La respuesta está en la solidaridad

3 05 2020

Una recesión económica puede ser definida como como un período de disminución significativa en la actividad económica que dura más de unos pocos meses, aunque técnicamente se acepta cuando se registran dos trimestres consecutivos con caídas interanuales de la producción de bienes y servicios.

Pero en Nicaragua, en 2020 estamos iniciando el tercer año consecutivo de caída del producto interno bruto, ahora agravada por la propagación mundial del COVID-19. En otras palabras, el comportamiento de la producción en Nicaragua desde el año de 2018 es una línea vertical, |, o sea, una caída en picada, pero aún no sabemos si la recuperación económica tendrá una forma de V, o de U, o de L, o, más difícil aún, de W.

La actual recesión económica no es una recesión convencional. Si fuese convencional, como la recesión mundial del bienio 2008-2009, para erradicarla sólo sería necesario un estímulo de base amplia generado por los instrumentos ya conocidos de la política monetaria, tales como bajar las tasas de interés e inundar de dinero al mercado, y de la política fiscal, como aumentar el gasto de inversión pública en infraestructura económica y social. Ante el problema de hoy, no dudo de que la infraestructura prioritaria es la de salud pública.

La respuesta urgente que se necesita es para enfrentar un desastre de salud pública, como el  contagio y la muerte provocados COVID-19, no para generar un estímulo o un alivio económico al país como lo dijera recientemente el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez. Creo que es hora para defender la vida de los nicaragüenses y, en este aspecto, hay que garantizar la buena salud y la alimentación mínima requerida de la población.

¿Podrá haber una ayuda generosa para las personas que han perdido sus ingresos por el cierre temporal o definitivo de las empresas? Los presupuestos de los países de economías avanzadas pueden garantizar el pago parcial de los salarios de las personas que han perdido su puesto de trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, casi 30 millones de personas fueron despedidas de las empresas en un lapso de 5 semanas, pero el Estado les asegura un subsidio por desempleo.

El presupuesto de Nicaragua no cuenta con suficientes recursos, aún con el deseo obstinado de algunos colegas gubernamentales por establecer un presupuesto equilibrado, o sea, un déficit igual a 0% del PIB, en un país de ingreso medio bajo como es Nicaragua, pero que se encuentra en la parte más baja de esa clasificación. Entonces, ¿cómo evitar el hambre entre las familias de los trabajadores que han perdido sus ingresos por haber sido despedidos de las empresas por el impacto del COVID-19?

Los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo por efectos del coronavirus están expuestos a varios riesgos: que le desconecten los servicios públicos, principalmente el de agua potable, el vital líquido que en estos momentos es muy necesario para salvaguardar la salud y la vida; que no pueda pagar la alta tarifa de energía eléctrica, que podría ser disminuida por el beneficio que hoy recibe el país con los bajos precios internacionales del petróleo y de los combustibles; que no pueda pagar el alquiler de la vivienda y sea desalojado del lugar en que reside; o de que sea víctima de los precios especulativos o del acaparamiento de productos de consumo básico.

Se requiere, pues, una respuesta gubernamental que prevea aliviar estas cargas y costos que no sólo están afectando a los consumidores, sino también a los empresarios, pero especialmente a los propietarios de microempresas y pequeñas empresas.

Continuando con las sugerencias para que se pueda defender el bienestar de las familias que hoy están siendo golpeadas por el shock de oferta provocado por COVID-19, ¿sería posible reducir la jornada laboral, basada en decisiones conjuntas entre empleadores y trabajadores, a la mitad de la jornada laboral diaria, y reducir los salarios también a la mitad? Creo que los expertos en derecho laboral tienen alguna respuesta legal a este tema, y si no es contemplado en el Código, ¿qué podría se podría hacer al respecto?

¿Se podría establecer temporalmente una contribución mínima a la seguridad social aportada por los empresarios, a quienes se elevó la tasa de contribución de 19% al rango de [21.5%, 22.5%] en la reforma del reglamento de la seguridad social del 1 de febrero de 2019, para liberar fondos que se destinarían a mantener los salarios de los trabajadores que están siendo suspendidos temporalmente de sus puestos de trabajo por el impacto del COVID-19?

¿Podría garantizarse el pago de los salarios de los trabajadores que han sido suspendidos temporalmente de sus labores por efectos de la pandemia, y que ese pago constituya un crédito fiscal aplicable a los anticipos del impuesto sobre la renta que se elevó de 1% a 2% y 3% en la reforma de la Ley de Concertación Tributaria del 28 de febrero de 2019?

El grave problema generado por la pandemia mundial es algo nuevo, muy distinto a los graves desequilibrios económicos que hemos conocido anteriormente. Como dije recientemente en una conferencia sobre la economía nicaragüense, no tenemos ningún precedente histórico que nos dé una idea de los impactos económicos de una pandemia que ha provocado una crisis mundial.

Creo que los economistas debemos atrevernos a buscar respuestas que no están en los textos, porque no hemos sido educados para resolver shocks de oferta sino shocks de demanda, que es el problema que deberá ser resuelto después de los científicos, virólogos, bacteriólogos y expertos en salud pública, frenen, aunque no detengan, la propagación de COVID-19.

También creo que la solidaridad es la respuesta inmediata para atender a las personas que han perdido repentinamente sus ingresos por el cierre temporal o definitivo de las empresas provocado por COVID-19. Es urgente que encontremos un modelo que sea alternativo al del simple despido, pero esto requiere el consenso entre autoridades gubernamentales, empresariales y sindicales.

En otra ocasión, señalé que el presupuesto nacional se puso a disposición de la defensa militar de la nación en la década de los ochenta del siglo pasado, pero en esta segunda década del siglo actual debería ponerse a disposición de la defensa de la salud de la nación.

Por esa reflexión, agrego, basado en mi experiencia profesional como economista forjada en Nicaragua, que, así como la guerra es muy importante para dejarla en manos de los generales, las pandemias, que no las conocemos, también son muy importantes como para dejarla en manos de los científicos. Por este motivo, se necesita que el presidente Daniel Ortega tome decisiones muy bien informado por la ciencia, pero también por la economía, el derecho, la política, la ética, la sociología, entre otras disciplinas importantes, para frenar la pandemia y resolver el futuro problema del shock de demanda.


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One response

9 05 2020
Josue Navarro

Don Nestor, los sandinistas no entienden de nada, ya estamos en el pico y siguen de irresponsables. Gracias por su reflexion.

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