Tres grandes riesgos de la economía de Nicaragua en 2022

5 12 2021

El cierre del año de 2021 está dejando muy buenos resultados en la economía de Nicaragua, al mostrar los balances macroeconómicos un crecimiento del producto interno bruto (PIB) real, que estuvo basado en la inversión pública; un aumento notable de las reservas internacionales, debido a la cooperación externa multilateral en concepto de asistencia humanitaria recibida por el sector público en diciembre de 2020 y agosto de 2021; un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, resultante de un menor déficit comercial de bienes y del creciente flujo de remesas familiares; un déficit fiscal acorde con el límite fondomonetarista, que fue financiado con recursos de la cooperación externa; y una sólida estabilidad del tipo de cambio y de la presión inflacionaria, esta última acelerada por el “efecto base” de 2020, los altos precios del petróleo y de los alimentos en el mercado internacional, y los cuellos de botella del comercio mundial. Por consiguiente, la administración de la política macroeconómica de Nicaragua puede ser considerada excelente y la mejor del istmo centroamericano en 2021.

Todo beneficio económico tiene un costo económico. En 2021, el problema económico se encuentra en el mercado laboral. Por un lado, no se ha logrado restablecer el número de puestos de trabajo del sector formal o el número de trabajadores que cotizan la seguridad social, que se registró en el año de los máximos históricos de producción, 2017; por otro lado, el poder adquisitivo del salario promedio nacional se ha deteriorado significativamente; finalmente, persiste el problema estructural de larga data de una baja productividad de la economía.

Podemos concluir que el riesgo económico y el riesgo financiero permanecieron en niveles bajos en 2021.

Sin embargo, en el corto plazo se prevén riesgos de origen no económico.

Primero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 38 países ya se encuentra activo Ómicron, la variante del Covid-19 descubierta en Sudáfrica, que se ha extendido, entre otros países, a Botsuana, Túnez, Bélgica, España, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Noruega, Islandia, Israel, Hong-Kong, China, Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, que podría ser altamente transmisible, más virulento y tenga algún escape inmunológico. Esto lo sabremos, según los expertos, dentro de dos o tres semanas, una vez que los laboratorios concluyan el diagnóstico de la nueva cepa del coronavirus. Si las respuestas fuesen positivas, se retrasaría el crecimiento económico y el comercio mundial, principalmente en las economías más vulnerables.

Segundo, las sanciones y las graves amenazas de Estados Unidos (EE.UU.) contenidas en la «Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021» (RENACER Act), que, en el caso de que sean efectivas, podrían pauperizar a la población de Nicaragua.

Dicha ley, que coordina las  sanciones de EE.UU con Canadá, la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe, fue aprobada por el Congreso de EE.UU. el 2 de noviembre de 2021 y promulgada por el presidente Biden el 10 de noviembre de 2021, pide al poder ejecutivo que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica (DR-CAFTA).

Una salida brusca de Nicaragua del TLC DR-CAFTA equivaldría al establecimiento de una crisis económica profunda del país, porque se suspendería, al menos, el 40% del valor total de las exportaciones de bienes que gozan del arancel cero en el comercio con EE.UU. (incluyendo los productos de las empresas de zona franca), reduciría la demanda agregada o demanda final de bienes y servicios (consumo, inversión y exportaciones), caería el PIB real, elevaría la tasa de desempleo abierto y la tasa de subempleo, crecería la pobreza, contraería el ingreso de los hogares, caería el gasto de consumo y se repetiría la iteración antes descrita que fue generada por la disminución de las exportaciones. Esto significaría un gravísimo impacto económico y social sobre 6.6 millones de nicaragüenses.

Ese impacto también podría ocurrir gradualmente con la imposición progresiva de un arancel a un producto en particular que los exportadores nicaragüenses venden a los importadores estadounidenses. Esta variante tiene un antecedente en la administración del expresidente Donald Trump, cuando emitió la declaración de que China  era una “amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos e impuso un arancel a las importaciones de acero importado desde China.

El 16 de noviembre recién pasado, el gobierno de Joe Biden prolongó por un año más la declaración de la situación de Nicaragua como una “amenaza inusual y extraordinaria de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con las personas e instituciones nicaragüenses sancionadas por el Departamento del Tesoro. La primera vez que se emitió esa declaración contra Nicaragua fue en noviembre de 2018, con la orden ejecutiva 13851 de la administración de Donald Trump.

Tercero, la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 12 de noviembre de 2021 con 26 votos a favor, 1 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente contra Nicaragua , que dice así: Elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas, ni transparentes, y no tienen legitimidad democrática. Instruye al Consejo Permanente que presente una evaluación colectiva, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, de la situación a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas. Nicaragua presentó la carta de renuncia oficial ante la OEA el 19 de noviembre, tras la denuncia de la Asamblea Nacional de la Carta Democrática de la OEA.

Los países que votaron a favor de la resolución de la OEA fueron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. El país que votó en contra de la resolución fue Nicaragua. Los países que se abstuvieron fueron Belice y Honduras. Por esto, es bastante probable que la resolución de la OEA afecte a Nicaragua en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Los Estados Miembros Plenos que integran el SICA son 8, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, de los cuales 5 votaron a favor de la resolución contra nuestro país.

Siempre he sido de la opinión que sólo el Diálogo entre los nicaragüenses evitará los riesgos políticos que acechan a la economía nicaragüense en la actualidad. El plenario del Foro “Perspectivas y Soluciones 2019”, que se realizó el martes 8 de enero de 2019 en las instalaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y del cual soy uno de sus directivos, aprobó o validó de consenso las siguientes tres resoluciones:

A. Fortalecer la organización empresarial, representada por todos los sectores.

B. Crear condiciones para una negociación nacional magnánima y con sentido de patria, con pocos actores, pero con representatividad, confianza y prestigio.

C. Trabajar en el establecimiento de la negociación, agenda, normativas, procedimientos y contar con la ayuda de expertos.

Continúan siendo válidas.


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