Del “shock de oferta” al “shock de demanda”

10 05 2020

La semana pasada se acumularon malas noticias del comportamiento de la producción y del desempleo en los países de economía avanzada:

•             el alza semanal de 25% del precio del barril de crudo WTI, que se cotizó en US$24.74 al cierre del viernes, aunque en el año refleja una caída de 60% por la demanda lastrada por la pandemia del COVID-19, el efecto de los recortes de producción de los país de la OPEP y la falta de espacio de almacenamiento;  

•             la tasa de desempleo de 14.7% en Estados Unidos y 33 millones de estadounidenses han solicitado subsidios por desempleo al Estado en las últimas 7 semanas;

•             el comercio exterior de China cayó 4.9% en los primeros cuatro meses del año en curso;

•             Japón de cara a una gran depresión, al caer el gasto de los hogares 6% en marzo con respecto al año anterior;

•             la Eurozona en espera de una gran recesión, con una contracción económica prevista de 7.7% en este año;

•             el Reino Unido prevé la peor contracción económica, 14%, en 300 años;

  • la Organización Mundial de Comercio (OMC) señaló que el retroceso del comercio global en 2020 será de entre 13% y 32%, según los escenarios de contención del virus contemplados; y
  • la inflación se diluirá y se ”congelará”en niveles cercanos a 0%, hacia arriba o hacia abajo.

El peligro latente es que este escenario económico mundial en ciernes podría convertirse en una depresión mayor que la Gran Depresión de 1929.

A manera de referencia, la gran depresión de Estados Unidos de los años 30 del siglo pasado comenzó en 1928 con la caída de los precios agrícolas, estalló con el desplome de la bolsa de Nueva York el jueves 24 de octubre de 1929 (el jueves negro) y se prolongó hasta 1935.

La Fed no pudo rescatar a los bancos, principalmente al Banco de Nueva York, porque la ley lo limitaba al requerirse el respaldo en oro de ese crédito, la iliquidez quebró a 900 bancos y los depositantes perdieron 140 millardos de dólares. Se dio un control de precios con un intervencionismo agresivo, principalmente en el sector agrícola, el oro dejó de ser el patrón internacional monetario y la inversión pública no reactivó la economía estadounidense.

Entre 1929 y 1934, el producto interno bruto de Estados Unidos se redujo 66% y el comercio exterior estadounidense cayó 68%. El paquete de medidas económicas y sociales del presidente Franklin Delano Roosevelt, “el New Deal”, fue insuficiente: la bolsa de Nueva York volvió a caer 50% entre agosto 1937 y marzo 1938. Entre 1938 y 1940, la economía estadounidense se recuperó por el rearme para la II Guerra Mundial.

La causa de la Gran Depresión en la década de los 20 fue el gran endeudamiento barato de consumidores y empresarios cuando los precios cayeron y la demanda de productos disminuyó. Muchos redujeron su gasto corriente para mantener sus pagos y se redujo más la demanda, principalmente de la construcción y de servicios, y las empresas comenzaron a quebrar. Hubo despidos masivos y morosidad en los bancos, pánico entre los depositantes que retiraron sus depósitos, y múltiples quiebras bancarias. Los bancos supervivientes se hicieron más conservadores en sus préstamos y acumularon reservas de capital, se intensificó la deflación, se desarrolló un círculo vicioso y la espiral descendente se aceleró.

Siempre he sido de la opinión de que en asuntos de pronósticos económicos es muy válido describir el peor escenario en términos estrictamente científicos, tanto a la población en general como, sin adular ni vilipendiar a los políticos en particular, quienes aprueban las políticas públicas.

Ahora en 2020, la causa es distinta. Con los estragos provocados por la propagación mundial del COVID-19, más de 30 millones de estadounidenses han perdido sus empleos sin culpa propia, más pérdidas de puestos de trabajo están por venir y la recuperación total de la economía estadounidense muy probablemente se observará dentro de unos años.

El impacto de la actual recesión económica mundial sobre la economía nicaragüense se está canalizando a través de los bajos precios internacionales de la materias primas, la reducción de la circulación de dinero y la reducción de las importaciones. Por consiguiente, sube el desempleo y se estancan los salarios reales; disminuyen grandemente la construcción, el comercio y otros servicios; se reduce la recaudación de impuestos y esto podría incidir en una disminución del gasto público. El ingreso per cápita promedio nacional disminuye y la pobreza aumenta.

Nicaragua no está recibiendo recursos de las instituciones financieras multilaterales, principalmente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para financiar el gasto en salud pública y amortiguar el impacto del coronavirus, ese impacto que he denominado desde mediados de marzo de este año como el “shock de oferta” provocado por COVID-19, que se manifiesta principalmente en pérdidas de empleo, cierre de empresas y desplome de la oferta de bienes y servicios.

Ante la falta de recursos externos, al gobierno le quedan dos vías para resolver el problema: emitir más deuda pública interna y colocarla en los puestos de bolsa o emitir dinero. Es bastante dudoso que los inversionistas financieros, o sea, las entidades bancarias, compren en estos momentos títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) -al contrario, estarían dispuestos a solicitar reportos monetarios en córdobas sin mantenimiento de valor al Banco Central de Nicaragua (BCN) para financiar el ciclo agrícola que está comenzando-.

Por lo tanto, el gobierno estaría obligado a monetizar el déficit fiscal, es decir, estaría forzado a emitir dinero para financiar el gasto de salud pública y frenar la propagación de COVID-19, lo que elevaría el saldo de la deuda del Gobierno Central -en este caso, interna con el BCN-. El saldo total de la deuda pública, interna y externa, a diciembre de 2019 podría estar próximo a 60% del PIB en diciembre de 2019, pero no  hay que olvidar que la deuda externa del sector privado también es alta al aproximarse al 40% del PIB, porque incluye el préstamo petrolero de Venezuela. Agreguemos la deuda del sector privado con las entidades bancarias radicadas en el país, que iguala el 30% del PIB. Estamos muy endeudados en términos de producción, lo que dificultará la recuperación económica, o sea, la solución del “shock de demanda”, una vez superado el “shock de oferta”.

Observamos que el desempleo y el subempleo crecientes provocado por el cierre de empresas y la economía en picada, junto a la caída de los precios internacionales de las materias primas, nos empujarán a una situación deflacionaria, es decir, a una caída de precios al consumidor, lo cual elevará los riesgos económicos y financieros. Es mejor tener una inflación que una deflación.

Sin la solución del problema político que arrastramos desde abril de 2018, que impide el acceso a los recursos de las instituciones financieras internacionales, la política monetaria expansiva para resolver el “shock de demanda” acelerará la inflación, el producto interno bruto no crecerá con las tasas esperadas y los salarios se deteriorarán. Habrá más dificultades en la recuperación económica.


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