El FMI dejó a un lado la doctrina de la austeridad

18 10 2020

Frente a la pandemia mundial del COVID-19, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo recientemente ante la London School of Economics, en el 125 aniversario de su fundación, que el coronavirus ha puesto al mundo “patas arriba” con la pérdida de más de un millón de vidas y un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos que “nos enfrentamos al riesgo de una ‘generación perdida”. Esa es la radiografía de la coyuntura mundial actual.

En la Reunión Anual con el FMI de octubre de este año, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, señaló que la economía está inmersa en una depresión y de que todavía “estamos en lo más profundo de la recesión” provocada por el coronavirus, ve urgente volver al crecimiento para evitar los altos índices de pobreza y la recuperación tardará en llegar en los países emergentes y en desarrollo, ya que no se está produciendo en forma de V sino de L.

Sin embargo, el FMI ha revertido su asesoramiento de hace varias décadas. Vitor Gaspar, jefe de política fiscal del FMI, dijo que la mayoría de las economías avanzadas que pueden endeudarse libremente no necesitarán planear la austeridad para restaurar la salud de sus finanzas públicas después de la pandemia de coronavirus, y que los países que sólo tienen un acceso limitado a los mercados financieros tendrán que ser mucho más cuidadosos con sus estrategias fiscales. Este cambio de perspectiva se basa en que el FMI espera que las tasas de interés se mantengan por debajo de la tasa de crecimiento económico que logren alcanzar los países de economía avanzada, o sea, que se abaratará el costo del servicio de la deuda pública. Es muy probable que los préstamos sean bastante baratos en el escenario de una relación Deuda/PIB creciente, por lo menos en el mediano plazo.

Aunque hasta ahora gran parte del trabajo está siendo realizado por los bancos centrales con la reducción de la tasa de interés nominal hasta casi 0% e inundando de dinero al mercado con la compra de deuda soberana (o bonos gubernamentales), el FMI ya no está divorciando los instrumentos de la política monetaria y de la política fiscal para la formulación de políticas, y está promoviendo el gasto público, especialmente la inversión pública en infraestructura, para potenciar el crecimiento económico con un cambio hacia una energía más verde. Sin lugar a duda, la política monetaria, por sí sola frente al COVID-19, ya es insuficiente para emprender la recuperación de la economía mundial y necesita del apoyo del gasto público para generar puestos de trabajo, aumentar el ingreso y reactivar la demanda interna de bienes y servicios finales.

En el caso de nuestro país, el COVID-19 ha dejado una mejor radiografía de las distorsiones y perturbaciones económicas y sociales, tales como el desempleo y el subempleo, la pobreza, el bajo nivel de escolaridad y su cuestionable calidad, la falta de acceso de la población a los servicios de salud y a los medicamentos, la debilidad de las microempresas y pequeñas empresas, la baja productividad y las desigualdades en la distribución del ingreso y en la distribución de la carga tributaria.

Un primer paso pragmático para emprender la recuperación de la economía nicaragüense es tratar de alcanzar los máximos históricos recientes de los indicadores económicos y sociales, que corresponden, en gran parte, a los registrados en 2017, cuando observábamos un importante crecimiento económico, pero aún insuficiente para reducir el desempleo, el subempleo y la pobreza. La gran tarea será reevaluar las políticas prepandémicas, y defender y mantener los valores de progreso humano que han contribuido al bienestar social. Estos desafíos no se podrán enfrentar sin la visión de la nación, o sea, sin la visión del gobierno, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a los jóvenes porque los desafíos son de largo plazo.

Todos debemos involucrarnos en la tarea nacional de construir las plataformas institucionales para la cooperación público-privada, porque como individuos también pertenecemos a comunidades y organizaciones, tales como sindicales, gremiales, profesionales, protectoras del medio ambiente, culturales, deportivas, políticas, religiosas, entre otras.   

Los dos decálogos de Consenso de Washington, conocidos en Nicaragua popularmente como ESAF por sus siglas en inglés (Enhanced Structural Adjustment Facility) desde inicios de la década de los noventa del siglo pasado, no han resistido el embate del COVID-19, porque el FMI ya no está tolerando la doctrina de la austeridad en el gasto público; al contrario, el FMI ha reconocido que la rigidez prematura del gasto del presupuesto nacional, después de que la curva de contagio del coronavirus sea aplanada, no beneficiará a las economías.

Cabe recordar que el primer programa trienal fondomonetarista de ajustes económicos y estructurales para “facilitar” el crecimiento económico de Nicaragua, el ESAF 1994-1997, exigía, en ese período, incrementar el ahorro del Sector Público No Financiero (SPNF) de 10.0% del PIB hasta 13.8% del PIB, y reducir el déficit de dicho sector (antes del registro de donaciones externas) de 8.8% del PIB hasta 5.8% del PIB. La política monetaria y la política fiscal del FMI eran tremendamente contractivas.

Ahora, los déficits del sector público en la mayoría de los países se han expandido por causa del COVID-19, de tal forma que la razón Deuda Pública/PIB del mundo tiende a oscilar cercanamente a 100% debido al creciente gasto público para impedir una mayor debacle de la producción mundial. Y el FMI ha aconsejado a los gobiernos que continúen gastando hasta que controlen el coronavirus y se fortalezcan las recuperaciones de las economías.

Sin embargo, las autoridades gubernamentales de Nicaragua han administrado un presupuesto nacional equilibrado, es decir, un presupuesto con un déficit fiscal cercano a 0% del PIB y una razón Deuda Pública/PIB aproximada a 50%, con el fin de evitar la ruptura de la crisis de la deuda pública que también implica una alta inflación y, consecuentemente, el deterioro del córdoba.

Además, es bastante probable que esta decisión de política macroeconómica está fuertemente influenciada por las sanciones financieras internacionales impuestas a Nicaragua mediante la NICA ACT aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que impide el financiamiento concesional de los proyectos de inversión pública en infraestructura económica y social.


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