiento de los miembros de la Honorable Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua que mi querella contra el diputado Eduardo Montealegre Rivas, quien ha violado mis derechos humanos, es estrictamente personal, sin ningún ánimo político como el que él trató de impregnarla desde agosto de 2008.

Siempre con la confianza en que la Asamblea Nacional de Nicaragua haga respetar y cumplir las leyes, en especial la Constitución de la República, le escribo esta trigésima tercera carta para conocer su respuesta a mi petición que le presenté desde el 8 de mayo de 2012.

Atentamente,

 

Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

 

cc:           Iris Marina Montenegro Blandón, Primera Vicepresidenta.

María Eugenia Sequeira Balladares, Segunda Vicepresidenta.

Gladys de los Ángeles Báez, Tercer Vicepresidenta.

Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria.

Loria Raquel Dixon Brautigam, Segunda Secretaria.

Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Tercer Secretario.

Archivo.





Carta 26 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

5 04 2014

5 de abril de 2014

 

Ingeniero

Santos René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. Santos René Núñez Téllez:

Vuelvo a escribirle por no tener su respuesta a mi petición ciudadana que le he presentado reiteradamente desde el 8 de mayo de 2012, con el objetivo que se cumplan las solicitudes de dos Jueces Locales de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda  y Lic. Henry Morales Olivares, para que la Asamblea Nacional inicie el proceso de desaforación del diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, por sus graves injurias y calumnias que él escribió públicamente contra mi persona al acusarme sin fundamento alguno de haber cometido perjuicio al Estado de Nicaragua.

Como es de su conocimiento, continuaré escribiéndole para que el Poder del Estado de Nicaragua que usted dirige me facilite mi derecho humano de tener acceso a la justicia, después de que el diputado Eduardo Montealegre Rivas se escudara inapropiadamente en la inmunidad que le confiere su cargo público desde agosto de 2008.

Es muy fácil demostrar que el diputado impune Eduardo Montealegre Rivas es un violador de los derechos humanos y que no puede ser tan estúpido al tratar de aparentarlo cuando intentó, con su “grandilocuencia”, de convencer a la población que nunca me acusó de ser uno de los más famosos quiebra bancos de nuestro país, en aquellos momentos cuando él era candidato para la Alcaldía de la Ciudad de Managua y se autonombraba como un “perseguido político” frente a mi querella personal.

Cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua proteja mi derecho humano de defender el respeto de mi dignidad, honra y reputación ante los tribunales de justicia de nuestro país, que son preceptos constitucionales de nuestro país, también me será fácil demostrar la delincuencia penal del diputado Eduardo Montealegre Rivas con la resolución que me entregó la Fiscalía General de la República, al someterme voluntariamente a que se me investigara de las graves acusaciones de quien ahora es coordinador político de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI).

Como ciudadano nicaragüense, espero que los diputados de la Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no continúen protegiendo al presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas, tal como lo hicieron los diputados liberales y como me lo expresara el entonces Primer Secretario de la Junta Directiva, Dr. Carlos Wilfredo Navarro Moreira, en la administración pública del período 2007-2012.

Tengo la seguridad que usted leerá esta vigésima sexta carta y espero que el Orden del Día que apruebe próximamente la Junta Directiva de la Asamblea Nacional facilite mi derecho humano de tener acceso a la Justicia y respete los preceptos contenidos en los Artículos 5 y 26 de nuestra Constitución Política.

Atentamente,

 

 Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

cc:          Iris Marina Montenegro Blandón, Primera Vicepresidenta.

María Eugenia Sequeira Balladares, Segunda Vicepresidenta.

Gladys de los Ángeles Báez, Tercer Vicepresidenta.

Alba Azucena Palacios Benavides, Primera Secretaria.

Loria Raquel Dixon Brautigam, Segunda Secretaria.

Carlos Wilfredo Navarro Moreira, Tercer Secretario.

Archivo.





