Los lineamientos macroeconómicos del presupuesto nacional de 2020

1 09 2019

Recientemente ha circulado por las redes sociales un documento gubernamental relacionado con los lineamientos de política para la formulación del proyecto de Presupuesto General de la República de 2020. Suponemos, por su contenido, que fue elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Entre los supuestos macroeconómicos de corto plazo, el gobierno de Nicaragua señala que la economía de Nicaragua cayó 3.9% en 2018, una tasa que, a mi juicio, continúa siendo preliminar porque aún no se conoce el dato revisado, y que caerá 2.0% en 2019, una tasa negativa que considero muy optimista porque en este año convergen dos ciclos agrícolas tremendamente golpeados, el de 2018/2019 por la crisis política de 2018 y que aún persiste, y el de 2019/2020 por la reforma tributaria de 2019 que elevó los costos de producción, redujo la liquidez y el capital de trabajo en las empresas, a lo cual se suman las restricciones que en ambos años se han observado en la concesión de crédito del sistema financiero nacional, en el acceso de insumos o materias primas requeridas por las actividades agrícolas, en la disponibilidad de la fuerza de trabajo, en el financiamiento internacional para la ejecución de la inversión pública y en el flujo de la inversión extranjera directa que por primera vez fue negativa en términos netos en 2019. No olvidemos que Nicaragua no es un país con economía industrial, sino agropecuaria, forestal y agroindustrial.

En ese panorama productivo, el gobierno proyectó una tasa positiva de crecimiento económico de 2.0% para 2020: sin embargo, con base en la premisa, por el lado de la oferta, de que el ciclo agropecuario es también el año económico del país y, por el lado de la demanda, con el hecho real del desplome tanto de la inversión privada, incluyendo la extranjera directa, como de la inversión pública, se puede determinar que, con o sin diálogo nacional, no se podrá observar un aumento de la oferta y de la demanda global de bienes y servicios el próximo año.

La caída de la producción y la escasez de córdobas provocada por la compra de dólares realizada por las entidades bancarias en el BCN para poder afrontar la fuga de los depósitos del publico no bancario -que facilitó “aritméticamente” el mantenimiento de la estabilidad del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor- ayudan a demostrar que la tasa de inflación ha sido baja, 3.36% interanual en febrero de este año antes de la reforma tributaria, pero acelerada por dicha reforma en 2.7 puntos porcentuales, hasta 6.0% interanual en mayo recién pasado, debido a las alzas de las tasas tributarias que gravaron la producción agropecuaria y el consumo de bienes de la industria “fiscal”.

El BCN considera que la inflación anual será 6.4% en este año, aunque estimo que podría ser mayor en 1 o 2 puntos porcentuales por la creciente demanda estacional de dinero en el último trimestre del año. Sin embargo, con los efectos inflacionarios de la reforma tributaria ya dados en el mercado interno, la proyección oficial del aumento de los precios al consumidor de 6.2% para 2020 supondría una mayor demanda interna de bienes y servicios. Por consiguiente, la tasa de inflación proyectada para el próximo año no es compatible con la recesión económica que continúa presente desde el tercer trimestre de 2018, sino con un mayor gasto de consumo de las familias y un mayor gasto de inversión, privada y pública, lo cual considero un supuesto poco consistente con el persistente nivel de incertidumbre de los agentes económicos, aún alto por el riesgo político.

En tiempos de crisis, los consumidores y los inversionistas no incrementan sus gastos sino que ahorran, la demanda de dinero se vuelve casi exclusivamente precautoria y el volumen de las transacciones en el mercado real disminuye. Por consiguiente, la tasa de inflación en 2020 tendería a ser más baja que la proyección oficial debido a la caída de la producción y la escasez de córdobas. Definitivamennte, la inflación no es una cuestión política importante en la actualidad, con más razón si el BCN continúa manteniendo la correcta decisión de no emitir dinero sin el respaldo de las reservas internacionales. La estabilidad del tipo de cambio no estaría sujeta a discusión, por lo cual, indica el documento, se mantendrá la tasa de deslizamiento de 5% anual del tipo de cambio oficial.   

Los problemas del desempleo abierto (en el cuarto trimestre de 2018, para el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) existe casi pleno empleo (?) al ser la tasa de desempleo abierto igual a 5.2% de la población económicamente activa) y los problemas del subempleo (más de la mitad de los ocupados está subempleado) se abordan muy ligeramente en los lineamientos de política para la formulación del Presupuesto General de la República de 2020. Sólo se menciona la situación del sector formal del mercado laboral a mayo recién pasado, con una disminución interanual de 13.2% del total de trabajadores que cotizan la seguridad social, o sea, 740,805 personas, que representan, en mi opinión, el 21% de la población económicamente activa de este año y es 6 puntos porcentuales menor que el registrado por el INSS en 2017.

Así como la publicación del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Nicaragua estimado por el BCN fue detenida en febrero de este año, también el empleo en el sector formal de la economía, es decir, el número de trabajadores que cotizan la seguridad social que publica el BCN con base en datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tampoco ha sido publicada desde el mismo febrero, a lo cual se suma la indisponibilidad de los resultados del Informe de Empleo de la Encuesta Continua de los Hogares correspondientes a los dos primeros trimestres de este año, elaborado por el INIDE. La indisponibilidad de estos datos del mercado real y del mercado laboral podría atribuirse a que el BCN no cuenta con la información de la producción y del empleo por actividad económica, del desempleo y del subempleo, o, en el caso de que los tuviese, podría atribuirse a no contradecir su versión de la tasa de variación relativa del Producto Interno Bruto (PIB) Real.  

¿Cómo se pretende y cuál es el alcance de una política fiscal activa, como es elevar el gasto público, cuando el desempleo y la subutilización laboral son altos, para aumentar la demanda y los puestos de trabajo? Más compleja es la respuesta al estar ya a la vista, incluso podrían ya estar siendo aplicadas, las sanciones financieras internacionales señaladas en la NICA Act y, además, existen los riesgos de las sanciones de la Unión Europea (UE) y de la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con las tasas de caídas de la producción de bienes y servicios, aumenta el desempleo y se deteriora el nivel de vida. Hoy en Nicaragua es difícil encontrar trabajo y las elevadas tasas de desempleo abierto y de la tasa de desempleo equivalente resultante del creciente subempleo, al ser de dos dígitos se convierten en la cuestión social y política de primer orden.

Una última observación sobre la política macroeconómica relacionada con el proyecto presupuestario. Sugiero que habría que evitar un gran endeudamiento externo no concesional -con medianos plazos, poquísimos años de gracia y más altas tasas de interés-, para financiar la inversión pública y, por ende, el déficit fiscal. El hecho de que Nicaragua dejó de ser un país pobre y se transformó en un país de ingreso medio bajo normalmente endeudado con el exterior, no implica que el país tenga una sólida capacidad de pago para incursionar en el mercado financiero internacional.

Para el mediano plazo, aumentará el pago de la deuda de Nicaragua con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) -con un poco más de un millardo de dólares no concesionales contratados en los años recientes y con un saldo adeudado que se ha incrementado US$322 millones en 2018-Junio 2019 incluyendo US$220 millones para apoyo a las reservas internacionales del BCN-, y es muy probable que el saldo de la deuda externa pública del país supere el 50% del PIB en 2019, o sea, Nicaragua retornaría al redil de países muy endeudados en términos de producción. Y ya no existen iniciativas de condonación de deudas externas de parte del Grupo de los 7 (G-7).


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