La propuesta gubernamental de la política fiscal de 2020

8 09 2019

En tiempos de recesión económica, como los que vive Nicaragua desde el tercer trimestre de 2018, la teoría macroeconómica enseña que la política fiscal debe ser expansiva, es decir, impulsora de la  demanda agregada, o sea, facilitar el aumento del consumo y de la inversión de los sectores privado y público, y también el de las exportaciones de bienes y servicios, que desde hace décadas sólo reciben estímulos tributarios al carecer de estímulos cambiarios por el alto porcentaje de sobrevaluación del córdoba que explica el elevado déficit comercial del país con el resto del mundo, muy cercano al 20% del producto interno bruto (PIB) en tiempos económicos normales.

Por el lado de los ingresos, la política fiscal prevista para 2020 continúa manteniendo el carácter procíclico de la reforma tributaria aplicada desde el 28 de febrero de este año, o sea, no animará a los empresarios a incrementar la producción. Desde marzo de este año he reiterado que las tasas tributarias se incrementan cuando el ciclo económico del país se encuentra cercano a un una cima o a un máximo, pero no en un momento de recesión económica o caída de la producción. Es fácil demostrar que la presión tributaria está disminuyendo en el corto plazo porque los volúmenes de producción e importación han disminuido significativamente.  

Por el lado del gasto, la política fiscal para 2020 tiende a “congelar” la planilla estatal que se pagó en agosto de 2019, tanto en número de servidores públicos como en córdobas corrientes de agosto de 2019, y excluye los puestos vacantes que se especificaron en octubre de 2018. En otras palabras, no habrá incremento en la masa salarial anual con respecto a los presupuestado en 2019, los empleados gubernamentales con más bajos salarios continuarán recibiendo el bono salarial  y sólo aumentarán los puestos de trabajo en el Ministerio de Salud (MINSA), con 500, y en el Ministerio de Educación (MED), con 350. Con lo anterior, se cumpliría el objetivo gubernamental de proteger el empleo de los servidores públicos, pero cabría agregar que se deteriorará el poder de compra de sus salarios.

En cuanto a la compra de bienes y servicios de consumo para el funcionamiento de la burocracia gubernamental, también se “congela” en córdobas con mantenimiento de valor, o sea, su valor corriente en 2019 se ajustará con el 5%, la misma receta para las cuotas a organismos internacionales  y gastos del exterior.

Debido al congelamiento del gasto corriente del presupuesto nacional, no se está cediendo un mayor espacio fiscal a la inversión pública, la cual tendría que garantizar la recuperación del crecimiento económico sostenible e inclusivo, y la reducción de la pobreza. Sin embargo, los formuladores del Presupuesto General de la República, conocedores de que el 70% del gasto de inversión pública es financiado con recursos externos, podrían determinar cuáles serían los impactos del riesgo externo de la suspensión del financiamiento proveniente del Banco Mundial (BM/IDA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Así, se podría analizar desde ahora las posibles medidas de la política fiscales en el caso de que sea necesaria una reforma del presupuesto del próximo año.

El déficit fiscal, o del Gobierno Central, ya es equivalente a casi el 3% del PIB, que es el límite máximo tolerable del déficit del sector público consolidado, por lo cual el déficit de este sector ya habrá superado ese límite. Dicho sea de paso, el déficit del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se estaría acercando al 1% del PIB en este año.

Ante los riesgos de un menor flujo de recursos de la cooperación oficial externa al sector público y de un creciente desequilibrio fiscal porque el PIB, con o sin diálogo en el corto y mediano plazo, no podrá reflejar muy probablemente un crecimiento positivo en 2020, aconsejo a las autoridades gubernamentales que eviten la emisión de dinero para financiar el gasto público para impedir la formación de la espiral inflación-devaluación-inflación y, consecuentemente, la pérdida de la frágil estabilidad macroeconómica, cuyo costo de mantenimiento se evidencia con la escasez de córdobas y la aceleración de la tasa de caída de la producción de bienes y servicios. Si se diera esta situación, obligaría a una reestructuración del gasto público, principalmente el  consumo público a pesar de su atribuida inflexibilidad.

Además, los formuladores de la política fiscal también podrían considerar los problemas económicos futuros para la población nicaragüense derivados de un creciente financiamiento externo no concesional, o sea, con menores plazos, menor tiempo de gracia y mayores tasas de interés, como son los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que son destinados a la ejecución de los proyectos de inversión pública. Aunque Nicaragua aún continúa siendo un país de ingreso medio bajo, pero está en el nivel más bajo entre los países de ingreso medio bajo, los economistas gubernamentales saben que el país no cuenta con la suficiente capacidad de pago de intereses y amortizaciones de deudas externas no concesionales o comerciales, porque la posición de las reservas internacionales se debilitó bastante al haberse desplomado la inversión extranjera directa, que era su principal fuente de aumento.

Y si los formuladores de la política fiscal lograran centrar en gran forma el financiamiento del déficit fiscal en la emisión de deuda interna, o colocación de títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), se observará un mayor costo financiero debido al elevado y persistente riesgo político del país en estos momentos de crisis. Ese mayor costo ya comenzó a contabilizarse.

Entre el 1 de enero y el 7 de agosto del año en curso, el MHCP había colocado Bonos de la República de Nicaragua (BRN) por US$20.09 millones, pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, a plazos de 4 y 5 años con una tasa de rendimiento ponderada de 9.814%. El 12 de agosto recién pasado, el Banco Central de Nicaragua (BCN) aprobó la reducción de la tasa de encaje legal semanal sobre los depósitos en córdobas de 15% a 13%, en un momento en que la tasa de encaje efectiva semanal era 18.9%. Entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de este año, los inversionistas financieros, es decir, las entidades bancarias radicadas en el país, compraron BRN por US$24.14 millones, pagaderos en córdobas con mantenimiento de valor, a plazos de 5 y 6 años con una tasa de rendimiento ponderada de 11.718%. En menos de un mes, el Gobierno Central pudo colocar un mayor monto en bonos que lo que había colocado en los siete meses anteriores y la tasa de rendimiento se elevó en 1.9 puntos porcentuales. Por supuesto que la reducción de la tasa de encaje legal semanal sobre los depósitos en córdobas se utilizó en el financiamiento interno del déficit fiscal.

En conclusión, la política fiscal de 2020 propuesta por el MHCP está asociada con un sorpresivo crecimiento económico positivo, pero el restablecimiento de los flujos de inversión extranjera directa será muy lento, la producción de bienes y servicios del primer semestre de 2020 ya está afectada por el deterioro del ciclo agrícola 2019/2020, y continúan abatidas las actividades de la construcción, los servicios financieros y el comercio, hoteles y restaurantes.

La política fiscal también parece estar acompañada de una formidable estabilidad macroeconómica, pero esta es muy frágil por el riesgo de la suspensión de préstamos multilaterales, la indisponibilidad de nuevos flujos de divisas líquidas para apoyo de la balanza de pagos y la incapacidad de colocar deuda soberana en el mercado financiero internacional.  


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