El mal uso de la inmunidad no prescribe un delito

27 01 2014

Presentación2

Eduardo Montealegre Rivas

No me extrañaron las recientes palabras del diputado Wilfredo Navarro, cuando afirmó públicamente que la “desaforación” de Eduardo Montealegre no tendrá lugar porque su situación se encuentra “detenida” y la Junta Directiva del Poder Legislativo tampoco considera debatirla. Cuando yo visitaba a Navarro Moreira en su despacho de Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se cumplieran dos mandatos judiciales vinculados con los delitos de injurias y calumnias cometidos por el coordinador de la entonces Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) contra este servidor, él me afirmó que tenía orden de los liberales de proteger a Montealegre Rivas y que podía llegar a su despacho cuantas veces quisiera porque no iba a incumplir el mandato de los liberales. Lamentablemente,  la impunidad política no hace más importante a un político, sino que lo demerita y lo empequeñece en su ética y moral, así como en su estatura de hacedor de leyes.

Navarro Moreira, al igual que todos los diputados de la Asamblea Nacional, saben muy bien que mi acusación en contra del ahora coordinador de la Bancada de la Alianza del Partido Liberal Independiente (BAPLI, que sustituyó a la BDN)) es exclusivamente personal, no política como lo afirmara el diputado querellado Eduardo Montealegre en octubre de 2008, quien continúa abusando de su inmunidad para no enfrentar la Justicia de nuestro país y responder por su presunta delincuencia, además de su esfuerzo notorio por aparentar que no entendía las injurias y calumnias que él escribió en un chat con los lectores de La Prensa contra  mí, que fueron publicadas en la edición de dicho diario del 31 de julio de 2008.

El diputado Eduardo Montealegre, cegado por su soberbia y prepotencia, escogió la alternativa ser un impune más en nuestro país en vez de  retractarse tal como lo manda nuestro Código Penal que él también aprobó en su carácter de diputado, o sea, decidió no retractarse en forma escrita, en el mismo diario, espacio, lugar y proporción en que fueron publicadas sus injurias y calumnias contra mí. Además, este diputado querellado sabe también muy bien que en agosto de 2008, con el acompañamiento de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), yo me presenté voluntariamente ante el Fiscal General de la República, Dr. Julio Centeno Gómez, para que me investigaran de la acusación gratuita que él me hizo, y la resolución del Ministerio Público fue que ni en la investigación ni en el proceso judicial de las quiebras bancarias se me imputó hecho alguno.

Hoy me he enterado que los diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) alegaron la caducidad del caso de los CENIs, o sea, ya caducó la acusación de la Fiscalía General de la República en contra de Eduardo Montealegre, coordinador político del PLI, en su calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional la industria y el comercio, delito de Fraude,  y delito de Tráfico de influencias, cuando él fungió como ministro de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del Ing. Enrique Bolaños. Como es de conocimiento público, en la Agenda Base de la Asamblea Nacional recientemente publicada aparece la solicitud (20095943) de desaforación de los diputados Eduardo Montealegre Rivas y Noel Ernesto Ramírez Sánchez, que data del período 2002-2007 cuando explotó el caso de los CENIs.

Si esta bancada de legisladores aún no se ha ganado el calificativo de “opositora” al gobierno del Presidente Daniel Ortega porque a la fecha no ha presentado una propuesta alternativa al plan gubernamental, creo que con su alegato “a favor” del presunto delincuente Eduardo  Montealegre Rivas hoy se ha ganado el calificativo de “desconocedora” de la ley. Ojalá que no demanden una amnistía para su coordinador político, porque significaría alentar a futuros presuntos delincuentes que desde sus cargos políticos atropellen el presupuesto de los nicaragüenses.

Un crimen social, un delito contra una nación, nunca caducará, además porque ya existe una causa abierta en un juzgado penal de la ciudad de Managua. Eduardo Montealegre se autodenominó un perseguido político, una inveterada costumbre de los políticos en nuestro país, cuando lo querellé y cuando fue acusado por la Fiscalía General de la República, pero con su malograda costumbre de hacer un uso inapropiado de la inmunidad que le confiere su cargo público, no se presentó a los llamados de la Juez Sexto Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez, el 6 de octubre de 2008, y del Juez Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. Henry Morales Olivares, el 15 de junio de 2011 por mi querella personal, ni al llamado del Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias Julio César Arias, el 17 de junio de 2009, por la acusación de la Fiscalía General de la República.

