Restricciones financieras externas y dolarización semioficial

9 08 2020

En los meses recién pasados he comenzado a observar algunas incompatibilidades entre las medidas de la política monetaria y la política fiscal de Nicaragua, después de que ambas políticas se alinearan a finales de 2019 para eliminar cualquier presión inflacionaria importante o una inflación galopante en el país en 2020, incluso antes de que nos impactara COVID-19 el 18 de marzo de este año.

Además de la presencia de una política monetaria contractiva, el Banco Central de Nicaragua (BCN) también redujo la tasa de deslizamiento anual del tipo de cambio oficial de 5% a 3%, e inició la práctica de conceder reportos monetarios o préstamos de corto plazo en córdobas, eliminando de facto la cláusula de mantenimiento de valor, y redujo la tasa de interés a 4.5%.

Esas dos medidas de política monetaria-financiera parecían que enviaban señales de que la autoridad monetaria comenzaba a reflexionar en una sustitución del actual régimen cambiario reptante, de por sí obsoleto y anti-exportador mantenido desde el 10 de enero de 1993 y que contribuye a la formación de un déficit comercial externo anual de 10% del PIB en tiempos sin crisis, y, por otro lado, de que el BCN podría estar comenzando a crear las condiciones para la “desdolarización” o, como yo le llamo, la “recordobización” de la economía nicaragüense.

Por su parte, la política fiscal, no obstante el fuerte impacto de la reforma de la política tributaria sobre el desempeño productivo, en vigor desde el 28 de febrero de 2019, un momento en el que el país se encontraba inmerso en una profunda crisis política aún no resuelta, ha mantenido un déficit fiscal bastante cercano al 0% del producto interno bruto (PIB), lo cual reduce las necesidades de financiamiento presupuestario y refleja también la restricción de las sanciones financieras internacionales , a través de la NICA Act, que impiden el financiamiento concesional de la inversión pública con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM/IDA).

En conclusión, una política monetaria muy contractiva y un presupuesto nacional casi equilibrado garantizan en Nicaragua la estabilidad del tipo de cambio y una muy baja inflación. Dicho sea de paso, COVID-19 ha provocado la caída de la tasa de inflación y de la tasa de interés en la economía mundial; además, en Nicaragua, con dos crisis, una local y otra internacional, el creciente desempleo ha reducido ingresos y ha deprimido la demanda interna, o sea, el consumo y la inversión, disminuyendo la presión inflacionaria, pero dejando casi intacta las tasas de interés.

No se podrá reemprender el crecimiento económico con un elevado costo del dinero, pero sorprende el hecho que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público coloque Bonos de la República de Nicaragua por la suma de US$20.0 millones, en dólares y pagaderos en la misma moneda, a 2 años plazo y tasa de interés del 8%. ¿Por qué aún el costo del endeudamiento público interno continúa siendo muy alto en el país? Aún con el riesgo político, ese costo podría ser menor. El BCN podría facilitar la disminución de la tasa de interés del mercado, y ya lo está haciendo con los reportos monetarios.   

La economía de Nicaragua continúa estando muy dolarizada extraoficialmente, aun con la fuga de US$1,300 millones de los depósitos en moneda extranjera en las entidades bancarias entre abril de 2018 y marzo de 2019, que redujo la participación de dichos depósitos en la liquidez global (M3A) desde 69% en febrero de 2018 hasta 63% en mayo de 2020. Y a esto se agrega la caída del flujo de remesas en 2020, causada por el shock de oferta de COVID-19 que provocó también un creciente desempleo mundial, principalmente en Estados Unidos de donde procede, al menos, el 60% del ingreso anual de las remesas recibidas en el país.

El pago en dólares estadounidenses de los servicios de migración causó un gran revuelo, a pesar de que en Nicaragua casi todos los precios están dolarizados, pero se prevé una notable reducción del flujo de recursos externos en 2021, no sólo por la persistencia de las sanciones financieras internacionales, sino también por los bajos niveles de inversión extranjera directa y de remesas comparados a sus máximos históricos registrados en 2017 y 2018 respectivamente.

Muy pocas variables macroeconómicas no están dolarizadas en Nicaragua: el medio circulante o dinero, los salarios mínimos y los más bajos de la escala salarial nacional, el encaje sobre los depósitos en córdobas que las entidades bancarias depositan en el BCN, y los precios de los productos perecederos de origen agrícola que dependen de los niveles de oferta. No olvidemos que la tasa de inflación del índice de precios al consumidor de Nicaragua tiene un origen agropecuario.    

Por otro lado, la Asamblea Nacional, con el objetivo de obligar el pago de los servicios de migración en dólares estadounidenses, debió haber aprobado la dolarización semi oficial de la economía de Nicaragua, como existe en Haití, Cuba, Bahamas, Laos, Tailandia, Camboya y Liberia, donde el dólar de Estados Unidos es otra moneda de curso legal, pero juega un papel secundario con respecto a la moneda local para el pago de salarios, impuestos, servicios, gastos diarios para el pago de alimentos, teléfono, energía eléctrica, medicamentos, transporte, entre otros. Cabe agregar que los países semi dolarizados mantienen un banco central con autoridad para conducir su política monetaria, y esto lo diferencia de los países oficialmente dolarizados, como Panamá, El Salvador y Ecuador.

La Asamblea Nacional no consideró ese paso previo al cobro de los servicios de migración en dólares de Estados Unidos, y aparentemente ignoró la Ley Monetaria de Nicaragua, cuyo Artículo 1 declara que “La Unidad Monetaria de la República de Nicaragua es el Córdoba, que se subdivide en cien partes iguales denominadas centavos. Su símbolo es C$.” Si hubiese modificado dicho artículo agregándole que el dólar de Estados Unidos es otra moneda de curso legal, pero con un papel secundario con respecto al córdoba, talvez la polémica se hubiera centrado en una probable dolarización oficial, la cual no depende exclusivamente de una decisión legislativa, sino de la decisión soberana de la población nicaragüense, siempre y cuando exista la capacidad financiera en moneda extranjera en el BCN para la compra de los córdobas.


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