El impacto de la sanción a la Policía Nacional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó de nuevo la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos de Magnitsky para sancionar, por primera vez, a una institución pública de Nicaragua por violación a los derechos humanos, la Policía Nacional, que, entre otras obligaciones, debe proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes; el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, garantizar el orden público, la persecución del delito, el terrorismo, el crimen organizado, actividades del narcotráfico y delitos conexos.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. también sancionó a tres altos comisionados del cuerpo policial. 

Esta sanción estadounidense a una institución pública nicaragüense ha generado confusión, y probablemente ansiedad, ya que el  país se encuentra en una situación sin precedentes, debido a que la administración estadounidense sólo había sancionado a personas naturales y empresas del país.

Como ya es conocido, todas las transacciones y las cuentas que involucran a la Policía Nacional en el sistema financiero nacional serán liquidadas, lo cual entorpecerá los trámites administrativos de la entidad policíaca. Por un lado, por ejemplo, los ingresos en concepto de inscripción y registro de vehículos automotor, emisión de licencias de conducir, multas por infracciones de tránsito, portación de armas de fuego; y, por otro lado, los egresos por la adquisición de bienes y servicios de consumo -por ejemplo, papelería, útiles de oficina, combustibles, internet, parque vehicular- para el funcionamiento institucional.

Indirectamente, también han sido afectadas las empresas que venden bienes y servicios a la policía, así como los bancos que agilizan los pagos a la Policía Nacional, entre ellos el Banco de la Producción (BANPRO).

En el ámbito internacional, los nuevos préstamos destinados a la ejecución de proyectos de construcción y adquisición de maquinaria y equipo de la Policía Nacional, principalmente proveídos por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se suspenderían, porque el BCIE obtiene financiamiento de la banca internacional. Cabe agregar que, en la práctica, la contratación de nuevos préstamos de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial ya han sido afectados por la aprobación de la NICA Act.

En los círculos financieros, al hecho de que aparezca un evento repentino y raro, podría decirse «siniestro», se le denomina un “cisne negro”. La sanción a la Policía Nacional es el primer “cisne negro” de 2020, porque no era un tipo de riesgo esperado en el sector público. La tarea inmediata de la Policía Nacional es determinar cómo seguirá operando, incluyendo el pago de sus empleados, sin que se interrumpan los mandatos de su ley.

Aunque la sanción estadounidense establece el plazo de liquidación de las transacciones financieras con la Policía Nacional hasta las 12:01 a.m., hora del este, del 6 de mayo de 2020, aún no hay una respuesta gubernamental. Los shocks externos siembran incertidumbres, incluso miedo, y este tipo de riesgo es difícil de digerir para las personas.

Entre las secuelas económicas de la sanción a la Policía Nacional se distingue la aversión que los inversionistas tienen a la incertidumbre. Con esta sanción, eso es lo que hay en este momento. Incertidumbre sobre la duración de esta gravedad nacional; incertidumbre sobre cómo le irá a la economía nicaragüense si se sancionaran a otras instituciones públicas, que podrían alterar la ejecución del presupuesto gubernamental y deteriorar la estabilidad macroeconómica; incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para detener las sanciones y asegurar gradualmente el buen desempeño político, económico y social del país; incertidumbre sobre la duración de toda esta incertidumbre.

También las empresas administradas y controladas por la Policía Nacional tendrían que ser separadas de la institución sancionada para evitar afectaciones que podrían desembocar hasta en un posible cierre de esas empresas. En otras palabras, hay que evitar más cierres de empresas  que, aunadas a sanciones de otras instituciones públicas del ámbito económico, podrían llevarnos a un tercer año de recesión económica y comencemos a experimentar la entrada abrupta a una depresión económica.

Otro impacto de la sanción sería la separación de la Policía Nacional de Nicaragua en los organismos regionales e internacionales en el ámbito de seguridad.

Siempre los mensajes de alerta están implícitos en los pronunciamientos de las sanciones, ya sean locales, ya sean internacionales, con más razón estos últimos. La sanción a la Policía Nacional podría ser tomada en cuenta por el Ejército Nacional, para evitar la maximización de una incertidumbre sin precedentes y de una volatilidad elevada durante bastante tiempo, aunque hay que reconocer que la institución castrense ha sido y es respetuosa de la Constitución de la República.

Hay que evitar que la incertidumbre genere miedo, y que el miedo genere el pánico. Los shocks exógenos siembran más miedo e incertidumbre. Siempre he manifestado que el Diálogo es necesario.