En una ocasión que los miembros de la extinta Bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) –entre ellos Eduardo Montealegre Rivas- me invitaran para explicarle las conclusiones del análisis del rescate de los depositantes de cuatro bancos que fueron liquidados en 2000 y 2001, un análisis que me solicitó la Contraloría General de la República y que realicé ad honorem en 2006, señalé que yo no tenía ninguna competencia para afirmar si el ahora diputado acusado penalmente por el Ministerio Público era inocente o culpable, sino que esa era una potestad de un Juez, pero detallé algunas acciones cometidas por Eduardo Montealegre tanto en la reestructuración de 320 millones de dólares adeudados por el Estado de Nicaragua por esas liquidaciones bancarias como en la subasta de los activos de los cuatro bancos liquidados, las cuales tenían que ser explicadas al Juez y a nuestra Nación.

Cabe recordar que entre esas acciones se distinguían la emisión de Bonos Bancarios con alzas y bajas de las tasas de interés y plazos diferentes más la entrega inexplicable a un banco de dos Bonos Cupón Cero que golpeó en 23.4 millones de dólares al presupuesto nacional en la reestructuración de la deuda del Estado de Nicaragua con tres bancos compradores de los cuatro bancos liquidados, y su responsabilidad compartida con otros servidores públicos, en su carácter de guardador de la cosa pública, por ejemplo en la subasta a sobre cerrado de créditos que sumaron 151.6 millones de dólares y que fue vendida apenas en 4.8 millones de dólares, es decir, cada dólar de la cartera de crédito se vendió en 3.2 centavos de dólar junto con las garantías hipotecarias de las fincas de café en el caso de préstamos cafetaleros; la subasta a martillo de 668 obras que fueron vendidas en 930 mil dólares, incluyendo obras de arte que pertenecen al patrimonio nacional; y la subasta a sobre cerrado del extinto edificio del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio, que fue vendido en la suma irrisoria de 5.2 millones de dólares.

Por estos asuntos que Eduardo Montealegre Rivas tiene pendiente con la Justicia de Nicaragua debido a que se escudó inapropiadamente con la inmunidad de su cargo de diputado, se suspendió el juicio a otros 38 acusados por el Ministerio Público. Aunque el diputado acusado, por un lado, y querellado, por otro lado, considere irrelevantes las solicitudes judiciales para su desaforación, son casos de interés nacional para que el Estado de Nicaragua recupere lo que le quitaron inapropiadamente y para que los políticos no atropellen la dignidad de los nicaragüenses.  





Pido la reforma de un artículo constitucional

26 11 2013

Managua, Nicaragua,

26 de noviembre de 2013

 

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

Hoy que se discuten las reformas parciales de la Carta Magna de nuestro país, y tomando en cuenta que desde el 6 de octubre de 2008 se me ha negado el acceso a la Justicia para defenderme de las graves injurias y calumnias que el diputado Eduardo Montealegre Rivas escribiera contra mi persona en el Diario La Prensa del 31 de julio de 2008, le solicito que presente a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para su consideración la siguiente  reforma al Artículo 130, párrafo 4, que les propongo a continuación.

El párrafo 4 antes mencionado dice así: “La Asamblea Nacional mediante resolución aprobada por dos tercios de votos de sus miembros podrá declarar la privación de inmunidad del Presidente de la República. Respecto a otros funcionarios la resolución será aprobada con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Sin este procedimiento los funcionarios públicos que conforme la presente Constitución gozan de inmunidad, no podrán ser detenidos, ni procesados, excepto en causas relativas a los derechos de familia y laborales. La inmunidad es renunciable. La ley regulará esta materia.”

