Cinco desafíos que enfrentamos para encauzar la economía

24 01 2021

El conflicto político de abril de 2018 que aún persiste, el desestímulo económico provocado por la reforma de la Ley de Concertación Tributaria de febrero de 2019, la pandemia del COVID-19 que se hizo presente en el país en marzo de 2020 y los impactos de los huracanes Eta e Iota en noviembre de 2020 han dañado la economía de Nicaragua.

Siempre he sido de la opinión de que la economía no se dinamizará si no se restablece la confianza entre los agentes económicos (gobierno, consumidores, empresarios y comunidad internacional), lo cual demanda acciones exclusivamente políticas, y si no se aplica la vacuna contra el COVID-19 a toda la población. La convivencia entre los nicaragüenses es una condición inevitable para la recuperación del terreno económico perdido y el avance hacia el desarrollo económico del país, o sea, para que la economía funcione.

¿Cuáles son las áreas de la economía que están exigiendo la atención de los políticos, que hoy se encuentran enfrascados en la arena política de un año electoral? A continuación, presento algunas áreas de política económica que demandan la atención no sólo de las autoridades gubernamentales, sino también de la población.

El crecimiento económico

La economía está en caída libre desde el año de 2018. Aunque la cifra oficial indica una desaceleración de la tasa de caída anual del producto interno bruto (PIB) real en 2020, esto no significa que se está mejorando el desempeño productivo de las actividades económicas.

Según datos gubernamentales, en el trienio 2018-2020 se han destruido aproximadamente 200 mil puestos de trabajo del sector formal de la economía, que representan el 5% de la población económicamente activa del año de 2020. Al cerrarse el año de 2020, Nicaragua ya se encuentra en depresión económica porque la caída acumulada del PIB real con respecto a su nivel registrado en 2017 es de dos dígitos porcentuales, o sea, al menos 10%.

La reforma de la Ley de Concertación Tributaria

En términos estrictamente económicos, la reforma tributaria fue aprobada e implementada en el momento menos apropiado, cuando imperaba la recesión económica debido al conflicto político desde el tercer trimestre de 2018.

El cierre de empresas, principalmente las microempresas y las pequeñas empresas de las actividades de comercio, hoteles, restaurantes y servicios comunales y personales, y las medianas y grandes empresas de las actividades de la construcción y de la intermediación financiera, aumentó el desempleo y el subempleo.

Las alzas de las tasas tributarias indirectas aceleraron la tasa de caída de la producción y la tasa de aumento de los precios al consumidor y, además, un crecimiento de la economía subterránea causado por el contrabando de bienes de la industria fiscal. La reforma tributaria no debería ser contractiva o procíclica, sino expansiva y anticíclica.

Lo problemas estructurales de la economía

La pandemia ha puesto al descubierto la desigualdad de la distribución del ingreso, la falta de educación técnica y la expansión de un gran sector informal, todo esto vinculado a otros dos problemas estructurales, como son la seguridad social y la baja productividad de la economía que han existido durante décadas. La solución de estos problemas es posible sólo en el largo plazo, que empieza hoy, mejor dicho, que debió haber empezado ayer.

Reevaluar el sistema bancario

Inundados de liquidez, los bancos han observado un leve aumento de los depósitos del público no bancario, una caída de la cartera de préstamos, una gran reducción del número de prestatarios, un aumento de la cartera en riesgo, un incremento de las provisiones por pérdida de la cartera, una creciente adecuación de capital, un mayor margen financiero, una alta tasa de interés activa real (tasa nominal menos tasa de inflación) de corto plazo -que encarece los préstamos-, una baja tasa de interés pasiva real de ahorro -que obstaculiza la captación de fondos- y una notable reducción de la tasa de rentabilidad que aún es positiva. Se requiere un acuerdo político para que la banca comercial reemprenda su apoyo financiero a la producción y la demanda interna (consumo e inversión).

Hay que reconocer que la vida normal ha sido desviada por el COVID-19. Por eso, también será necesario considerar, primero, la posibilidad de otorgar, al menos, un trimestre de gracia, prorrogable si es necesario, a los deudores del sistema financiero nacional que lo soliciten, demuestren la necesidad y califiquen, independientemente del nivel de riesgo del prestatario, y trasladen el pago de capital e intereses que corresponde a este período hasta el final del plazo del préstamo y, segundo, la autorización de la reestructuración de créditos tendientes a la modificación de tasas de interés, plazos y cuotas, sin que se disminuya la calificación del prestatario.

Apoyar a las MIPYMEs

En marzo de 1998 fue cerrado el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), un banco estatal que financiaba principalmente la producción agropecuaria del país y a las pequeñas y medianas empresas. Sería conveniente reflexionar sobre el restablecimiento de la banca estatal de fomento a la producción, un instrumento de la política económica que facilitaría el alcance de las metas de producción e inversión, con crédito y transferencia de tecnología, de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs).

En conclusión, 2021 será un año de inusual incertidumbre, porque a los cuatro problemas mencionados al inicio de este análisis se agregará el ciclo económico político, por ser un año de elección presidencial, y la propagación más acelerada de una nueva cepa del COVID-19, aumentando los riesgos para la salud, el crecimiento económico, la estabilidad política y la estabilidad social. No hace falta decir que la incertidumbre es mala para la producción, la inversión y el consumo.


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