Debemos evitar las posibles sanciones de la OEA

9 02 2020

Comienzan a visualizarse los riesgos externos que podrían lastrar la recesión económica imperante en el país desde hace seis trimestres. Se prevé en la tercera semana de marzo próximo la reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual elegirán al Secretario General de la organización, y se espera la reelección del Sr. Luis Almagro; además, abordarían el tema de Nicaragua, teniendo en cuenta que a finales de este febrero expira el Memorándum de Entendimiento entre la OEA y el Gobierno de Nicaragua para las Reformas Electorales.

Desde el Foro Empresarial & Profesional “Perspectivas y Decisiones 2019” de enero de 2019, más de cien empresarios y profesionales, entre ellos este servidor, recomendaron a la Nación “Crear condiciones para una negociación nacional magnánima y con sentido de patria, con pocos actores, pero con representatividad, confianza y prestigio”. Esta acción, de tres aprobadas consensuadamente en el Foro, es la que hoy adquiere una capital importancia ante la  avalancha de riesgos que podría surgir con las muy probables sanciones de la OEA a nuestro país, tras el cese del segundo intento de diálogo el 3 de abril de 2019. ¿Cuál fue el motivo de esa segunda interrupción? Las dos partes del diálogo manifestaron acusaciones de falta de voluntad política para colegiar soluciones a la crisis nacional.

Siempre he manifestado que nuestros problemas, principalmente los políticos, debemos resolverlos en Managua y no en Washington, mediante un diálogo que genere confianza con la obtención de los resultados acordados entre personas íntegras, con excelentes intenciones y con talento y habilidades superiores, que no abusen de la Mesa del Diálogo para transformarla en una plataforma de aspiraciones a cargos públicos y políticos, entre ellos el de presidente del país. Esto último no ha estado en la agenda de las negociaciones nacionales interrumpidas dos veces y su concreción está en otros escenarios políticos.

Aún con la llegada al poder del nuevo presidente de Uruguay, Sr. Luis Lacalle, el 1 de marzo de 2020, siempre es incierta la aplicación a Nicaragua de la Carta Democrática Interamericana de la OEA -aprobada el 11 de septiembre de 2001- por no reunir los 24 votos requeridos, lo cual excluiría al país de dicha organización con una serie de sanciones, tales como la suspensión de la relaciones económicas, financieras y comerciales de los países miembros de la OEA con Nicaragua. Pero esas suspensiones también podrían entrar en vigor si la OEA decidiera aprobar una declaración de ilegitimidad de funcionamiento del Gobierno de Nicaragua, un mecanismo que ya existía antes de septiembre de 2001. Este es el riesgo.   

¿Cuál sería el impacto de que los países miembros de la OEA suspendan las relaciones económicas, financieras y comerciales con Nicaragua?

Reiteraré que, primero como nicaragüense y como economista después, no deseo la aplicación de esas sanciones que deteriorarían el nivel de vida de la población del país. El resultado de esa aplicación sería un tremendo daño a los nicaragüenses. Por lo tanto, debemos evitar esas sanciones, restableciendo el diálogo y la confianza con una mejor calidad.

En el ámbito del comercio exterior, el riesgo es la suspensión de los tratados de libre comercio de Nicaragua con los países miembros de la OEA.  Nicaragua ha suscrito cinco tratados de libre comercio y el más importantes de todos es el DR-CAFTA. A manera de ejemplo, en 2018 los exportadores nicaragüenses de bienes domésticos colocaron en el continente americano el 78% del valor total anual de las exportaciones FOB, y los importadores radicados en Nicaragua adquirieron en el resto de los países del continente el 72% del valor total anual de las importaciones CIF. En ese mismo año, el principal socio comercial de Nicaragua, Estados Unidos, participó con el 30% en el comercio global de Nicaragua, es decir, el 30% del valor total anual de las exportaciones FOB más las importaciones CIF de bienes del país.  

La obtención del valor neto de la maquila (igual al valor bruto menos la suma de los pagos de remuneraciones, servicios públicos y alquileres de los locales de estas empresas) también se encontraría en riesgo. En 2018, el valor neto de la maquila sumo US$415 millones, o sea, el 14.5% del valor bruto exportado de las empresas de zona franca. El 85.5% restante, o sea, US$2,456 millones, retornó al país de origen de las empresas de zona franca.

Pero el riesgo más importante en el régimen de zona franca sería el desempleo. En 2018, el nivel de empleo promedio mensual fue igual a 122,010 personas, que representó el 15% del total de trabajadores activos afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Este riesgo se fundamenta en el Capítulo 21 del Tratado DR-CAFTA, Artículo 21.2 Seguridad Esencial, que dice “Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de: … (b) impedir que una Parte aplique medidas que considere necesarias para cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento o la restauración de la paz y la seguridad internacional, o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad.” El 27 de noviembre de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la prórroga de una orden ejecutiva en la que declara al Gobierno de Nicaragua “una amenaza para la seguridad nacional” de su país.

Otra afectación importante en el sector real de la economía sería la drástica reducción del flujo bruto de inversión extranjera directa proveniente de los países de América, cuyo nivel promedio anual durante el período 1992-2018 fue del orden de US$411 millones. Cabe señalar que Estados Unidos es el país que más ha invertido en Nicaragua, con un monto total de US$2,836 millones en el período antes mencionado, cifra que representa el 19% del monto total de inversión extranjera directa acumulada en ese mismo período.

Finalmente, la cooperación oficial al sector público de Nicaragua, que en la actualidad tiene un perfil multilateral, sería severamente golpeada en caso de que aprobasen las sanciones de la OEA. Con la Nica Act, al riesgo ya existente de la suspensión de nuevas contrataciones de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM/IDA), excepto la asistencia humanitaria, se sumaría la suspensión del nuevo financiamiento que provendría del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estos tres bancos multilaterales participaron con el 80% en el total de préstamos y con el 17% en el total de donaciones en la cooperación oficial recibida por el sector público durante el período 2007-2018.

También cabe mencionar que el 50% del monto total de las donaciones recibidas en el país durante el mismo período fue facilitado por Estados Unidos, con un monto promedio anual de US$45 millones, pero destinado al sector privado.     

Debemos resolver los problemas políticos para impedir la prolongación de la recesión y el surgimiento de una depresión económica, que reduciría el consumo y la inversión, elevaría el desempleo y la pobreza, aumentaría los déficit de la balanza de pagos y del presupuesto gubernamental, con el riesgo de la pérdida de la estabilidad del tipo de cambio y de la tasa de inflación.  


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