La histéresis del desempleo

20 09 2020

Si las políticas que deprimen la economía a corto plazo también provocan un daño más duradero se les atribuye el nombre de “histéresis”.

Por ejemplo, los períodos prolongados de elevado desempleo, por supuesto incluyendo entre los desempleados a todas las personas que trabajan diariamente al menos 1 hora y a lo sumo menos de las 8 horas diarias establecidas en el Código Laboral, podrían elevar la tasa de desempleo natural o de pleno empleo, que en el caso de Nicaragua puede ser fijada en el nivel de 5%, es decir, la significación estadística de una distribución normal con 95% de confianza. Este fenómeno es conocido como histéresis del desempleo.

Las principales causas de esta histéresis es que los desempleados podrían acostumbrarse a no trabajar y buscar trabajos esporádicos, o podrían dejar de buscar trabajo y pasar a formar parte de la población económicamente inactiva (PEI). Los empresarios pueden agravar este problema al creer que si una persona permanece más tiempo desempleada es muy probable que carezca de la energía o de la titulación necesarias para trabajar.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), en 2019 aproximadamente el 47% de los ocupados estaba subempleado. Interesa el dato de la tasa de subempleo como porcentaje de la población económicamente activa (PEA), pero desde 2015 no se publica el indicador de la PEA de Nicaragua. Una persona está subempleada si trabaja menos de las horas establecidas por semana por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más horas, o si trabajando más de las horas establecidas devengan un salario menor que el salario mínimo legal.

El mercado laboral de Nicaragua, además de haber sido afectado por la crisis política de abril de 2018, continuó deteriorándose con el impacto de COVID-19 a partir de marzo de 2020. Según Consultores Para el Desarrollo Empresarial (COPADES), el desempleo y el subempleo aumentaron y el sector informal creció al aumentar el porcentaje de las personas ocupadas que trabajan en empresas que no tienen registros contables. La subutilización de la fuerza laboral del país, o sea, el desempleo abierto y el desempleo equivalente relacionado con el subempleo, se elevó en 317 mil personas en 2018 y 2019 y se agregarían 198 mil personas más en 2020, por lo que el ejército de desempleados, tanto abiertos como equivalentes resultantes del subempleo, oscilaría alrededor de 1 millón 270 mil personas en este año.

En orden de importancia, siempre con base en datos de COPADES, las actividades económicas que reflejan las mayores tasas relativas de reducción de empleo son: construcción, servicios financieros, comercio, hoteles y restaurantes, transporte y servicios comunales y personales. No es muy alta la tasa de caída del empleo en la industria manufacturera y es casi nula la correspondiente a las actividades agropecuarias.

En 2017, según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el 26% de la PEA constituyó el sector formal del mercado laboral, o sea, 818,396 trabajadores cotizaron la seguridad social, y ese porcentaje podría haber disminuido, según COPADES, hasta 22% en 2019 y 18% en 2020. Por su parte, el salario promedio nacional permanece congelado desde diciembre de 2018, excepto el salario mínimo que fue ajustado en marzo de 2020, mientras que la inflación acumulada desde enero de 2019 hasta junio de 2020 fue 7.45%.

Este retrato del mercado laboral de Nicaragua es totalmente contradictorio con la fantasía de que la recuperación económica del país tendrá una forma de V, como lo han dicho economistas gubernamentales desde el año pasado.

La productividad, la demografía, la investigación básica y la educación son variables que impulsan el crecimiento económico, a lo cual se adicionan el respeto a la propiedad privada, los derechos humanos y la libertad de expresión. Además, en estos momentos algunas actividades económicas del país no pueden operar por razones no económicas, lo que se puede ejemplificar con el “shock de demanda” causado por COVID-19. La caída de los ingresos se ha concentrado en las actividades económicas antes señaladas, y esa caída puede extenderse a otras actividades económicas por razones no relacionadas con la amenaza de COVID-19, o sea, los consumidores y los inversionistas ahorran en tiempos de incertidumbre por fines precautorios, es decir, para realizar gastos no predecibles al no saber qué ingresos tendrán en las siguientes semanas o en los meses próximos.

El crecimiento en forma de V implicaría un rápido retorno a los niveles de ingresos de 2017, según los economistas gubernamentales. Sin embargo, en un escenario óptimo cuando haya dos o tres vacunas eficaces para ser aplicadas a la población de todo el mundo a partir de 2021, que es una tarea que podría durar al menos tres años según los expertos, el crecimiento económico posterior a la pandemia tardaría muchos años para cumplir con la definición moderna de recuperación económica, que sería un retorno al ingreso interno bruto per cápita promedio anual de US$2,182 registrado en 2017 y que en 2020 estaría retrocediendo al nivel de US$1,761, similar al observado en 2013.

En otras palabras, la economía nicaragüense estaría retrocediendo 8 años en 2020, como consecuencia de una crisis política interna y una crisis sanitaria mundial que estarían transformando una recesión en una depresión económica al concluir este año. Con las crisis económicas internacionales, ahora con una pandémica, los países menos desarrollados como Nicaragua sufren bastante al tener que enfrentar a COVID-19 con menos recursos, por lo cual existe una alta probabilidad de que enfrentemos una década perdida de desarrollo.

En esta recesión económica prolongada de Nicaragua, que ha durado 3 años y está transformándose en una depresión económica a partir de 2021, la política macroeconómica gubernamental ha evitado una crisis de deuda pública e inflación, una muy dura experiencia que vivió el país en la década de los ochenta del siglo pasado al tener la cuarta hiperinflación mundial del Siglo XX con una duración de 4 años, desde abril de 1987 hasta abril de 1991.

Hoy, después de casi 3 años de crisis política, COVID 19 nos conduce a una crisis de la depresión económica y el desempleo, la cual, acompañada de las sanciones financieras internacionales aplicadas al país con la NICA Act, que impactan principalmente la inversión pública en infraestructura económica y social, acelerará la tasa de caída de la producción de bienes y servicios, y las tasas de aumento del desempleo y el subempleo y del índice de pobreza que ya está acusando un retroceso de 6 años.


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