Salario mínimo vs Alto costo de vida

18 09 2022

El salario mínimo es el salario más bajo que los empresarios están autorizados a pagar a los trabajadores que laboran en sus empresas. Según la Ley de Salario Mínimo de Nicaragua aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de mayo de 1991, el ajuste del precio mínimo del trabajo se determina con la suma de la tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), hoy estimada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), más la tasa de crecimiento real de cada sector de la economía estimada por el Banco Central de Nicaragua (BCN), pero en la práctica lo que se adiciona es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real anual.

Los datos de la tasa de crecimiento económico y de la tasa de inflación que facilitan el ajuste del salario mínimo, que entra en vigor en marzo de cada año, corresponden a los datos del año inmediato anterior. Cuando el salario mínimo de cada sector logre alcanzar el 100% del costo de la canasta de consumo básico, los incrementos posteriores de este salario se indexarán sólo con la tasa de inflación del IPC.

En septiembre de 2007, el INIDE publicó el costo de una nueva canasta de consumo básico, que incorporó la cantidad de 53 productos con mayores cantidades que la canasta anterior y con sustitución de varios productos alimenticios, que estuvo en vigor desde la década de los ochenta del siglo pasado, y cuyos 23 alimentos garantizan la ingesta de 2,455.4 kilocalorías per cápita diario. Por este motivo, la fijación del salario mínimo tiene como referencia el costo de la canasta de consumo básico, que es calculada y ajustada por el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el INIDE.

Entre los años de 2017 y 2022, el salario mínimo promedio simple nominal o en precios corrientes, ponderado por actividad económica, registró un aumento acumulado 35.57%. Durante 2017, el año de los máximos históricos de producción, y 2018, el año de la crisis política interna, el ajuste se estimó con la suma de la inflación y del crecimiento económico como lo establece la ley, pero en 2019, el año de la reforma procíclica de la Ley de Concertación Tributaria, el salario mínimo no recibió ningún ajuste. El salario mínimo se indexó de facto con la tasa de inflación del IPC, cuando surgió en el país la pandemia mundial del Covid19 en 2020; luego en 2021, cuando se reabrió la economía mundial, con los cuellos de botella en la cadena de suministros, y al recuperarse el nivel máximo de producción del país; y después en 2022, cuando se aceleró la presión inflacionaria mundial provocada por los shocks de oferta debido a la crisis geopolítica-militar de Rusia y Ucrania.

Aunque la relación del salario mínimo con la inflación ha sido adoptada en muchas economías desde la década de los setenta del siglo pasado, aún persisten acuerdos de salarios mínimos y pensiones para proteger a la población más vulnerable del alto costo de vida.  Cabe agregar que a partir del año de 2020, el monto anual del ajuste del salario mínimo se  entregó totalmente en marzo, y antes de ese año, según la ley, se entregaba en dos montos semestrales, uno en marzo y otro en septiembre.

En términos preliminares, al tomar en cuenta mi pronóstico de una tasa de inflación de 9.23% para 2022, la tasa de inflación acumulada en el período 2018-2022 tiende a ubicarse en el nivel de 27.93%. Por consiguiente, el deterioro preliminar del poder adquisitivo del salario mínimo promedio simple en diciembre de cada año, ponderado por actividad económica, durante el período 2018-2022 es 11.68% y se requeriría un ajuste de dicho salario de 13.22% para que recupere en 2023 su poder adquisitivo registrado en 2018, pero sin incorporar el efecto de la inflación que se observe en 2023.

¿Por qué 2018? Porque fue el último año en la fijación del ajuste de este salario con la suma de la tasa de crecimiento económico y de la tasa de inflación registradas en el año inmediato anterior, 2017, el año de máximos históricos de producción del país. Lo que debe importar es proteger el bienestar alcanzado por los trabajadores que están en la parte inferior y también en la parte media de la distribución del ingreso, para que puedan enfrentar los impactos de la inflación que hoy se notan principalmente en las compras de alimentos y transporte. Además, la cobertura del salario mínimo sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico se ha reducido de 49.68% en diciembre de 2018 a 43.11% pronosticado para diciembre de 2022 y en el sector formal de la economía trabajan aproximadamente 110,000 personas que devengan el salario mínimo.

Sin embargo, salta a la vista la alerta de no acelerar más la tasa de inflación en estos momentos con ajustes salariales muy cercanos o superiores a dos dígitos porcentuales, porque que tenemos graves shocks de inflación desde el lado de la oferta que provienen del exterior. Si los salarios aumentaran con el mismo ritmo de los precios, es decir, que se introduce la espiral precio-salario-precio, la situación sería más crítica por el riesgo de que se perpetúe la inflación.

Cuando las empresas enfrentan mayores costos de endeudamiento por las alzas de las tasas de interés impulsadas por la banca central, la producción crece menos y se reducen las contrataciones de trabajadores, disminuye la competencia por trabajadores, se desacelera el crecimiento de los salarios, cae el gasto de los consumidores, baja la demanda de bienes y servicios, las empresas no pueden subir los precios y se reduce la inflación. Pero el desempleo y el subempleo aumentan.  Comparto la opinión de que un salario mínimo más alto generaría un impulso para la formación de buenos empleos y las posibilidades del avance profesional, y los empresarios estarían incentivados para aumentar la productividad de sus empresas. En resumen, el aumento del salario mínimo debería estar acompañado de políticas que reorienten el cambio tecnológico, generen buenos empleos y mejoren las condiciones laborales.


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