La reforma que les pido en relación con dicho párrafo es que se agregue en la excepción del procedimiento para privar de inmunidad a los funcionarios una tercera causa relativa al atropello de la honra y reputación de las personas, que seguiría a las causas relativas de los derechos de familia y laborales.

Como es de su conocimiento, el diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas ha hecho gala de su inmunidad para evadir la Justicia de nuestro país, al no responder a dos Jueces Locales de lo Penal de Managua por su presunta delincuencia contra mi persona, la cual no tiene ninguna relación con sus funciones legislativas.

No omito recordarle que continúo esperando su respuesta a mi petición de que incluyan en el Orden del Día del Poder Legislativo los dos mandatos judiciales para que se inicie el proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas.

 

Atentamente,

 

Néstor Manuel Avendaño Castellón

Economista

cc:          Lic. Alba Azucena Palacios Benavides,

Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

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Carta No. 16 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

4 09 2013

Managua, Nicaragua,

4 de septiembre de 2013

 

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

Siempre con el debido respeto a su persona y su alto cargo, de nuevo le escribo para conocer si la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua pondrá en el Orden del Día las solicitudes de los Jueces Sexto y Séptimo Local de lo Penal de Managua, Lic. María Ivette Pineda Gómez (desde el 6 de octubre de 2008) y Lic. Henry Morales Olivares (desde el 15 de junio de 2011) respectivamente, para que dé el inicio al proceso de desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas, por sus graves injurias y calumnias contra mi persona, que han provocado grandes daños morales y severos daños económicos continuos, los cuales han trascendido a los miembros de mi núcleo familiar.

Siempre he tenido la confianza que la Asamblea Nacional de Nicaragua actúe conforme la ley y me facilite el derecho de defenderme de la presunta delincuencia del diputado querellado Eduardo Montealegre Rivas, quien desde hace cinco años evade la Justicia de nuestro país con el mal uso que le da a la inmunidad que le confiere su cargo de servidor público.

Agradeciendo su atención a mi solicitud, le reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales

Atentamente,

Néstor Avendaño

Economista

 cc:          Lic. Alba Azucena Palacios Benavides,

Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

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Carta 15 al Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

13 08 2013

Managua, Nicaragua,

13 de agosto de 2013

 

Ingeniero

René Núñez Téllez

Presidente

Asamblea Nacional de Nicaragua

Su Despacho

 

Honorable Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ing. René Núñez Téllez:

 

Con el debido respeto a su persona y su alto cargo, como ha sido usual en las quince cartas que le he enviado desde el 8 de mayo de 2012, ahora, después de cuarenta y cinco días de receso legislativo y con el reinicio de las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional, le reitero mi solicitud que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se pronuncie para incluir en el Orden del Día las dos peticiones judiciales relacionadas con la desaforación del diputado Eduardo Montealegre Rivas por sus graves injurias y calumnias contra mi persona, que han provocado grandes daños morales y severos daños económicos continuos, los cuales trascienden a los miembros de mi núcleo familiar.

Me sorprende, primero, que el Poder Legislativo no haya podido responder mis solicitudes, estrictamente personales y no políticas, desde el 6 de octubre de 2008, fecha en que el diputado querellado se burló de la Justicia de nuestro país -un hecho conocido por la población- y, segundo, que la Asamblea Nacional encubra o proteja al presunto delincuente Eduardo Montealegre Rivas.

Además de la presunta delincuencia de Eduardo Montealegre Rivas por haber violado mis derechos humanos al transgredir mi dignidad, honor, imagen y reputación profesional, el silencio tanto de la Primera Secretaria como del Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional me ha limitado el acceso a la Justicia, otro de nuestros esenciales derechos humanos.

Siempre con la confianza de que la ley está por encima de las personas y se consolide el Estado de Derecho en nuestro país, continúo en espera de su respuesta y le reitero las más distinguidas muestras de consideración y aprecio personales

 

Atentamente,

Néstor Avendaño

Economista

 

 

cc:          Lic. Alba Azucena Palacios Benavides,

Primera Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

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